EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido Certiorari
v. 2010 TSPR 237
William Thompson Faberllé 180 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2009-409
Fecha: 30 de diciembre de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón Panel VI
Juez Ponente: Hon. José Miranda de Hostos
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Javier H. Jiménez Vázquez
Oficina del Procurador General:
Lcda. Zaira Z. Girón Anadón Subprocuradora General
Materia: Art. 122 del Código Penal
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrido
v. CC-2009-409 William Thompson Faberllé
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 2010.
Se nos solicita la revisión de una sentencia
del Tribunal de Apelaciones emitida el 30 de marzo
de 2009, que confirmó un dictamen del Tribunal de
Primera Instancia, Sala de Bayamón. En su
resolución, el foro primario declaró sin lugar una
moción de desestimación que presentó el
peticionario William Thompson Faberllé al amparo de
lo resuelto en Pueblo v. Camacho Delgado, Op. de 27
de octubre de 2008, 2008 T.S.P.R. 174, 2008 J.T.S.
193, 175 D.P.R. ___ (2008).
En ese caso determinamos que la desestimación
por incumplimiento con los términos de CC-2009-0409 2
enjuiciamiento rápido establecidos en la Regla 64(n)(5)
de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, representa
el fin del proceso, requiriéndose el inicio de otro con
una nueva vista bajo la Regla 6, 34 L.P.R.A. Ap. II,
antes de procesar a una persona por el mismo delito
grave.
Mediante recurso de certiorari, el peticionario nos
solicita que revoquemos al Tribunal de Apelaciones y
desestimemos la acusación en su contra. Pide que demos
aplicación retroactiva a esta norma para hacerla valer en
su caso, que se encontraba en etapa de juicio plenario
ante el Tribunal de Primera Instancia al momento de
resolverse Pueblo v. Camacho Delgado, supra.
Por entender que ninguno de los foros inferiores dio
debida consideración al hecho de que en Pueblo v. Camacho
Delgado, supra, se precisaron los contornos de
importantes derechos constitucionales del acusado,
revocamos.
I
Tras hechos ocurridos el 23 de mayo de 2007, el
Ministerio Público presentó una denuncia contra el Sr.
William Thompson Faberllé por violación del Art. 122 del
Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4750
(agresión agravada). Posteriormente, el 21 de mayo de
2008, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la
acusación porque se violaron las disposiciones sobre
juicio rápido de la Regla 64(n)(4) de Procedimiento CC-2009-0409 3
Criminal, supra, al no celebrarse el juicio dentro de los
120 días posteriores a la presentación de la acusación.
Conforme a la práctica vigente en aquel momento, el
Ministerio Público presentó una nueva acusación sin que
se realizara una vista de causa probable para arresto ni
una vista preliminar adicional a las celebradas antes de
la acusación desestimada. La nueva lectura de acusación
tuvo lugar el 23 de julio de 2008.
El juicio plenario comenzó el 8 de septiembre de
2008. Cuarenta y nueve días después, y antes de que
culminara el juicio en su fondo, resolvimos Pueblo v.
Camacho Delgado, supra. El señor Thompson Faberllé
solicitó que se aplicara la nueva interpretación de la
Regla 64(n) a su caso. El 21 de enero de 2009 pidió en
corte abierta que se desestimara la segunda acusación en
su contra por no haberse celebrado una nueva vista bajo
la Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra, luego de
desestimada la primera acusación, conforme Pueblo v.
Camacho Delgado, supra. Sostuvo su solicitud por escrito
el 10 de febrero de 2009 bajo el fundamento de que el
Ministerio Público carecía de autoridad para presentar la
segunda acusación porque no había obtenido autorización
previa de un magistrado, y por extensión, falta de
jurisdicción por parte del tribunal. El Ministerio
Público presentó su moción en oposición el 11 de febrero
de 2009. CC-2009-0409 4
El Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón,
no acogió los planteamientos del señor Thompson Faberllé.
El 20 de febrero de 2009 concluyó que el hecho de que el
Ministerio Público descansara en una norma que estuvo
vigente por décadas y que se revocó luego de que se
presentara la segunda acusación contra el peticionario,
le impedía conceder el remedio solicitado.
El Tribunal de Apelaciones también falló en contra
del peticionario en una resolución publicada el 30 de
marzo de 2009. Arguyó que "una actitud de mesura
judicial" le requería dar efecto prospectivo a la norma
de Pueblo v. Camacho Delgado, supra. De esa determinación
recurrió el peticionario ante nos, el 26 de mayo de 2009,
mediante recurso de certiorari.
En su alegato, el señor Thompson Faberllé destaca
que este Tribunal ya había aplicado la interpretación de
Pueblo v. Camacho Delgado, supra, retroactivamente, en
Pueblo v. Pérez Pou, Op. de 14 de enero de 2009, 2009
T.S.P.R. 5, 2009 J.T.S. 8, 175 D.P.R.___ (2009), a pesar
de que se encontraba pendiente de trámites judiciales.
Por su parte, el Ministerio Público argumenta en su
alegato que no procede la aplicación retroactiva de la
norma de Pueblo v. Camacho Delgado, supra, porque no es
de rango constitucional. Señala que se trata de una norma
de derecho procesal penal cuya nueva interpretación
representa un claro rompimiento con la norma predecesora,
que tenía 41 años de vigencia, y en la cual el Ministerio CC-2009-0409 5
Público había confiado al momento de proceder en contra
del peticionario.
El Estado subraya que este Foro tiene la discreción
de determinar cuándo una norma judicial aplicará
retroactiva o prospectivamente. Invita a que limitemos la
aplicación de Pueblo v. Camacho Delgado, supra, a casos
futuros y a los estén a tiempo para presentarse, o en los
que ya se hubiera presentado una moción de desestimación
porque no se celebró vista de causa para arresto luego de
la desestimación bajo la Regla 64(n), supra, como ocurrió
en Pueblo v. Pérez Pou, supra.
El 13 de noviembre de 2009 expedimos el auto. Con el
beneficio de los alegatos de ambas partes, procedemos a
resolver.
II
La Sexta Enmienda de la Constitución de Estados
Unidos y el Art. II, Sec. 11, de la Constitución de
Puerto Rico reconocen el derecho de todo acusado a tener
un juicio rápido. Este derecho tiene un propósito dual:
vindicar el derecho constitucional del acusado y, al
mismo tiempo, el derecho de la sociedad a que se juzgue
sin demora a quienes violentan sus leyes. Pueblo v.
Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419, 431-433 (1986); García v.
Tribunal Superior, 104 D.P.R. 27, 31 (1975); Pueblo v.
Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409, 414 (1974).
Desde la perspectiva del acusado, el juicio rápido
tiene el propósito de: (a) prevenir su detención opresiva CC-2009-0409 6
y perjuicio; (b) minimizar sus ansiedades y
preocupaciones; y (c) reducir las posibilidades de que su
defensa se afecte. Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág.
432.
Desde la perspectiva de la sociedad, el
enjuiciamiento rápido pretende, entre otras cosas,
evitar: (a) la congestión indebida de casos; (b) que
personas bajo fianza, en espera de juicio, delincan
nuevamente; (c) o evadan la jurisdicción mientras están
en libertad provisional; (d) que la tardanza entre el
arresto y el castigo tenga un efecto negativo en la
rehabilitación; (e) condiciones carcelarias inadecuadas,
por detenciones preventivas innecesarias, que tampoco
contribuyen a la rehabilitación; y (h) toda detención
excesiva antes del juicio, que en sus múltiples efectos
sociales y económicos, representa una pérdida para la
sociedad. Pueblo v. Rivera Tirado, supra, págs. 432-433.
En Puerto Rico, el derecho constitucional a
enjuiciamiento rápido se instrumenta a través de la Regla
64(n) de Procedimiento Criminal, supra. Esta regla provee
unos términos que sirven de guía para fijar el tiempo que
debe transcurrir entre las diferentes etapas del proceso
en contra de un acusado.
Al interpretar esta regla, resolvimos en Pueblo v.
Ortiz Díaz, 95 D.P.R. 244, 247-248 (1967), que una vez se
desestima una denuncia o acusación por violación a los
términos de enjuiciamiento rápido contenidos en la Regla CC-2009-0409 7
64(n) de Procedimiento Criminal, supra, resulta
"innecesario e inoficioso" volver a los procedimientos
preliminares de vista para la determinación de causa
probable. Razonamos que estábamos ante un defecto
subsanable con la presentación de una nueva acusación o
denuncia bajo la Regla 66 de Procedimiento Criminal, 34
L.P.R.A. Ap. II, porque se trataba de los mismos cargos y
los mismos acusados.
Ésa fue la norma que siguió la jurisprudencia, hasta
que la interpretación sobre los efectos por una
desestimación bajo la Regla 64(n), supra, comenzó a
cambiar con Pueblo v. Carrión Rivera, 159 D.P.R. 633
(2003). En ese caso interpretamos que la desestimación
por la violación a los términos de rápido enjuiciamiento
supone "la caída de los cargos" contra el acusado y da
por terminada la acción penal. Pueblo v. Carrión Rivera,
supra, pág. 643.
El resultado de esta nueva interpretación se vio en
Pueblo v. Camacho Delgado, supra. En ese caso concluimos
que era impropio utilizar la Regla 66 de Procedimiento
Criminal, supra, para las desestimaciones por violación
al derecho de enjuiciamiento rápido. Se instruyó desde
entonces que el procedimiento posterior a una primera
desestimación por incumplir con la Regla 64(n) debe
regirse por la Regla 67 de Procedimiento Criminal, 34
L.P.R.A. Ap. II. CC-2009-0409 8
La Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra,
especifica que puede comenzarse un nuevo procedimiento
por el mismo delito siempre que el defecto sea subsanable
y no se trate de un delito menos grave. En nuestro
ordenamiento, el procedimiento criminal inicia con la
determinación de causa probable para citar o arrestar por
parte de un juez. Pueblo v. Rivera Martell, Op. de 22 de
abril de 2008, 2008 T.S.P.R. 64, 2008 J.T.S. 84, 173
D.P.R. ___ (2008); Pueblo v. Miró González, 133 D.P.R.
813, 819 (1993).
Así, Pueblo v. Camacho Delgado, supra, concluyó que
luego de una desestimación por violación al derecho a
enjuiciamiento rápido, es necesario reiniciar el proceso
con una nueva determinación de causa probable para
arresto bajo la Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra,
antes de que se presente la segunda acusación por el
mismo delito grave.
En el caso de epígrafe, el peticionario solicita,
con oposición del Ministerio Público, que demos efecto
retroactivo a esta nueva norma judicial. Conviene
repasar, entonces, la doctrina sobre la retroactividad de
las decisiones judiciales.
III
La prohibición de leyes ex post facto, por sus
propios términos, aplica a estatutos, reglamentos,
reglas, ordenanzas municipales, entre otros, pero no a la
interpretación que de ellos hagan los tribunales. E. L. CC-2009-0409 9
Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y
Estados Unidos, 1ra. Ed., Colombia, Editorial Forum,
1992, Vol. II, sec. 19.4, pág. 564. Sin embargo, las
leyes penales tendrán efecto retroactivo mientras
beneficien al imputado, acorde con el principio de
favorabilidad que se recoge en el Art. 9 del Código
Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4637.1
En el caso de decisiones judiciales relacionadas a
derecho penal sustantivo, es el debido proceso de ley lo
que impide su aplicación retroactiva si (1) altera la
definición de un delito; (2) brinda una nueva
interpretación a un estatuto de manera que expone al
acusado a una ofensa que era imprevista al momento de los
hechos; (3) si se aplica a eventos que ocurrieron antes
de publicarse la opinión; (4) o si coloca al ofensor en
una posición de desventaja frente a la interpretación
1 El Art. 9 del Código Penal lee: “La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la persona imputada de delito. En consecuencia, se aplican las siguientes normas: (a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es distinta de la que exista al procesar al imputado o al imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley más benigna. (b) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley más benigna en cuanto a la pena o a la medida de seguridad o al modo de ejecutarlas, se aplicará retroactivamente. (c) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley que suprime el delito, o el Tribunal Supremo emite una decisión que despenalice el hecho, la pena quedará extinguida y la persona liberada, de estar recluida o en restricción de libertad. En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión judicial operarán de pleno derecho.” CC-2009-0409 10
anterior. R. B. McNamara, Constitutional Limitations on
Criminal Procedure, Suplemento 2010-2011, Thompson
Reuters/West, Junio 2010, sec. 1.4. Sin embargo, se
aplican retroactivamente si resuelven que determinada
conducta está inmune de castigo, expanden una defensa del
acusado o restringen la pena por determinado delito.
Pueblo v. González Cardona, 153 D.P.R. 765, 770-771
(2001); Chiesa Aponte, op cit., pág. 564.
En cuanto a las normas jurisprudenciales sobre
derecho procesal penal, se ha hecho la distinción entre
las que gozan de rango constitucional y las que no. A las
interpretaciones judiciales que proveen al acusado una
defensa de rango constitucional se les ha conferido
aplicación retroactiva en los casos que al momento de
publicarse la norma no haya advenido una sentencia final
y firme. Pueblo v. González Cardona, supra, pág. 774.
Nuestra postura sobre la retroactividad de la norma
jurisprudencial de carácter penal ha estado ligada
íntimamente a las normas adoptadas por el Tribunal
Supremo Federal. Pueblo v. González Cardona, supra, pág.
771. Hemos seguido esta tendencia, incluso, en
situaciones que no estábamos obligados a hacerlo, porque
trataban de asuntos de derecho constitucional
puertorriqueño y no federal. J.J. Álvarez González,
Derecho constitucional de Puerto Rico y relaciones
constitucionales con los Estados Unidos, 1ra. Ed.,
Bogotá, Colombia, Editorial Temis, 2009, pág. 41. CC-2009-0409 11
El Tribunal Supremo Federal ha transformado su
normativa sobre la aplicación retroactiva de las
decisiones judiciales a través de los años y ha recurrido
a diferentes criterios para determinar su vigencia
temporal. Sin embargo, la jurisprudencia más reciente
invita a que se le dé aplicación retroactiva a aquellas
interpretaciones judiciales en casos criminales cuya
sentencia no haya advenido final y firme, o que se
encuentren en proceso de revisión directa. Johnson v.
United States, 520 U.S. 461, 467 (1997); Griffith v.
Kentucky, 479 U.S. 314, 328 (1987); B.S. Shannon, The
Retroactive and Prospective Application of Judicial
Decisions, 26 Harv. J. L. & Pub. Pol’y 811, 820-821
(2003); McNamara, op cit., sec 1.4.
IV
Cuando se publicó nuestra Opinión en Pueblo v.
Camacho Delgado, supra, el caso de epígrafe se encontraba
en etapa de juicio plenario. Aún no ha advenido sentencia
final y firme. Acorde con la jurisprudencia y doctrina
citada, resulta forzoso concluir que le es de aplicación
la norma que establecimos en ese caso. Se trata de la
interpretación judicial de una norma de rango
constitucional porque redefine los contornos de un
derecho exaltado por nuestra jurisprudencia como uno de
los valores constitucionales más importantes en el ámbito
penal. Pueblo v. Camacho Delgado, supra. CC-2009-0409 12
Además, debemos recordar que el derecho a
enjuiciamiento rápido está constitucionalmente reconocido
y el remedio que se ha provisto, la desestimación,
también goza de fuerza constitucional. "Si el
planteamiento de juicio rápido progresa en el Tribunal de
Primera Instancia, el remedio, por supuesto, es la
desestimación. Esto no sólo surge del derecho
estatutario, sino también de la naturaleza de la
violación del derecho invocado", Chiesa, op cit., pág.
137.
Por otro lado, el Art. II, Sec. 7, de la
Constitución de Puerto Rico señala que ninguna persona
será privada de su libertad o propiedad sin el debido
proceso de ley. Esta cláusula extiende la protección
constitucional a los derechos concedidos mediante
legislación procesal. O. E. Resumil, Derecho procesal
penal, New Hampshire, Equity, 1990, Tomo 1, sec. 3.7,
pág. 26. Por consiguiente, como las Reglas 64(n) y 67 de
Procedimiento Criminal, supra, son la vía estatutaria
para implementar el remedio de la desestimación, y
subsanar la violación a los términos de enjuiciamiento
rápido, forman parte del debido proceso de ley al que
tiene derecho el acusado.
El Pueblo nos pide que distingamos entre el derecho
a juicio rápido y sus componentes, de los efectos de la
desestimación, que fue lo que cambió con la
interpretación de Pueblo v. Camacho Delgado, supra. CC-2009-0409 13
Subraya que el inicio de un nuevo proceso se define
estatutariamente y no tiene dimensiones constitucionales.
Sin embargo, la interpretación que propone el Ministerio
Público pasa por alto que, como mencionamos, una vez se
instrumentan derechos procesales de rango constitucional
por la vía estatutaria, reciben protección constitucional
por la cláusula del debido proceso de ley. La
interpretación que hagamos de esos derechos debe recibir
el mismo trato.
Por otro lado, para que los tribunales puedan
ofrecer remedios a las controversias que se presentan
ante sí, es necesario que tengan jurisdicción sobre la
persona. La forma en que los tribunales adquieren
jurisdicción sobre la persona en los casos criminales es
mediante el arresto o citación. Resumil, op cit., sec.
6.1, pág. 108. La Constitución de Puerto Rico, Art. II,
Sec. 10, requiere que, para proceder con el arresto de
una persona, medie una orden judicial.
Ya desde el 2003, en Pueblo v. Carrión Rivera,
supra, habíamos expresado que el efecto de la
desestimación bajo la Regla 64(n), supra, suponía la
terminación de la acción penal. Iniciar una nueva acción
con la mera presentación de una acusación, sin pasar por
las etapas preliminares, viola el Art. II, Sec. 10, de la
Constitución de Puerto Rico, porque se inicia un
procedimiento criminal sin que haya mediado una orden de CC-2009-0409 14
arresto válida, cónsono con lo resuelto cinco años
después en Pueblo v. Camacho Delgado, supra.
No aplicar la nueva interpretación jurisprudencial
al caso contra el señor Thompson Faberllé violaría sus
derechos constitucionales. De negársele el beneficio de
la nueva interpretación judicial, se le obligaría a
responder en un proceso cuyo desenlace advendrá luego de
que una de las reglas procesales utilizadas ya ha sido
declarada como injusta. Véase Op. Particular del Juez
Presidente Trías Monge en Pueblo v. Delgado Rodríguez,
108 D.P.R. 196, 203-204 (1978), citando a R.J. Traynor,
Quo Vadis, Prospective Overruling: A Question of Judicial
Responsability, 28 Hastings L.J. 533 (1977).
Así, nos reiteramos en la norma que establecimos en
Pueblo v. González Cardona, supra, cuando adoptamos la
tendencia federal de aplicar las interpretaciones
judiciales de normas procesales penales que tengan rango
constitucional a aquellos casos que al momento de
emitirse la opinión no hubiera advenido una sentencia
final y firme.
Como bien plantea el Ministerio Público, en materia
de interpretación de las reglas procesales que
instrumentan el juicio rápido, no estamos inexorablemente
atados a las interpretaciones que haya hecho el Tribunal
Supremo Federal. Se ha reconocido que los estados pueden
fijar cuál es su definición de juicio rápido, siempre que
sean consecuentes con ciertas normas federales mínimas. CC-2009-0409 15
Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409, 413 (1974). Sin
embargo, este tribunal ya había adoptado la normativa de
Griffith v. Kentucky, supra, aun en casos en que se
interpretaban derechos constitucionales de Puerto Rico.
Véase, Pueblo v. González Cardona, supra.
En Griffith v. Kentucky, supra, el Tribunal Supremo
de Estados Unidos descartó la excepción que estaba
vigente hasta entonces, de no aplicar las nuevas normas
jurisprudenciales de rango constitucional si
representaban una clara ruptura con el pasado. Véase,
United States v. Johnson, supra. El Ministerio Público
nos solicita que preservemos esa excepción en Puerto
Rico. Sin embargo, no vemos razón para mantener una
excepción que ha sido descartada porque, entre otras
cosas, promueve la desigualdad entre partes que están
ubicadas en posiciones similares. Griffith v. Kentucky,
supra, págs. 327-328.
Incluso, sin entrar en la discusión sobre la
retroactividad de la norma judicial, este Tribunal ya ha
aplicado la norma de Pueblo v. Camacho Delgado, supra, a
casos que estaban pendientes de resolución al momento de
publicarse la opinión. Por ejemplo, en Pueblo v. Pérez
Pou, supra, resolvimos que la desestimación por violación
a los términos de juicio rápido no interrumpió el término
prescriptivo de la acción penal. La decisión utilizó a
Pueblo v. Camacho Delgado, supra, para sustentar que la
desestimación bajo la Regla 64(n), supra, dio por CC-2009-0409 16
terminada la primera acción penal contra el señor Pérez
Pou.
El Ministerio Público nos pide que distingamos a
Pueblo v. Pérez Pou, supra, del caso de epígrafe. Destaca
que el señor Pérez Pou había presentado oportunamente la
moción para desestimar la segunda acusación, a pesar de
que en ese momento no se había resuelto Pueblo v. Camacho
Delgado, supra. No nos convence el argumento. Ignora la
injusticia que constituye el que a un acusado se le
procese con la aplicación de una regla que ya ha sido
declarada contraria a derecho.
Más recientemente, en Pueblo v. Rivera Vázquez, Op.
de 26 de enero de 2010, 2010 T.S.P.R. 8, 2010 J.T.S. 18,
177 D.P.R. ___ (2010), concluimos que no era aplicable la
norma de Pueblo v. Camacho Delgado, supra, al caso por
tratarse de una desestimación bajo la Regla 64(p) de
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y no bajo la
Regla 64(n). Sin embargo, en la Opinión utilizamos la
nueva norma jurisprudencial como parte del análisis. No
descartamos su aplicación por razones de retroactividad.
Tanto en Pueblo v. Pérez Pou, supra, como en Pueblo
v. Rivera Vázquez, supra, los hechos ocurrieron antes de
que se decidiera Pueblo v. Camacho Delgado, supra. Ambos
casos se encontraban en medio del proceso judicial, sin
que hubiera advenido sentencia final y firme al momento
de publicarse nuestra opinión. CC-2009-0409 17
Por último, el Ministerio Público reclama que el
peticionario presentó la moción de desestimación
tardíamente. Arguye que, como la moción de desestimación
no se presentó antes del juicio, la validez de la nueva
acusación pasó a ser “final y firme”. Alegato de la
Procuradora General, pág. 21.
Para instrumentar la desestimación en este caso
pueden ser aplicables varios de los incisos de la Regla
64 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, según
solicitó el peticionario. Específicamente, pueden
invocarse el inciso (b), que viabiliza la desestimación
cuando el tribunal carece de jurisdicción para conocer
del delito; el inciso (i), porque el fiscal carecía de
autoridad para presentar la acusación; y el inciso (p),
porque se presentó la acusación sin que se hubiere
determinado causa probable por un magistrado. En todos
esos incisos, la Regla 63, 34 L.P.R.A. Ap II, y la Regla
64, supra, permiten la presentación tardía de la moción,
por causa justificada. Entendemos que el hecho de que
Pueblo v. Camacho Delgado, supra, se decidiera una vez
terminó el desfile de prueba por parte de la fiscalía,
constituye causa justificada.
Todo lo anterior nos obliga a concluir que procede
la aplicación de la norma que establecimos en Pueblo v.
Camacho Delgado, supra, porque al día de publicarse
nuestra Opinión, el 27 de octubre de 2008, no había CC-2009-0409 18
recaído una sentencia final y firme en el caso que ahora
nos ocupa.
V
Por los fundamentos antes señalados, se revoca la
decisión del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de
Bayamón, y se ordena la desestimación del caso contra el
señor Thompson Faberllé.
Se dictará Sentencia de conformidad.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se revoca la decisión del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Bayamón, y se ordena la desestimación del caso contra el señor Thompson Faberllé.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo