EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Dalia G. Rodríguez Rivera
Peticionaria Certiorari
v. 2014 TSPR 123
Ángel M. De León Otaño 191 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2013-295
Fecha: 9 de octubre de 2014
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Caguas, Panel X
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Felipe Sanabria Quiñones
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Nilsa L. García Cabrera
Materia: Ley Interestatal Uniforme de Alimentos entre Parientes – jurisdicción de los tribunales en Puerto Rico
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria
v. CC-2013-0295
Ángel M. De León Otaño
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 9 de octubre de 2014
En esta ocasión debemos considerar si el Tribunal de
Primera Instancia tiene jurisdicción para atender un caso
interestatal de pensión de alimentos presentado en virtud
de la Ley Interestatal Uniforme de Alimentos entre
Parientes (L.I.U.A.P.), Ley Núm. 180 de 20 de diciembre
de 1997, 8 L.P.R.A. sec. 541 et seq.
Pasemos a resumir los hechos que sirven de trasfondo
a la controversia ante nuestra consideración.
I
El 14 de diciembre de 2007 el señor Ángel M. De León
Otaño y la señora Dalia G. Rodríguez Rivera se
divorciaron bajo la causal de consentimiento mutuo. En la
sentencia de divorcio emitida por el Tribunal de Primera
Instancia se estipuló que la señora Rodríguez Rivera iba
a retener la custodia de los menores y la patria potestad
iba a ser compartida entre ambos. A su vez, se estipuló CC-2013-0295 2
una pensión alimentaria de $351 dólares quincenales a ser
pagada por el señor De León Otaño.
Posteriormente, el 15 de enero de 2010 la señora
Rodríguez Rivera presentó ante el Tribunal de Primera
Instancia una Moción sobre Revisión de Alimentos. Alegó
que procedía la revisión de la pensión alimentaria debido
a que el señor De León Otaño sufrió un cambio en sus
ingresos al haber ingresado en el ejército en marzo de
2009. El asunto fue referido a una examinadora de
pensiones alimentarias.
El 12 de abril de 2010 la representación legal del
señor De León Otaño presentó una Moción Asumiendo
Representación Legal, Solicitud de Transferencia de Vista
y Solicitud de Término para expresar nuestra Posición por
Escrito. En la misma indicó que su cliente no residía en
Puerto Rico porque residía en una base militar en
Oklahoma y que éste había recibido una citación para una
vista ante la examinadora de pensiones alimentarias a la
dirección postal de sus progenitores. Entre otras cosas,
solicitó que el tribunal le concediera un término para
exponer su posición sobre la competencia y jurisdicción
del tribunal. A su vez, sostuvo que no procedía la
revisión solicitada por no haber ocurrido un cambio
sustancial en el salario del señor De León Otaño que
ameritara la revisión de la pensión alimentaria.
El 7 de junio de 2010, en la vista sobre revisión de
pensión alimentaria, se aclaró que el señor De León Otaño
tenía un contrato con el ejército por un término de dos CC-2013-0295 3
años. Además, la examinadora de pensiones alimentarias
sugirió una pensión de $971.00 mensuales. No obstante,
refirió el caso al juez indicando que ella no podía
intervenir en el mismo porque el señor De León Otaño no
residía en Puerto Rico.1
Luego de varios trámites procesales, el 28 de
febrero de 2011 se celebró una vista de imposición de
pensión a la cual no compareció el señor De León Otaño,
ni su representante legal. 2 De la minuta surge que el
señor De León Otaño no había pagado una sanción impuesta
por el tribunal el 16 de noviembre de 2010, como tampoco
se había expresado dentro del término ordenado sobre la
pensión sugerida por la Examinadora en su informe del 7
de junio de 2010. En esa vista, el tribunal le impuso la
pensión de $971 mensuales retroactiva a junio de 2010.
Surge del expediente que el 14 de diciembre de 2011 hubo
1 La Examinadora de Pensiones Alimentarias se fundamentó en el artículo 15 (1) de la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, 8 L.P.R.A. sec. 514. En lo pertinente, el artículo 15 (1) dispone que:
Procedimiento judicial expedito- Notificación de la acción
(1) (a) Al presentarse en el tribunal una petición o escrito sobre la obligación de prestar alimentos a menores, incluso aquéllas en que se reclamen alimentos para un o una cónyuge, ex cónyuge u otro pariente que tenga la custodia de los menores, y la parte promovida resida en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el secretario del tribunal procederá de inmediato a señalar la vista ante el Examinador. 2 Se informó que la representante legal estaba enferma y no podía comparecer. CC-2013-0295 4
una vista de seguimiento a la cual no compareció el señor
De León Otaño, ni su representante legal. En la misma se
indicó que el diligenciamiento de la orden de arresto
contra el señor De León Otaño fue negativo, por lo cual
la representación legal de la señora Rodríguez Rivera
solicitó que se hicieran las gestiones a través del
trámite interestatal. El tribunal refirió el asunto a la
Unidad de Alimentos Recíprocos de la Administración para
el Sustento de Menores (A.S.U.M.E.).
