EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María Migdalia Rivera Aponte
Demandante Certiorari vs. 2006 TSPR 32 Luis Antonio Morales Martínez 166 DPR ____ Demandado-Recurrido
Carlos E. Rivera Aponte, Nydia Rivera Aponte
Interventores-Peticionarios
Número del Caso: CC-2004-1023
Fecha: 3 de marzo de 2006
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Aibonito
Juez Ponente:
Hon. German J. Brau Ramírez
Abogada de la Parte Interventora-Peticionaria:
Lcda. Hilda Esther Colón Rivera
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Nydia I. Espino Valcarcel
Materia: Divorcio
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Demandante
vs.
Luis Antonio Morales Martínez CC-2004-1023 CERTIORARI Demandado
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2006
El vínculo matrimonial que unía a Luis
Morales Martínez y a María Rivera Aponte quedó
roto y disuelto mediante sentencia de divorcio
emitida por el Tribunal de Primera Instancia,
Sala Superior de Aibonito, el 9 de febrero de
1998. En cuanto a los dos hijos menores de edad
procreados durante el matrimonio, el mencionado
foro concedió la custodia sobre el hijo menor al
padre y la custodia de la hija menor, a la madre.
La patria potestad sobre los dos menores fue
concedida a ambas partes. En la referida
sentencia, además, el foro primario estableció
las relaciones paterno-filiales de cada parte con
los menores que no estaban bajo su custodia. CC-2004-1023 2
Poco tiempo después, Rivera Aponte compareció al
tribunal para solicitar se paralizaran las relaciones
paterno filiales entre la hija menor y su padre; ello por
razón de éste, alegadamente, haber cometido actos lascivos
impúdicos contra su hija. El 19 de junio de 1998, el
tribunal de instancia ordenó la paralización de las
relaciones paterno filiales entre Morales Martínez y su
hija menor hasta tanto culminara la investigación; además,
refirió el asunto a la Oficina de Relaciones de Familia
para que dicha oficina rindiera un informe.1
En su informe al tribunal, la trabajadora social que
evaluó el caso expresó que, luego de analizadas las
entrevistas realizadas a los padres de la menor, a su tía,
a la principal del colegio, y el informe de la Dra.
Aracelis Ortiz --quien evaluó a la menor-- recomendaba,
entre otras medidas, que las relaciones paterno filiales
continuaran suspendidas mientras se dilucidaban las
alegaciones planteadas, considerando el estado emocional de
la menor, para así protegerla de un daño emocional
irreversible.2
1 La menor, M.M.R. comenzó tratamiento médico el 29 de julio de 1998. 2 En esencia, los informes de la Dra. Aracelis Ortiz, psicóloga que brindó servicios a la menor, expresan que ésta había relatado sobre la experiencia de abuso sexual; que presentaba sintomatología compatible con el trauma de abuso sexual; y que presentaba sentimientos de impotencia emocional y ansiedad ante la posibilidad de tener contacto con la figura paterna. Indicó que la menor había expresado no querer relacionarse con su padre. Por consiguiente, CC-2004-1023 3
Celebrada la vista, el tribunal ordenó a la Oficina de
Relaciones de Familia coordinar un plan de relaciones
paterno filiales supervisadas. Ante la tardanza de la
trabajadora social en coordinar dichas relaciones, Morales
Martínez presentó varias mociones ante el tribunal,
solicitando se reestablecieran las relaciones paterno
filiales o, en su defecto, que se coordinaran las visitas
supervisadas ordenadas por el referido foro. Meses después,
las relaciones paterno filiales supervisadas aun no habían
sido coordinadas. Posteriormente, el tribunal indicó que
había que esperar a que culminaran las evaluaciones para
reestablecer las relaciones paterno filiales.
Para abril de 2002, aun no se habían coordinado las
relaciones paterno filiales ya que la trabajadora social no
lo había recomendado en espera de las recomendaciones de la
psiquiatra que estaba ofreciendo tratamiento a la menor.
Así las cosas, en marzo de 2004, la madre de la menor,
María Rivera Aponte, falleció. La menor permaneció bajo la
custodia de sus tíos, Carlos E. Rivera Aponte y Nydia
Rivera Aponte, quienes días después del fallecimiento
presentaron una solicitud de custodia. A su vez,
solicitaron que se refiriera el asunto a la Oficina de
Relaciones de Familia para investigación. En abril de ese
año, el tribunal de instancia emitió resolución refiriendo
el asunto a la referida Oficina.
_________________________________ recomendó que ésta no fuese expuesta al padre hasta tanto hubiera desarrollado mayor fuerza emocional. CC-2004-1023 4
Morales Martínez se opuso a la solicitud de custodia
presentada por los hermanos de la fenecida y, a su vez,
solicitó se le concediese la misma a él, por ser el padre
con patria potestad sobre la menor. Posteriormente, Morales
Martínez presentó una segunda moción solicitando la
concesión de custodia y, en la misma, alegó que según el
Artículo 107 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 383, el
cónyuge que hubiese sido privado de la custodia tendría
derecho a recobrarla si acreditaba al tribunal el
fallecimiento de su ex cónyuge. Añadió, además, que los
tíos de la menor impedían que él se relacionara con su
hija.
Poco después, Morales Martínez presentó una moción
oponiéndose a que el caso fuese referido a la Oficina de
Relaciones de Familia. En la referida moción expresó que ya
hacía varios años que ese foro había ordenado a los
trabajadores sociales de dicha oficina a que coordinaran
relaciones paterno filiales entre éste y su hija y que
dichos funcionarios nunca lo hicieron. Además, reiteró su
planteamiento en cuanto a que era el padre con patria
potestad sobre su hija y que, ante la muerte de la madre,
le correspondía a él, y no a ningún otro familiar, la
custodia de ésta. El foro primario declaró no ha lugar la
referida moción.
Inconforme con la anterior determinación, Morales
Martínez acudió al Tribunal de Apelaciones vía recurso de
certiorari. En su sentencia, el referido foro determinó, en CC-2004-1023 5
primer lugar, que según lo dispuesto en el Artículo 107 del
Código Civil, ante, y habiendo fallecido Rivera Aponte,
Morales Martínez tenía “derecho” a recuperar la custodia
sobre su hija. En segundo lugar, el referido foro determinó
que no estaba claro si los tíos de la menor tenían
legitimación para solicitar que se privara a Morales
Martínez de la custodia sobre su hija. Por consiguiente, el
foro apelativo intermedio concluyó que dicha solicitud
debía ser iniciada por el Departamento de la Familia,
utilizando el procedimiento establecido por la Ley Núm. 177
del 1 de agosto de 2003, también conocida como Ley para el
Bienestar y Protección Integral de la Niñez , 8 L.P.R.A.
secs. 444 et seq.
En otras palabras, el tribunal apelativo intermedio
concluyó que el caso no podía continuar su curso tal y como
había sido iniciado y debía transformarse en una solicitud
de privación de custodia instada bajo la referida Ley. En
ausencia de este trámite, el foro apelativo entendió que no
correspondería privar al Sr. Morales del derecho de
custodia que le concedía su condición como padre con patria
potestad sobre la niña.
Finalmente, el foro apelativo devolvió el caso al
tribunal de instancia para que dicho foro subsanara los
defectos procesales señalados y para que, dentro de un
término no mayor de cinco (5) días, procediese al inicio de
los procedimientos pertinentes bajo la Ley para el
Bienestar y Protección Integral de la Niñez, ante. En el CC-2004-1023 6
caso que el foro primario incumpliera con dar inicio a
estos procedimientos, el foro apelativo determinó que el
Sr. Morales tendría derecho a recuperar la custodia sobre
la menor.
Inconformes con la anterior determinación, Carlos E.
Rivera Aponte y Nydia Rivera Aponte, acudieron vía recurso
de certiorari, ante este Tribunal alegando que dicho foro
incidió…
al expresar que debía inexorablemente seguir los procedimientos conforme la Ley para el Bienestar y Protección Integral de la Niñez, ante la solicitud de custodia presentada por los aquí interventores-recurrentes, o que por el contrario debía entregarse la menor al recurrido conforme el Artículo 107 del Código Civil.
En el entretanto, y en cumplimiento con lo ordenado
por el Tribunal de Apelaciones, el foro de instancia
refirió el asunto al Departamento de la Familia para la
investigación correspondiente y para que determinase si
procedía iniciar un procedimiento bajo la Ley 177, ante.
Posteriormente, el 5 de noviembre de 2004, el tribunal
expidió una orden de protección, en vista de que existían
suficientes motivos para creer que la menor había sido
víctima de maltrato, y en ésta ordenaba a Morales Martínez
a abstenerse de acercarse a la menor. Además, el tribunal
de instancia concedió custodia provisional de la menor a
Nydia Rivera Aponte. De los autos del presente caso no
surge que el Departamento haya iniciado el referido
procedimiento de privación de custodia. CC-2004-1023 7
Expedimos el recurso. Estando en posición de resolver
el mismo, procedemos a así hacerlo.
I
El recurso radicado plantea, en esencia, dos
controversias, a saber: ¿si procede en este caso, dados los
hechos particulares del mismo, que se inicie un
procedimiento de privación de custodia bajo la Ley para el
Bienestar y Protección Integral de la Niñez, ante?; y, ante
la muerte de uno de los padres, ¿si resulta obligatorio que
un tribunal conceda la custodia de un menor al padre
sobreviviente de acuerdo al Artículo 107 del Código Civil,
ante, independientemente de las circunstancias particulares
que puedan estar presentes en el caso?
II
El Artículo 3 de la Ley para el Bienestar y Protección
Integral de la Niñez, ante, establece la política pública
del Estado en ésta clase de situaciones. El mencionado
Artículo dispone que el Estado, en ejercicio de su poder de
parens patriae, tiene la obligación de velar por la
seguridad, el mejor interés y bienestar de la infancia y la
adolescencia. En atención a ello, la Ley confiere al
Departamento de la Familia la responsabilidad de investigar
y atender las situaciones de maltrato, maltrato
institucional, negligencia y/o negligencia institucional. CC-2004-1023 8
Esta Ley confiere al Departamento de la Familia
obligaciones, sustancialmente similares, a las que le
confería también la derogada Ley Núm. 342 del 16 de
diciembre de 1999, conocida como Ley para el Amparo a
Menores. La Ley 342 también establecía la responsabilidad y
la obligación del Departamento de la Familia de intervenir
en casos de maltrato de menores y realizar los esfuerzos
necesarios para fortalecer y mejorar la prevención,
identificación, investigación y tratamiento de las
situaciones de maltrato. De este modo, se facultó a dicho
Departamento para iniciar ante los tribunales los
procedimientos que fuesen necesarios para proteger el
bienestar de los menores. Véase; Vargas Crespo v. Soler de
la Rosa; res. el 30 de diciembre de 2003, 2003 T.S.P.R.
182.
Según el Artículo 31 de la Ley para el Bienestar y
Protección Integral de la Niñez, 8 L.P.R.A. sec. 447,
cuando de la investigación que el Departamento realice
surja que existe una situación de maltrato o negligencia,
la Secretaria o Secretario del mismo puede comparecer al
Tribunal de Primera Instancia, quien tendrá jurisdicción
para emitir órdenes de protección, otorgar custodia de
emergencia, provisional o permanente, privar del ejercicio
de la patria potestad al padre y/o madre del menor, según
sea solicitado y cualquier otro remedio que garantice el
mejor interés del menor. CC-2004-1023 9
La mencionada Ley provee, además, en circunstancias
que ameriten una intervención rápida del Estado, un
procedimiento de privación de custodia de emergencia. En
estos casos el Tribunal tomará la determinación que
considere más adecuada para el mejor interés del menor,
incluyendo una orden para que inmediatamente se ponga al
menor bajo la custodia del Departamento, que se efectúe el
tratamiento médico del que se trate, o concediendo custodia
de emergencia. Artículo 37, 8 L.P.R.A. sec. 447(f).
Posterior a dicho procedimiento, los Artículos 39, 41, y 42
de la Ley, 8 L.P.R.A. secs. 447(h), 447(j) y 447(k),
disponen un procedimiento de privación permanente de
custodia y/o patria potestad, el cual garantiza el debido
proceso de ley a las partes que podrían ser privadas
permanentemente de la custodia y/o patria potestad que
ostentan sobre los hijos menores de edad, removidos
expeditamente de su custodia. Véase; Vargas Crespo v. Soler
de la Rosa, ante.
En fin, la Ley para el Bienestar y Protección Integral
de la Niñez, ante, reconoce la facultad del Estado de
privarle, restringirle o suspenderle a los padres la patria
potestad o custodia sobre sus hijos. Reconoce,
específicamente, la facultad del Departamento de la
Familia de iniciar ante los tribunales los anteriores
procedimientos. Ahora bien, ciertamente, esta facultad debe
ejercerse de forma prudente y cuidadosa. Ello, porque los
menores de edad no son meras criaturas del Estado y debido CC-2004-1023 10
a que la relación entre padres e hijos está protegida
constitucionalmente y los padres, de ordinario, tienen
derecho a decidir sobre el cuido, la custodia y el control
de sus hijos. Rexach v. Ramírez Vélez res. el 15 de junio
de 2004, 2004 T.S.P.R. 97; citando a Pierce v. Society of
Sisters, 268 U.S. 510, 535 (1925); Wisconsin v. Yoder, 406
U.S. 205, 232 (1972); Stanley v. Illinois, 405 U.S. 645,
651 (1972); Quilloin v. Walcott, 434 U.S. 246, 255 (1978);
Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702, 720 (1997).
Ello no obstante, los derechos de los padres pueden
ser limitados en aras de proteger el interés apremiante del
Estado, consistente el mismo en el bienestar de los
menores. Véase: Rexach v. Ramírez Vélez, ante. En ese
sentido, hemos expresado que aun cuando el derecho de un
progenitor a tener consigo a sus hijos es uno de superior
jerarquía, el mismo tiene que ceder ante la facultad de
parens patriae del Estado de salvaguardar y proteger el
bienestar del menor. Véase: Pena v. Pena, res. el 15 de
junio de 2005, 2005 T.S.P.R. 84; Ortiz García v. Meléndez
Lugo, res. el 3 de marzo de 2005, 2005 TSPR 19.
En resumen, bajo la Ley para el Bienestar y Protección
Integra de la Niñez, ante, el Departamento de la Familia
ciertamente está facultado para solicitar que se prive de
la custodia de un menor a uno o ambos de sus progenitores o
cualquier otra persona que la ostente. De modo que el
procedimiento de privación de custodia presupone que los CC-2004-1023 11
progenitores, o la persona o personas de que se trate, en
efecto tengan la custodia del menor.
III
Debemos resolver si la disposición contenida en el
Artículo 107 del Código Civil, ante, hace obligatorio que
un tribunal conceda la custodia de un menor al cónyuge
sobreviviente de modo que sea necesario instar un
procedimiento para privarlo de ella. El referido Artículo
dispone que:
En todos los casos de divorcio los hijos menores serán puestos bajo el cuidado y la patria potestad del cónyuge que el Tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, considere que los mejores intereses y bienestar del menor quedarán mejor servidos; pero el otro cónyuge tendrá derecho a continuar las relaciones de familia con sus hijos, en la manera y extensión que acuerde el Tribunal al dictar sentencia de divorcio, según los casos.
El cónyuge que haya sido privado de la custodia y la patria potestad tendrá derecho a recobrarlas si acreditare ante cualquier sala competente del Tribunal Superior el fallecimiento del otro ex cónyuge o demostrase a satisfacción del tribunal que a los mejores intereses y bienestar de los menores conviene la referida recuperación de la custodia y la patria potestad. (. . .) (Énfasis nuestro)(citas omitidas).
La redacción original del mencionado Artículo disponía
que, en los casos de divorcio, la custodia y patria
potestad de los hijos menores se adjudicarían al cónyuge
inocente. Este Artículo fue enmendado por la Ley Núm. 100
de 2 de junio de 1976, a los fines de reconocer a
cualquiera de los padres la posible adjudicación de la CC-2004-1023 12
custodia y patria potestad de los hijos menores después del
divorcio. Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610 (1981).
En esencia, dicha Ley eliminó todo lo relacionado respecto
a la culpa de cualquiera de los cónyuges al momento de
adjudicar la patria potestad y custodia, y proclamó como
norma el bienestar del menor. Véase: Chévere v. Levis, 150
D.P.R. 525 (2000); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 D.P.R.
495, 508 (1978); Marrero Reyes v. García Ramírez, 105
D.P.R. 90, 104 (1976).
La Exposición de Motivos de la referida pieza
legislativa dispone la norma del mejor bienestar del menor
como guía a los tribunales al momento de la adjudicación de
la custodia y/o patria potestad del menor. A esos efectos
dispone que el menor tiene derecho a gozar de la vida más
saludable y satisfactoria posible luego del divorcio de sus
padres y a quedar lo menos afectado posible por el mismo.
“Esto sólo se logrará tomando la determinación sobre su
custodia y patria potestad en base a sus mejores intereses
y bienestar y no en base a cuál de sus padres fue decretado
“inocente”. Ibid.
El primer párrafo del citado Artículo 107 reconoce la
facultad de los tribunales de adjudicar la custodia de
menores, luego del divorcio de sus padres, a aquél que
entienda que mejor atenderá sus necesidades. El segundo
párrafo dispone que el cónyuge o padre que hubiere
“perdido” la custodia o patria potestad de los hijos luego
del divorcio, tendrá derecho a recobrarla si acredita ante CC-2004-1023 13
el tribunal el fallecimiento del otro ex cónyuge. Somos del
criterio que dicha disposición responde a la política
pública legislativa de que todo menor de edad siempre tenga
un hogar y personas que velen por su cuidado y bienestar
físico y emocional.
Ciertamente, el padre sobreviviente, quien tiene
vínculos de sangre y amor con dicho menor, puede ser la
persona más idónea para llevar a cabo dicha tarea.
Lamentablemente, por distintas circunstancias, eso no es
así en todos los casos. Por ello, en muchas ocasiones,
algunas ajenas a procedimientos de divorcio, los tribunales
se han visto en la necesidad de conceder la custodia de
menores a personas distintas de los padres cuando
consideran que éstos no están capacitados para brindar el
cuidado de sus hijos.
Ante estas circunstancias nos preguntamos: ¿debe
interpretarse el referido Artículo a los efectos que, con
únicamente acreditarse la muerte del ex cónyuge, el
tribunal debe adjudicar la custodia automáticamente al
cónyuge sobreviviente? Contestamos en la negativa.
En Ex parte Torres, 118 D.P.R. 469 (1987), señalamos
que el referido estatuto reiteraba e incorporaba la norma
judicial predicada en la máxima del poder de parens patriae
y, citando el caso de Rodríguez v. Gerena, 75 D.P.R. 900,
901-902 (1954) este Tribunal expresó que el Artículo 107
del Código Civil, ante, no destruía o restringía el poder
de los tribunales para adoptar las medidas necesarias en CC-2004-1023 14
cuanto a la custodia de los hijos menores de edad, con el
fin de lograr y proteger su bienestar y sus mejores
intereses.
Como vemos, la aplicación del referido Artículo está
subordinada a la responsabilidad del Estado de velar por
que, luego de la ruptura matrimonial, los menores de edad
permanezcan con la persona que mejor pueda cuidarlos. Esto
se desprende claramente del primer párrafo del Artículo
107, ante. Por ello, un tribunal no puede hacer una
aplicación automática del segundo párrafo del mismo, y
otorgar la custodia de un menor al ex cónyuge
sobreviviente, desligando dicha decisión de factores de
alta importancia.3
Es decir, la decisión de un tribunal, en torno a la
custodia de un menor, es una a la que se debe llegar luego
de realizar un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de
todas las circunstancias presentes en el caso ante su
consideración, teniendo como único y principal objetivo el
bienestar de los menores. Ortiz García v. Meléndez Lugo,
ante; Santana v. Osorio, 116 D.P.R. 298, 301 (1985). La
determinación de cuáles son los mejores intereses del menor
está enmarcada en el derecho que éste tiene a una correcta
formación física, moral y espiritual. Ortiz García v.
3 A modo de ejemplo, el propio Artículo 107, ante, dispone que en todos los casos de custodia y patria potestad se podrá considerar el historial de conducta previa de violencia doméstica de los progenitores. CC-2004-1023 15
Meléndez Lugo, ante; Nudelman v. Ferrer Bolívar, ante, a la
pág. 511.
Hemos establecido en el pasado, que para poder
determinar que un dictamen judicial, referente a la
custodia de un menor, redunde en el mayor bienestar del
menor es preciso examinar, entre otros, los siguientes
factores: la preferencia del menor, su sexo, edad y la
salud mental y física; el cariño que puede brindársele por
las partes en controversia; la habilidad de las partes para
satisfacer debidamente las necesidades afectivas, morales y
económicas del menor; el grado de ajuste del menor al
hogar, la escuela y la comunidad en que vive; la
interrelación del menor con las partes, sus hermanos y
otros miembros de la familia; y la salud psíquica de todas
las partes. Ortiz García v. Meléndez Lugo, ante; Marrero
Reyes v. García Ramírez, ante.
En fin el Artículo 107, ante, consagra el poder que
tienen los tribunales para hacer adjudicaciones de
custodia; dicho poder tiene su génesis en el ejercicio por
los tribunales del poder de parens patriae, el reconocido
poder del Estado de proteger a los incapaces. Este poder de
parens patriae limita los derechos de otras partes, a fin
de salvaguardar el bienestar de los menores. Véase: Ortiz
García v. Meléndez Lugo, ante. (Énfasis nuestro).
En otras palabras, el Artículo 107, ante, no
presupone, de ninguna forma, que ante la muerte de uno de
los ex cónyuges, la custodia de éste recaerá, CC-2004-1023 16
automáticamente y en ausencia de otras consideraciones, en
el ex cónyuge sobreviviente que así lo solicite. El
referido Artículo no puede interpretarse a los efectos que
la custodia de un menor será “transferida”,
automáticamente, al cónyuge sobreviviente sobrepasando la
obligación del tribunal de velar que dicha decisión sea la
que verdaderamente opera en beneficio del menor.
IV
En el presente caso, el tribunal apelativo intermedio
determinó que, ante la muerte de la madre de la menor,
Morales Martínez tenía un “derecho” de custodia sobre su
hija. Indicó, que para que la custodia pudiese ser
concedida a los tíos, el caso tenía que transformarse en
uno de privación de custodia instado bajo la Ley para el
Bienestar y Protección Integral de la Niñez, ante. Indicó
además, que de no iniciarse este procedimiento, la niña
debía ser puesta bajo la custodia de su padre. Erró al así
decidir.
En la sentencia de divorcio del Tribunal de Primera
Instancia éste concedió a las partes la patria potestad de
ambos hijos menores de edad de forma compartida. La
custodia sobre la menor en cuestión fue concedida
únicamente a la madre. De modo que, a la fecha de la
solicitud de custodia presentada por los hermanos de María
Rivera Aponte, Luis Morales Martínez era el padre con
patria potestad --pero sin ostentar la custodia-- sobre su CC-2004-1023 17
hija. Aun cuando --tal y como podía hacerlo-- Morales
Martínez solicitó la custodia de la menor al amparo del
Artículo 107, ante, esto no significaba que la misma
correspondía automáticamente a éste.
Resulta necesario enfatizar que en el presente caso,
por existir imputaciones de actos lascivos e impúdicos
contra el padre de la menor, y conforme a las
recomendaciones de la trabajadora social que atiende el
caso y los psiquiatras que han evaluado a la menor, las
hija quedaron suspendidas desde el 1998. Ante esta
situación, y tomando en cuenta el bienestar de la menor, el
foro primario refirió la petición de custodia presentada
por los tíos de ésta a la Oficina de Relaciones de Familia
para que investigara si éstos ofrecían un ambiente de
crianza saludable para la menor. El foro primario, en
protección de la menor, no confirió su custodia al padre. Y
es que, ante los hechos particulares del presente caso,
dicho foro no podía actuar de otra forma. Su actuación fue
una correcta.
En vista de que, repetimos, el Artículo 107 no
confiere automáticamente la custodia de la menor al padre,
por el hecho de la muerte de la madre, resolvemos que el
presente caso no tiene por qué convertirse en un
procedimiento de privación de custodia. En vista de ello,
resultaba innecesario que se instara un procedimiento de
privación de custodia al amparo de la Ley para el Bienestar CC-2004-1023 18
y Protección Integral de la Niñez, ante. ¿Para qué iniciar
un procedimiento de privación de custodia contra alguien
que no la tiene?
Por otro lado es menester aclarar, que el hecho que
Morales Martínez sea el padre con patria potestad sobre la
menor no implica que este tenga derecho a tener la custodia
sobre ésta. “No empece la relación constitutiva entre la
patria potestad y la custodia y la norma general que
establece que “aquél que ostente la patria potestad también
tiene la custodia”4 […], nuestro ordenamiento jurídico
provee para que en determinadas circunstancias pueda
separarse la custodia de la patria potestad con el fin de
garantizar el bienestar del menor.” Raúl Serrano Geyls,
Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada,
San Juan, Ed. Programa de Educación Jurídica Continua
Universidad Interamericana, 2002, Vol. II, págs. 1301-1308.
(citas omitidas).5
Además, analizada la Ley para el Bienestar y
Protección Integral de la Niñez, ante, no encontramos
disposición alguna que haga obligatoria la intervención del
Departamento de la Familia en el presente caso, o que sea a
4 Citando a Ex Parte Torres, ante. 5 “En el ordenamiento jurídico puertorriqueño podemos apreciar un proceso paulatino de desvinculación entre la patria potestad y la custodia. Este proceso ha sido impulsado por la introducción del criterio del bienestar del menor como norte en las determinaciones judiciales de custodia y por las reformas que ha sufrido la normativa sobre el divorcio en torno al concepto de la culpa y sus consecuencias.” Ibid, a la pág. 1308. (Énfasis nuestro). CC-2004-1023 19
través de dicha agencia que se tramite la petición de
custodia presentada por los tíos de la menor. En la
eventualidad que la Oficina de Relaciones de Familia rinda
un informe en el que favorezca la adjudicación de la
custodia a Carlos E. Rivera Aponte y Nydia Rivera Aponte,
el tribunal podría, conforme al mismo, hacer dicha
adjudicación. Ello, independientemente que Morales Martínez
sea el padre con patria potestad sobre la menor y sin que
se hubiera iniciado procedimiento alguno bajo la Ley para
el Bienestar y Protección Integral de la Niñez, ante. Erró
el foro apelativo al hacer una determinación contraria.
Por los fundamentos antes expuestos procede dictar
Sentencia revocatoria de la emitida en el presente caso por
el Tribunal de Apelaciones. Se instruye a la Oficina de
Relaciones de Familia a continuar evaluando el caso y a
emitir el correspondiente informe al Tribunal de Primera
Instancia sobre la petición de custodia presentada por
Carlos E. Rivera Aponte y Nydia Rivera Aponte, para que
este foro determine si procede concederles a éstos la
custodia legal de la menor, ello en protección del mejor
bienestar de la menor.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luis Antonio Morales Martínez CC-2004-1023 CERTIORARI Demandado
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones. Se instruye a la Oficina de Relaciones de Familia a continuar evaluando el caso y a emitir el correspondiente informe al Tribunal de Primera Instancia sobre la petición de custodia presentada por Carlos E. Rivera Aponte y Nydia Rivera Aponte, para que este foro determine si procede concederles a éstos la custodia legal de la menor, ello en protección del mejor bienestar de la menor.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre en el resultado sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo