EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ramón Miranda Ayala, Sonia Calderón Sostre y la Sociedad Legal de Gananciales que Certiorari tienen constituida 2007 TSPR 62 Peticionarios 170 DPR ____ v.
Hospital San Pablo
Recurrido
Número del Caso: CC-2006-421
Fecha: 29 de marzo de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón-Panel VII
Juez Ponente:
Hon. Rafael L. Martínez Torres
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Wilfredo Luciano Quiñones
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcda. Eva Y. Mundo Sagardía Lcdo. Juan J. Casillas Ayala
Materia: Discrimen en el Empleo y/o Despido Injustificado
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ramón Miranda Ayala, Sonia Calderón Sostre y la Sociedad Legal de Gananciales que tienen constituida
Peticionarios CC-2006-421 CERTIORARI
vs.
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2007
Ramón Miranda Ayala -–en adelante Miranda
Ayala-- trabajó para el Hospital San Pablo desde
mayo de 1979 hasta el 18 de octubre de 2004,
cuando fue despedido. El 29 de diciembre de 2004
Miranda Ayala, su esposa Sonia Calderón Sostre y
la sociedad de bienes gananciales por ambos
constituida radicaron, ante la Sala Superior de
Bayamón del Tribunal de Primera Instancia, una
querella contra el Hospital San Pablo bajo el
procedimiento sumario establecido por la Ley Núm.
2 de 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. sec. 3121
et seq. En la misma alegaron que el despido se
debió a discrimen “por sus actividades
organizativas para la negociación colectiva” y/o
por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80 CC-2006-421 3
de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs.
185a-185m.
Oportunamente, el Hospital San Pablo contestó la
querella en la que levantó varias defensas afirmativas,
entre éstas, que no había incurrido en discrimen y que el
despido estuvo justificado porque el querellante había
incurrido en conducta impropia, consistente en apropiarse
de varias cajas de cerveza pertenecientes al Hospital, y
que esta conducta constituía una violación a las normas de
conducta establecidas por el Hospital en su Manual de
Normas.
I
Miranda Ayala ocupaba el puesto de Técnico de Ropería
que pertenecía al Departamento de Servicios Ambientales
del Hospital San Pablo. Sus funciones consistían en
recoger la ropa sucia de los pisos, las salas de
operaciones y las salas de parto, contarlas, empacarlas y
llevarlas en unos carritos fuera del Hospital. El Hospital
tenía almacenadas varias cajas de cerveza en un cuarto de
maquinas. El 10 de octubre de 2004 Miranda Ayala entró
aproximadamente dos veces al cuarto de maquinas donde
estaban las cervezas y se llevó dos cajas de éstas para su
uso personal. Dicho hecho fue filmado por las cámaras de
seguridad del Hospital. Miranda Ayala originalmente negó
los hechos pero al ser confrontado con el vídeo de
seguridad, aceptó los mismos. En dicho vídeo se veía CC-2006-421 4
claramente a Miranda Ayala llevándose las dos cajas del
cuarto de máquinas.
Miranda Ayala trabajó 25 años en el Hospital; su
expediente de empleo revela que éste había recibido varias
advertencias en cuanto a su conducta y disciplina en el
empleo. Al revisar el expediente disciplinario encontramos
que el empleado había sido suspendido por una semana en el
año 1983 por haber ofendido a otra de las empleadas del
Hospital. En el 1992, al ser confrontado por mentir en
relación con unas ausencias, Miranda Ayala fue advertido
de que la próxima vez que se ausentara tenía que ser con
certificado médico, y, que si no cumplía con las normas,
se le aplicarían normas disciplinarias más severas como el
despido. El expediente revela, además, varias “Hojas de
Intervención” del Programa de Disciplina Progresiva del
Hospital, donde se le llamó la atención a éste por la
falta de suplido de sábanas y por incumplimiento con el
conteo de ropa de la Sala de Operaciones, entre otras
faltas.1
1 Las Hojas de Intervención en el expediente son por los siguientes hechos:
En el 1997, se reprendió a Miranda Ayala por frecuentar áreas fuera de su rutina de recogido y entrega de ropa. En esa ocasión se le orientó sobre las normas de conducta que estaba violando; se le repasó la responsabilidad de sus labores y se le advirtió que limitara las interrupciones en sus labores y que de persistir se tomarían otras medidas.
(Continúa . . .) CC-2006-421 5
El 10 de junio de 2005, y luego de celebrada la
correspondiente vista, el Tribunal de Primera Instancia
emitió sentencia desestimando la querella sin imposición
de costas ni honorarios de abogado. En cuanto a la
alegación de discrimen sindical, el tribunal se declaró
sin jurisdicción por tratarse de un asunto de la
jurisdicción exclusiva de la Junta de Relaciones del
Trabajo. En cuanto a la alegación de despido
injustificado, el tribunal determinó que existió justa
causa para el despido.
Inconforme con el dictamen, Miranda Ayala presentó
recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, el
cual confirmó la sentencia apelada. Insatisfecho, Miranda
Ayala acudió --mediante recurso de certiorari-- ante este
Tribunal. Alega que procede revocar la sentencia emitida
por el foro apelativo intermedio debido a que dicho foro
incidió:
_________________________ En el 2001, Miranda Ayala, en dos ocasiones, respondió de manera irrespetuosa cuando se le cuestionó acerca de la falta de su uniforme completo y por la falta de suplido de sábanas en cuatro pisos del hospital. Por esto se le suspendió de empleo y sueldo por una semana. Se le advirtió que de volver a incurrir en dicha conducta, se le despediría indefinidamente.
En el 2004 “el Sr. Miranda no cumplía con las instrucciones impartidas para el conteo de ropa de Sala de Operaciones. Se verificó el empaque que contenía ropa scrub, hampers bag, sábanas blancas y más de veinticinco sábanas verdes mojadas.” Se orientó al Sr. Miranda en relación a las normas de empaque y se le advirtió que de prevalecer esta conducta se tomarían otras medidas disciplinarias. CC-2006-421 6
…al confirmar la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia desestimando la querella radicada al concluir que el despido del peticionario fue justificado a la luz de la totalidad de los hechos de este caso.
Atendida la petición de certiorari, el 23 de junio de
2006 le concedimos a la parte demandada recurrida el
término de quince (15) días para mostrar causa por la cual
este Tribunal no debía expedir el auto solicitado y dictar
Sentencia revocatoria de la emitida en el presente caso
por el Tribunal de Apelaciones. Dicha parte ha
comparecido. Estando en posición de resolver el recurso
radicado, procedemos a así hacerlo. Confirmamos; veamos
por qué.
II
El Artículo 1 de la Ley Num. 80, ante, establece que
todo empleado de comercio, industria o cualquier otro
negocio o sitio de empleo, que sea despedido de su cargo
sin que haya mediado justa causa, tendrá derecho a recibir
de su patrono una indemnización según dispone la ley.
Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 D.P.R. 643,
648-649 (1994).
La referida Ley dispone en su Artículo 2, en lo aquí
pertinente, que se entenderá por justa causa para el
despido, entre otras causas, (i) que el obrero siga un
patrón de conducta impropia o desordenada; (ii) la actitud
del empleado de no rendir su trabajo en forma eficiente o CC-2006-421 7
de hacerlo tardía y negligentemente o en violación de las
normas de calidad; (iii) violación reiterada por el
empleado de las reglas y reglamentos razonables
establecidos para el funcionamiento del establecimiento
siempre que copia escrita de los mismos se haya
suministrado oportunamente al empleado. Las instancias
antes enumeradas son sólo ejemplos de las posibles causas
que constituyen justa causa para el despido.
La Ley 80 no favorece que el patrono despida al
empleado como sanción por una primera falta o infracción,
salvo cuando por la gravedad y potencial de agravio de la
conducta en cuestión se haya puesto en riesgo, el orden,
la seguridad o la eficiencia del establecimiento. Rivera
v. Pan Pepín, Inc., res. el 21 de abril de 2004, 2004 TSPR
59; Jusino et als. v. Walgreens, 155 D.P.R. 560 (2001);
Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 D.P.R. 223
(2001); Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, ante;
Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536 (1979).
En cuanto al procedimiento a seguir, en una acción
por despido injustificado de un empleado, el patrono tiene
el peso de la prueba para establecer que el despido estuvo
justificado. Todo despido es injustificado hasta tanto el
patrono demuestre justa causa para su acción. Una vez que
el patrono interpone como defensa afirmativa que ha
mediado justa causa para el despido, le corresponde a éste
entonces probar, por preponderancia de la prueba, que el CC-2006-421 8
mismo estuvo justificado. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155
D.P.R. 364 (2001), págs. 378-379.
Por otro lado, y en lo pertinente, la Ley dispone que
“[n]o se considerará despido por justa causa aquel que se
hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada
con el buen y normal funcionamiento del establecimiento”.
29 L.P.R.A. sec. 185b.
En Secretario del Trabajo v. I.T.T., ante, pág. 542,
establecimos que:
“[l]a Ley no pretende ni puede, considerada la variedad de circunstancias y normas de los múltiples establecimientos de trabajo, ser un código de conducta conteniendo una lista de faltas claramente definidas y la sanción que corresponde a cada una y en cada instancia, si ha de ser reprimenda, suspensión o despido. Esa es opción del patrono que puede adoptar reglas y reglamentos razonables que estime necesarios para el buen funcionamiento de la empresa”. (Énfasis suplido.)
Ello así que el patrono “tiene derecho a evaluar a su
personal, a base de los valores morales y del orden
público prevalecientes en Puerto Rico, cuando el
cumplimiento o violación de los mismos puede mantener o
alterar el buen y normal funcionamiento de la empresa”.
(Énfasis nuestro.) Secretario del Trabajo v. G.P.
Industries Inc., ante.
Por último, debe señalarse que el Hospital San Pablo
tiene un Manual de Políticas, Normas y Beneficios, que
específicamente indica que la deshonestidad y la
apropiación indebida de propiedad ajena, bien sea del CC-2006-421 9
Hospital San Pablo, de un paciente o de un compañero, no
será tolerada.
En el caso ante nuestra consideración la parte
peticionaria reconoce que fue un error de juicio de su
parte apropiarse de dos cajas de cerveza, pero entiende
que el castigo impuesto por el patrono es desproporcionado
a la falta cometida. Expone dos argumentos en apoyo a su
alegación, a saber: 1) que se trata de unas cajas de
cerveza que hacía aproximadamente un año que estaban
almacenadas en el Hospital y; 2) que todo el personal del
Hospital sabía que las cervezas estaban en un lugar donde
existe alta temperatura (el cuarto de máquinas), con el
propósito de decomisarlas ya que habían perdido su
calidad. No le asiste la razón.
El Manual de Normas de Conducta del Hospital
establece que la deshonestidad y la apropiación indebida
de propiedad ajena no serán toleradas en el lugar de
trabajo. Miranda Ayala tenía conocimiento de estas normas
de conducta ya que el hospital le había hecho entrega de
una copia del manual. Dicho acto evidencia que el empleado
era consciente de las posibles repercusiones de sus actos.
Esto también lo confirma el testimonio del peticionario en
la vista del caso donde expresó: “que si no lo enfrentan
con el vídeo lo seguiría negando porque yo sabía, me
imaginé que me iban a botar por eso”. CC-2006-421 10
No existe controversia en cuanto al hecho de que el
peticionario Miranda Ayala incurrió en la conducta de
“apropiación indebida de propiedad del Hospital”, al
llevarse a su casa dos cajas de cerveza. Aunque al
principio lo negó, al ser confrontado con un vídeo que
reflejaba la acción, lo admitió. “No podía negarlo, estaba
en el vídeo”, expresó en una deposición.
La acción del peticionario violó las normas de
conducta del Hospital e incluso podría constituir conducta
delictiva. La única defensa del peticionario es que las
cervezas estaban dañadas e iban a ser decomisadas. Esto no
lo sabía el peticionario cuando llevó a cabo la acción,
pues trató de consumirlas.2 Incluso, parece que el Hospital
no se había percatado que las cervezas estaban “dañadas”,
porque al darse cuenta que las cajas de cerveza que tenían
almacenadas estaban desapareciendo, establecieron un
sistema de vigilancia electrónica para detectar quién o
quiénes estaban sustrayendo las cajas de cerveza de un
área controlada.
La Guía Revisada para la Aplicación de la Ley Núm. 80
dispone, al interpretar la disposición del Artículo 2 de
la referida Ley, que:
“en circunstancias especiales, ciertos actos aislados pueden revestir tal seriedad que pueden
2 Durante la vista del caso, el peticionario declaró, en síntesis, que tenía duda si las cervezas estaban buenas o malas. Si estaban buenas se las tomaba. Puso un “paquetito” a enfriar, para probar si estaban buenas. Como estaban malas, las botó. CC-2006-421 11
dar base al despido justificado ya que pueden poner de manifiesto una clara e indubitable condición de carácter, que por la gravedad de las consecuencias que hayan acarreado o que puedan acarrear, o por revelar, de por sí, una actitud no susceptible de cambio, ponen de relieve, desde ese momento, aquella configuración del carácter que el legislador sabiamente exigió, como norma general, que no se dejase depender en su apreciación de un acto aislado del empleado”. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Guía Revisada para la Aplicación de la Ley Núm. 80, Pág. 32 (2000).
Incluso, no resulta necesario incluir en un
reglamento o manual de disciplina ciertas normas cuya
violación constituye falta mayor. “…[U]na persona de
inteligencia normal tiene que saber que asesinar a otro
empleado en el lugar de trabajo, agredir físicamente al
patrono sin razón alguna que justifique este hecho, hurtar
mercancía del patrono… constituyen faltas mayores o graves
que no debe incurrir nunca”. (Énfasis nuestro.) A. Acevedo
Colom, Legislación Protectora del Trabajo Comentada, 7ma
ed., 2001, San Juan, pág. 138.
En Autoridad de Edificios Públicos v. Unión
Independiente de Empleados, 130 D.P.R. 983 (1992), este
Tribunal resolvió que mentir en una solicitud de empleo en
cuanto a previos delitos cometidos constituye una falta
grave, que puede ser válida para el despido. En dicho caso
expresamos que el mentir tiende a destruir la dinámica con
el empleado y afecta el buen funcionamiento de la empresa.
Este acto, similar al que presenta el caso de autos, es un CC-2006-421 12
acto de deshonestidad el cual denota una ausencia de valor
moral.3
Miranda Ayala alega que los hechos del presente caso
se asemejan a los hechos de los casos de Secretario del
Trabajo v. I.T.T., ante y Rivera Torres v. Pan Pepín,
ante. Entiende que, al igual que lo resuelto en los casos
antes mencionados, su falta no justifica el despido por
una primera ofensa. No le asiste la razón; un análisis de
los referidos casos demuestra que los mismos son
distinguibles del presente caso.4
3 Los árbitros tienen las facultades de analizar las penalidades impuestas a los empleados que están gobernados por convenios colectivos. Las ofensas extremadamente serias, como robo, persistentemente rehusarse a obedecer órdenes legítimas, etc., justifican un despido sin la necesidad de advertencias previas o tratar de corregir la disciplina. En este tipo de ofensas los árbitros confirman los despidos por estas circunstancias. (Énfasis nuestro.) A. Miles Ruben, How Arbitration Works, BNA Books, Washington D.C., 6th Edition, 2003, pág. 964-967. 4 En Secretario del Trabajo v. I.T.T., ante, un empleado luego de trabajar 17 años para la compañía fue despedido por haber mentido con el propósito de obtener una licencia para ausentarse de su trabajo. El reglamento de I.T.T. contenía una disposición que castigaba con el despido inmediato por una mentira hacia el patrono. Este Tribunal determinó que el castigo era muy severo para una primera ofensa por existir en el reglamento otras ofensas mucho más graves las cuales requerían la comisión de tres ofensas antes del despido. En el caso ante nos no hay duda de que la ofensa es grave y el reglamento es claro al disponer que no será tolerada la apropiación de propiedad ajena de parte de un empleado.
Por otro lado, en Rivera Torres v. Pan Pepín, ante, se despidió a un empleado por violar una falta catalogada como grave en el Manual de Normas del Empleado, la cual consistía en no retirar mercancía expirada de las góndolas de uno de los comercios. Se determinó que el despido no fue justificado debido a que la norma no disponía (Continúa . . .) CC-2006-421 13
Debido a la gravedad de la falta cometida por Miranda
Ayala el Hospital correctamente decidió prescindir de sus
servicios; sobre todo cuando consideramos que, en relación
con anteriores infracciones, el Hospital le había
advertido a Miranda Ayala que podía ser objeto de
sanciones mayores, incluso despedido.
En fin, la actuación del empleado violó las normas
razonables del Hospital y refleja una actitud y un detalle
de su carácter lesivo a la ordenada marcha del mismo. No
existen vicios de arbitrariedad en la decisión tomada por
el Hospital.
IV
Por los fundamentos antes expresados, se dicta
Sentencia confirmatoria de la emitida en el presente caso
por el Tribunal de Apelaciones, en vista del hecho de la
existencia de justa causa para el despido.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Rebollo López emitió Opinión de Conformidad a la cual se
unió el Juez Presidente señor Hernández Denton. El Juez
Asociado señor Fuster Berlingeri emitió Opinión Disidente.
_________________________ expresamente que el incurrir en la conducta proscrita conllevaría como sanción el despido. En la situación de hechos hoy ante nuestra consideración, repetimos, el manual especifica que la conducta de apropiación de material ajeno no será tolerada. El manual es claro y específicamente dispone que la honestidad de los empleados es un elemento de la conducta esencial para el patrono. CC-2006-421 14
La Juez Asociada señora Fiol Matta disintió sin opinión
escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo CC-2006-421 15
Ramón Miranda Ayala, Sonia Calderón Sostre y la Sociedad Legal de Gananciales que tienen constituida
OPINIÓN DE CONFORMIDAD EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ A LA CUAL SE UNE EL JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON
Suscribimos, totalmente, la correcta y bien
fundamentada Sentencia que emite el Tribunal en el
presente caso. Sin embargo, hemos considerado
procedente expresarnos por separado ante la errónea
Opinión disidente que se emite, la cual, de no ser
refutada, puede causar confusión a nivel de
instancia y en mentes impresionables.
La Opinión disidente emitida pretende dar la
impresión de que el Tribunal, al avalar el despido
decretado, comete una injusticia en vista de que el
despido decretado “fue una medida disciplinaria
extrema, que no guarda proporción alguna con la
falta cometida,…”; que la mercancía CC-2006-421 16
hurtada tenía poco valor y estaba próxima a ser decomisada;
que “aun aquellos que a veces se comportan truhanamente
merecen …” protección para poderse ganar la vida y sostener
a su familia; y que el decreto mayoritario le da peso a
algunas faltas de poca importancia cometidas anteriormente
por el empleado por encima del hecho de que dicho empleado
llevaba trabajando veinticinco años en el hospital
recurrido y que éste estaba activamente inmerso en
actividades laborales protegidas constitucionalmente.
(Énfasis suplido y en el original.)
De entrada, debe señalarse que nuestro ordenamiento
jurídico no protege a los ciudadanos deshonestos, esto es,
no le brinda protección a los ladrones. Por el contrario,
en el presente caso de lo que se trata es de una de las
acciones u ofensas más serias en que puede incurrir un
empleado, esto es, hurtar de su patrono. Este acto es
indicativo de falta de lealtad y ausencia de los más
fundamentales valores morales de parte del empleado,
conducta que el patrono tiene derecho a catalogar en un
manual de empleados --como aquí se hizo-- como una falta
grave que tiene como consecuencia el despido del empleado.
Por otro lado, resulta importante enfatizar que no
importa que la mercancía que se hurte tenga un valor
mínimo. Lo verdaderamente importante es si el empleado
cometió, o no, el hurto. Si bien es cierto que una persona
puede estar en un momento determinado más o menos
intoxicado, dependiendo del número de tragos que haya CC-2006-421 17
ingerido, una persona no puede ser más o menos honesta.
Ello debido a que la honestidad es una característica
inherente del ser humano. En otras palabras, uno es honesto
o no lo es. Ello no depende del número de objetos que se
hurte ni del valor de los mismos.
De otra parte, la conducta en que había incurrido el
empleado con anterioridad al día en que hurtó la mercancía
en controversia --la cual la Opinión disidente
sorprendentemente cataloga como “faltas de poca
importancia”-- fortalecen y justifican la decisión del
patrono de despedir al empleado. Recordemos que éste había
sido objeto de varias advertencias relativas a su conducta
anterior en el empleo, tales como: incurrir en conducta
ofensiva con una compañera empleada, la cual le costó una
semana de suspensión en el empleo; mentir sobre las razones
que tuvo para ausentarse del empleo --lo cual demuestra
falta de honestidad-- siendo advertido que por próximas
infracciones podría ser despedido; y negligencia en el
desempeño de sus deberes, relativa a la “falta de suplido
de sábanas” y por incumplimiento con el conteo correcto de
ropa de la Sala de Operaciones del Hospital.
Juzgamos el caso, no a base de especulaciones como se
hace en la Opinión disidente --al expresar que, quizás, el
patrono despidió al empleado por sus actividades laborales
o por no continuar pagándole los salarios altos que ganaba
éste-- sino a base de los hechos incontrovertidos del caso,
cuales son: el empleado, en efecto, cometió el hurto; CC-2006-421 18
primeramente negó la comisión del mismo y luego la aceptó
al ser confrontado con un video que grabó lo ocurrido; y,
como si lo antes expuesto fuera poco, expresó dicho
empleado que lo hubiera seguido negando si no hubiera
existido el video.
Ante ese cuadro de hechos, demostrativo de
deshonestidad en su máxima expresión, ¿se puede sancionar a
un patrono por despedir al empleado?; ¿hay necesidad de
especular sobre la razón para el despido, más allá de lo
expresado?
Realmente no alcanzamos a comprender como se puede
argumentar que en el presente caso no hubo justa causa para
el despido realizado, independientemente de los años que el
empleado llevara trabajando en el Hospital. Este Tribunal
no puede convertirse en el protector de empleados truhanes
e indeseables en alegada protección del derecho a ganarse
la vida y sostener a su familia; el que así lo interese
debe saber que tiene que comportase como una persona
honesta, honrada y trabajadora. Esos sí son los que merecen
nuestra protección.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado CC-2006-421 19
Ramón Miranda Ayala; Sonia Calderón Sostre y la Sociedad Legal de Gananciales que tienen constituida
Peticionarios
CC-2006-421 Certiorari vs.
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2007.
“The Law, in its majestic equality, forbids the rich as well as the poor to sleep under bridges, to beg in the streets, and to steal bread.” Anatole France Premio Nobel de Literatura (1921)
Los hechos esenciales del caso de autos son
sencillos. Un empleado que llevaba trabajando 25
años en el hospital recurrido, se apropió de dos
cajas de cervezas que pertenecían al mencionado
patrono. Las dos cajas de cervezas aludidas habían
estado almacenadas por espacio de un año en el
cuarto de máquinas del hospital, un lugar muy
caluroso y poco propicio para mantener su CC-2006-421 20
calidad. La razón por la cual se encontraban almacenadas
allí era que el hospital tenía el evidente propósito de
decomisarlas; es decir, que la gerencia del hospital las
consideraba mercancía inservible. El propio empleado que se
adueñó de las cervezas en cuestión no conocía si éstas
podían consumirse o si estaban dañadas. Dicho empleado era
un obrero involucrado en actividades organizativas para la
negociación colectiva. Por el acto de apropiación referido
fue despedido de su empleo.
Mediante una sentencia, la mayoría del Tribunal
convalida el despido referido. El decreto mayoritario le da
gran peso a unas faltas del empleado cometidas hacía quince
y diecinueve años atrás, incluso algunas de poca importancia
como la de no haberse presentado a trabajar debidamente
vestido con un uniforme. La mayoría evidentemente quiere
proyectar la impresión de que se trata de una persona, en su
juicio, menospreciable, para así intentar justificar la
drástica sanción en cuestión. Lo que la mayoría no hace es
darle el valor que merecen otros factores claramente
pertinentes, que sirven de contrapeso a la decisión patronal
de despedir al empleado en cuestión, tales como: (1) que el
trabajador en cuestión tenía gran antigüedad en la empresa
hospitalaria; (2) que las dos cajas de cerveza aludidas no
sólo no tenían valor real alguno, sino que, para todos los
efectos prácticos, se encontraban abandonadas por el
hospital; (3) que el trabajador estaba activamente inmerso
en actividades laborales protegidas constitucionalmente, que CC-2006-421 21
probablemente no eran del agrado del patrono. El análisis
que la mayoría hace de los hechos de este caso, pues, dista
mucho de ser objetivo e imparcial. Tampoco es un análisis
completo de todo lo que es pertinente.
A la luz de los tres factores medulares antes
mencionados, que la mayoría del Tribunal descarta
totalmente, a mi me parece claro que el despido del
trabajador que aquí nos concierne fue una medida
disciplinaria extrema, que no guarda proporción alguna con
la falta cometida, y que levanta al menos la sospecha de un
posible discrimen sindical. Para sopesar la falta cometida
en relación a la sanción que procede, es inevitable tener en
mente la probabilidad de que el patrono aquí, que
evidentemente no tenía ningún interés real en las cervezas
dañadas, haya usado el acto imprudente de su empleado como
excusa para despedirlo. Me parece innegable que ningún
patrono de ordinario despide fulminantemente un empleado que
lleva trabajando 25 años en la empresa por el hecho de que
se haya apropiado de una mercancía inservible y abandonada.
Mucho más probable es que el motivo real del despido sea
para sustituirlo con un nuevo empleado de la misma
categoría, que no sea un activista laboral y al que no haya
que pagarle los salarios más altos acrecentados durante 25
años de servicio. Esa es una realidad sobre el modo de
proceder de algunos patronos, que es muy bien conocida por
los versados en los asuntos laborales, y si una mayoría de CC-2006-421 22
este Tribunal no la quiere reconocer aquí es porque su
visión patronal de la realidad se lo impide.
Es cierto que el propósito real del despido no es un
hecho que hubiese sido adjudicado aun cuando este caso llegó
ante nos. Ello no nos permite repudiar totalmente el abuso
patronal, como habría que hacerlo si constara concretamente
ya la represalia aludida. Pero el propósito real del despido
es un aspecto de este caso, que podemos atisbar basándonos
no sólo en la amplia experiencia que tenemos en estos
asuntos, sino sobre todo derivado lógicamente de la evidente
falta de razonabilidad del despido en cuestión, mediante el
cual se impone la sanción más extrema por un acto que no
constituyó daño material real alguno contra el patrono. Al
ponderar qué sanción amerita la acción en cuestión del
trabajador, me parece necesario tomar en cuenta la realidad
completa del asunto ante nos, fundamentados en la
experiencia y la lógica, como lo hacen cotidianamente los
tribunales en otras partes del mundo, y como lo hemos hecho
nosotros mismos tantas veces. Véase, B. Cardozo, The Nature
of the Judicial Process (New Haven: Yale Univ. Press, 1962).
De cualquier modo, irrespectivamente del motivo del patrono,
el hecho innegable y medular aquí es que se privó a un
empleado de 25 años de servicio de su modo de ganarse la
vida, sólo por haber cometido un acto imprudente, de muy
poca monta material, si alguna.
En mi criterio, el modo de ganarse la vida de las
personas y de sostener a su familia merece más protección CC-2006-421 23
que la que la mayoría de este Tribunal evidentemente está
dispuesta a concederle. Se trata de una finalidad que ha
sido reconocida como un derecho humano fundamental en el
Art. 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas y por la reputada encíclica Laborem
Exercens. Nuestra propia Ley 80 de 30 de mayo de 1976, 29
L.P.R.A. sec. 185(a) et seq. lo reconoce, aunque con
limitaciones. Véase, Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129
D.P.R. 763 (1992). Aun aquéllos que a veces se comportan
truhanamente merecen la protección aludida. Nuestra
autoridad no puede estar siempre sólo a favor de lo
institucional, del agraciado, o del sano.
En resumen, entiendo que el empleado en cuestión debió
ser sancionado por el incidente de las cervezas mediante
alguna suspensión breve de empleo y sueldo, pero no con la
sanción extrema de la destitución. Sencillamente, no creo
que sea de modo alguno razonable que se prive a un
trabajador del medio de ganarse la vida, por haberse
apropiado de una mercancía inservible y abandonada por el
patrono. No hay proporción válida alguna entre la falta y la
sanción. Si el patrono quería salir del obrero en cuestión,
tenía que pagarle la mesada correspondiente que dispone la
ley.
Es lamentable que una mayoría de este ilustre Foro
estime que sólo las personas perfectamente íntegras merecen
su protección. Son visiones elitistas como ésta las que
inspiraron las palabras del gran Anatole France citadas al CC-2006-421 24
comienzo de esta opinión. Tal visión no sólo no encuentra
eco alguno en la Carta de Derechos de nuestra ley
fundamental, sino tampoco en ninguna de las teorías
fundamentales que prevalecen en nuestros días sobre lo que
es el Derecho, y lo que es la justicia. Véase, Edgar
Bodenheimer, Treatise on Justice (New York: Philosophical
Library, 1967). Ciertamente no encuentra ningún apoyo en la
Ley 80 citada antes. En ningún lugar de esa legislación, aun
limitada como es, se dispone que sólo protege a los obreros
que sean perfectamente íntegros.
La mayoría apadrina hoy una visión de la reglamentación
obrero patronal que no sólo carece de toda fundamentación
jurídica, sino que ominosamente puede propiciar graves
desarrollos en las relaciones obrero-patronales y en la
búsqueda de la paz laboral. Tal insólita visión tendría el
inconmensurable efecto de convertir en desvalidos ante la
Ley a la inmensa mayoría de los trabajadores que alguna vez
han cometido una falta u otra. Tendría asimismo la
incomprensible incongruencia de concedernos a los meros
mortales que somos los Jueces la labor de sólo extender la
protección de la ley a los seres perfectos.
Como no comparto ninguno de tales dislates, ni la
injusticia intrínseca del despido en este caso, yo disiento.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI JUEZ ASOCIADO