Posteriormente, el 6 de junio de 2012 en una nueva
vista de seguimiento, el señor De León Otaño, por medio
de su representación legal, presentó varias mociones,
entre éstas una titulada: Moción Solicitando Créditos y
otra denominada Impugnación de Resolución de Alimentos y
Solicitud de Relevo de Sentencia por Falta de
Jurisdicción y Violación al Derecho al Debido Proceso de
Ley. En la moción de impugnación el señor De León Otaño
alegó que el tribunal no había adquirido jurisdicción
sobre su persona porque él era un no residente que no se
había sometido a la jurisdicción del tribunal y no había
sido notificado personalmente. Asimismo, indicó que erró
el tribunal al no remitir el caso a la División de
Alimentos Interestatales de A.S.U.M.E. para cualquier
trámite ulterior relacionado a la pensión, pues el padre
era un no residente y militar sobre el cual no se tenía
jurisdicción. A su vez, expresó que la pensión impuesta
era incorrecta por un error matemático cometido por los
funcionarios judiciales. Por otro lado, surge de la CC-2013-0295 5
minuta de la vista que el Tribunal hizo constar que no
podía referir el caso a la examinadora porque ésta no
tenía jurisdicción debido a que el señor De León Otaño no
residía en Puerto Rico.
Como resultado de las mociones presentadas por el
señor De León Otaño, el foro primario concedió el crédito
solicitado por éste, dejó sin efecto la orden de desacato
emitida y le concedió un término a la señora Rodríguez
Rivera para que se expresara sobre la moción impugnando
la resolución de alimentos. El 21 de junio de 2012 la
señora Rodríguez Rivera presentó una Moción en Torno a
Solicitudes del Promovido Ángel M. De León Otaño.
Examinadas ambas mociones, el 9 de julio de 2012 el
tribunal emitió una Resolución mediante la cual declaró
no ha lugar la moción de impugnación y solicitud de
relevo de sentencia presentada por el señor De León
Otaño. Igualmente, en reconsideración, declaró no ha
lugar la moción solicitando créditos. Por último, señaló
una vista de desacato para el 10 de octubre de 2012.
Celebrada la vista, el foro primario encontró al señor De
León Otaño incurso en desacato por su incumplimiento con
el pago de pensión con una deuda de $8,398.00, y concedió
una partida de honorarios de abogado.3
Insatisfecho, el 8 de enero de 2013 el señor De León
Otaño presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de
Apelaciones. Alegó que había errado el Tribunal de
3 La Resolución del Tribunal de Primera Instancia fue notificada el 6 de diciembre de 2012. CC-2013-0295 6
Primera Instancia al dejar sin efecto la concesión del
crédito y al determinar que tenía jurisdicción sobre el
asunto ante su consideración y sobre su persona. El 15
de febrero de 2013 el Tribunal de Apelaciones revocó la
resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia
en la vista de desacato. El tribunal apelativo intermedio
entendió que el Tribunal de Primera Instancia no tenía
jurisdicción sobre la materia al tratarse de un
alimentante no residente en Puerto Rico, a base del
artículo 9.904 de la Ley Interestatal Uniforme de
Alimentos entre Parientes (L.I.U.A.P.), Ley Núm. 180 de
20 de diciembre de 1997, 8 L.P.R.A. sec. 548c.4
Como consecuencia, sostuvo que carecía de
jurisdicción con respecto al cobro de la pensión
corriente y de cualquier atraso en el pago de pensión.
Por lo anterior, ordenó el traslado de la revisión de
pensión a A.S.U.M.E. para que se resolviera lo planteado
ante el foro judicial y continuaran los procedimientos
relativos a la pensión alimentaria. La señora Rodríguez
Rivera presentó una solicitud de reconsideración ante el
Tribunal de Apelaciones, la cual fue declarada no ha
lugar.
4 El artículo 9.904, 8 L.P.R.A. sec. 548c, dispone lo siguiente:
El Tribunal General de Justicia será el foro apropiado para los casos interestatales presentados antes del 1ro de julio de 1995 y la Administración para el Sustento de Menores será el foro apropiado para aquellos que surjan a partir de dicha fecha. 8 L.P.R.A. sec. 548c. CC-2013-0295 7
Inconforme, la señora Rodríguez Rivera recurrió ante
este Tribunal mediante un recurso de certiorari en el
cual nos solicita que revoquemos la sentencia emitida por
el foro apelativo intermedio. En el recurso presentado,
alega que el Tribunal de Apelaciones erró al no reconocer
la jurisdicción continua y exclusiva del Tribunal de
Primera Instancia sobre la pensión alimentaria objeto de
este caso. A su vez, señala que erró el foro apelativo
intermedio al determinar que el señor De León Otaño es un
alimentista que no reside en Puerto Rico sin haber prueba
suficiente en el expediente sobre ese particular.
Planteada así la controversia, expedimos el auto
solicitado. Con el beneficio de la comparecencia de las
partes, procedemos a resolver.
II
A
Este Tribunal ha definido el término jurisdicción
como “el poder o autoridad de un tribunal para considerar
y decidir casos o controversias”. Municipio Autónomo de
San Sebastián et al. v. QMC Telecom, LLC; Oficina de
Gerencia de Permisos y otros, 2014 T.S.P.R. 45, 5; 190
D.P.R. ____ (2014); Gearheart v. Haskell Burress, 87
D.P.R. 57, 61 (1963). Toda vez que los foros judiciales
de Puerto Rico son tribunales de jurisdicción general,
éstos tienen autoridad para entender cualquier causa de
acción que presente una controversia propia para
adjudicación, a menos que no tengan jurisdicción sobre la CC-2013-0295 8
materia. Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136
D.P.R. 223, 230 (1994).
Jurisdicción sobre la materia “se refiere a la
capacidad del tribunal para atender y resolver una
controversia sobre un aspecto legal”. Javier A.
Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño 25
(2010). Ésta no puede ser otorgada por las partes y el
tribunal tampoco puede abrogársela. Id. Sólo el Estado, a
través de sus leyes, puede otorgar o privar de
jurisdicción sobre la materia a un tribunal. Unisys
Puerto Rico, Inc. v. Ramallo Bros. Printing, Inc., 128
D.P.R. 842, 862 n. 5 (1991). En otras palabras, “para
privar a un „tribunal de jurisdicción general‟ de su
actividad para entender en algún asunto en particular, es
necesario que así se haya dispuesto expresamente en algún
estatuto o que ello surja del mismo por implicación
necesaria”. Demetrio Fernández Quiñones, Derecho
Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme 582 (3ra ed. 2013); Véase además Junta Dir.
Cond. Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223 (1994).
B
En el ámbito del derecho administrativo, cuando el
Estado delega funciones gubernamentales a las agencias
administrativas, puede haber incertidumbre con respecto a
qué foro, si el judicial o administrativo, tiene
jurisdicción original para dilucidar una controversia que
surja en relación a la función delegada. En esos casos,
para determinar qué foro tiene jurisdicción original CC-2013-0295 9
hemos utilizado la doctrina de jurisdicción primaria.
Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, 122 D.P.R. 261,
266 (1941). Esta doctrina tiene dos vertientes: la
jurisdicción primaria exclusiva y la jurisdicción
primaria concurrente. Id. La jurisdicción primaria
exclusiva o jurisdicción estatutaria ocurre cuando la
Asamblea Legislativa, por medio de un estatuto, le
confiere jurisdicción exclusiva a un organismo
administrativo. En ese caso, “la jurisdicción exclusiva
conferida al organismo no admite ningún otro medio de
solución, ajuste o prevención. . . . No se trata de una
jurisdicción compartida o concurrente. Es por el
contrario, una jurisdicción sobre la materia que el
legislador ha depositado en el ámbito jurisdiccional de
la agencia de forma exclusiva”. Fernández Quiñones,
supra, pág. 575. Como resultado, los tribunales quedan
excluidos de intervenir en primera instancia en los
asuntos o materias sobre los cuales se le ha conferido la
jurisdicción exclusiva a la agencia.
Por otro lado, la doctrina de jurisdicción primaria
concurrente ocurre cuando la ley permite que la
reclamación se inicie en el foro administrativo o en el
judicial. Aguilu Delgado, 122 D.P.R. en la pág. 266. Sin
embargo, se le cede la primacía al órgano administrativo
y, como consecuencia, ocurre un “aplazamiento de
interacción por parte del Tribunal hasta que se proceda a
resolver finalmente por la agencia”. Fernández Quiñones,
supra, pág. 563. Algunas de las razones por las cuales se CC-2013-0295 10
justifica la deferencia a la agencia administrativa en
casos de jurisdicción primaria concurrente son: “la
destreza o pericia de la agencia, la prontitud usual del
proceso de decisión [y] el uso de técnicas de
adjudicación más flexibles”. Ferrer Rodríguez v.
Figueroa, 109 D.P.R. 398, 402 (1980). Al aplicar esta
doctrina “no es aconsejable establecer normas uniformes,
aplicables a todas las agencias y a todos sus casos. Cada
situación exige conjugar estos factores y considerar las
circunstancias que apuntan o no a la conveniencia de
permitir que la controversia se dilucide inicialmente en
el foro administrativo”. Id.
Hemos reiterado que “la doctrina [de jurisdicción
primaria] no es una camisa de fuerza, y bajo ciertas
circunstancias hemos reconocido su inaplicabilidad”.
Consejo Titulares v. Gómez Estremera, 184 D.P.R. 407, 430
(2012) haciendo referencia a Ortiz v. Panel F.E.I., 155
D.P.R. 219, 246 (2001). Esta doctrina no aplica cuando
“la naturaleza de la causa de acción presentada y el
remedio solicitado destacan que no se presenten
cuestiones de derecho que exijan el ejercicio de
discreción y de peritaje administrativo, es decir, cuando
la cuestión que se plantea sea puramente judicial”.
Consejo Titulares v. Gómez Estremera, 184 D.P.R. 407,
430-431 (2012) haciendo referencia a Ortiz v. Panel
F.E.I., 155 D.P.R. 219, 246 (2001); Véase Fernández
Quiñones, supra, pág. 570. En síntesis, si se determina
que a la agencia se le concedió jurisdicción estatutaria CC-2013-0295 11
exclusiva, no es necesario hablar de la doctrina de
jurisdicción primaria concurrente. Fernández Quiñones,
supra, pág. 574.
C
Un tribunal tiene el deber de interpretar los
estatutos aplicables a la controversia ante su
consideración. R. Elfrén Bernier y José A. Cuevas
Segarra, Aprobación e Interpretación de las Leyes en
Puerto Rico 241 (2da ed. 1987). En este caso nos
corresponde interpretar la Ley Interestatal Uniforme de
Alimentos entre Parientes, Ley Núm. 180 de 20 de
diciembre de 1997, 8 L.P.R.A. sec. 541 et seq. Al
ejercer nuestro rol de interpretar esta ley debemos tener
presente que “cualquier interpretación de ley que
conduzca a una conclusión absurda, ha de ser rechazada,
pues al ejercer nuestra función interpretativa, estamos
obligados a armonizar, en la medida posible, todas las
disposiciones de ley involucradas en aras de obtener un
resultado más sensato, lógico y razonable”. Consejo
Titulares v. Gómez Estremera, 184 D.P.R. 407, 429 (2012).
Veamos.
En nuestro ordenamiento, está firmemente establecido
que “los casos relacionados con los alimentos de menores
están revestidos de un alto interés público”. Peña v.
Warren, 162 D.P.R. 764, 773 (2004). A su vez, hemos
reconocido que “la obligación de los progenitores de
proveer alimentos a sus hijos menores de edad es parte
esencial del derecho a la vida”. Const. P.R. Art. II, CC-2013-0295 12
sec. 7; Ríos v. Narváez, 163 D.P.R. 611, 617 (2004). Por
lo anterior, la Asamblea Legislativa ha legislado para
“procurar que los padres o las personas legalmente
responsables contribuyan. . . . a la manutención y
bienestar de sus hijos o dependientes mediante el
fortalecimiento de los sistemas y la agilización de los
procedimientos administrativos y judiciales para la
determinación, recaudación y distribución de las
pensiones alimentarias”. Ley Orgánica de la
Administración para el Sustento de Menores, según
enmendada, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, 8
L.P.R.A. sec. 502.
Con miras a cumplir con ese propósito, el 20 de
diciembre de 1997, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley
Interestatal Uniforme de Alimentos entre Parientes
(L.I.U.A.P.), Ley Núm. 180 de 20 de diciembre de 1997, 8
L.P.R.A. sec. 541 et seq., incorporando, a su vez, la
Interstate Uniform Family Support Act (U.I.F.S.A.) y
derogando la Ley Núm. 71 de 20 de junio de 1956, según
enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Reciprocidad
para la Ejecución de Obligaciones sobre Alimentos”. La
U.I.F.S.A. es un estatuto modelo aprobado por el National
Conference of Commissioners on Uniform State Laws que el
gobierno federal requirió que se adoptara como requisito
para recibir fondos federales para los Programas de
Sustento de Menores y Asistencia Pública. Exposición de
Motivos de la Ley Núm. 180 del 20 de diciembre de 1997; CC-2013-0295 13
Véase Aponte v. Barbosa Dieppa, 146 D.P.R. 558, 566-567
(1998).
Este requisito se impuso debido a que en casos
interestatales - donde una de las partes es un no
residente o cuando el caso involucra a dos estados - el
procesamiento de los casos entre los estados involucrados
era confuso y complejo. El proceso se caracterizaba por
una falta de coordinación y uniformidad que afectaba la
comunicación y cooperación entre los estados. Por lo
anterior, además de establecer uniformidad en el proceso,
la L.I.U.A.P. “permite al estado con jurisdicción sobre
las partes en casos de reclamaciones de alimentos
interestatales llevar a cabo procedimientos
administrativos o judiciales para emitir órdenes contra
estas partes, a ser cumplidas en otro estado, sin
necesidad de recurrir a la intervención de ese otro
estado”. Exposición de motivos de la Ley Núm. 180 del 20
de diciembre de 1997.
Con respecto al término residencia utilizado en la
L.I.U.A.P., se entiende que una persona reside en un
lugar cuando “se encuentra [en el lugar], durante cierto
período de tiempo, accidental o incidentalmente, sin
tener necesariamente la intención de domiciliarse allí”.
S.L.G. Sola-Maldonado v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675,
688 (2011); Véase E. Vázquez Bote, Concepto del domicilio
en el Derecho puertorriqueño, 61 Rev. Jur. U.P.R. 25, 57
(1992). Por tanto, en cuanto a la L.I.U.A.P. residencia
no es equivalente a domicilio, sino que “el domicilio CC-2013-0295 14
supone una proyección temporal, conforme con la nota de
habitualidad, mientras que la residencia se define por el
hecho de estar”. S.L.G. Sola-Maldonado, 182 D.P.R. en la
pág. 688 (2011) citando a E. Vázquez Bote, Concepto del
domicilio en el Derecho puertorriqueño, 61 Rev. Jur.
U.P.R. 25, 50 (1992).
En síntesis, esta ley se aprobó para “establecer
uniformidad en la fijación y ejecución de obligaciones
alimentarias entre personas que residen en diferentes
estados con el propósito de proteger y hacer valer los
derechos de los menores”. Exposición de Motivos de la Ley
Núm. 180 del 20 de diciembre de 1997. Sobre la L.I.U.A.P
este Tribunal ha expresado que “es un estatuto de
carácter esencialmente remedial, cuyo propósito es
establecer un sistema procesal uniforme para posibilitar
la ejecución de una orden de pensión alimentaria de un
estado a otro”. Aponte, 146 D.P.R. en las págs. 569-570.
Asimismo, la L.I.U.A.P. “establece un sistema de una sola
orden, el cual se apoya en el principio de la
jurisdicción continua y exclusiva del tribunal que emite
una orden de pensión alimentaria o una determinación de
filiación”. Id. págs. 571-572; Véase S.L.G. Sola-
Maldonado v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675 (2011).
Por consiguiente, resulta imprescindible determinar
qué tribunal tiene autoridad para atender casos
interestatales de pensión de alimentos bajo la L.I.U.A.P.
Esta ley define tribunal como “un tribunal, corte,
agencia administrativa o entidad cuasijudicial autorizada CC-2013-0295 15
para establecer, ejecutar o modificar una orden de
pensión alimentaria o para establecer filiación”. 8
L.P.R.A. sec. 541 (22)(Énfasis suplido). En particular,
en el artículo 1.102 de la L.I.U.A.P. se indica qué
instituciones se consideran tribunales de Puerto Rico
para efectos de esta ley: el Tribunal General de Justicia
y la Administración para el Sustento de Menores
[A.S.U.M.E.]. 5 8 L.P.R.A. sec. 541a (Énfasis suplido).
Sobre lo anterior, las anotaciones a U.I.F.S.A señalan
que “[t]he enacting state must identify the court,
administrative agency, or the combination of those
entities which constitute the tribunal or tribunals
authorized to deal with family support. In a particular
state there may be several different such entities
authorized to determine family support matters”. 9
Uniform Laws Annotated, Interstate Family Support Act
(1996) sec. 102 en la pág. 323.
Asimismo, y cónsono con lo anterior, una mayoría de
los artículos de la L.I.U.A.P., que proveen variados
servicios a los ciudadanos que se acogen a ésta, no
distinguen entre el Tribunal General de Justicia y
A.S.U.M.E.6 A modo de ilustración, en el artículo 2.201 de
5 En específico, el artículo 1.102, 8 L.P.R.A. sec. 541a, dispone lo siguiente:
“El Tribunal General de Justicia y la Administración para el Sustento de Menores creada por las secs. 501 et seq. de este título serán los tribunales de Puerto Rico”. 6 Algunos de los artículos que no distinguen entre ambos foros son: Art. 2.202, 8 L.P.R.A. sec. 542a; Art. 2.204, 8 L.P.R.A. sec. 542c; Art. 2.207, 8 L.P.R.A. sec. 542f; CC-2013-0295 16
la L.I.U.A.P. se indica que el tribunal de Puerto Rico
adquirirá jurisdicción sobre una persona no residente en
procedimientos para fijar, ejecutar o modificar una
pensión alimentaria o para establecer la filiación de un
menor. 7 8 L.P.R.A. sec. 542. Surge del artículo anterior
que la L.I.U.A.P. reconoce, según la definición de
tribunales de la propia ley, que tanto el Tribunal
General de Justicia como A.S.U.M.E. pueden adquirir
_________________________ Art. 3.316, 8 L.P.R.A. sec. 543o; Art. 4.401, 8 L.P.R.A. sec. 544. 7 En específico, el artículo 2.201 de la L.I.U.A.P., 8 L.P.R.A. sec. 542, dispone lo siguiente:
“En un procedimiento para fijar una pensión alimentaria, ejecutar o modificar una orden de pensión alimentaria o para establecer la filiación de un menor, el tribunal de Puerto Rico adquirirá jurisdicción sobre la persona, el tutor o encargado no residente cuando: (1) La persona es emplazada personalmente en Puerto Rico; (2) la persona se somete voluntariamente a la jurisdicción, en forma expresa o tácita, al consentir o comparecer o al presentar una alegación respondiente que tenga el efecto de renunciar a la defensa de falta de jurisdicción sobre su persona; (3) la persona residió en Puerto Rico con el menor; (4) la persona residió en Puerto Rico y proveyó gastos prenatales o alimentos para el menor; (5) el menor reside en Puerto Rico como resultado de actos o directrices de la persona; (6) la persona sostuvo relaciones sexuales en Puerto Rico y el menor pudo haber sido concebido de esa relación sexual; (7) la persona reconoció e inscribió al menor conforme dispone la ley, o (8) existe cualquier otro fundamento consistente con la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de los Estados Unidos para adquirir jurisdicción sobre la persona”. 8 L.P.R.A. sec. 542. CC-2013-0295 17
jurisdicción sobre un no residente para, entre otras
cosas, fijar una pensión alimentaria. A su vez, la
L.I.U.A.P. también establece que el tribunal de Puerto
Rico, bajo las disposiciones de la ley, puede servir como
tribunal iniciador para remitir los procedimientos a otro
estado o como tribunal recurrido. 8 L.P.R.A. sec. 542b.8
Igualmente, en su artículo 3.310 la L.I.U.A.P.
establece los deberes de A.S.U.M.E. y dispone que la
agencia deberá “[c]ompilar y mantener [una lista]
actualizada de los tribunales en Puerto Rico con
jurisdicción sobre los procedimientos que establece este
capítulo y de las agencias relacionadas con los programas
de sustento de menores en Puerto Rico”, al igual que
“remitir al tribunal con competencia en Puerto Rico del
lugar en que reside el alimentista o alimentante o donde
se estima que existen bienes del alimentante, todos los
documentos relacionados con los procedimientos bajo las
disposiciones de este capítulo que ha recibido de un
tribunal iniciador o de la agencia de información del
estado iniciador”. 8 L.P.R.A. sec. 543i. Como se puede
observar, por medio del artículo 3.310, 8 L.P.R.A. sec.
543i, se designa a A.S.U.M.E. como la agencia de
información estatal y se reconoce que los tribunales de
Puerto Rico pueden tener jurisdicción sobre los
procedimientos que la L.I.U.A.P. provee, al ordenarle a
la agencia a mantenerlos en una lista, entre otras cosas.
8 Sobre los deberes del tribunal iniciador véase 8 L.P.R.A. sec. 543c; sobre los deberes del tribunal recurrido véase 8 L.P.R.A. sec. 543d. CC-2013-0295 18
Por lo tanto, conforme a las disposiciones de la
L.I.U.A.P., tanto el Tribunal de Primera Instancia como
A.S.U.M.E. tienen jurisdicción para atender casos
interestatales de pensión de alimentos. Es decir, en
casos interestatales de pensión de alimentos aplica la
doctrina de jurisdicción primaria concurrente.
III
Discutida la normativa aplicable, pasemos a resolver
la controversia ante nuestra consideración.
En este caso la señora Rodríguez Rivera sostiene que
erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que el
señor De León Otaño es un alimentista que no reside en
Puerto Rico. En su argumentación la señora Rodríguez
Rivera equipara los términos domicilio y residencia e
indica que el mero hecho de estar destacado fuera de
Puerto Rico cumpliendo servicio militar no cambia la
residencia de la persona. No le asiste la razón.
Según señalamos, el concepto de residencia en la
L.I.U.A.P. no equivale a domicilio, S.L.G. Sola-
Maldonado, 182 D.P.R. en la pág. 688, y residencia se
refiere el lugar en el cual una persona “se encuentra,
durante cierto período de tiempo, accidental o
incidentalmente, sin tener necesariamente la intención de
domiciliarse allí”, E. Vázquez Bote, Concepto del
U.P.R. 25, 57 (1992). Véase S.L.G. Sola-Maldonado, 182
D.P.R. en la pág. 688. Por lo tanto, coincidimos con el
Tribunal de Apelaciones en que al momento de presentarse CC-2013-0295 19
la revisión de pensión el señor De León Otaño era un no
residente de Puerto Rico. La señora Rodríguez Rivera
reconoció que solicitaba la revisión de la pensión porque
el señor De León Otaño estaba en el ejército y surge del
expediente que en varias vistas el señor De León Otaño no
pudo comparecer por estar cumpliendo con su contrato.
Además, en el alegato de la señora Rodríguez Rivera ésta
reconoce que al momento de instarse la solicitud para
revisar la pensión el señor De León Otaño estaba
destacado en Oklahoma por razón de servicio militar.
Alegato de la Peticionaria en la pág. 27.
Consecuentemente, la acción de revisión de pensión
alimentaria presentada por la señora Rodríguez Rivera es
una acción interestatal y le aplica la L.I.U.A.P.
Resuelto lo anterior, resta por determinar si el
Tribunal General de Justicia tiene jurisdicción sobre la
materia en esta controversia. El Tribunal de Apelaciones
concluyó que el Tribunal no tiene jurisdicción sobre la
materia a base del artículo 9.904 de la L.I.U.A.P., 8
L.P.R.A. sec. 548c, el cual dispone que “[e]l Tribunal
General de Justicia será el foro apropiado para los casos
interestatales presentados antes del 1ro de julio de 1995
y la Administración para el Sustento de Menores será el
foro apropiado para aquellos que surjan a partir de dicha
fecha”. Es decir, entendió que el legislador privó al
Tribunal General de Justicia de jurisdicción sobre la
materia en los casos interestatales presentados luego del CC-2013-0295 20
1ro de julio de 1995 y se la otorgó exclusivamente a
A.S.U.M.E. No tiene razón.
Las leyes no pueden interpretarse tomando
aisladamente sus disposiciones o secciones, sino que se
deben considerar todas en conjunto, al igual que su
propósito. Como vimos, de un análisis de la L.I.U.A.P.
en su totalidad se desprende que mediante esta
legislación se le concede jurisdicción a ambos foros – a
A.S.U.M.E. y al Tribunal- para llevar a cabo los
distintos procedimientos que provee la ley desde su
inicio. El artículo 9.904 es el único artículo en la Ley
en que se hace alguna distinción sobre la autoridad para
atender casos interestatales de pensión de alimentos,
sólo para establecer que A.S.U.M.E. será el “foro
apropiado” para atender casos interestatales de pensión
de alimentos a partir del 1ro de julio de 1995. Esto
significa que A.S.U.M.E. es el foro más conveniente para
atender los casos a partir de esa fecha y no que es el
foro con jurisdicción exclusiva. De hecho, la Ley
Orgánica de la Administración para el Sustento de
Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, 8
L.P.R.A. sec. 501 et seq., tampoco le concede
jurisdicción exclusiva a A.S.U.M.E. en casos
interestatales. Sólo provee que A.S.U.M.E. prestará sus
servicios “cuando reciba un referido interestatal bajo
la. . . .„Ley Uniforme de Alimentos Interestatales„ o
reciba una petición interestatal de una agencia que
administre un plan estatal aprobado por el gobierno CC-2013-0295 21
federal bajo el Título IV, Parte D”. 8 L.P.R.A. sec.
504b. Incluso, reconoce que el tribunal puede actuar como
tribunal iniciador a tenor con la L.I.U.A.P. 8 L.P.R.A.
sec. 523.
No es razonable concluir que a pesar de que la
Asamblea Legislativa dispuso que el Tribunal General de
Justicia constituye un “tribunal” para efectos de la
L.I.U.A.P., por lo que tiene “autoridad para establecer,
ejecutar o modificar una orden de pensión alimentaria o
para establecer filiación”, 8 L.P.R.A. sec. 541a, a la
vez, le haya privado de jurisdicción. Sostener que el
Tribunal General de Justicia carece de jurisdicción en
casos interestatales de pensión de alimentos y privarle
al menor de un foro en el cual puede ejercer su derecho a
reclamar alimentos resultaría inconsistente con las
disposiciones de la L.I.U.A.P. y los mejores intereses
del menor. Por ende, al analizar el artículo 9.904 en
conjunto con las demás disposiciones de la Ley,
entendemos que aplica la doctrina de jurisdicción
primaria concurrente. De hecho, esta doctrina permite que
un tribunal remita una controversia a la agencia
administrativa siempre que el tribunal concluya que de
esa manera se sirven mejor los intereses de las partes
afectadas y la política pública que enuncia la Ley. Ríos
v. Narváez Calderón, 163 D.P.R. 611 (2004).9
9 Por los fundamentos expresados, discrepamos de la interpretación de la licenciada Sarah Torres Peralta, citada con aprobación en la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, quien sostiene que A.S.U.M.E. tiene CC-2013-0295 22
En resumidas cuentas, el Tribunal General de
Justicia tiene jurisdicción sobre la materia en casos
interestatales bajo la L.I.U.A.P. y, debido a que tanto
el foro judicial como el foro administrativo se
consideran tribunales de Puerto Rico para efectos de esta
Ley, existe jurisdicción primaria concurrente entre
ambos. Por lo tanto, para efectos de la controversia ante
nuestra consideración, el Tribunal de Primera Instancia
sí tiene jurisdicción para atender esta controversia.
Ahora bien, considerando que la legislatura entendió que
A.S.U.M.E. es el foro más conveniente, a pesar de haberle
otorgado jurisdicción primaria concurrente a ambos foros,
el tribunal tiene discreción para referir el caso a
A.S.U.M.E. si entiende que es en el mejor interés del
alimentista que la agencia dilucide inicialmente el caso.
Véase Ríos v. Narváez Calderón, 163 D.P.R. 611 (2004).
IV
A tenor con lo anterior, entendemos que la
L.I.U.A.P. establece jurisdicción primaria concurrente
entre el foro judicial y el administrativo. Por tal
razón, erró el Tribunal de Apelaciones al trasladar el
caso a A.S.U.M.E. por entender que el Tribunal de Primera
Instancia carecía de jurisdicción sobre la materia. Se
devuelve el caso al tribunal apelativo intermedio para
que atienda los planteamientos presentados por el señor _________________________ jurisdicción exclusiva en los casos interestatales presentados luego del 1ro de julio de 1995. Sentencia del Tribunal de Apelaciones, págs. 9-10 citando a Sarah Torres Peralta, La Ley Especial de Sustento de Menores y el Derecho de Alimentos en Puerto Rico 3.09-3.12 (2007). CC-2013-0295 23
De León Otaño en su recurso de certiorari y resuelva lo
que en derecho proceda.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expresados en la Opinión que antecede, los cuales se incorporan íntegramente a la presente Sentencia, se revoca la sentencia recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de Apelaciones para que resuelva lo que en derecho proceda.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera García concurre en el resultado sin opinión escrita. La Jueza Presidenta señora Fiol Matta inhibida.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo