Santana De La Rosa, Edwin v. Algarin Pabon, Jose A

• Court: Tribunal De Apelaciones De Puerto Rico/Court of Appeals of Puerto Rico
• Decided: January 29, 2024
• Docket: KLCE202400088
• Status: Published

Opinion

Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL I (ESPECIAL)

EDWIN SANTANA DE LA CERTIORARI ROSA CONSOLIDADOS procedente del Tribunal de Primera Recurrido Instancia, Sala Superior de San v. KLCE202400080 Juan

JOSÉ ALGARÍN PABÓN, Civil núm.: en su capacidad de KDP2017-0075 albacea de la Sucn. María I. de la Rosa Juarbe Sobre: Daños y Demandado Perjuicios

AIRPORT SHOPPES & HOTELS CORP. y SURFSIDE HOTEL CORP.

Peticionarios

EDWIN SANTANA DE LA ROSA

Recurrido

v. KLCE202400084 JOSÉ ALGARÍN PABÓN, en su capacidad de albacea de la Sucn. María I. de la Rosa Juarbe

Demandado

JOSÉ A. SANTANA DE LA ROSA

Peticionario

v. KLCE202400088

JOSÉ ALGARÍN PABÓN, en su capacidad de albacea de la Sucn. María I. de la Rosa Juarbe

Número Identificador RES2024__________________________ KLCE202400080, KLCE202400084, KLCE202400088 2

MANAGEMENT GROUP INVESTORS, LLC

Peticionario Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez Salgado Schwarz y el juez Rivera Torres.

Rivera Torres, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2024.

Comparecen ante este tribunal apelativo el Sr. José A.

Santana De La Rosa; Management Group Investors, LLC (MGI);

Airport Shoppes & Hotels Corp. (ASH); y Surfside Hotel Corp. (SHC),

(en conjunto los peticionarios) mediante los recursos de Certiorari de

epígrafe solicitando nuestra intervención a los fines de que dejemos

sin efecto la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de San Juan (TPI), el 15 de junio de 2023, re-

notificada el 11 de agosto siguiente. Mediante dicho dictamen, el

foro primario atendió varias mociones, entre estas, diversas

objeciones al descubrimiento de prueba.

Atendida la Solicitud de Consolidación…, presentada por

Management Group Investors, LLC el 26 de enero de 2024, como se

pide. En consecuencia, se consolidan los recursos KLCE202400080,

KLCE202400084 y KLCE202400088.

Por los fundamentos que exponemos a continuación,

denegamos la expedición de los recursos de certiorari solicitados.

I.

Los casos de marras tuvieron su génesis el 19 de enero de

2017 cuando el Sr. Edwin Santana De La Rosa (el recurrido) instó

una Demanda sobre daños y perjuicios contra el Sr. José A. Algarín

Pabón (el señor Algarín Pabón) en su capacidad de albacea de la

Sucesión María L. De La Rosa Juarbe. La causa de acción está

predicada en una alegada falta a su deber de fiducia y lealtad como KLCE202400080, KLCE202400084, KLCE202400088 3

albacea de la Sucesión. En síntesis, se adujo que este realizó

múltiples actuaciones a favor del Sr. José A. Santana De La Rosa

(señor José A. Santana) en perjuicio de los demás herederos y

accionistas de las Empresas Santana.

La demanda ha sido enmendada en tres ocasiones,1 y en la

tercera demanda enmendada se incluyó como codemandado al

señor José A. Santana. El 26 de agosto de 2021 el TPI dictó una

Sentencia Parcial desestimando las causas de acción presentadas

contra este por estar prescritas. El 26 de abril de 2022 esta Curia

dictó Sentencia en el recurso KLAN202100822 confirmando el

dictamen parcial desestimatorio.

En lo aquí pertinente, destacamos, que en los casos de autos

el foro recurrido concedió a las corporaciones MGI, ASH y SHC la

orden protectora solicitada al amparo de la Regla 23.2 (b) de las

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.2.2 De otra

parte, el 17 de octubre de 2022, notificada al día siguiente, el TPI

dictó una Resolución en la cual, entre otros asuntos, ordenó al señor

José A. Santana proveer unos diecisietes (17) documentos que

fueron requeridos por el recurrido desde el 18 de enero de 2022.3

Instadas varias mociones, el 15 de junio de 2023 el TPI dictó

la Resolución recurrida en la cual atendió varios asuntos, entre

estos, una solicitud de reconsideración respecto a la orden

protectora dictada a favor de las corporaciones ASH y SHC el 4 de

abril de 2023.

1 En la Segunda Demanda Enmendada se alegó que el albacea realizó transacciones como presidente y director de las corporaciones familiares que representaba (Empresas Santana) en perjuicio del heredero y demandante, Sr. Edwin Santana De La Rosa. 2 Véanse las Órdenes del 2 de mayo de 2019 y 4 de abril de 2023. Apéndice del

Recurso KLCE202300084, a las págs. 1453-1457, y 2058-2059. La Orden del 2 de mayo de 2019 fue recurrida ante este foro apelativo. Sin embargo, el recurso de Certiorari (KLCE201900886) fue denegado. 3 Véase el Apéndice del Recurso KLCE202400084, a la pág. 1475. La referida

resolución fue objeto de revisión ante este tribunal. No obstante, el auto de Certiorari (KLCE202300188) fue denegado. KLCE202400080, KLCE202400084, KLCE202400088 4

Atendida la moción de reconsideración presentada por el

recurrido, el TPI resolvió y citamos:4

Atemperado los escritos que aquí se atienden a la totalidad del expediente se resuelve ha lugar a la solicitud de reconsideración, a los efectos de que el Dr. José Santana de la Rosa cumpla con la orden de descubrimiento de prueba. Esto es, en cuanto a los documentos que este tribunal ordenó que el Dr. Santana de la Rosa debe producir. No se permitirá descubrimiento de prueba directo a [ASH y SHC], ni ampliar el descubrimiento a otros asuntos fuera de los documentos ordenados al Dr. José Santana de la Rosa descubrir. [Énfasis nuestro]

En cuanto a la oposición, presentada por el recurrido al

petitorio presentado por MGI, el foro recurrido razonó que:5

Habiendo atendido los escritos y a la luz de la totalidad del expediente se resuelve ha lugar la oposición a la orden de protección y permite el descubrimiento de prueba en cuanto a [MGI], con la misma limitación que a las demás corporaciones. Esto es, se permite el descubrimiento de prueba a través del Sr. José Santana de la Rosa para que produzca los documentos ya ordenados. Ningún otro descubrimiento se permite en cuanto a las corporaciones. [Énfasis nuestro]

Por último, el TPI declaró Ha Lugar a la solicitud de orden

instada por el recurrido para que el señor José A. Santana descubra

lo solicitado. Asimismo, declaró No Ha Lugar a la imposición de

sanciones a este.

La referida Resolución fue re-notificada el 11 de agosto de

2023, a petición de las corporaciones, lo cual fue aceptado por el

recurrido.6 El 21 de diciembre de 2023, notificada al día siguiente,

el foro de primera instancia declaró No Ha Lugar a los petitorios de

reconsideración instados por los aquí peticionarios.7

Aún inconformes, los peticionarios acuden ante este foro

intermedio imputándole al foro de primera instancia la comisión de

los siguientes errores.

a) MGI indicó los siguientes errores:8

4 Véase el Apéndice del Recurso KLCE202400084, a las págs. 2432-439. 5 Íd. 6 Íd., a la pág. 2586. 7 Íd., a la pág. 2853. 8 KLCE202400080. KLCE202400080, KLCE202400084, KLCE202400088 5

A. EL TPI ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL NO APLICAR LA DOCTRINA DE LA LEY DEL CASO, CONFORME A LA CUAL LA ORDEN PROTECTORA DESPLAZA LA ORDEN DE PRODUCCIÓN.

B. CON O SIN LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DE LA LEY DE CASO, EL ANÁLISIS DE PERTINENCIA QUE HIZO EL TPI EL 2019 Y LUEGO EL TA EN EL 2020, ES EL MISMO QUE SE DEBE CONTINUAR APLICANDO POR LO QUE ERRÓ EL TPI AL NO HABERLO REALIZADO.

b) Por su parte, el señor José A. Santana expuso los

siguientes errores:9

A. PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: INCURRIÓ EL TPI EN UN ABUSO DE DISCRECIÓN Y ERROR MANIFIESTO DE DERECHO AL IGNORAR LA LEY DE CASO Y LAS DETERMINACIONES PREVIAS DEL PROPIO TPI Y DEL TRIBUNAL APELATIVO Y ORDENAR LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS QUE AMBOS FORO HABÍAN DETERMINADO PREVIAMENTE QUEDABAN FUERA DEL ALCANCE DEL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA POR NO GUARDAR RELACIÓN CON LAS FUNCIONES DEL DEMANDADO ALGARÍN COMO ALBACEA.

B. SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: INCURRIÓ EL TPI EN UN ABUSO DE DISCRECIÓN Y ERROR MANIFIESTO AL ORDENAR LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS QUE PERTENECEN Y/O ESTÁN RELACIONADOS A TRANSACCIONES Y DETERMINACIONES TOMADAS POR LAS EMPRESAS SANTANA, QUE NO SON PARTE EN ESTE CASO Y QUE EN NADA ESTÁN RELACIONADAS A LA FUNCIÓN DE ALGARÍN COMO ALBACEA Y POR ENDE A LAS RECLAMACIONES DEL CASO.

C. TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL TPI AL NO CONCEDER LA ORDEN PROTECTORA SOLICITADA POR JOSÉ SANTANA EXIMIÉNDOLO DE LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS HASTA TANTO SE ADJUDIQUE LA SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA PRESENTADA POR JOSÉ ALGARÍN Y/O EN LA ALTERNATIVA, NO LIMITAR LA DEPOSICIÓN A SER TOMADA A ÉSTE A LOS ASUNTOS QUE ESTÁN RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN DE ALGARÍN COMO ALBACEA.

c) A su vez, las corporaciones ASH y SHC plantearon los

siguientes errores:10

A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL ACTUAR SIN JURISDICCIÓN CUANDO DICTÓ LA RESOLUCIÓN DEL 15 DE JUNIO DE 2023 (DEJANDO SIN EFECTO LA ORDEN PROTECTORA DEL 4 DE ABRIL DE 2023), EN CONTRAVENCIÓN A LO QUE ESTABLECE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO EN UNION GENERAL V. CEMPR, 2023 TSPR 107.

9 KLCE202400084. 10 KLCE202400088. KLCE202400080, KLCE202400084, KLCE202400088 6

B. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO EXPONER LOS FUNDAMENTOS DE SU DECISIÓN, AUN CUANDO SE LE PLANTEÓ SU FALTA DE JURISDICCIÓN, Y AL NO ANALIZAR SI POSEÍA O NO JURISDICCIÓN PARA ATENDER LA MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE-RECURRIDA PRESENTADA EL 14 DE ABRIL DE 2023.

Examinados los recursos presentados, y al tenor de la

determinación arribada, determinamos prescindir de los escritos en

oposición, según nos faculta la Regla 7 del Reglamento de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 7.

Analizados los escritos de las partes, y los documentos

acompañados; así como estudiado el derecho aplicable, procedemos

a resolver.

II.

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y

órdenes interlocutorias de un tribunal de inferior jerarquía. Regla

52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; García

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Todo recurso de certiorari

presentado ante este foro apelativo deberá ser examinado

primeramente al palio de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil,

supra. Dicha regla limita la autoridad y el alcance de la facultad

revisora de este foro apelativo sobre órdenes y resoluciones dictadas

por el foro de primera instancia, revisables mediante el recurso de

certiorari.

Por tanto, el asunto que se nos plantee en el recurso de

certiorari deberá tener cabida bajo alguna de las materias

reconocidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra.

Ello, debido a que el mandato de la mencionada regla dispone

expresamente que solamente será expedido el auto de certiorari para

la revisión de remedios provisionales, interdictos, denegatoria de

una moción de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de KLCE202400080, KLCE202400084, KLCE202400088 7

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de

familia y en casos que revistan interés público o en cualquier otra

situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia.

Así, pues, para determinar si debemos expedir un auto de

certiorari debemos determinar primeramente si el asunto que se trae

ante nuestra consideración versa sobre alguna de las materias

especificadas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra.

Sin embargo, aun cuando el asunto esté contemplado por dicha

regla para determinar si procede la expedición de un recurso,

debemos acudir a lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, que lee como

sigue:

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari: A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema. C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración. F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio. G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para, de

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso que se nos presenta, no

procede nuestra intervención. Así, pues, es norma reiterada que este KLCE202400080, KLCE202400084, KLCE202400088 8

foro intermedio no habrá de intervenir con el ejercicio de la

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error

manifiesto o parcialidad.” Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp.,

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service

Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

III.

Según reseñamos, todo recurso de certiorari presentado ante

este foro intermedio deberá ser examinado primeramente al palio de

la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra. De una lectura

de la referida norma surge que nuestro ordenamiento jurídico

procesal no nos confiere autoridad para expedir un recurso de

certiorari y revisar el dictamen aquí recurrido relacionado con el

descubrimiento de prueba.

Por otra parte, aun cuando se concluyera que la Regla 52.1,

supra, nos permite evaluar las peticiones de referencia, de

conformidad con los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento,

supra, igualmente declinaríamos la invitación de los peticionarios a

intervenir con lo actuado por el TPI. Esto, debido a que no se

encuentran presente los criterios anteriormente enumerados, por lo

que no procede nuestra intervención.

De otro lado, precisa señalar que los tribunales de primera

instancia gozan de amplia discreción para pautar y conducir la

tramitación de los procedimientos ante su consideración. In re

Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003); Vives Vázquez v. ELA, 142 DPR

117, 141-142 (1996). A su vez, advertimos que, aun cuando el

descubrimiento de prueba podría ser de amplio alcance, la Regla

23.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.2, concede a los

tribunales la potestad de prohibir el descubrimiento cuando los

fines de la justicia claramente lo requieran, particularmente cuando

se solicita para proteger a una parte contra la opresión, el KLCE202400080, KLCE202400084, KLCE202400088 9

hostigamiento, la perturbación, las molestias o los gastos indebidos

o innecesarios. Chévere v. Levis, 150 DPR 525, 545 (2000).

En los casos de autos, resulta ser un hecho diáfano que se

dictaron órdenes que prohíben el descubrimiento de prueba

directamente dirigido a las corporaciones MGI, ASH y SHC. Incluso,

las corporaciones comparecen sin someterse a la jurisdicción ni son

partes en el pleito. Sin embargo, se han mantenido en el caso

litigando activamente los asuntos relativos al descubrimiento de

prueba que entienden les afectan.

Por otra parte, el TPI ha reiterado la obligación del señor José

A. Santana de descubrir los 17 documentos solicitados por el

recurrido. Del recurso instado (KLCE202400084) no surge que este

haya solicitado al foro recurrido alguna de las medidas que dispone

la Regla 23.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, en el inciso

(b) para así proteger los documentos solicitados. Tampoco surge que

este le haya solicitado al TPI que se le exima de dicho cumplimiento

por academicidad, al haberse dado por sometida la solicitud de

sentencia sumaria instada por el señor Algarín Pabón. Al respecto,

destacamos que en la Resolución dictada el 21 de diciembre de 2023

el TPI dispuso: El descubrimiento de prueba deberá continuar como

ordenado.

Por último, los recursos que invocan los peticionarios fueron

denegados por este foro intermedio. Como es conocido, en el

contexto de la adjudicación de peticiones de certiorari la denegatoria

a expedir el auto no implica la ausencia de error en el dictamen cuya

revisión se solicita, ni constituye una adjudicación en los méritos.

Por ende, en casos como ese, así como los que atendemos no aplica

la doctrina de la ley del caso.11

11 Véase, Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 10 (2016) y casos allí

citados. KLCE202400080, KLCE202400084, KLCE202400088 10

En resumen, estamos impedidos de intervenir con la

Resolución recurrida, ello por virtud de lo dispuesto en la Regla 52.1,

supra, y por no estar presentes los criterios de la Regla 40, supra.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la

expedición de los autos de certiorari solicitados.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS Secretaria del Tribunal de Apelaciones