EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario Certiorari
v. 2012 TSPR 171
187 DPR ____ Héctor Caraballo Borrero
Recurrido
Número del Caso: CC-2011-1064
Fecha: 8 de noviembre de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Luis Román Negrón Procurador General
Lcdo. Jeanette Collazo Ortiz Subprocuradora General
Lcda. Daphne Cordero Guilloty Procuradora General Auxiliar
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Glorimar Acevedo Acevedo
Materia: Ley de Tránsito – Embriaguez; Periodo de observación; Supresión de evidencia científica
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario
v. CC-2011-1064 Certiorari
Héctor Caraballo Borrero
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 8 de noviembre de 2012.
Nos corresponde determinar si un policía que
realizó una prueba preliminar de aliento a un
conductor que expelía y exhibía signos aparentes
de embriaguez, en violación al periodo de
observación reglamentario de 20 minutos, tenía
motivos fundados para trasladar al individuo al
cuartel y realizarle una prueba definitiva de
aliento para detectar el nivel de alcohol en la
sangre. Además, debemos resolver si la supresión
de la prueba de campo acarrea automáticamente la
exclusión de la prueba científica posterior. Por
entender que el agente del orden público tenía
motivos fundados para creer que el detenido CC-2011-1064 2
conducía un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas
embriagantes, y que la exclusión de la evidencia
científica de campo no acarrea la supresión automática de
la evidencia científica posterior, revocamos el dictamen
recurrido.
I
Eran aproximadamente las 2:30 de la tarde del 20 de
marzo de 2011. La patrulla policial aparcaba al margen de
la Carretera Núm. 2, en dirección de Ponce a Yauco. En su
interior, el Agte. Jesús Vélez Pabón tomaba la velocidad
de los vehículos que por allí transitaban. Era una zona
con límite de 55 millas por hora. A esa hora, el radar
empleado por el agente marcó a un vehículo que discurría
muy apresurado, a 85 millas por hora.
El policía hizo señas para que el conductor del
automóvil se detuviera. Luego de avistar al agente, el
chofer que circulaba por encima del límite suspendió la
marcha. El policía se aproximó al auto y le solicitó al
conductor del deportivo blanco y subcompacto Toyota la
licencia de conducir y los documentos del vehículo.
Fue ahí cuando el Sr. Héctor Caraballo Borrero bajó
la ventanilla de su automóvil y el agente Vélez Pabón
percibió un fuerte olor a alcohol.1 El policía inquirió
respecto a la causa del hedor. El conductor del deportivo
blanco tuvo dificultad en proferir palabras para darse a
1 Consignación de hechos probados en vista de supresión de evidencia, Escrito en Cumplimiento de Orden de 23 de septiembre de 2011, Apéndice, pág. 16. CC-2011-1064 3
entender.2 Pero consiguió enunciar una respuesta
afirmativa. Con el habla pesada, voluntariamente aceptó
haberse dado unos tragos.3 Informó además que se dirigía a
su trabajo. En el acto, el agente le impartió las
advertencias de ley y le ordenó desmontarse. Sin oponer
resistencia el señor Caraballo Borrero así lo hizo.
Eran las 2:35 de esa tarde cuando el agente Vélez
Pabón le realizó al conductor la prueba de aliento con el
instrumento Alco-Sensor. Habían transcurrido 5 minutos
desde la intervención con el recurrido. El resultado de la
aludida prueba fue positivo. El agente arrestó al chofer y
le trasladó al cuartel. Allí se le realizó al arrestado
una segunda prueba de aliento —en esta ocasión con el
instrumento conocido como Intoxilyzer 5000— la cual arrojó
un resultado de .175 centésimas del uno por ciento de
alcohol en la sangre. A esa altura ya habían transcurrido
35 minutos desde la intervención inicial.4 Durante ese
tiempo el agente observó que el señor Caraballo Borrero no
comiera, fumara o vomitara, circunstancias que bien
podrían perturbar el resultado de la prueba.5
2 Escrito en cumplimiento de orden de la parte recurrida ante el Tribunal de Apelaciones, de 10 de agosto de 2011, Apéndice, pág. 37. 3 Íd.; Alegato de la parte recurrida, págs. 15-16, 18; Consignación de hechos probados en vista de supresión de evidencia, supra, Apéndice, pág. 16. 4 Consignación de hechos probados en vista de supresión de evidencia, supra, Apéndice, pág. 16. 5 Íd. CC-2011-1064 4
Por esos hechos se le expidió un boleto por exceso de
velocidad al señor Caraballo Borrero y se presentó una
denuncia contra él por manejar un vehículo de motor bajo
los efectos de bebidas embriagantes, en violación al Art.
7.02(a) de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.6
Posteriormente, se determinó causa probable para procesar
al señor Caraballo Borrero por el delito imputado, y las
partes quedaron citadas para el juicio en su fondo, por
tratarse de un delito menos grave.
Oportunamente, la defensa del señor Caraballo Borrero
presentó una moción de supresión de evidencia. En ella
argumentó que el agente Vélez Pabón administró la prueba
de aliento con el instrumento Alco-Sensor a sólo 5 minutos
de la intervención. Por ello, solicitó la supresión del
resultado de dicha prueba por haberse incumplido el
requisito de 20 minutos de observación previo a la
aplicación de ésta, según lo dispuesto en el Reglamento
Núm. 7318 de 28 de febrero de 2007 del Departamento de
Salud, que regula la toma de pruebas científicas para
determinar la concentración de alcohol y otras sustancias
en la sangre.7 Según la defensa del señor Caraballo
Borrero, de esa prueba preliminar fue que el agente Vélez
6 Ley Núm. 22-2000 (9 L.P.R.A. sec. 5202). 7 El referido reglamento también es conocido como el Reglamento del Secretario de Salud Núm. 123. Fue creado para regular los métodos y procedimientos para la toma y análisis de muestras de sangre, orina o de cualquier otra sustancia del cuerpo. Además, se instituyó para adoptar y regular el uso de los instrumentos científicos para la determinación de concentración de alcohol, incluyendo la prueba inicial de aliento y la detección e identificación de drogas y/o sustancias controladas. CC-2011-1064 5
Pabón derivó los motivos fundados para arrestar al
imputado, trasladarlo al cuartel y administrarle en ese
recinto la prueba con el instrumento Intoxilyzer 5000, por
lo que esta prueba posterior también fue ilegal e
irrazonable; pero ante todo, inadmisible por ser producto
de un arresto ilegal. En suma, la defensa solicitó la
supresión de los resultados de la prueba con el
instrumento Alco-Sensor y los otros tantos de la prueba
del Intoxilyzer 5000.
El Ministerio Público presentó un escrito para
oponerse a la moción de supresión de evidencia. Argumentó
que el uso del Alco-Sensor por parte del agente en la
carretera es discrecional, que no es admisible en
evidencia, y que de dicha prueba no se emite resultado en
documento alguno. Alegó además que el resultado de la
prueba de campo sólo abona a los signos de embriaguez que
recopila el agente mediante sus sentidos y que conforman
los motivos fundados para sospechar razonablemente que la
persona detenida se encuentra bajo los efectos de bebidas
embriagantes.
El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista de
supresión de evidencia. El Ministerio Público presentó el
testimonio del agente Vélez Pabón. Finalizada ésta el foro
primario determinó que no se cumplió con el mínimo de 20
minutos de observación, previos a la realización de la
prueba de Alco-Sensor. Además, el tribunal expuso que el
policía trasladó al cuartel al arrestado para efectuarle
la prueba posterior con el Intoxilyzer 5000, debido a la CC-2011-1064 6
prueba preliminar del Alco-Sensor que él administró, cuyo
resultado positivo le dio motivos fundados para ello. En
consecuencia, el tribunal suprimió los resultados de las
pruebas de Alco-Sensor, de Intoxilyzer “y todo lo
posterior”.8
Insatisfecho con la supresión automática de toda la
evidencia científica, el Ministerio Público representado
por la Oficina del Procurador General acudió ante el
Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari.
Argumentó que el Tribunal de Primera Instancia no realizó
un análisis particularizado de los hechos para dirimir los
potenciales efectos adversos de no haber esperado 20
minutos para la prueba de Alco-Sensor, con el propósito de
determinar si ello afectó el valor probatorio de la prueba
realizada posteriormente con el Intoxilyzer 5000.
Luego de evaluar los planteamientos de las partes, el
Tribunal de Apelaciones denegó expedir el recurso de
certiorari. Entendió ese foro que como el agente no
cumplió con el plazo reglamentario de observación de 20
minutos, la prueba de campo efectuada con el Alco-Sensor
era inválida, lo cual, a su vez, también invalidaba el
resultado de la prueba posterior del Intoxilyzer 5000.
Inconforme, el Estado acudió ante nos mediante un
recurso de certiorari y una moción en auxilio de
jurisdicción. En síntesis, alega que los foros a quo
aplicaron una norma de exclusión absoluta y suprimieron
8 Minuta-Resolución del Tribunal de Primera Instancia de 13 de junio de 2011, Apéndice, pág. 60. CC-2011-1064 7
toda la evidencia científica sin hacer un análisis
particularizado de los hechos, según lo resuelto en Pueblo
v. Montalvo Petrovich, 175 D.P.R. 932 (2009), para dirimir
los efectos adversos que tuvo el incumplimiento con el
periodo de observación de 20 minutos previo a efectuar la
prueba con el Alco-Sensor. Ello, con el propósito de
determinar si se vio afectado el valor probatorio de la
prueba posterior, realizada con el Intoxilyzer 5000.
Examinado el recurso, expedimos el auto solicitado y
ordenamos la paralización de los procedimientos en el
Tribunal de Primera Instancia. Con el beneficio de la
comparecencia de las partes, procedemos a resolver.
II
Nuestra Constitución prohíbe que de ordinario un
funcionario del orden público arreste a alguna persona sin
previa orden judicial fundada en una determinación de
causa probable. Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., L.P.R.A.,
Tomo 1; Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496, 500
(1988). Este requerimiento constitucional no es absoluto.
Un agente del orden público puede realizar un arresto sin
previa orden judicial cuando: (1) se ha cometido un delito
en su presencia; (2) se ha cometido un delito grave, sea o
no en su presencia, y (3) cuando tuviese motivos fundados
para creer que la persona ha cometido un delito grave.
Regla 11 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34
L.P.R.A. Ap. II; Pueblo v. Serrano Reyes, 176 D.P.R. 437,
444 (2009). CC-2011-1064 8
Existen motivos fundados si de la totalidad de las
circunstancias del caso se desprende que una persona
ordinaria y prudente poseería aquella información y
conocimiento que la llevarían a creer que la persona
intervenida ha cometido un delito. Pueblo v. Calderón
Díaz, 156 D.P.R. 549, 557 (2002); Pueblo v. Colón Bernier,
148 D.P.R. 135, 142 (1999); Pueblo v. Ruiz Bosch, 127
D.P.R. 762, 770 (1991); Pueblo v. Martínez Torres, supra,
pág. 504. Ello, indistintamente de que luego se pruebe o
no la comisión de tal delito. Íd.
El concepto de motivos fundados es sinónimo del
término causa probable empleado en el contexto de la
expedición de una orden de arresto. Pueblo v. Calderón
Díaz, supra, pág. 557; Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R.
348, 353 (1977). La existencia de motivos fundados se
determina a base de criterios de probabilidad y
razonabilidad. Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 D.P.R. 41, 47
(1994). Lo verdaderamente importante es que el agente que
efectúa un arresto y registro sin orden judicial previa
tenga, al momento de hacerlo, base razonable que se
desprenda de la totalidad de las circunstancias para creer
que se está violando o se iba a violar la ley. Íd. Dicho
de otra manera, para dirimir si un agente del orden
público tenía motivos fundados para arrestar a un
ciudadano sin orden, “es indispensable analizar la
información que le constaba a éste y el cuadro fáctico que
éste tenía ante sí al momento del arresto para, entonces,
determinar si esos hechos pudieron llevar a una persona CC-2011-1064 9
prudente y razonable a creer que la persona que iba a ser
arrestada había cometido, o iba a cometer, la ofensa en
cuestión”. Pueblo v. Calderón Díaz, supra, pág. 559.
No puede olvidarse que “[c]ada delito tiene unas
características externas, una manera de realizarse, que lo
proyectan visualmente, tipifican la circunstancia
delictiva y dirigen el raciocinio hacia la concreción de
motivos fundados para el arresto”. Pueblo ex rel. E.P.P.,
108 D.P.R. 99, 101 (1978). El agente del orden público
debe relacionar el comportamiento de la persona que tiene
ante sí con el conocimiento de los usos y costumbres de
los infractores con los cuales el policía está
familiarizado, máxime cuando se trata de delitos comunes
de alta incidencia. Íd.
III
Conducir un vehículo en estado de embriaguez o bajo
los efectos de sustancias controladas representa un
peligro para nuestra sociedad. Con ello en mente, la
Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 132-2004, la cual
introdujo varias enmiendas a la Ley Núm. 22-2000, conocida
como la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. sec. 5001
et seq.; Pueblo v. Figueroa Pomales, 172 D.P.R. 403, 420
(2007). De esa manera, la Asamblea Legislativa reafirmó la
política pública a favor de la seguridad pública y tuvo el
firme propósito de evitar muertes en las carreteras,
ocasionadas por conductores en estado de embriaguez. Íd.
En conformidad con la aludida política pública, y en
lo pertinente, el Art. 7.09 de la Ley de Vehículos y CC-2011-1064 10
Tránsito (9 L.P.R.A. sec. 5209), dispone que “toda persona
que transite por las vías públicas de Puerto Rico
conduciendo un vehículo[…] habrá prestado su
consentimiento [para] someterse a un análisis químico o
físico de su sangre, o de su aliento,[…] así como una
prueba inicial del aliento a ser practicada en el lugar de
la detención”. Un agente del orden público tiene autoridad
para detener algún vehículo que transite por la vía
pública si tiene motivos fundados para creer que el
conductor ha cometido alguna violación a la ley. Art.
10.22 de la Ley de Vehículos y Tránsito (9 L.P.R.A. sec.
5302). Luego de que el agente informe el motivo de la
detención y las violaciones aparentemente incurridas, el
conductor deberá mostrarle todos los documentos que debe
llevar consigo o en el vehículo, según lo dispuesto en
ley. Íd.
El Art. 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito (9
L.P.R.A. sec. 5202) “incorporó el lenguaje de „ilegal per
se‟ para establecer concretamente la ilegalidad del acto
de conducir un vehículo de motor cuando el contenido de
alcohol en la sangre del conductor es de 0.08% o más,
según surja tal nivel o concentración del análisis químico
o físico de su sangre, o de su aliento”. Pueblo v.
Montalvo Petrovich, supra, pág. 944. De esa forma, el
nivel de alcohol en la sangre no es sólo un elemento
probatorio, sino que es causa suficiente para concluir que
la persona se encuentra bajo los efectos de bebidas
embriagantes, en violación a la Ley de Vehículos y CC-2011-1064 11
Tránsito. Íd.; Pueblo v. Figueroa Pomales, supra. Véase
además Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 392 (1962).
En atención a lo antes expuesto, y en conformidad con
el Art. 7.09(g) de la Ley de Vehículos y Tránsito, 9
L.P.R.A. sec. 5209(g), el Departamento de Salud creó el
Reglamento Núm. 6346 de 14 de septiembre de 2001, con el
objetivo de regular la toma de pruebas científicas para
en la sangre.9 Este reglamento fue posteriormente
sustituido por el Reglamento Núm. 7318 de 28 de febrero de
2007, el cual conserva similar propósito.10
En lo pertinente al caso de autos, el Reglamento Núm.
7318, supra, dispone que “antes de realizar una prueba con
el Intoxilyzer, la persona intervenida se mantendrá bajo
observación por un período mínimo de veinte (20) minutos,
contados a partir de la hora de la intervención, para
asegurarse de que no existe alcohol residual en su boca al
momento de efectuarse el análisis”, que pueda afectar la
corrección de la prueba. Art. 8.14 del Reglamento Núm.
7318, supra. El alcohol residual es definido por el propio
9 El mencionado Art. 7.09(g) de la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. sec. 5209(g), faculta al Departamento de Salud para adoptar y reglamentar el uso de instrumentos científicos para determinar la concentración de alcohol en la sangre de los conductores detenidos por conducir o hacer funcionar vehículos bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas. Tal facultad se extiende al instrumento a ser utilizado por el agente del orden público para hacer la prueba inicial de aliento. 10 Este reglamento fue enmendado por el Reglamento Núm. 7805 de 26 de enero de 2010, también conocido como Reglamento del Secretario de Salud Núm. 139. CC-2011-1064 12
reglamento como la “[c]antidad de alcohol que permanece en
la mucosa de la boca por algún tiempo después de haberse
ingerido alcohol, bien se encuentre en forma líquida o en
forma de vapor”. Art. 4.03 del Reglamento Núm. 7318,
supra. Durante los 20 minutos de observación el agente
debe evitar que el individuo fume, ingiera alimentos o se
provoque vómito. De ello ocurrir deberá esperarse 20
minutos adicionales. Art. 8.15 del Reglamento Núm. 7318,
supra. Estas normas también son aplicables a las pruebas
preliminares de aliento realizadas a través del Alco-
Sensor. Art. 8.23 del Reglamento Núm. 7318, supra.
En estrecha sintonía con la presente causa, en Pueblo
v. Montalvo Petrovich, supra, dos agentes del orden
público llegaron a una escena luego de ser alertados de la
existencia de un accidente de tránsito en el cual una
persona quedó gravemente herida y otras dos perdieron la
vida. El conductor que alegadamente provocó el accidente,
Sr. Gary Montalvo Petrovich, se encontraba fuera de su
vehículo. Los policías se acercaron a él y le preguntaron
si era el conductor del automóvil. El cuestionado
respondió afirmativamente. Se le pidió que mostrara su
licencia de conducir y la licencia del vehículo; y así lo
hizo. El conductor caminaba y se expresaba de forma
adecuada, y fue cooperador en todo momento. Justo cuando
éste entregó los documentos solicitados, un policía alegó
percibir olor a alcohol. Sin dilación, los agentes le
preguntaron qué había sucedido. El conductor manifestó
voluntariamente que estaba en una fiesta y que había CC-2011-1064 13
consumido varias copas de vino. Sin haberle practicado la
prueba de Alco-Sensor, fue puesto bajo arresto y
trasladado al cuartel. Allí, un agente le realizó la
prueba de aliento con el instrumento Intoxilyzer 5000, la
cual arrojó un resultado de .08 por ciento de alcohol,
máximo permitido por ley. No transcurrieron más de 15
minutos desde que los agentes intervinieron en la
carretera con el conductor hasta que se le realizó la
prueba de aliento en el cuartel.
Presentadas las denuncias, decretada la causa
probable para arresto y para acusación, la defensa
solicitó la supresión de la evidencia científica. No
cuestionó los motivos fundados de los agentes para
trasladar al conductor al cuartel y allí efectuarle la
prueba con el Intoxilyzer 5000. Tampoco cuestionó que no
se le hubiera practicado al entonces detenido la prueba de
aliento en la carretera con el Alco-Sensor. Pero sí
disputó el incumplimiento con el periodo reglamentario de
observación de 20 minutos antes de la prueba definitiva de
aliento, razón por la cual solicitó se suprimiera
automáticamente el resultado de ésta por falta de
confiabilidad.
Con ese cuadro fáctico, por voz del Juez Presidente
señor Hernández Denton, en Pueblo v. Montalvo Petrovich,
supra, rechazamos establecer una regla de exclusión
automática ante cualquier incumplimiento con el
procedimiento dispuesto por la regulación de pruebas de
aliento. Resolvimos claramente que el “tribunal debe CC-2011-1064 14
determinar —caso a caso— la magnitud de la desviación y
el impacto que ésta puede tener sobre la confiabilidad y
precisión de la evidencia”. Íd., pág. 959. Si el
“incumplimiento es de tal magnitud que a juicio del
juzgador la prueba ya no es confiable, es deber del
tribunal rechazarla”. Íd. (Énfasis suprimido.) Lo
importante en ese caso es la confiabilidad de la prueba,
porque, a fin de cuentas, lo que se persigue encontrar es
la verdad. Además, en esa ocasión concluimos que el Estado
debe probar que cumplió sustancialmente con el periodo de
observación de 20 minutos antes de tomar la prueba de
aliento, “contados a partir del momento en que los agentes
intervinieron con el acusado y estaban en posición de
observarlo para poder determinar si éste ingirió
alimentos, fumó o se provocó el vómito”. Íd., pág. 959.
Como en ese caso el Estado no probó haber cumplido
sustancialmente con el periodo de observación,
circunstancia que crea serias dudas sobre la confiabilidad
de la prueba de aliento y afecta significativamente su
valor probatorio, resolvimos que la evidencia científica
en cuestión era inadmisible en evidencia. No obstante lo
anterior, expresamos claramente que “nada impide que el
Estado presente otra evidencia para intentar probar que el
[imputado] se encontraba bajo los efectos de bebidas
embriagantes”.11 Íd., pág. 961. Para ese propósito se debe
11 En el pasado hemos resuelto que no es indispensable el resultado de una prueba química para probar que una persona conduce bajo los efectos de bebidas embriagantes. Véanse: Pueblo v. Zalduondo Fontánez, 89 D.P.R. 64, 71-72 CC-2011-1064 15
evaluar, por ejemplo, “el dominio que éste tenía sobre sí
mismo, la apariencia de sus ojos, el dominio del habla, el
grado de control que ejerció sobre su vehículo hasta el
momento del accidente, su estado anímico, así como
cualquier otro factor que refleje el estado de sus
facultades físicas y mentales”. Íd.
IV
En el caso ante nos, la defensa del señor Caraballo
Borrero alega que debe suprimirse el resultado de la
prueba de aliento administrada con el Alco-Sensor porque
el agente Vélez Pabón no cumplió con el periodo de
observación de 20 minutos, dispuesto en el Reglamento Núm.
7318 del Departamento de Salud, supra.
Según mencionado, el referido periodo de observación
de 20 minutos tiene el propósito de garantizar un mínimo
de precisión y confiabilidad de la prueba que se
administra. El incumplimiento con ese tiempo de
observación crea serias dudas sobre la confiabilidad de la
prueba de aliento y mina su valor probatorio. El agente
del orden público debe cumplir con ese lapso de
observación para asegurarse de que no queden restos de
alcohol en la boca del sospechoso que puedan afectar la
corrección de la prueba. Para ese fin también debe prestar
particular atención a que el sospechoso no ingiera
alimentos, fume o vomite durante el referido espacio
_____________________________ (1963); Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 392, 400 (1962); Pueblo v. Cabrera Osorio, 84 D.P.R. 97, 99 (1961) (Per Curiam). CC-2011-1064 16
temporal. Estos requerimientos son elementales y lo único
que exigen es un mínimo de diligencia.
En el caso de autos el agente Vélez Pabón administró
la prueba con el Alco-Sensor a sólo 5 minutos de la
intervención con el conductor. En tan escaso periodo de
tiempo no hay certeza de que en la mucosa de la boca de
éste no habiten rastros de alcohol, en forma líquida o en
forma de vapor, que provoquen resultados científicamente
no confiables. Ya en Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra,
resolvimos que el Estado no probó haber cumplido
sustancialmente con el periodo de observación, ante una
prueba de aliento administrada a la altura de 15 minutos
desde la intervención con el sospechoso. En el caso de
autos el Estado tampoco demostró haber cumplido con el
periodo de observación requerido para administrar la
prueba preliminar de aliento con el Alco-Sensor. Por lo
tanto, el Tribunal de Primera Instancia actuó
correctamente al decretar la supresión de esa evidencia,
cuyo resultado carece de confiabilidad científica.
De otra parte, la defensa aduce que debe suprimirse
también el resultado positivo de la prueba final de
aliento efectuada con el Intoxilyzer 5000. Ello, pues
entiende que el agente Vélez Pabón derivó los motivos
fundados para creer que el detenido se encontraba bajo los
efectos de bebidas embriagantes, de la inadmisible prueba
de campo con el Alco-Sensor. Por ello, arguye que el
arresto fue ilegal y que la prueba definitiva con el
Intoxilyzer 5000 debe ser suprimida, de acuerdo a la CC-2011-1064 17
doctrina de los frutos del árbol ponzoñoso. Por su parte,
el Estado alega que antes de efectuar la prueba con el
Alco-Sensor el agente Vélez Pabón ya tenía motivos
fundados para creer que el señor Caraballo Borrero se
encontraba en estado de embriaguez, razón por la cual el
arresto fue legal y la prueba posterior con el Intoxilyzer
5000 —que arrojó .175% de alcohol en la sangre y que fue
administrada luego de 35 minutos de observación— no debe
ser suprimida.
De entrada, no hay controversia respecto a que el
agente Vélez Pabón detuvo al señor Caraballo Borrero por
éste conducir un vehículo de motor a 85 millas por hora en
una zona de 55 millas por hora. Ninguna parte disputa los
motivos fundados de esa intervención inicial, ni el boleto
expedido por conducir por encima del límite. La
controversia se circunscribe en determinar si el agente
tenía motivos fundados para arrestar al individuo antes de
efectuarle la prueba de aliento con el Alco-Sensor.
En este punto debe quedar claro que por medio de las
observaciones del comportamiento del conductor o de los
signos externos de embriaguez, un agente del orden público
puede derivar los motivos fundados para intervenir con
éste y requerirle que se realice una prueba de aliento con
el Alco-Sensor o con el Intoxilyzer 5000. Incluso, ya en
el pasado hemos sostenido convicciones por conducir un
vehículo de motor en estado de embriaguez, por medio de
tales observaciones. “No debe olvidarse que la comisión CC-2011-1064 18
[de ese] delito puede establecerse por prueba
independiente del resultado de los análisis”. Pueblo v.
Zalduondo Fontánez, 89 D.P.R. 64, 71-72 (1963); Pueblo v.
Cruz Rivera, 88 D.P.R. 332, 335 (1963); Pueblo v. De Jesús
Marrero, 88 D.P.R. 154 (1963). Si la conducta y los signos
de embriaguez desplegados por el detenido pueden ser
suficientes para sostener una convicción —asunto cuya
naturaleza entraña mayores exigencias y rigores—, más aún
pueden serlo para imprimirle motivos fundados al agente
para requerirle al conductor que se efectúe una prueba de
aliento en el cuartel.
En el caso ante nos, el agente Vélez Pabón caminó
hasta el recién detenido deportivo blanco y le pidió al
conductor la licencia de conducir y los documentos del
vehículo. Justo cuando el señor Caraballo Borrero bajó la
ventanilla de su vehículo para hacer entrega de éstos, el
agente Vélez Pabón percibió un fuerte olor a alcohol. Ello
provocó en el policía suficiente inquietud como para
inquirir sobre la causa del hedor etílico. A un tiempo, el
conductor intentó enunciar palabras para darse a entender
y el agente notó el habla pesada de su interlocutor, quien
aceptó haberse dado unos tragos.
Ante el fuerte olor a alcohol, el habla pesada de
quien intenta articular palabras, y la admisión inequívoca
del conductor de que se había dado unos tragos, cualquier
persona prudente y razonable puede tener una base
razonable para creer que el conductor intervenido conducía CC-2011-1064 19
un vehículo de motor en probable estado de embriaguez.
Precisamente, estas circunstancias fueron las que crearon
una sospecha individualizada y justificaron que el agente
administrara la prueba de campo con el Alco-Sensor. Al
analizar la información que le constaba al agente y el
cuadro fáctico que éste tenía ante sí, resolvemos que esos
hechos constituyen un mínimo de información necesaria para
creer razonablemente que se ha violado la ley. Véase,
Pueblo v. Calderón Díaz, supra, pág. 559. Además,
concluimos que para efectos de determinar si un agente del
orden público tiene motivos fundados para la intervención
aquí en controversia, cualquier insuficiencia que pueda
tener la descripción del estado de embriaguez ofrecida por
dicho agente queda fortalecida por la admisión voluntaria
del conductor a los efectos de que había ingerido bebidas
alcohólicas. Véase, Pueblo v. Echevarría, 87 D.P.R. 208,
214-215 (1963).
Por lo tanto, aunque el Tribunal de Primera Instancia
actuó correctamente al suprimir los resultados de la
prueba con el Alco-Sensor, dicho foro erró al concluir que
ello anulaba los motivos fundados del agente para arrestar
al conductor. De hecho, en este caso la intervención en
cuestión no sería legítima si antes de realizar la
referida prueba de aliento el agente no tuviese motivos
fundados para detener el vehículo y creer que el individuo
se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes. En
las circunstancias particulares del caso ante nos, los
resultados de la prueba con el Alco-Sensor sólo abonaron a CC-2011-1064 20
los signos de embriaguez que percibió el agente mediante
sus sentidos y a la inequívoca admisión del conductor a
los efectos de que había ingerido bebidas alcohólicas.
Aclarado el hecho de la existencia de los motivos
fundados previo al resultado de la prueba con el Alco-
Sensor, el arresto y traslado del señor Caraballo Borrero
al cuartel para efectuarle una prueba definitiva de
aliento con el Intoxilyzer 5000 fue legal y razonable. Por
tanto, no procede la contención de la defensa respecto a
la aplicación de la doctrina de los frutos del árbol
ponzoñoso. La inadmisibilidad en evidencia de los
resultados del examen administrado con el Alco-Sensor, en
este caso, no incide con la legalidad de la intervención
ni con la admisibilidad de la prueba con el Intoxilyzer
5000, la cual cumplió con todos los parámetros
reglamentarios. Esto es: hubo un periodo de observación de
35 minutos —mayor al tiempo requerido para garantizar un
mínimo de precisión y confiabilidad en la prueba— en el
cual el agente se aseguró de que el señor Caraballo
Borrero no fumara, comiera o vomitara; además, la prueba
arrojó un resultado de .175% de alcohol en la sangre.12 En
cuanto a esta segunda prueba, colegimos que hubo un
cumplimiento sustancial con los procedimientos y
12 No está en controversia que la persona que administró la mencionada prueba estaba cualificada y certificada por el Departamento de Salud, y que tal certificación se encontraba vigente al momento de administrar la prueba. Tampoco está en controversia el funcionamiento apropiado del instrumento y que éste fue aprobado por el Departamento de Salud, y certificado y calibrado en conformidad con la regulación aplicable. CC-2011-1064 21
estándares reglamentarios y operacionales para pruebas de
aliento, lo cual imprime confiabilidad en el resultado.
V
Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la
resolución recurrida y devolvemos el caso al Tribunal de
Primera Instancia para que continúen los procedimientos de
forma cónsona con lo aquí resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se revoca la resolución recurrida y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos de forma cónsona con lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo, Interina.
Larissa Ortiz Modestti Secretaria del Tribunal Supremo, Interina