EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Enrique Rodríguez Méndez, et als
Recurrido 2016 TSPR 121 v. 195 DPR ____ Laser Eye Surgery Management of Puerto Rico, Inc., et al.
Peticionaria
Número del Caso: CC-2015-175
Fecha: 15 de junio de 2016
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón y Utuado, Panel VI
Abogados de la parte Peticionaria:
Lcdo. Rafael E. Aguiló Vélez Lcda. Erika Berríos Berríos
Abogado del Recurrido:
Lcdo. Carlos Colón Marchand
Materia: Daños y Perjuicios, Moción de Sentencia Sumaria: La falta de mantenimiento o limpieza que convierte un producto, posterior a su venta, en uno nocivo, puede conllevar la imposición de responsabilidad estricta por productos defectuosos bajo la modalidad de advertencias inadecuadas. Sin embargo, procede la Moción de Sentencia Sumaria que presentó la parte peticionaria por la insuficiencia de la prueba de la parte recurrida.
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Recurrido
v. CC-2015-0175
Laser Eye Surgery Management of Puerto Rico, Inc., et al.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2016.
Este caso nos permite considerar la siguiente
controversia: si la falta de mantenimiento o
limpieza que convierte un producto, posterior a
su venta, en uno nocivo, hace que responda un
fabricante bajo la doctrina de responsabilidad
estricta por productos defectuosos. Así, nos
corresponde determinar si, como cuestión de
derecho, procede una moción de sentencia sumaria
ante prueba insuficiente para establecer una
causa de acción por un alegado producto
defectuoso, luego de haber concluido un
descubrimiento de prueba adecuado. CC-2015-0175 2
I.
El 17 de agosto de 2004, el Sr. Enrique Rodríguez
Méndez y su esposa, la Sra. Leidy Y.
Vargas Toro (denominados conjuntamente, los recurridos)
presentaron una demanda sobre daños y perjuicios en contra
de Laser Eye Surgery Management of Puerto Rico, Inc. d/b/a
Infinity Laser Centers (Infinity), el Dr. Manuel Del Toro,
su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por
ambos (denominados conjuntamente, demandados). En esencia,
alegaron que el 20 de septiembre de 2002, el señor
Rodríguez Méndez se sometió a un procedimiento quirúrgico
mediante láser para corregir su visión. Este fue realizado
por el doctor Del Toro en las instalaciones de Infinity.1 No
obstante, señalaron que el señor Rodríguez Méndez
desarrolló la condición de Diffuse Lamellar Keratitis (DLK)
por partículas microscópicas de metal que quedaron en sus
ojos a raíz de la impericia médica del doctor Del Toro
durante el procedimiento correctivo. Apéndice, pág. 766.
Los demandados contestaron la demanda y negaron
responsabilidad.
Posteriormente, los recurridos presentaron una demanda
enmendada. En esta, incluyeron a Advanced Medical Optics,
Inc. (AMO) como codemandado y le reclamaron resarcimiento
1 Esta operación conocida como Laser-Assisted in Situ Keratomileusis (LASIK) es un procedimiento quirúrgico correctivo de la visión que consiste de dos etapas. Primero, se crea un colgajo —incisión en la córnea— con un instrumento de nombre Microkeratomo y, luego, se realiza la corrección visual con el dispositivo láser. Apéndice, pág. 295. CC-2015-0175 3
por los daños bajo la doctrina de responsabilidad estricta
por productos defectuosos. En síntesis, arguyeron que el
equipo médico utilizado en la cirugía que AMO vendió a
Infinity estaba defectuoso. Oportunamente, AMO presentó su
contestación a la demanda y entre sus defensas afirmativas
enunció que la reclamación presentada en su contra estaba
prescrita2 y que era improcedente como cuestión de derecho.
Apéndice, pág. 128.
El Tribunal de Primera Instancia permitió la referida
demanda enmendada al amparo de la Regla 13 de Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 13. Por consiguiente, este caso
quedó configurado con dos causas de acción: una sobre
impericia médica vinculada con el procedimiento correctivo
de la visión y otra por alegados defectos en el equipo
utilizado en ese procedimiento. Este recurso trata sobre la
segunda causa de acción.
Luego de varios trámites procesales, AMO presentó una
moción de sentencia sumaria mediante la cual solicitó la
desestimación de la reclamación en su contra. En resumen,
sostuvo que tras el descubrimiento de prueba que se
extendió por un periodo de diez años, el señor Rodríguez
Méndez no contaba con evidencia para sustentar sus
alegaciones respecto a la causa de acción bajo la teoría de
2 Surge del expediente que el asunto sobre la prescripción de la reclamación en contra de AMO fue atendido por el Tribunal de Apelaciones mediante resolución. Véase Enrique Rodríguez Méndez v. Laser Eye Surgery Management of P.R., Inc., KLCE09-01679. Destacamos que AMO no ha hecho planteamiento alguno sobre esa determinación. CC-2015-0175 4
responsabilidad estricta. También, planteó que la normativa
que rige las reclamaciones sobre productos defectuosos no
daba espacio para una determinación de responsabilidad por
actos de un personal facultativo médico que no estaba
dentro de la cadena de fabricación o distribución del
producto. AMO acompañó con su moción de sentencia sumaria
las transcripciones de las deposiciones tomadas al doctor
Del Toro, al señor Rodríguez Méndez, a los peritos de las
partes y los informes periciales, así como otros documentos
pertinentes.
Basado en las declaraciones vertidas durante la
deposición del Dr. Steven Teich, perito de los recurridos y
especialista en retinas, AMO esgrimó que la condición DLK
es una complicación de la operación LASIK que puede ocurrir
aun sin la utilización del equipo. Apéndice, págs. 393-395.
Además, AMO reseñó la opinión del doctor Teich quien
sostuvo que aunque haya residuo de partículas de metal del
Microkeratomo en los ojos del señor Rodríguez Méndez este
no tuvo nada que ver con el desarrollo de la condición DLK
y que no tenía una base razonable para sospechar que esta
complicación se debió a un problema del equipo utilizado.
Íd. De igual manera, AMO incluyó el informe de su perito,
el Dr. José Gabriel Matos Malavé, quien sostuvo que tras
más de 20 años de experiencia en el uso de equipos
Microkeratomo nunca ha conocido de un caso donde el residuo
de partículas o fragmentos metálicos causara la condición
DLK. Apéndice, pág. 413. CC-2015-0175 5
Sobre el alegado defecto, AMO planteó, a través de las
declaraciones expuestas durante la deposición del doctor
Del Toro, que el equipo utilizado en la operación fue
inspeccionado previo a ser operado y no se encontró ningún
desperfecto. Apéndice, págs. 309-311. El galeno explicó que
la inspección consiste en una verificación visual de los
datos que exhibe el sistema en su pantalla, una observación
microscópica de las navajas y una prueba donde se opera el
equipo sin ponerlo en el paciente. Íd. Por otra parte, AMO
subrayó que el señor Rodríguez Méndez afirmó durante su
deposición desconocer cuál era el defecto del equipo
utilizado en su operación LASIK. Apéndice, pág. 298.
Específicamente, citó la siguiente porción del testimonio
del señor Rodríguez Méndez:
R. No sé cuál es el defecto específicamente. Pero si me quedan residuos metálicos en los ojos, no había nada bueno ahí. P. Okey. ¿O sea, usted no sabe cuál es el defecto entonces? ¿Usted presume que por el hecho (sic) le dejó, tenía un residuo metálico en el ojo, que algo tiene que estar mal? R. Definitivamente. P. ¿Eso es lo que me está diciendo? R. Definitivamente. P. Más allá de eso, ¿usted no sabe cuál era el defecto? R. No. Apéndice, pág. 378.
Posteriormente, los recurridos presentaron su oposición
y reiteraron su postura de que como consecuencia del
procedimiento quirúrgico al cual fue sometido el señor
Rodríguez Méndez podían haber quedado residuos metálicos en
sus ojos y que estos pudieron haberle causado la condición
DLK. Para rebatir la falta de causalidad entre el residuo CC-2015-0175 6
de partículas de metal y la condición DLK imputada por AMO,
los recurridos se limitaron a impugnar las declaraciones de
su propio perito. Aseguraron que el doctor Teich no podía
emitir una opinión sobre qué causó la condición DLK en el
señor Rodríguez Méndez pues, a su entender, él no estaba
facultado para emitir una conclusión definitiva sobre el
asunto porque no conocía todos los hechos ni examinó al
paciente. Apéndice, pág. 624. Al mismo tiempo, aceptaron
que la condición de DLK puede surgir, con o sin el uso del
equipo médico en cuestión, como una complicación de la
operación LASIK. No obstante, replicaron de manera
especulativa:
Este es un hecho que si bien es correcto, no descarta la alta posibilidad o probabilidad de que el daño fuese causado por la falta de asepsia del personal o de Infinity y/o Del Toro y/o por falta de mantenimiento adecuado al equipo causado por alguno de ellos, y/o por tratarse de un equipo defectuoso que producía y soltaba partículas de metal al operarse, o una combinación de tales factores. Apéndice, pág. 629.
En lo pertinente al alegado defecto, justificaron que
aunque el señor Rodríguez Méndez “no es médico,
oftalmólogo, ingeniero ni experto en el equipo
Microkeratomo como para precisar el defecto de la máquina o
las navajas utilizadas en su operación” es “lo
suficientemente inteligente para deducir que no es normal
que se hallen partículas de metal dentro de sus ojos”.
Apéndice, pág. 616. Asimismo, para refutar la inspección
del equipo efectuada por el doctor Del Toro expusieron las
próximas preguntas retóricas: “¿Y de dónde salieron las CC-2015-0175 7
partículas metálicas, si no fue del equipo del
Microkeratomo o de su navaja?”, “¿Cuál fue el „test‟?”,
“¿Era el „test‟ apropiado, cuando se ha establecido que el
equipo dejó partículas metálicas en los ojos del
demandante…?”. Apéndice, pág. 627.
Tras evaluar los escritos presentados por las partes,
el Tribunal de Primera Instancia notificó una resolución en
la que declaró no ha lugar la moción de sentencia sumaria
presentada por AMO. El foro primario resolvió que existían
hechos materiales en controversia que no permitían que el
caso fuera resuelto sumariamente. Específicamente, razonó
que existía controversia en torno a: (1) si el equipo
utilizado en el procedimiento quirúrgico estaba defectuoso;
(2) si estaba limpio y esterilizado; y (3) si se le proveyó
el mantenimiento correspondiente. Apéndice, pág. 923.
Además, el Tribunal de Primera Instancia determinó que no
había controversia en cuanto a que el señor Rodríguez
Méndez fue sometido a una intervención quirúrgica de
corrección visual que requiere la utilización de equipos
especializados y que tras la operación un reporte médico
destacó que el señor Rodríguez Méndez tenía varios
fragmentos metálicos inertes en ambas córneas y sufría de
la condición DLK. Apéndice, pág. 728. Con respecto a la
condición DLK, precisó, como dato incontrovertido, que la
medicina moderna la considera un efecto secundario
previsible de la operación LASIK que no posee una causa
única y específica. Apéndice, pág. 729. CC-2015-0175 8
Insatisfecho, AMO presentó un recurso de certiorari
ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó que el foro primario
abusó de su discreción al denegar la moción de sentencia
sumaria cuando no había hechos esenciales en controversia
que impidieran la resolución del pleito en su contra. En
esa misma fecha, el doctor Del Toro presentó un recurso de
certiorari ante el foro apelativo intermedio y ambos fueron
consolidados oportunamente. Apéndice, pág. 736.
El foro apelativo intermedio notificó una resolución
mediante la cual denegó la expedición del auto. En cuanto
al argumento de AMO sobre la falta de evidencia del señor
Rodríguez Méndez para probar su reclamación de
responsabilidad estricta por productos defectuosos, el
Tribunal de Apelaciones se limitó a precisar que “el mero
hecho de que una parte que se opone a que se dicte
sentencia sumaria no controvierta asuntos contenidos en
dicha solicitud no implica, necesariamente, que se va a
resolver a favor del promovente”. Apéndice, págs. 18-19. En
ese ejercicio, analizó indistintamente los hechos
pertinentes a ambas acciones y concluyó que, ante el resto
de la evidencia sobre la cual se debía recibir prueba, el
foro primario no había errado al negarse a desestimar la
causa de acción en contra de AMO hasta tanto se presentase
toda la prueba durante el juicio. Aún inconforme, AMO
presentó una moción de reconsideración, que el foro
apelativo intermedio declaró sin lugar. CC-2015-0175 9
En desacuerdo con el razonamiento de ambos foros
judiciales, AMO presentó un recurso de certiorari ante este
Tribunal. Señaló que el Tribunal de Apelaciones erró al
confirmar la decisión del Tribunal de Primera Instancia que
denegó su moción de sentencia sumaria ante la ausencia de
prueba para configurar una causa de acción por productos
defectuosos y por equiparar sus requisitos con los de una
reclamación por impericia médica.
El 29 de mayo de 2015 expedimos el auto de certiorari
y, con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,
procedemos a resolver la controversia incoada.
II.
A mediados del siglo pasado, mediante nuestra decisión
en Mendoza v. Cervecería Corona, 97 DPR 499 (1969),
exploramos por primera vez la doctrina de responsabilidad
estricta de fabricantes o vendedores por la venta y
distribución de productos defectuosos, denominada en el
derecho consuetudinario como strict product liability.3 En
aquella ocasión reseñamos los inicios y el desarrollo
histórico de esta normativa que reconoce que todos los
actores que intervienen en la cadena de fabricación y
3 Aclaramos que la nomenclatura que hemos empleado para describir esta doctrina de responsabilidad civil extracontractual no es la más apropiada. La corriente moderna ha preferido denominarla como responsabilidad “estricta” en lugar de “absoluta”. Esto es fiel a la máxima de que, si bien la negligencia del demandado no es un requisito de la causa de acción, se debe probar la existencia de algún fallo en el producto que sea la causa adecuada de los daños sufridos por el demandante. Véase Daly v. Gen. Motors Corp., 575 P.2d 1162, 1166 (Cal. 1978). CC-2015-0175 10
distribución de un producto defectuoso responden
solidariamente y sin necesidad de demostrar negligencia
frente al perjudicado. Además, estudiamos la coexistencia
paralela de esta figura dentro del derecho civil español y
concluimos que su adopción en nuestro ordenamiento legal
era la opción más razonable y que mejor respondía a las
necesidades sociales de Puerto Rico. Íd., pág. 512. De esta
forma, por vía judicial, establecimos y adoptamos en
nuestra jurisdicción la norma de responsabilidad estricta
por productos defectuosos.4
Una década más tarde, tuvimos la oportunidad de
recurrir a los axiomas de esta figura ante controversias
que involucraron la presencia de defectos de diseño en
vehículos de motor. Véase National Car Rental v. Caribe
Motors, 104 DPR 74 (1975) y Montero Saldaña v. Amer. Motors
Corp., 107 DPR 452 (1978). En ese ejercicio, reafirmamos
que el propósito de esta figura jurídica es asegurar que el
costo de los daños resultantes de productos defectuosos sea
4 Desde un punto de vista sustantivo, la legislación española vigente coincide con el sistema americano, al imponer al fabricante una responsabilidad objetiva “por los daños causados por productos que no ofrezcan la seguridad que cabría esperar”. Esta “establece un sistema similar al de la responsabilidad estricta, bajo la cual una parte demandante debe demostrar el defecto de producto, que éste existía cuando el producto salió de la esfera del fabricante y que el producto le causó un daño mientras lo utilizaba de un modo razonable”. Ramón P. Rodríguez Montero, Responsabilidad civil de profesionales y empresarios: aspectos nacionales e internacionales, 1era ed., España, Gesbiblo S.L., 2006, pág. 251. CC-2015-0175 11
sufragado por los fabricantes o vendedores que introdujeron
los productos al mercado. Íd., pág. 461.5
Posteriormente, continuamos nuestra labor de conformar
los contornos de esta doctrina en nuestra jurisdicción.
Primero, en Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al.,
132 DPR 115 (1992) atendimos una reclamación por un
supuesto mameluco defectuoso que al incendiarse ocasionó
que un empleado de una planta farmacéutica sostuviera
graves quemaduras en su cuerpo. Luego, en Aponte v. Sears
Roebuck de P.R., Inc., 144 DPR 830 (1998) profundizamos en
el marco legal aplicable para los productos considerados
defectuosos por la falta de advertencias o instrucciones
adecuadas. Por tratarse de la primera vez que atendíamos
una controversia sobre ese tipo de defecto en nuestra
jurisdicción recurrimos al tratamiento doctrinal brindado
por las cortes de los estados de New York y West Virginia,
así como el Restatement of the Law (Second) of Torts. Véase
Aponte v. Sears Roebuck de P.R., Inc., supra, pág. 841.
Así, luego de estos desarrollos jurisprudenciales,
quedó establecido que para entablar una acción de
responsabilidad estricta por productos defectuosos en
nuestra jurisdicción un demandante debe demostrar: (1) la
existencia de un defecto en el producto, ya sea de
fabricación, de diseño, o por la insuficiencia de
5 Esos precedentes fueron fundamentados y desarrollados en los principios expuestos por el Tribunal Supremo de California en el caso normativo Greenman v. Yuba Power Products, Inc., 377 P.2d 897, 900 (Cal. 1962). CC-2015-0175 12
advertencias o instrucciones; (2) el defecto existía cuando
el producto salió del control del demandado; (3) el
demandado debe estar en el negocio de vender el producto;
en palabras del Restatement of the Law (Third) of Torts
(Prod. Liab.) sec. 1. se trata de una persona “who is
engaged in the business of selling the product[…]”; (4) el
defecto es la causa adecuada de los daños del demandante; y
(5) el producto fue utilizado para un uso razonable y de
manera previsible por el demandado.
En cuanto a los defectos de fabricación, este Tribunal
adoptó la definición de “defecto” sugerida por el entonces
Juez Presidente del Tribunal Supremo de California, Hon.
Roger J. Traynor, a los efectos de que “un producto
defectuoso puede ser definido como aquel que falla en
igualar la calidad promedio de productos similares.” Rivera
et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., supra, pág. 128. En
palabras del máximo foro judicial de New York, el
desperfecto surge ante la incapacidad del producto de
desempeñar su función de la manera prevista como
consecuencia de alguna falla en su proceso de producción o
creación. Denny v. Ford Motor Co., 662 N.E.2d 730, 736 n. 3
(N.Y. 1995).
Por su parte, un defecto de diseño no puede
identificarse simplemente mediante la comparación del
producto que produjo el daño con los planos del fabricante
o con otras unidades de la misma línea de producción, ya
que, por definición, todas esas unidades poseerán el mismo CC-2015-0175 13
diseño. Véase Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al.,
supra, pág. 128, n. 7. En ese sentido, el concepto de
defecto de diseño se moldeó con el tiempo hasta componerse
de un análisis bipartito constituido por los escrutinios
conocidos como el Consumer Expectations y el Risk Utility.
Íd., pág. 129, n. 9. El tribunal de mayor jerarquía de New
York ha articulado ambos escrutinios de la siguiente forma:
“[A] defectively designed product is one which, at the time
it leaves the seller's hands, is in a condition not
reasonably contemplated by the ultimate consumer and is
unreasonably dangerous for its intended use,” and “whose
utility does not outweigh the danger inherent in its
introduction into the stream of commerce”. Hoover v. New
Holland N. Am., Inc., 11 N.E.3d 693, 701 (N.Y. 2014).
Finalmente, por defecto de información se entiende la
ausencia en el producto de advertencias o instrucciones
acerca de los riesgos previsibles vinculados con su
utilización. Como consecuencia, hemos reconocido que un
producto puede ser defectuoso si el fabricante o vendedor
omite: (1) ofrecer instrucciones sobre el manejo del
producto; (2) advertir sobre posibles riesgos en el uso del
producto, ya sean latentes u ocultos; (3) alertar sobre las
consecuencias dañinas que puedan surgir al utilizar el
producto de forma incorrecta, o (4) proporcionar
instrucciones sobre la forma de evitar lesiones. Aponte v.
Sears Roebuck de P.R., Inc., supra, pág. 841. Lo esencial
es determinar si la información provista por el fabricante CC-2015-0175 14
o vendedor fue adecuada, tomando en cuenta la naturaleza
del producto y sus posibles usos. Íd.
Si bien el fabricante tiene la obligación indelegable
de diseñar y producir un producto que no sea defectuoso,
ese deber se mide a partir del momento en que el producto
es puesto en el mercado. Robinson v. Reed-Prentice Div. of
Package Mach. Co., 403 N.E.2d 440, 443 (N.Y. 1980). Una vez
establecida la presencia de un defecto, los daños sufridos
pueden ser reclamados por cualquier persona que
previsiblemente pueda estar en riesgo por el producto y no
es necesaria la existencia de una relación contractual con
el fabricante. Véase David G. Owen, The Evolution of
Products Liability Law, 26 Rev. Litig. 955 (2007). Véase,
también, Ramón P. Rodríguez Montero, Responsabilidad civil
de profesionales y empresarios: aspectos nacionales e
internacionales, 1era ed., España, Gesbiblo S.L., 2006,
pág. 243.
Ahora bien, aunque el demandante no tiene que
establecer la negligencia del fabricante, este último “no
es asegurador absoluto de todos los daños que puedan ser
ocasionados por sus productos”. Aponte v. Sears Roebuck de
P.R., Inc., supra, pág. 841. Es necesario determinar si el
fabricante sabía o debió haber sabido del peligro o riesgo
implicado. Íd. El fabricante solo es responsable de los
daños sufridos por el demandante cuando este haya brindado
un uso razonablemente previsible al producto. Íd., pág.
839. Un fabricante no es garante de las lesiones que CC-2015-0175 15
resultan de alteraciones o modificaciones sustanciales
realizadas por un tercero sobre el producto que lo torna
defectuoso o inseguro. Hoover v. New Holland N. Am., Inc.,
11 N.E.3d 693, 702 (N.Y. 2014). Esta norma, reconocida como
la defensa de modificación sustancial, está destinada a
aislar a los fabricantes y los otros sujetos en la cadena
de distribución de la responsabilidad por los daños que
nunca se habrían producido de no ser por la variación
posventa del producto que, de otro modo, no era defectuoso.
Íd., pág. 704.
Como resultado, la utilización incorrecta y la
modificación sustancial de un producto configuran una
defensa aplicable frente a productos que no presentaban un
defecto cuando salieron del ámbito de control del
fabricante pero, en un momento posterior, sufrieron algún
vicio como consecuencia de un uso incorrecto o una
alteración sustancial en su forma originaria.6 No se puede
esperar que un fabricante sea responsable por los agravios
sufridos cuando un producto seguro es modificado de tal
manera que pasa a ser defectuoso o cuando se le brinda un
uso imprevisible e irrazonable que lo torna en peligroso.
En otras palabras, un fabricante no tiene la obligación
legal de anticipar todas las posibles adaptaciones de su
6 Las “causas de exoneración y reducción” de responsabilidad que prevé la legislación española vigente son similares a las que admite la jurisprudencia americana. Véase Ramón P. Rodríguez Montero, op. cit., págs. 253-254. CC-2015-0175 16
producto ni de garantizar que el producto sea incapaz de
causar lesiones en todas sus posibles aplicaciones.
No empece lo anterior, el fabricante sí tiene la
obligación de anticipar aquellos usos o modificaciones que
un comprador puede previsiblemente practicar. La defensa
discutida solo opera en aquellos supuestos en los que el
fabricante no podía haber previsto razonablemente la
actuación incorrecta o la alteración realizada en su
producto. Es precisamente por esto, que la doctrina de
responsabilidad estricta le exige ofrecer aquellas
instrucciones sobre el manejo adecuado del producto y
alertar sobre las consecuencias dañinas previsibles que
puedan surgir al utilizar, correcta o incorrectamente, el
producto. Simultáneamente, debe advertir sobre los posibles
riesgos que le constan en el uso del producto. Aponte v.
Sears Roebuck de P.R., Inc., supra, pág. 841.
Lo dicho hasta aquí supone que un fabricante o vendedor
puede ser responsable frente al perjudicado si sabía o le
era viable saber de peligros inherentes en el uso
inadecuado del producto, como lo es no brindarle el
mantenimiento o la limpieza correspondiente, pero falló en
incluir advertencias o instrucciones adecuadas al respecto.
En estas situaciones, la defensa de modificación sustancial
únicamente procederá si el fabricante demuestra que el mal
uso era imprevisible como cuestión de derecho. Véase Hoover
v. New Holland N. Am., Inc., supra, pág. 704. CC-2015-0175 17
III.
La controversia que atendemos nos exige, una vez más,
examinar el mecanismo procesal de la sentencia sumaria
instituido en nuestra Regla 36 de Procedimiento Civil, 32
LPRA Ap. V. R. 36. La función esencial de la sentencia
sumaria es permitir en aquellos litigios de naturaleza
civil que una parte pueda mostrar previo al juicio que,
tras las partes contar con la evidencia que ha sido
debidamente descubierta, no existe una controversia
material de hecho que deba ser dirimida en un juicio
plenario y, por lo tanto, el tribunal está en posición de
aquilatar precisamente esa evidencia para disponer del caso
ante sí. Véase Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club,
Op. de 2 de diciembre de 2015, 2015 TSPR 159, 194 DPR ___
(2015). Por eso, hemos reseñado que con este mecanismo
procesal se facilita la solución justa, rápida y económica
de un pleito cuando no existe un conflicto genuino en torno
a los hechos materiales que componen la causa de acción que
se contempla. Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 25
(2014). En efecto, el tribunal queda facultado para
disponer sumariamente de la controversia ante su
consideración sin la necesidad de celebrar un juicio debido
a que, precisamente por la ausencia de controversia sobre
los hechos materiales en los que se funda el pleito,
únicamente resta aplicar el derecho. SLG Zapata Berríos v.
J.F. Montalvo Cash & Carry Inc., 189 DPR 414, 430 (2013). CC-2015-0175 18
Para poner en marcha este mecanismo procesal, la parte
promovente debe establecer su derecho con claridad y
demostrar que en ese momento no existen hechos materiales
en controversia. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213
(2010). A continuación, la parte promovida puede oponerse a
que el tribunal disponga de la controversia por esta vía
procesal. No obstante, esa parte carga con el deber de
señalar específicamente los hechos que entiende que están
en controversia y que pretende controvertir, así como de
detallar la evidencia admisible en la que sostiene su
impugnación. SLG Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash &
Carry Inc., supra, pág. 432. De igual modo, puede también
someter hechos materiales adicionales que no están en
disputa y que impiden que se dicte sentencia sumaria. En
fin, la persona que se oponga a que se dicte sentencia
sumaria debe controvertir la prueba presentada. Ramos Pérez
v. Univisión, supra, pág. 215.
En ese escenario, la parte promovida no puede
simplemente descansar en sus alegaciones cuando la moción
de sentencia sumaria está sustentada con prueba. Para
derrotar la moción no basta con presentar meras
afirmaciones. Si lo hace se corre el riesgo de que se acoja
la solicitud de sentencia sumaria y se resuelva en su
contra. Íd. Es por esto que la Regla 36.3(c) de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 36.3(c), permite que
el tribunal dicte sentencia sumaria a favor del promovente
si la parte contraria no responde de forma detallada y CC-2015-0175 19
específica a una solicitud formulada debidamente. SLG
Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry Inc., supra,
pág. 432. Sin embargo, el mero hecho de no oponerse a la
solicitud de sentencia sumaria no implica necesariamente
que esta proceda si existe una controversia legítima sobre
un hecho material. Íd. Queda claro que la sentencia sumaria
debe proceder como cuestión de derecho.
En nuestro ordenamiento adoptamos el modelo de
sentencia sumaria por insuficiencia de prueba acuñado en la
esfera federal. Véase Medina v. M.S. & D. Química P.R.,
Inc., 135 DPR 716 (1994). Del mismo modo, reconocimos que
la parte demandada puede promover esa solicitud. Véase
Pérez v. El Vocero de PR, 149 DPR 427 (1999). Esta
modalidad procede cuando la parte demandante no cuenta con
evidencia suficiente para probar su caso y requiere del
promovente establecer que: (1) el juicio en su fondo es
innecesario; (2) el demandante no cuenta con evidencia
suficiente para probar algún hecho esencial a su
reclamación, y (3) como cuestión de derecho, procede la
desestimación de la reclamación. Ramos Pérez v. Univisión,
supra, págs. 217-218.
Esta modalidad cobra aún más pertinencia en nuestro
ordenamiento donde la figura del juzgador de los hechos y
del derecho en los pleitos civiles recae enteramente sobre
el juez. Distinto a las jurisdicciones donde rige el juicio
por jurado en el ámbito civil, en nuestro sistema judicial
es el juez quien el día del juicio escuchará la misma CC-2015-0175 20
evidencia con la cual ya cuenta desde el momento en que
culminó el descubrimiento de prueba y se le presentó como
parte de una moción de sentencia sumaria. Así, en nuestro
ordenamiento procesal es el juez el único examinador
llamado a dirimir si una parte cumple con su carga
probatoria para establecer la causa de acción que invoca.
Ahora bien, para disponer del pleito mediante una
solicitud de sentencia sumaria por ausencia de prueba es
indispensable que se le haya brindado a la parte promovida
amplia oportunidad para realizar un descubrimiento de
prueba adecuado y debe quedar demostrado que, una vez este
concluye, la prueba descubierta no satisface los elementos
necesarios para establecer su causa de acción. Claro está,
consumado un descubrimiento de prueba adecuado, la parte
promovida deberá presentar una oposición a la solicitud de
sentencia sumaria debidamente fundamentada. No puede evadir
la moción del promovente bajo el mero pretexto de que, a
pesar de no contar con evidencia suficiente para probar un
elemento indispensable para su reclamación, merece su “día
en corte”.
IV.
En su recurso de certiorari, la parte peticionaria,
AMO, afirma que a pesar de que los foros recurridos
encontraron la falta o no de mantenimiento como un hecho en
controversia, este es inmaterial para disponer del caso por
la vía sumaria. Es decir, arguye que si el equipo utilizado
durante el procedimiento quirúrgico del señor Rodríguez CC-2015-0175 21
Méndez se encontrara o no esterilizado o limpio “no tiene
absolutamente nada que ver” con su responsabilidad, ni con
la reclamación por productos defectuosos. Certiorari, pág.
30. Sin embargo, según discutido a continuación, esa
aseveración es incorrecta.
Como afirmamos anteriormente, el fabricante de un
producto y todos los participantes en la cadena de
distribución tienen la obligación de insertar en el mercado
productos que se encuentren libres de defectos. Este deber
no es irrestricto y se extiende a aquellos usos o cambios
previsibles que un comprador o usuario podría efectuar al
utilizar razonablemente el producto bajo examen. Ante este
marco doctrinal, AMO viene llamada a proveer aquellas
instrucciones y advertencias en torno al uso apropiado y el
cuidado adecuado que se le debe brindar a su producto para
que al ser utilizado, según contemplado, no cause lesiones.
En ese sentido, la insuficiencia de instrucciones en torno
al mantenimiento apropiado y común para un producto podría
conllevar la imposición de responsabilidad estricta bajo la
modalidad de advertencias inadecuadas.
En este punto, sí coincidimos con la apreciación de AMO
en torno a la importancia de diferenciar las causas de
acción presentes en este caso. Por un lado, la
responsabilidad extracontractual de AMO no emana de los
posibles actos u omisiones del doctor Del Toro al no
brindarle el mantenimiento correspondiente al producto. De
ser ese el caso, AMO respondería al no proveer las CC-2015-0175 22
advertencias necesarias sobre los peligros, usos o
alteraciones previsibles al producto. Por otro lado, si AMO
proporcionó instrucciones adecuadas y fue el doctor Del
Toro quien se apartó del uso razonable de la maquinaria
quirúrgica o no le brindó el mantenimiento requerido los
recurridos solo podrían solicitar indemnización por la
falta de cuidado del galeno bajo una teoría de negligencia.
En vista de lo anterior, es incorrecto el argumento de
AMO en torno a que no ostenta ningún deber legal frente al
peticionario aquí perjudicado bajo la doctrina de
responsabilidad estricta por productos defectuosos.
Reafirmamos que esta doctrina salvaguarda que los
fabricantes y vendedores introduzcan productos seguros en
el mercado y adviertan a los consumidores sobre la manera
adecuada de utilizarlos, así como de los riesgos que puedan
ocurrir al apartarse del manejo indicado.
Ahora bien, AMO objeta el que se denegara su moción de
sentencia sumaria por insuficiencia de la prueba, ya que
los recurridos no cuentan con evidencia suficiente para
establecer una causa de acción en su contra bajo la
doctrina de responsabilidad estricta por productos
defectuosos. A tales efectos, advierte que los recurridos
no pueden establecer cuál es el defecto del equipo que AMO
distribuyó, ni demostrar que ese defecto fue la causa
adecuada de sus daños.
En su demanda los recurridos denunciaron que el equipo
Microkeratomo distribuido por AMO y utilizado durante la CC-2015-0175 23
operación de corrección visual estaba defectuoso porque
quedaron partículas en los ojos del señor Rodríguez Méndez.
AMO refutó la existencia de un defecto, así como su
relación causal con los daños, y apoyó tal contención en el
testimonio bajo juramento del señor Rodríguez Méndez, del
doctor Teich y del doctor Del Toro. Antagónicamente, la
opinión del perito de los recurridos establece claramente
que aun de existir partículas de metal del Microkeratomo en
los ojos del señor Rodríguez Méndez estas no guardan
relación con las complicaciones alegadas. Además, el
experto dijo que no tenía una base razonable para sospechar
que la condición de DLK se debió a un problema con el
equipo utilizado. Igualmente, el señor Rodríguez Méndez
aceptó desconocer la existencia de algún defecto en el
equipo utilizado en su operación. Al intentar controvertir
esa prueba, los recurridos se limitaron a exponer
alegaciones imprecisas, retóricas y conclusivas cuyo único
efecto fue establecer que no es normal que se hallen
partículas de metal en los ojos. En ese extremo, su
oposición a la moción de sentencia sumaria es, de su faz,
deficiente e insuficiente.
Correspondía a los recurridos demostrar que: (1) el
equipo de AMO posee un defecto, en cualquiera de sus
modalidades; (2) el defecto existía cuando el producto
salió del control de AMO; (3) AMO se encuentra en el
negocio de vender ese tipo de producto; (4) el defecto fue
la causa adecuada de la condición que desarrolló el señor CC-2015-0175 24
Rodríguez tras la intervención quirúrgica; y (5) el doctor
Del Toro usó el producto de manera razonable y previsible
por AMO. Sin embargo, resulta patente que los recurridos no
lograron establecer que el equipo de AMO sufre de un
defecto de fabricación, fue diseñado defectuosamente, o no
fue acompañado por advertencias adecuadas, ni la relación
causal entre el defecto alegado y sus daños. Peor aún, no
refutaron el hecho incontrovertido de que la condición DLK
no está relacionada con algún posible defecto que pudiera
tener el equipo. Es decir, aun cuando el señor Rodríguez
Méndez hubiera tenido partículas metálicas en sus ojos por
un desperfecto en el equipo quedó demostrado firmemente por
la prueba pericial de ambas partes que esto no fue lo que
causó la condición DLK. Además, AMO demostró que esa
condición puede surgir como complicación de la operación
LASIK a la que fue sometido el señor Rodríguez Méndez,
independientemente de cuál fue el equipo utilizado. Los
recurridos aceptaron este último hecho.
Luego de un análisis sosegado del expediente,
apreciamos que están presentes todos los elementos para la
procedencia de una sentencia sumaria por insuficiencia de
prueba. La inclusión de AMO en el juicio en su fondo es
innecesaria debido a que los recurridos no cuentan con
evidencia para probar la existencia de un defecto y, mucho
menos, que este fue la causa adecuada de la condición DLK
que el señor Rodríguez Méndez desarrolló tras su
intervención quirúrgica. Por esa razón, los recurridos no CC-2015-0175 25
pueden establecer los elementos esenciales de su
reclamación y procede la desestimación de su demanda contra
AMO.
No podemos pasar por alto que el descubrimiento de
prueba en este caso se extendió por diez años y los
recurridos tuvieron una oportunidad amplia para obtener la
evidencia necesaria para establecer los elementos de su
causa de acción. Es impermisible, bajo nuestro esquema
procesal civil, que al analizar una moción de sentencia
sumaria por insuficiencia de la prueba los tribunales
aseveren lacónicamente que es inevitable verter la prueba
en un juicio plenario cuando a todas luces la parte
demandante no pudo establecer, como mínimo, los elementos
de su causa de acción. Ir a juicio en esas circunstancias
sería un ejercicio fútil.
Ante la clara ausencia de prueba y el incumplimiento de
los recurridos con la Regla 36.3 de Procedimiento Civil,
supra, al no controvertir los hechos propugnados por la
parte peticionaria, luego de consumado un descubrimiento de
prueba adecuado, procede desestimar la causa de acción,
como cuestión de derecho, contra AMO por responsabilidad
estricta originada por un producto defectuoso. Aclaramos
que la presente Opinión no pasa juicio sobre la causa de
acción de los recurridos por alegada impericia médica y los
allí demandados no acudieron ante este foro. CC-2015-0175 26
V.
Por los fundamentos antes expuestos, se dicta sentencia
en la que se revoca la resolución del Tribunal de
Apelaciones y se desestima la demanda en cuanto a AMO.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sentencia
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se dicta sentencia en la que se revoca la resolución del Tribunal de Apelaciones y se desestima la demanda en cuanto a AMO.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurrió con el resultado sin opinión escrita.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo