Manuelr. («manny») Suarez Jiménez Y Otros v. Comisiónestatal De Elecciones Y Otros

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: November 30, 2004
• Docket: CT-2004-4
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Manuel R. (“Manny”) Suarez Jiménez y Otros

Peticionarios Certificación

v. 2004 TSPR 186

Comisión Estatal de Elecciones y 163 DPR ____ otros

Recurridos

Número del Caso: CT-2004-4

Fecha: 30 de diciembre de 2004 (Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Corrada del Río)NUNC PRO TUNC

Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San Juan

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. María Soledad Piñeiro

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Pedro Delgado Lcdo. Luis F. Estrella Martínez Lcdo. Gerardo de Jesús Annoni Lcdo. Juan Dalmau Lcdo. Thomas Rivera Schatz Lcdo. Pedro E. Ortiz Álvarez Lcda. Gina R. Méndez Miró Lcda. Johanna M. Emmanuelli Huertas Lcdo. José A. Carlo Rodríguez Lcdo. José E. Meléndez Ortiz, Jr. Lcdo. Alberto Rodríguez Ramos

Materia: Solicitud de Certificación de Recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. CT-2004-4 2

Manuel R. (“Manny”) Suárez Jiménez y Otros

Peticionarios

v. CT-2004-4 Certificación

Comisión Estatal de Elecciones y Otros

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR CORRADA DEL RÍO

(NUNC PRO TUNC)

San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de

2004.

La parte peticionaria comparece ante nos

mediante la presentación de un recurso de

Certificación. Considerado dicho recurso, la

mayoría ha procedido a entrar en los méritos

del mismo a pesar de que no están presentes

los requisitos que, según la ley, han de ser

satisfechos para que tal recurso proceda. Por

las razones que expondremos a continuación,

disentimos de la Opinión emitida por la

mayoría de este Tribunal.

Resulta útil esbozar, en apretada

síntesis, el trasfondo procesal que ha

precedido el recurso ante nuestra

consideración. El Comisionado electoral del

Partido Nuevo Progresista (P.N.P.) impugnó la CT-2004-4 3

validez de ciertos votos (conocidos comúnmente como

“pivazos”) ante la Comisión Estatal de Elecciones

(C.E.E.), organismo que ostenta jurisdicción primaria para

atender y adjudicar asuntos sobre materia electoral. La

Comisión adjudicó la controversia ante sí, determinando

que un voto bajo la insignia del Partido Independentista

Puertorriqueño (P.I.P.) y votos por el candidato a

gobernador, así como el candidato a Comisionado Residente

del Partido Popular Democrático (P.P.D.) en la papeleta

estatal, constituía un voto mixto válido y que como tal,

procedía ser contabilizado.

Sobre ese mismo asunto, los peticionarios ante nos

acudieron ante el Tribunal de Primera Instancia (T.P.I.)

solicitando, entre otras cosas, que se emitiera una

sentencia declaratoria a los efectos de que el voto mixto

bajo la insignia del P.I.P. y los candidatos del P.P.D.

Aníbal Acevedo Vilá y Roberto Prats, son válidos. Ante

dicha solicitud, el T.P.I. determinó que el pleito no era

uno justiciable, toda vez que el 12 de noviembre de 2004

el presidente de la CEE determinó que las papeletas en

controversia constituían un voto mixto válido y que

procedía que se adjudicaran como tal. Determinó el

tribunal de instancia que de entrar a discutir los méritos

del caso, estaría emitiendo una opinión consultiva. A

tono con lo anterior, el T.P.I. se negó a interceder en el

recurso por las razones que ya hemos expuesto. Por lo

cual, el resultado neto de tal determinación fue mantener

en efecto la Resolución emitida por la C.E.E.. CT-2004-4 4

Inconforme con dicho dictamen, el 18 de noviembre de

2004, la parte peticionaria presentó ante nos recurso de

certificación, mediante el cual solicitó que se emita

sentencia declaratoria reiterando que los llamados

“pivazos” son votos mixtos válidos y que deben ser

adjudicados durante el escrutinio general.

Posteriormente, la mayoría concedió a las partes

recurridas hasta el medio día del 20 de noviembre de

noviembre para que se expresaran. Así las cosas, a las

11:48 de la mañana del día 20 de noviembre de 2004, se

presentó una notificación de traslado (“Notice of

Removal”) al amparo de la sección 1146(d) del Título 28 de

U.S.C.. No obstante lo anterior, y en abierta

contravención al referido estatuto federal, en horas de la

noche del sábado, 20 de noviembre de 2004, la mayoría de

este Tribunal expidió el auto de certificación y resolvió

que los referidos votos ante su consideración eran válidos

y deberían adjudicarse como tal.

De entrada, es menester expresar que discrepamos y

consideramos errados los pronunciamientos esbozados por la

mayoría al resolver la controversia en sus méritos. No

obstante, no procede expresar nuestro criterio al respecto

en esta etapa debido a que precisamente constituiría una

opinión consultiva, curso proscrito por nuestro

ordenamiento jurídico. Por otra parte, el Tribunal llega

a unas conclusiones sobre el alegado voto mixto (los

llamados “pivazos”) sin que ante nos exista un récord con

prueba adecuada sobre esta materia para aplicar el

derecho, ni para examinar serias cuestiones legales y CT-2004-4 5

constitucionales implicadas en este asunto. En todo caso,

un curso más apropiado hubiera sido devolver el caso al

Tribunal de Instancia para que celebre las vistas

correspondientes que le permitan formular las conclusiones

de hecho y de derecho pertinentes.

Disentimos de la Opinión de la mayoría de este

Tribunal por entender que no estamos ante un caso o

controversia justiciable. Uno de los principios básicos de

nuestro derecho constitucional expone que para que un

Tribunal pueda adjudicar un asunto, la controversia

ventilada ante su consideración debe tratarse de una

justiciable. A esos fines, hemos establecido

reiteradamente que “los tribunales debemos ser celosos

guardianes de nuestra jurisdicción, estando obligados,

incluso, a considerar dicho asunto motu proprio”. Sánchez

v. Secretario de Justicia, Res. el 28 de junio de 2002,

2002 T.S.P.R. 98. Nuestra autoridad para analizar aspectos

relacionados con la justiciabilidad de los pleitos, si

ficticios, académicos o colusorios, deriva “del elemental

principio de que los tribunales existen únicamente para

resolver controversias genuinas surgidas entre partes

opuestas que tienen un interés real de obtener un remedio

que haya de afectar sus relaciones jurídicas”. ELA v.

Aguayo, 80 D.P.R. 552; Hernández Torres v. Gobernador, 129

D.P.R. 824; Sánchez v. Secretario de Justicia, supra.

Hemos establecido además, que “esta limitación al Poder

Judicial, que emerge de la constitución y/o la

jurisprudencia, nace de una doble realidad: en que los

tribunales sólo pueden decidir controversias dentro de un CT-2004-4 6

contexto adversativo, capaz de resolver por medio de un

proceso judicial; y de la división tripartita de Gobierno

republicano, que asegura que la rama judicial no

intervendrá en áreas sometidas al criterio de otros

poderes de gobierno”. Sánchez v. Secretario de Justicia,

supra; Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1995).

La jurisprudencia reitera que “un asunto no es

justiciable, cuando: se trata de resolver una cuestión

política; cuando una de las partes no tiene capacidad

jurídica para promover el pleito; cuando después de

comenzado el pleito, hechos posteriores lo convierten en

académico; cuando las partes buscan obtener una ‘opinión

consultiva’, cuando se promueve un pleito que no está

maduro”. Noriega v. Hernández Colón, supra.

Más aún, en Ortiz v. Panel F.E.I., establecimos que:

El concepto de opinión consultiva, que es de estirpe constitucional, se define como la ponencia legal emitida por un tribunal cuando no tiene ante sí un caso o una controversia justiciable, y cuyo resultado, por tanto, no es obligatorio. Black's Law Dictionary, pág. 1119 (7ma edición 1999). La doctrina de opinión consultiva es integral al concepto constitucional de ‘justiciabilidad’ que rige en nuestra jurisdicción, el cual establece como requisito la existencia de un caso o controversia real para el ejercicio válido del poder judicial.

La doctrina de opinión consultiva intenta evitar que se produzcan decisiones en el vacío, en el abstracto, o bajo hipótesis de índole especulativa ya que no es función de los tribunales actuar como asesores o consejeros. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 721 (1980); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 558-560 (1958). En fin, a los tribunales les está vedado emitir opiniones consultivas sujetas a CT-2004-4 7

revisión e interpretación por las otras ramas de gobierno. R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Vol. I, pág. 116 (1986). Ortiz Rivera v. Panel F. E. I., Res. del 8 de octubre de 2001, 2001 T.S.P.R. 134.

Nos reafirmamos, como lo establecimos anteriormente

en Sánchez v. Secretario de Justicia, supra, en que

“[a]partarnos de esta norma, firmemente desarrollada y

férreamente arraigada en nuestra jurisprudencia, es caer

irremediablemente en pronunciamientos abstractos,

especulativos, y consultivos”.

De otra parte, la sentencia declaratoria, remedio

solicitado por la parte compareciente, ha sido definida

como “un mecanismo remedial y profiláctico que permite

anticipar la dilucidación de los méritos de cualquier

reclamación ante los tribunales, siempre y cuando exista

un peligro potencial contra el promovente”. Charana v.

Pueblo, 109 D.P.R. 641, 653 (1980). Añadimos además en

Moscoso v. Rivera, 76 D.P.R. 481 (1954), que “el ejercicio

de esa facultad no es ilimitado y conlleva el uso de una

balanceada discreción del Tribunal dentro de ciertas

fronteras, contornos y postulados jurídicos”. Ante esto,

debemos recordar que tan recientemente como en el año

2002, fuimos sumamente enfáticos en establecer que “la

legitimación activa de quien pretende utilizar dicho

mecanismo [sentencia declaratoria] se rige por los mismos

parámetros y normas de la doctrina de legitimación activa:

la existencia de un creíble daño real no imaginario o

hipotético. No es meritorio poner en marcha la maquinaria

judicial en busca de un remedio cuando no existe tal CT-2004-4 8

daño”. Sánchez v. Secretario de Justicia, supra. De manera

que, para que el Tribunal pueda emitir una sentencia

declaratoria es menester aplicar la doctrina de

legitimación activa. Ésta establece que “[e]l promovente

de una acción debe demostrar que: (1) ha sufrido un daño

claro y palpable; (2) el referido daño es real, inmediato

y preciso y no abstracto o hipotético; (3) existe conexión

entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y

(4) la causa de acción surge bajo el palio de la

Constitución o de una ley”. Col. Peritos Elec. v. A.E.E.,

150 D.P.R. 327, 331. Según lo anterior, para ostentar

legitimación activa, no basta con satisfacer algunos de

estos requisitos, sino que por el contrario, es necesario

cumplir con todos ellos.

En ese mismo caso, Sánchez v. Secretario de Justicia,

supra, citamos con aprobación a Steffel v. Thompson, 415

U.S. 452, (1973), donde el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos determinó que “es esencial establecer una

controversia justiciable bajo la ley de sentencias

declaratorias”. La manera particularmente laxa en que la

mayoría aplica el mecanismo de la sentencia declaratoria

en el caso ante nuestra consideración, contrasta

drásticamente de la posición que con tanta firmeza

asumimos en Sánchez v. Secretario de Justicia, supra. Esto

sin duda crea una crasa inconsistencia en las Opiniones

emitidas por este Tribunal, y creará confusión ante la

comunidad jurídica de nuestro país, pues adolece de falta

de claridad y uniformidad en la aplicación de dicho

mecanismo. Ante este precedente establecido por la CT-2004-4 9

mayoría, será tarea difícil para los abogados del país

determinar qué recursos pueden ser objeto de la aplicación

del mecanismo de la sentencia declaratoria, pues sin duda,

luego de la determinación en este caso, los criterios para

la aplicación de dicho mecanismo han sido distorsionados.

Ante lo requerido por la doctrina antes expuesta,

forzoso es concluir que la parte que comparece ante nos,

no satisface los requisitos necesarios para adquirir

legitimación activa. Dado que el organismo con

jurisdicción primaria para intervenir en el asunto,

adjudicó la controversia a favor de la parte que hoy

comparece ante nos, no logramos entender cuál es el daño

sufrido por la peticionaria. Ausente un fallo en su

contra, tampoco podemos atisbar a base de qué, éstos

pudieran reclamar legitimación activa.

Resulta extraño e inusitado que este Tribunal resuelva

un asunto tan trascendental sin un récord en el Tribunal

de Instancia y a pesar de que la C.E.E. resolvió el asunto

favorablemente a los peticionarios. Este es otro ejemplo

de un activismo judicial que hace daño a nuestra forma

democrática de vida.

No obstante lo anterior, nos reiteramos en que este

Tribunal carece de jurisdicción para considerar este caso

en esta etapa. Disentimos de la interpretación y

aplicación que hace la mayoría de este Tribunal en lo

relacionado al mecanismo de traslado [removal] radicado

ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de

Puerto Rico. En lo pertinente al asunto ante nuestra CT-2004-4 10

consideración, el estatuto federal que regula dicho

mecanismo establece lo siguiente:

(d) Promptly after the filing of such notice of removal of a civil action the defendant or defendants shall give written notice thereof to all adverse parties and shall file a copy of the notice with the clerk of such State court, which shall effect the removal and the State court shall proceed no further unless and until the case is remanded.

El citado estatuto es sumamente claro en establecer

que una vez radicada la solicitud de traslado [removal]

ante el Tribunal Federal, y se notifica oportunamente al

Tribunal Estatal con copia de la misma, opera una

paralización automática de los procedimientos ante el

Tribunal Estatal. La jurisprudencia federal ha ido más

allá al establecer que cualquier acción tomada con

posterioridad a esta paralización, que repetimos es

automática, será nula. Así lo ha dispuesto el Tribunal

Supremo de Estados Unidos en National S.S. Co. v. Tugman y

su progenie:

Upon the filing, therefore, of the petition and bond,--the suit being removable under the statute,--the jurisdiction of the state court absolutely ceased, and that of the circuit court of the United States immediately attached. The duty of the state court was to proceed no further in the cause. Every order thereafter made in that court was coram non judice [before one who is not a proper judge], unless its jurisdiction was actually restored. (Énfasis suplido.) 1 S.Ct. 58, 59-60. Véase además, Great Northern Ry. Co. v. Galbreath Cattle Co. 46 S.Ct. 439, 440.

Más aún, además de reiterar lo anterior, el Tribunal

de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito

ha precisado que los tribunales estatales no se pueden CT-2004-4 11

abrogar la potestad de pasar juicio sobre la validez o

corrección de las solicitudes de traslado ya que éstas

tienen el efecto automático de paralizar los procesos en

el foro estatal:

“In addition, removal under 28 U.S.C. § 1446(e) is automatically "effect[ed]" when the removal petition is filed, bond is posted, notice is sent to adverse parties, and a copy of the petition is sent to the clerk of the relevant state court. Removal thus occurs without any action by the district court. Second, section 1446(e) automatically stays state proceedings when removal is effected, again without the action by the district court:

‘Promptly after the filing of [the] petition for the removal of a civil action and bond the defendant ... shall give written notice thereof to all adverse parties and shall file a copy of the petition with the clerk of such State court which shall effect the removal and the State court shall proceed not further unless and until the case is remanded.’ (Emphasis added.)

Insofar as the district court's order referred to removal and a stay of local proceedings, it was essentially declaratory of the statute, merely repeating what the statute itself had already automatically effected.

Finally, the statute has been held to render post-removal proceedings in state court in the removed case void ab initio. E.D. Systems Corp. v. Southwestern Bell Telephone, 674 F.2d 453, 458 (5th Cir.1982); Arango v. Guzman Travel Advisers Corp., 621 F.2d 1371, 1374, 1375 (5th Cir.1980); 1A J. Moore, Moore's Federal Practice ¶ 0.168[3.-8--4] at 632 & n. 10. The district court's order thus deprived Polyplastics of nothing, because any action taken by the Puerto Rico court after removal was effected was a nullity anyway, with or without the order against further proceedings.” (Énfasis suplido.) Polyplastics, Inc. CT-2004-4 12

v. Transconex, Inc. 713 F.2d 875, 880. (1er Cir. 1983).

Soslayando dicha jurisprudencia reiterada, la mayoría

certificó su Opinión luego de efectuarse la presentación

de la solicitud de traslado [removal] ante el Tribunal de

Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico y luego

de que ésta hubiera sido notificada a este Tribunal. Es

decir, la mayoría actuó, emitiendo y certificando su

Opinión, ya estando en efecto la paralización automática

que establece el mencionado estatuto. De esa manera, su

actuación constituye una clara violación a lo establecido

en el estatuto federal.

Algunos sostienen que la razón por la que no aplica

la paralización según establecido en 28 U.S.C. 1446(d), es

porque la solicitud de traslado [removal] radicada ante el

Tribunal de Distrito Federal no había sido radicada por

todas las partes, y que esto era necesario para que el

mismo fuera válido.

A tenor con el requisito de unanimidad o “Rule of

Unanimity”, generalmente todos los demandados deben

consentir o ser incluidos como parte en la petición de

traslado. Se ha establecido reiteradamente que “in cases

involving multiple defendants, all defendants who have

been served must join or assent in the removal petition”.

Véase Montana v. Abbot Labs., 266 F.Supp.2d 250, 260

(D.Mass.2003) citando Lapides v. Board of Regents of the

Univ. Sys. of Ga., 535 U.S. 613, 620, 122 S.Ct. 1640, 152

L.Ed.2d 806 (2002)).

No obstante, se han reconocido excepciones a esta

norma. El consentimiento de todos los demandados no es CT-2004-4 13

requerido cuando exista un reclamo separado e

independiente contra uno o más de los demandados y cuando

un examen de los intereses reales de un demandado revelan

una acumulación indebida de las partes, como ocurre en el

caso de marras donde los intereses del Comisionado

electoral del P.N.P. son distintos e independientes a los

de todos los demás demandados.1 Véase 28 U.S.C. §1441(c),

véase además, Still v. DeBuono, 927 F. Supp. 125, 129-130.

De esa manera, lo que hizo la mayoría de este

Tribunal fue adjudicar sobre la validez de un recurso

presentado ante otro tribunal, de distinta jurisdicción,

como lo es el Tribunal de Distrito Federal para el

Distrito de Puerto Rico. Sin duda, quien está llamado a

adjudicar la validez de una solicitud de traslado

[removal] presentada ante ellos, es el propio Tribunal

Federal ante quien la solicitud fue presentada. La razón

de la paralización que ocasiona la notificación de la

solicitud de traslado [removal] es precisamente esa, pasar

juicio sobre la validez del recurso y determinar cual será

finalmente el organismo con jurisdicción para atender la

controversia. Por ello, este Tribunal carece de

jurisdicción para entender en esta etapa en este caso.

BALTASAR CORRADA DEL RÍO JUEZ ASOCIADO

1 Los demás demandados son: la Comisión Estatal de Elecciones; el Presidente de esa Comisión, Aurelio Gracia; el Comisionado Electoral del P.I.P., y; el Comisionado Electoral del P.P.D. Todos estos demandados favorecen que se adjudiquen los votos en controversia a favor del Lcdo. Aníbal Acevedo Vilá, y el Lcdo. Roberto Prats respectivamente, contrario al reclamo del P.N.P. que es a los efectos de que estos votos se declaren nulos.