EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María del Rocío Fonte Elizondo y Stella Infanzón Padilla Certiorari Peticionarias 2016 TSPR 194 v. 196 DPR ____ F & R Construction, S.E., Mora Development, Corp.
Recurridos
Número del Caso: CC-2014-528
Fecha: 1ro de septiembre de 2016
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón, Panel VII
Abogado de la parte Peticionaria:
Lcdo. Carlos E. Aguilar Pérez
Abogado de la parte Recurrida:
Lcdo. Juan E. Nater Santana
Materia: Derecho administrativo – Efecto de que una agencia acoja, resuelva y archive en autos su decisión sobre una moción de reconsideración antes del plazo estatutario, pero deposita en el correo la notificación luego de transcurrido el plazo
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María del Rocío Fonte Elizondo y Stella Infanzón Padilla
Peticionarias
v. CC-2014-528 Certiorari
F & R Construction, S.E., Mora Development, Corp.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Estrella Martínez
San Juan, Puerto Rico, a 1 de septiembre de 2016.
Nos corresponde precisar el efecto de que una agencia
administrativa acogió, resolvió y archivó en autos su
decisión, en torno a una moción de reconsideración, antes
del plazo estatutario dispuesto en la Sec. 3.15 de la Ley
de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, infra, pero por inadvertencia
depositó en el correo la notificación de ese dictamen con
posterioridad. Específicamente, debemos determinar si el
acto de notificación posterior privó de jurisdicción a la
agencia administrativa, y en consecuencia, si la parte
que solicitó revisión judicial acudió tardíamente al
Tribunal de Apelaciones. Veamos. CC-2014-528 2
I
Mediante querella presentada contra F & R
Construction, S.E. y Mora Development, Corp. (F & R y
Mora) ante el Departamento de Asuntos del Consumidor
(DACO), María del Rocío Fonte Elizondo y Stella Infanzón
Padilla (Fonte e Infanzón) alegaron la existencia de
ciertos vicios de construcción que resultaban en la ruina
funcional de su inmueble. Fonte e Infanzón solicitaron que
se resolvieran los problemas existentes y/o que DACO
ordenara lo que en derecho procediera.
Luego de los procesos de rigor, el 30 de marzo de
2005, DACO emitió una Resolución en la que declaró con
lugar la querella presentada, al concluir que los
desperfectos del inmueble constituían ruina funcional. De
esta forma, ordenó a F & R y Mora realizar las
reparaciones necesarias, y advirtió que de no efectuarlas,
vendrían obligadas a pagar $13,500, más intereses. Además,
impuso $5,000 por costas y honorarios de abogado. En
desacuerdo con los montos fijados por DACO, Fonte e
Infanzón solicitaron reconsideración. Con esto, se inició
un proceso que desembocó en un sinnúmero de trámites
procesales, impertinentes a la controversia ante nos, los
cuales se extendieron por varios años hasta que este
Tribunal emitió la Sentencia de 17 de junio de 2011.
Mediante ésta, se ordenó a DACO celebrar una vista para
que Fonte e Infanzón probaran los alegados daños sufridos CC-2014-528 3
y para atender su reclamo con relación a la cuantía de
honorarios de abogado otorgada.
Como resultado de la Sentencia emitida por este
Tribunal, DACO celebró la correspondiente vista, y el 18
de abril de 2013, emitió una Resolución en la que ordenó a
F & R y Mora el pago solidario de $50,000 por daños y
$18,000 por honorarios de abogado a favor de Fonte e
Infanzón. Copia de dicha resolución fue archivada en autos
el 19 de abril de 2013. Inconforme, el 2 de mayo de 2013,
la peticionaria solicitó reconsideración, con el fin de
aumentar las cuantías concedidas. El 9 de mayo de 2013,
DACO acogió la moción de reconsideración y concedió a F &
R y Mora un término para expresarse. Posteriormente, el 31
de julio de 2013, DACO emitió y archivó en autos una
Resolución en Reconsideración aumentando la partida en
daños, pero dejó inalterada la partida por honorarios de
abogado. La Resolución en Reconsideración fue depositada
en el correo el 1 de agosto de 2013.
Descontentas con la Resolución en Reconsideración, el
30 de agosto de 2013, F & R y Mora presentaron un recurso
de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. No obstante,
éste no fue notificado a Fonte e Infanzón. Por su parte, y
sin conocer del recurso presentado por F & R y Mora, Fonte
e Infanzón presentaron el 3 de septiembre de 2013 su
propio recurso de revisión ante el foro apelativo
intermedio. Ambos recursos fueron consolidados. CC-2014-528 4
Las partes presentaron sendas solicitudes de
desestimación ante el foro apelativo intermedio. Fonte e
Infanzón solicitaron la desestimación del recurso
presentado por F & R y Mora, ya que éstas incumplieron con
notificarles el recurso de revisión. Por su parte, F & R y
Mora solicitaron la desestimación del recurso presentado
por Fonte e Infanzón aduciendo que éste fue presentado
tardíamente. Para ello, sostuvieron que DACO no tenía
jurisdicción cuando notificó el 1 de agosto de 2013 la
Resolución en Reconsideración, por lo que alegaron que el
término para ir en alzada comenzó a decursar el 31 de
julio de 2013, cuando vencía el término para disponer de
la reconsideración presentada. Dirimidas las posturas de
las partes, el Tribunal de Apelaciones, dictó Sentencia
el 14 de octubre de 2013 en la que desestimó ambos
recursos.
En lo aquí pertinente, el Tribunal de Apelaciones
entendió que el recurso presentado por Fonte e Infanzón
fue tardío. Razonó que aunque DACO emitió y archivó en
autos su decisión en reconsideración el último día del
plazo estatutario, por haberse notificado al día
siguiente, perdió jurisdicción en torno a la moción de
reconsideración. Por tanto, concluyó que el término para
acudir en revisión comenzó a transcurrir el 31 de julio de
2013 y el recurso presentado por Fonte e Infanzón el 3 de CC-2014-528 5
septiembre de 2013 fue presentado tardíamente.1 Fonte e
Infanzón solicitaron reconsideración, la cual fue
declarada No Ha Lugar el 30 de mayo de 2014.
Oportunamente, Fonte e Infanzón recurren ante nos
mediante auto de certiorari. En éste, solicitan la
revocación parcial de la Sentencia del 14 de octubre de
2013, que declaró tardío el recurso presentado por éstas.
Así las cosas, este Tribunal expidió el recurso
presentado mediante Resolución emitida el 12 de diciembre
de 2014. Con el beneficio de las comparecencias de las
partes, procedemos a atender el asunto ante nuestra
consideración.
II
Para determinar si el Tribunal de Apelaciones actuó
correctamente al desestimar el recurso por falta de
jurisdicción, es preciso referirnos a las disposiciones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU),
Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et
seq. Procedemos.
La LPAU creó un cuerpo de reglas mínimas que rige las
agencias administrativas cobijadas por el estatuto. En lo
particular, establece cuándo procede la revisión judicial.
A estos efectos, instaura que, de ordinario, ésta se
realiza una vez se concluyen los trámites administrativos 1 En su dictamen, el Tribunal de Apelaciones tomó como punto de partida el momento en que la agencia perdía jurisdicción para resolver la moción de reconsideración presentada. CC-2014-528 6
y se adjudican todas las controversias pendientes ante la
agencia. J. Exam Tec. Méd. v. Elías, et al., 144 DPR 483,
490 (1997). Como parte de esos trámites el legislador
contempló la posibilidad de que las agencias
administrativas pudiesen corregir sus errores, mediante el
mecanismo de reconsideración. Ciertamente, ese mecanismo
promueve reducir al máximo posible incurrir en procesos de
revisión judicial, procurando alcanzar los postulados de
justicia y economía, enmarcados en la declaración de
política pública de la LPAU. Véase, Sec. 1.2 de la LPAU, 3
LPRA sec. 2101.
En lo que nos concierne, la Sec. 3.15 de la LPAU, 3
LPRA sec. 2165, provee para que se pueda solicitar
reconsideración ante una agencia administrativa. También
delimita expresamente las acciones que debe realizar la
agencia para no perder jurisdicción al disponer:
La parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución u orden, presentar una moción de reconsideración de la resolución u orden. La agencia dentro de los quince (15) días de haberse presentado dicha moción deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el término para solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso. Si se tomare alguna determinación en su consideración, el término para solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia de la notificación de la resolución de la agencia resolviendo definitivamente la moción de reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de CC-2014-528 7
la moción de reconsideración. Si la agencia acoge la moción de reconsideración pero deja de tomar alguna acción con relación a la moción dentro de los noventa (90) días de ésta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir de la expiración de dicho término de noventa (90) días salvo que la agencia, por justa causa y dentro de esos noventa (90) días, prorrogue el término para resolver por un período que no excederá de treinta (30) días adicionales.
Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la orden o resolución es distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. Íd. (Énfasis suplido).
Por otra parte, la Sec. 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec.
2172, regula la solicitud de revisión ante el Tribunal de
Apelaciones al establecer que la parte afectada puede
acudir en revisión ante el Tribunal de Apelaciones en un
término de treinta (30) días, contados a partir de la
fecha de archivo en autos de la copia de la notificación
de la orden o resolución de la agencia o a partir de la
fecha aplicable con relación a la disposición de una
moción de reconsideración.
Así pues, de conformidad con la Sec. 3.15 de la LPAU,
supra, una parte adversamente afectada por una resolución
de una agencia puede solicitar reconsideración en el
término jurisdiccional de veinte (20) días desde el
archivo en autos de la resolución u orden que desea
revisar. Si la agencia la rechaza de plano o no actúa
dentro de quince (15) días de presentada la moción de
reconsideración, el término para acudir en revisión al CC-2014-528 8
Tribunal de Apelaciones comienza a computarse desde que se
notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos
quince (15) días, según sea el caso. Empero, cuando la
agencia toma alguna determinación, como lo es ordenar a la
parte adversa que presente su posición, el término para
acudir en alzada no comienza a transcurrir hasta que la
agencia resuelva definitivamente la reconsideración
solicitada. Véanse, Asoc. de Cóndomines v. Meadows Dev.,
190 DPR 843 (2014); Ortiz v. Adm. Sist. de Retiro Emp.
Gob., 147 DPR 816, 822-823 (1999).2
De igual forma, y cónsono con la Sec. 4.2 de la LPAU,
supra, la citada sección considera el archivo en autos de
la notificación disponiendo de la reconsideración como el
punto de partida para el cómputo del término para acudir
en alzada. Empero, protege el derecho de las partes a
acudir en alzada cuando el archivo en autos no es
notificado simultáneamente. Pues, recordamos que
ordinariamente “como cuestión práctica y de realidad la
2 Véase, Asoc. Condómines v. Meadows Dev., 190 DPR 843 (2014) para un desarrollo histórico de los cambios con relación a los términos dispuestos para atender una solicitud de reconsideración ante las agencias administrativas. En ese caso, este Tribunal señaló que la agencia puede prorrogar por un término adicional de treinta (30) días el término de noventa (90) días que tiene para resolver una moción de reconsideración debidamente presentada y acogida, por lo que ésta tendrá hasta un máximo de ciento veinte (120) días para resolver una moción de reconsideración. De igual forma, aclaró que el término adicional de treinta (30) días para resolver la moción de reconsideración no se computa desde que se notifique la decisión de la agencia de prorrogar el mismo, sino que el plazo adicional se añade al término contado a partir de la presentación de la moción de notificación. Íd., págs. 852-853. CC-2014-528 9
notificación y el archivo en autos son actos que se
realizan al mismo tiempo y la experiencia nos ha
demostrado que así es”. (Énfasis suplido). Véase, García
Claudio v. García Guevara, 145 DPR 659, 662 (1998) citando
a Figueroa Rivera v. Tribunal Superior, 85 DPR 82, 88
(1962). De esta forma, se protege a una parte, que es
notificada posteriormente a la fecha en que se archivó en
autos la disposición del asunto ante la consideración de
la agencia, de que no sea privada de su derecho a
solicitar revisión judicial. Cónsono con ello, y a la luz
de nuestras expresiones en Rodríguez et al. v. A.R.Pe.,
149 DPR 111 (1999) y en Hosp. Dr. Domínguez v. Ryder, 161
DPR 341 (2004), sobre el hecho de que el término para
interponer un recurso de revisión judicial comienza a
decursar desde el depósito en el correo del archivo en
autos de la notificación, la Asamblea Legislativa aprobó
la Ley Núm. 132-2013. El propósito de esta pieza
legislativa consistió en proteger el derecho de las partes
a solicitar revisión judicial por la inadvertencia de los
oficiales encargados de archivar en autos y enviar
simultáneamente las notificaciones de las resoluciones u
órdenes administrativas. Por consiguiente, se incorporó y
aclaró que si la fecha de archivo en autos es distinta a
la del depósito en el correo, el plazo para interponer el
recurso de revisión comienza a partir de la fecha del
depósito en el correo. Véase, además, Florenciani v.
Retiro, 162 DPR 365 (2004). Con ello, se salvaguardan las CC-2014-528 10
garantías del debido proceso de ley para que las partes
puedan instar oportunamente su recurso de revisión al foro
apropiado cuando, por excepción, existe una tardanza entre
la fecha de archivo en autos y la fecha en que éste se
deposita en el correo. Hosp. Dr. Domínguez v. Ryder,
supra, págs. 345-346. Por consiguiente, la demora
excepcional en la notificación posterior del dictamen no
puede limitar a la parte afectada de preparar y presentar
su recurso de revisión cuando se deposita en el correo la
notificación del dictamen adverso, en una fecha posterior
a la del archivo en autos. Íd.3
Ahora bien, aunque el término para acudir en alzada
está sujeto a que la agencia administrativa disponga de la
moción de reconsideración acogida, éste no es a
perpetuidad. A estos efectos, la Sec. 3.15 de la LPAU,
supra, decreta que la agencia administrativa “perderá
jurisdicción” sobre la reconsideración si no toma alguna
acción “dentro de los noventa (90) días de ésta haber sido
radicada”. Íd. Del mismo modo, la Sec. 3.15 de la LPAU,
supra, precisa y vincula la jurisdicción de la agencia
administrativa a que la resolución sea “emitida y
archivada en autos” en el término de noventa (90) días
desde que ésta fue radicada. Íd.
3 Hemos sostenido que “el derecho a cuestionar la determinación de una agencia mediante revisión judicial es parte del debido proceso de ley protegido por la Constitución de Puerto Rico”. Véanse, Asoc. Condómines v. Meadows Dev., supra; Picorrelli López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720, 736 (2010); Asoc. Vec. de Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 DPR 24, 34 (1996). CC-2014-528 11
El marco doctrinal expuesto resulta trascendental,
porque la ausencia de jurisdicción conlleva la nulidad del
dictamen emitido, ya que se actúa sin autoridad o poder.
La falta de autoridad no es susceptible de ser subsanada y
las partes no pueden otorgarla a la agencia ni ésta puede
arrogársela. Véase, Aguadilla Paint Center v. Esso, 183
DPR 901 (2011). Asimismo, el que la agencia pierda
jurisdicción para atender la reconsideración instada,
repercute en el término que tiene una parte para poder
acudir en revisión. Ello pues, expirado el periodo que la
agencia administrativa tiene para disponer de la
reconsideración, comienza a decursar el plazo para acudir
en alzada. Ortiz v. Adm. Sist. de Retiro Emp. Gob., supra,
pág. 816.
La polémica se suscita cuando para determinar si la
agencia perdió jurisdicción, en cuanto a la solicitud de
reconsideración, se pretende equiparar la fecha de
depósito en el correo con la de archivo en autos de la
copia de la notificación de la resolución u orden. En
consecuencia, el razonamiento del foro apelativo
intermedio impondría a la agencia administrativa un
requisito adicional no contemplado en el estatuto, es
decir, que no tan sólo emita y archive en autos la
Resolución, sino que también la deposite en el correo
dentro del término de noventa (90) días contemplado en la
Sec. 3.15 de la LPAU, supra. Ello sería contrario también CC-2014-528 12
a la inalterada línea jurisprudencial aquí analizada y
observada por el legislador.
Como expusimos, la Ley Núm. 132-2013 propició
garantizar que las partes tuvieran la oportunidad de
advenir en conocimiento real de la decisión tomada a los
fines de poder ejercer los remedios disponibles en ley
para acudir en revisión judicial. En ningún momento, el
propósito de esa enmienda fue requerir a las agencias
administrativas notificar o depositar en el correo su
dictamen dentro del periodo jurisdiccional de noventa (90)
días que le impone la Sec. 3.15 de la LPAU, supra. Mucho
menos, enmendó el término jurisdiccional para disponer de
la moción de reconsideración. Por el contrario, el
lenguaje contenido en la referida sección se mantuvo
incólume al disponer que la resolución de la agencia
resolviendo definitivamente la moción de reconsideración
“deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los
noventa (90) días siguientes a la radicación” de ésta. Íd.
Véase, Informe de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara
de Representantes en torno a P. de la C. 924 de 17 de
junio de 2013, 1ra Sesión Ordinaria, 17ma Asamblea
Legislativa.
De conformidad con lo interpretado, si una parte
adversamente afectada por una resolución de una agencia
solicita reconsideración y la agencia la acoge para su
consideración, ésta perderá jurisdicción si no emite y
archiva en autos la resolución atendiendo la moción de CC-2014-528 13
reconsideración acogida dentro del término de noventa (90)
días desde que fue radicada, a menos que dentro de ese
plazo haya extendido el término por justa causa. La fecha
del depósito en el correo no incide sobre la jurisdicción
de la agencia para resolver la reconsideración acogida.
Empero, ésta es relevante al momento de calcular hasta
cuándo se puede acudir en alzada, si excepcionalmente ese
depósito es en una fecha distinta a la del archivo en
autos.
III
Para determinar si el Tribunal de Apelaciones perdió
jurisdicción para atender el recurso de Fonte e Infanzón,
debemos determinar si éstas cumplieron con los términos
que impone la LPAU para recurrir de una reconsideración
mediante revisión judicial.
En lo pertinente, el 19 de abril de 2013, DACO
archivó en autos la notificación de la Resolución
disponiendo de los derechos de Fonte e Infanzón.
Inconformes, éstas presentaron una oportuna
reconsideración el 2 de mayo de 2013. Dentro del término
para ello, el 9 de mayo de 2013, DACO concedió a F & R y
Mora un término para expresarse con relación a la
reconsideración instada. Por tanto, DACO tenía
jurisdicción para atender la reconsideración por un
periodo de noventa (90) días a partir del 2 de mayo de
2013. En ese intervalo debía emitir y archivar en autos la
disposición en reconsideración. El último día del término CC-2014-528 14
de noventa (90) días dispuesto en la Sec. 3.15 de la LPAU,
supra, vencía el 31 de julio de 2013. En esa fecha, y sin
perder jurisdicción para ello, DACO emitió y archivó en
autos la Resolución en Reconsideración disponiendo
definitivamente de la reconsideración presentada por Fonte
e Infanzón.
A pesar de ello, el depósito en el correo de la
notificación se hizo el 1 de agosto de 2013. Tal proceder
no incidió sobre la jurisdicción de la agencia para
disponer de la moción de reconsideración. El depósito en
el correo es relevante a los efectos de establecer si
Fonte e Infanzón acudieron oportunamente ante el Tribunal
de Apelaciones. La Sec. 4.2 de la LPAU, supra, requiere
que éstas acudan en un término de treinta (30) días desde
el archivo en autos de copia de la notificación o desde el
depósito en el correo si ésta es distinta a la fecha de
notificación. Así las cosas, los treinta (30) días para
acudir en revisión administrativa expiraban el martes, 3
de septiembre de 2013.4 Por tanto, Fonte e Infanzón
acudieron oportunamente al Tribunal de Apelaciones. En
consecuencia, el Tribunal de Apelaciones erró al concluir
que el recurso de Fonte e Infanzón fue presentado
tardíamente.
4 El término venció el sábado, 31 de agosto de 2013. El próximo día laborable fue el martes, 3 de septiembre de 2013. El lunes, 2 de septiembre de 2013, fue un día feriado legal por conmemorarse el Día del Trabajo. CC-2014-528 15
IV
En virtud de lo anterior, se revoca al Tribunal de
Apelaciones y se remite el caso a ese foro para que
atienda el recurso instado por Fonte e Infanzón.
LUIS F. ESTRELLA MARTÍNEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se revoca al Tribunal de Apelaciones y se remite el caso a ese foro para que atienda el recurso instado por Fonte e Infanzón.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres concurre con el resultado con opinión escrita, a la cual se unió el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre con el resultado sin opinión escrita.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
CC-2014-0528 v.
Opinión Concurrente emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES a la cual se unió el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN.
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de septiembre de 2016. La controversia ante este
Tribunal se limita estrictamente a si
una agencia administrativa pierde
jurisdicción si no notifica a las partes
su determinación dentro del término de
noventa días luego de haber acogido una moción de
reconsideración. En cuanto a este asunto, estoy de
acuerdo con el resultado al que llega la Opinión
del Tribunal debido a que conforme a la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU),
infra, la notificación fuera de ese término no
priva de jurisdicción a la agencia. No obstante, en
vista de que una mayoría de este Foro opta por CC-2014-0528 2
hacer pronunciamientos que se extralimitan a esa
controversia, concurro.
Aunque los hechos de este caso están muy bien
expuestos en la Opinión mayoritaria, conviene repasar los
más relevantes a la controversia planteada.
El 18 de abril de 2013, el Departamento de Asuntos
del Consumidor (DACO) emitió una resolución en la que
declaró con lugar una querella sobre daños y perjuicios
por vicios de construcción. Consecuentemente, ordenó a F &
R Construction, S.E. y a Mora Development, Corp. (F & R y
Mora) pagar ciertas sumas a María del Rocío Fonte Elizondo
y Stella Infanzón Padilla (las señoras Fonte e Infanzón),
por concepto de daños y honorarios de abogado. Esa
resolución se archivó en autos el 19 de abril de 2013.
Insatisfechas con el monto de las partidas concedidas, el
2 de mayo de 2013, las señoras Fonte e Infanzón le
solicitaron al DACO que reconsiderara su decisión. El 9 de
mayo de 2013, la agencia administrativa acogió la moción
de reconsideración y le concedió a F & R y Mora un término
de veinte días para exponer su posición, gestión que llevó
a cabo oportunamente.
El 31 de julio de 2013, el DACO emitió y archivo en
autos una resolución en la que, en reconsideración,
aumentó el monto concedido por concepto de indemnización
por los daños y perjuicios pero dejó inalterada la
cantidad por honorarios de abogado. Esa resolución se CC-2014-0528 3
depositó en el correo al día siguiente, es decir, el 1 de
agosto de 2013. En desacuerdo con ese dictamen, tanto F &
R y Mora como las señoras Fonte e Infanzón, presentaron
sus respectivos recursos de revisión ante el Tribunal de
Apelaciones. F & R y Mora presentaron su recurso el 30 de
agosto de 2013, mientras que las señoras Fonte e Infanzón
hicieron lo correspondiente el 3 de septiembre de 2013.
Por un lado, el foro apelativo intermedio desestimó el
recurso de F & R y Mora, debido a que no cumplieron con el
requisito de notificar al abogado de las señoras Fonte e
Infanzón. Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones
también desestimó el recurso de las señoras Fonte e
Infanzón pues se presentó tardíamente. En particular, el
foro apelativo intermedio consideró que, a pesar de que el
DACO resolvió la moción de reconsideración que presentaron
las señoras Fonte e Infanzón dentro del término de noventa
días dispuesto en la LPAU para ello, como la notificación
a las partes se hizo fuera de ese término, la agencia
perdió jurisdicción sobre el caso. Por ende, el Tribunal
de Apelaciones razonó que el término para presentar el
recurso de revisión comenzó a transcurrir al finalizar el
periodo de noventa días, es decir, el 31 de julio de 2013.
Las señoras Fonte e Infanzón presentaron una moción de
reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar.
Oportunamente, estas recurrieron ante nos mediante un
recurso de certiorari, el cual expedimos. CC-2014-0528 4
La LPAU, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según
enmendada, 3 LPRA sec. 2101 et seq., regula los
procedimientos adjudicativos que se llevan a cabo por las
agencias administrativas. Entre los aspectos de esos
procedimientos que la LPAU regula se encuentran los
términos y las condiciones bajo los cuales se deben
tramitar las mociones de reconsideración ante las agencias
administrativas y los recursos de revisión ante el
Tribunal de Apelaciones.
En lo concerniente a este caso, la Sec. 3.15 de la
LPAU, 3 LPRA sec. 2165, establece las normas relacionadas
a las mociones de reconsideración. Específicamente,
dispone que “[l]a parte adversamente afectada por una
resolución u orden parcial o final podrá, dentro del
término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en
autos de la notificación de la resolución u orden,
presentar una moción de reconsideración de la resolución u
orden”. Íd. A su vez, “[l]a agencia dentro de los quince
(15) días de haberse presentado dicha moción deberá
considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare dentro
de los quince (15) días, el término para solicitar
revisión comenzará a correr nuevamente desde que se
quince (15) días, según sea el caso”. Íd. En cambio, “[s]i
se tomare alguna determinación en su consideración, el
término para solicitar revisión empezará a contarse desde CC-2014-0528 5
la fecha en que se archive en autos una copia de la
notificación de la resolución de la agencia resolviendo
definitivamente la moción de reconsideración”. Íd.
Con tal de procurar que los procedimientos en esta
etapa ante las agencias administrativas se tramiten con la
mayor agilidad posible, la LPAU instruye que la
“resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro
de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la
moción de reconsideración”. Íd. Para fomentar que las
agencias administrativas resuelvan oportunamente las
mociones de reconsideración, el estatuto establece que
Si la agencia acoge la moción de reconsideración pero deja de tomar alguna acción con relación a la moción dentro de los noventa (90) días de ésta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir de la expiración de dicho término de noventa (90) días salvo que la agencia, por justa causa y dentro de esos noventa (90) días, prorrogue el término para resolver por un período que no excederá de treinta (30) días adicionales. (Énfasis suplido) Íd.
Finalmente, luego de una enmienda reciente, la Sec.
3.15 de la LPAU señala que “[s]i la fecha de archivo en
autos de copia de la notificación de la orden o resolución
es distinta a la del depósito en el correo de dicha
notificación, el término se calculará a partir de la fecha
del depósito en el correo”. Íd.
Por otro lado, la Sec. 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec.
2172, regula lo relacionado a los recursos de revisión
ante el Tribunal de Apelaciones. Esta dispone que “[u]na CC-2014-0528 6
parte adversamente afectada por una orden o resolución
final de una agencia […] podrá presentar una solicitud de
revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un
término de treinta (30) días contados a partir de la fecha
del archivo en autos de la copia de la notificación de la
orden o resolución final de la agencia”. Igualmente, ese
término de treinta días se puede computar a partir de la
fecha aplicable cuando se presenta una moción de
reconsideración. Íd. Además, esta sección establece que
“si la fecha de archivo en autos de copia de la
notificación de la orden o resolución final de la agencia
o del organismo administrativo apelativo correspondiente
Según estas secciones de la ley, los recursos de
revisión tienen que perfeccionarse dentro del término
jurisdiccional de treinta días a partir del archivo en
final de la agencia administrativa. Como norma general,
ese archivo en autos ocurre el mismo día que se deposita
en el correo la notificación a las partes de tal
acontecimiento. No obstante, en caso de que no sea de esa
forma, la LPAU dispone para que el término comience a
decursar en la fecha en que se depositó en el correo esa
notificación. Esto, naturalmente, parte del supuesto de
que la agencia administrativa dispuso expresamente de la CC-2014-0528 7
moción de reconsideración dentro del término provisto por
la LPAU.
Ahora bien, en caso de que ello no sea así, el
estatuto establece que “si la agencia acoge la moción de
reconsideración pero deja de tomar alguna acción con
relación a la moción dentro de los noventa (90) días de
ésta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la
misma y el término para solicitar la revisión judicial
empezará a contarse a partir de la expiración de dicho
término”. Sec. 3.15 de la LPAU, supra.
En este caso la agencia administrativa emitió y
archivó en autos copia de su resolución en la que dispuso
de la moción de reconsideración dentro del término de
noventa días. Sin embargo, no depositó en el correo la
notificación de tal archivo dentro de ese período. Por lo
tanto, nuestros pronunciamientos en estos momentos se
deben limitar a si bajo los hechos particulares que
tenemos ante nos, la agencia administrativa perdió
jurisdicción y qué implicaciones, si algunas, tuvo esto
sobre los términos para acudir en revisión al Tribunal de
Apelaciones. Cualquier pronunciamiento aplicable a hechos
distintos resulta superfluo.
De esta forma, únicamente debemos resolver si la frase
“alguna acción” implica que la agencia administrativa
viene obligada a depositar en el correo la notificación a
las partes dentro del término de noventa días con tal de CC-2014-0528 8
no perder jurisdicción. En cuanto a este asunto, coincido
con la Opinión del Tribunal respecto a que el no depositar
en el correo la notificación dentro del término de noventa
días no priva de jurisdicción a la agencia administrativa.
Ahora bien, entiendo respetuosamente que la Opinión
mayoritaria se embarca en una discusión adicional e
innecesaria, pues pretende resolver un asunto que no está
ante nuestra consideración en estos momentos. La mayoría
intenta resolver qué efecto tiene sobre la jurisdicción de
las agencias administrativas el que no se archive en autos
copia de la resolución dentro del término de noventa días.
Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió en este caso, por
lo que cualquier expresión sobre ese asunto constituye
obiter dicta. Peor aún, además de ser expresiones sobre un
escenario hipotético, opino que la interpretación que hace
la Opinión del Tribunal es incorrecta y no encuentra apoyo
en el texto de la LPAU. En cambio, considero que la LPAU
solo vincula la jurisdicción de la agencia a que esta tome
“alguna acción”, esto es, a que emita su determinación
dentro del término de noventa días y no a que la
“resolución sea emitida y archivada en autos”, como
sugiere una mayoría de este Tribunal. (Énfasis suplido)
Cf. Opinión del Tribunal, pág. 10.
El término “alguna acción” implica que la agencia no
tiene que tomar todas las acciones que le corresponden
para no perder su jurisdicción. Es decir, la entidad bien
puede emitir su determinación y no archivarla en autos ni CC-2014-0528 9
notificarla, y esto no significa que perdió jurisdicción.
El deber de la agencia administrativa de llevar a cabo
estas gestiones dentro de un término específico no
significa que si deja de hacerlas todas dentro de ese
período, pierde su jurisdicción. El legislador estableció
consecuencias limitadas para ese incumplimiento. Si este
hubiera querido que la agencia perdiera jurisdicción si no
tomaba todas las acciones ministeriales, es decir, si no
emitía su decisión, la archivaba en autos y la notificaba
dentro del término de noventa días, en vez de incluir la
frase “deja de tomar alguna acción” hubiese dispuesto
expresamente que ello ocurriría si la agencia “deja de
emitir, archivar en autos su resolución y notificar”. En
otras palabras, “alguna acción” no es lo mismo que “todas
las acciones a tomar”.
Me parece lógico que el legislador no hiciera lo que
la mayoría dice. Lo importante es que la agencia decida en
noventa días. El archivo en autos de copia de la
notificación y el depósito en el correo de esa
notificación son actos ministeriales de un funcionario de
oficina. El legislador no pudo haber querido que la
validez de un dictamen de una agencia que se emitió a
tiempo dependiera de la eficiencia de la gestión de un
empleado en la secretaría. El texto de la LPAU y su
historial legislativo no nos llevan a concluir eso.
Además, la interpretación que hoy avala una mayoría de
este Tribunal tiene la nefasta consecuencia de que un CC-2014-0528 10
empleado pueda invalidar una decisión de una agencia
administrativa, que bajo otro escenario sería válida, con
meramente retrasar una tarea administrativa como lo es
archivar en autos copia de una notificación. No tengo que
abundar para darnos cuenta de lo peligroso de esa norma.
Esa no fue la voluntad del legislador al aprobar la LPAU.
Por lo tanto, entiendo que una agencia administrativa
solo pierde jurisdicción cuando acoge una moción de
reconsideración y no emite una resolución dentro de los
noventa días tras la presentación de una solicitud de
reconsideración. Esto es así, naturalmente, salvo que se
haya extendido tal plazo por justa causa como lo contempla
la LPAU. En cambio, el archivo en autos y el depósito en
el correo fuera del término de noventa días no inciden
sobre la jurisdicción de la agencia administrativa. Solo
afectan el cómputo del plazo para presentar un recurso de
revisión judicial.
En este caso, el Tribunal de Apelaciones razonó que el
recurso de revisión judicial que las señoras Fonte e
Infanzón presentaron fue tardío. Para el foro apelativo
intermedio, el término de treinta días para perfeccionar
el recurso se debía computar a partir del día noventa
aunque el DACO todavía no hubiera depositado en el correo
copia de su dictamen. Según el Tribunal de Apelaciones, en
esa fecha la agencia se quedó sin jurisdicción para
atender la moción de reconsideración porque, a pesar de CC-2014-0528 11
que emitió y archivó en autos la resolución en la que
dispuso de esa moción dentro del término de noventa días,
depositó en el correo la notificación a las partes el día
noventa y uno.
Respecto a este punto, coincido con la Opinión
mayoritaria en cuanto a que erró el Tribunal de
Apelaciones en su razonamiento. El DACO no perdió
jurisdicción por depositar en el correo su notificación
fuera del término de noventa días. Por el contrario, la
agencia administrativa preservó su autoridad para disponer
de la moción de reconsideración y su dictamen a esos fines
era válido. De esta forma, entiendo que el recurso de
revisión de las señoras Fonte e Infanzón se interpuso
oportunamente. Consecuentemente, estoy de acuerdo con
revocar el dictamen del Tribunal de Apelaciones y devolver
el caso a ese foro para que atienda el recurso instado por
las señoras Fonte e Infanzón.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado