EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Recurrido
v. 2021 TSPR 159
Benito Arroyo Rodríguez 208 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2019-768
Fecha: 23 de diciembre de 2021
Tribunal de Apelaciones:
Panel V
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. Jesús Miranda Díaz
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Isaías Sánchez Báez Procurador General
Lcda. Liza M. Delgado González Procuradora General Auxiliar
Materia: Sentencia con Opinión disidente
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2019-0768
Benito Arroyo Rodríguez
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 2021.
Nos corresponde determinar la procedencia de una Moción
de Resentencia al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento
Criminal, infra, bajo el fundamento de representación legal
inadecuada. Por las razones que expondremos, resolvemos que
procedía declarar No Ha Lugar la moción en cuestión, pues no
se cumplió con el estándar de prueba requerido para
fundamentar una moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento
Criminal, infra. En consecuencia, confirmamos el dictamen
emitido por el Tribunal de Apelaciones.
I
El 22 de septiembre de 2015, el Sr. Benito Arroyo
Rodríguez (peticionario)fue sentenciado a cumplir veintiséis
(26) años de cárcel por infracción al Art. 133 (a) del Código
Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5194(a) (actos lascivos). CC-2019-0768 2
Inconforme con el fallo condenatorio, el 13 de octubre de
2015, el peticionario acudió ante el Tribunal de Apelaciones
mediante un recurso de apelación, y señaló varios errores en
torno a la evaluación de la prueba.
Ante un cuadro fáctico de incumplimientos reiterados,
el 22 de junio de 2016, el Tribunal de Apelaciones desestimó
el recurso de apelación instado por el peticionario por
abandono y falta de interés, al no presentarse la
transcripción de la prueba oral según fue ordenado en
múltiples ocasiones. Concluyó que la parte peticionaria
había incurrido en una situación extrema de abandono,
desinterés y falta de diligencia tanto con las órdenes del
tribunal como para el perfeccionamiento del recurso por un
espacio de más de ocho (8) meses y luego de siete (7)
Resoluciones emitidas. Cabe señalar que, ante el
incumplimiento con las órdenes emitidas, el foro apelativo
intermedio ordenó en dos (2) ocasiones que se le notificara
personalmente al señor Arroyo Rodríguez en la institución
penal correspondiente de los incumplimientos acaecidos y,
además, se le apercibió de que ello podría conllevar la
desestimación del recurso.
Casi tres (3) años después, el 30 de mayo de 2019, el
señor Arroyo Rodríguez compareció nuevamente al Tribunal de
Primera Instancia y presentó una Moción Solicitando
Resentencia al Amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento
Criminal. En síntesis, argumentó que no tuvo una CC-2019-0768 3
representación legal adecuada en el proceso de apelación, ya
que, por razón desconocida, el representante legal del
peticionario en aquel momento ignoró siete (7) órdenes del
foro apelativo intermedio para presentar la transcripción de
la prueba testifical del caso. Alegó que dicho incumplimiento
por parte de su representante legal -no atribuibles a él-
ocasionó la desestimación de su apelación e incidió en su
debido proceso de ley. Así, solicitó que se le resentenciara
con el propósito de que se activara un nuevo término de
treinta (30) días para apelar su convicción. Sin embargo, el
4 de junio de 2019, el foro primario notificó una Orden
mediante la cual declaró Sin Lugar la Moción de Resentencia
presentada por el peticionario.
En desacuerdo, el 19 de junio de 2019, el señor Arroyo
Rodríguez solicitó reconsideración. Requirió que se
celebrara una vista evidenciaría a los efectos de dilucidar
los asuntos relacionados a la inadecuada representación
legal y a determinar si se le privó de su derecho a apelar
su convicción. Sin embargo, el foro primario denegó la
solicitud de reconsideración mediante una Resolución
notificada el 15 de julio de 2019.
Inconforme, el 13 de agosto de 2019, el peticionario
acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de
certiorari en el que reiteró sus argumentos previos y sostuvo
que el Tribunal de Primera Instancia erró al no celebrar una CC-2019-0768 4
vista evidenciaria para dilucidar los méritos de su
solicitud.
Evaluado el recurso ante su consideración, el 30 de
agosto de 2019, el Tribunal de Apelaciones notificó una
Sentencia mediante la cual confirmó la determinación del
foro primario.
Aún en desacuerdo, el 30 de septiembre de 2019, el
peticionario acudió ante este Foro mediante el recurso que
nos ocupa. Arguyó que el Tribunal de Apelaciones erró al
confirmar la determinación del foro primario que denegó su
petición al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento
Criminal, infra. Ello, sin celebrar una vista evidenciaria
para dilucidar los méritos de su solicitud. Además, adujo
que el foro apelativo intermedio incidió al determinar que
el peticionario es responsable de la desestimación de la
apelación por el mero hecho de haber sido notificado de los
pormenores de esta, a pesar de que estaba representado por
un abogado. A esos efectos, argumentó que su representante
legal era el responsable de velar por sus mejores intereses,
sin embargo, no ejerció sus labores diligentemente a pesar
de que este le expresó su interés en apelar la sentencia que
recaía en su contra. Solicitó que este Foro auscultara si al
señor Arroyo Rodríguez se le privó de su derecho a apelación.
El 6 de diciembre de 2019, expedimos el auto de
Certiorari. Posteriormente, el 17 de junio de 2020, el
Procurador General presentó su alegato. En síntesis, expresó CC-2019-0768 5
que, aunque un abogado debe velar por los mejores intereses
de su representado, ello no exime al acusado de ser diligente
y responsable en los trámites de su caso. Indicó que el
peticionario estaba al tanto de los incumplimientos de su
abogado y que, aún así, no compareció al Tribunal de
Apelaciones ni mostró interés en su apelación.
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,
procedemos a resolver la controversia ante nos.
II
-A-
La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 32 LPRA Ap.
II, provee para que una persona que está detenida en virtud
de una sentencia condenatoria solicite que esta se anule, se
deje sin efecto, o que se corrija por alguno de los
siguientes fundamentos: (1) la sentencia fue impuesta en
violación a la Constitución o a las leyes de Puerto Rico o
a la Constitución y las leyes de Estados Unidos; (2) el
tribunal no tenía jurisdicción para imponer esa sentencia;
(3) la sentencia impuesta excede la pena prescrita por la
ley, o (4) la sentencia está sujeta a ataque colateral por
cualquier motivo.
Una moción a esos fines podrá presentarse en cualquier
momento en la sala del tribunal que impuso la sentencia,
incluso cuando la sentencia condenatoria haya advenido final
y firme. Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra; Pueblo
v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 965 (2014). Además, en la CC-2019-0768 6
moción se deberán incluir todos los fundamentos que tenga el
peticionario para solicitar el remedio provisto en esta
regla. Íd. De modo que, los fundamentos que no se incluyan
en la moción se entenderán renunciados a menos que el
tribunal determine que no pudieron “razonablemente”
presentarse en la moción original. Regla 192.1 de
Procedimiento Criminal, supra. De igual forma, destacamos
que el procedimiento provisto por esta Regla es de naturaleza
civil y el peticionario es quien tiene el peso de la prueba
para demostrar que tiene derecho al remedio solicitado.
Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 826 (2007).
Por otro lado, el inciso (b) de la referida Regla 192.1
de Procedimiento Criminal, supra, dispone que el juez deberá
celebrar una vista, a menos que de la moción surja de manera
concluyente que el peticionario no tiene derecho a remedio
alguno al amparo de esta Regla. Camarero Maldonado v.
Tribunal Superior, 101 DPR 552, 562 (1973). El peticionario
viene llamado a persuadir al Tribunal con datos y argumentos
concretos sobre los méritos de su planteamiento para que la
vista sea necesaria. Pueblo v. Román Mártir, supra, págs.
826-827. De esta forma, el tribunal está facultado para
rechazar la moción de plano si de su faz, la moción
presentada no demuestra que el peticionario tiene derecho a
algún remedio. Pueblo v. Román Mártir, supra.
Finalmente, resaltamos que la Regla 192.1 de
Procedimiento Criminal, supra, es un remedio excepcional, no CC-2019-0768 7
concebido para sustituir el recurso de apelación de una
sentencia. Pueblo v. Román Mártir, supra, págs. 823-824.
Ahora bien, cuando un acusado es privado de una
representación legal adecuada durante el proceso apelativo,
este puede utilizar la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal,
supra, para solicitar un remedio. Así lo sostuvimos en Pueblo
v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 896-897 (1993), bajo el
fundamento de que la sentencia condenatoria está sujeta a un
ataque colateral. De igual forma, en Pueblo v. Ortiz
Couvertier, se contempló la posibilidad de resentenciar un
acusado como remedio bajo la Regla 192.2, supra, sin la
celebración de una vista a esos efectos. Íd.
-B-
Cónsono con lo anterior, el derecho a una representación
legal adecuada en los procedimientos criminales se ha
consagrado como parte fundamental de la cláusula de debido
proceso de ley. Pueblo v. Rivera, 167 DPR 812, 816 (2006).
Dicha representación debe ser una adecuada y efectiva incluso
en la etapa apelativa. Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra,
pág. 892. Pueblo v. Padilla Flores, 127 DPR 698, 701 (1991).
El derecho a tener asistencia de abogado se entiende
infringido cuando “el abogado de un acusado, no obstante
haber sido expresamente instruido por éste para que apele la
sentencia que le ha sido impuesta, radica el escrito
correspondiente fuera del término jurisdiccional que para
ello provee nuestro ordenamiento jurídico y/o dicho abogado CC-2019-0768 8
incurre en cualquier otra acción u omisión que efectivamente
priva a su representado de una adecuada representación legal
en la etapa apelativa (…)”. (Bastardillas en el original).
Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, pág. 892.
Sin embargo, al examinar un reclamo de representación
legal inadecuada se tiene que tomar en consideración lo
siguiente: (1) existe una fuerte presunción de que la
conducta del defensor está comprendida dentro del amplio
ámbito de una razonable asistencia legal; (2) recae sobre el
apelante el peso de la prueba de su indefensión por
incompetencia del abogado; (3) la incompetencia enervante de
la asistencia legal a que tiene derecho el acusado ha de ser
de grado extremo, causante de perjuicio sustancial, al punto
que sostenga la probabilidad de que de no haber incidido, el
resultado del juicio hubiera sido distinto, y (4) el criterio
final para adjudicar una reclamación de falta de efectividad
en la defensa debe ser si la actuación del abogado de tal
modo vulneró el adecuado funcionamiento del sistema
adversativo que no pueda decirse que el juicio tuvo un
resultado justo. Pueblo v. López Guzmán, 131 DPR 867, 880
(1992). Es decir, “la incompetencia enervante de la
asistencia legal a que tiene el acusado ha de ser de grado
extremo, causante de perjuicio sustancial, al punto que
sostenga la probabilidad de que[,] de no haber incidido, el
resultado del juicio hubiera sido distinto”. Pueblo v.
Morales Suárez, 117 DPR 497, 500 (1986). CC-2019-0768 9
En esta clase de situaciones, naturalmente, el peso de
la prueba para demostrar que no se tuvo esa adecuada
representación legal recae sobre el acusado y, de ordinario,
requerirá la presentación de prueba satisfactoria a esos
efectos. Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, pág. 893. En
otras palabras, el promovente tiene que demostrar que la
desatención y abandono del caso que eventualmente fue
desestimado fue a causa de que el abogado no proveyó una
representación legal adecuada.
Por último, el planteamiento sobre falta de adecuada y
efectiva asistencia de abogado no se puede analizar y
resolver en el vacío. “Dicho señalamiento tiene que,
necesariamente, considerarse a la luz de la totalidad de los
hechos, o circunstancias, del caso particular en ese momento
ante la consideración del tribunal apelativo”. Pueblo v.
López Guzmán, 131 DPR 867, 880 (1992), citando a Baldwin v.
Maggio, 704 F.2d 1325 (1983). La violación del derecho a
tener la asistencia legal adecuada conlleva la revocación de
la sentencia y la celebración de un nuevo juicio. Pueblo v.
Fernández Simono, 140 DPR 514, 518-519 (1996).
III
A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a
evaluar si los foros a quo erraron al denegar la Moción de
Criminal presentada por el peticionario. Respondemos en la
negativa. CC-2019-0768 10
En su escrito, el señor Arroyo Rodríguez alegó que el
desempeño deficiente de su representante legal en la etapa
apelativa acarreó la desestimación del recurso lo que, a su
vez, incidió en su debido proceso de ley al no poder apelar
la sentencia condenatoria que recaía en su contra. Solicitó
que, previo a adjudicar su moción se celebrara una vista
evidenciara a los efectos de dilucidar si la representación
legal fue una adecuada o no.
Como mencionáramos, un planteamiento sobre falta de
adecuada y efectiva asistencia de abogado no se puede
analizar y resolver en el vacío, sino que debe considerarse
a la luz de la totalidad de los hechos y circunstancias de
cada caso.
Según consta de la propia sentencia desestimatoria del
Tribunal de Apelaciones, en el caso de autos no ignoramos
que el representante legal del peticionario, en aquel momento
actuó con desidia y desinterés en el caso. Pues aun cuando
-a solicitud del propio peticionario- presentó la apelación
oportunamente, no realizó ningún trámite ulterior para
perfeccionar el recurso durante seis (6) meses. Ello, pese
a las múltiples Resoluciones del Tribunal de Apelaciones
proveyéndole términos para su cumplimiento. No fue sino hasta
la cuarta Resolución que compareció -cuando se le impuso una
sanción económica- a solicitar reconsideración e indicó que
la transcripción se había retrasado por situaciones
económicas del peticionario. CC-2019-0768 11
Sin embargo, no podemos perder de perspectiva que
distinto a otros casos relacionados con la misma
controversia, en el caso de autos, luego de varias
incomparecencias por parte del abogado del peticionario, se
le notificó personalmente al peticionario en dos (2)
ocasiones sobre los incumplimientos y la posible
desestimación del recurso si no se cumplían con las órdenes
del Tribunal. De este modo, no sería correcto atribuirle el
extremo abandono y desinterés al que se refirió el Tribunal
de Apelaciones en la Sentencia desestimatoria solamente al
representante legal del peticionario. Pues a este último,
también se le notificó a efectos de que tuviera conocimiento
de los incumplimientos de su representante legal y de la
fatal consecuencia que podría acarrear su incomparecencia.
Sin embargo, el expediente carece de una explicación por las
que permaneció inalterada la situación.
Ante ese cuadro fáctico, el peticionario presenta una
Moción de Resentencia al Amparo de la Regla 192.1 de
Procedimiento Criminal, tres (3) años después de habérsele
desestimado la apelación. En dicha moción, el peticionario
venía obligado y tenía el peso de la prueba para demostrar
los méritos de sus planteamientos. Es decir, el peticionario
tenía que demostrar que la desatención y abandono de la
apelación eventualmente desestimada, fue a causa de que su
abogado no proveyó una adecuada representación. CC-2019-0768 12
Sin embargo, de un análisis de la moción presentada por
el peticionario, así como, del expediente ante nuestra
consideración no nos resta mas que concluir que está
desprovista de fundamentos para conceder el remedio
solicitado. Según esbozamos anteriormente, el peticionario
debió aducir y fundamentar que existe una probabilidad
razonable de que, si no fuera por la asistencia legal
provista, el resultado de la apelación hubiera sido distinto.
Ese es el estándar para examinar un reclamo de representación
legal inadecuada. Nuestro ordenamiento le impone al
promovente la carga probatoria para derrotar la presunción
de que la conducta del representante legal estuvo comprendida
dentro del ámbito de una razonable asistencia legal. Para
activar el remedio extraordinario provisto por la Regla 192.1
de Procedimiento Criminal, supra, era esencial que el
peticionario presentara datos y argumentos concretos en su
solicitud que demostraran su derecho a un remedio. Sin
embargo, el peticionario se limitó a presentar
planteamientos escuetos tales como “desconocemos” las
razones por las que se incumplieron las órdenes del tribunal,
aun cuando de los autos surge que se le notificó al
peticionario personalmente en la Institución Correccional
sobre los incumplimientos y las consecuencias que
acarreaban. Meras alegaciones por sí solas, son
insuficientes para fundamentar una moción bajo la Regla 192.1
de Procedimiento Criminal, supra. CC-2019-0768 13
No podemos olvidar que las partes actúan a través de
sus abogados. Por tanto, sería equivocado partir de la
premisa de que hay una total desconexión entre un abogado y
su cliente. Hacerlo presumiría que los abogados no se
comunican con sus clientes durante el proceso judicial. En
el caso de autos, el peticionario no alegó datos concretos
que nos permitan inferir que fue colocado en un estado de
indefensión por los incumplimientos provenientes
exclusivamente de su representante legal y que fue por culpa
de este que se produjo un resultado distinto al deseado.
Tampoco esbozó estar sin comunicación con su representante
legal durante el proceso apelativo o negó haber recibido las
notificaciones del tribunal. Más aún, durante el trámite
apelativo el representante legal del peticionario expresó
que el incumplimiento de presentar la transcripción de la
prueba oral se debía a “motivos económicos de su cliente”.
La moción nada aduce referente a eso.
A la luz de lo anterior, y de la totalidad de las
circunstancias del caso de autos, es forzoso concluir que el
peticionario no alcanzó el estándar de prueba requerido para
sustentar sus alegaciones. Meras alegaciones sobre el
reiterado incumplimiento del abogado por sí solas, son
insuficientes para que proceda una moción al amparo de la
Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra.
Por último, destacamos que los hechos del caso Pueblo
v. Ortiz Couvertier, supra, distan considerablemente de los CC-2019-0768 14
del caso de autos. Allí se resaltó que el señor Ortíz
demostró un marcado interés en apelar su dictamen que fue
tronchado por causas ajenas a su voluntad expresa. Luego de
enterarse del incumplimiento de su abogado en presentar
oportunamente la apelación, el señor Ortíz presentó varias
mociones por derecho propio y procuró otra representación
legal. Además, se destacó de que el señor Ortíz se enteró
del incumplimiento del abogado a posteriori.
Distinto a ese caso, en el de autos, el peticionario se
enteró del riesgo a una desestimación previo a que se dictara
sentencia. Tampoco es evidente el marcado interés en apelar,
pues esperó casi tres (3) años para aducir una inadecuada
representación legal en la apelación. Por ello, carecemos de
circunstancias que nos permitan colegir que la desestimación
fue por causas ajenas a la voluntad expresa del peticionario,
tal cual resolvió el Tribunal de Apelaciones.
Finalmente, en cuanto a la procedencia de la vista
evidenciaría, la Regla 192.1 de Procedimiento Civil, supra,
dispone que el juez celebrará una vista evidenciaria, a menos
que tanto de la moción como del expediente del caso surja
concluyentemente que el peticionario no tiene derecho a
remedio alguno al amparo de esta regla. Por entender que la
moción carece de fundamentos para su consideración, tampoco
procedía celebrar una vista evidenciaria a esos efectos. CC-2019-0768 15
IV
Por los fundamentos que anteceden, se confirma el
dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez emite Opinión Disidente a la cual se unieron los
Jueces Asociados señores Estrella Martínez y Colón Pérez.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Opinión disidente emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez a la que se unió el Juez Asociado señor Estrella Martínez y el Juez Asociado señor Colón Pérez
El Sr. Benito Arroyo Rodríguez (señor Arroyo
Rodríguez) evidenció que la representación legal que
obtuvo en la etapa apelativa del procedimiento
criminal fue insuficiente e inadecuada. Esto, de por
sí, exigía ordenar al foro de instancia a que lo
resentenciara de inmediato. Ahora, si alguien
albergaba alguna duda, entonces se debió ordenar la
celebración de la vista evidenciaria que provee la
Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, infra. Ello
permitiría determinar si, en efecto, se le privó al
señor Arroyo Rodríguez de su derecho a una
representación legal adecuada que justificara poder
apelar su convicción. Negarle esta posibilidad, de
plano, provocó la desestimación del recurso que CC-2019-0768 2
presentó el señor Arroyo Rodríguez para impugnar su condena.
Como si fuera poco, una mayoría de este Tribunal insiste en
adjudicarle responsabilidad completa al señor Arroyo Rodríguez
por la negligencia de su representante legal. Esta actuación
priva al señor Arroyo Rodríguez de apelar su convicción y, en
el proceso, se atropella su derecho constitucional a contar con
una representación legal adecuada y efectiva. Tales
circunstancias exigen que disienta de manera enérgica.
El señor Arroyo Rodríguez presentó una moción al amparo de
la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, infra. Solicitó que
se le resentenciara para que comenzara a transcurrir nuevamente
el término para apelar la sentencia que se dictó en su contra.
Fundamentó su petición en que tuvo una representación legal
inefectiva en la etapa apelativa, lo que conllevó que se
desestimara su recurso de apelación. El Tribunal de Primera
Instancia declaró sin lugar la moción, sin más, y el Tribunal
de Apelaciones lo confirmó. Insatisfecho con ese proceder, el
señor Arroyo Rodríguez argumenta que ambos foros erraron al no
conceder su solicitud o, cuando menos, ordenar la celebración
de una vista evidenciaria previo a adjudicar su moción.
Tras recaer una sentencia condenatoria en su contra, el
señor Arroyo Rodríguez ejerció su derecho a apelarla. Conforme
a su deseo e interés, su abogado presentó un recurso
oportunamente ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, CC-2019-0768 3
durante seis (6) meses, no realizó trámite alguno para
perfeccionarlo. Tampoco compareció para ese o algún otro
propósito. En ese periodo, el Tribunal de Apelaciones emitió
cuatro (4) órdenes para que se presentara la transcripción de
la prueba oral, con miras a que se perfeccionara el recurso de
apelación. No obstante, el abogado del señor Arroyo Rodríguez
se cruzó de brazos, ignoró y desacató las primeras tres (3)
órdenes. En vez, compareció tras emitirse la cuarta orden. Cabe
señalar que, el Tribunal de Apelaciones ordenó notificar la
cuarta Resolución personalmente al señor Arroyo Rodríguez. Se
le notificó al señor Arroyo Rodríguez a su dirección de récord,
disponiéndose que el Departamento de Corrección y
Rehabilitación notificaría personalmente al señor Arroyo
Rodríguez en la institución penal correspondiente. No obstante,
nada en el expediente ante nos apunta, y mucho menos evidencia,
que esta Resolución le fuera notificada al señor Arroyo
Rodríguez y si se le notificó o cuándo se le notificó.
Ante esta cuarta Resolución, el foro apelativo impuso al
abogado una sanción económica y le concedió un término para
presentar la transcripción de la prueba, so pena de desestimar
la apelación. En esa ocasión, el representante legal del señor
Arroyo Rodríguez solicitó reconsideración de la sanción y
adujo, por primera vez, que la transcripción de la prueba se
retrasó por situaciones económicas del señor Arroyo Rodríguez.
Además, se comprometió a presentarla en o antes del 20 de mayo
de 2016. CC-2019-0768 4
Ante ello, el Tribunal de Apelaciones emitió una quinta
Resolución, redujo la sanción y concedió un término para
pagarla. No obstante, el representante legal del señor Arroyo
Rodríguez incumplió nuevamente. Esto llevó al foro apelativo
intermedio a emitir una sexta Resolución e imponer una sanción
económica adicional y ordenar que ambas se pagaran en o antes
del 26 de mayo de 2016. Además, en vista de que el abogado
tampoco presentó la transcripción de la prueba, le ordenó que,
en el mismo término, mostrara causa por la cual no debía
desestimar el recurso de apelación por abandono y falta de
interés. Fuera del término que se le concedió para ello, el
representante legal del señor Arroyo Rodríguez solicitó
reconsideración y, a esos efectos, adujo los mismos fundamentos
que había esbozado antes. Así, el foro apelativo intermedio
emitió una séptima y última Resolución a través de la cual
concedió un término final para presentar la transcripción, so
pena de desestimar el recurso de apelación. Esta última
Resolución, también le fue notificada al señor Arroyo Rodríguez
a su dirección de récord. No obstante, nada en el expediente
acredita que la Resolución se le hubiera notificado al señor
Arroyo Rodríguez y cuándo. El abogado del señor Arroyo Rodríguez
compareció el último día del término concedido y no cumplió con
lo ordenado, sino que presentó una moción informativa y en
reconsideración. Mencionó que la transcripción no se había
completado debido a unos problemas personales que la taquígrafa estaba
confrontando. Sin embargo, no indicó cuándo presentaría la transcripción
y tampoco solicitó un término a esos fines. Como consecuencia y CC-2019-0768 5
en atención al patrón de incumplimiento del abogado del señor
Arroyo Rodríguez, el 22 de junio de 2016 el Tribunal de
Apelaciones desestimó la apelación. Razonó que la parte
apelante (el señor Arroyo Rodríguez) incurrió en una falta de
diligencia extrema en el trámite apelativo, pues ignoró ─desde
que presentó la apelación el 13 de octubre de 2015─ su
obligación de perfeccionarlo y cumplir las órdenes del tribunal
a pesar de que se le apercibió que su incumplimiento podía
conllevar la desestimación del recurso.
A. El derecho a apelar y a una representación legal adecuada en casos criminales
La Sección 11 del Artículo II de nuestra Constitución
garantiza que “[e]n todos los procesos criminales, el acusado
disfrutará del derecho […] a tener asistencia de abogado…”.
Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Ese derecho se ha
consagrado como una parte fundamental del debido proceso de
ley. Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 609
(1993). Esa garantía no se satisface por el mero hecho de contar
con una representación legal, sino que esta debe ser adecuada
y efectiva. Pueblo v. Padilla Flores, 127 DPR 698, 701 (1991).
Particularmente, “la garantía exige un mínimo de competencia,
calidad y desempeño en la representación legal del imputado
durante el proceso criminal”. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205
DPR 352, 369 (2020).
Así, el derecho a tener una representación legal efectiva
y adecuada puede quedar menoscabado cuando, entre otras cosas:
(1) el abogado es incompetente para la tarea que se le CC-2019-0768 6
asigna, o (2) como cuestión de hecho, la labor que el abogado
desplegó demuestra su inefectividad. Pueblo v. Ortiz
Couvertier, 132 DPR 883, 888 (1993). Es importante destacar que
ese derecho se activa en la etapa investigativa, una vez esta
toma carácter acusatorio, y se extiende a otras etapas del
procedimiento criminal, que incluye la fase apelativa. Ramos
Acevedo v. Tribunal Superior, supra, pág. 609; Soto Ramos v.
Supert. Granja Penal, 90 DPR 731,734 (1964).
Cabe aclarar que, en nuestra jurisdicción, al igual que en
la federal, el derecho a apelar las convicciones criminales es
de naturaleza estatutaria. Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137,
143 (2008); Pueblo v. Colón Canales, 152 DPR 284, 291 (2000).
Independientemente, una vez la Asamblea Legislativa lo reconoce
este “entra a formar parte del debido proceso de ley y por lo
tanto adquiere una categoría cuasi-constitucional”. Pueblo v.
Esquilín Díaz, 146 DPR 808, 815 (1998) (citando a Pueblo v.
Serbiá, 78 DPR 788, 792 (1955)). Por ende, todo convicto tiene
un derecho constitucional a una representación legal adecuada
y efectiva en la etapa apelativa. Pueblo v. Ortiz Couvertier,
supra, pág. 892. Así, “[e]n aquellos casos en que el derecho
positivo aplicable provee para una primera apelación como
cuestión de derecho, el acusado convicto indigente tiene un
derecho, de rango constitucional, a que se le nombre un abogado
de oficio para esa primera apelación”. Pueblo v. Esquilín Díaz,
supra, pág. 815. Como expusimos, ese derecho constitucional
“conlleva que la asistencia de abogado sea adecuada…”. Íd. CC-2019-0768 7
La asistencia de abogado en la etapa apelativa “es de
particular importancia ya que esta etapa del procedimiento
penal es la única —y posiblemente última— oportunidad que tiene
el acusado para demostrar que su convicción es una contraria a
derecho”. Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, pág. 889. Al igual
que las demás etapas del procedimiento criminal, la apelación
es un proceso adversativo en el cual, por su complejidad, se
requiere la ayuda de un abogado. Íd. En la etapa apelativa, el
derecho a una asistencia legal adecuada se entiende infringido
en los supuestos siguientes:
[C]uando el abogado de un acusado, no obstante haber sido expresamente instruido por éste para que apele de la sentencia que le ha sido impuesta, radica el escrito correspondiente fuera del término jurisdiccional que para ello provee nuestro ordenamiento jurídico y/o dicho abogado incurre en cualquier otra acción u omisión que efectivamente priva a su representado de una adecuada representación legal en la etapa apelativa; ello independientemente del hecho que el abogado sea uno de oficio o haya sido escogido libremente por el acusado. Íd., pág. 892. (Énfasis en el original).
Cuando se alega una violación al derecho a una
representación legal adecuada y efectiva en la etapa apelativa,
el peso de la prueba recae sobre el acusado y, de ordinario,
requerirá que se presente prueba satisfactoria a esos efectos.
Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, pág. 893. Esto es así, ya
que existe una presunción de que la representación legal fue
adecuada y satisfactoria. Pueblo v. Fernández Simono, 140 DPR
514, 519 (1996); Pueblo v. López Guzmán, 131 DPR 867, 880 (1992);
Pueblo v. Morales Suárez, 117 DPR 497, 501 (1986). Así, quien alegue que
se violó su derecho a una representación legal adecuada debe demostrar CC-2019-0768 8
que: (1) el desempeño de su representación legal fue deficiente
dentro de un parámetro objetivo de razonabilidad; (2) esa
deficiencia lo afectó, y (3) existe una probabilidad razonable
de que el resultado hubiera sido distinto de no haber mediado
esa deficiencia. Pueblo v. Rivera Montalvo, supra. A fin de
cuentas, “[l]a incompetencia enervante de la asistencia legal
a [la] que tiene el acusado ha de ser de grado extremo, causante
de perjuicio sustancial, al punto que sostenga la probabilidad
de que[,] de no haber incidido, el resultado del juicio hubiera
sido distinto”. Pueblo v. Morales Suárez, supra, pág. 501;
Pueblo v. Marrero Laffosse, 95 DPR 186 (1967). Para determinar
si se está ante ese escenario, se debe considerar la totalidad
de las circunstancias del caso particular. Pueblo v. Ríos
Maldonado, 132 DPR 146, 163 (1992); Pueblo v. López Guzmán,
supra, pág. 880.
B. La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal
La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,
R. 192.1, estatuye un mecanismo mediante el cual una persona
que esté detenida en virtud de una sentencia puede solicitar
que esta se anule, se deje sin efecto o se corrija, por al menos
uno de los fundamentos siguientes: (1) la sentencia se impuso
en violación a la Constitución o a las leyes de Puerto Rico o
Estados Unidos; (2) el tribunal no tenía jurisdicción para
imponer la sentencia; (3) la sentencia excede la pena que la
ley prescribe, o (4) la sentencia está sujeta a ataque colateral
por cualquier motivo. La moción al amparo de la Regla 192.1 de CC-2019-0768 9
Procedimiento Criminal, supra, se puede presentar en el
tribunal sentenciador en cualquier momento después de que se
dicte la sentencia condenatoria, incluso luego de que esta haya
adquirido firmeza. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 965
(2010); Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 823 (2007). Esto
es así, ya que no existe un plazo o término para presentarla.
Al considerar una moción al amparo de la Regla 192.1 de
Procedimiento Criminal, supra, la cuestión que el tribunal se
debe plantear es “si la sentencia impugnada está viciada por un
error fundamental que contradice la noción más básica y
elemental de lo que constituye un procedimiento criminal
justo”. Íd., págs. 965-966. Además, ante la presentación de una
moción fundamentada, el tribunal debe celebrar una vista para
dilucidar sus méritos, a menos que de la moción se desprenda de
manera concluyente que el peticionario no tiene derecho a
remedio alguno, en cuyo caso el tribunal la puede rechazar de
plano. Pueblo v. Rivera Montalvo, supra; Camareno Maldonado v.
Tribunal Superior, 101 DPR 552, 562 (1973).
Cabe resaltar que, en Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra,
este Tribunal reconoció que la Regla 192.1 de Procedimiento
Criminal es un mecanismo procesal apropiado para que un
convicto plantee la alegada violación a su derecho a
tener representación legal adecuada en la etapa
apelativa. Esto se debe a que, en esos supuestos, la
sentencia condenatoria está sujeta a un ataque
colateral. Al reconocer lo anterior, este Foro s eñaló
que la determinación del for o primario en torno a la
moción, “luego de escuchar y admitir la prueba que al CC-2019-0768 10
respecto sea presentada por las partes, deberá ser una fundada
en prueba convincente y satisfactoria”. (Énfasis omitido).
Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, pág. 896. Si el foro primario
entiende que, en efecto, se quebrantó el derecho a una
representación legal adecuada en la etapa apelativa, el remedio
a conceder es resentenciar a la persona promovente para que se
active un término nuevo para apelar.
En Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, este Tribunal
también reconoció que se puede resentenciar sin la necesidad de
celebrar una vista. Allí este Foro se enfrentó a la situación
de que el representante legal del promovente no había presentado
el recurso apelativo oportuno, a pesar de las instrucciones
expresas que su cliente le dio a esos efectos. Resolvió que no
era necesario devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia
para que, tras celebrar una vista, determinara si, en efecto,
se privó al peticionario del derecho a una representación legal
adecuada en la etapa apelativa. Razonó que no había duda de que
el señor Ortiz Couvertier instruyó expresamente a su abogado
para que apelara la sentencia que se le impuso. Añadió que
tampoco había duda de que, debido a causas ajenas a la voluntad
expresa del señor Ortiz Couvertier, su abogado presentó el
recurso de apelación fuera del término jurisdiccional
aplicable. Resolvió que, ante ello, procedía devolver el caso
al foro primario para que resentenciara al allí peticionario.
Nadie puede poner en duda que el abogado ─no el señor
Arroyo Rodríguez─ incurrió en una desatención casi total de CC-2019-0768 11
los trámites apelativos en el caso del señor Arroyo Rodríguez.
Incumplió, al menos, cinco (5) órdenes del foro apelativo
intermedio, así como el pago de las sanciones que se le
impusieron por su incumplimiento. Además, no compareció para
trámite alguno ante el Tribunal de Apelaciones durante los
primeros seis (6) meses después de presentar la apelación.1 Las
veces escasas en las que compareció fueron esencialmente
aquellas en las que se enfrentó a una sanción económica. Su
indolencia y falta de proactividad llevaron al Tribunal de
Apelaciones a concluir que existía falta de interés y
negligencia extrema en el proceso apelativo, por lo que
desestimó la apelación. Así, la desestimación respondió única
y exclusivamente al incumplimiento del representante legal del
señor Arroyo Rodríguez y este siquiera expuso justa causa.
Lo insólito es que el Tribunal de Apelaciones desestimó la
apelación por los múltiples, reiterados, consistentes y
prolongados incumplimientos del abogado del señor Arroyo
Rodríguez los cuales no tienen que ver ─y nunca tuvieron que
ver─ con este. Es insostenible que alguien que le falla a su
cliente de manera patente ─al punto de provocar la desestimación
de su apelación criminal ─ no enfrente consecuencia
alguna. Aún más inaudito es que quien tenga que cargar
con las consecuencias nefastas de esa negligencia
1 Precisa señalar que, el Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación que presentó el señor Arroyo Rodríguez a ocho (8) meses desde que se incoó. Si tomamos en consideración que el representante legal compareció por primera vez ante el Tribunal de Apelaciones ─a los seis (6) meses de entablada la demanda─ ello demuestra que, el foro apelativo desestimó en dos meses el recurso de acción presentado sin tomar en consideración las situaciones fácticas que hemos señalado. CC-2019-0768 12
profesional sea una persona confinada, indigente, quien
depositó su confianza en su abogado quien le falló una y otra
vez.
No se justifica, pues, que el Tribunal de Apelaciones
confirmara la denegatoria de plano de la moción que el señor
Arroyo Rodríguez presentó bajo la Regla 192.1. Tampoco debieron
pesar las supuestas dos (de siete) notificaciones personales al
señor Arroyo Rodríguez. Reitero, no surge del expediente que
exista prueba de que estas llegaron a su destinatario.
Adjudicar al señor Arroyo Rodríguez, a ciegas, la
responsabilidad del desempeño lamentable de su abogado es una
injusticia grave. Distinto a lo que razonó la mayoría, el señor
Arroyo Rodríguez nunca tuvo control de su apelación, razón por
la cual no se le puede imputar responsabilidad por el desdén y
negligencia de la persona cuyos servicios retuvo para
defenderle.
Aun si se cree que el señor Arroyo Rodríguez supo de la
conducta desdeñosa de su abogado, por razón de su cuarto
incumplimiento, es razonable pensar que descansó en las
expresiones de su representante legal de que cumpliría con su
encomienda. Nótese que la segunda resolución que se le notificó
al señor Arroyo Rodríguez fue la séptima, y última, Resolución,
esto es, cuando ya no había nada que hacer. La realidad es que,
aun si se cree , por fe, que el señor Arroyo Rodríguez
recibió las dos resoluciones, nadie puede decir que este conoció
o supo del patrón de incumplimiento de su abogado. En
consecuencia, es incorrecto afirmar que el señor Arroyo
Rodríguez es responsable de la desestimación de su CC-2019-0768 13
apelación porque no contrató un nuevo representante legal o
porque no solicitó un término para hacerlo. Esta pretensión es
irreal y, francamente, absurda. ¿Algún foro le dio un término
-el que fuera- al señor Arroyo para que retuviera los servicios
de otro abogado? Es decir, ¿qué orden exactamente incumplió el
señor Arroyo Rodríguez? Ninguna. El señor Arroyo Rodríguez
estaba privado de su libertad, con un abogado que no hizo su
trabajo y bajo circunstancias en las cuales le era imposible
tomar conocimiento ─o tan siquiera actuar─ de manera distinta.
Por otra parte, el derecho del señor Rodríguez a estar
representado por su abogado de manera adecuada y efectiva no se
interrumpe o cancela porque un tribunal notifique un par de
resoluciones personalmente. El deber del abogado del señor
Arroyo Rodríguez era, precisamente, abogar por este, es decir,
defenderle en la etapa apelativa. En esa dirección lo primero
que tenía que hacer era tramitar la apelación de manera
diligente, sin que ello estuviese sujeto a acción afirmativa
adicional del señor Arroyo Rodríguez. Insisto, el cumplimiento
con las órdenes del Tribunal recaía en el representante legal
del señor Arroyo Rodríguez, no en él. Aquí no había una
representación legal híbrida. Y es que, de nada vale garantizar
el derecho a una representación legal adecuada y efectiva en la
etapa apelativa si se va a responsabilizar al
representado por el incumplimiento de su abogado con sus
obligaciones profesi onales. Cabe recordar que,
precisamente debido a la complejidad de los trámites
apelativos, su carácter adversativo y las consecuencias CC-2019-0768 14
constitucionales ─el derecho de libertad y el debido proceso de
ley─ es indispensable contar con asistencia legal adecuada en
esa etapa del procedimiento penal. Más aun cuando existe una
alta probabilidad de que esa sea la única oportunidad con la
que cuente la persona convicta para probar que su convicción
fue contraria a derecho.
Se añade que las personas privadas de libertad, como el
señor Arroyo Rodríguez, tienen restricciones físicas que
limitan los recursos y medios que tienen disponibles para hacer
valer sus derechos y defender sus intereses. Sobre este punto,
destaco que la mayoría de las personas que se encuentran
recluidas en una institución penal carecen de acceso a métodos
y recursos para lograr la efectiva tramitación de un recurso
judicial. Específicamente, las personas confinadas, no tienen
libertad de movimiento para desplazarse de un lugar a otro y
procurarse asesoría o ayuda legal; no tienen acceso irrestricto
o constante a teléfonos, computadoras o la internet, adolecen
de los recursos económicos necesarios para contratar abogados
o abogadas, no tienen acceso ilimitado a fotocopiadoras, libros
jurídicos o asistencia legal, entre otros. Ineludiblemente para
una persona confinada va a ser cuesta arriba acatar órdenes de
los tribunales ─tales como obtener una representación legal
nueva─ contestar mociones, comparecer ante el tribunal, entre
otras gestiones que puede hacer una persona en la libre
comunidad.
En ese sentido, la asistencia legal en la etapa
apelativa cobra mayor relevancia, pues el abogado o la CC-2019-0768 15
abogada de la persona encarcelada tiene medios y accesibilidad
con los que su cliente no cuenta. En consecuencia, no se puede
desvirtuar ni reducir la importancia y el alcance de ese derecho
al justificar su violación bajo el fundamento de que su tenedor
no asumió una actitud suficientemente proactiva para que se le
garantizara.
En cambio, una mayoría de este Tribunal encuentra
improcedente la solicitud de resentencia que presentó el señor
Arroyo Rodríguez por el hecho de que esta se presentó tres años
luego de que el Tribunal de Apelaciones desestimó su recurso.
Ello es una conclusión desacertada y aislada, totalmente, del
contexto que el señor Arroyo Rodríguez experimenta.
Primero, según mencioné, una moción al amparo de la Regla
192.1 de Procedimiento Criminal, supra, se puede presentar en
el tribunal sentenciador en cualquier momento después de que se
dicte la sentencia condenatoria, incluso luego de que esta haya
adquirido firmeza. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, en la pág.
965; Pueblo v. Román Mártir, supra, en la pág. 823. La cuestión
de umbral no es el momento en que se presenta sino, “si la
sentencia impugnada está viciada por un error fundamental que
contradice la noción más básica y elemental de lo que constituye
un procedimiento criminal justo”. Pueblo v. Pérez Adorno,
supra, en las 15ágs.. 965-66. (énfasis suplido). Si la Regla
192.1 de Procedimiento Criminal, supra, provee para presentar
la solicitud en cualquier momento, es un error decir que está
tarde su petición. CC-2019-0768 16
Segundo, la determinación de una mayoría sobre que
“[t]ampoco es evidente el marcado interés de apelar, pues [el
señor Arroyo Rodríguez] esperó casi tres (3) años para aducir
una inadecuada representación” 2 ignora las vicisitudes que
hemos enfrentado en los pasados años, que obstaculizan –y en
demasiadas ocasiones imposibilitan- que un confinado presente
efectivamente un recurso judicial. Entre ellos, destaco: (1) el
embate de los huracanes Irma y María; (2) los sismos producidos
en la isla ─especialmente en el sur de Puerto Rico, donde fue
sentenciado el señor Arroyo Rodríguez, y (3) la pandemia del
COVID-19. Todo lo anterior pudo haber incidido en la fecha de
la presentación de la solicitud de resentencia. Aunque lo
anterior sería conjeturar sobre las razones por las cuales el
señor Arroyo Rodríguez presentó su petición cuando lo hizo, si
no hay término, ¿cómo es posible que se le penalice una alegada
demora? Ese dato, en mi opinión, no es relevante, pero si lo
fue para la mayoría, lo mínimo que debió hacer era indagar las
razones, hurgar la verdad y no basarse en especulaciones o
suposiciones.
Por último, y lo subrayo una vez más, no hay indicios en
el expediente de que, en efecto, el señor Arroyo Rodríguez haya
recibido personalmente (o de forma alguna) las resoluciones
cuarta y séptima que emitió el Tribunal de Apelaciones.
De haberlas recibido, tampoco se sabe cuándo ello
ocurrió. El momento en que se presentó la solicitud de
resentencia es inmaterial cuando la violación al debi do
2 Véase, Opinión Mayoritaria. CC-2019-0768 17
proceso de ley por representación legal adecuada y efectiva fue
patente y prístina.
En fin, resulta claro que las omisiones del abogado del
señor Arroyo Rodríguez lo privaron de su derecho a estar
representado en la etapa apelativa. La indiferencia del
representante legal del señor Arroyo Rodríguez ante las órdenes
del Tribunal de Apelaciones y su desatención comprueban que su
labor como abogado fue inadecuada, inefectiva e
insatisfactoria. Semejante desempeño frustró el interés del
señor Arroyo Rodríguez a apelar la sentencia que recayó en su
contra e incumplió con su obligación de defender los intereses
de su cliente. El resultado: el señor Arroyo Rodríguez no podrá
ejercer su derecho a apelar la sentencia de 26 años de
confinamiento que se le impuso. Esto no podía pasar.
Estoy convencida que se violentó el derecho del señor
Arroyo Rodríguez a ser representado adecuadamente. Ello, su
vez, provocó una violación a su derecho a un debido proceso de
ley. La falta de representación adecuada provocó la
desestimación de la apelación del señor Arroyo Rodríguez y lo
privó de su derecho a apelar la sentencia condenatoria que el
Tribunal de Primera Instancia emitió. Si existía un ápice de
duda, se debió conceder una vista evidenciaria en la que el
abogado del señor Rodríguez rindiera cuentas. Al este Tribunal
negarle siquiera una vista, respalda una violación doble a los
derechos del señor Arroyo Rodríguez. CC-2019-0768 18
El propósito, más bien la razón de ser, de la Regla 192.1,
supra, obligaba a conceder el remedio que el señor Arroyo
Rodríguez solicitó, este es, que se le resentenciara para que
comenzara a transcurrir nuevamente el término para presentar
una apelación. Solo así se subsanaba la magnitud del agravio
que sufrió ante una representación legal inadecuada por demás,
y se le hubiera salvaguardado su derecho a apelar la sentencia
que se dictó en su contra. Es inexplicable que la mayoría le
niegue al señor Arroyo ese remedio.
Finalmente, destaco que mediante esta Opinión Disidente no
se busca ─ni se pretende─ que se revoque automáticamente la
convicción del señor Arroyo Rodríguez, sino, más bien, que se
le respeten sus derechos constitucionales, concediéndole su día
en corte.
El mensaje que envía la mayoría es peligroso y
desesperanzador para aquellas personas vejadas por quienes
están llamados a protegerles: su representación legal. Se les
dice alto y fuerte que, ante gestiones fútiles y negligentes de
un abogado o una abogada, las puertas del Tribunal estarán
clausuradas. Creo, defiendo y lucho por un Tribunal General de
Justicia abierto, por lo que disiento enérgicamente.
Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta