San Antonio Acha Y Otros v. García Vélez
This text of 2016 TSPR 227 (San Antonio Acha Y Otros v. García Vélez) is published on Counsel Stack Legal Research, covering Supreme Court of Puerto Rico primary law. Counsel Stack provides free access to over 12 million legal documents including statutes, case law, regulations, and constitutions.
Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Guillermo San Antonio Acha, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático
Peticionario
v.
Liza García Vélez, en su capacidad oficial como Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones; Aníbal Vega Borges, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista; Roberto I. Aponte Berríos, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño y José F. Córdova Iturregui, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido del Pueblo Trabajador 2016 TSPR 227 Recurridos 196 DPR ____
Aníbal Vega Borges, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista
Liza García Vélez, en su capacidad oficial como Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones; Guillermo San Antonio Acha, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático; Partido Independentista Puertorriqueño, por conducto de su Comisionado Electoral Sr. Roberto U. Aponte Berrios; Partido del Pueblo Trabajador por conducto de su Comisionado Electoral Dr. José F. Córdova Iturregui
Recurridos CT-2016-15 2
Número del Caso: CT-2016-15
Fecha: 4 de noviembre de 2016
Abogados de la parte Peticionaria:
Comisionado Electoral del PNP Lcda. María Elena Vázquez Graziani Lcdo. Hamed G. Santaella Carlo Lcdo. Alfonso A. Orona Amilivia
Abogados de la parte Recurrida:
Comisionado Electoral del PPD Lcdo. Pedro Ortiz Alvarez Lcdo. Guillermo San Antonio Acha Lcdo. Jorge Martínez Luciano Lcda. Alexis G. Rivera Medina
Comisionado Electoral del PPT Lcda. Rosa M. Seguí Cordero
Comisionado Electoral del PIP Lcdo. Luis E. Romero Nieves
Comisión Estatal de Elecciones Lcdo. Manuel Izquierdo Encarnación Lcdo. Héctor E. Pabón Vega
Comisiona Especial: Lcda. Aileen Navas Auger
Materia: Sentencia con opiniones disidentes.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Guillermo San Antonio Acha, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático
Liza García Vélez, en su capacidad oficial como Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones; Aníbal Vega Borges, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista; Roberto I. Aponte Berríos, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño y José F. Córdova Iturregui, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido del Pueblo Trabajador CT-2016-15
Recurridos
Aníbal Vega Borges, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista
Liza García Vélez, en su capacidad oficial como Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones; Guillermo San Antonio Acha, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Popular 1
Democrático; Partido Independentista Puertorriqueño, por conducto de su Comisionado Electoral Sr. Roberto U. Aponte Berrios; Partido del Pueblo Trabajador por conducto de su Comisionado Electoral Dr. José F. Córdova Iturregui
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 2016.
Tradicionalmente para las elecciones generales,
electores activos de todas las ideologías y creencias
políticas solicitan el ejercicio del voto por adelantado
autorizado por la Ley Electoral, infra, por confrontar
problemas de movilidad. Figure que un elector presenta a
tiempo la solicitud correspondiente, firmada por un
médico, quien certifica que en efecto tiene impedimentos
de movilidad. El elector confía que no hay problemas con
su solicitud porque nadie le ha dicho que los haya. Sin
embargo, para su sorpresa, a días de las elecciones su
solicitud de voto adelantado es automáticamente dejada sin
efecto porque el Comisionado Electoral de un partido
político impugna su petición y nunca le notifica. Peor
aún, la Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones
(CEE) toma la decisión de denegar esa solicitud y no
notifica oportunamente a ese elector de manera que pueda 2
defender su derecho. Por ende, nadie le dio la oportunidad
de defender su derecho en la CEE ni ante los tribunales.
Este cuadro se agrava aún más, cuando la CEE
expresamente reconoce que notificó tardíamente a los
electores al enviar su decisión por correo regular dos
días más tarde. Esto, a pesar de que ese elector tan sólo
cuenta con 24 horas para cuestionar esa decisión ante los
tribunales. Es decir, primero no le avisaron de la
impugnación y cuando al fin decidieron en la CEE, causaron
que se enterara cuando ya era muy tarde para alegar nada o
peor aún, al día de hoy no hay evidencia de que le hayan
avisado correctamente.
Para el elector este escenario es una pesadilla, pero
para los menos de 800 electores objeto de estos casos
consolidados, de todas las ideologías y afiliaciones
políticas, es una situación real. Eso es, precisamente, lo
que le sucedió a estos electores, muchos de ellos personas
de la tercera edad que confiaron en el ejercicio del
mecanismo de voto adelantado que la Ley Electoral les da.
Quien crea que no hay nada malo con este escenario
estará a favor de confirmar a ciegas el dictamen de la
Presidenta de la CEE. En cambio, quien crea que este
tortuoso proceso adolece de garantías básicas para la
protección del derecho al voto, tales como la ausencia de
una notificación efectiva de una decisión que le es
adversa, entonces estará a favor de revisar la
determinación de la presidenta de la CEE y validar las 3
solicitudes de votos en controversia. La desconfianza y la
sombra que se arrojaría sería si este Tribunal valida ese
nebuloso proceso y, en consecuencia, le hubiésemos
brindado preeminencia a la burocracia, a las omisiones de
la CEE y a los intereses partidistas, por encima del
derecho al voto que protege la Constitución y la Ley
Electoral.
I
En el presente caso se impugna la determinación de la
Presidenta de la CEE con relación a cientos de electores
debidamente registrados que cumplimentaron el proceso para
solicitar el voto adelantado por razón de tener alguna
condición de movilidad que les impide acudir a su centro
de votación el día de las elecciones generales. Ante la
inminencia del proceso electoral, y estando en peligro la
posibilidad de que cientos de electores puedan ejercer su
derecho fundamental al voto, le corresponde a este
Tribunal finiquitar la controversia sin mayor dilación.
Los hechos del caso ante nos surgen como consecuencia
del proceso para solicitar el voto adelantado de aquellos
electores que padecen de algún impedimento que les
obstaculiza acudir a sus colegios electorales para ejercer
su derecho al voto. Ante las discrepancias que surgieron
como parte del proceso, se presentaron una serie de
apelaciones ante la CEE con relación a 788 de estas
solicitudes, las cuales quedaron sometidas ante ese
organismo desde el 21 de septiembre de 2016, 3, 4, y 5 de 4
octubre de 2016. A pesar de la celeridad con la que se
debió atender la controversia, no fue hasta el 26 de
octubre de 2016 que la CEE emitió su determinación con
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Guillermo San Antonio Acha, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático
Peticionario
v.
Liza García Vélez, en su capacidad oficial como Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones; Aníbal Vega Borges, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista; Roberto I. Aponte Berríos, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño y José F. Córdova Iturregui, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido del Pueblo Trabajador 2016 TSPR 227 Recurridos 196 DPR ____
Aníbal Vega Borges, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista
Liza García Vélez, en su capacidad oficial como Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones; Guillermo San Antonio Acha, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático; Partido Independentista Puertorriqueño, por conducto de su Comisionado Electoral Sr. Roberto U. Aponte Berrios; Partido del Pueblo Trabajador por conducto de su Comisionado Electoral Dr. José F. Córdova Iturregui
Recurridos CT-2016-15 2
Número del Caso: CT-2016-15
Fecha: 4 de noviembre de 2016
Abogados de la parte Peticionaria:
Comisionado Electoral del PNP Lcda. María Elena Vázquez Graziani Lcdo. Hamed G. Santaella Carlo Lcdo. Alfonso A. Orona Amilivia
Abogados de la parte Recurrida:
Comisionado Electoral del PPD Lcdo. Pedro Ortiz Alvarez Lcdo. Guillermo San Antonio Acha Lcdo. Jorge Martínez Luciano Lcda. Alexis G. Rivera Medina
Comisionado Electoral del PPT Lcda. Rosa M. Seguí Cordero
Comisionado Electoral del PIP Lcdo. Luis E. Romero Nieves
Comisión Estatal de Elecciones Lcdo. Manuel Izquierdo Encarnación Lcdo. Héctor E. Pabón Vega
Comisiona Especial: Lcda. Aileen Navas Auger
Materia: Sentencia con opiniones disidentes.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Guillermo San Antonio Acha, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático
Liza García Vélez, en su capacidad oficial como Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones; Aníbal Vega Borges, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista; Roberto I. Aponte Berríos, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño y José F. Córdova Iturregui, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido del Pueblo Trabajador CT-2016-15
Recurridos
Aníbal Vega Borges, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista
Liza García Vélez, en su capacidad oficial como Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones; Guillermo San Antonio Acha, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Popular 1
Democrático; Partido Independentista Puertorriqueño, por conducto de su Comisionado Electoral Sr. Roberto U. Aponte Berrios; Partido del Pueblo Trabajador por conducto de su Comisionado Electoral Dr. José F. Córdova Iturregui
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 2016.
Tradicionalmente para las elecciones generales,
electores activos de todas las ideologías y creencias
políticas solicitan el ejercicio del voto por adelantado
autorizado por la Ley Electoral, infra, por confrontar
problemas de movilidad. Figure que un elector presenta a
tiempo la solicitud correspondiente, firmada por un
médico, quien certifica que en efecto tiene impedimentos
de movilidad. El elector confía que no hay problemas con
su solicitud porque nadie le ha dicho que los haya. Sin
embargo, para su sorpresa, a días de las elecciones su
solicitud de voto adelantado es automáticamente dejada sin
efecto porque el Comisionado Electoral de un partido
político impugna su petición y nunca le notifica. Peor
aún, la Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones
(CEE) toma la decisión de denegar esa solicitud y no
notifica oportunamente a ese elector de manera que pueda 2
defender su derecho. Por ende, nadie le dio la oportunidad
de defender su derecho en la CEE ni ante los tribunales.
Este cuadro se agrava aún más, cuando la CEE
expresamente reconoce que notificó tardíamente a los
electores al enviar su decisión por correo regular dos
días más tarde. Esto, a pesar de que ese elector tan sólo
cuenta con 24 horas para cuestionar esa decisión ante los
tribunales. Es decir, primero no le avisaron de la
impugnación y cuando al fin decidieron en la CEE, causaron
que se enterara cuando ya era muy tarde para alegar nada o
peor aún, al día de hoy no hay evidencia de que le hayan
avisado correctamente.
Para el elector este escenario es una pesadilla, pero
para los menos de 800 electores objeto de estos casos
consolidados, de todas las ideologías y afiliaciones
políticas, es una situación real. Eso es, precisamente, lo
que le sucedió a estos electores, muchos de ellos personas
de la tercera edad que confiaron en el ejercicio del
mecanismo de voto adelantado que la Ley Electoral les da.
Quien crea que no hay nada malo con este escenario
estará a favor de confirmar a ciegas el dictamen de la
Presidenta de la CEE. En cambio, quien crea que este
tortuoso proceso adolece de garantías básicas para la
protección del derecho al voto, tales como la ausencia de
una notificación efectiva de una decisión que le es
adversa, entonces estará a favor de revisar la
determinación de la presidenta de la CEE y validar las 3
solicitudes de votos en controversia. La desconfianza y la
sombra que se arrojaría sería si este Tribunal valida ese
nebuloso proceso y, en consecuencia, le hubiésemos
brindado preeminencia a la burocracia, a las omisiones de
la CEE y a los intereses partidistas, por encima del
derecho al voto que protege la Constitución y la Ley
Electoral.
I
En el presente caso se impugna la determinación de la
Presidenta de la CEE con relación a cientos de electores
debidamente registrados que cumplimentaron el proceso para
solicitar el voto adelantado por razón de tener alguna
condición de movilidad que les impide acudir a su centro
de votación el día de las elecciones generales. Ante la
inminencia del proceso electoral, y estando en peligro la
posibilidad de que cientos de electores puedan ejercer su
derecho fundamental al voto, le corresponde a este
Tribunal finiquitar la controversia sin mayor dilación.
Los hechos del caso ante nos surgen como consecuencia
del proceso para solicitar el voto adelantado de aquellos
electores que padecen de algún impedimento que les
obstaculiza acudir a sus colegios electorales para ejercer
su derecho al voto. Ante las discrepancias que surgieron
como parte del proceso, se presentaron una serie de
apelaciones ante la CEE con relación a 788 de estas
solicitudes, las cuales quedaron sometidas ante ese
organismo desde el 21 de septiembre de 2016, 3, 4, y 5 de 4
octubre de 2016. A pesar de la celeridad con la que se
debió atender la controversia, no fue hasta el 26 de
octubre de 2016 que la CEE emitió su determinación con
relación a estos electores mediante Resolución Enmendada.1
Es decir, la CEE emitió su determinación a tan sólo 72
horas de que comenzara el voto adelantado de acuerdo con
la Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
Ley Núm. 78-2011, según enmendada, 16 LPRA sec. 4179(m)
(Ley Electoral).2
De los hechos ante nos, no existe afirmación ni
constancia alguna con relación a si los electores
afectados por esta determinación fueron notificados
oportunamente de la Resolución Enmendada o de cualquier
otra.3 Lo que sí es incuestionable es que de la propia
Resolución Enmendada se desprende que el “trámite
administrativo para conformar los expedientes de estos
casos en la Oficina de la Secretaría de la CEE ha sido
complejo y azaroso”.4 Lo azaroso se torna en peligroso,
cuando la Resolución Enmendada revela que “al momento de
evaluar los expedientes con las solicitudes de estos
1Véase, Resolución Enmendada de la CEE, CEE-RS-16-83. 2Nótese que el Art. 9.039 de la Ley Electoral, dispone que el proceso de voto adelantado tiene que comenzar 10 días previos a las elecciones generales y terminar, por lo menos, un día antes de la elección. 16 LPRA sec. 4179(m).
Véase, la Certificación emitida por el Secretario de 3
la CEE el 31 de octubre de 2016, Anejo 1 de la comparecencia del Comisionado del PNP.
4Véase, Resolución Enmendada de la CEE, pág. 1. 5
electores se continúan recibiendo documentos y Apelaciones
de diferentes electores que solicitan a la Comisión que
les autorice a votar mediante esta forma”.5 Sin embargo, la
Resolución Enmendada adolece de información detallada en
torno a cuáles electores se les observó las garantías del
debido proceso de ley, si alguno, y a cuáles no; al punto
que la resolución impugnada no dispone detalladamente
cuáles son las partes afectadas. Más bien, la Resolución
Enmendada se limita a ordenarle al Secretario de la
Comisión, que en la etapa posterior a la adjudicación
notifique la misma. Como cuestión de hecho, el Secretario
de la CEE certifica la notificación con un lenguaje
distinto al ordenado por la Presidenta de la CEE.
Mientras, la Presidenta de la CEE ordena de forma genérica
la notificación, sin incluir detalladamente las partes
afectadas, el Secretario de la CEE se limita a certificar
que notificó a “partes interesadas”.6
A pesar de ello, tanto el Comisionado del Partido
Popular Democrático (Comisionado del PPD) como el
Comisionado del Partido Nuevo Progresista (Comisionado del
PNP) acudieron al día siguiente ante el Tribunal de
Primera Instancia para revisar los procesos ante la CEE.
Los recursos fueron consolidados por el Tribunal de
Primera Instancia por solicitud y anuencia de las partes.
5Íd.
6Íd., pág. 35. 6
Paralelamente al procedimiento ante el foro primario,
el Comisionado del PNP solicitó la certificación
intrajurisdiccional del recurso instado ante el Tribunal
de Primera Instancia. Debido al interés apremiante, este
Tribunal atendió la petición ese mismo día y declaró con
lugar la certificación solicitada. Asimismo, como medida
preventiva para que se prosiguiera con el derecho al voto
de estos electores, ordenamos que se depositaran en un
sobre individual los votos de aquellos ciudadanos y
ciudadanas que forman parte de la controversia a
dilucidarse.
Posteriormente, denegamos una solicitud de
desestimación del recurso presentado. Finalmente, y
conforme a lo ordenado, la Comisionada Especial emitió el
Informe de la Comisionada Especial.
Con el beneficio de la comparecencia de las partes,
procedemos a atender el recurso ante nos.
II
A.
Recordemos que una de las piedras angulares del
sistema democrático es el derecho al voto de sus
ciudadanos y ciudadanas. Éste es de tal envergadura que
está consagrado en la Constitución de Puerto Rico, Art.
II, Sec. 2, Const. del ELA, LPRA Tomo 1. Mediante el
ejercicio del derecho al voto se expresa y afianza la
voluntad del pueblo, por lo que éste debe ser desplegado
libre de toda coacción y las leyes deben garantizarlo con 7
supremacía. Véanse, Guadalupe v. C.E.E., 165 DPR 106
(2005); P.P.D. v. Administrador Gen. de Elecciones, 111
DPR 199 (1981). Conforme a ello, resulta un mandato
insoslayable de este Tribunal la adjudicación de todas
estas controversias con la premura necesaria, a la vez que
se custodia que se cumpla con las garantías mínimas del
debido proceso de ley. Por tanto, es nuestro deber
promulgar que no se coarte este derecho fundamental en
contra de los electores e impedir que estos reclamos
escapen la adjudicación final de este foro. Siendo el
derecho al sufragio electoral un derecho fundamental, éste
goza de preeminencia, por lo que en su contra no proceden
escollos de clase alguna. P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero
Barceló, 110 DPR 248, 296–97, (1980)(Per Curiam). La Ley
Electoral así lo reconoce cuando expresamente dispone que
no se podrá rechazar, cancelar, invalidar o anular el
registro de un elector o privarlo de su derecho al voto
mediante reglamento, orden, resolución, interpretación o
de cualquier otra forma. Art. 6.006 de la Ley Electoral,
16 LPRA sec. 4066.
Una de las faenas principales de este Tribunal es
interpretar las disposiciones aplicables a las situaciones
particulares que se traen ante nuestra atención. Véanse,
Brau, Linares v. ELA et als., 190 DPR 315 (2014); IFCO
Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712 (2012). De
esta forma, no hemos vacilado en armonizar las
disposiciones de la ley o de estatutos involucrados al 8
resolver las controversias, para obtener un resultado
sensato, lógico y razonable. Ríos Martínez v. Comisión
Local de Elecciones de Villalba, Precinto 065, res. 24 de
agosto de 2016, 2016 TSPR 188 (2016), 196 DPR ____ (2016).
En este contexto, resulta importante resaltar que la
encomienda delegada a este Tribunal es ser el “de última
instancia en Puerto Rico”. Art. V. Sec. 3, Const. del ELA,
LPRA Tomo 1. Es por ello que la revisión de los organismos
administrativos no puede escapar ni atentar contra el
mandato constitucional de velar por la legalidad de las
acciones de diversas entidades. Véanse, Ríos Martínez v.
Comisión Local de Elecciones de Villalba, Precinto 065,
supra, citando a Junta Dir. Portofino v. P.D.C.M., 173 DPR
455 (2008).
Tal obligación cobra mayor relevancia cuando estamos
ante un derecho fundamental como lo es el voto, para el
cual debe prevalecer aquella interpretación que lo
favorezca. Como es sabido, todo proceso está cobijado por
unas protecciones de índole constitucional, una de las
cuales es el debido proceso de ley. Éste se manifiesta en
dos vertientes: la sustantiva y la procesal. Rivera
Santiago v. Srio. Hacienda, 119 DPR 265, 273 (1987).
El debido proceso de ley comprende el “derecho de
toda persona a tener un proceso justo y con todas las
garantías que ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial
como en el administrativo”. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR
417, 428 (2012); Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 9
138 DPR 215, 220 (1995); véase, además, Sec. 7. Art. II de
la Const. del ELA, LPRA Tomo 1. Mediante éste, se protege
que no se intervenga con los derechos de las personas sin
antes brindar a las partes la oportunidad básica de ser
escuchados y defenderse. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P.,
146 DPR 611, 617 (1998). Exige que ante la privación de un
derecho, la parte afectada tenga acceso a un proceso que
sea cónsono con los principios de justicia e
imparcialidad. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133
DPR 881, 887-88 (1993).
Como hemos expuesto, la característica medular del
debido proceso de ley es que el procedimiento debe ser
justo. A su vez, la normativa jurídica ha identificado
otros de sus componentes básicos como lo son la
notificación adecuada y la oportunidad de ser escuchado y
de defenderse. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., supra, pág.
616.
Con relación a la notificación adecuada a la parte
afectada, ésta es necesaria para que la parte pueda
enterarse de la decisión final que se ha tomado en su
contra y ejercer cualquier derecho que entienda que
proceda. Véanse, Plan de Salud Unión v. Seaboard Co., 182
DPR 714 (2011); Dávila Pollock et als. v. RF Mortgage, 182
DPR 86 (2011). Esta falta de notificación repercute en que
la decisión notificada carece de efecto para las partes,
es decir, las personas cuyo derecho y obligaciones pueden
verse afectados por la acción o inacción de la agencia. 10
Lugo Rodríguez v. J.P., 150 DPR 29, 43 (2000). El que las
partes sean debidamente notificadas requiere que en la
notificación que se emita se especifique aquellas a las
cuales se les notificó para que se pueda ejercer
efectivamente el derecho a revisión judicial conferido en
ley. Íd., págs. 46-47. Obviamente, es parte la persona
contra quien se dirige la acción, y aquel cuyos derechos y
obligaciones pueden verse afectados adversamente por la
acción o inacción de la agencia. JP Plaza Santa Isabel v.
Cordero Badillo, 177 DPR 177, 188 (2009); Ocean View v.
Reina del Mar, 161 DPR 545 (2004). En fin, todo aquel que
puede demostrar que la decisión acarrea un efecto adverso
o menoscaba su derecho es una parte que debe ser
identificada y debidamente notificada. JP Plaza Santa
Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 190.
La interrogante de quiénes son parte en determinado
proceso, aunque puede ser una labor compleja, no resulta
serlo cuando se trata del menoscabo de los derechos de las
personas. Por ello, ciertamente en los casos electorales
resulta innegable que el elector que pretende ejercer su
derecho al voto es la parte con mayor interés, por lo que
procede que sea debidamente identificado y notificado de
los procesos concernientes. Adjudicarle un efecto a la
decisión no notificada a una parte trastocaría el
andamiaje procesal y socavaría los cimientos del debido
proceso de ley. 11
Igualmente, al analizar si un procedimiento cumple
con los requisitos constitucionales del debido proceso de
ley se examina el interés que puede resultar afectado por
la actuación oficial; el riesgo de una determinación
errónea debido al proceso utilizado y el valor probable de
garantías adicionales o distintas. Véase, U. Ind. Emp.
A.E.P. v. A.E.P., supra, pág. 616.
Estas garantías son indispensables para salvaguardar
el debido proceso de ley de los electores que confrontan
cuestionamientos y objeciones que puedan desembocar en una
limitación de su ejercicio del derecho al voto. Véanse,
Mundo Ríos v. CEE et al., 187 DPR 200 (2012) (Per Curiam);
Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31
(2009).
B.
La Ley Electoral promueve el uso de términos cortos
para que los asuntos electorales sean debidamente
atendidos hasta que sean finalmente adjudicados por los
foros judiciales. Véase, Frente Unido Independentista v.
C.E.E., 126 DPR 309, 318 (1990). La razón para que estos
procesos sean atendidos prontamente es salvaguardar los
derechos de cualquier elector o agrupación de electores y
vindicar los derechos que entienda que el organismo
electoral ha violado. Íd. En fin, el objetivo real es
atender los reclamos de los electores, evitando la
dilación y demora innecesaria que entorpezca el proceso
electoral y evitar que se promueva incertidumbre. Íd. Tan 12
es así que la Ley Electoral incorpora la Declaración de
Derechos y Prerrogativas de los Electores a los fines de,
entre otras, reconocer la capacidad de los electores para
iniciar o promover cualesquiera acciones legales en
defensa de su derecho a emitir su voto. Art. 6.001 de la
Ley Electoral, 16 LPRA sec. 4061.
En este análisis, no podemos perder de perspectiva
que el propósito del voto adelantado es hacer viable el
derecho al sufragio universal de aquellos electores que no
pueden estar en sus colegios electorales en la fecha de
determinadas elecciones. Sección 1.2 del Reglamento de
Voto Ausente y Voto Adelantado de Primarias 2016 y
Elecciones Generales 2016 aprobado el 25 de mayo de 2006
(Reglamento).7 Por tanto, en el balance de intereses, el
derecho del elector a no verse imposibilitado de ejercer
su derecho al voto prevalece sobre cualquier otro y no
está sujeto a la imposición de trabas innecesarias.
Es esta norma jurídica la que nos debe guiar en la
adjudicación de los méritos del recurso instado.
III
En el caso ante nuestra consideración no existe
controversia alguna en torno a que el proceso ha sido uno
“complejo y azaroso”,8 plagado de incertidumbre y que la
7Para conocer el Reglamento, véase http://ceepur.org/es-pr/Secretaria/Documents/ REGLAMENTO%20PARA%20EL%20VOTO%20AUSENTE%20Y%20ADELANTADO%2 0ELECCIONES%202016.pdf. (Accesado por última vez el 4 de noviembre de 2016). 8Véase, Resolución Enmendada de la CEE. 13
notificación no se hizo conforme a derecho. Sin embargo, a
pesar de la envergadura del reclamo, y el hecho de que
para principios del mes de octubre se culminó con el
proceso de reuniones, la CEE dilató su decisión para
emitirla a horas del comienzo del voto adelantado. Como si
no fuera poco, tampoco veló porque se notificara
oportunamente a los electores afectados de su
determinación. Su indiferencia es de tal grado que,
durante su testimonio ante la Comisionada Especial, el
Secretario de la CEE, el Sr. Walter Vélez Martínez,
“desconoce” si los electores fueron debidamente
notificados.9 De hecho, de la Resolución Enmendada no se
puede constatar si, en efecto, se cumplió con ello. Más
aún, de ésta no se desprende quiénes son las partes
notificadas por el dictamen emitido a los fines de que
éstas advengan en conocimiento de cómo ha sido afectado su
derecho o puedan instar la acción correspondiente. La
certificación genérica de la Resolución Enmendada suscrita
por el Secretario de la CEE impide saber o constatar si en
efecto se cumplió con los requisitos jurisprudencialmente
avalados para que la notificación sea efectiva.
Sin embargo, mediante la Certificación emitida por el
Secretario de la CEE, en virtud de la solicitud del
Comisionado del PNP, la propia CEE reconoció que la
referida Resolución Enmendada no fue notificada
oportunamente de manera que los electores pudiesen ejercer
9Véase, Informe de la Comisionada Especial, pág. 6. 14
su derecho de revisión judicial ante el Tribunal de
Primera Instancia dentro del término de 24 horas que
provee la Ley Electoral. Véase, Art. 4.001 de la Ley
Electoral, 16 LPRA sec. 4031. Ello pues, esta notificación
fue realizada tardíamente el 28 y 29 de octubre de 2016
mediante correo postal. Tal notificación de la Resolución
Enmendada dos días posteriores a su emisión, y enviada por
correo postal, indiscutiblemente coartó el derecho de los
electores a instar un recurso de revisión judicial y a
defender su derecho individual.
De hecho, adviértase que los electores no tan sólo no
fueron notificados oportunamente de la decisión de la CEE,
sino que, desde un inicio nadie les notificó que su
solicitud de voto adelantado, ya revisada a nivel de la
Comisión Local, estaba siendo impugnada ante la CEE. Los
electores afectados nunca estuvieron en posición real de
cuestionar las determinaciones adversas que le impedían
votar por adelantado. El que la Ley Electoral, supra,
guarde silencio sobre notificar a los electores cuando los
Comisionados Locales apelan la determinación de la
Comisión Local a la CEE, no derrota que, como cuestión de
derecho, este estatuto está sujeto a los postulados
elementales del debido proceso de ley. Adviértase que, al
momento de apelar, la autorización a ejercer el derecho al
voto por adelantado queda sin efecto hasta que
eventualmente la CEE lleve a cabo un procedimiento 15
adjudicativo y emita su dictamen al respecto. Véase, Art.
5.005 de la Ley Electoral, 16 LPRA sec. 4045.
Cuando se toma una determinación que incide sobre los
escenarios en los que un elector emitirá su voto, las
nociones básicas del debido proceso de ley exigen que se
notifique adecuadamente para que tenga la oportunidad de
ser escuchado. No es persuasivo el argumento de que la
notificación en ese momento no es necesaria por estar ante
un procedimiento administrativo interno en el que las
Comisiones Locales son sólo sucursales de la CEE. Primero,
los dictámenes de esos organismos no son meras
recomendaciones, pues tienen efectos legales sobre los
electores. Segundo, como se indicó, una vez son apeladas,
por disposición de ley, quedan sin efecto. A fin de
cuentas, la CEE no debe ser un banco con sucursales de los
intereses de los partidos políticos, sino que debe ser
facilitador y depositario de la voluntad de todos los
electores registrados.
En atención a lo anterior, estamos ante una
determinación de la CEE que afecta el derecho de cientos
de electores, sin que se cumpliera con el debido proceso
de ley al emitir la Resolución Enmendada. Empero, la CEE
asume el argumento acomodaticio de desligarse de ese
reclamo. Al así actuar, olvida que le compete a ese
organismo el llamado y la responsabilidad de llevar a cabo
y supervisar los procesos electorales, con el fin de que
se cumplan los requisitos de ley en un ambiente de 16
absoluta pureza e imparcialidad. Ciertamente, su proceder
en el caso ante nuestra consideración no puede ser avalado
o escapar la revisión de este Tribunal. Es nuestro deber
velar porque el acceso a un derecho fundamental, como lo
es el derecho al voto, no quede relegado al arbitrio o
deficiencia de cualquier organismo adjudicativo. Mucho
menos, permitiremos que el proceso coarte el derecho de
apelar a un ciudadano por razones fuera de su control, o
peor aún, que las acciones administrativas socaven y le
impidan ejercer su derecho constitucional a la expresión
mediante la ejecución de su derecho al voto. Véase, Ríos
Martínez v. Comisión Local de Elecciones de Villalba,
Precinto 065, supra.
Ante ese cuadro preocupante, el debate que se suscita
es si pasamos por alto la crasa violación al debido
proceso de ley de los electores afectados ante la
interrogante de si, en efecto, se cumplió con el proceso
garantizando a éstos, al menos, advenir en conocimiento de
la denegatoria de su reclamo al voto adelantado. En
cualquier otra circunstancia ordinaria, se podrían tomar
medidas para rectificar cualquier incumplimiento con el
requisito de notificación. Sin embargo, hoy estamos a
horas de que culmine el proceso del voto adelantado y a
pocos días de las elecciones generales. Esto, en gran
medida imposibilita una serie de remedios de cara a los
intereses constitucionales que se pueden ver afectados.
Con esa realidad en contemplación, no debemos abandonar 17
el firme compromiso de este Tribunal en la defensa del
derecho constitucional al voto. El tracto procesal
dilatorio e injustificado de la CEE no puede ir en
detrimento del derecho fundamental al voto de los
electores afectados.
En consecuencia, este Tribunal está obligado a evitar
que la Resolución Enmendada impugnada de estos casos
consolidados tenga el efecto de obstaculizar el ejercicio
del voto de los electores que solicitaron el voto
adelantado objeto del presente recurso.10 Por consiguiente,
se validan todas las peticiones de voto adelantado que
estuvieron ante la consideración de la CEE en el caso de
epígrafe. Proceder de forma contraria, resultaría en un
ejercicio en contravención a los más elementales
principios de la democracia. Nuestro sistema democrático
nos impide correr el riesgo de una determinación errónea
que trunque los derechos de los ciudadanos, en esta
ocasión, uno de los de más alta preeminencia en la
democracia como lo es el derecho al voto. Al así proceder,
cumplimos con el objetivo principal de atender los
reclamos de los electores de cara a un proceso electoral
inminente. Con este dictamen, fortalecemos la democracia y
garantizamos el pleno ejercicio del derecho al sufragio a
10LaCEE validó un sinnúmero de solicitudes de voto adelantado, por lo que dejarlas sin efecto coartaría también el derecho de estos electores a ejercer su voto adelantado por razón de problemas de movilidad. Por tanto, una decisión de este Tribunal tampoco puede perjudicar a estos electores debido al trámite administrativo del que fueron objeto las solicitudes en el caso ante nuestra consideración. 18
estos electores, según reconocido en el ordenamiento
electoral de Puerto Rico.
IV
Conforme a todo lo anterior, se validan todas las
solicitudes de voto adelantado que están ante la
consideración de este Tribunal. En consecuencia, se ordena
a la Comisión Estatal de Elecciones que proceda a
contabilizar los votos objeto del remedio provisional
previamente otorgado por este Tribunal y continúe con el
proceso de votación de los solicitantes autorizados
preliminarmente y objeto de este dictamen para su eventual
contabilización de los mismos conforme a derecho.
Notifíquese inmediatamente por teléfono, correo
electrónico y por la vía ordinaria.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez
emitió una Opinión Disidente. La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión Disidente. El Juez
Asociado señor Colón Pérez emitió una Opinión Disidente.
El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón disiente, se une
a la Opinión Disidente emitida por la Jueza Presidenta
Oronoz Rodríguez y hace constar la siguiente expresión:
“El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón respetuosamente disiente de la determinación tomada por una mayoría de este Tribunal y se reafirma en su posición original de que procedía desestimar el recurso de revisión presentado ante el Tribunal de Primera Instancia por no haberse perfeccionado conforme a Derecho. Consecuentemente, este Tribunal debió anular el auto del recurso de certificación intrajurisdiccional de epígrafe, según fuera 19
expedido el viernes, 28 de octubre de 2016. Véase el Voto Particular Disidente emitido el lunes, 31 de octubre de 2016 por el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón, al que se unieron la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez, 2016 TSPR 219, 196 DPR ____ (2016).”
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Aníbal Vega Borges, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista
Peticionario Certificación v. CT-2016-15 Intrajurisdiccional Liza García Vélez, en su capacidad oficial como Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones; Guillermo San Antonio Acha, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático; Partido Independentista Puertorriqueño, (PIP), por conducto de su Comisionado Electoral, Sr. Roberto I. Aponte Berríos; Partido del Pueblo Trabajador, (PPT), por conducto de su Comisionado Electoral Dr. José F. Córdova Iturregui
Opinión disidente emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez a la cual se une el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón
Time will one day heal the wound to that confidence that will be inflicted by today’s decision. One thing, however, is certain. Although we may never know with complete certainty the identity of the winner of this year’s [...] election, the identity of the loser is perfectly clear. It is the Nation’s confidence in the judge as an impartial guardian of the rule of law. (Justice John Paul Stevens dissenting opinion in Bush v. Gore, 531 U.S. 98, 129 (2000)(énfasis suplido) CT-2016-15 2
En este caso coinciden importantes derechos que
requieren de un análisis concienzudo y riguroso. Coincido
en que el valor de la participación ciudadana durante un
evento electoral es un elemento esencial de una democracia
robusta y saludable. Sin embargo, la integridad del
proceso en sí, que facilita esa participación, también es
un elemento indispensable en un sistema de gobierno
democrático, ya que cualquier sombra que se arroje sobre
la pureza del proceso, indudablemente lacera la confianza
requerida para preservar la esencia misma del sistema
democrático.
Un pueblo que no confía en que el resultado electoral
es fiel a la voluntad de aquellos y aquellas que serán
representados, se ven marginados, no sólo por el proceso
electoral en sí mismo, sino por su gobierno. La verdadera
prueba de un sistema democrático auténtico consiste en la
legitimación del mandato mayoritario. De manera que un
proceso no maculado imprime en aquellos cuyas aspiraciones
no prevalecieron en las urnas un sentir de trato justo y,
ulteriormente, una apreciación por las aspiraciones
comunes y el respeto por los derechos de todas y todos los
gobernados. La destrucción de la confianza debida al
proceso representa la ruptura del pacto social tan
necesario para una sana convivencia y la supremacía de la
ley.
En este caso la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)
inició un proceso donde al menos 10,000 puertorriqueños y
puertorriqueñas tendrían acceso a emitir su voto de manera
adelantada por razón de impedimento de naturaleza tal que CT-2016-15 3
limita su movilidad. De estos, unas 788 solicitudes
resultaron cuestionadas ante la CEE. Por ende, el caso
certificado por este Tribunal Supremo consistía, en
esencia, en adjudicar la corrección de la determinación de
la CEE, que en su evaluación de situaciones específicas
denegó unas solicitudes que contenían defectos tales como:
ausencia de firma del elector o información esencial
requerida por el formulario para el voto adelantado o
formularios que de su faz arrojaban dudas sobre su
legitimidad por situaciones tales como decenas de
solicitudes certificadas por un mismo médico, todas
suscritas en igual fecha.
Según detallo a continuación, disiento del curso
trazado por una mayoría de este Tribunal, primero, por ser
evidente que carecemos de jurisdicción para atender el
recurso presentado. Segundo, porque aun asumiendo que
este Tribunal goza de jurisdicción, nos encontramos ante
un caso cuya principal, mas no única controversia, se
reduce a determinar qué es un médico de cabecera o de
tratamiento en el contexto de una solicitud de voto
adelantado por problemas de movilidad. Ahora bien, a fin
de evitar atender el problema medular identificado en la
resolución recurrida, en la Sentencia que suscribe una
mayoría se desarrolló un planteamiento amparado en el
debido proceso de ley que no sólo no es correcto como
cuestión de derecho sustantivo, sino que ni siquiera fue
presentado o elaborado por el Comisionado Electoral del
PNP. Las bases para sostener que la Resolución de la
CEE debe dejarse sin efecto son inexistentes. De CT-2016-15 4
entrada, una mayoría de este Tribunal descansa en
alegaciones no sustentadas por el expediente ante nuestra
consideración o por la prueba recogida por la Comisionada
Especial nombrada por este Tribunal, cuyo informe hoy una
mayoría sencillamente descarta. Segundo, se basa en un
requisito de notificación que la ley ni la reglamentación
aplicable exige. Al proceder así, este Tribunal le ata las
manos a la CEE para depurar las solicitudes cuestionadas,
muchas de las cuales carecen del rigor necesario para ser
aceptadas.
Este Tribunal está llamado a proteger la primacía de
la ley que en este caso se reduce a los mecanismos
diseñados para garantizar la integridad de los procesos
electorales en aras de evitar que el ejercicio del
sufragio se convierta en una farsa donde se distorsione el
ejercicio válido de la mayoría de los electores. Lo
contrario sería un grave peligro para las instituciones
democráticas. En atención a los hechos específicos del
caso ante nuestra consideración, los cuales una mayoría
ignora por completo, disiento.
I.
De entrada, cabe destacar que este Tribunal no tiene
jurisdicción para evaluar los méritos del recurso. El 27
de octubre de 2016, el Lcdo. Aníbal Vega Borges, Comisionado
Electoral del Partido Nuevo Progresista (Comisionado Electoral del
PNP), presentó ante el Tribunal de Primera
Instancia un Urgente Recurso de Revisión Electoral, Caso CT-2016-15 5
Civil Núm. SJ2016CV00290.11 Solicitó la revisión de la
Resolución Enmendada CEE-RS-16-83 de 26 de octubre de 2016
sobre Solicitudes Voto Adelantado de Electores con
Impedimento (encamados) emitida por la Presidenta de la
Comisión Estatal de Elecciones, la Lcda. Liza M. García
Vélez (CEE), y notificada el 27 de octubre de 2016 a las
9:07 p.m.
Asimismo, el 28 de octubre de 2016, presentó ante
este foro un Recurso de Certificación Intrajurisdiccional
y una Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción. Nos
solicitó que certificáramos el caso y lo consolidáramos
con el caso Guillermo San Antonio Acha v. CEE y otros,
SJ2016CV00289, por impugnarse en ambos la misma resolución
emitida por la CEE. Luego de que el foro primario
consolidara ambos casos, emitimos una Resolución y
certificamos dicho asunto.
El 29 de octubre de 2016, el Lcdo. Guillermo San
Antonio Acha, Comisionado Electoral del Partido Popular
Democrático (Comisionado Electoral del PPD), presentó ante
este Tribunal una Moción Urgente de Desestimación por
Falta de Jurisdicción del Tribunal y, en la alternativa,
solicitud de orden aclaratoria sobre consolidación. En síntesis,
alegó que carecíamos de jurisdicción para resolver la controversia
en cuestión porque el Comisionado Electoral del PNP incumplió con el
término de 24 horas que establece el Art. 4.001 de la
11 Incluyó como demandados a la Lcda. Liza García Vélez, en su capacidad oficial como Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones; Lcdo. Guillermo San Antonio Acha, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático, Lcdo. Roberto I. Aponte Berríos, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño y al Dr. José F. Córdova Iturregui, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Pueblo Trabajador. CT-2016-15 6
Ley Electoral, 16 LPRA sec. 4031, para notificar un
recurso de revisión. Señaló que la CEE notificó la
Resolución Enmendada que se pretende revisar el 26 de
octubre de 2016 a las 9:07 p.m. y que el Comisionado
Electoral del PNP presentó su recurso de revisión
oportunamente, el 27 de octubre de 2016 a las 12:57 p.m.
Sin embargo, indicó que este último notificó su recurso a
la CEE fuera del término aplicable y que el PPD no fue
notificado.12
Por su parte, el Comisionado Electoral del PNP
presentó una Moción en Oposición a Desestimación y
Acreditando Notificación del Comisionado Electoral del
PNP. Alegó que el Comisionado Electoral del PPD se sometió
voluntariamente a la jurisdicción en el foro primario.
Asimismo, sostuvo que el término de 24 horas para
presentar el recurso comenzó a transcurrir el 27 de
octubre de 2016 a las 9:07 p.m. porque, según las Reglas
de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, no contaba “el día
en que se realiza el acto, evento o incumplimiento después
del cual el término fijado empieza a transcurrir”. Regla
68.1 de Procedimiento Civil, supra.
El Art. 4.001 de la Ley Electoral, 16 LPRA sec. 4031,
provee, sin ambages, que la parte que interese revisar un
dictamen de la CEE tendrá un término de 24 horas para
presentar el recurso de revisión y notificarle a la CEE y a
12El 30 de octubre de 2016, el Dr. José Córdova Iturregui, Comisionado Electoral del Partido del Pueblo Trabajador (Comisionado Electoral del PPT), también presentó una Moción de Desestimación. Alegó que el Comisionado Electoral del PNP le notificó tardíamente el recurso de revisión electoral que presentó ante el foro primario y la Moción urgente en auxilio de jurisdicción presentada ante este Tribunal. CT-2016-15 7
las partes afectadas.13 Lo anterior es un requisito
estatutario para perfeccionar el recurso de revisión. Por
tanto, su incumplimiento priva de jurisdicción al
tribunal.
En su oposición a la desestimación solicitada, el
Comisionado Electoral del PNP aceptó que no notificó su
escrito a la CEE o a las demás partes dentro del término
de 24 horas exigido por el estatuto, sino el 28 de octubre
de 2016, entre 9:30 a.m. a 10:00 a.m.
Ante tal admisión, la falta de jurisdicción resulta
patente y el curso legal obligado era la desestimación.
“[L]os entes adjudicativos tienen que ser celosos
guardianes de su jurisdicción y no poseen discreción para
asumirla en aquellas circunstancias en que no la tienen”.
Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 2016 TSPR 172, 8, 196 DPR
___ (2016)(énfasis suplido).
Sin embargo, varios miembros de este Tribunal
denegaron la desestimación solicitada por entender que el
término para recurrir de una determinación de la CEE es de
naturaleza jurisdiccional mas no así la notificación
exigida para la CEE y las demás partes afectadas. Con tal
bifurcación, concluyó que el plazo para notificar el
recurso de revisión es de cumplimiento estricto y
consideró que el foro primario prorrogó mediante orden el
término para cumplir con el mismo, aun cuando el
Comisionado Electoral del PNP no le solicitó
13 En particular, el Art. 4.001 dispone que: “[d]entro de los treinta (30) días anteriores a una elección el término para presentar el escrito de revisión será de veinticuatro (24) horas. La parte promovente tendrá la responsabilidad de notificar dentro de dicho término copia del escrito de revisión a la Comisión y a cualquier otra parte afectada”. 16 LPRA sec. 4031. CT-2016-15 8
dicha prórroga al foro de instancia y tampoco levantó tal
planteamiento de derecho ante este Tribunal.14
En estas circunstancias, la orden del tribunal de
instancia, ni en su texto expreso o implícito, pretendía
prorrogar término alguno, mucho menos para el
perfeccionamiento de un recurso electoral. De otro lado,
aun si para fines de la argumentación infiriéramos tal
intención en la orden del tribunal, tampoco hubiera podido
conceder la prórroga pues es “norma trillada” en nuestro
ordenamiento procesal que se requiere justa causa para que
un tribunal pueda, en el ejercicio de su discreción,
prorrogar un término de estricto cumplimiento. Rosario
Mercado v. ELA, 189 DPR 561, 563 esc. 1 (2013). Si el
Comisionado Electoral del PNP ni siquiera solicitó la
prórroga en cuestión, evidentemente tampoco proveyó la
justa causa que este Tribunal atribuyó sin argumento
alguno de la parte que incumplió con lo requerido por la
Es preciso señalar que los miembros de este Tribunal
que en este caso determinaron que el juez de instancia
prorrogó motu proprio el término para perfeccionar la
revisión judicial de una determinación de la CEE, han
suscrito expresiones como estas: “[l]a parte que actúa
tardíamente debe hacer constar las circunstancias
específicas que ameriten reconocerse como justa causa para
prorrogar un término de cumplimiento estricto. Si no lo hace,
los tribunales ‘carece[n] de discreción para prorrogar el término
14El Comisionado Electoral del PNP argumentó que conforme a las Reglas de Procedimiento Civil el plazo de 24 horas comenzaba a discurrir pasadas 24 horas desde la notificación de la decisión de la CEE. CT-2016-15 9
y, por ende, acoger el recurso ante su
consideración’”. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84,
92 (2013). De manera que un tribunal no puede concluir
que existe justa causa para el cumplimiento de un
requisito de ley que le confiere jurisdicción en el
abstracto, ausente de alegación o prueba que justifique
tal curso de acción.15
En vista de que una mayoría de este Tribunal asumió
jurisdicción cuando no la tiene,16 entendemos que es
necesario exponer los hechos que dieron inicio a esta
controversia, ya que en la Sentencia emitida no se
incluyen ni se discuten. Según mencionado previamente, el
Comisionado Electoral del PNP solicitó la revisión de una
Resolución Enmendada emitida por la CEE. Mediante ésta, la
CEE consolidó 19 apelaciones relacionadas a 788 electores
que solicitaron, al amparo del Art. 9.039(m) de la Ley
Electoral, 16 LPRA sec. 4179, su derecho a ejercer el voto
adelantado en el domicilio por padecer de condiciones
15 Finalmente, huelga comentar que recientemente este Tribunal, en un escenario muy similar, declaró no ha lugar un recurso de certiorari presentado por el Partido Popular Democrático en el caso Luis A. Rodríguez Aponte (Comisionado Electoral) y otros v. Comisión Local de Elecciones de Las Marías Precinto 034, CC-2016-1017. Esto, pues, de forma unánime consideramos que el peticionario había incumplido con el Reglamento de este Tribunal al no certificar dentro de las 24 horas de presentar su escrito que notificó su recurso a las demás partes vía fax o personalmente y por teléfono. Véase, Regla 22 (E)(3-5) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI(B). A pesar de que en este caso el Comisionado Electoral del PNP incumplió con un requisito análogo, una mayoría de este Tribunal dejó pasar el incumplimiento al declarar no ha lugar la moción de desestimación presentada por falta de jurisdicción. Fue así que inició esta crónica de inconsistencia e intrusión judicial. 16 Ello, a pesar de que reiteradamente hemos expresado que la falta de
jurisdicción no puede ser subsanada, ni el tribunal puede arrogarse la jurisdicción que no tiene. Aun cuando las partes no lo planteen, un tribunal viene obligado a velar por su jurisdicción. Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 332 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649 (2000); Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601 (1997); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991); Sociedad de Gananciales v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 108 DPR 644 (1979). CT-2016-15 10
médicas que afectan su movilidad y les impiden asistir a
su colegio de votación. Tras evaluar los recursos, la CEE
denegó una gran cantidad de solicitudes porque: (1) no
contenían la firma del elector; (2) el doctor que
certificó la condición no era el médico de cabecera o
tratamiento del elector o no tenía su licencia médica
vigente, y (3) los electores no tenían problemas de
movilidad, entre otras.
En su recurso, el Comisionado Electoral del PNP alegó
que se violó el debido proceso de ley de estos electores
toda vez que no fueron notificados de la apelación
presentada por las Comisiones Locales ante la CEE. Además,
señaló que la CEE erró: (1) al definir qué es un médico de
cabecera o de tratamiento; (2) al cuestionar la validez de
las licencias de los médicos y si éstos tenían “good
standing”; (3) al denegar solicitudes porque el mismo
médico certificó demasiadas, y (4) al examinar si la
movilidad física de varios electores es de tal naturaleza
que le impide acudir al centro de votación.17
Una vez este Tribunal certificó este asunto,
nombramos a la Hon. Aileen Navas Auger, jueza que presidía
el caso consolidado en el foro primario, como comisionada
especial y le ordenamos a celebrar vistas evidenciarias y
a presentar un informe con sus determinaciones de hecho y
conclusiones de derecho el 1 de noviembre de 2016, a las
3:00 p.m. Asimismo, dispusimos que las partes tendrían
17 Nótese que el Comisionado Electoral del PNP no menciona ninguna violación del debido proceso de ley relacionada a la notificación de la Resolución Enmendada de la CEE. CT-2016-15 11
hasta el miércoles, 2 de noviembre de 2016, a las 3:00
p.m. para presentar sus alegatos.
Por último, ordenamos a la CEE a iniciar el recogido
de los votos de las personas cuyas solicitudes fueron
denegadas, los cuales deberían colocar en un sobre de
objeción conforme a lo dispuesto en el Manual de
Procedimiento para el Voto Adelantado en el Colegio de
Fácil Acceso en el Domicilio para las Elecciones Generales
2016 de 11 de agosto de 2016.
Oportunamente, la Comisionada Especial nos rindió
su Informe luego de celebrar dos vistas en las que recibió
prueba testifical y documental.18 De las determinaciones de
hechos incluidas en el Informe surgen los siguientes
testimonios:
(1) Sr. Walter Vélez Martínez, Secretario de la CEE- Testificó a los fines de autenticar y certificar copia del expediente administrativo correspondiente a las apelaciones objeto de la Resolución Enmendada. Sin embargo, al ser confrontado con la copia, éste no pudo certificar que la copia mostrada fuese copia fiel y exacta del expediente administrativo, por lo cual no fue admitida. Por otro lado, a preguntas de la representación legal del Comisionado Electoral del PNP, éste expresó que desconocía si las apelaciones a nivel administrativo fueron notificadas a los electores. 19 Señaló que el que presenta la
18 Informa la Comisionada Especial que las partes llegaron a unos acuerdos parciales que pusieron fin a las controversias sobre el precinto 027 de Arecibo y el precinto 049 de Sabana Grande. Además, el Comisionado Electoral del PNP desistió de sus reclamaciones en cuanto a las solicitudes de la Sra. María Reyes Reyes y el Sr. David Helfeld Hoffman, ambos electores del Municipio de Jayuya. En consecuencia, el Comisionado del PNP solicitó la revisión de las denegaciones de las solicitudes de los electores de los siguientes precintos: 089 de las Piedras (97 electores); 090 de las Piedras (1 elector); 057 de Jayuya (57 electores); 056 de Jayuya (65 electores), 015 de Dorado (45 electores) y 054 de Utuado (51 electores). Por su parte, el Comisionado del PPD cuestionó la aprobación de las solicitudes presentadas en los siguientes precintos: 066 de Orocovis, 069 de Aibonito y 040 de Añasco. 19 Contrario a lo que alega una mayoría de este Tribunal, el Secretario
de la CEE no mencionada nada sobre la notificación de la Resolución Enmendada de la CEE. CT-2016-15 12
apelación es el que tiene el deber de hacer la notificación.
(2) Sra. Michelle Coira Burgos, Comisionada Local del PPD en Orocovis- Testificó que, como parte de sus funciones, realizó una investigación sobre las solicitudes de los votos de encamados del PNP. Expresó que visitó varias residencias, entre ellas la de la Sra. Blanca Ortíz Ortíz y que allí observó que la persona no estaba encamada y advino en conocimiento que no le habían visitado. Además, explicó que conocía a la señora Ortíz Ortíz porque es participante del programa de Asistencia Social Familiar en el cual ella trabaja. Se reafirmó que la señora Ortíz Ortíz puede caminar sin dificultad.
(3) Sra. Elba Rivera Torres, Comisionada del PPD de la Comisión Local de Aibonito- Como parte de sus funciones evalúa transacciones electorales, tales como la solicitud de voto encamado. El 19 de septiembre de 2016, fecha de cierre del registro electoral, asistió a una reunión de los Comisionados Locales en la Junta de Inscripción Permanente (JIP). En esa ocasión, objetó 50 solicitudes de voto a domicilio en las cuales el Dr. Francisco Fontánez Rivera había certificado la condición de inmovilidad. Hizo constar la objeción en el Acta de Incidencias y fue citada para audiencia ante la CEE. Declaró que objetó el voto a domicilio de Carmen Ana Borelli, Ana Colón Borelli y Carlos Vegilla Colón porque conocía que dichos electores se movilizaron a votar en las primarias el 5 de junio de 2016 a la Escuela Francisco Degetau, unidad 8, la cual ubica al lado de la residencia de éstos. “Expresó que Carlos Vegilla está en silla de ruedas, pero lo movilizan. Reiteró que le consta que no está encamado. Testificó además que la Sra. Carmen Ana Borelli tiene una condición neurológica y, aunque reconoció que camina con dificultad, puede desplazarse”.20
(4) Dr. Carlos Heredia- médico generalista con licencia número 014360 y con oficina privada en Morovis. Certificó 83 solicitudes que corresponden al Precinto 040 de Añasco. Testificó que “a petición de funcionarios del Partido Nuevo Progresista de la Comisión Local del pueblo de Añasco, visitó electores con el propósito de cumplimentar la certificación médica que requiere la ‘Solicitud para votar en el colegio de fácil acceso en el domicilio por impedimento de movilidad (Encamados)’ correspondiente a las elecciones generales de 2016. Indicó que en algunos casos visitó los
20 Informe de la Comisionada Especial, pág. 18. CT-2016-15 13
hogares en más de una ocasión, porque en la primera visita la persona solicitante no se encontraba en el hogar. Desconoce la razón para ello”.21 Señaló que sus servicios fueron gratuitos y que no conocía a los electores que iba a visitar con anterioridad a ello, sino que se personó a sus hogares con una lista facilitada por los funcionarios del PNP de Añasco. Explicó que “el procedimiento consistió en una visita al hogar del elector, acompañado de una enfermera, a la cual no pudo identificar por su nombre en el testimonio, pues no le conocía previamente. Indicó que la enfermera era del pueblo, provista por los funcionarios que le acompañaron a las visitas. Declaró que examinó a los pacientes y determinó que no podían por sus propios medios llegar hasta él o tenían problemas de movilidad”.22 Admitió que no todos estaban encamados, ya que algunos estaban en silla de ruedas o necesitaban ayuda para caminar. En esos casos, cumplimentó la parte de la solicitud correspondiente a la “Certificación Médica”. Testificó además, que hubo electores que visitó que se negaron a que se les certificara. En dichos casos, no se llenó el formulario. Admitió que no tiene una relación médico-paciente con todos los electores a los cuales les cumplimentó el formulario e indicó que, de sus visitas, no todos podían interactuar con él. En el contrainterrogatorio admitió que recordó pacientes con Alzheimer.
De otra parte, la Comisionada Especial expuso que
34 de las solicitudes certificadas por el doctor Heredia
adolecen de defectos de forma, ya que no fueron firmadas
por el elector y no se especificó las razones para ello.23
21 Íd., pág. 6. 22 Íd., págs. 6-7. 23 En particular, las solicitudes de los electores Luis Méndez González, Humberto Esteves Rodríguez, Claudio Rivera Orsini, Rosaura Rosado Gutiérrez, Ana Vélez Rivera, Juan Soto Ruiz, María González González, Adriano García Ramírez, Luis Figueroa Vázquez, Gladys Calderón Quiñonez, Demencia Crespo Rodríguez, Sotero Morales Vélez, María Carrero Valentín, Eladia Colón Balaguer, Iluminada Sánchez Ramos y Ana Santiago Rivera no contienen la firma de cada uno de ellos, pero sí la de un testigo. Sin embargo, el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante” está en blanco. Asimismo, las presentadas por los electores Wilfredo Mercado Montalvo, Hilario Feliciano Cruz, Rosa García Rodríguez, Wilson Rivera Ruiz, Giovanna Rosario Soto, Mercedes Santana Serrano, Christian Morales Almodóvar, Mildred Muñiz Rodríguez, Carmen Rivera García, Leonor Salerna Cabán, Heidi González Sánchez, José Santiago Almodóvar, Monserrate Portugue Echevarría, Amelia Rosario Soto, José López De Jesús, María Reyes Concepción y Esmeralda Echevarría Echevarría tampoco contenían la firma del elector y la firma del testigo era ininteligible. Además, nuevamente el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante” está en CT-2016-15 14
(5) Dr. Dennis Rivera González- médico generalista con licencia número 12404. Certificó 78 electores del Precinto 54 de Utuado. Tiene práctica médica en Utuado y reside en dicho municipio. Testificó que al momento de suscribir las certificaciones médicas de dicho precinto estaba autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico. Admitió que no todas las personas que certificó habían sido sus pacientes previo a la certificación, pero que algunas de éstas sí. A preguntas del representante legal del Comisionado Electoral del PIP expresó que, para él, un médico de cabecera es cualquier médico que visita a un paciente y que no tiene que existir una relación previa médico-paciente. No obra en evidencia las solicitudes de voto encamado certificadas por él.
(6) Dr. Jorge Colón Morales- es médico de profesión y trabaja en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) en Bayamón. Además trabaja parcialmente en oficina privada. Certificó 42 solicitudes para el municipio de Orocovis, precinto 066. “[T]estificó que el 17 de septiembre de 2016 visitó pacientes que estaban solicitando el voto encamado, con el propósito de cumplimentar la Certificación Médica que exige la solicitud. Narró que a solicitud de funcionarios de la Comisión Local del PNP, se dirigió al pueblo de Corozal y allí se encontró con la Dra. Ana María Faget y Dra. Dalmarys Moreno Montesino.24 Una vez se encontraron con los funcionarios del PNP, siguieron la “ruta” designada por éstos para visitar pacientes en tres pueblos: Comerío, Barranquitas y Orocovis. Declaró que su visita a Orocovis duró entre dos a tres horas y examinó alrededor de 50 pacientes. Indicó que le tomó de 2-3 minutos verificar la condición de cada paciente y certificar la solicitud de voto encamado. Testificó que esa gestión no conlleva mucho tiempo porque el médico tiene un “ojo clínico” que de observar al paciente puede hacer dicha determinación. Declaró además que el tiempo que demoró en movilizarse entre paciente y paciente fue de 5 a 7 minutos”.25
“Al preguntársele si conocía a la Sra. Blanca Ortíz Ortíz, respondió en la negativa. Admitió que los electores que visitó en Orocovis, para efectos de cumplimentar la solicitud de voto
blanco. La solicitud correspondiente al elector Rafael Vélez Vélez no tiene la firma de él, pero está marcada una “X”. Contiene la firma de un testigo, pero en el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante” está en blanco. 24 La Dra. Dalmarys Moreno Montesino certificó 26 solicitudes para el
municipio de Orocovis, precinto 066. 25 Informe de la Comisionada Especial, págs. 13-14 CT-2016-15 15
encamado, fueron visitas de un solo contacto. Además indicó que su propósito era certificar el formulario de solicitud. Finalmente admitió que no era médico de cabecera, ni tratamiento de dichos electores”.26
(7) Dra. Ana María Faget- médico de profesión y trabaja para la CFSE hace 7 años en Bayamón. “Trabajó como médico primario privado, anteriormente. Expresó que en la actualidad también practica la medicina privadamente, en visitas al hogar, familiares y personas que conoce. Algunas de éstas, gratuitamente y otras recibe remuneración. En las ocasiones que recibe remuneración, la recibe en efectivo. No acepta planes médicos. La práctica privada la ejerce fuera de sus horas laborables. Su horario de trabajo en la CFSE es de 8:00-4:30 p.m., de lunes a viernes. (...) [E]xpuso que ha participado de clínicas gratuitas como servicio a la comunidad, pero solo recuerda una ocasión en el pueblo de Vega Baja. Confrontada con la Orden Administrativa 16-03 de la CFSE, admitió que de ese documento surge que todo empleado profesional que requiere de una licencia para el ejercicio de la profesión y que desee practicar dicha profesión privadamente, requiere de una dispensa de la CFSE. Sin embargo, se reafirmó en que ella no requería dispensa para practicar la medicina privadamente; sino de una notificación. Se le cuestionó si había hecho alguna notificación para el año 2016, y respondió en la afirmativa. En cuanto al 2015, indicó que no recordaba”.27
En relación a las solicitudes de voto encamado para el municipio de Orocovis, testificó que la Asociación de Servidores Públicos del PNP le solicitó sus servicios gratuitos para certificar las solicitudes de votos de encamados. “Narró que el 17 de septiembre de 2016, visitó el pueblo de Orocovis y que en otras ocasiones había certificado a pacientes de Corozal y Naranjito. Indicó que dichas gestiones las hizo junto a la Dra. Dalmaris Moreno y el Dr. Colón Morales. Testificó que salió de su hogar en el área metropolitana y se encontró con los doctores Moreno y Colón Morales en el dispensario de Corozal. Allí se encontraron con un funcionario del PNP, al cual siguieron en su carro. Llegaron a una residencia y fueron todos a ver un paciente, al cual evaluaron. Luego, se desplazaron al Comité del Alcalde de Orocovis y se reunieron con otros funcionarios del PNP, quienes tenían una lista de electores a visitar
26 Íd., pág. 14. 27 Íd., pág. 14 CT-2016-15 16
y cada médico siguió una ruta, guiada por los funcionarios del PNP. En su caso, testificó que llegaba al hogar del elector y mediante la observación lo evaluaba. Expresó que la mayoría de los pacientes, con una observación es suficiente para determinar si tienen un problema de movilidad. Por ejemplo, indicó que si la persona está en una silla de ruedas, si tiene falta de masa muscular en sus extremidades o si utiliza un andador es indicio de que la persona tiene problemas de movilidad. En relación al formulario, no supo decir quién había cumplimentado la parte superior del mismo que corresponde al nombre y firma del elector.”28 Al ser confrontada con la solicitud del elector Héctor Ortíz Díaz y preguntársele si conocía la razón por la cual indicaba que no podía firmar por estar “encamado (daño cerebral)”, ésta “respondió que a ella no le correspondía cumplimentar dicha parte, que sólo se limitaba a la parte de Certificación Médica, sobre problemas de movilidad. Indicó además, que esa parte la llena el elector o la persona que firma como testigo. Añadió que en ocasiones, las personas que llenan la solicitud no tienen conocimientos médicos. La doctora Faget no es médico de tratamiento de los electores a los cuales le certificó la solicitud de voto encamado. No pudo precisar si alguno de éstos había sido su paciente con anterioridad a esa fecha, y negó que los hubiese visto después”.29
La Comisionada incluyó como una determinación de
hecho que tres médicos [doctora Faget, doctora Moreno
Montesino y doctor Colón Morales] certificaron 103
solicitudes en Orocovis el 17 de septiembre de 2016 y que
tanto la doctora Faget como el doctor Colón testificaron
que el recorrido duró aproximadamente dos horas. Además,
menciona que, a pesar de que la doctora Faget testificó
que solo fue el 17 de septiembre de 2016 a Orocovis a
certificar electores, de los documentos estipulados surge
que certificó a los siguientes electores el 18 de
septiembre de 2016: Esmérida Rivera Rivas, Juana Rodríguez
Alvarado, José de Jesús Avilés, Pablo Rojas Rivera,
28 Íd., pág. 15. 29 Íd., págs. 15-16. CT-2016-15 17
Margarita Avilés López, José Hernández Rojas y Orlando
Velázquez Domínguez. Además, de las 35 certificaciones
estipuladas que fueron expedidas por la doctora Faget para
el precinto 066 de Orocovis, surge que varias de ellas
adolecen de defectos de forma, pues no tienen la firma del
elector, ni marca, pero sí tienen la firma de un testigo.
Sin embargo, en el espacio para indicar “Razón para no
firmar el solicitante”, se indicó que “no puede escribir”,
“edad” (vejez) casi no ve o “encamado” (daño cerebral).30
En otras, la firma del testigo era ininteligible.31
Por otro lado, de las certificaciones expedidas por
el Dr. Francisco Fontánez Rivera para el precinto 069 de
Aibonito, surge que dos de ellas contienen defectos.32
Finalmente, la Comisionada señaló que, en cuanto a
los Precintos 057 de Jayuya, 089 de Las Piedras, 015 de
Dorado y 090 de Las Piedras, se admitió evidencia por
parte del Comisionado Especial del PNP a los fines de
identificar a los electores afectados, pero no se presentó
prueba adicional.33
30 Éstas corresponden a los electores Juana Rodríguez Alvarado, Nixolina Santiago Santiago, Petronila Alvarado Ortiz, Casilda López Miranda, Francisca Hernández Díaz, Ada Colón Meléndez, Benito Ortolaza Collazo, Héctor Ortiz Díaz 31 En particular, las de los siguientes electores: Esmérida Rivera Rivas (no se indicó la razón para no firmar el solicitante), María López Rodríguez (se indicó que no puede escribir), Arcadia Meléndez Ortiz (en el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”, surge: (CVA)), Gloria Torres Ramírez (la firma ininteligible del testigo se encontraba en el espacio de la firma del solicitante y en el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”, surge: “incapacitada para firmar”). 32 La correspondiente a la electora Carmen Ana Borelli Aponte no tiene
la firma del elector, ni marca, la firma del testigo es ininteligible y el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante” está en blanco. Asimismo, la solicitud de la Sra. Rosa Cartagena Rodríguez, en la parte que firma el elector hay una marca de “X”, tiene la firma de un testigo, pero el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante” está en blanco. 33 La Comisionada Especial señaló que, con relación a los Apéndices I-
IV del Comisionado del PNP, estaba “limitada a realizar determinaciones de hechos adicionales, ya que la parte interesada solicitó la admisibilidad limitada a la identidad de los electores. CT-2016-15 18
En cumplimiento con nuestra orden, la Comisionada
Especial también incluyó varias conclusiones de derecho.34
En síntesis, luego de realizar un análisis puntual,
concluyó que el médico de cabecera o de tratamiento que
debe certificar la solicitud de voto adelantado encamado
al amparo del Art. 9.039(m) de la Ley Electoral, supra, es
aquel que le provee atención médica al elector con algún
tipo de habitualidad. Expresó que “[n]o es posible
concluir, y el testimonio de los médicos no lo probó, que
un médico pueda ser considerado de cabecera por el simple
hecho de intervenir con un paciente en una única ocasión
para un único fin”.35
Al amparo de lo anterior, y evaluada la prueba
desfilada, determinó que los doctores Heredia, Colón y
Faget no eran médicos de cabecera o tratamiento de los
electores cuyas solicitudes certificaron. Además, no le
mereció credibilidad el testimonio de los médicos en
cuanto “a la cantidad de electores que visitaron en dos
horas para poder entrar al hogar, observar, preguntar,
evaluar y emitir una certificación; sobre todo cuando no
tenían el historial previo de estos pacientes y ni les
conocían”.36 Igualmente, mencionó que se estipularon varias
solicitudes de Orocovis que contienen defectos de forma.
Por tanto, recomendó que se revocara la Resolución
Ello ante la objeción a la admisibilidad total de las demás partes”. Informe de la Comisionada Especial, pág. 19. 34 La Comisionada Especial aclaró que “las revisiones parciales presentadas por los Comisionados del PNP y del PPD se circunscribieron a cuestionar solo algunos aspectos de la Resolución Enmendada emitida por la Presidenta de la CEE el 26 de octubre de 2016. En otras palabras, la Resolución Enmendada contiene conclusiones que se sostienen, algunas, como cuestión de derecho por no haber sido impugnadas y, otras, por no haberse aportado la prueba necesaria para revocar las mismas”. Íd., pág. 28. 35 Íd., pág. 30. 36 Íd., pág. 31 CT-2016-15 19
Enmendada en cuanto al caso de Orocovis.37
Con relación a las solicitudes del Precinto 054 de
Utuado certificadas por el doctor Rivera González, expresó
que:
La última certificación, de 21 de septiembre de 2016 disponía que el Dr. Rivera González cumplió con los requisitos de registro de licencia y educación médica continua para el trienio 2016- 2019, a tenor con lo dispuesto en la Ley núm. 139-2008 y la Ley núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendadas. Además, expresamente indicó que dicha certificación era válida hasta el 27 de febrero de 2019. Conforme al término del trienio 2016-2019, dicha certificación comenzaba del 27 de febrero de 2016 y su duración se extendía al 27 de febrero de 2019. No surge de la prueba presentada que al Dr. Rivera González se le haya suspendido o revocado su licencia. Conforme el Art. 7 de la Ley Núm. 139-2008, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico puede tomar las siguientes acciones en torno a las licencias: denegar, suspender, cancelar o revocar cualquier licencia y para emitir una orden fijando a un médico un período de prueba por un tiempo determinado.38
Sobre este particular la Comisionada Especial
determinó que la prueba presentada para establecer que el
doctor Rivera González no tenía una licencia vigente para
ejercer la medicina no fue clara, por lo que recomendó
revocar la determinación de la CEE en cuanto al Precinto
054 de Utuado.
En cuanto al Precinto 069 de Aibonito, a pesar de que
el Comisionado Electoral del PPD impugnó 49 solicitudes
aprobadas en la Resolución Enmendada, sólo presentó prueba
de tres casos: Ana Isabel Colón Borelli, Carlos Veguilla
Colón y Carmen Ana Borelli Aponte. La Comisionada señaló
37 En cuanto a las solicitudes correspondientes al precinto 040 de Añasco certificadas por el doctor Heredia, la CEE las denegó por considerar que el médico no era de cabecera o tratamiento de los electores. Íd., pág. 29. 38 Íd., pág. 32 CT-2016-15 20
que, en cuanto a esos tres electores, hubo prueba directa
de que no están encamados, por lo que recomienda que se
revoque la determinación de la CEE en cuanto a estos tres
electores.39
Con respecto al formulario sobre solicitud de voto
adelantado por problemas de movilidad aprobado por la CEE,
determinó que “su cumplimentación es una cuestión de
estricto derecho ya que de no llenar adecuadamente los
espacios provistos con la información requerida se
incumple con la Ley Electoral, según enmendada, supra, y
el elector no es aquel que identificó el legislador como
elegible para el voto por adelantado”.40 Por consiguiente,
recomienda que se revoquen las solicitudes aprobadas por
la CEE en su Resolución Enmendada que no cumplieron
estrictamente con los requisitos reglamentarios.
En síntesis, la Comisionada emitió las siguientes
recomendaciones:
- Sobre los precintos 089 y 090 de Las Piedras (90 electores), 057 de Jayuya (57 electores), 015 de Dorado no se presentó prueba alguna por la cual se deba revocar la determinación de la CEE, por tanto se recomienda se confirme y se deniegue el recurso de revisión en cuanto a esa alegación. - En cuanto al Precinto 054 de Utuado, se recomienda se acoja el recurso de revisión y se revoque la determinación de la CEE. La prueba presentada para establecer que el Dr. Dennis González no estaba autorizado a ejercer la medicina no estuvo clara. - Se recomienda revocar la Resolución en cuanto al Precinto 066 de Orocovis, por no ser los médicos certificantes, médicos de cabecera o tratamiento. - En relación al Precinto 069 de Aibonito se recomienda se revoque sólo en cuanto a los electores Carmen Ana Borelli, Ana Colón Borelli, Carlos Vegilla Colón y Rosa Cartagena Rodríguez. - En cuanto los planteamientos sobre falta de notificación del procedimiento administrativo ante la
39 Las solicitudes restantes certificadas por el Dr. Francisco Fontánez no fueron impugnadas con prueba. 40 Informe de la Comisionada Especial, págs. 32-33. CT-2016-15 21
CEE y violación del debido proceso de ley, durante el procedimiento administrativo que llevó a la Presidenta de la CEE a emitir su Resolución Enmendada, no se presentó prueba sobre el particular. Aunque se intentó, por medio de la declaración del Sr. Walter Vélez Martínez, Secretario de la Comisión, éste no pudo afirmar ni negar el hecho de la notificación a los electores; ya que de su declaración, ello no corresponde a la CEE, sino a la Comisión Local. - Por último, en vista de que los comparecientes llegaron a unos acuerdos parciales mediante los cuales desistieron de sus reclamaciones en cuanto a los precintos 027 de Arecibo y 049 de Sabana Grande, recomienda que se dicte Sentencia de conformidad.
Oportunamente, las partes presentaron sus respectivos
alegatos. En su alegato, el Comisionado Electoral del PNP
reitera los planteamientos presentados en su Recurso de
Certificación Intrajurisdiccional. Sostiene que una
lectura de la Ley Electoral y la intención legislativa de
garantizar el voto a las personas encamadas exigen que la
CEE se limite a verificar que el elector cumpla con una
certificación médica. Además, señala que se violó el
debido proceso de ley de los electores al no ser
notificados de las apelaciones instadas por los
comisionados locales y que la CEE incurrió en incuria.
Finalmente, cuestiona las determinaciones de hechos y de
derecho de la Comisionada Especial.
Por otro lado, los Comisionados Electorales del PPD,
el PIP y el PPT presentaron conjuntamente un alegato.
Plantean que conceder el remedio que solicita el
Comisionado Electoral del PNP permitiría el fraude
electoral. Además, reiteran el planteamiento
jurisdiccional presentado anteriormente. Por otro lado,
acogen las recomendaciones de hechos y de derecho de la
Comisionada Especial y sostienen que se debe dar gran CT-2016-15 22
deferencia a ésta y a la CEE. Aseguran que el
procedimiento cumplió con las garantías del debido proceso
de ley y lo establecido en la Ley Electoral y el Manual.
Finalmente, concluyen que el Comisionado Electoral del PNP
no presentó prueba suficiente para refutar las
conclusiones de la CEE.
En su alegato, la Presidenta de la Comisión Estatal
de Elecciones argumenta que las determinaciones de su
Resolución fueron razonables y deben sostenerse. Plantea,
en esencia, que la prueba presentada ante la Comisionada
Especial demostró que los médicos que atendieron muchas de
las solicitudes que revocó no tenían una relación médico-
paciente con los electores. Desde su perspectiva, los
requisitos establecidos para conceder el voto adelantado a
personas encamadas, entre ellos la certificación del
médico de cabecera o tratamiento del elector, son válidos
y están comprendidos dentro de las facultades de la
Asamblea Legislativa y la Comisión Estatal de Elecciones.
Estos requisitos, a su juicio, incluyen su interpretación
de que un médico de cabecera o tratamiento es solo aquel
con una relación médico-paciente con el elector. Por esta
razón, solicita que la resolución recurrida sea
confirmada.
Evaluados los alegatos de las partes, una mayoría de
este Tribunal valida todas las solicitudes de voto
adelantado que están ante nuestra consideración. Concluye
que la CEE violó el debido proceso de ley de los electores
al notificar tardíamente la Resolución Enmendada. Señala CT-2016-15 23
que la notificación se realizó el 28 y 29 de octubre de
2016, es decir, dos días después de su emisión y por
correo postal, lo que, según la mayoría “indiscutiblemente
coartó el derecho de los electores a instar un recurso de
revisión judicial y a defender su derecho individual”.41 No
tiene razón. Veamos.
La sección 7 del Artículo II de la Constitución de
Puerto Rico establece que “[n]inguna persona será privada
de su libertad o propiedad sin un debido proceso de ley”.
La jurisprudencia federal y estatal ha reconocido que el
debido proceso de ley tiene dos vertientes: la sustantiva
y la procesal. Mientras que la sustantiva examina la
justicia intrínseca de la norma, la procesal procura el
“derecho de toda persona a tener un proceso justo y con
todas las garantías que ofrece la ley, tanto en el ámbito
judicial como en el administrativo”. Marrero Caratini v.
Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, 220 (1995). Mediante
esta doctrina se examina si el ciudadano gozó de un
procedimiento justo e imparcial antes de que su derecho de
propiedad o de libertad fuese afectado por el Estado.
Para ser acreedor de las garantías del debido proceso
de ley primero hay que determinar si, en efecto, hay un
interés propietario o libertario constitucionalmente
protegido afectado negativamente por una actuación
gubernamental. Serrano Vélez v. ELA, 154 DPR 418, 437
(2001). Una vez reconocido, corresponde establecer cuáles
son las garantías que el Estado debe satisfacer. Al
41 Sentencia, pág. 14. CT-2016-15 24
resolver estos casos, hemos expresado que la naturaleza
del debido proceso es “circunstancial y pragmática”.
Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 DPR 423, 428
(1974). Así, las garantías procesales que el Estado debe
reconocer dependen del tipo de procedimiento y de los
intereses afectados.
Este Tribunal ha reconocido una serie de requisitos
que el Estado debe satisfacer en todo procedimiento
adversativo para cumplir con las exigencias del debido
proceso de ley: (1) una notificación adecuada del proceso;
(2) un proceso ante un juez imparcial; (3) una oportunidad
razonable de ser oído; (4) el derecho a contrainterrogar
testigos y examinar evidencia presentada en su contra; (5)
tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión se base
en el récord. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133
DPR 881, 889 (1993). Sobre el primer requisito, hemos
expresado que la “notificación adecuada brinda a las
partes la oportunidad de advenir en conocimiento real de
la decisión tomada, a la vez que otorga a las personas
cuyos derechos pudieran verse transgredidos una mayor
oportunidad de determinar si ejercen o no los remedios
disponibles por ley”. Picorelli López v. Depto. De
Hacienda, 179 DPR 720, 737 (2010). Como parte de esta
notificación adecuada es necesario advertir sobre los
remedios que tiene disponible la parte, entre ellos, “el
trámite administrativo que deb[e] proseguir”. Olivo v.
Srio. de Hacienda, 164 DPR 165, 178 (2005).
Valga aclarar que cuando hablamos de debido proceso
de ley aludimos a la vertiente constitucional de dicho CT-2016-15 25
derecho. Es decir, existen una serie de garantías
otorgadas por leyes, por ejemplo, las Reglas de
Procedimiento Civil o la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme (LPAU), que exceden las garantías
constitucionales reconocidas en la cláusula del debido
proceso de ley. Así, en el ámbito civil se ha reconocido
un derecho estatutario a apelar las determinaciones
judiciales y a ser notificado de esa apelación. Por otro
lado, en el ámbito administrativo el derecho a apelar ante
un tribunal adquiere una dimensión constitucional, pues
hemos expresado que “el derecho a cuestionar la
determinación de una agencia mediante revisión judicial es
parte del debido proceso de ley protegido por la
Constitución de Puerto Rico”. Rocío Fonte v. F & R
Construction, S.E., 2016 TSPR 194, 196 DPR ____ (2016).
Por tanto, hemos concluido que “la falta de notificación
adecuada del recurso de revisión de una decisión
administrativa puede afectar la jurisdicción del Tribunal
de Apelaciones”. Mun. de San Juan v. Jta. Planificación,
189 DPR 895, 903 (2013).
En síntesis, el debido proceso de ley incluye el
derecho a apelar ante un tribunal una determinación
administrativa y a ser notificado de ese derecho. Sin
embargo, nuestro ordenamiento no exige que se notifique a
la otra parte la apelación instada ante un foro
administrativo.
Vale la pena destacar que el objetivo de la
adjudicación administrativa es proveer un sistema justo,
práctico y flexible. Y es que, el debido proceso de ley CT-2016-15 26
ofrece protección contra la arbitrariedad administrativa,
pero no es molde rígido que prive la flexibilidad de los
procedimientos administrativos. Henríquez v. Consejo
Educación Superior, 120 DPR 194, 202 (1987)(énfasis
suplido). Por otro lado, comete un error este Tribunal
cuando confunde las exigencias mínimas del debido proceso
de ley en su vertiente constitucional y las garantías
adicionales que establece la Asamblea Legislativa en leyes
como las Reglas de Procedimiento Civil o la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). Véase, por
ejemplo, Colón Torres v. A.A.A., 143 DPR 119, 124 esc. 4
(1977); véase también José Julián Álvarez González,
Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones
Constitucionales con Estados Unidos, Ed. Temis S. A. pág.
608 (2009) (“En rigor, cuando se habla de los requisitos
del debido proceso se alude a las pautas procesales que la
entidad pública debe reconocer a las personas,
independientemente de si por ley o reglamento esas pautas
se reconocen”). Por lo tanto, en ausencia de requisitos
estatutarios, el Tribunal debe asegurarse que en efecto el
procedimiento fue injusto porque se afectaron algunas de
las pautas mínimas que requiere nuestro ordenamiento
constitucional.
Según expuesto previamente, lo que el derecho
constitucional exige es una notificación adecuada que le
permita a una parte advenir en conocimiento de una
decisión tomada por la agencia y los remedios que tiene
disponible por ley para cuestionarla.
B CT-2016-15 27
En lo pertinente, una mayoría de este Tribunal señala
que la notificación “tardía” de la Resolución Enmendada
“coartó el derecho de los electores a instar un recurso de
revisión judicial y a defender su derecho individual” toda
vez que el término provisto para solicitar la revisión del
dictamen ya había transcurrido para cuando éstos fueron
notificados.42 En este caso, la Presidenta de la CEE
notificó a los electores su denegatoria a ciertas
solicitudes de voto adelantado y advirtió los remedios que
tenían disponible las partes para revisar esa
determinación, es decir, acudir al Tribunal de Primera
Instancia, según los términos establecidos en el Art.
4.001 de la Ley Electoral, e impugnar las determinaciones
de la CEE. 16 LPRA sec. 4031. Tan es así, que el
Comisionado Electoral del PNP recurrió ante el Tribunal de
Primera Instancia de la determinación que le fuera
notificada y además tuvo la oportunidad de presentar
prueba a su favor. Es decir, no se vieron afectados sus
derechos y no se impidió que procurara los remedios que
tenía a su disposición, cumpliéndose así con las garantías
mínimas que exige el debido proceso de ley.
Sin embargo, lo que en efecto resuelve la Sentencia
emitida es que viola el debido proceso de ley que la
decisión tomada sea notificada dos o tres días después.
Esto, a pesar de que la Ley Electoral no establece un
término para notificar la determinación. Además, no logro
comprender como el término para revisar la determinación
de la CEE transcurrió antes de que le notificaran a los
42 Sentencia, pág. 14. CT-2016-15 28
electores, pues es harto conocido que los términos para
solicitar la revisión de un dictamen no comienzan a
decursar hasta que la determinación le sea notificada a la
parte afectada.43 Caro Ortiz v. Cardona Rivera, 158 DPR
592, 599-600 (2003). Véase también R. Hernández Colón,
Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil,
5ta ed., Pubs. LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág.
193. De hecho, la propia Ley Electoral reconoce este
principio fundamental al establecer que la parte
adversamente afectada podrá presentar su escrito de
revisión dentro de las veinticuatro (24) horas “siguientes
a la notificación de la misma”. Art. 4.001, 16 LPRA sec.
4031. (Énfasis suplido). Por tanto, como la notificación
no fue tardía y el término para acudir en revisión
judicial comenzó a transcurrir una vez los electores
fueron notificados, debemos concluir que el debido proceso
de ley de los electores no fue de ninguna manera
afectado.44
43 Así, en Caro Ortiz v. Cardona Rivera, 158 DPR 592, 599-600 (2003), este Tribunal expresó “que hasta que no se notifica adecuadamente a las partes una resolución, orden o sentencia, ésta no surte efecto y los distintos términos que de ella dimanan no comienzan a transcurrir”. (Énfasis en original). 44 Una mayoría de este Tribunal también concluye que se violó el debido
proceso de ley porque no se les notificó a los electores las apelaciones instadas por los comisionados locales. En primer lugar, vemos que la Sección 2.2 del Reglamento para el Voto Ausente y Adelantado Primarias 2016 y Elecciones Generales 2016 no exige que el comisionado local notifique a los electores del recurso de apelación instado ante la Presidenta de la CEE. Tampoco lo exige la Ley Electoral. Ante la ausencia de un requisito por ley debemos examinar si en efecto el debido proceso de ley requiere la notificación de este tipo de apelación. Entendemos que la jurisprudencia relacionada a la notificación adecuada y la oportunidad de ser oído de ninguna manera exigen que se le notifique a la otra parte la apelación instada ante un foro administrativo. Requerir esto atentaría contra el diseño del procedimiento administrativo, el cual “persigue (...) acelerar la adjudicación”. Ríos Colón v. F.S.E., 139 DPR 167, 183 (1995). En ese sentido, “[s]i se permiten estos mecanismos, el procedimiento administrativo -lejos de ser rápido, sencillo y sin formalismos- corre el riesgo de convertirse en una copia del procedimiento judicial”. Id. CT-2016-15 29
Cabe mencionar que este Tribunal expresó que
“[e]xigirles a las agencias que notifiquen sus
resoluciones dentro de rígidos límites de tiempo sería
prácticamente imposible”. O.E.G. v. Román, 159 DPR 401,
420 (2003). Curiosamente, en esta ocasión el Tribunal es
quien añade una rigidez fatal al trámite administrativo,
pues resuelve que notificar dos o tres días después de
emitir un dictamen afectó el debido proceso de ley de los
electores, a pesar de que éstos podían cuestionar la
determinación y salvaguardar sus derechos.45 Al invalidar
las solicitudes por un fundamento tan jurídicamente
escueto este Tribunal trastoca el andamiaje procesal y
socava los cimientos del debido proceso de ley.
Expuesto lo anterior, no hay duda de que una
mayoría de este Tribunal se escuda detrás de un análisis
distorsionado del derecho, para evitar atender el asunto
que realmente se trajo ante nuestra consideración. A
saber, qué es un médico de cabecera o de tratamiento en el
contexto de una solicitud de voto adelantado por problemas
de movilidad al amparo del Art. 19.039 de la Ley
Electoral, supra. Ante las determinaciones de hecho y de
derecho incluidas en el Informe sometido ante este
Tribunal por la Comisionada Especial, me veo
imposibilitada de ignorar una controversia que arroja duda
45Resulta importante destacar que la alegación de que se notificó dos o tres días después, no es más que eso: una alegación. Ello pues nunca se pasó prueba sobre ello. CT-2016-15 30
sobre la pureza del proceso electoral. En consecuencia,
procedo a exponer el derecho aplicable a este asunto.
Es norma reiterada que nuestro derecho administrativo
se fundamenta en una actitud de gran deferencia por parte
de los tribunales a los organismos administrativos. Vélez
Rodríguez v. ARPE, 167 DPR 684, 693 (2006). En el caso
particular de la CEE, este Tribunal ha expresado que “[e]l
tribunal debe, en aquellos casos en que la determinación
dependa principal o exclusivamente de una cuestión de
derecho electoral especializado, guardar la usual
deferencia al organismo administrativo”. Mundo Ríos v.
CEE, 187 DPR 200, 207 (2012); Granados v. Rodríguez
Estrada I, 124 DPR 1, 20 (1989).
Sin embargo, también hemos señalado que cuando una
parte recurre al Tribunal de Primera Instancia para la
revisión de una determinación, resolución u orden de la
CEE, ese foro “celebrará una vista en su fondo, recibirá
evidencia y formulará las determinaciones de hecho y
conclusiones de derecho que correspondan”. 16 LPRA sec.
4031. Por lo tanto, el foro primario revisa mediante un
juicio de novo las decisiones de la CEE. Suárez Cáceres v.
Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 64-65 (2009). En este
“juicio puede producirse nueva prueba documental y
testifical, lo que implica que todos los extremos
pertinentes y relativos a los planteamientos estarán
abiertos a la consideración del tribunal revisor como si
se plantearan por primera vez”. Íd. Por consiguiente, el
tribunal no tiene que darle deferencia a la evaluación de CT-2016-15 31
la prueba realizada por la CEE. PAC v. PIP, 169 DPR 775,
791-92 (2006).
B
Una de las garantías fundamentales y emblemáticas de
nuestro ordenamiento democrático es el derecho al voto. A
esos efectos, nuestra Constitución dispone que “[l]as
leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo
mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto,
y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el
ejercicio de la prerrogativa electoral”. Art. II, Sec. 2,
Const. ELA, 1 LPRA Art. II, Sec. 2. Anteriormente, hemos
reconocido el derecho al voto como “la más preciada de las
prerrogativas del pueblo, porque es a través del voto que
el pueblo ejerce su poder soberano y expresa su voluntad”.
Ramírez de Ferrer v. Mari Bras, 144 DPR 141, 176 (1997),
citando a P.P.D. v. Admor. Gen. De Elecciones, 111 DPR
199, 207 (1981).
A su vez, la propia Constitución delega en la
Asamblea Legislativa la facultad de “dispon[er] por ley
todo lo concerniente al proceso electoral y de inscripción
de electores, así como lo relativo a los partidos
políticos y candidaturas”. Art. VI, Sec. 4, Const. ELA, 1
LPRA. Según el Diario de Sesiones de la Asamblea
Constituyente, nuestros constituyentes concibieron esta
facultad legislativa con gran amplitud. De ahí que
expresaran lo siguiente:
“Será objeto de reglamentación por ley todo lo concerniente al proceso electoral y al proceso de inscripción de electores en los registros electorales, así como todo lo relativo a los partidos políticos. Las disposiciones de esta constitución no deben entenderse en el sentido CT-2016-15 32
de limitar o menoscabar tal facultad. Otra cosa sería hacer imposible la aprobación de leyes electorales por el poder legislativo. Amplia ha de ser también--sin limitaciones que la harían imposible de ejercitar--la facultad de la Asamblea Legislativa en cuanto a lo concerniente al proceso de inscripción de electores en los registros electorales, a la formación de tales registros, y a los medios para que en ellos sean inscritos los electores legales, así como para que de ellos sean eliminados los electores sin capacidad legal o que no reúnan los requisitos señalados por esta constitución [o] la ley. Amplia ha de ser asimismo la facultad de la Asamblea Legislativa para regular todo lo concerniente a la manera en que se han de depositar y contar los votos en las elecciones y la forma de practicar el escrutinio de tales votos. Y amplia ha de ser la facultad legislativa para reglamentar todos los detalles concernientes al ejercicio del voto y al mecanismo e instrumentación de dicho ejercicio.” Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente de Puerto Rico, pág. 2621 (ed. 1961).
Tenemos, pues, el valor del derecho al voto de cada
ciudadano, por un lado, y la amplia facultad de la
Asamblea Legislativa para regular y viabilizar el
ejercicio concreto de ese derecho, por el otro. A esos
efectos, hemos expresado que “la Asamblea Legislativa
tiene la facultad y la obligación de aprobar aquella
reglamentación que salvaguarde el derecho al voto y que
propenda a la realización de un proceso electoral justo,
ordenado, libre de fraude, honesto, íntegro y
democrático”. PNP v. De Castro Font II, 172 DPR 883, 894
(2007) (énfasis suplido). En aras de conciliar ambos
aspectos de nuestro ordenamiento democrático -el derecho
al voto y la integridad del proceso electoral- hemos
establecido escrutinios judiciales distintos según el
efecto que la actuación gubernamental tenga sobre el
derecho al voto. Así, este Tribunal ha expresado que las CT-2016-15 33
limitaciones, requisitos u obstáculos que se establezcan a
la capacidad como tal que tiene una persona para votar
están sujetas a un escrutinio estricto. Ramírez de Ferrer
v. Mari Bras, supra, pág. 176 (ley requería ciudadanía
estadounidense para poder votar); Angleró v. Barreto
Pérez, 110 DPR 84, 92 (1980) (ley requería que se
registraran 153 días antes de las elecciones). Bajo este
escrutinio, solo prevalecerán aquellas limitaciones que
“constituyan un medio necesario para la consecución de un
interés público apremiante”. Ramírez de Ferrer v. Mari
Bras, supra, pág. 76.
Sin embargo, cuando la acción o norma cuestionada no
constituye una limitación al propio ejercicio del derecho
al voto, sino una prerrogativa legislativa sobre cómo y
cuándo se ejercerá dicho derecho, el escrutinio aplicable
es menos riguroso. A esos efectos, hemos dicho que, en
cuanto al proceso electoral se refiere, “el Estado puede
implantar requisitos razonables, pero ‘de tal forma que no
impongan al elector condiciones de difícil cumplimiento o
exigencias que menoscaben su derecho al voto o desalienten
su ejercicio’”. Rivera v. Gobernador, 121 DPR 558 (1988),
citando a PPD v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 DPR 199,
242 (1981). Por tanto, cuando la ley no tiene el efecto de
impedir o gravar sustancialmente el ejercicio del derecho
al voto, el escrutinio pertinente es el llamado análisis
tradicional o racional. PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló,
110 DPR 248, 261 (1980). Bajo este, la ley no debe ser
invalidada “a menos que sea claramente arbitraria y no
pueda establecerse nexo racional alguno entre la misma y CT-2016-15 34
un interés legítimo del Estado”. Íd., citando a Zachry
International v. Tribunal Superior, 104 DPR 267, 277
(1975).
C
A tono con lo anterior, la Asamblea Legislativa
aprobó el Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo
XXI, Ley Núm. 78-2011, 16 LPRA sec. 4001, según enmendada
(Ley Electoral). En lo pertinente al caso de autos, la Ley
Núm. 239-2014, enmendó el Art. 9.039 de la Ley Electoral,
16 LPRA sec. 4179(m), para establecer que los votos de las
personas con impedimentos de movilidad (encamados) que
cualifiquen como electores de Fácil Acceso en el Domicilio
se trataran como votos adelantados. En específico, la
disposición en cuestión dispone lo siguiente:
Para los casos que soliciten el voto adelantado por la causal de algún tipo de condición médica que le impida asistir a su colegio de votación, la Comisión proveerá un formulario para que el médico de cabecera o de tratamiento del elector certifique: que el elector presenta un problema de movilidad física que sea de tal naturaleza que le impida acudir a su centro de votación.
La Comisión será responsable de reglamentar la manera en que se establecerá el procedimiento a seguir para garantizar el voto de las personas con impedimento de movilidad (encamados). En este procedimiento se trabajará la votación como voto adelantado bajo la supervisión de la Junta Administrativa del Voto Ausente (JAVA) y coordinado por la Junta de Inscripción Permanente (JIP). Id. (énfasis suplido)
Por su parte, el Manual de Procedimientos para el
Voto Adelantado en el Colegio de Fácil Acceso en el
Domicilio para las Elecciones Generales 2016 (11 de agosto
de 2016), exige que la solicitud de una persona encamada
para votar en el colegio de fácil acceso en el domicilio CT-2016-15 35
esté “certificada por su médico de cabecera o médico de
tratamiento”. (énfasis suplido) Íd. pág. 3. Así también,
el Manual establece como requisito que dicha solicitud
esté “firmada por el elector”. Íd. La única excepción a
este requisito aplicará en el caso de electores con
impedimentos para firmar, leer o escribir, en cuyo caso
deberán “hacer una marca y alguna persona autorizada por
[estos] certificará este hecho con su firma como testigo
en el espacio que a estos fines provee la solicitud”. Íd.
Lo primordial al momento de examinar y aplicar una
ley es interpretar su texto. Esto, pues, “cuando el
legislador se ha manifestado en lenguaje claro e
inequívoco, el texto de la ley es la expresión por
excelencia de toda intención legislativa”. Romero Barcelo
v. E.L.A., 169 DPR 460, 476-77 (2006); véase también Brau
v. ELA, 190 DPR 315, 338 (2014). A su vez, es
imprescindible procurar que la interpretación que así se
derive de la ley conserve cierta lógica y razonabilidad,
pues los tribunales también debemos evitar que la pura
aplicación mecánica de la ley acarree graves injusticias.
La disposición de la Ley Electoral que está en
controversia requiere que el formulario de un Voto de
Fácil Acceso en el Domicilio por razón de inmovilidad lo
certifique “el médico de cabecera o de tratamiento del
elector”. 16 LPRA sec. 4179(m). Al interpretar esta
disposición, es de utilidad la regla hermenéutica
denominada expressio unius est exclusio alterius. Según
dicha regla, “la mención específica de una persona o cosa
implica la exclusión de otras personas o cosas”. R.E. CT-2016-15 36
Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación
de las leyes en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 1987,
pág. 345. Dicha norma parte de la renuencia de los
tribunales a imputarle actos inútiles o fútiles a la
Asamblea Legislativa. Flamboyán Gardens v. Junta de
Planificación, 104 DPR 254, 262 (1975).
En este caso, sería difícil ignorar la especificidad
provista al tipo de médico que certificaría la condición
de inmovilidad del elector, ya que el legislador no
dispuso que fuera cualquier médico, sino el médico de
cabecera o de tratamiento del elector. Así, al mencionar
específicamente que se trataría del médico de cabecera o
tratamiento del elector, el legislador excluyó a otros
médicos de la facultad de certificar el referido
formulario.46 En ese sentido, resultan ilustrativas otras
acciones legislativas en las que, a diferencia del caso
ante nos, el legislador ha requerido certificaciones
médicas con expresiones genéricas. Estas, por ejemplo, se
reducen a un “certificado médico”47 o una certificación
expedida por “un médico especialista debidamente
autorizado para ejercer tal profesión”.48 Tomando eso en
cuenta, resulta forzoso hacer la distinción pertinente
ante la caracterización hecha por el legislador en el
artículo 9.039(m) de la Ley Electoral.
46 Recuérdese, además, que el manual de la CEE dispone que la solicitud de estos electores debía certificarse por “su médico de cabecera o médico de tratamiento”. Manual de procedimientos para el voto adelantado en el Colegio de Fácil Acceso a Domicilio para las Elecciones Generales de 2016 (11 de agosto de 2016), pág. 3. 47 Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio
Público, Ley Núm. 184-2004, 3 LPRA sec. 1466 (en el contexto de ausencias al trabajo y licencias por enfermedad). 48 Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000, 9 LPRA sec. 5023(b)(en el contexto de las solicitudes de personas con impedimento de rótulos removibles para estacionar). CT-2016-15 37
Para sustentar esta posición, es también pertinente
determinar el significado particular de las palabras en la
ley. Al incurrir en esta tarea, el Código Civil impone el
deber al juzgador de atribuirle a las palabras su
significado más “corriente y usual”. 31 LPRA sec. 15. Los
términos técnicos, por su parte, deben ser interpretados
según los interpretan “los peritos o maestros” en la
materia en cuestión. 31 LPRA sec. 16.
En otras ocasiones, hemos recurrido al diccionario
para determinar el alcance de una disposición legal. Véase
e.g. García v. Aljoma, 162 DPR 572 (2004); Pueblo v.
Arandes de Celis, 120 DPR 530 (1988); Negrón Soto v.
Gobernador, 110 DPR 664 (1981). Esto, pues consideramos el
diccionario como una “fuente confiable para determinar el
significado de una palabra, presumiendo que el legislador
lo conoce”. Vázquez Negrón v. ELA, 109 DPR 19, 24 esc. 3
(1979). Algunos incluso han expresado que el diccionario
es “la fuente más confiable para determinar el significado
de una palabra”. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra,
op.cit., pág. 250.
La Real Academia Española define médico de cabecera
como aquel que “asiste habitualmente a una persona o a una
familia”. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua
Española (énfasis suplido).49 Así también, define
tratamiento como un “conjunto de medios que se emplean
49Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Ol43qKz%7COl6Jp7U#/?id=Ol43qKz|Ol6Jp7U (última visita 2 de noviembre de 2016). Una definición similar proveían diccionarios más antiguos, como el Diccionario de la Lengua Castellana, según el cual médico de cabecera era aquel que “asist[ía] especialmente á [sic] el enfermo”. J. Ibarra, Diccionario de la Lengua Castellana, Impresor de Cámara de S.M. y de la Real Academia, 1783, pág. 628 (énfasis suplido). CT-2016-15 38
para curar o aliviar una enfermedad”. Íd.50 Por otro lado,
los diccionarios especializados definen médico de cabecera
como quien “asiste especialmente y de continuo al
enfermo”. Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas,
Salvat Editores, 1984, pág. 682 (énfasis suplido).51
De estas definiciones concluimos que el artículo
9.039(m) de la Ley Electoral estableció como requisito que
quien certificara el problema de movilidad fuera un médico
con algún historial previo con el elector, ya fuera porque
es su médico habitual o es el médico que atiende al
elector específicamente en cuanto a la condición o
enfermedad que le causa su inmovilidad. Esta conclusión es
reforzada por la aplicación de la discutida norma
hermenéutica (expressio unius est exclusio alterius) al
referido artículo y el análisis comparativo de otras leyes
que a su vez meramente requieren certificaciones médicas
sin especificar que se trata de un médico de cabecera o
tratamiento.
Bajo el entendido de que “[a]l interpretar y aplicar
un estatuto hay que hacerlo teniendo presente el propósito
social que lo inspiró”, Vázquez v. A.R.Pe., 128 DPR 513,
523 (1991), es propicio añadir que el historial de las
50 Disponible en: http://dle.rae.es/?id=aWzrvDX#/?id=aWzrvDX (última visita 2 de noviembre de 2016). 51 En el contexto de beneficios del Seguro Social, a nivel federal se
define treating source como: “your own physician, psychologist, or other acceptable medical source who provides you, or has provided you, with medical treatment or evaluation and who has, or has had, an ongoing treatment relationship with you”. 20 C.F.R. sec. 404.1502 (énfasis suplido). Véase, e.g., McTaggart v. Astrue, 342 F.Appx. 373, 374-75 (10th Cir. 2009); Barker v. Shalala, 40 F.3d 789 (6th Cir. 1994)(“The treating physician doctrine is based on the assumption that a medical professional who has dealt with a claimant and his maladies over a long period of time will have a deeper insight into the medical condition of the claimant than will a person who has examined a claimant but once, or who has only seen the claimant's medical records.”). CT-2016-15 39
disposiciones legales aplicables al voto de personas
encamadas confirma nuestra conclusión. Al hacer este
análisis, solemos recurrir a “la exposición de motivos [de
la ley en cuestión], la política pública del tiempo, los
informes de las comisiones legislativas y el diario de
sesiones, entre otros”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR
713, 737-38 (2012).
La génesis de la controversia actual se extiende al
proceso electoral de 2004, donde por primera vez la CEE
estableció un procedimiento especial para el voto de
electores con impedimentos de movilidad o encamados.
Originalmente, el procedimiento para que estos electores
votaran se incorporó mediante resoluciones de la CEE,
hasta que en el 2012 se adoptó una enmienda al Código
Electoral para el Siglo XXI que dispuso el Voto de Fácil
Acceso a Domicilio como un tipo de voto ausente. Art.
9.039, Ley Núm. 135-2012; véase también Resolución CEE-RS-
12-103; Resolución CEE-RS-04-67. El proceso para votar de
esta manera, al ser equiparado a un voto ausente, se
reducía a cumplimentar un formulario enviado por correo
que sería verificado y aprobado por la Comisión Local. En
ese sentido, no existía una cualificación o certificación
médica del elector que solicitaba el voto adelantado por
problemas de movilidad.
Este procedimiento suscitó serias controversias en
las Elecciones de 2012, al punto de que varios sectores
políticos hicieron alegaciones de que múltiples votos de
personas encamadas se habían emitido de manera CT-2016-15 40
fraudulenta.52 Las posturas encontradas sobre la
conveniencia del procedimiento hasta entonces contemplado
para el voto de las personas encamadas están reflejadas en
el historial legislativo de las enmiendas al artículo
9.039 mediante la Ley 239-2014. El Informe de la Comisión
de Gobierno, Eficacia Gubernamental e Innovación Económica
señala, por ejemplo, que durante “[los comicios
electorales [de 2012] surgieron controversias vinculadas .
. . al Artículo 9.039 del Código Electoral de Puerto
Rico”. 17ma Asamblea Legislativa, Informe recomendando la
aprobación del P. del S. 1254, con enmiendas (10 de
noviembre de 2014), pág. 10. Según el informe, estas
controversias “provocaron que este innovador sistema de
votar se viera empañado por denuncias de malos manejos de
papeletas enviadas a electores que nunca pidieron votar
bajo ese sistema”. Íd. pág. 11 De ahí que el informe
concluyera que las enmiendas al artículo 9.039 pretendían
“devolv[er] la confianza pública en nuestro sistema
electoral”. Íd.53
Por su parte, la Exposición de Motivos de la Ley Núm.
239-2014 reitera que las enmiendas realizadas al Código
Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, entre ellas
52 Alegato de los Comisionados Electorales del PPD, el PIP y el PPT, págs. 12-13. 53 Del Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes también se
desprenden preocupaciones similares. Véase 17ma Asamblea Legislativa, Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 13 de noviembre de 2014, pág. 23 (donde el representante Torres Yordán expresó lo siguiente: “Señor Presidente, tengo que felicitar a los compañeros porque restablecen que el voto encamado, que el voto encamado realmente quien va a votar es el encamado, no el que recibe la papeleta. Porque todos sabemos que ese día antes de la elección van esos tres, cuatro funcionarios a visitar a ese elector que está encamado, que puede ver que sí, que está encamado y que sí va ejercer su derecho al voto libre y voluntariamente. Que no va a ser que le van a enviar una papeleta por correo y sabrá Dios quién coja esa papeleta y cómo va a votar. Yo creo que al reestablecer esta función le damos sinceridad y honestidad al proceso, y eso es bueno, señor Presidente y demás compañeros”). CT-2016-15 41
las enmiendas al artículo 9.039, procuran “[establecer]
controles y medidas de seguridad que garanticen el voto
independiente y secreto de todos los electores en las
diferentes clasificaciones de voto adelantado o ausente,
en especial, sobre la atención de los grupos de electores
más vulnerables, como son los encamados, los
hospitalizados y aquellas personas con discapacidades”.
Exposición de Motivos, Ley Núm. 239-2014. Así también,
expresa como propósito medular de las enmiendas “proveer
la mayor garantía, transparencia y pureza legal en los
procesos electorales”. Id.
De este trasfondo nos parece que el texto claro de la
ley estuvo a su vez motivado por el interés del legislador
de promover un procedimiento electoral altamente confiable
y que garantizara y protegiera la seriedad de este proceso
democrático. El juicio sobre la conveniencia o
deseabilidad de dicha norma no nos corresponde cuando el
legislador actúa de forma clara y, a su vez, dentro de sus
facultades constitucionales. Desde esta perspectiva, no
albergamos duda de que lo que el legislador quiso fue
otorgarle un rigor a las solicitudes de voto de personas
encamadas del que antes carecía. El rigor fue tal que el
formulario del elector con problemas de movilidad tenía
que estar certificado por el médico de cabecera o
tratamiento del elector.
Expuesto el derecho aplicable, pasemos a atender la
controversia ante nuestra consideración.
V CT-2016-15 42
El Comisionado Electoral del PNP sostiene que una
lectura armoniosa de la Ley Electoral y la intención
legislativa de garantizar el voto a las personas encamadas
exigen que la CEE se limite a verificar que el elector
cumpla con una certificación médica. Consideramos que
dicha lectura no se sostiene a base del lenguaje
específico que provee la Ley Electoral, su historial
legislativo y la reglamentación aplicable, según expuesta
previamente.
Además, arguye que interpretar médico de cabecera o
tratamiento de manera tan específica sería
inconstitucional, pues obstaculizaría el derecho al voto
de los encamados. Tampoco le asiste la razón. Veamos.
En primer lugar, no estamos ante una ley que grava o
impide sustancialmente el ejercicio del derecho al voto.
Todo lo contrario. “[L]a Asamblea Legislativa, para
viabilizar el voto de aquellas personas que debido a
diversas razones no pueden comparecer al colegio electoral
en que están inscritos. . . fijó el procedimiento y voto
de electores ausentes”. PSP v. CEE, 110 DPR 400, 419
(1980) (énfasis suplido). Al establecer un sistema de voto
ausente y voto adelantado, la Asamblea Legislativa cumple
con su obligación de salvaguardar el derecho al voto de
todo ciudadano. Véase PNP v. De Castro Font II, 172 DPR
883, 894 (2007). Recientemente, se añadió el voto de las
personas con impedimentos de movilidad (encamados) a la
lista de personas que pueden votar por adelantado. No
obstante, para garantizar la integridad del proceso
electoral y conforme a la amplia facultad constitucional CT-2016-15 43
conferida, se establecieron una serie de requisitos para
evitar la comisión de fraude en las elecciones.
Ante un ataque constitucional, estos requisitos no
están sujetos a un escrutinio estricto propio de una ley
que limite o grave sustancialmente el derecho al voto de
las personas.54 No estamos ante una ley que obstaculice el
ejercicio del derecho en sí mismo. Véanse, por ejemplo,
Ramírez de Ferrer v. Mari Bras, supra, pág. 176; Angleró
v. Barreto Pérez, 110 DPR 84, 92 (1980). Más bien, el
Artículo 9.039(m) de la Ley Electoral, supra, viabiliza
que los encamados puedan ejercer su derecho al voto y
asegura la pureza del proceso electoral. PSP, PPD, PIP v.
Romero Barceló, supra, pág. 261 (“obedece al propósito
primordial de hacerle posible al mayor número de electores
debidamente inscritos el que efectivamente hagan uso de su
derecho al voto, al mismo tiempo que provee mecanismos
para asegurar la integridad del proceso electoral”.). Así,
al examinar la constitucionalidad de estos requisitos
aplica un escrutinio tradicional o racional. PSP, PPD, PIP
v. Romero Barceló, supra, pág. 261. Requerir que el médico
de cabecera o de tratamiento del elector certifique que la
persona que solicita votar por adelantado padece de una
condición médica que causa un impedimento de movilidad no
es arbitrario y está racionalmente relacionado con un
interés legítimo del Estado: garantizar un proceso
electoral justo, ordenado, libre de fraude, honesto e
54 Sin embargo, “aun sujet[os] a un estricto escrutinio judicial”, debemos concluir que los requisitos establecidos constituyen los mecanismos menos onerosos para la consecución de un interés público apremiante, la integridad del proceso electoral. PSP v. CEE, 110 DPR 400, 440 (1980) CT-2016-15 44
íntegro.55 Ahora bien, no podemos negar que en la mayoría
de las ocasiones la única forma de votar de las personas
encamadas es el voto por adelantado establecido por ley.
Por esta razón, los requisitos establecidos deberán ser
examinados “de tal forma que no impongan al elector
condiciones de difícil cumplimiento o exigencias que
menoscaben su derecho al voto o desalienten su ejercicio”.
Rivera v. Gobernador, supra, pág. 564, citando a PPD v.
Admor. Gen. de Elecciones, supra, pág. 242. Ante una
controversia relacionada al voto ausente de los confinados
sostuvimos que “[e]l prisma adjudicativo judicial tiene
que ser más amplio, a la par que riguroso, en atención a
[las] realidades peculiares y a las restricciones que
estas imponen”. Rivera v. Gobernador, supra, pág. 564.
Considerando lo fundamental que es el voto en nuestro
ordenamiento democrático, no podemos aplicar mecánicamente
los escrutinios judiciales sin considerar si, en efecto,
la Asamblea Legislativa está cumpliendo con su facultad y
obligación de garantizar el sufragio universal y
salvaguardar la integridad del proceso electoral.56 Somos
del criterio que, evaluando los distintos valores
constitucionales implicados, la Asamblea Legislativa
ejerció válidamente sus facultades al requerir que el
certificado médico sea del médico de cabecera o de
55 El requisito de una certificación médica también se ha sostenido en otras jurisdicciones. Véanse, por ejemplo, McDonald v. Bd. Of Election Comm’rs of Chicago, 394 U.S. 802, 803-04 (1969), Whalen v. Heimann, 373 F. Supp. 353, 357 (D. Conn. 1974); Qualkinbush v. Skubisz, 357 Ill. App. 3d 594, 619 (2004). 56 Para una discusión sobre el deber del Estado de reconocer y concretizar, en la medida que sea posible, el derecho al sufragio véase García v. Aljoma, 162 DPR 572, 580-82 (2004). Por otro lado, en PNP v. Tribunal Electoral, 105 DPR 288, 289 (1976) validamos extender el término dispuesto por ley para radicar los sobres con los votos por adelantado en consideración al mandato constitucional de la sección 2 de la Carta de Derechos y de las circunstancias del caso. CT-2016-15 45
tratamiento del elector. En estas situaciones es
previsible y esperado que un elector con una condición
médica que limite su movilidad sea asistido en el curso
ordinario de su tratamiento o enfermedad por profesionales
de la salud para atender sus condiciones de cuidado.
VI
Habiendo concluido que la certificación requerida por
el Art. 9.039 de la Ley Electoral, supra, a los electores
que solicitan votar adelantado por un impedimento de
movilidad es constitucional, procedemos a evaluar las
conclusiones de hecho y de derecho que surgen del Informe
de la Comisionada Especial con relación a los precintos en
controversia.57
En cuanto a la controversia de derecho relativa a qué
es un médico de cabecera, coincidimos con el análisis
expuesto por la Comisionada Especial. Como hemos
adelantado, no tenemos duda de que el legislador quiso
decir exactamente lo que el texto de la ley indica, que el
médico de cabecera o tratamiento de la persona encamada o
con impedimento es la que certifica su condición por haber
tenido un contacto previo con la persona. Esto es, que es
un médico con alguna familiaridad con el elector impedido,
su paciente.
En atención a lo anterior, considero, al igual que la
Comisionada Especial, que los testimonios vertidos por los
57 Según mencionado previamente, las partes llegaron a unos acuerdos parciales que pusieron fin a las controversias sobre el precinto 027 de Arecibo y el precinto 049 de Sabana Grande. Además, el Comisionado Electoral del PNP desistió de sus reclamaciones en cuanto a las solicitudes de la Sra. María Reyes Reyes y el Sr. David Helfeld Hoffman, ambos electores del Municipio de Jayuya. Por tanto, lo determinado por la CEE con relación a esos precintos y electores no son objeto de esta controversia. CT-2016-15 46
doctores Carlos Heredia, Jorge Colón Morales, Ana María
Faget y Dalmarys Moreno Montesino, resumidos en el acápite
I de esta Opinión, demostraron que las certificaciones
realizadas por éstos no cumplen con la Ley.58 Una mayoría
de este Tribunal da por buenas estas certificaciones. Sin
embargo, el proceso descrito por éstos testigos al
realizar las certificaciones –a saber, la existencia de
una ruta designada por comisionados locales del PNP- en
lugar de proteger y reafirmar la confianza debida al
proceso electoral, siembra sospecha y levanta inquietudes
en cuanto a un requisito cuyo fin era enteramente lo
opuesto, transmitir transparencia a través de un proceso
marcado con mayor rigor. Sus testimonios demuestran la
razón por la cual la Asamblea Legislativa entendió
necesario modificar el proceso aplicable al voto
adelantado en controversia.
Ante el esquema descrito, me parece lamentable que
una mayoría de este Tribunal tergiverse los hechos y el
derecho para validar cientos de votos que no se emitieron
conforme a ley. Ignorar esta situación, amparado en un
requerimiento inexistente del debido proceso de ley, hace
un pobre servicio a nuestra democracia. Más aún cuando
sobre 9,000 puertorriqueños y puertorriqueñas completaron
correctamente los requerimientos dispuestos para el voto
adelantado por impedimento.
58Considero que las conclusiones restantes de la Comisionada Especial se ajustaron a la prueba que tanto el Comisionado Electoral del PNP y el PPD presentaron u omitieron presentar para sostener sus respectivos recursos de revisión de la CEE. Por lo anterior, asumiendo que este Tribunal tuviera jurisdicción para atender la controversia, acogería todas las recomendaciones de la Comisionada Especial. CT-2016-15 47
La CEE es la entidad facultada en ley para
salvaguardar la integridad de los procesos electorales.
Si bien el derecho al voto es fundamental, los requisitos
que lo viabilizan son esenciales para que la voluntad del
electorado y la integridad de los procesos sea suprema.
Conforme a la ley y la reglamentación vigente, la CEE
notificó su resolución a todas las partes involucradas.
No existe prueba admitida al récord que rebata tal
presunción. De manera que, en este caso, sin rigor alguno,
se asumió jurisdicción sobre un caso en el que el
Comisionado Electoral del PNP no notificó su recurso de
revisión conforme a la Ley Electoral. Sin embargo, se
descartó la Resolución de la CEE alegando que no se
notificó al elector, argumento que es traído, por primera
vez, y mediante prueba de referencia, en el alegato
presentado ante este Tribunal. No hay duda de que este
Tribunal excedió su facultad para alcanzar el fin
promovido: que las solicitudes de voto adelantado --
altamente cuestionables-- correspondientes a los listados
provistos por los Comisionados Locales del PNP, no sean
objeto de escrutinio por el personal de la CEE.
Por entender que una mayoría de este tribunal
distorsiona el récord administrativo, añade prueba que
nunca se presentó ante la Comisionada, llega a
conclusiones que no se sustentan en derecho y evalúa esta
controversia de forma acomodaticia para llegar a un fin
particular, disiento. CT-2016-15 48
Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Aníbal Vega Borges, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista
Liza García Vélez, en su capacidad oficial como Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Guillermo San Antonio Acha, en su capacidad oficial como Núm. CT-2016-15 Certificación Comisionado Electoral Intrajurisdiccional del Partido Popular Democrático; Partido Independentista Puertorriqueño, (PIP); por conducto de su Comisionado Electoral Sr. Roberto I. Aponte Berríos; Partido del Pueblo Trabajador, (PPT), por conducto de su Comisionado Electoral Dr. José F. Córdova Iturregui
“She seems to be more than one person. A dual personality? Sybil and Peggy, totally different form each other.” Flora Rheta Schreiber, Sybil: The Classic True Story of a Woman Possessed by Sixteen Personalities.
Opinión Disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 2016
Es al final de cada cuatrienio, cuando estamos
inmersos en el proceso electoral, que se sienten con mayor CT-2016-15 2
intensidad, los efectos nocivos del flujo de la marea. Es
en estos momentos cuando se hace evidente la veracidad de
la admonición de don Ramón de Campoamor: “nada es verdad
ni mentira, todo es según el color del cristal con que se
mira”. Nuevamente, una exigua mayoría del Tribunal, “a
sólo una horas de comenzar el evento que cada cuatrienio
marca nuestro renovado compromiso democrático, … arroja
sombras sobre su legitimidad.” Mundo Ríos v. CEE, 187 DPR
200, 213 (2012) (Rodríguez Rodríguez, Op. disidente).
Véase además, Rivera Guerra v. C.E.E., 187 DPR 229 (2012).
La controversia ante nuestra consideración se suscitó
durante el proceso de evaluación de un sinnúmero de
solicitudes de voto adelantado de electores con
impedimentos de movilidad para las elecciones generales a
celebrarse el martes, 8 de noviembre de 2016. Véase
Artículo 9.039 (m) de la Ley electoral del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, 16 LPRA sec. 4179 (m); Reglamento
de voto ausente y voto adelantado de primarias 2016 y
elecciones generales 2016 de 25 de mayo de 2016; Manual de
de 11 de agosto de 2016. En esencia, en diversas
Comisiones Locales de Elecciones se impugnó la aprobación
de cientos de solicitudes, aduciendo incumplimiento con
diversas disposiciones legales aplicables.
Consecuentemente, los Comisionados Locales del
Partido Popular Democrático, el Partido Nuevo Progresista y CT-2016-15 3
el Partido Independentista Puertorriqueño presentaron
diecinueve (19) apelaciones ante la Comisión Estatal de
Elecciones (Comisión). Véase Informe de la Comisionada
Especial de 1 de noviembre de 2016, pág. 2.
El 26 de octubre de 2016, a las 9:07 p.m., la
Lcda. Liza M. García Vélez, Presidenta de la Comisión,
notificó la Resolución Emendada CEE-RS-16-83 (Resolución
Enmendada) mediante la cual dispuso de las referidas
apelaciones concernientes a 788 electores. Inconforme con
la determinación, el Comisionado Electoral del Partido
Popular Democrático, Lcdo. Guillermo San Antonio Acha
(Comisionado Electoral del P.P.D.) presentó, el 27 de
octubre de 2016 a las 11:51 a.m., un recurso de revisión
judicial ante el Tribunal de Primera Instancia.
Posteriormente, el Comisionado Electoral del Partido Nuevo
Progresista, Lcdo. Aníbal Vega Borges (en adelante,
Comisionado Electoral del P.N.P o peticionario) presentó,
por su parte, un recurso de revisión judicial ante el foro
primario el 27 de octubre de 2016 a las 12:57 p.m.59
Ahora bien, el 28 de octubre de 2016, el Comisionado
Electoral del P.N.P presentó ante este Foro los escritos
titulados Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción y
Recurso de Certificación Intrajurisdiccional. Mediante
Resolución, notificada el mismo día, una mayoría de este
Tribunal declaró con lugar ambas peticiones. A esos efectos,
59Posteriormente, el 28 de octubre de 2016, la Hon. Aileen Navas Auger, Juez Superior, ordenó la consolidación de ambos recursos. CT-2016-15 4
se ordenó la celebración de vistas evidenciarias, a
celebrarse durante los días 29 y 30 de octubre de 2016; se
designó a la Hon. Aileen Navas Aguer, Juez Superior, como
comisionada especial a cargo de las vistas, y se ordenó a
las partes a presentar sus alegatos el 3 de noviembre
de 2016.
El 29 de octubre de 2016, el Comisionado Electoral
del P.P.D. solicitó, ante este Tribunal, la desestimación
del recurso presentado por el Comisionado Electoral del
P.N.P. mediante escrito intitulado Moción urgente de
desestimación por falta de jurisdicción del Tribunal y, en
la alternativa, solicitud de orden aclaratoria sobre
consolidación.
En lo pertinente, el Comisionado Electoral del P.P.D.
señaló que el Comisionado Electoral del P.N.P notificó el
recurso de revisión judicial a la Comisión el 28 de
octubre de 2016 a las 9:57 a.m. Arguyó que, al así
proceder, la notificación se realizó transcurridas las
veinticuatro (24) horas que el Artículo 4.001 de la Ley
electoral, 16 LPRA sec. 4031, dispone para hacerlo. Razonó
que el recurso de revisión judicial nunca se perfeccionó,
por lo que los tribunales carecen de jurisdicción para
atenderlo.
Por su parte, el Comisionado Electoral del P.N.P. se
opuso a la moción de desestimación. En esencia, adujo dos
fundamentos para plantear que la notificación se realizó
de forma oportuna. En primer lugar, el Comisionado
Electoral del P.N.P. resaltó que “las partes se sometieron
voluntariamente a la jurisdicción del tribunal CT-2016-15 5
independientemente haya habido error o no en la
notificación de las partes”. Moción en oposición a
desestimación y acreditando notificación del comisionado
electoral del PNP, pág. 6. Por otro lado, arguyó que, por
virtud del Artículo 2.004 de la Ley electoral, los
términos del Artículo 4.001 se computaban de conformidad
con las Reglas de Procedimiento Civil. A esos efectos,
razonó que, conforme a la Regla 68.1 de Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. V R. 68.1, el término para la
presentación y notificación del recurso de revisión en
cuestión comenzó a discurrir el día después al que se
notificó la Resolución Enmendada. Así, sostuvo que tenía
hasta el 28 de octubre de 2016, en horas de la noche, para
presentar y notificar el recurso de revisión.
El 31 de octubre de 2016, una mayoría de este
Tribunal consideró que los planteamientos de índole
jurisdiccional presentado por el Comisionado Electoral del
P.P.D. no tenían mérito. Por ello, declaró no ha lugar la
moción de desestimación. A excepción del Juez Asociado
señor Estrella Martínez, los demás componentes de la
mayoría suscribieron unas expresiones emitidas por el Juez
Asociado señor Martínez Torres. En éstas, concluyó que el
término de veinticuatro (24) horas provisto por el
Artículo 4.001 de la Ley electoral es de carácter
jurisdiccional para efectos de la presentación del recurso
de revisión. Empero, se razonó que el término se clasifica
como de cumplimiento estricto con relación a la
notificación del recurso. Es decir, fue el
Artículo 4.001 es un término bifronte que se desdobla a CT-2016-15 6
conveniencia. Asimismo, la mayoría consideró que el
Tribunal de Primera Instancia, motu proprio, prorrogó el
término para notificar el referido recurso mediante una
orden. Véase Orden del Juez Superior Ángel R. Pagán Ocasio
de 27 de octubre de 2016, SJ2016CV00290.60
Posteriormente, el 2 de noviembre de 2016, el
Comisionado Electoral del Partido del Pueblo Trabajador
(Comisionado Electoral del P.P.T.) compareció ante este
Tribunal mediante una Moción de desestimación por falta de
jurisdicción y en solicitud de reconsideración. En lo
pertinente, planteó que el Comisionado Electoral del
P.N.P. le notificó tardíamente la presentación del recurso
de revisión judicial, a saber, el 28 de octubre de 2016 a
las 9:34 a.m.
Por último, destaco que, el 3 de noviembre de 2016,
el Comisionado Electoral del P.P.D. presentó una Moción de
reconsideración en la que planteó, nuevamente, el asunto
de falta de jurisdicción por incumplimiento del Comisionado
Electoral del P.P.D. con la notificación del recurso de
60 Cabe destacar que la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió unas expresiones en las que señaló que, el incumplimiento con los requisitos estatutarios que dispone el Artículo 4.001 de la Ley priva de jurisdicción al Tribunal para entender en el asunto. Por otro lado, el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón emitió un Voto Particular Disidente, al que se unió la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez. En éste, el Juez Asociado no categorizó el referido término como uno jurisdiccional. No obstante, asumiendo que éste fuese uno de cumplimiento estricto, reconoció que el Comisionado Electoral del P.N.P. notificó el recurso de revisión judicial transcurridas las veinticuatro (24) horas correspondientes y no adujo justa causa para así hacerlo. CT-2016-15 7
revisión judicial dentro del término dispuesto por el
Artículo 4.001 de la Ley electoral.
Conforme adelanté, por entender que una mayoría de
este Tribunal se abrogó la jurisdicción que estimó
pertinente para atender un caso que no fue perfeccionado
conforme a la legislación aplicable, preciso expresarme,
nuevamente, en torno a este particular.
El Artículo 4.001 de la Ley electoral del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, 16 LPRA sec. 4031, regula
lo concerniente a la presentación y notificación de
recursos de revisión judicial respecto a decisiones de la
Comisión en torno a controversias electorales. En
particular, el referido artículo dispone que:
Dentro de los treinta (30) días anteriores a una elección el término para presentar el escrito de revisión será de veinticuatro (24) horas. La parte promovente tendrá la responsabilidad de notificar dentro de dicho término copia del escrito de revisión a la Comisión y a cualquier otra parte afectada. El tribunal deberá resolver dicha revisión dentro de un término no mayor de cinco (5) días, contado a partir de la presentación del caso. 16 LPRA sec. 4031 (énfasis suplido).
Según se desprende de la precitada disposición, si la
presentación del escrito se efectúa dentro de los treinta
(30) días anteriores a una elección, la parte promovente
tendrá la responsabilidad de notificar la presentación del
recurso a las otras partes afectadas dentro del mismo CT-2016-15 8
término que tiene para presentar el escrito, a saber,
veinticuatro (24) horas.
El requisito de notificación de escritos de revisión
judicial a las otras partes en un pleito persigue el noble
propósito de asegurar que éstas puedan litigar
vigorosamente su causa y, en consecuencia, que el tribunal
goce de un expediente claro y completo para resolver la
controversia ante su consideración. Por estas razones, el
requisito de notificación está revestido de un carácter
imperativo. Véase Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR
84, 90 (2013). Éste coloca a la parte contraria en
conocimiento del recurso de revisión, sin lo cual se
frustraría su derecho al debido proceso de ley en su
vertiente procesal.61
Los términos para efectuar la notificación de la
presentación de un recurso de revisión pueden ser de
naturaleza jurisdiccional o de cumplimiento estricto. Por
un lado, los requisitos de cumplimiento estricto pueden
eximirse o prorrogarse por causa justificada oportunamente
invocada por la parte que incumplió con el término.62 Véase
Jorge E. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7
61 Cabe recordar que, hemos identificado, como componentes básicos del debido proceso de ley, elementos básicos procesales como lo son una notificación adecuada y la oportunidad de ser escuchado y de defenderse. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611, 616 (1998). 62 Ahora bien, cabe señalar que un tribunal no puede, sin
más, eximir o prorrogar el cumplimiento de estos requisitos. Para esto, se requiere que la parte que solicita la prórroga, o actúa fuera de término, aduzca justa causa para ello. Si ésta no lo hace, el tribunal carece de discreción para prorrogar el término y acoger el recurso ante su consideración. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013); Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 131 (1998); Bco. Popular v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657 (1997). CT-2016-15 9
(2000); Soto Pino, 189 DPR en la pág. 92. En contraste,
los términos jurisdiccionales son fatales, improrrogables
e insubsanables; por lo tanto, no son susceptibles de
extenderse. Véase Insular Highway v. A.I.I. Co., 174 DPR
793, 806-807 (2008); Jorge E. Martínez, 151 DPR en la pág.
7. Véase, además, Ivette Ramos Buonomo, Derecho Procesal
Civil, 71 Rev. Jur. UPR 515, 516 (2002) (“Por término
jurisdiccional se entiende que el plazo establecido
discurre inexorablemente sin que se admita excusa alguna
para su incumplimiento”.). Debido al carácter fatal del
término jurisdiccional, un tribunal carece de jurisdicción
para considerar un escrito de revisión si la parte
promovente incumple con presentarlo y notificarlo a las
partes dentro del término. Véase De Jesús Viñas v.
González Lugo, 170 DPR 499, 507-08 (2007).
Para auscultar si un término particular es de
naturaleza jurisdiccional o de cumplimiento estricto,
debemos ceñirnos a una hermenéutica rigurosa. Acorde con
ésta, en primer lugar, es menester analizar el texto de la
ley, divorciado de consideraciones exógenas. Recordemos
que el Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico
establece guías para la interpretación legislativa, a
saber: “[c]uando la ley es clara [y] libre de toda
ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada
bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. 31 LPRA
sec. 14. Así, pues, cuando el lenguaje del
legislador es claro e inequívoco, el texto de la ley es
la expresión por excelencia de la intención legislativa. CT-2016-15 10
Spyder Media, Inc. v. Mun. de San Juan, 194 DPR 547, 555
(2016); Báez v. ELA, 179 DPR 231, 245 (2010).
Ahora bien, no debemos confundir el análisis
textualista con uno miope. Al analizar la disposición
legal en controversia, ésta nunca debe interpretarse de
manera aislada; al contrario, al estudiar la disposición
particular hay que considerar todo su contexto de manera
integral para llegar a una conclusión que guarde
coherencia con el propósito de la ley en la cual está
incluida. Spyder Media, Inc., 194 DPR en la pág. 555-56;
Mun. San Juan v. Banco Gub. Fomento, 140 DPR 874, 884
(1996). No obstante, en ocasiones la ley puede resultar
ambigua o guardar silencio sobre alguna interrogante. Ante
una ambigüedad o silencio en el texto, los tribunales
deben asegurar el cumplimiento de la intención
legislativa. Spyder Media, Inc., 194 DPR en la pág. 556;
Rivera Figueroa v. AAA, 177 DPR 345, 363 (2009).
En lo que nos concierne, hemos considerado que cuando
el texto de la ley guarda silencio sobre un requisito de
notificación, o sobre el término para notificar, es
improcedente atribuirle un carácter jurisdiccional a éste.
En el caso de Lagares v. ELA, 144 DPR 601 (1997),
razonamos que ya que la Regla 47 de las Reglas de
Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III R. 47,
nada disponía sobre el requisito de notificación al instar
una moción de reconsideración, por lo que era improcedente
darle carácter jurisdiccional a un requisito no
dispuesto en la ley. Id. en la pág. 617. De
igual manera, en Sucn. Salvador Jiménez v. CT-2016-15 11
Pérez, 153 DPR 527 (2001), resolvimos que la Regla 43.3
de las Reglas de 1979 nada disponía sobre el requisito de
notificación al presentar una moción solicitando
determinaciones de hecho adicionales; por lo tanto,
procedía revestirle de carácter de cumplimiento estricto y
no jurisdiccional. Id. en la pág. 531-34. Finalmente, en
Junta de Directores v. Ramos, 157 DPR 818 (2002),
concluimos que si bien el Artículo 35.8 de la Ley de
Cooperativas requería la notificación del recurso de
revisión de una determinación de la Junta de Directores,
éste no especificaba que tenía que ser dentro del término
para presentar el recurso. Por lo tanto, consideramos
prudente categorizar este término como uno de cumplimiento
estricto. Id. en la pág. 823. Es meritorio puntualizar que
en todos los casos citados existía ambigüedad sobre la
existencia del requisito de notificación o sobre el
término para éste dispuesto.
Por otro lado, en las instancias donde se establece
claramente un requisito de notificación –como en la
controversia ante nosotros- hemos interpretado el
requisito como uno jurisdiccional. Esto ha sido así, ya
que hemos identificado la intención clara de la ley, de la
cual se desprende el carácter obligatorio del término y de
su cumplimiento. Así, en González Santos v. Bourns, 125
DPR 48 (1989), resolvimos que la notificación del escrito
de apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior
era uno de índole jurisdiccional porque la Regla 53.2 de
las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 expresamente disponía CT-2016-15 12
que “el apelante notificará la presentación del escrito de
apelación a todas las partes . . . dentro del término para
apelar”. Id. en la pág. 63; Lagares, 144 DPR en la pág.
De igual manera, en Méndez v. Corp. Urb. Quintas de
San Luis, 127 DPR 635 (1991), llegamos a la conclusión que
el requisito de notificación del recurso de revisión
judicial de una determinación administrativa, acorde con
la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como la
Ley de procedimiento administrativo uniforme, era de
naturaleza jurisdiccional. Esto, a razón del texto de la
ley, que reza: “[l]a parte notificará la presentación de
la solicitud de revisión a la agencia y a todas las partes
dentro del término para solicitar dicha revisión”. 3 LPRA
sec. 2172. En ese entonces, razonamos que el lenguaje de
la disposición recogía “la intención clara del legislador
de que el recurso de revisión se perfeccione dentro del
término de treinta (30) días. Es un fuerte indicador de
que. . . estamos propiamente ante un requisito de carácter
jurisdiccional”. Méndez, 127 DPR en la pág. 637. Añadimos
que, “[c]oncluir lo contrario desvirtuaría uno de los
propósitos cardinales de la nueva ley”. Id.
Específicamente, en el contexto del Derecho
Electoral, hemos dispuesto que el término de diez (10)
días para acudir en revisión judicial de una determinación
de la Comisión Estatal de Elecciones es uno
jurisdiccional, aunque la ley no lo dispone así
expresamente. Véase Frente Unido Independentista v.
CEE, 126 DPR 309, 319 (1991). Este CT-2016-15 13
razonamiento fue posteriormente discutido en López Rosas
v. CEE, 161 DPR 527 (2004), donde identificamos que “el
propósito de la referida ley en el establecimiento de
términos cortos para recurrir al Tribunal de una
determinación de la C.E.E., es lograr la tramitación
pronta de los asuntos electorales”. Id., en la nota 5. Por
ende, queda de manifiesto que la Asamblea Legislativa, al
disponer términos cortos para tramitar las controversias
electorales, avaló la “diligencia en la presentación de
los reclamos de los electores, de manera que se eviten
dilaciones y demoras innecesarias que entorpezcan el
proceso electoral y promuevan la incertidumbre de
derechos”. Frente Unido Independentista, 126 DPR en la
pág. 318. Asimismo, muy recientemente, en referencia al
Art. 4001 que nos ocupa, este Tribunal señaló que
[a]sí pues, por su importancia y el impacto al derecho al sufragio, las decisiones de la CEE deben ser presentadas y resueltas con suma celeridad. Es por ello que el [Art. 4001] establece términos cortos, en ocasiones de una (1) hora, para que el foro primario resuelva las apelaciones provenientes de la CEE. Ríos Martínez v. Comisión Local de Elecciones de Villalba, 196 DPR ___, 2016 TSPR 188, en la pág. 14 (2016).
En consideración a todo lo anterior, con tal de
asegurar el propósito de la tramitación expedita
consagrado en la Ley electoral, estamos obligados a
emplear una interpretación restrictiva de los términos
aplicables para presentar y notificar los recursos de
revisión judicial.
Según hicimos constar, el texto del Artículo 4.001 de
la Ley electoral nada dispone sobre la clasificación del CT-2016-15 14
término único para presentar y notificar el recurso de
revisión. No obstante, se desprende de éste, que ambos
actos gozan del mismo término, entiéndase, veinticuatro
(24) horas. Por tanto, considerando la naturaleza de las
controversias electorales, el término exiguo que dispone
la Ley para presentar recursos de revisión judicial, y la
citada jurisprudencia electoral, sabemos que el término
para presentar y notificar el recurso de revisión judicial
es de naturaleza jurisdiccional.63 No hay razón para llegar
a una conclusión contraria en este caso. Permitir que un
recurso de revisión electoral se notifique tardíamente
desvirtuaría el propósito de los términos cortos
dispuestos en la Ley electoral.
Por último, resalto que el término de veinticuatro
(24) horas para presentar y notificar recursos de revisión
cuando surgen dentro de los treinta (30) días antes de una
elección provee también para que el foro de instancia
resuelva el caso dentro de cinco (5) días a partir de la
presentación. No resulta difícil imaginar que la
notificación tardía del recurso a las partes
afectadas pueda impedir que se cumpla con ese
término estatutario para resolver el caso y que,
en consecuencia, se “[entorpezca] el proceso electoral y
63 Aunque Frente Unido Independentista habla específicamente del término de diez (10) días para acudir en revisión como jurisdiccional, sería absurdo concluir que el término de veinticuatro (24) horas para acudir en revisión cuando quedan menos de treinta (30) días para las elecciones no es jurisdiccional. Como bien sabemos, debemos evitar alcanzar resultados absurdos al interpretar la ley. Ríos Martínez, 2016 TSPR 188 en la pág. 3. CT-2016-15 15
[promueva] la incertidumbre de derechos”. Frente Unido
Independentista, 126 DPR en la pág. 318.
Tanto el Comisionado Electoral del P.P.D. en su
Moción urgente de desestimación y su Moción de
reconsideración, como el Comisionado Electoral del P.P.T.
en su Moción de desestimación plantearon, esencialmente,
lo mismo. A saber, que el Comisionado Electoral de P.N.P.
notificó tardíamente –el 28 de octubre de 2016- la
presentación del recurso de revisión judicial. Les asiste
la razón.
Surge del expediente que la Presidenta de la Comisión
emitió la Resolución Enmendada, objeto del presente
litigio, el 26 de octubre de 2016 a las 9:07 p.m. Así,
pues, conforme al texto indubitado del Artículo 4.001 de
la Ley electoral, las partes interesadas en acudir en
revisión judicial, en ocasión de estar a un periodo de
treinta (30) días de las elecciones generales, tenían
veinticuatro (24) horas para presentar y notificar el
recurso en cuestión. Así, pues, en este caso este término
vencía el 27 de octubre de 2016 a las 9:07 p.m.
Según adelantamos, el Comisionado Electoral de P.N.P.
adujo diversos fundamentos con tal de convencer a este
Tribunal de que notificó el referido recurso
oportunamente. En efecto, logró persuadir a una mayoría de
este Foro. No obstante, estoy imposibilitada de ignorar el
hecho –no controvertido- que el recurso de revisión judicial
se notificó, tanto a la Comisión como al Partido del Pueblo CT-2016-15 16
Trabajador, el 28 de octubre de 2016 en horas de la
mañana. Entiéndase, vencido el término jurisdiccional
único para la presentación y notificación del recurso,
según dispone el Artículo 4.001 de la Ley electoral.
Considero que este Tribunal ha sido enfático al
disponer, en numerosas ocasiones, que el perfeccionamiento
de los recursos apelativos debe observarse de manera
rigurosa. Véase García Ramis v. Serrallés Ramis, 171 DPR
250, 253 (2007); Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 DPR 122
(1998). Asimismo, es norma arraigada el que no puede
quedar al arbitrio de los abogados qué disposiciones
reglamentarias deben acatar y cuándo. Pellot v. Avon, 160
DPR 124, 134 (2003). En este caso, el incumplimiento con
los requisitos estatutarios que regulan el
perfeccionamiento del recurso de revisión al amparo del
referido Artículo es patente.
Por otro lado, la mayoría, mediante discusión
serpentina, concluye que la Resolución Enmendada de la
Comisión fue notificada tardíamente a los electores –a
saber, dos días posteriores a su emisión y enviada por
correo postal- el desenlace lógico, en todo caso, sería
diametralmente opuesto a la conclusión que llega la
mayoría. Me explico.
En primer lugar, recordemos que la falta de
jurisdicción “incide directamente sobre el poder mismo
[del tribunal] para adjudicar una controversia”. S.L.G.
Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).
Véase, además, Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005); CT-2016-15 17
Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345
(2003). Por ello, la falta de jurisdicción es un asunto
que puede atender el tribunal a motu proprio, pues, “no se
tiene discreción para asumir jurisdicción allí donde no la
hay”. Souffront, 164 DPR en la pág. 674. Sin duda, cuando
se promueve un pleito que no está maduro debemos aplicar
este principio. Véase Córdova y otros v. Cámara
Representantes, 171 D.P.R. 789 (2007); José A. Cuevas
Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil 176, Tomo I
(2da ed. 2011).
Como bien expone la opinión mayoritaria, y como hemos
repetido en numerosas ocasiones, “la notificación de una
decisión final es un requisito del debido procedimiento de
ley con el que se debe cumplir de modo tal que el
ciudadano afectado pueda enterarse de la decisión final
que se ha tomado en su contra”. Río Const. Corp. v. Mun.
de Caguas, 155 DPR 394, 405 (2001). Véase, además,
Reliable v. ELA, 195 DPR ___, 2016 TSPR 140, en la pág. 7
(“La notificación adecuada es uno de los preceptos del
debido proceso de ley en su modalidad procesal”.). El
deber de notificar a las partes no es una formalidad
cualquiera, sino que tiene efectos sobre los
procedimientos posteriores al dictamen final de un proceso
adjudicativo porque incide directamente sobre el derecho
de una parte a cuestionar el dictamen emitido. Véase
Dávila Pollock v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011).
En atención a lo anterior, hemos determinado, en
cuanto a pleitos judiciales, que el término para acudir en alzada, CT-2016-15 18
tanto de una resolución interlocutoria como de una
sentencia final, no comienza a transcurrir si el tribunal
deja de notificar el dictamen a alguna de las partes.
Véase Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, 155 DPR 49,
58 (2001). Igualmente, en caso de una notificación
defectuosa del dictamen final a cualquiera de las partes,
el término no comienza a transcurrir para ninguna de las
partes. Véase Medio Mundo, Inc. v. Rivera, 154 DPR 315,
330 (2001). Lo mismo hemos determinado en el ámbito del
Derecho Administrativo. Véase Hosp. Dr. Domínguez, Inc. v.
Ryder, 161 DPR 341, 347 (2004). Ciertamente, mientras el
término no comience a discurrir para que las partes acudan
en revisión, ninguna puede presentar un recurso de
revisión; al así hacerlo, estaría presentando un recurso
prematuro. Un recurso prematuro, como uno tardío, adolece
del insubsanable defecto de privar de jurisdicción al
tribunal al cual se recurre. Véase Juliá Padró v. Epifanio
Vidal, S.E., 153 DPR 357, 365 (2001). La presentación de
un recurso prematuro carece de eficacia y no produce
efecto jurídico alguno, pues no hay autoridad judicial
para acogerlo. Id. en la pág. 366.
En concreto, una mayoría de este Tribunal considera que la
Comisión no notificó la Resolución Emendada oportunamente a los
electores.64 Para fundamentar su postura, hacen alusión
64Debo señalar que la notificación de las decisiones de la Comisión referentes a las solicitudes de voto adelantado en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio -que se hayan apelado de las Comisiones Locales- está particularmente regulado por el Manual de procedimiento para el voto adelantado en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio para las elecciones generales 2016 de 10 de agosto de 2016. Específicamente, el Inciso H dispone que CT-2016-15 19
a dos documentos que figuran en el expediente. En primer
lugar, subrayan que la Resolución Emendada dispuso que
“[e]l trámite para conformar los expedientes de estos
casos en la Oficina de Secretaría ha sido complejo y
azaroso”. Resolución Emendada, pág. 1. De otra parte,
hacen referencia a una Certificación que presentó -
posterior a las vistas evidenciarias- el Comisionado
Electoral del P.N.P. Alegato del Comisionado Electoral del
Partido Nuevo Progresista, Lcdo. Aníbal Vega Borges, anejo
1. De ésta, aparenta desprenderse que la notificación a
los electores se realizó vía correo postal los días 28 y
29 de octubre de 2016.
En el caso que nos ocupa, si no se notificó la
determinación de la Comisión a los electores afectados
hasta dos días después de la emisión, pues, precisamente
dos días después comenzaba a transcurrir el término para
acudir en revisión judicial. No podemos partir de la fecha
en que se notificó la Resolución Enmendada a los
Comisionados como fecha hábil para acudir al foro
de instancia, por cuanto faltaba notificar a las
otras partes interesadas. Por lo tanto, todo
recurso de revisión judicial que se instó entre esos
dos días ―como el recurso que nos ocupa― era prematuro
“[l]a Comisión notificará al elector y a la Comisión Local la decisión”. Manual, pág. 6. Evidentemente, la disposición no contiene término alguno para realizar la notificación. A esos efectos, considero que las expresiones de la mayoría en torno a la notificación ‘inoportuna’ por parte de la Comisión a los electores, se atendió sin el rigor necesario. Así, de volverse a suscitar una controversia respecto a este particular, tendremos que aclarar una norma dictada al margen de las controversias puntuales que plantearon las partes ante nuestra consideración. CT-2016-15 20
y el Tribunal de Primera Instancia estaba privado de
jurisdicción para considerarlo. Lo procedente, entonces,
es que este Tribunal, habiendo asumido ‘jurisdicción’ una
vez se presentó la solicitud de certificación, declarara
prematuro el recurso de autos. Por lo demás, la decisión
de la Comisión ya ha advenido final y firme y es
inapelable. Esto es así, ya que los últimos electores que
fueron notificados el 29 de octubre de 2016, tenían hasta
el 3 de noviembre de 2016 para acudir en revisión
judicial.65 El término otorgado a las partes venció ese día
y, en vista de que ninguna parte afectada interpuso un
recurso de revisión judicial durante el término para
acudir al tribunal, procedería dar por final y firme la
determinación emitida por la Comisión.
Por último, debo explicar mi preocupación con el
acápite dispositivo de la opinión mayoritaria. Conforme a
cualquiera de los fundamentos en derecho que he explicado,
resulta que no existe jurisdicción para atender el recurso
de revisión judicial. Por ello, en correcta aplicación del
derecho apelativo, corresponde confirmar el dictamen
recurrido. No obstante, la mayoría de este Tribunal opta por
65 Esto, a razón de que en el cómputo de los términos expresados en el Art. 4.001 de la Ley electoral, aplican las Reglas de Procedimiento Civil. 16 LPRA sec. 4004. En vista de que las partes afectadas fueron notificadas por correo, éstas tenían tres (3) días adicionales a las veinticuatro (24) horas dispuestas en el Art. 4.001 para instar su recurso de revisión judicial. 32 LPRA Ap. V. sec. 68.3. Además, como el plazo concedido es menor de siete (7) días, se excluye del cómputo el domingo, 30 de octubre de 2016. 32 LPRA Ap. V. sec. 68.1. Por lo tanto, el término expiraba ayer jueves, 3 de noviembre de 2016. CT-2016-15 21
un curso de acción distinto; a saber, decide aprobar las
solicitudes de voto adelantado en el Colegio de Fácil
Acceso en el Domicilio.
Al así proceder, para mi sorpresa, nuevamente salen a
relucir los síntomas del trastorno de identidad
disociativo (multiple personality disorder) que aqueja la
postura mayoritaria en este caso desde el 28 de octubre de
2016. Véase Resolución de 28 de octubre de 2016, Voto
Particular Disidente Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez, nota 1. Me explico. La opinión dispone que
“validaría todas las peticiones de voto adelantado que
epígrafe” (énfasis suplido). Opinión, pág. 16. No
obstante, inmediatamente después, se expresa que
“[c]onforme a todo lo anterior, validaría todas las
consideración de este Tribunal” (énfasis suplido). Id.
“Ahora imagine que”, los Comisionados Electorales como los
electores afectados reciben este dictamen. ¿Qué procede
entonces? Sin duda, se asentaría una duda legítima sobre
cuáles solicitudes, en efecto, deberán aprobarse. Por
tanto, el dictamen mayoritario, tras implícitamente
concluir que no tenía jurisdicción para atenderse el
recurso de revisión judicial, debía confirmar el dictamen
de la Comisión. Así de simple.
Conforme a los fundamentos antes esbozados, me parece
impertinente entrar en los méritos de la controversia. No
obstante, con tal de esclarecer la norma sustantiva que debe CT-2016-15 22
ser aplicable, considero suficiente anejar a esta Opinión
Disidente, de forma íntegra, el Informe de la Comisionada
Especial de 1 de noviembre de 2016.
Cierro con un corazón pesado. Insisto que al
desviarnos del trayecto que defiende y postula que “[l]os
Jueces y Magistrados, en ese itinerario fatigoso y difícil
que es garantía de su elevación moral y de su estimación
cívica, deben mantenerse en la línea del apoliticismo más
radical”, laceramos nuestra imagen, la del Tribunal y al
final, la confianza en las instituciones del País.
Francisco Soto Nieto, Compromiso de justicia 114 (1977).
Debemos aspirar a que, desde donde se nos observe,
trasluzca siempre nuestro señorío e imparcialidad de
arbitraje.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
GUILLERMO SAN ANTONIO CIVIL NÚM.: SJ2016CV00289 ACHA, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del INFO Partido Popular Democrático
RME Parte Recurrente CT-2016-15 DE v.
LA LIZA GARCÍA VÉLEZ, en su capacidad oficial como Presidenta COM de la Comisión Estatal de Elecciones; ANÍBAL VEGA BORGES, en su capacidad ISIO oficial como Comisionado Electoral del Partido Nuevo NAD Progresista, ROBERTO I. APONTE BERRÍOS, en su A capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido ESP Independentista Puertorriqueño y CONSOLIDADO CON: JOSÉ F. CÓRDOVA ITURREGUI, ECIA en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido L Pueblo Trabajador
Parte Recurrida AL
HO ANIBAL VEGA BORGES, en su CIVIL NÚM.: SJ2016CV00290 NO capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido RA Nuevo Progresista SOBRE:
BL Parte Recurrente REVISIÓN JUDICIAL AL AMPARO DEL ARTÍCULO E v. 4.001 DE LA LEY ELECTORAL
TRI LIZA GARCÍA VÉLEZ, en su capacidad oficial como Presidenta BU de la Comisión Estatal de Elecciones; GUILLERMO SAN NA ANTONIO ACHA, en su capacidad oficial como L Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático, ROBERTO SU I. APONTE BERRÍOS, en su capacidad oficial como PR Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño y EM JOSÉ F. CÓRDOVA ITURREGUI, en su capacidad oficial como O: Comisionado Electoral del Partido Pueblo Trabajador
Parte Recurrida Co
mparece la Comisionada Especial designada en los casos consolidados de epígrafe y
respetuosamente somete su Informe de conformidad con la Resolución de 28 de octubre de CT-2016-15 2
2016, en la que se ordenó celebrar una vista evidenciaria el sábado, 29 de octubre y, de ser
necesario, el domingo, y a rendir un informe con sus determinaciones de hecho y
conclusiones de derecho.
A tenor con lo ordenado, la vista se celebró durante los días designados para ello.
Las partes presentaron prueba testifical y documental, según se detallará adelante. En el
transcurso de la vista todas las partes comparecientes llegaron a unos acuerdos parciales
que pusieron fin a las controversias sobre el precinto 027 de Arecibo y el precinto 049 de
Sabana Grande. Además, el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, Aníbal
Vega Borges (Comisionado del PNP) desistió de sus reclamaciones en cuanto a las
solicitudes de la Sra. María Reyes Reyes y el Sr. David Helfeld Hoffman, ambos electores
del Municipio de Jayuya.66
Sometida la prueba, se concedió hasta el lunes 31 de octubre de 2016 a las 10:30
a.m. para presentar memorandos de derecho, luego de lo cual, el asunto quedaría
sometido.
En cumplimiento con nuestra encomienda, informamos.
Los casos consolidados de epígrafe67 tienen su origen en la presentación de dos
recursos de revisión de la Resolución Enmendada CEE-RS-16-83 (Resolución Enmendada)
emitida el 26 de octubre de 2016, por la Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones,
Liza García Vélez, (Presidenta de la CEE). Mediante dicha Resolución Enmendada, se
consolidaron y se dispuso de 19 apelaciones relativas al derecho que asiste a 788 electores
que al amparo del Artículo 9.039(m) de la Ley Electoral, 16 LPRA sec. 4179, según
emendado, solicitaron ejercer el voto adelantado a domicilio por razón de problemas de
movilidad. Las apelaciones estuvieron sometidas para resolución desde el 21 de septiembre
66 Específicamente, el Comisionado del PNP solicitó la revisión de las denegaciones de las solicitudes de los
electores de los siguientes: Precinto 089 de las Piedras; Precinto 090 de las Piedras; Precinto 057 de Jayuya; Precinto 056 de Jayuya, Precinto 015 de Dorado y Precinto 054 de Utuado. Por su parte, el Comisionado del PPD cuestionó la aprobación de solicitudes presentadas en los municipios de Orocovis Precinto 066, Aibonito Precinto 069 y Añasco Precinto 040. Cabe señalar, que en virtud de la Orden, emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en los casos de epígrafe, actualmente los votos objeto de controversia se están emitiendo a tenor con lo dispuesto en el Manual, sin embargo se están segregando en un sobre y se están tratando como votos objetados. 67 El 28 de octubre de 2016, el Comisionado del PPD presentó una Moción [de] Consolidación en el caso
Guillermo San Antonio Acha v. Hon. Liza García Vélez y otros, SJ2016CV00289, que fue, sin objeción de parte, declarada Ha Lugar. CT-2016-15 3
y los días 3, 4 y 5 de octubre de 2016.68 El 26 de octubre de 2016, a la 1:10 p.m. la
Presidenta de la CEE dictó la Resolución CEE-RS-16-83.69 Posteriormente, a las 9:07 p.m.,
la Presidenta de la CEE emitió la Resolución Enmendada, en la que se acogieron ciertas
apelaciones y se revocaron un sinnúmero de determinaciones sobre solicitudes de voto por
adelantado de las Comisiones Locales, organismo encargado de verificar y emitir una
determinación sobre las mencionadas solicitudes.
El primer recurso de Revisión Judicial fue presentado el 27 de octubre de 2016, a las
11:51 a.m., por el Comisionado del Partido Popular Democrático, Guillermo San Antonio
Acha (Comisionado del PPD). En este, el Comisionado del PPD solicitó la revisión parcial
de la Resolución Enmendada emitida por la Presidenta de la CEE. En específico, solicitó la
revisión de: (1) la aprobación de 103 solicitudes de voto para personas con problemas de
movilidad del Precinto 066 de Orocovis por razón de que la CEE “no encontr[ó] razones
que ameriten denegar las solicitudes sometidas”70 y (2) la aprobación de 49 solicitudes de
voto para personas con problemas de movilidad del Precinto 069 de Aibonito por razón de
que la CEE concluyó que “no hay razón que impid[iese] aprobar las solicitudes en estos
casos”71.
En cuanto a las solicitudes del Precinto 066 de Orocovis, el Comisionado del PPD
impugnó la determinación de la CEE por entender que habían solicitudes que no cumplían
con los requisitos de forma, que alegadamente los médicos no visitaron a los electores y
que el procedimiento fue irregular, entre otras. Arguyó que las certificaciones de los
médicos Ana María Fagot, Jorge A. Colón y Dalmarys Moreno Montesino, debían mirarse
con sospecha por haberse certificado en un corto término considerando la cantidad de
electores visitados. Además, arguyó que en 3 de las solicitudes en las que una persona
autorizada firmó en sustitución del solicitante no se hizo constar la razón por la cual los
solicitantes no pudieron firmar en violación al Inciso B del Manual de Procedimientos para el
68 El 21 de septiembre de 2016, quedó sometida 1 apelación. El 3 de octubre de 2016, quedaron sometidas 11
apelaciones correspondientes a 626 electores. El 4 de octubre de 2016, quedaron sometidas 5 apelaciones correspondientes a 59 electores. El 5 de octubre de 2016, quedó sometida 1 apelación correspondiente a 103 electores. 69 Véase: Guillermo San Antonio Acha v. Hon. Liza García Vélez y otros, Civil Núm. SJ2016CV00283,
Sentencia de 26 de octubre de 2016. 70 Resolución Enmendada, pág. 71. 71 En su recurso de Revisión Judicial presentado el 27 de octubre de 2016, el Comisionado del PPD además
solicitó la revisión de la denegación de 98 solicitudes de voto para personas con problemas de movilidad del Precinto 049 de Sabana Grande por razón de que “no existe prueba que demuestre que el Dr. Edrick Ramírez era médico de cabecera o tratamiento de los electores”. No obstante, dicha reclamación se dio por desistida en virtud de un acuerdo entre las partes. CT-2016-15 4
Voto Adelantado en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio para las Elecciones
Generales 2016, 11 de agosto de 2016, (Manual). También, cuestionó varias solicitudes por
entender que las razones dadas en cuanto al impedimento que no les permitió a los
solicitantes firmar sus solicitudes fueron insuficientes. Por último, indicó que impugnaba las
solicitudes de varios electores porque alegadamente éstos no tenían conocimiento de que
se presentó una solicitud de voto encamado a su nombre.
En cuanto a las solicitudes del Precinto 069 de Aibonito, el Comisionado del PPD
impugnó su concesión puesto que la cantidad de solicitudes certificadas por el médico
Francisco Fontánez Rivera en el término dentro del cual se certificaron las mismas era un
término muy corto vis a vis la cantidad de electores, por lo que levantaba sospecha. Añadió,
que en el caso de la Sra. Carmen Ana Borelli Aponte no se hizo constar el impedimento por
el cual la solicitante no pudo firmar en violación al Inciso B del Manual de Procedimientos
para el Voto Adelantado en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio para las Elecciones
Generales 2016, 11 de agosto de 2016, (Manual). Por último, alegó que algunos de los
solicitantes no tenían un problema de movilidad física de tal naturaleza que les impidiera
desplazarse al centro de votación. Conforme a lo anterior, solicitaron al Tribunal que
revocase la Resolución Enmendada de la Presidenta de la CEE en lo referente a los
Precintos 049 de Sabana Grande, 066 de Orocovis y 061 de Aibonito.
El segundo Urgente Recurso de Revisión Electoral se presentó en el salón 904 de
este Centro Judicial presidido por el Hon. Ángel Pagán Ocasio el 27 de octubre de 2016, a
las 12:57 p.m., por el Comisionado PNP. En éste, el Comisionado del PNP indicó, en primer
lugar, que la determinación de la Presidenta de la CEE versó sobre varias apelaciones de
las Comisiones Locales que no fueron notificadas a los solicitantes y, en consecuencia, se
violentó el debido proceso de ley de estos electores. Además, impugnó la autoridad de la
CEE para cuestionar diferentes aspectos relacionados a la certificación médica contenida
en las solicitudes de voto adelantado para personas con problemas de movilidad. Estos
son, si la CEE tenía facultad para cuestionar qué es un médico de cabecera o de
tratamiento; si los médicos certificantes contaban con los requisitos legales para ejercer la
profesión al momento de emitir la certificación médica (good standing y licencia vigente); la
cantidad de certificados que un médico podía emitir diariamente y el juicio del médico en CT-2016-15 5
cuanto a que el solicitante tenía un problema de movilidad física que era de tal naturaleza
que le impedía desplazarse a su centro de votación72.
Mediante comparecencia escrita, la Presidenta de la CEE sostuvo que procedía la
confirmación de la Resolución Enmendada. Arguyó, que la CEE tenía autoridad en ley para
hacer un análisis ponderado del texto de la Ley Electoral del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, según enmendada, 16 LPRA secs. 4001, et seq., (Ley Electoral) y determinar
que un médico que visita brevemente a un elector a los únicos fines de certificar sus
problemas de movilidad, no es un médico de cabecera o tratamiento y, en consecuencia,
denegar una solicitud de voto por adelantado por incumplimiento con dicho requisito.
Evaluados los escritos de las partes, alegaciones, prueba admitida, el testimonio
recibido, así como la credibilidad que éste nos mereció, procedemos a cumplir con lo
ordenado.
II.
DETERMINACIONES DE HECHOS
1. La CEE aprobó un formulario intitulado “Solicitud para votar en el colegio de fácil
acceso en el domicilio por impedimento de movilidad (encamados)” para las
elecciones generales de 2016.
2. En el formulario se hace constar el número electoral de la persona solicitante, el
precinto y la unidad correspondiente. La primera parte contiene la información
personal del elector, en la cual se hace constar la firma del solicitante o la firma
del testigo, en caso de que el solicitante no pueda firmar. Además incluye un
espacio en el cual se requiere que se indique la razón por la cual no firma el
solicitante. La segunda parte del formulario es la Certificación Médica. En esta,
se hace constar el nombre y licencia del médico que certifica que el elector
“presenta un problema de movilidad de tal naturaleza que le impide acudir a
su centro de votación”. Dicha certificación requiere la firma del médico y fecha.
La tercera parte, es para uso de la Comisión Local, en la cual se establece la
determinación de esta o su Presidente.
3. El Sr. Walter Vélez Martínez es el Secretario de la CEE. El propósito de su
testimonio era para autenticar y certificar copia del expediente administrativo
72 Véase: Escolio 7. CT-2016-15 6
correspondiente a las apelaciones objeto de la Resolución de la cual se recurre
en este caso. Al ser confrontado con la copia, el Secretario de la CEE no pudo
certificar que la copia mostrada fuese copia fiel y exacta del expediente
administrativo, por lo cual no fue admitida.
4. A preguntas de la representación legal del Comisionado del PNP sobre su
conocimiento de si las apelaciones a nivel administrativo fueron notificadas a los
electores, indicó “desconozco”. Añadió que el que presenta la apelación es el que
tiene el deber de hacer la notificación, y no la CEE.
5. El doctor Carlos Heredia es médico generalista con licencia número 014360 y
oficina privada en Morovis. Testificó que como parte de los procedimientos en
este caso, a petición de funcionarios del Partido Nuevo Progresista de la
Comisión Local del pueblo de Añasco, visitó electores con el propósito de
cumplimentar la certificación médica que requiere la “Solicitud para votar en el
colegio de fácil acceso en el domicilio por impedimento de movilidad
(Encamados)” correspondiente a las elecciones generales de 2016. Indicó que
en algunos casos visitó los hogares en más de una ocasión, porque en la primera
visita la persona solicitante no se encontraba en el hogar. Desconoce la razón
para ello.
6. Los servicios del Dr. Heredia para estos fines, fueron gratuitos.
7. El Dr. Heredia testificó que no conocía a los electores que iba a visitar con
anterioridad a ello y que se personó a sus hogares con una lista facilitada por los
funcionarios del PNP de Añasco.
8. El Dr. Heredia certificó 83 solicitudes que comprenden el Apéndice III estipulado,
el cual consta de 83 folios. Dichas solicitudes corresponden al Precinto 040 de
Añasco.
9. El Dr. Heredia testificó que el procedimiento consistió en una visita al hogar del
elector, acompañado de una enfermera, a la cual no pudo identificar por su
nombre en el testimonio, pues no le conocía previamente. Indicó que la
enfermera era del pueblo, provista por los funcionarios que le acompañaron a las
visitas. Declaró que examinó a los pacientes y determinó que no podían por sus
propios medios llegar hasta él o tenían problemas de movilidad. Admitió que no CT-2016-15 7
todos estaban encamados. Algunos estaban en silla de ruedas o necesitaban de
ayuda para caminar. En esos casos, cumplimentó la parte de la solicitud
correspondiente a la “Certificación Médica”. Testificó además, que hubo
electores que visitó que se negaron a que se les certificara. En dichos casos, no
se llenó el formulario.
10. Admitió que no tiene una relación médico-paciente con todos los electores a los
cuales les cumplimentó el formulario.
11. De sus visitas, indicó que no todos podían interactuar con él. En el
contrainterrogatorio admitió que recordó pacientes con Alzheimer.
12. Del Apéndice III, estipulado, se desprende lo siguiente:
a. Folio 2, correspondiente al elector Luis Méndez González, certificado por el
Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo,
Haydeé Méndez, sin embargo en el espacio para indicar “Razón para no
firmar el solicitante” está en blanco.
b. Folio 3, correspondiente al elector Wilfredo Mercado Montalvo, certificado por
el Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo,
ininteligible. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”
está en blanco.
c. Folio 4, correspondiente al elector Humberto Esteves Rodríguez, certificado
por el Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un
testigo, Rosa Román. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el
solicitante” está en blanco.
d. Folio 5, correspondiente al elector Hilario Feliciano Cruz, certificado por el Dr.
Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo, en la
que el nombre no se puede identificar, de apellido Quintana. En el espacio
para indicar “Razón para no firmar el solicitante” está en blanco.
e. Folio 11, correspondiente a la electora Rosa García Rodríguez, certificado por
el Dr. Heredia, no tiene la firma de la electora. Contiene la firma de un testigo,
ininteligible. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”
está en blanco. CT-2016-15 8
f. Folio 13, correspondiente al elector Claudio Rivera Orsini, certificado por el Dr.
Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo, Sara
Rivera González. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el
g. Folio 17, correspondiente al elector Rosaura Rosado Gutiérrez, certificado por
el Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo,
María Fred Rosado. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el
h. Folio 18, correspondiente al elector Wilson Rivera Ruiz, certificado por el Dr.
Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo,
ininteligible. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”
i. Folio 20, correspondiente al elector Giovanna Rosario Soto, certificado por el
Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo,
ininteligible. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”
j. Folio 21, correspondiente al elector Mercedes Santana Serrano, certificado
por el Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo,
ininteligible. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”
k. Folio 22, correspondiente al elector Christian Morales Almodóvar, certificado
por el Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo,
ininteligible. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”
l. Folio 25, correspondiente al elector Mildred Muñiz Rodríguez, certificado por el
Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo,
ininteligible. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”
m. Folio 26, correspondiente al elector Ana Vélez Rivera, certificado por el Dr.
Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo, CT-2016-15 9
Leonardo Orsini. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el
n. Folio 27, correspondiente al elector Carmen Rivera García, certificado por el
Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo,
ininteligible. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”
o. Folio 28, correspondiente al elector Leonor Salerna Cabán, certificado por el
Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo,
ininteligible. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”
p. Folio 29, correspondiente al elector Juan Soto Ruiz, certificado por el Dr.
Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo, Gladys
Soto. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante” está en
blanco.
q. Folio 31, correspondiente al elector María González González, certificado por
el Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo,
Francisco Vega. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el
r. Folio 32, correspondiente al elector Heidi González Sánchez, certificado por el
Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo,
ininteligible. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”
s. Folio 33, correspondiente al elector José Santiago Almodóvar, certificado por
el Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo,
ininteligible. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”
t. Folio 36, correspondiente al elector Monserrate Portugue Echevarría,
certificado por el Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de
un testigo, ininteligible. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el
solicitante” está en blanco. CT-2016-15 10
u. Folio 41, correspondiente al elector Adriano García Ramírez, certificado por el
Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo, Yamil
García Santiago. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el
v. Folio 42, correspondiente al elector Luis Figueroa Vázquez, certificado por el
Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo, Nilda
Feliciano Rodríguez. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el
w. Folio 43, correspondiente al elector Gladys Calderón Quiñonez, certificado por
el Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo,
Gladys Rosario Quiñonez. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el
x. Folio 44, correspondiente al elector Amelia Rosario Soto, certificado por el Dr.
Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo,
ininteligible. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”
y. Folio 45, correspondiente al elector Rafael Vélez Vélez, certificado por el Dr.
Heredia, no tiene la firma del elector, pero está marcada una “X”. Contiene la
firma de un testigo, Olga Vélez Carrero. En el espacio para indicar “Razón
para no firmar el solicitante” está en blanco.
z. Folio 46, correspondiente al elector José López De Jesús, certificado por el
Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo,
ininteligible. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”
aa. Folio 52, correspondiente al elector María Reyes Concepción, certificado por
el Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo,
ininteligible. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”
bb. Folio 53, correspondiente al elector Demencia Crespo Rodríguez, certificado
por el Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo, CT-2016-15 11
R. Rosado Crespo. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el
cc. Folio 57, correspondiente al elector Sotero Morales Vélez, certificado por el
Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo,
Elizabeth Morales. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el
dd. Folio 60, correspondiente al elector María Carrero Valentín, certificado por el
Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo,
Víctor M. Vega. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”
ee. Folio 70, correspondiente al elector Eladia Colón Balaguer, certificado por el
Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo, de
apellidos Perea Colón. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el
ff. Folio 72, correspondiente al elector Iluminada Sánchez Ramos, certificado por
el Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo,
Carlos Colón Sánchez. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el
gg. Folio 81, correspondiente al elector Ana Santiago Rivera, certificado por el Dr.
Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma de un testigo, Paula
Rivera. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante” está en
hh. Folio 83, correspondiente al elector Esmeralda Echevarría Echevarría,
certificado por el Dr. Heredia, no tiene la firma del elector. Contiene la firma
de un testigo, ininteligible. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el
13. De las certificaciones autorizadas por el Dr. Heredia, 34 de ellas adolecen de
defectos de forma, ya que no fueron firmadas por el elector y no se especificó las
razones para ello.
14. El doctor Dennis Rivera González es médico generalista con licencia número
12404. Fue el médico que certificó 78 electores del Precinto 54 de Utuado. Tiene CT-2016-15 12
práctica médica en Utuado y reside en dicho municipio. Testificó que al momento
de suscribir las certificaciones médicas de dicho precinto estaba autorizado a
ejercer la medicina en Puerto Rico.
15. El 8 de septiembre de 2016, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de
Puerto Rico emitió una certificación en la cual se consigna que el Dr. Dennis
Rivera González (“Dr. Rivera González”), le fue otorgado el número de licencia
12404 expedida el 26 de septiembre de 1996 y que al 8 de septiembre de 2016 la
licencia “…no está vigente porque el/la profesional no ha participado en el
Registro de Profesionales de la Salud y de la Educación Continua de Médicos
requerido por ley cada tres años para renovar su licencia. Una vez el doctor(a)
DENNIS REVIERA GONZ[Á]LEZ someta la evidencia que demuestra que cumple
con los requisitos, su licencia estará en [Good Standing].73
16. El 21 de septiembre de 2016, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de
Puerto Rico expidió una Verificación de Licencia “Good Standing” en la que
certificó “que [el Dr. Rivera González] cumplió con el requisito establecido por la
Ley Núm. 11 de[] 23 de junio de 1976[,] según emendada. Fecha de expedición
es 26 de septiembre de 1996 y la fecha de expiración es 27 de febrero de 2019.74
17. El 21 de septiembre de 2016, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de
Puerto Rico expidió una Certificación de Registro y Educación Médica y certificó
“que [el Dr. Rivera González] cumplió con los requisitos de registro de licencia y
educación médica continua para el trienio 2016-2019, a tenor con lo dispuesto en
la Ley Núm. 139 de 1 de agosto de 2008, y núm. 11 de 23 de junio de 1976,
según enmendadas. Esta certificación es válida hasta [el] 27 de febrero de
2019”. (Énfasis en el original).75
18. El Dr. Rivera González explicó que todos los 27 de febrero de cada año, por ser
la fecha de su cumpleaños, tiene que completar los créditos de educación
continua. Explicó que en un momento dado tuvo inconvenientes para completar
dichos créditos, pero que nunca ha sido suspendido o se le ha revocado su
licencia.
73 Apéndice I, estipulado. 74 Apéndice II A, estipulado. 75 Apéndice III - B, estipulado. CT-2016-15 13
19. En el contrainterrogatorio, admitió que no todas las personas que certificó habían
sido sus pacientes previo a la certificación, pero que algunas de éstas sí.
20. A preguntas del representante legal del Comisionado del Partido Independentista
Puertorriqueño expresó que, para él, un médico de cabecera es cualquier médico
que visita a un paciente y que no tiene que existir una relación previa médico-
paciente.
21. No obra en evidencia las solicitudes de voto encamado, certificadas por el Dr.
Rivera González.
22. La Sra. Michelle Coira Burgos es Comisionada Local del Partido Popular
Democrático en Orocovis. Funge como tal, desde agosto de 2016. Entre sus
funciones está evaluar las solicitudes de voto encamado. En relación al caso de
autos, testificó que realizó una investigación sobre las solicitudes de los votos de
encamados del PNP. En relación a ello, expresó que visitó varias residencias,
entre ellas la de la Sra. Blanca Ortíz Ortíz. Allí observó que la persona no estaba
encamada y advino en conocimiento que no le habían visitado. Indicó que
conoce previamente a la Sra. Ortíz Ortíz porque es participante del programa de
Asistencia Social Familiar en el cual la testigo trabaja. Se reafirmó que la Sra.
Ortíz Ortíz puede caminar sin dificultad.
23. Del Apéndice IV, estipulado se desprende las 68 solicitudes de voto encamado
para el municipio de Orocovis, precinto 066. De esas, 42 solicitudes fueron
certificadas por el Dr. Jorge Colón Morales. Las restantes 26 fueron certificadas
por la Dra. Dalmarys Moreno Montesino.
24. El Dr. Colón Morales es médico de profesión y trabaja en la Corporación del
Fondo del Seguro del Estado (CFSE) en Bayamón. Además trabaja parcialmente
en oficina privada.
25. Colón Morales testificó que el 17 de septiembre de 2016 visitó pacientes que
estaban solicitando el voto encamado, con el propósito de cumplimentar la
Certificación Médica que exige la solicitud. Narró que a solicitud de funcionarios
de la Comisión Local del PNP, se dirigió al pueblo de Corozal y allí se encontró
con la doctora Ana María Faget y Dra. Moreno. Una vez se encontraron con los CT-2016-15 14
funcionarios del PNP, siguieron la “ruta” designada por éstos para visitar
pacientes en tres pueblos: Comerío, Barranquitas y Orocovis.
26. Declaró que su visita a Orocovis duró entre dos a tres horas y examinó alrededor
de 50 pacientes. Indicó que le tomó de 2-3 minutos verificar la condición de cada
paciente y certificar la solicitud de voto encamado. Testificó que esa gestión no
conlleva mucho tiempo porque el médico tiene un “ojo clínico” que de observar al
paciente puede hacer dicha determinación. Declaró además que el tiempo que
demoró en movilizarse entre paciente y paciente fue de 5 a 7 minutos.
27. Al preguntársele si conocía a la Sra. Blanca Ortíz Ortíz, respondió en la negativa.
28. Admitió que los electores que visitó en Orocovis, para efectos de cumplimentar la
solicitud de voto encamado, fueron visitas de un solo contacto. Además indicó
que su propósito era certificar el formulario de solicitud. Finalmente admitió que
no era médico de cabecera, ni tratamiento de dichos electores.
29. La doctora Ana María Faget es médico de profesión y trabaja para la Corporación
del Fondo del Seguro del Estado hace 7 años en Bayamón. Trabajó como médico
primario privado, anteriormente. Expresó que en la actualidad también practica la
medicina privadamente, en visitas al hogar, familiares y personas que conoce.
Algunas de éstas, gratuitamente y otras recibe remuneración. En las ocasiones
que recibe remuneración, la recibe en efectivo. No acepta planes médicos. La
práctica privada la ejerce fuera de sus horas laborables. Su horario de trabajo en
la CFSE de 8:00-4:30p.m., de lunes a viernes.
30. La Dra. Faget expuso que ha participado de clínicas gratuitas como servicio a la
comunidad, pero solo recuerda una ocasión en el pueblo de Vega Baja.
31. Confrontada con la Orden Administrativa 16-03 de la CFSE, admitió que de ese
documento surge que todo empleado profesional que requiere de una licencia
para el ejercicio de la profesión y que desee practicar dicha profesión
privadamente, requiere de una dispensa de la CFSE. Sin embargo, se reafirmó
en que ella no requería dispensa para practicar la medicina privadamente; sino de
una notificación. Se le cuestionó si había hecho alguna notificación para el año
2016, y respondió en la afirmativa. En cuanto al 2015, indicó que no recordaba. CT-2016-15 15
32. En relación a las solicitudes de voto encamado para el municipio de Orocovis,
testificó que la Asociación de Servidores Públicos del Partido Nuevo Progresista
le solicitó sus servicios gratuitos para certificar las solicitudes de votos de
encamados.
33. Narró que el 17 de septiembre de 2016, visitó el pueblo de Orocovis y que en
otras ocasiones había certificado a pacientes de Corozal y Naranjito. Indicó que
dichas gestiones las hizo junto a la Dra. Dalmaris Moreno y el Dr. Colón Morales.
Testificó que salió de su hogar en el área metropolitana y se encontró con los
doctores Moreno y Colón Morales en el dispensario de Corozal. Allí se
encontraron con un funcionario del PNP, al cual siguieron en su carro. Llegaron a
una residencia y fueron todos a ver un paciente, al cual evaluaron. Luego, se
desplazaron al Comité del Alcalde de Orocovis y se reunieron con otros
funcionarios del PNP, quienes tenían una lista de electores a visitar y cada
médico siguió una ruta, guiada por los funcionarios del PNP.
34. En su caso, testificó, que llegaba al hogar del elector y mediante la observación lo
evaluaba. Expresó que la mayoría de los pacientes, con una observación, es
suficiente para determinar si tienen un problema de movilidad. Por ejemplo,
indicó que si la persona está en una silla de ruedas, si tiene falta de masa
muscular en sus extremidades o si utiliza un andador es indicio de que la persona
tiene problemas de movilidad.
35. En relación al formulario, no supo decir quién había cumplimentado la parte
superior del mismo que corresponde al nombre y firma del elector.
36. La Dra. Faget fue confrontada con el Apéndice 6, estipulado, folio 27, en cuanto a
la solicitud del elector Héctor Ortíz Díaz. Se le preguntó si conocía la razón por la
cual indicaba que no podía firmar por estar “encamado (daño cerebral)”. La Dra.
Faget respondió que a ella no le correspondía cumplimentar dicha parte, que sólo
se limitaba a la parte de Certificación Médica, sobre problemas de movilidad.
Indicó además, que esa parte la llena el elector o la persona que firma como
testigo. Añadió que en ocasiones, las personas que llenan la solicitud no tienen
conocimientos médicos. CT-2016-15 16
37. La Dra. Faget no es médico de tratamiento de los electores a los cuales le
certificó la solicitud de voto encamado. No pudo precisar si alguno de éstos había
sido su paciente con anterioridad a esa fecha, y negó que los hubiese visto
después.
38. A pesar de que la Dra. Faget testificó que solo fue el 17 de septiembre de 2016 a
Orocovis a certificar electores, del Apéndice VI, estipulado, surge que certificó los
siguientes electores el 18 de septiembre de 2016: Esmérida Rivera Rivas (Ap.
Estipulado VI, folio 4), Juana Rodríguez Alvarado (Ap. VI, folio 5), José de Jesús
Avilés (Ap. VI, folio 30), Pablo Rojas Rivera (Ap. VI, folio 31), Margarita Avilés
López (Ap. VI, folio 32), José Hernández Rojas (Ap. VI, folio 3) y Orlando
Velázquez Domínguez (Ap. VI, folio 33).
39. Las certificaciones expedidas por la Dra. Faget para el precinto 066 de Orocovis,
surgen del Apéndice VI, estipulado, 35 folios, correspondiente a 35 solicitudes.
Del mismo surge lo siguiente:
a. Folio 4, correspondiente al elector Esmérida Rivera Rivas, no tiene la firma del
elector, ni marca. Tiene la firma de un testigo, ininteligible. Sin embargo, en el
espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante” está en blanco.
b. Folio 5, correspondiente al elector Juana Rodríguez Alvarado. No tiene firma
de elector, ni marca. Aunque tiene firma de un testigo, Felícita Torres Colón.
En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”, surge: “no
puede escribir”.
c. Folio 6, correspondiente a la electora María López Rodríguez. No tiene firma
de elector, ni marca. Aunque tiene firma de un testigo, Lilliam, inintelegible.
En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”, surge: “no
d. Folio 8, correspondiente a la electora Nixolina Santiago Santiago. No tiene
firma de elector, ni marca. Aunque tiene firma de un testigo, M. Cullg. En el
espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”, surge: “no puede
escribir”.
e. Folio 13, correspondiente a la electora Petronila Alvarado Ortiz. No tiene firma
de elector, ni marca. Aunque tiene firma de un testigo, Elsa M. Rodríguez CT-2016-15 17
Ortiz. En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”, surge:
“no puede escribir”.
f. Folio 16, correspondiente a la electora Arcadia Meléndez Ortiz. No tiene firma
de elector, ni marca. Aunque tiene firma de un testigo, ininteligible Cruz. En
el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”, surge: (CVA).
g. Folio 19, correspondiente a la electora Casilda López Miranda. No tiene firma
de elector, ni marca. Aunque tiene firma de un testigo, Olga Figueroa López.
En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”, surge: “edad”
(vejez) casi no ve.
h. Folio 21, correspondiente a la electora Francisca Hernández Díaz. No tiene
firma de elector, ni marca. Aunque tiene firma de un testigo, Teresita Colón.
En el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”, surge: “no
i. Folio 22, correspondiente a la electora Ada Colón Meléndez. No tiene firma de
elector, ni marca. Aunque tiene firma de un testigo, Ada L. Ortiz Colón. En el
espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”, surge: “no puede
j. Folio 23, correspondiente a la electora Gloria Torres Ramírez. No tiene firma
de elector. Aunque tiene firma de un testigo, firma ininteligible. La misma se
encuentra en el espacio de la firma del solicitante. En el espacio para indicar
“Razón para no firmar el solicitante”, surge: “incapacitada para firmar”.
k. Folio 26, correspondiente al elector Benito Ortolaza Collazo. No tiene firma de
elector, ni marca. Aunque tiene firma de un testigo, Iris J. Arriaga. En el
espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”, surge: “no puede
l. Folio 27, correspondiente al elector Héctor Ortiz Díaz. No tiene firma de
elector, ni marca. Aunque tiene firma de un testigo, Aida Rodríguez Rivas. En
el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”, surge:
“encamado” (daño cerebral). CT-2016-15 18
40. En cuanto a las certificaciones de Orocovis, se certificaron 103 solicitudes por
tres médicos el 17 de septiembre de 2016. Tanto la Dra. Faget como el Dr. Colón,
testificaron que el recorrido duró aproximadamente dos horas.
41. La Sra. Elba Rivera Torres es residente de Aibonito y funge como Comisionada
del Partido Popular Democrático de la Comisión Local de Aibonito. Como parte
de sus funciones evalúa transacciones electorales. Entre éstas, la solicitud de
voto encamado. El 19 de septiembre de 2016, fecha de cierre del registro
electoral, estuvo en la Junta de Inscripción Permanente (JIP) en una reunión de
los Comisionados Locales. En esa ocasión, objetó 50 solicitudes de voto a
domicilio en las cuales se había certificado la condición de inmovilidad por el Dr.
Francisco Fontánez Rivera. Hizo constar la objeción en el Acta de Incidencias y
fue citada para audiencia ante la CEE.
42. Declaró que objetó el voto a domicilio de Carmen Ana Borelli, Ana Colón Borelli y
Carlos Vegilla Colón. Expresó que su objeción consistía en que conocía que
dichos electores se movilizaron a votar en las primarias el 5 de junio de 2016 a la
Escuela Francisco Degetau, unidad 8, la cual ubica al lado de la residencia de
éstos.
43. Expresó que Carlos Vegilla está en silla de ruedas, pero lo movilizan. Reiteró que
le consta que no está encamado. Testificó además que la Sra. Carmen Ana
Borelli tiene una condición neurológica y, aunque reconoció que camina con
dificultad, puede desplazarse.
44. Las certificaciones expedidas por el Dr. Francisco Fontánez Rivera para el
precinto 069 de Aibonito, surgen del Apéndice V, estipulado, 49 folios,
correspondiente a 49 solicitudes. Del Apéndice surge lo siguiente:
a. Folio 7, correspondiente a la electora Carmen Ana Borelli Aponte, no tiene
la firma del elector, ni marca. Tiene la firma de un testigo, ininteligible. Sin
embargo, en el espacio para indicar “Razón para no firmar el solicitante”
b. Folio 34, correspondiente a la electora Rosa Cartagena Rodríguez, en la
parte que firma el elector hay una marca de “X”. Tiene la firma de un CT-2016-15 19
testigo, Nilda L. Santiago. Sin embargo, en el espacio para indicar “Razón
45. Las partes estipularon que la Sra. Elba I. Rivera Torres, como Comisionada del
PPD del Precinto 069, durante reunión de la Comisión Local el 19 de septiembre
de 2016, objetó 50 solicitudes de voto encamado suscritas por el Dr. Francisco
Fontánez Rivera.
46. No se presentó prueba alguna de la ejecutoria Dr. Fontánez Rivera.
47. En cuanto al Precinto 057 de Jayuya, se admitió el Apéndice I del Comisionado
del PNP, a los fines de identificar los electores afectados. No se presentó prueba
adicional.
48. En cuanto al Precinto 089 de Las Piedras, se admitió el Apéndice II del
Comisionado del PNP, a los fines de identificar los electores afectados. No se
presentó prueba adicional.
49. En cuanto al Precinto 015 de Dorado, se admitió el Apéndice III del Comisionado
del PNP, a los fines de identificar los electores afectados. No se presentó prueba
50. En cuanto al Precinto 090 de Las Piedras, se admitió el Apéndice IV del
Comisionado del PNP, a los fines de identificar los electores afectados. No se
presentó prueba adicional.76
III.
DERECHO APLICABLE
A. REVISIÓN JUDICIAL
El Artículo 4.001 de la Ley Electoral, según enmendada, supra, dispone que cualquier
parte adversamente afectada por una resolución, determinación y orden de la Comisión
podrá recurrir de la misma mediante la presentación de un escrito de revisión ante el
Tribunal de Primera Instancia. En estos casos, el Tribunal deberá celebrar una vista en su
fondo, en la cual recibirá evidencia y formulará las determinaciones de hecho y
conclusiones de derecho que correspondan. Íd; P.A.C. v. P.I.P., 169 DPR 775, 792 (2006).
Así pues, el foro primario deberá celebrar un juicio de novo. Dicho procedimiento consistirá
76 En relación a los Apéndices I-IV del Comisionado del PNP, la Comisionada que suscribe está limitada a realizar determinaciones hechos adicionales, ya que la parte interesada solicitó la admisibilidad limitada a la identidad de los electores. Ello ante la objeción a la admisibilidad total de las demás partes. CT-2016-15 20
de un enjuiciamiento amplio de las controversias del caso. Suárez Cáceres v. Com. Estatal
Elecciones, 176 DPR 31, 64-65 (2009). Por consiguiente, podrá presentarse nueva prueba,
ya sea documental o testifical, toda vez que los planteamientos de la parte demandante
"estarán abiertos a la consideración del tribunal revisor como si se plantearan por primera
vez". Íd., supra, pág. 65; Granados Navedo V. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 20 (1989).
(Subrayado nuestro). Incluso, el tribunal podrá evaluar la prueba según su propio criterio,
sin necesidad de conferirle deferencia a la decisión de la CEE. P.A.C. V. P.I.P., supra, pág.
792.
Como primer paso en el análisis, este Tribunal debe guardar la usual deferencia a la
CEE en aquellos casos en que la determinación dependa principal o exclusivamente de una
cuestión de derecho electoral especializado. Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 D.P.R.
1, 20 (1989). Ahora bien, cabe señalar que las decisiones que toma la CEE merecen
deferencia judicial. Mundo v. CEE, 187 DPR 200, 207 (2012); P.A.C. v. P.I.P, supra, pág.
792. Ello se debe a que dicha entidad es el organismo administrativo especializado que
tiene el conocimiento y experiencia en el manejo y aplicación de las normas que rigen el
proceso electoral. Íd. Es norma reiterada por el Tribunal Supremo que a las decisiones de
los organismos administrativos se le debe conceder deferencia por razón de su experiencia
y pericia respecto a los poderes que se les ha delegado. Íd. Por lo tanto, las decisiones de
una agencia administrativa tienen una presunción de legalidad y corrección que la Rama
Judicial debe respetar hasta tanto la parte que las impugna no produzca suficiente
evidencia para derrotarlas. Batista, Nobbe v. JTA. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012).
En cuanto al criterio para revisar las decisiones de la CEE, el escrutinio es más
riguroso que el utilizado usualmente para revisar las decisiones de las agencias
administrativas. Granados v. Rodríguez Estrada I, supra, págs. 19-20. Sin embargo, ese
escrutinio se justifica, dado que las decisiones de la CEE están sujetas a las presiones e
intereses partidistas. Íd. "Tanto la dinámica organizacional de la Comisión Estatal
controlada por los partidos políticos como la forma particular en que se toman allí las
decisiones exigen la aplicación del criterio de revisión más riguroso." Íd. La revisión debe de
tener presente la naturaleza inminentemente política que este tipo de revisiones presenta y
la protección del derecho constitucional al sufragio universal. Íd.
B. EL DERECHO AL VOTO CT-2016-15 21
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que el Estado tiene
un deber constitucional de garantizarle el acceso a todo elector para ejercer el derecho
fundamental al voto de forma universal, igual, directa privada e independiente
protegiéndolos contra toda coacción. Artículo II de la Sec. 2 de la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, 1 LPRA Art. II, sec. 2. El derecho al voto es un derecho
fundamental que pertenece al pueblo y está expresamente garantizado en nuestra
Constitución. Guadalupe v. C.E.E., 165 DPR 106 (2005); P.P.D. v. Administrador Gen. de
Elecciones, 111 DPR 199, 221 (1981). El voto es la expresión por excelencia de la voluntad
del pueblo y debe ejercerse a través del sufragio universal, igual, directo, secreto, y libre de
toda coacción, y todas las leyes deberán garantizarlo. Íd.
La Ley Electoral, según enmendada, supra, se promulgó para salvaguardar el
derecho al voto y reglamentar el sistema electoral de Puerto Rico. Según su Artículo 2.002,
según enmendada, 16 LPRA sec. 4002, nuestro ordenamiento electoral descansa en unas
garantías de pureza procesal capaces de contar cada voto en la forma y manera en que
sea emitido. En cumplimiento con el claro mandato constitucional, la citada disposición
garantiza al elector el “derecho al voto, igual, libre, directo y secreto,” y más aún, reconoce
la legitimación activa estatutaria a los electores para iniciar o promover acciones legales
predicadas en las disposiciones del Artículo 6.001 de la Ley Electoral, según enmendada,
16 LPRA sec. 4061, conocido como “La Carta de Derechos del Elector” que reconoce los
derechos y prerrogativas de los Electores.
Estas garantías provistas por la Constitución y por el Artículo 6.001 de la Ley
Electoral, según enmendada, 16 LPRA sec. 4062, conllevan el deber y la obligación del
Estado de viabilizar el ejercicio del elector de su derecho al voto. Así, el Art. 6.002 de la Ley
Electoral dispone que el elector es “toda persona calificada que haya cumplido con los
requisitos de inscripción en el Registro General de Electores”. El Artículo 6.006 de la Ley
Electoral, según enmendado, 16 LPRA sec. 4066, reitera el mandato constitucional de que
la CEE tiene que garantizar el derecho al voto a todo elector requiriendo que “no se podrá
rechazar, cancelar, invalidar o anular el registro o inscripción legal de un elector o privar a
un elector calificado de su derecho al voto mediante reglamento, orden, resolución,
interpretación o cualquier otra forma que impida lo anterior”. (Énfasis nuestro). CT-2016-15 22
C. COLEGIO DE FÁCIL ACCESO Y EL COLEGIO DE FÁCIL ACCESO EN EL DOMICILIO
La Ley electoral de Puerto Rico en el Artículo 9.016, 16 LPRA § 4155, reconoce el
derecho de los electores con impedimentos, al establecer estatutariamente la obligación de
que en cada precinto o Unidad Electoral, o centro de votación, “se establecerá un colegio
de fácil acceso para facilitar el proceso de votación a los electores con impedimentos”. Es
decir, que a todo elector que requiera un centro de votación de fácil acceso por condición
de impedimento físico, se le garantiza por este medio el acceso a ejercer su derecho
fundamental al voto.
Estos colegios se instituyen el día de las elecciones generales en cada una de las
unidades electorales alrededor de la isla. En otras palabras, el colegio de fácil acceso se
ofrece para personas que tengan algún impedimento que no sea de tal naturaleza que les
impida llegar al centro de votación, por una condición de movilidad.
Por otro lado, el derecho de voto adelantado en el domicilio o el llamado voto
encamado está regulado por el inciso “m” del Artículo 9.039 de la Ley electoral de Puerto
Rico.
D. DESARROLLO DEL VOTO POR ADELANTADO PARA ELECTORES CON PROBLEMA DE MOVILIDAD
El 20 de octubre de 2004, mediante Resolución de la Comisión CEE-RS-04-67, se
estableció una categoría de voto adelantado para electores con impedimentos de movilidad
o encamados. Este proceso de votación fue renovado en cada elección por la CEE hasta
que finalmente se incorporó en el Código Electoral para el Siglo XXI, Ley 78 de 2011
mediante una enmienda legislativa al incluirse el inciso (m) al Artículo 9.039, Ley 135 de 3
de julio de 2012.
El pasado Presidente de la CEE, Héctor Conty Pérez, al poner en vigor dicho
estatuto interpretó por Resolución CEE-RS-12-103 de 31 de agosto de 2012, que el mismo
sería administrado como si fuera voto ausente por la Junta Administrativa de Voto Ausente
(“JAVA”). El procedimiento se realizó, por tanto, como se conduce el voto ausente: es decir
los formularios se enviaban por correo a los electores que presumiblemente que
cualificaban para votar encamado. De esta forma personas con y sin impedimentos
cualificaban como electores de fácil acceso en el domicilio y votaban mediante este CT-2016-15 23
procedimiento77. Las controversias públicas con esta situación fue diversa y dramática; ya
que electores que no cualificaban para votar mediante este mecanismo se beneficiaron sin
tener una condición médica que le impidiera acudir a su centro de votación.
Surge, de la 17ma Asamblea Legislativa celebrada en la 4ta Sesión Ordinaria, que la
Comisión de Gobierno, Eficacia Gubernamental e Innovación Económica presentó, el 10 de
noviembre de 2014, un Informe recomendando la aprobación del P. del S. 1254 con
enmiendas al Senado de Puerto Rico. En la misma, expresó lo siguiente sobre el voto
adelantado de las personas con impedimentos de movilidad, descrita como un cambio
sustantivo propuesto al Código Electoral:
[…] Las personas con impedimentos de movilidad (encamados)- Voto adelantado
Durante los pasados comicios electorales surgieron controversias vinculadas a la enmienda al Artículo 9.039 del Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, que se realizó a través de la Ley 135-2012 y que entre otros, añadió el inciso (m) sobre electores encamados a la lista de electores que pueden realizar el voto por adelantado. Además de añadir el voto del elector encamado a esta lista, dicha enmienda otorgó la responsabilidad de trabajar la votación de este elector y la adjudicación de los votos a la Junta Administrativa del Voto Ausente (JAVA). Asimismo la Comisión Estatal de Elecciones emitió la Resolución Núm. CEE-RS-12-103. Mediante esta Resolución se determinó que los votos de los electores con impedimentos de movilidad (encamados) se tramitarían de acuerdo al reglamento aplicable al voto ausente, o sea, las papeletas serían enviadas a éstas personas por correo.
En las pasadas elecciones, por primera vez, los votos de las personas encamadas fueron procesados como un voto ausente. Esto implicó que aproximadamente 17,000 papeletas fueran enviadas por correo postal a los encamados, en lugar de que una junta de la CEE fuese a su casa con la urna a buscar las papeletas como se hacía en elecciones anteriores. El problema que plantó este voto por correo fue que no se le garantizó que los ciudadanos encamados fueron los que realmente votaran por adelantado, o aun si lo hicieran, de que podrán emitir un sufragio libre y secreto.
Durante elecciones anteriores las Juntas de Colegio, compuestas por dos funcionarios de distintos partidos políticos asistían personalmente a los hogares de los electores que habían solicitado el voto a domicilio y que se le había aprobado. Lo fundamental de este proceso era que estos funcionarios eran considerados como entes fiscalizadores del procedimiento de votación, y a su vez, al elector ejercer su derecho al voto, lo recogían para entregarlo a la Comisión Estatal de Elecciones.
Mediante la presente medida se establece la restitución o establecimiento de controles y medidas de seguridad que garanticen el voto independiente y secreto de todos los electores en las diferentes clasificaciones de voto adelantado o ausente, en especial, sobre la atención de los grupos de electores más vulnerables, como son los encamados, los hospitalizados y aquellas personas con discapacidades.
77 Dicha Resolución fue confirmada en Revisión Judicial por la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en
San Juan, Caso Civil KPE 2012-3104 emitida por el Juez Isidro Pesquera García. CT-2016-15 24
Una papeleta enviada por correo, sin tener garantías de quien la recibe y quién vota en la misma, es una invitación al fraude. Sin embargo, el establecer que la Junta Administrativa del Voto Ausente trabaje la votación como voto adelantado garantiza, a través de la Junta de Balance Electoral, la fiscalización entre todos los partidos políticos en gran parte de la operación electoral y administrativa. Asimismo, la Junta de Balance Electoral garantiza la identidad del elector, que las papeletas las reciba en blanco y que el elector ejerce el voto de forma independiente y secreta; de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en el Reglamento de Voto Adelantado.
Los cambios introducidos en las enmiendas mediante la Ley Núm. 230-2011 y las interpretaciones que adoptó el Presidente de la CEE en aquel entonces, sobre tales enmiendas, provocaron que este innovador sistema de votar se viera empañado por denuncias de malos manejos de papeletas enviadas a electores que nunca pidieron votar bajo ese sistema. Estos asuntos son corregidos de manera que se devuelva la confianza pública en nuestro sistema electoral. (Énfasis nuestro).
Tomando lo anterior en consideracion, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 239-
2014 expresó que la enmienda fue decretada, entre otros propósitos:
[…] Para garantizar que estos derechos universales no estén subordinados al dominio de unos pocos, y que estén revestidos de todas las garantías contra la opresión y la manipulación, es esencial reforzar nuestro sistema electoral mediante legislación que delinee unos procesos electorales transparentes y confiables, dirigidos a garantizar que la voluntad del individuo y de la mayoría del pueblo sea perfeccionada gracias al voto. Por todo lo anterior, es esencial proveer la mayor garantía, transparencia y pureza legal en los procesos electorales para que quienes participen de los mismos, y sobre todo la ciudadanía, ya que deposita su confianza en nuestra democracia, tenga la certeza de que la voluntad del elector expresada en las urnas, será respetada y adjudicada. […] Las disposiciones propuestas en este proyecto claramente establecen el consenso para instituir un sistema de escrutinio electrónico, incluyendo las fuentes para su financiamiento, la restitución o establecimiento de controles y medidas de seguridad que garanticen el voto independiente y secreto de todos los electores en las diferentes clasificaciones de voto adelantado o ausente, en especial, sobre la atención de los grupos de electores más vulnerables, como son los encamados, los hospitalizados y aquellas personas con discapacidades. […] Es imperativo defender el derecho de los electores frágiles, estableciendo legalmente la manera en que será administrado dicho voto por juntas de balance político, protegiéndoles de que su voluntad no sea vulnerada por terceros, y consagrando su acceso a la participación en el proceso electoral. Véase P. del S. 1254. Cónsono con lo anterior, en medio del proceso de aprobación de las enmiendas a la
Ley Núm. 135, sobre el proceso de validación de los electores encamados, el representante
Ramón L. Cruz Burgos expuso que “esta legislación viene a hacer más riguroso en cuanto CT-2016-15 25
al voto de encamados, que es una preocupación que han planteado los compañeros de la
Minoría[…]”.78 Del mismo modo, el representante Javier A. Aponte Dalmau recalcó:
[…] tenemos un tema muy sensitivo en los procesos electorales, que es el voto de los encamados, y en el proceso electoral, la intención de ese elector encamado, que no vaya a ser utilizado por algún tercero para inutilizar su intención electoral. Y tenemos que tener mucho cuidado con ello, porque obviamente en procesos electorales cerrados este tipo de voto puede ser decisivo, principalmente en aquellos escrutinios que tienen que ver con distritos representativos o alcaldes, en legisladores municipales este tipo de cantidad de voto puede ser esencial en determinar un candidato u otro. Por lo que el Estado tiene que ser sumamente celoso en medir esa intención electoral de cada uno de los procesos, más allá cuando por fin nos podemos enfrentar a la tecnología electoral, y no electorera, de poder armonizar y establecer la infraestructura para hacer de este proceso electoral en Puerto Rico uno dinámico y que por fin sea electrónico.79
En consecuencia, la Ley Núm. 239 de 22 de diciembre de 2014 enmendó la Sec. (m)
del Art. 9.039 en su parte pertinente como sigue:
Artículo 9.039.-Electores con Derecho al Voto Adelantado. […] (m) las personas con impedimentos de movilidad (encamados) que cualifiquen como electores de Fácil Acceso en el Domicilio. La Comisión Local será responsable de verificar, evaluar y aprobar la solicitud, conforme al Reglamento aplicable. Los miembros de las Juntas de Inscripción Permanente deberán grabar la solicitud como una transacción de fácil acceso. La Junta Administrativa del Voto Ausente (JAVA) será responsable de trabajar la votación como voto adelantado y la adjudicación de estos votos. Para los casos que soliciten el voto adelantado por la causal de algún tipo de condición médica que le impida asistir a su colegio de votación, la Comisión proveerá un formulario para que el médico de cabecera o de tratamiento del elector certifique: que el elector presenta un problema de movilidad física que sea de tal naturaleza que le impida acudir a su centro de votación. La Comisión será responsable de reglamentar la manera en que se establecerá el procedimiento a seguir para garantizar el voto de las personas con impedimento de movilidad (encamados). […] Este proceso de voto adelantado será administrado por una Junta de Balance Electoral, la cual garantiza la identidad del elector, que las papeletas las reciba en blanco y que el elector ejerce el voto de forma independiente y secreta de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en el Reglamento de Voto Adelantado. La Junta de Colegio tendrá la responsabilidad afirmativa de garantizar que el elector tiene la capacidad para consentir y que ejerce el voto en forma secreta. La capacidad para consentir es una mediante la cual el elector debe poder de forma individual y voluntaria comunicarse mediante cualesquiera de los siguientes mecanismos: la expresión oral, escrita y señales o gestos corporales afirmativos iguales o parecidos a los que utilizan las personas con problemas del habla, audición y visión. También implicará que el elector libremente y sin coacción es quien ejerce el voto de forma independiente y secreta. […]. (Énfasis nuestro). Ley Núm. 239-2014, art. 9.039(m). (P. del S. 1254).
78 Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 13 de noviembre de 2014. 79 Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 13 de noviembre de 2014. CT-2016-15 26
Por su parte, el 25 de mayo de 2016 se aprobó el Reglamento de Voto Ausente y Voto
Adelantado de Primarias 2016 y Elecciones Generales 2016, que reiteró las disposiciones
referentes al voto adelantado para personas con impedimentos de movilidad consagrados
en la Ley 135-2012. Además, el 11 de agosto de 2016, se aprobó el Manual de
Procedimientos para el Voto Adelantado en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio para
las Elecciones Generales 2016 (“Manual”) que en su Inciso B dispone que:
El elector, a través de una persona de su confianza, gestionará en la Junta de Inscripción Permanente (JIP) o en la página electrónica de la Comisión la solicitud para votar en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio. Dicha solicitud será certificada por su médico de cabecera o médico de tratamiento y se someterá en la JIP. La solicitud tendrá que ser firmada por el elector, salvo que tenga impedimentos que no le permitan firmar o que no sepa leer o escribir. En este caso podrá hacer una marca y alguna persona autorizada por él certificará este hecho con su firma como testigo en el espacio que a estos fines provee la solicitud. (Énfasis nuestro).
De esta forma la CEE detalló el procedimiento para que los electores con
impedimento de movilidad, es decir encamados, tengan acceso al voto adelantado, luego
que su médico de cabecera o de tratamiento así lo certifique en la solicitud que provee el
propio Manual. En el caso de que la solicitud sea denegada, el Inciso G del Manual dispone
que entonces se le dará la oportunidad para que el elector que tenga alguna dificultad
pueda utilizar el colegio de fácil acceso en el centro de votación donde le corresponda
votar. Así, se salvaguarda el derecho al voto de todos los electores y se garantiza que el
voto adelantado solo se ofrezca para quienes cumplan con los requisitos dispuestos para
ello por la Ley Electoral, supra.
Es decir, la enmienda que garantiza estatutariamente el derecho del voto adelantado
a domicilio a una persona encamada era precisamente garantizar a esa persona que no se
puede mover el poder ejercer su derecho al voto. Pues aquél que tenga algún
impedimento, siempre tendrá derecho al colegio de fácil acceso el día del evento electoral,
según dispone el Art. 9.016 de la Ley Electoral.
Debemos mencionar que en la vista evidenciaria, se equiparó el concepto de colegio
de fácil acceso con el colegio de fácil acceso en el domicilio. No obstante, la diferencia
entre ambos colegios es que el de fácil acceso no es una solicitud de voto adelantado como
el colegio de fácil acceso en el domicilio. La controversia planteada en el caso de epígrafe
es sobre el colegio de fácil acceso en el domicilio, o sea, el voto adelantado de las personas CT-2016-15 27
encamadas.
E. LEGISLACIÓN COMO FUENTE PRIMARIA CUANDO EL TEXTO ES CLARO
Es norma reiterada que si “la ley es clara libre de toda ambigüedad, la letra de ella no
debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu, máxime cuando el espíritu
o intención del estatuto y su letra son la misma cosa.” Artículo 14 del Código Civil, 31 LPRA
sec. 14. Ello pues el claro texto de una ley “es la mejor expresión de la intención
legislativa”. Shell Chemical Yabucoa, Inc. v. Santos Rosado, 187 DPR 109 (2012); Soc.
Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, 179 DPR 849 (2010).
En el caso de Cordero et al. v. ARPE et al., 187 DPR 445 (2012), el Tribunal
Supremo señaló que el primer paso al interpretar un estatuto es remitirse al propio texto de
la ley. Cuando la Asamblea Legislativa se ha expresado en un lenguaje claro e
inequívoco, ese texto es la expresión por excelencia de ésta. Es decir, en aquellos casos
en los cuales el lenguaje de la ley no cree dudas, no es necesario ir más allá para hallar la
voluntad del legislador/a, sino que se debe descubrir y dar efecto a la intención, según
expresada en la propia letra del estatuto. Por otro lado, es menester tomar en consideración
Los artículos 15 y 16 del Código Civil establecen unas guías en el caso de estatutos que tratan de materias generales y de materias técnicas. El artículo 15 ordena al juzgador que dé a las palabras su significado “más corriente y usual” y el artículo 16 le advierte que “los términos técnicos y las frases usadas en las artes y en las ciencias se interpretarán según el significado y acepción que tengan admitidos por los peritos o maestros en la ciencia, arte o profesión a la cual se refieran. (Énfasis nuestro). L.M. Argüelles y M. Fraticelli, La Investigación Jurídica en el Derecho Puertorriqueño, Ed. Temis, 4ta ed., 2006, pág. 289.
F. DEFINICIÓN DE MÉDICO DE CABECERA Y MÉDICO DE TRATAMIENTO
Según el Diccionario de la Real Academia Española, un “médico de cabecera” es un
médico “que asiste habitualmente a una persona o a una familia”.80 (Énfasis nuestro). Por
su parte, el Diccionario Esencial de la Real Academia de la Lengua Española define el
término como “[e]l que asiste especialmente y de continuo al enfermo”. (Énfasis nuestro).
En cuanto a la definición del “médico de tratamiento” del elector, nos remitimos a la
definición de la palabra “tratamiento” esbozada en el Diccionario de la Real Academia
Española como el “conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una
80 Consultado el 1 de noviembre de 2016, en http://dle.rae.es/?id=Ol43qKz. CT-2016-15 28
enfermedad”.81
IV.
CONCLUSIONES DE DERECHO
Como parte de la naturaleza de los recursos de revisión judicial presentados, la
Comisionada Especial celebró dos vistas en las que recibió prueba testifical, documental y
escuchó los diferentes argumentos de las partes a los fines de determinar si procedía
revocar la determinación de la CEE en cuanto a la denegación o concesión del derecho a
voto adelantado de cientos de electores que presuntamente así lo solicitaron. Los
argumentos para solicitar la revocación parcial de la determinación incluyeron controversias
sobre el debido proceso de ley, el cumplimiento con las disposiciones de la Ley Electoral,
según enmendada, supra, la autoridad de la CEE en el desempeño de sus funciones, la
definición de médico de cabecera o tratamiento, entre otras.
Antes de discutir los pormenores de lo ocurrido en las vistas evidenciaras
celebradas, es necesario hacer constar que las revisiones parciales presentadas por los
Comisionados del PNP y del PPD se circunscribieron a cuestionar solo algunos aspectos de
la Resolución Enmendada emitida por la Presidenta de la CEE el 26 de octubre de 2016.
En otras palabras, la Resolución Enmendada contiene conclusiones que se sostienen,
algunas, como cuestión de derecho por no haber sido impugnadas y, otras, por no haberse
aportado la prueba necesaria para revocar las mismas.
Ante esta Comisionada se presentó, en primer lugar, el asunto sobre el significado o
alcance de los términos “médico de cabecera” o “médico de tratamiento” que surgen del
texto de la Ley Electoral, supra, así como sus distintas acepciones. Como tal, el ejercicio de
determinar el significado de dichos términos no requiere un ejercicio de interpretación
mayor.82 Del lenguaje del Artículo 9.039(m) de la Ley Electoral, según enmendada, supra, la
Comisionada Especial concluye que la misma es clara y específica. A pesar de que la Ley
Electoral, supra, no provee una definición para “médico de cabecera” o para “médico de
tratamiento”, la Comisionada Especial concluye que la definición de dichos términos debe
ser consistente con la letra clara del Artículo 9.039(m) de la Ley Electoral, supra, y sus
propósitos. Esta conclusión resulta forzosa, pues de lo contrario, nos abrogaríamos de un
81 Consultado el 1 de noviembre de 2016, en http://dle.rae.es/?id=aWzrvDX. 82 Por lo que no es necesario realizar una interpretación in pari materia para auscultar la intención legislativa. CT-2016-15 29
poder que no nos compete al entrometernos en las funciones legislativas y modificar la letra
plasmada de la Ley Electoral, supra. Consistente con lo anterior, no cabe recurrir a cánones
interpretativos cuando la ley es clara. Lo que debemos hacer es indagar cuál es el uso
común de lo que significa la palabra.
De entrada, cabe destacar que el referido artículo requirió de manera expresa, que
“se proveerá un formulario para que el médico de cabecera o de tratamiento del elector”
certificara la condición o problema de movilidad a los fines de completar la solicitud de voto
adelantado encamado. (Énfasis nuestro). Artículo 9.039(m) de la Ley Electoral, supra. Lo
primero que salta a la vista es, ¿cuál fue el fundamento para que la Asamblea Legislativa
dispusiera de la terminología “médico de cabecera o tratamiento”; en vez de un “médico
debidamente licenciado” o “médico generalista” o “médico primario”?
Según lo antes señalado, otras disposiciones legales83 que exigen una certificación
médica disponen de manera general que la misma podrá ser expedida por un médico
admitido a la práctica de la medicina en Puerto Rico y no requieren que este sea
específicamente un médico de cabecera o de tratamiento el que así lo certifique.
En este caso, el Artículo 9.039(m) de la Ley Electoral, según enmendada, supra,
expresa que “la Comisión proveerá un formulario para que el médico de cabecera o de
tratamiento del elector certifique […]”. (Énfasis nuestro). En su acepción más sencilla,
“médico de cabecera o de familia” según lo define el Diccionario de la Real Academia
Española y según el uso y costumbre, significa un médico que presta atención primaria y
que asiste habitualmente a una persona o a una familia. Es decir, es el médico más
cercano al paciente; quien con mayor probabilidad conoce su historial médico y está en
mejor posición de emitir una certificación de inmovilidad, brindando mayor garantía y
transparencia al proceso.
Nótese que el estatuto además indica que será el médico “del elector” que apunta al
83 Este Tribunal hace constar que el legislador ha sido enfático al realizar manifestaciones expresas en otras
leyes en cuanto al tipo de médico autorizante. Véase Art. 3.09 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, que dispone que la certificacion de la expedicion de una licencia de aprendizaje debe ser “expedida por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico”, de manera general. Por otro lado, la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, conocida como la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público dispone en términos expresos sobre el tipo de médico para distintos escenarios contemplados en dicha Ley, usando frases como: “examen médico” (de manera general); tratamiento médico bajo el Fondo del Seguro del Estado (conforme la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo); certificado médico (para licencias de enfermedad descrito de manera general pero señalando que “del certificado médico se podrá corroborar la inhabilidad del empleado para asistir al trabajo por razones de enfermedad, por cualquier otro medio apropiado.”; certificación del médico que la atiende durante el aborto (de manera específica para la licencia en casos de aborto). CT-2016-15 30
interés particular o el escogido de dicho elector. Entiéndase, que el médico que certifique el
impedimento o problema de movilidad del elector haya sido escogido por éste último y que,
según la definición del término, provea atención médica con, como mínimo, algún tipo de
habitualidad. No es posible concluir, y el testimonio de los médicos no lo probó, que un
médico pueda ser considerado de cabecera por el simple hecho de intervenir con un
paciente en una única ocasión para un único fin.
En cuanto a esta definición, determinamos que el uso por la CEE de la disposición
del Artículo 7 (50) del Reglamento para implantar las Disposiciones de la Ley Núm. 194 de
25 de agosto de 2000, según enmendada, Carta de Derechos y Responsabilidades del
Paciente de Puerto Rico, Núm. 7617, no resultó en una enmienda a la Ley Electoral, según
enmendada, supra. Dicha definición no contraviene la definición regular de lo que es un
médico primario o de cabecera, como un doctor en medicina, autorizado legalmente a
practicar la medicina en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (“Es quien inicialmente
evalúa y provee servicios de cuidado de salud y/o tratamiento a pacientes. El médico
primario es responsable de identificar y coordinar los servicios requeridos por los pacientes
beneficiarios, proveerles continuidad de cuidado y referirlos a servicios especializados de
ser medicamente necesarios”). Por lo que no encontramos que su determinación en cuanto
a este aspecto haya sido irrazonable.
Por otra parte, en esta ocasión, la directriz clara de la Asamblea Legislativa es
cónsone con los intereses que persigue la Exposición de Motivos de la Ley Electoral, según
enmendada, supra. Conforme al historial legislativo y la exposición de motivos
anteriormente relatados, el establecimiento de controles y medidas de seguridad, en
particular de las personas encamadas fue un procedimiento que se tomó en consideración
para garantizar su derecho al voto independiente y secreto.
La prueba en autos es suficiente para concluir que los médicos que testificaron en
este caso, no son médicos de cabecera o tratamiento de los electores que solicitaron el
voto encamado en los precintos: 040 de Añasco y 066 de Orocovis. A tenor con las
Determinaciones de Hechos, en el caso de Añasco el Dr. Carlos Heredia admitió que no
conocía previamente a los electores y que no era su médico de tratamiento. Testificó que
los electores no le contactaron, sino que llegó a ofrecer sus servicios gratuitos a petición de
funcionarios de la Comisión Local de Añasco. En relación al procedimiento de las visitas, el CT-2016-15 31
doctor no conocía el destino al cual se dirigía, pues admitió que fue llevado por estos
funcionarios quienes tenían una lista, ni las solicitudes a cumplimentar. En este caso
también le acompañaba una enfermera, a quien no pudo identificar. Indicó que en una sola
visita pudo completar 83 solicitudes.
El caso del precinto 066 de Orocovis es también bien similar. Los doctores Colón
Morales y Faget admitieron que los electores no le habían contactado. Fueron contactados
por la Asociación de Empleados Públicos del PNP, a su vez contactados por los
funcionarios de la JIP. Así se dirigieron los doctores Morales y Faget, junto a Moreno a
visitar electores por la “ruta” trazada. Morales admitió que no era médico de tratamiento ni
de cabecera de los electores que visitó, 42 en total. Faget admitió que no era médico de
tratamiento de éstos y que no recordaba si tuvo alguno como paciente. Sin embargo,
quedó establecido que el contacto de ésta con dichos electores fue solamente para esa
ocasión.
Por otra parte, llama la atención en el corto tiempo que los médicos pudieron evaluar
decenas de pacientes en una zona que no conocían. Su testimonio no mereció la
credibilidad de este Tribunal en torno a la cantidad de electores que visitaron en dos horas
para poder entrar al hogar, observar, preguntar, evaluar y emitir una certificación; sobre
todo cuando no tenían el historial previo de estos pacientes y ni les conocían.
Por tanto, en el caso de Orocovis, se recomienda se revoque la Resolución de la
CEE, toda vez que no eran los médicos de tratamiento o cabecera conforme a la ley. Por
otra parte, surge de las determinaciones de hechos que en cuanto a Orocovis existen varias
solicitudes que adolecen de forma; por lo cual sería otra justificación en derecho para en
esos casos se revoque la Resolución.
En relación al Precinto 054 de Utuado, durante la vista celebrada se presentó prueba
en cuanto a varias certificaciones emitidas por la Junta de Licenciamiento y Disciplina
Médica de Puerto Rico en cuanto a la licencia del Dr. Rivera González. La última
certificación, de 21 de septiembre de 2016 disponía que el Dr. Rivera González cumplió con
los requisitos de registro de licencia y educación médica continua para el trienio 2016-2019,
a tenor con lo dispuesto en la Ley núm. 139-2008 y la Ley núm. 11 de 23 de junio de 1976,
según enmendadas. Además, expresamente indicó que dicha certificación era válida hasta
el 27 de febrero de 2019. Conforme al término del trienio 2016-2019, dicha certificación CT-2016-15 32
comenzaba del 27 de febrero de 2016 y su duración se extendía al 27 de febrero de 2019.
No surge de la prueba presentada que al Dr. Rivera González se le haya suspendido o
revocado su licencia. Conforme el Art. 7 de la Ley Núm. 139-2008, la Junta de
Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico puede tomar las siguientes acciones en
torno a las licencias: denegar, suspender, cancelar o revocar cualquier licencia y para emitir
una orden fijando a un médico un período de prueba por un tiempo determinado.
En vista de lo anterior, se concluye que a prueba presentada para establecer que el
Dr. Dennis González no estaba autorizado a ejercer la medicina no fue clara; por lo que se
recomienda revocar la determinación de la CEE en cuanto a ese precinto.
En relación al Precinto 069 de Aibonito para el que la CEE aprobó 49 solicitudes, el
PPD solicitó la revisión judicial. Sin embargo, solo presentó prueba de tres casos en
particular: Ana Isabel Colón Borelli, Carlos Veguilla Colón y Carmen Ana Borelli Aponte. En
cuanto a éstos, hubo prueba directa de que no están encamados; por lo que procede la
revocación. No hubo prueba alguna que impugnara las certificaciones del Dr. Francisco
Fontánez.
El otro asunto ante nuestra consideración versa sobre el formulario sobre solicitud de
voto por adelantado por problemas de movilidad aprobado por la CEE. En primer lugar,
resaltamos que el mismo no fue objetado por ninguna de las partes en cuanto a su
contenido y la información que a través del mismo se solicita. Como tampoco fue objeto de
controversia lo que el dispone el Manual en su inciso B sobre las instrucciones y requisitos
para su aprobación. El formulario o solicitud de voto por adelantado provee, en lo
pertinente: (a) un espacio para la firma del elector solicitante, (b) un espacio para la firma de
la personas autorizada (de no poder firmar el elector) y (c) un espacio para que se indique
el impedimento que no le permitió al elector solicitante firmar o el hecho que éste no sabe
leer o escribir. Los espacios provistos en la solicitud corresponden a los requisitos
dispuestos en el Manual para que proceda la aprobación del mismo. Véase que el
formulario o solicitud es el documento mediante el cual la CEE exige el cumplimiento de los
requisitos de la Ley Electoral, según enmendada, supra, y, a su vez, hace cumplir la
intención legislativa. Por lo tanto, su cumplimentación es una cuestión de estricto derecho
ya que de no llenar adecuadamente los espacios provistos con la información requerida se
incumple con la Ley Electoral, según enmendada, supra, y el elector no es aquel que CT-2016-15 33
identificó el legislador como elegible para el voto por adelantado.
De la página 26 de la Resolución Enmendada surge que la CEE aprobó solicitudes
que, según la prueba presentada en las vistas celebradas, no cumplieron estrictamente
con los requisitos reglamentarios de forma para su concesión – entiéndase, porque: (1) no
consta la firma del elector ni el impedimento que no le permitió firmar o el hecho que no
sabe leer o escribir; (2) no consta la firma del elector, sólo tienen una marca presuntamente
hecha por éste y no consta la firma de la persona autorizada por él que certifique el
impedimento que no le permitió firmar o el hecho que no sabe leer o escribir, (3) no consta
la firma del elector ni de la persona autorizada por él y (4) no consta la firma del elector,
sólo tienen una marca presuntamente hecha por éste y no consta el impedimento que no le
permitió firmar o el hecho que no sabe leer o escribir. El Comisionado del PNP no aportó
prueba sobre el particular y no refutó la prueba presentada por el Comisionado del PPD.
Por ende, en cuanto a éstas, según lo dispuesto en el inciso B Manual, la Comisionada
Especial recomienda la revocación de esta determinación de la CEE. Esto, por las
solicitudes no estar cumplimentadas según lo dispone el manual, y en consecuencia, no
proceder su aprobación.
En virtud de lo expuesto, se emite la siguiente recomendación, apoyada en las
determinaciones hechos y derecho aplicable.
RECOMENDACIONES
El Comisionado del PNP solicitó la revisión de las denegaciones de las solicitudes
de los electores de los siguientes: Precinto 089 de las Piedras; Precinto 090 de las Piedras;
Precinto 057 de Jayuya; Precinto 056 de Jayuya, Precinto 015 de Dorado y Precinto 054 de
Utuado.
Sobre los precintos 089 y 090 de Las Piedras, no se presentó prueba alguna por la
cual se deba revocar la determinación de la CEE, por tanto se recomienda se confirme y se
deniegue el recurso de revisión en cuanto a esa alegación. (90 electores).
Sobre la determinación de la CEE de denegar la aprobación de las solicitudes del
Precinto 057 de Jayuya, no se presentó prueba alguna por la cual se deba revocar la
determinación de la CEE, por tanto se recomienda se confirme la Resolución y se deniegue
el recurso de revisión en cuanto a esa alegación. (57 electores) CT-2016-15 34
En cuanto al Precinto 015 de Dorado no se no se presentó prueba alguna por la
cual se deba revocar la determinación de la CEE, por tanto se recomienda se confirme y se
deniegue el recurso de revisión en cuanto a esa alegación.
En cuanto al Precinto 054 de Utuado, se recomienda se acoja el recurso de revisión
y se revoque la determinación de la CEE. La prueba presentada para establecer que el Dr.
Dennis González no estaba autorizado a ejercer la medicina no estuvo clara. Surge del
Apéndice II, estipulado, que el doctor pudo establecer que tenía su licencia vigente para el
trienio 2016-2019, los cuales vencen en febrero. Tampoco se presentó una certificación de
revocación de licencia o suspensión, por lo cual entendemos que le protege la presunción.
Por su parte, el Comisionado del PPD cuestionó la aprobación de solicitudes
presentadas en los municipios de Orocovis Precinto 066 y Aibonito Precinto 069.
A tenor con la prueba, se recomienda revocar la Resolución en cuanto al Precinto
066 de Orocovis, por no ser los médicos certificantes, médicos de cabecera o tratamiento.
En relación al Precinto 069, de Aibonito se recomienda se revoque sólo en cuanto a los
electores que surgen de las determinaciones de hechos 42 y 44.
En cuanto los planteamientos sobre falta de notificación del procedimiento
administrativo ante la CEE y violación del debido proceso de ley, durante el procedimiento
administrativo que llevó a la Presidenta de la CEE a emitir su Resolución Enmendada, no
se presentó prueba sobre el particular. Aunque se intentó, por medio de la declaración del
Sr. Walter Vélez Martínez, Secretario de la Comisión, éste no pudo afirmar ni negar el
hecho de la notificación a los electores; ya que de su declaración, ello no corresponde a la
CEE, sino a la Comisión Local.
Por último, en virtud de que todos los comparecientes llegaron a unos acuerdos
parciales mediante los cuales desistieron de sus reclamaciones en cuanto a los precintos
027 de Arecibo y 049 de Sabana Grande, se recomienda que se dicte Sentencia de
conformidad.
VI.
PRUEBA DOCUMENTAL
PRESENTADA EL 29 DE OCTUBRE DE 2016
A. ESTIPULADOS: CT-2016-15 35
APENDICE I
Certificación – Emitida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico el 8 de septiembre de 2016
APENDICE II – A Verificación de Licencia “Good Standing” emitida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico el 21 de septiembre de 2016 APENDICE II – B Certificación de Registro y Educación Médica emitida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico el 21 de septiembre de 2016 APENDICE III – EN BLOQUE DEL 1 AL 83 Solicitud para Votar en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio por Impedimento de Movilidad (Encamados) del Precinto 040 de Añasco - Elecciones Generales 2016 APENDICE IV – EN BLOQUE DEL 1 AL 68 Solicitud para Votar en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio por Impedimento de Movilidad (Encamados) del Precinto 066 de Orocovis EVIDENCIA ESTIPULADA Y PRESENTADA EL 30 DE OCTUBRE DE 2016 APENDICE V – EN BLOQUE DEL 1 AL 49 Solicitud para Votar en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio por Impedimento de Movilidad (Encamados) del Precinto 069 de Aibonito - Elecciones Generales 2016 APENDICE VI – EN BLOQUE DEL 1 AL 35 Solicitud para Votar en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio por Impedimento de Movilidad (Encamados) del Precinto 066 de Orocovis - Elecciones Generales 2016 EVIDENCIA PRESENTADA 30 OCTUBRE 2016 B. COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVO PROGRESISTA APENDICE I – EN BLOQUE 78 FOLIOS Datos del del Precinto 057 de Jayuya que incluye Solicitud para Votar en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio por Impedimento de Movilidad (Encamados) - Elecciones Generales 2016 APENDICE II – EN BLOQUE 59 FOLIOS Datos del Precinto 089 de Las Piedras que incluye la Solicitud para Votar en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio por Impedimento de Movilidad (Encamados) Elecciones Generales 2016 APENDICE III – EN BLOQUE 135 FOLIOS Datos del Precinto 015 de Dorado que incluye la Solicitud para Votar en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio por Impedimento de Movilidad (Encamados) - Elecciones Generales 2016 APENDICE IV EN BLOQUE 8 FOLIOS Datos del Precinto 090 de Las Piedras que incluye la Solicitud para Votar en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio por Impedimento de Movilidad (Encamados) Elecciones Generales 2016 C. COMISIONADO DEL PARTIDO POPULAR CT-2016-15 36
APENDICE I - Información del Elector y Solicitud para votar en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio por Impedimento de Movilidad (Encamados) Elecciones Generales 2016 - Identificación 1 – Solicitud de Dispensa de Empleado para ejercer la Medicina (Dra. Ana María Faget) del 20 de octubre de 2016
D. COMISION ESTATAL DE ELECIONES APENDICE I – EN BLOQUE 345 FOLIOS Transcripción de Audiencias en la Comisión Estatal de Elecciones del 11 de octubre de 2016
EN VIRTUD DE TODO LO CUAL, la Comisionada Especial somete el Informe
requerido y solicita respetuosamente que se tenga por cumplida la orden de este Tribunal
Supremo de Puerto Rico. Una vez se presente en el Tribunal Supremo, se procederá a la
notificación a las partes por el sistema de SUMAC, según se nos ha instruido.
RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.
En San Juan, Puerto Rico, 1ro de noviembre de 2016. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Aníbal Vega Borges, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista
Liza García Vélez, en su capacidad oficial como CT-2016-015 Certificación Presidenta de la Comisión Intrajurisdiccional Estatal de Elecciones; Guillermo San Antonio Acha, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático; Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), por conducto de su Comisionado Electoral Sr. Roberto I. Aponte Berríos; Partido del Pueblo Trabajador (PPT), por conducto de su Comisionado Electoral Dr. José F. Córdova Iturregui
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico a 4 de noviembre de 2016.
“Aunque pusieran silencio a las lenguas, no lo pudieran poner a las plumas; ellas en libertad dan a entender lo que en el alma está encerrado”.
Miguel de Cervantes
Hoy, al resolver que cientos de electores deben ser
tratados como personas con impedimentos de movilidad CT-2016-0015 2
(encamados), a pesar de que éstos no acreditaron
adecuadamente tal hecho ante la Comisión Estatal
Elecciones (en adelante, “C.E.E.”), una mayoría de este
Tribunal -- desvirtuando las controversias ante nuestra
consideración -- le imprime, innecesariamente, la
primera mancha al proceso electoral que se avecina. Al
así hacerlo, con su actuación, derrotan las garantías de
pureza procesal en las que, hasta el día de hoy -- en
dicho tema --, descansaba nuestro ordenamiento
En un episodio lamentable y vergonzoso en la
historia de este Alto Foro Judicial, y con el único
propósito de alcanzar el resultado deseado, cinco (5)
jueces de este Tribunal figuran hechos donde no los hay,
evalúan prueba que no existe e ignoran las verdaderas
controversias ante su consideración.
Por no estar de acuerdo con este atentado a la
democracia puertorriqueña, que desde ya tiene el efecto
de que un partido político manipule los resultados del
evento electoral a celebrarse el próximo martes, 8 de
noviembre de 2016, nos vemos en la obligación de
disentir. Veamos.
Como es sabido, es norma arraigada en nuestro
ordenamiento jurídico que “el derecho al voto es la más
preciada de las prerrogativas del pueblo, porque es a
través del voto que el pueblo ejerce su poder soberano y CT-2016-0015 3
expresa su voluntad”. P.P.D. v. Adm. Gen. de Elecciones,
111 DPR 199, 207 (1981).
En nuestra jurisdicción, el derecho al voto se deriva de
varias fuentes, a saber: el derecho natural de todos los
seres humanos a elegir sus gobiernos; la Constitución de
Estados Unidos de América; la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, que consagra el derecho
al sufragio universal, igual, secreto, directo y libre,
a través del cual cada ciudadano puede emitir el voto
con arreglos a los dictados de su conciencia, y los
estatutos que imparten utilidad a las disposiciones
constitucionales. Véase Art. 2.002 Ley Electoral de
Puerto Rico, 16 LPRA sec. 4002.
De conformidad con lo anterior, el ente encargado
de conducir los procesos electorales que se llevan a
cabo en el País lo es la Comisión Estatal de Elecciones
(“C.E.E.”) Véase Art. 3.001, Ley Electoral de Puerto
Rico, 16 LPRA sec. 4011. La C.E.E es la responsable de
planificar, organizar, estructurar, dirigir y supervisar
el organismo electoral, así como todos los
procedimientos de naturaleza electoral que, conforme a
la Ley Electoral de Puerto Rico, y sus reglamentos,
rigen cualquier elección a celebrarse en Puerto Rico.
Íd. En el desempeño de tal función la C.E.E. tiene,
entre otros, los siguientes deberes:
(l) Aprobar y adoptar las reglas y reglamentos que fueren necesarios para implantar las disposiciones de este subtítulo bajo su jurisdicción, los cuales tendrán vigencia, previa notificación al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico mediante CT-2016-0015 4
publicación al efecto en dos (2) periódicos de circulación general, dos (2) veces en un período de dos (2) semanas, sin que sea necesario el cumplimiento de las disposiciones de las secs. 2101 et seq. del Título 3; denominadas "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" […];
(m) Desarrollar un plan de acción afirmativo y aprobar los reglamentos para facilitar el ejercicio del derecho al voto de las personas con impedimento. (Énfasis nuestro). Art. 3.002 Ley Electoral de Puerto Rico, 16 LPRA, secs. 4012 (l) y (m).
Cónsono con lo anterior, y en aras de facilitar el
ejercicio del derecho al voto de las personas con
impedimentos, el Art. 9.039(m) de la Ley Electoral de
Puerto Rico, 16 LPRA sec. 4179, establece que tendrán
derecho a votar voluntariamente, mediante el proceso de
voto adelantado, los electores debidamente calificados
que se encuentren en Puerto Rico en cualquiera de las
categorías que se mencionan a continuación:
[…]
(m) Las personas con impedimentos de movilidad (encamados) que cualifiquen como electores de fácil acceso en el domicilio. La Comisión Local será responsable de verificar, evaluar y aprobar la solicitud, conforme al reglamento aplicable. Los miembros de las Juntas de Inscripción Permanente deberán grabar la solicitud como una transacción de fácil acceso. La Junta Administrativa del Voto Ausente (JAVA) será responsable de trabajar la votación como voto adelantado y la adjudicación de estos votos.
Para los casos que soliciten el voto adelantado por la causal de algún tipo de condición médica que le impida asistir a su colegio de votación,
la Comisión proveerá un formulario para que el médico de cabecera o de tratamiento del elector certifique: que el elector presenta un problema CT-2016-0015 5
de movilidad física que sea de tal naturaleza que le impida acudir a su centro de votación.
La Comisión será responsable de reglamentar la manera en que se establecerá el procedimiento a seguir para garantizar el voto de las personas con impedimento de movilidad (encamados). En este procedimiento se trabajará la votación como voto adelantado bajo la supervisión de la Junta Administrativa del Voto Ausente (JAVA) y coordinado por la Junta de Inscripción Permanente (JIP). Dicho proceso de voto adelantado comenzará diez (10) días previos a las elecciones generales y terminará por lo menos un día antes de la fecha de las elecciones generales para lo que se crearán subjuntas [sic.] bajo la supervisión de la Junta de Inscripción Permanente.
Este proceso de voto adelantado será administrado por una Junta de Balance Electoral, la cual garantiza la identidad del elector, que las papeletas las reciba en blanco y que el elector ejerce el voto de forma independiente y secreta de conformidad con lo dispuesto en este subtítulo y en el Reglamento de Voto Adelantado.
La Junta de Colegio tendrá la responsabilidad afirmativa de garantizar que el elector tiene la capacidad para consentir y que ejerce el voto en forma secreta. La capacidad para consentir es una mediante la cual el elector debe poder de forma individual y voluntaria comunicarse mediante cualesquiera de los siguientes mecanismos: la expresión oral, escrita y señales o gestos corporales afirmativos iguales o parecidos a los que utilizan las personas con problemas del habla, audición y visión. También implicará que el elector libremente y sin coacción es quien ejerce el voto de forma independiente y secreta. (Énfasis nuestro).
Al respecto, y en lo referente a la solicitud de
voto adelantado, el Art. 9.040 de la Ley Electoral de
Puerto Rico, 16 LPRA sec. 4180, añade que:
[e]l voto adelantado tendrá que solicitarse para cada elección mediante formulario y evidencia acreditativa, según la Comisión disponga por CT-2016-0015 6
reglamento. El término para solicitar el voto por adelantado será a la fecha del cierre del Registro General de Electores para la elección correspondiente. No obstante esto, las personas que se encuentren en una de las categorías de los incisos (f), (k) y (l) de la sec. 4179 de este título podrán solicitar el voto adelantado mediante formulario y evidencia acreditativa hasta no más tarde de quince (15) días previo al evento electoral. (Énfasis suplido).
Así las cosas, y a tenor con la facultad otorgada
por la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, la C.E.E.
aprobó el “Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado
de Primarias 2016 y Elecciones Generales 2016” (en
adelante, “Reglamento”) de 25 de mayo de 2016. En
esencia, y en cuanto al tema de las personas con
impedimentos de movilidad (encamados), en la Sección 6.6
(a) del mencionado Reglamento se reproduce in extenso lo
dispuesto en el Art. 9.039 (m), de la Ley Electoral de
Puerto Rico, supra.
De otra parte, en virtud de las disposiciones
legales antes señaladas, también se promulgó el “Manual
de Procedimientos para el Voto Adelantado en el Colegio
de Fácil Acceso en el Domicilio para las Elecciones
Generales” de 11 de agosto de 2016 (en adelante,
“Manual”), el cual recoge los requisitos y criterios
para que un elector se pueda acoger a este tipo o
modalidad de voto. A su vez, el Manual establece
los deberes y funciones de las Comisiones Locales
de Elecciones, los Oficiales de Inscripción y la
Junta Adminis trativa de Voto Ausente y Voto
Adelantado (JAVA, por sus siglas). Según se CT-2016-0015 7
desprende de su Introducción, los procedimientos allí
establecidos tienen como propósito:
[g]arantizar a los electores del Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio su derecho al voto libre y secreto. Además, establecen los mecanismos necesarios para que el proceso de votación sea uno transparente y justo para todos los partidos políticos y candidatos a puestos electivos en las Elecciones Generales de 2016”. Manual, pág. 2.
De particular importancia para la correcta
disposición de las controversias ante nos, resultan ser
los incisos A, B, G y H del referido Manual, pues en
éstos claramente se establece el procedimiento a seguir
desde que un elector solicita votar en el Colegio de
Fácil Acceso en el Domicilio, hasta que dicha solicitud
se aprueba o se deniega. Dichos incisos disponen de la
siguiente forma:
A. Requisitos para solicitar votar en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio
Podrán solicitar votar en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio, aquellos electores con impedimentos de movilidad para acudir a su colegio de votación el martes, 8 de noviembre de 2016. Conforme a la Ley Electoral y el Reglamento de Voto Ausente y Adelantado deberá ser un elector activo y aparecer en el registro general de electores para las elecciones del 2016. La JAVA distribuirá el documento con la solicitud y certificación médica donde indique que el elector presenta problemas de movilidad. Dicha solicitud estará disponible en las JIP y en la página web de la Comisión
B. Solicitud del Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio
El elector, a través de una persona de su confianza, gestionará en la Junta de Inscripción Permanente (JIP) o en la página electrónica de la Comisión la solicitud para [v]otar en el Colegio de Fácil Acceso en el [d]omicilio. Dicha CT-2016-0015 8
solicitud será certificada por su médico de cabecera o médico de tratamiento y se someterá en la JIP. La solicitud tendrá que ser firmada por el elector, salvo que tenga impedimentos que no le permitan firmar o que no sepa leer o escribir. En este caso podrá hacer una marca y alguna persona autorizada por él certificará este hecho con su firma como testigo en el espacio que a estos fines provee la solicitud.
G. Rechazo de Solicitud
En caso de que la solicitud de voto a domicilio no sea aprobada, la Comisión Local autorizará a dicho elector a votar en el colegio de fácil acceso en el centro de votación. La JIP procederá a grabar dicha solicitud conforme fue aprobada por la Comisión Local. No obstante, para grabar la solicitud, la JIP deberá esperar a que transcurra y sea final el proceso de apelación que se dispone en el Inciso (H) de este Manual. De la JIP no poder realizar la grabación que corresponda, por haber pasado la fecha límite para esto, deberán remitir el caso al Secretario de la Comisión para que se realice la Certificación de inclusión o exclusión que corresponda.
H. Proceso de Apelación
En caso de rechazo de su solicitud, cualquier elector afectado tendrá cinco (5) días laborables a partir de la fecha del recibo de la notificación negativa para apelar la decisión. La apelación deberá hacerse por escrito y dirigida al Secretario, quien la presentará a la Comisión a la mayor brevedad posible. La Comisión notificará al elector y a la Comisión Local la decisión. De resultar adversa al elector, éste tendrá el derecho de apelar ante el Tribunal de Primera Instancia conforme al Artículo 5.005 de la Ley Electoral. (Énfasis suplido). Íd. a las págs. 3-6.
Es decir, a la luz de la normativa constitucional,
legal y reglamentaria antes expuesta, en palabras
sencillas, podemos colegir que, para poder votar en el
Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio, 1) el elector
debe solicitarlo; 2) su médico de cabecera o de CT-2016-0015 9
tratamiento debe visitar y certificar que el elector o
electora cualifica para el voto a domicilio debido a su
condición de salud; 3) la información debe ser
verificada y aprobada por la C.E.E. o sus organismos, y
4) una junta, con representación de todos los partidos
políticos debidamente inscritos, debe visitar al elector
para tomarle el voto.
En cuanto al asunto medular en controversia, la
definiciones adoptadas por la C.E.E. para el término
médico de cabecera –- “profesional de la salud que tiene
una relación de continuidad con el paciente al que le
atiende alguna condición médica […]”84 -- o médico de
tratamiento -– “profesional de la salud (médico) que
atiende la condición médica que impide al paciente
acudir a su centro de votación”85 -- responden al
desarrollo que ha tenido dicho concepto en la
jurisdicción federal en un contexto particularmente
similar al de autos. Asimismo, dichas definiciones
responden a concepciones aceptadas en la academia. Nos
explicamos.
El término “médico de cabecera” ha sido definido
como “[e]l que asiste especialmente y de continuo al
enfermo”. (Énfasis nuestro). Diccionario Terminológico de
Ciencias Medicinas, 12ma ed. 1984, Salvat Editores, S.A.,
Barcelona, España, pág. 682. Véase además, Enciclopedia de
84Véase, Resolución Enmendada de la Comisión Estatal de Elecciones, CEE-RS-16-83, pág. 24.
85 Íd., pág. 25. CT-2016-0015 10
Medicina y Enfermería Mosby, Ed. 1992, Vol. 2, Ediciones
Océano S.A., España.
Por su parte, el Reglamento para Implantar las
Disposiciones de la Ley Número 194 de 25 de agosto de
2000 (Carta de Derechos del Paciente), según enmendado,
Reglamento Número 7617 del Departamento de Estado,
establece en su artículo séptimo, que el “médico
primario”, también conocido como “médico de cabecera”,
tiene la responsabilidad de, entre otras, proveer
continuidad de cuidado al paciente. Véase Art. 7 (50)
del Reglamento Núm. 7617 del Departamento de Estado.
En la misma línea, el “médico de tratamiento” es
quien provee tratamiento o evaluación médica como parte
de la relación médico-paciente. Así, de forma análoga,
ha sido definido en el ámbito federal por el Code of
Federal Regulations, en el contexto de los procesos ante
la Administración del Seguro Social86:
Treating source means your own physician, psychologist, or other acceptable medical source who provides you, or has provided you, with medical treatment or evaluation and who has, or has had, an ongoing treatment relationship with you. Generally, we will consider that you have an ongoing treatment relationship with an acceptable medical source when the medical evidence establishes that you see, or have seen, the source with a frequency consistent with accepted medical practice for the type of treatment and/or evaluation required for your medical condition(s). We may consider an acceptable medical source who has treated or evaluated you
86 Dicha definición determina el peso que un juez administrativo (Administrative Law Judge) otorgará a una opinión médica al momento de adjudicar una reclamación de beneficios por discapacidad de un trabajador o trabajadora. CT-2016-0015 11
only a few times or only after long intervals (e.g., twice a year) to be your treating source if the nature and frequency of the treatment or evaluation is typical for your condition(s). We will not consider an acceptable medical source to be your treating source if your relationship with the source is not based on your medical need for treatment or evaluation, but solely on your need to obtain a report in support of your claim for disability. In such a case, we will consider the acceptable medical source to be a non treating source. (Énfasis nuestro). 20 C.F.R. § 404.1502.
Como vemos, ambos conceptos -- médico de cabecera y
médico de tratamiento -- necesariamente implican la
existencia de una relación previa médico-paciente. En
este sentido, hacemos referencia al desarrollo que ha
tenido dicho concepto en la jurisdicción federal, a
saber: Murphy v. Astrue, 2011 WL 334316, a la pág. *3
(D. Colo. 2011) (un periodo de tratamiento médico
durante un mes es considerado uno breve que no cualifica
al médico como uno de tratamiento); Hunter v. Barmhart,
210 Fed. Appx. 753 (10mo Cir. 2006) (un médico que
examina a un paciente una sola vez y sólo provee
información médica relacionada a un periodo de tiempo
objeto de una controversia, no cualifica como médico de
tratamiento); Doyal v. Barnhart, 331 F.3d 758, 762 (10mo
Cir. 2003) (la opinión de un médico de tratamiento
merece un peso particular basado en una relación de
duración y frecuencia); Guyton v. Apfel, 20 F.Supp 2d
156, nota núm. 11 (D.C. Mass. 1998) (citando con
aprobación la definición del término “treating source”,
según codificada por la Administración del Seguro Social,
20 C.F.R. sec. 404.1502, a saber “[the patient’s] own CT-2016-0015 12
physician or psychologist who has provided [him or her]
with medical treatment or evaluation and who has or has
had an ongoing relationship with [her or him]”) (Énfasis
suplido). Weiler v. Shalala, 922 F.Supp. 689, 696 (D. C.
Mass. 1996) (citando con aprobación la definición del
término “treating physician”, según codificada por la
Administración del Seguro Social, supra); Murray v.
Heckler, 722 F.2d 499, 501-02 (9no Cir. 1983)
(resolviendo que un médico de tratamiento tiene una
mejor oportunidad de observar al paciente [vis à vis un
médico que no es de tratamiento]). Véase además, Knight
v. Astrue, 32 F. Supp. 3d 210 (N.D. N.Y. 2012).
A lo anterior, debemos añadir que el lenguaje de la
Ley Electoral de Puerto Rico, supra, requiere que el
médico que certifique sea del elector. Definitivamente,
esto demuestra que el médico que se encargue de
certificar la solicitud de voto adelantado a domicilio
no puede ser cualquier persona. La relación previa o
posterior con el paciente es necesaria y obligatoria.
Es, precisamente, a la luz de este marco jurídico
que debemos disponer de las controversias ante nuestra
consideración. En ese sentido, no tenemos duda de que,
en el caso de autos, el proceso llevado a cabo para
determinar quiénes podían votar en el Colegio de Fácil
Acceso en el Domicilio fue cuidadosamente resguardado y
seguido al pie de la letra por la C.E.E. y confirmado
prácticamente en su totalidad por la Comisionada Especial. CT-2016-0015 13
No existe razón en derecho que nos mueva a alejarnos de
sus recomendaciones. Nos explicamos.
En el presente caso, el pasado 28 de octubre de
2016, el Comisionado Electoral del P.N.P, licenciado
Aníbal Vega Borges, (en adelante, Comisionado Electoral
del P.N.P), nos solicitó que, desde este estrado
apelativo de última instancia, expidiéramos un recurso
de certificación intrajurisdiccional y pasáramos juicio
sobre -- y autorizáramos -- cientos de solicitudes de
voto adelantado a domicilio de personas con
impedimentos de movilidad (encamados) que, según lo
determinó originalmente la C.E.E. tras recibir prueba
testifical y documental, no acreditaron adecuadamente
que debían ser tratadas como tal, a saber, como personas
encamadas. Ello, a tenor con lo dispuesto en el Art.
9.039(m) de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, el
Reglamento y el Manual.
Entre las alegaciones que consignó la C.E.E. al
evaluar las referidas solicitudes llaman la atención,
entre otras, las siguientes: 1) médicos que certificaron
las solicitudes no son de cabecera o tratamiento del
elector o electora; 2) solicitudes certificadas por un
médico que no está en “good standing”; 3) médico que
certifica las solicitudes no visitó a los electores y
para ello designó a una persona que no es médico; 4) médicos
que certifican solicitudes no habían tenido ningún CT-2016-0015 14
contacto con los electores a los que le certificaron su
solicitud; 5) médicos que efectuaron las certificaciones
fueron contratados por un partido político fuera del
municipio de residencia del elector; 6) solicitudes
certificadas por médicos que tenían un conflicto de
interés insalvable pues aspiraban a puestos electivos en
los municipios donde certificaban la solicitud; 7)
certificación del médico no está cumplimentada en su
totalidad; 8) electores que afirman que el médico que
certificó su solicitud nunca los visitó; 9) solicitudes
no firmadas por el elector y sin justificación para no
hacerlo, y 10) administradora de un hogar de ancianos
certificó por carta que el médico que firmó las
solicitudes de un grupo de electores que están bajo su
cuidado no visitó los mismos y ella tampoco los conoce87.
Los Municipios (Precintos Electorales) afectados
por esta determinación fueron: Utuado: Precinto 054;
Arecibo: Precinto 027; Añasco: Precinto 040; Las
Piedras: Precinto 089 y 090; Jayuya: Precinto 056 y 057;
Dorado: Precinto 015; San Lorenzo: Precinto 086; Juana
Díaz: Precinto 063; Sabana Grande: Precinto 049;
Patillas: Precinto 091; Orocovis: Precinto 066;
Aibonito: Precinto 069, y Ponce: Precinto 061.
En lo pertinente al caso ante nos, el Comisionado
Electoral del P.N.P., además de una alegada falta de
87 Véase, Resolución Enmendada de la C.E.E. en el asunto que nos ocupa, CEE-RS-16-83. CT-2016-0015 15
notificación de la apelación a los electores, sólo
cuestionó ante el Tribunal de Primera Instancia aquellas
determinaciones de la C.E.E. relacionadas con: la
definición al término “médico de cabecera o
tratamiento”, el “good standing” de los médicos que
certifican solicitudes, los médicos contratados que
certificaron una gran cantidad de solicitudes, y
aquellas que disponen que el problema de movilidad
física debe ser de tal naturaleza que impida al elector
acudir a su centro de votación. A juicio de éste, las
determinaciones emitidas por la C.E.E. en cada una de
las instancias antes mencionadas fueron livianas y
contrarias a los hechos y el derecho, así como dirigidas
a despojar a los electores con impedimentos de movilidad
(encamados) de su derecho constitucional al voto. El
Comisionado Electoral del P.P.D., en un pleito
independiente, hizo iguales señalamientos en escenarios
más limitados. Ambos casos fueron consolidados por el
Tribunal de Primera Instancia.
Así las cosas, y a solicitud del Comisionado
Electoral del P.N.P., este Tribunal -- sin jurisdicción
para ello88-- emitió una certificación intrajurisdiccional
88 El pasado 31 de octubre de 2016, al momento de certificar la Resolución de este Tribunal donde se atendía todo lo relacionado a las mociones de desestimación por falta de jurisdicción presentadas, por separado, por el Comisionado Electoral del P.P.D. y por el Comisionado Electoral del P.P.T., en el presente caso, expresamos lo siguiente: Hace tan solo cinco (5) días atrás, el 26 de octubre de 2016, en Luis A. Rodríguez Aponte (Comisionado Electoral del PPD) y otros v. Comisión Local de Elecciones de las Marías, CC-2016-1017, un caso con controversias en extremo CT-2016-0015 16
en el caso de epígrafe, y designó a la Honorable Jueza
Aileen Navas Auger como Comisionada Especial con el
propósito de rendir un Informe con determinaciones de
hecho, conclusiones de derecho y recomendaciones sobre
las controversias planteadas ante nuestra consideración.
Luego de los trámites de rigor, entre los cuales el
Comisionado Electoral del P.N.P. y del P.P.D. llegaron a
acuerdos que pusieron fin a diversas controversias
dentro de este pleito, la Comisionada Especial rindió su
Informe respecto a la revisión de las denegaciones de las
similares a la que hoy nos ocupan, los nueve (9) jueces que componemos este Tribunal procedimos de forma correcta al desestimar por falta de jurisdicción un recurso de revisión judicial en el cual el Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático de las Marías nos solicitaba que revisáramos un gran número de recusaciones por razón de domicilio efectuadas en el referido Municipio. Ello toda vez que el recurso presentado por este no se había notificado a las partes dentro del término de 24 horas que establece la Regla 22 (e) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-B, análoga a el Art. 4.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A sec. 4031. Hoy, en un caso en el que el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista nos solicita que revisemos ciertas determinaciones de la Comisión Estatal de Elecciones relacionadas con el voto adelantado de electores con impedimentos de movilidad (encamados), una mayoría de este Tribunal -- sin brindar razones válidas en derecho para ello -- se niega a desestimar por falta de jurisdicción un recurso que adolece, en esencia, del mismo defecto. No podemos avalar con nuestro voto ese lamentable y errado proceder. Con el mismo sentido de justicia y de responsabilidad que empleé al disponer del caso Luis A. Rodríguez Aponte (Comisionado Electoral del PPD) y otros v. Comisión Local de Elecciones de las Marías, hoy desestimaría por falta de jurisdicción el caso ante nos.
Ahora bien, en vista de que cinco (5) compañeros jueces de este Tribunal optaron por reconocer jurisdicción donde no la había, es nuestro deber y responsabilidad atender este caso en sus méritos. Sobre este particular, véase además, en la Resolución de 31 de octubre de 2016 emitida en el caso de epígrafe, el Voto Particular Disidente del Juez Asociado Feliberti Cintrón al cual se unen la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez, así como el Voto Particular Disidente de la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez. CT-2016-0015 17
solicitudes de los electores de los Precintos 089 y 090
de las Piedras; Precintos 057 y 056 de Jayuya; Precinto
015 de Dorado y Precinto 054 de Utuado. En lo
pertinente, en las páginas 33-34 de su Informe emitió
varias recomendaciones.
Sobre los Precintos 089 y 090 de Las Piedras; el
Precinto 057 de Jayuya; y el Precinto 015 de Dorado, en
las cuales la C.E.E. denegó la aprobación de las
solicitudes por haber estado firmadas por médicos que no
eran médicos de cabecera ni de tratamiento de los
solicitantes, se recomendó confirmar dicha determinación
y denegar el recurso de revisión por no haberse
presentado prueba alguna por la cual se deba revocar89.
En cuanto al Precinto 054 de Utuado, se nos
recomendó revocar la determinación de la C.E.E., como
consecuencia de que la prueba presentada para establecer
que el médico que firmó dichas solicitudes no estaba
autorizado a ejercer la medicina no estuvo clara90.
Respecto a la impugnación de aprobación de
solicitudes presentada por el Comisionado Electoral del
P.P.D. en los municipios de Orocovis: Precinto 066 y
Aibonito: Precinto 069, en base a la prueba desfilada, la
Comisionada recomendó revocar la determinación de la
C.E.E. En cuanto al Precinto 066 de Orocovis, su
89 Véase Informe de la Comisionada Especial, en las páginas 33-34.
90 Íd. CT-2016-0015 18
recomendación se debió a que los médicos certificantes
no eran médicos de cabecera o de tratamiento. En
relación al Precinto 069 de Aibonito, se nos recomendó
revocar únicamente en cuanto a los electores Carmen Ana
Borelli Aponte, Ana Colón Borelli, Carlos Vegilla Colón,
Rosa Cartagena Rodríguez, por desfilarse prueba directa
de que no están encamados.91
Recibido el Informe, la C.E.E. presentó su alegato
ante este Foro. El Comisionado Electoral del P.N.P.
también presentó el suyo. De igual forma, comparecieron
los Comisionados Electorales del P.P.D., el Partido
Independentista Puertorriqueño (“P.I.P.”) y el Partido
del Pueblo Trabajador (“P.P.T.”) en un escrito en
conjunto.
Así pues, evaluado en su totalidad el Informe ante
nuestra consideración, así como las recomendaciones que
contiene el mismo y los alegatos de referencia, somos de
la opinión que, el análisis efectuado por la Comisionada
Especial, que confirma gran parte de las determinaciones
emitidas por la C.E.E., fue uno correcto en derecho.
Dicho análisis estuvo centrado en una evaluación
concienzuda de la prueba presentada por las partes y del
derecho aplicable.
A nuestro juicio, al emitir sus recomendaciones, la
Comisionada Especial tomó en consideración el derecho al
voto a domicilio de las personas con impedimentos de
91 Informe de la Comisionada Especial, en las páginas 33-34. CT-2016-0015 19
movilidad (encamados), así como la forma más adecuada de
garantizar que el pueblo de Puerto Rico pudiese ejercer
sus derechos democráticos en un ambiente de absoluta
pureza e imparcialidad. De esta forma, se pretendió
evitar que este proceso se prestase para que un partido
político, de forma ilegal y fraudulenta, obtuviese una
ventaja indebida en las elecciones generales de 2016, al
no acreditarse adecuadamente que cientos de personas
deberían ser tratadas como unas con impedimentos de
movilidad (encamados) conforme a las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias antes
expuestas.
Es decir, de la prueba desfilada en este caso se
desprende que, salvo contadas excepciones con las que
estamos de acuerdo, tanto la Comisionada Especial, como
la C.E.E., actuaron correctamente al disponer de las
solicitudes para el voto adelantado de las personas con
impedimento de movilidad (encamados).
Recordemos que si bien es cierto que “la Asamblea
Legislativa estableció que la revisión de las decisiones
de la Comisión sería mediante un juicio de novo” donde
“el foro primario tiene la obligación de celebrar una
vista en su fondo, recibir evidencia y hacer sus propias
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho al
revisar las decisiones de la Comisión”, P.A.C. v. P.I.P,
169 DPR 775, 791-792 (2006), igualmente cierto es que
“en aquellos casos en que la determinación de la
Comisión dependa principal o exclusivamente de una cuestión de CT-2016-0015 20
derecho electoral especializado”, debemos guardar la
usual deferencia al mencionado organismo administrativo.
Mundo Ríos v. C.E.E., 187 DPR 200, 207 (2012); P.A.C. v.
P.I.P, supra, a la pág. 792; Granados Rodríguez Estrada
I, 124 DPR 1, 20-21 (1989). Sin duda, las controversias
relacionadas al voto adelantado de personas con
impedimento de movilidad, es un área especializada de
derecho electoral. Es precisamente con este estándar de
revisión en mente que acogemos las recomendaciones
contenidas en el Informe rendido por la Comisionada
Especial, y en consecuencia, procederíamos de
conformidad con lo allí dispuesto.
De otra parte, es menester señalar que el
planteamiento relacionado a la alegada falta de
notificación a los electores del proceso de apelación
que tuvo lugar ante la C.E.E., no nos convence. Ello
puesto que no se presentó prueba sobre este particular
ante el foro administrativo92 como tampoco se presentó
prueba fehaciente sobre ella ante la C.E.E. A esos
efectos el Informe de la Comisionada señala:
[e]n cuanto los planteamientos sobre falta de notificación del procedimiento administrativo ante la C.E.E. y violación del debido proceso de ley, durante el procedimiento administrativo que llevó a la Presidenta de la C.E.E. a emitir su Resolución Enmendada, no se presentó prueba sobre el particular. Aunque se intentó, por medio de la declaración del Sr. Walter Vélez Martínez, Secretario de la Comisión, éste no
92 Véase Informe de la Comisionada Especial, pág. 34. CT-2016-0015 21
pudo afirmar ni negar el hecho de la notificación a los electores; ya que de su declaración, ello no corresponde a la C.E.E., si no a la Comisión Local. Informe de la Comisionada, pág. 321.
Es decir, este asunto nunca se trajo ante la C.E.E.
El mismo se intentó probar ante el Tribunal de Primera
Instancia con el testimonio de una persona que, en
esencia, nada dijo sobre el particular. Además, según se
desprende del Informe de la Comisionada Especial, la
representación legal del Comisionado Electoral del
P.N.P. tampoco pudo afirmar que en efecto se hubiese
incumplido con las aludidas notificaciones93.
Por último, contrario a lo erróneamente señalado
por una mayoría de este Tribunal, la determinación de la
C.E.E. no impide que electores y electoras ejerzan su
derecho fundamental al voto en el evento electoral que
se avecina. Sólo implica que éstos deben acudir al
colegio electoral correspondiente a emitir sus
respectivos votos el próximo martes, 8 de noviembre de
2016. Así correctamente lo pretendió la Comisionada
Especial, y la C.E.E, con su proceder en el presente
caso. Así debió garantizarlo al País este Tribunal, pero
la mayoría de esta Curia optó por no hacerlo.
Por los fundamentos antes expuestos, y por entender
que la determinación de la Comisionada Especial, Hon.
93 Íd., pág. 4. CT-2016-0015 22
Aileen Navas Auger, que confirma en gran parte la
determinación de la C.E.E., garantizaba la pureza del
proceso que debe regir los eventos electorales del
próximo 8 de noviembre de 2016, disentimos del
lamentable curso de acción seguido por una mayoría de
este Tribunal en el día de hoy.
Ángel Colón Pérez Juez Asociado
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