EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
M-Care Compounding Pharmacy / M- Care Medical Supply, Inc.
Island Infusion Pharmacy, Inc.
SPS Speciality Pharmacy Services, Inc.
Vision Infusion Services, Inc.
Optima Infusion Pharmacy, Inc. Certiorari Special Care Pharmacy Services, Inc. 2012 TSPR 116
Peticionarios 186 DPR ____
v.
Departamento de Salud p/c Hon. Lorenzo González Feliciano
Agencia-Recurrida
Asociación de Enfermería Visitante Gregoria Auffant, Inc.
Recurridos
Número del Caso: CC-2011-927 cons. CC-2011-845
Fecha: 11 de julio de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
CC-2011-927
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Charles A. Rodríguez Colón Lcdo. Nelson Robles Díaz
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Germán J. Brau CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 2
CC-2011-845
Lcdo. Germán J. Brau
Materia: Procedimientos Apelativos – Presentación conjunta del recurso para revisar resoluciones administrativas; pago de derechos; consolidación de casos
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
M-Care Compounding Pharmacy / M-Care Medical Supply, Inc.
Optima Infusion Pharmacy, Inc. CC-2011-927 Certiorari
Special Care Pharmacy Cons. Services, Inc. CC-2011-845 Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de julio de 2012.
En esta ocasión nos corresponde determinar si
procede la presentación de varios recursos de revisión en
conjunto, para revisar resoluciones administrativas
distintas y, además, pagar un solo arancel. Por
considerar que los recursos de revisión se debieron CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 2
presentar por separado y con la cancelación de los
respectivos aranceles, contestamos en la negativa. Una
vez presentados los recursos, el Tribunal de Apelaciones
podía motu proprio o a solicitud de parte ordenar la
consolidación de estos.
I.
La controversia en los casos de autos está centrada
en el aspecto procesal, por ende, nos limitaremos a
exponer los hechos incontrovertidos y pertinentes a dicho
aspecto.
A. Caso CC-2011-845
El 8 de abril de 2011 el Departamento de Salud
emitió dos resoluciones como resultado de dos
procedimientos administrativos separados, en los que
varias farmacias solicitaron Certificados de Necesidad y
Conveniencia (CNC) para la operación de servicios de
infusión. A través de las referidas resoluciones, el
Departamento de Salud otorgó los CNC a seis farmacias
para establecer programas de salud en el hogar en el
noreste de Puerto Rico. Las seis farmacias son: M-Care
Compounding Pharmacy/M-Care Medical Supply, Inc., Island
Infusion Pharmacy, Inc., SPS Specialty Pharmacy Services,
Inc., Vision Infusion Services, Inc., Optima Infusion
Pharmacy, Inc. y Special Care Pharmacy Services, Inc.
El 29 de abril de 2011 la parte opositora a la
concesión de los mencionados CNC, Best Option Healthcare
Puerto Rico (Best Option), presentó una solicitud de CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 3
reconsideración ante el Secretario del Departamento de
Salud para cada una de las dos resoluciones recurridas.
Sin embargo, el 8 de agosto de 2011 el Secretario denegó
ambas solicitudes de reconsideración, notificado el 10 de
agosto del mismo año.
La Asociación de Enfermería Visitante Gregoria
Auffant, Inc. (Asociación) y el Programa de Servicios de
Salud en el Hogar Géminis (Géminis), quienes alegan ser
partes afectadas por estar localizadas en la misma área
de las farmacias a las que se le otorgaron los CNC,
presentaron el 23 de agosto de 2011 un recurso en
conjunto ante el Tribunal de Apelaciones para revisar las
dos resoluciones del Departamento de Salud. En ese
escrito, la Asociación y Géminis (las apelantes)
solicitaron al foro apelativo intermedio que aceptara la
referida solicitud en conjunto, pues la presentación
separada de los recursos “sería en extremo onerosa” para
ellas.1 Alegaron que el Reglamento del Tribunal de
Apelaciones no requiere que se solicite permiso para la
presentación conjunta de recursos. Por otro lado, aunque
la Asociación y Géminis señalaron haber acompañado junto
a la moción el arancel adicional que correspondería si
“cada controversia cancelara un arancel separado”, no
surge del expediente evidencia del pago de aranceles
adicionales.2
1 Apéndice del Recurso de certiorari, pág.19. 2 Íd. CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 4
Por su parte, Optima Infusion Pharmacy, Inc.
(Optima) y Vision Infusion Services, Inc. (Vision) se
opusieron a la Solicitud de Revisión de la Asociación y
Géminis, ya que alegaron que éstas consolidaron motu
proprio la revisión de dos resoluciones distintas en un
solo recurso sin cumplir con lo dispuesto en la Regla
38.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V y la Regla
80.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4
L.P.R.A. Ap. XXII-B. Además, argumentaron que la
Asociación y Géminis no cumplieron con la cancelación de
la totalidad de los aranceles requeridos para la
presentación del recurso de revisión. Ello, debido a que
en vista de que la Asociación y Géminis debieron
presentar dos recursos de revisión por separado -uno por
cada resolución administrativa- estas venían obligadas a
cancelar aranceles por cada uno. En ese caso, la
Asociación y Géminis pagaron por la presentación de un
solo recurso. Por consiguiente, Optima y Vision
solicitaron al Tribunal de Apelaciones que desestimara la
Solicitud de Revisión de la Asociación y Géminis por
falta de jurisdicción, ya que era improcedente la
presentación de los recursos de forma conjunta.
Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones emitió una
Resolución el 28 de septiembre de 2011 en la que denegó
la solicitud de desestimación de Optima y Vision. El foro
apelativo intermedio fundamentó su determinación en la
Regla 38.1 de Procedimiento Civil, supra, y en las Reglas CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 5
17 y 80.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,
supra. Ese foro concluyó que en su recurso de revisión la
Asociación y Géminis propusieron implícitamente la
consolidación de las dos determinaciones administrativas
cuestionadas. Además, señaló que esas dos resoluciones
versan esencialmente sobre la misma controversia, es
decir, “si las entidades solicitantes cumplieron cada una
con los requisitos estatutarios y reglamentarios
establecidos para la concesión de un CNC”.3 Dicho foro,
también indicó que el lenguaje dispositivo en ambas
resoluciones es esencialmente el mismo. De igual manera,
el Tribunal de Apelaciones mencionó que en la Solicitud
de Revisión presentada por la Asociación y Géminis se
consignó como aplicable a todas las solicitudes de
concesión de los CNC los mismos señalamientos de error.4
Así, pues, el Tribunal de Apelaciones autorizó la
consolidación de las dos resoluciones administrativas
cuestionadas por entenderlo conveniente para la economía
procesal. Al concluir de esta manera, el foro apelativo
intermedio no entró a discutir la controversia de la
falta de pago de aranceles.
Inconformes con la determinación del Tribunal de
Apelaciones, el 19 de octubre de 2011 Optima y Vision
presentaron una Petición de certiorari ante este
Tribunal. En la referida Petición nos solicitan que
revoquemos la Resolución que emitió el Tribunal de 3 Íd., pág. 7. 4 Íd., pág. 9. CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 6
Apelaciones el 28 de septiembre de 2011 y desestimemos la
Solicitud de Revisión que presentaron la Asociación y
Géminis. Señalaron como error que dicho foro permitió a
la Asociación y a Géminis presentar una sola solicitud de
revisión al consolidar motu proprio la revisión
administrativa de dos resoluciones del Departamento de
Salud. Además, indicaron que erró el Tribunal de
Apelaciones al no atender el planteamiento de Optima y
Vision respecto al incumplimiento con el pago de
aranceles requeridos por Ley. Optima y Vision argumentan
que lo anterior tiene como consecuencia que la
presentación del recurso de revisión de las recurridas se
hiciera fuera del término jurisdiccional.
Ese mismo día, Optima y Vision comparecieron ante
este Tribunal mediante moción en auxilio de jurisdicción,
para que se paralizaran los procedimientos en el Tribunal
de Apelaciones hasta tanto este Tribunal adjudicara la
Petición de certiorari. El 26 de octubre de 2011 emitimos
una Resolución, en auxilio de nuestra jurisdicción, en la
que ordenamos la paralización de los procedimientos ante
el Tribunal de Apelaciones. Además, le concedimos a la
Asociación y Géminis un término de veinte (20) días para
que comparecieran y mostraran causa por la cual no
debíamos revocar la Resolución dictada por el Tribunal de
Apelaciones. El 2 de noviembre de 2011, la Asociación y
Géminis presentaron su escrito en cumplimiento de nuestra
orden. CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 7
B. Caso CC-2011-0927
En la misma fecha en que se emitieron las primeras
resoluciones, el Departamento de Salud emitió otras
cuatro resoluciones adicionales en las que concedió, en
cuatro procedimientos separados, doce CNC para la
operación de servicios de infusión en el hogar a otras
farmacias. Nuevamente, la Asociación presentó ante el
Tribunal de Apelaciones un solo escrito, pero esta vez
para revisar esas cuatro resoluciones.
En esa ocasión, las farmacias: SPS Specialty
Pharmacy Services, Inc. (SPS), Vision Infusion Services,
Inc. (Vision), Optima Infusion Pharmacy, Inc. (Optima) y
Island Infusion Pharmacy, Inc. (Island) solicitaron
también, cada una por separado, la desestimación del
recurso de revisión presentado por la Asociación por no
haberse perfeccionado conforme a derecho dentro del
término jurisdiccional establecido en ley. Ellos alegaron
que en un solo recurso no se pueden revisar cuatro
resoluciones dictadas por el foro administrativo, en
cuatro procedimientos distintos que no fueron
consolidados por la agencia, sin obtener la autorización
previa del tribunal. Además, argumentaron que no se
cumplían los requisitos para la consolidación y que la
Asociación no cumplió con el pago de los aranceles
correspondientes al momento de la presentación.
Las farmacias señalaron que la Asociación tenía que
presentar los recursos por separado y después solicitar CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 8
al tribunal la consolidación. Se ampararon en que la
Regla 80.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones no
permite a las partes la consolidación de los casos sin la
previa autorización del tribunal. Además, expresaron que
en la presentación de la solicitud de revisión únicamente
se cancelaron los aranceles correspondientes a un solo
recurso, que la Asociación estaba obligada al pago de
aranceles por cada resolución, y que dicha insuficiencia
privaba al Tribunal de Apelaciones de jurisdicción para
atender el recurso.
El mismo panel del Tribunal de Apelaciones que
emitió la resolución del caso CC-2011-845 emitió una
Resolución el 18 de octubre de 2011, en la que declaró no
ha lugar las mociones de desestimación presentadas por
las farmacias: SPS, Vision, Optima y Island. El Tribunal
de Apelaciones fundamentó su determinación en los casos
de Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez,5 en Vives
Vázquez v. ELA,6 y en la Regla 80.1 del Reglamento del
Tribunal de Apelaciones.7 Señaló que “[p]ara que prospere
la consolidación se exige que los casos presenten
cuestiones comunes de hechos o derecho, y que estos estén
pendientes ante el tribunal. Nuestro sistema judicial
unificado solo requiere que los casos a consolidarse se
5 176 D.P.R. 408 (2009). 6 142 D.P.R. 117 (1996). 7 4 L.P.R.A. Ap. XII-B. CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 9
hayan presentado y su trámite esté pendiente ante alguna
de las salas del Tribunal de Primera Instancia.”8
El foro apelativo intermedio indicó además que la
finalidad de la consolidación es evitar la proliferación
de acciones, lograr la economía procesal y evitar la
indeseable probabilidad de que surjan fallos
incompatibles relacionados con un mismo incidente. De
igual forma, concluyó que se cumplieron todos los fines y
requisitos para la consolidación, ya que todos los casos
presentaban cuestiones comunes de hechos y de derecho.
Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones entendió
que al resolver la procedencia de la consolidación era
innecesario atender el planteamiento de que la Asociación
y Géminis incumplieron con el pago de la totalidad de los
aranceles establecidos por ley para la presentación del
recurso. Sin embargo, expresó que aunque esta tuviera que
pagar aranceles por cada una de las resoluciones
recurridas, esa diferencia no ocasiona ipso facto la
nulidad del recurso.
Inconformes con esa determinación, las farmacias
Tribunal. En su petición, estas solicitaron que
revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de
Apelaciones el 18 de octubre de 2011 y desestimemos en su
totalidad la Solicitud de Revisión presentada por la
Asociación ante el foro apelativo intermedio. Estas
8 Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 9. CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 10
alegaron que erró el Tribunal de Apelaciones al permitir
que la Asociación presentara una Solicitud de Revisión,
consolidando motu proprio los recursos de Revisión
Administrativa de cuatro resoluciones del Departamento de
Salud relacionadas con la otorgación de doce solicitudes
de CNC diferentes y de dos regiones de Salud distintas.
Señalan que de esa manera le permitieron erróneamente
acceso a la jurisdicción del Tribunal. Además, señalaron
que erró el foro apelativo al no atender el planteamiento
de las farmacias sobre el incumplimiento de la Asociación
con el pago de aranceles requeridos por ley, lo que tuvo
como consecuencia la presentación de su Recurso fuera del
término jurisdiccional.
Examinada la Petición de Certiorari presentada por
las farmacias, el 21 de noviembre emitimos una Resolución
ordenando la consolidación del presente caso CC-2011-927
con el caso CC-2011-845. Además, le concedimos a la
Asociación y a Géminis un término de 20 días para que
comparecieran y mostraran causa por la cual no se deba
revocar la Resolución dictada por el Tribunal de
Apelaciones.
En respuesta, la Asociación presentó un escrito
titulado Moción en reacción a orden de consolidación en
el cual nos solicita que deneguemos el recurso presentado
por la parte opositora. Esta alegó que permitir a las
partes, en situaciones apropiadas, presentar sus
apelaciones de forma conjunta produce un ahorro en los CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 11
costos de litigio y que el extender el mecanismo de
apelaciones conjuntas a las revisiones administrativas no
conlleva perjuicio para el Tribunal de Apelaciones. Luego
de evaluar los planteamientos de ambas partes, expedimos
y procedemos a resolver.
II.
A. Recursos conjuntos y consolidaciones.
El Reglamento del Tribunal de Apelaciones está
dirigido, entre otras cosas, a ofrecer un acceso fácil,
económico y efectivo al tribunal y a promover la
efectiva, rápida y uniforme adjudicación de los casos.9 Es
por eso que dicho reglamento provee mecanismos que
facilitan la solución de controversias como lo son las
apelaciones conjuntas y la consolidación de apelaciones,
así como de los recursos sobre sentencias, órdenes o
resoluciones.
Respecto a las apelaciones conjuntas y
consolidaciones en casos civiles,10 la Regla 17 del
Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap.
XII B, dispone lo siguiente:
Si dos o más personas tuvieren derecho a apelar una sentencia y sus derechos fueren tales que la acumulación fuere factible, podrán presentar un escrito de apelación conjunto y
9 Regla 2, Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 10 Además, la Regla 25 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, Íd., dispone respecto a casos criminales que: Si dos o más personas tuvieren derecho a apelar una sentencia y sus derechos fueran tales que la acumulación fuere factible, podrán presentar un escrito de apelación conjunto y podrán comparecer subsiguientemente como una sola parte apelante. Las apelaciones de una sentencia podrán ser consolidadas por orden del Tribunal de Apelaciones expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte. CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 12
podrán comparecer subsiguientemente como una sola parte apelante. Las apelaciones de una sentencia podrán ser consolidadas por orden del Tribunal de Apelaciones, expedida por iniciativa propia, a solicitud de parte o por estipulación de quienes sean partes en distintas apelaciones.
La Regla 17 presenta dos mecanismos disponibles en
los casos civiles: la presentación de apelaciones
conjuntas y la consolidación de apelaciones. Las
apelaciones conjuntas requieren el cumplimiento de tres
requisitos esenciales: (1) que hayan dos o más personas
que tengan derecho a apelar; (2) lo que se pretende
apelar es una misma sentencia; y (3) que la acumulación
procedería de acuerdo a los derechos de las partes.
Respecto al primer requisito, cada una de las personas
que estén interesadas en presentar una apelación conjunta
tiene que poseer el derecho a apelar individualmente. El
segundo requisito requiere que el derecho a la apelación
surja de una misma sentencia. No permite a las partes
acumular en un recurso, las apelaciones de más de un
dictamen. Y finalmente, el tercer requisito establece que
las partes tienen que poseer derechos acumulables. Es
decir, sus posiciones no pueden colocarlas en posturas
antagónicas o incompatibles entre ellas mismas. Una vez
se cumple con lo establecido en la Regla 17, entonces,
las personas interesadas podrán someter un solo escrito
de apelación y comparecer como la parte apelante.
Lo fundamental en el proceso de apelaciones
conjuntas reside en que no está supeditado a la CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 13
autorización del tribunal. Por ende, al ser una acción
sujeta a la sola voluntad de las partes, se limita a la
observancia estricta de los tres criterios mencionados.
Ello, promueve el acceso al foro apelativo y hace menos
oneroso el proceso. Además, con el cumplimiento de los
tres criterios el tribunal tiene la garantía de que con
la apelación conjunta se atiendan controversias sobre una
misma sentencia y derechos e intereses acumulables.
Por su parte, el mecanismo de consolidación
requiere: 1) que se hayan presentado dos o más
apelaciones sobre una sentencia, y 2) que el Tribunal de
Apelaciones emita una orden al respecto. La Regla 17
establece, además, que dicha orden puede expedirse: a
iniciativa del Tribunal, cuando alguna de las partes lo
solicita, o si así lo estipulan aquellos que sean partes
en las distintas apelaciones. Contrario a las apelaciones
conjuntas, la consolidación requiere la autorización del
tribunal. Es el tribunal el que determinará si la
consolidación procede.
Respecto al mecanismo de consolidación, hemos
expresado anteriormente que un tribunal debe analizar si
de acuerdo a las circunstancias particulares del caso la
consolidación promueve la buena administración de la
justicia, la aceleración en la resolución de disputas y
la reducción en los costos de la litigación.11 Además, el
tribunal debe evaluar “si la consolidación tiende a
11 Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117, 125-126 (1996). CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 14
evitar resultados incompatibles entre las distintas
disputas que presenten cuestiones similares de hecho o de
derecho”.12 El tribunal tomará en cuenta todas estas
consideraciones porque a diferencia de las apelaciones
conjuntas, las consolidaciones no están limitadas a
apelaciones sobre una misma sentencia. Por consiguiente,
el tribunal es el que está en mejor posición para
determinar cuáles casos necesitan ser consolidados.
Así, una vez se realiza “una determinación judicial
inicial sobre una solicitud de consolidación, efectuada
luego de un análisis ponderado de la totalidad de las
circunstancias de los casos cuya consolidación se
solicita, merecerá gran deferencia por parte del tribunal
que la revise”.13 Además, hemos señalado que esa
determinación “[s]olo será alterada cuando se haya
omitido considerar algún factor importante o cuando de
alguna otra forma se incurra en un abuso de discreción”.14
Es por ello que los tribunales tienen discreción para
ordenar la consolidación de dos o más recursos, y esa
determinación merecerá deferencia por parte del tribunal
que la revise si fue efectuada luego de un análisis
ponderado.15
Por otro lado, en cuanto a los demás recursos, la
12 Hosp. San Fco., Inc. v. Sria. de Salud, 144 D.P.R. 586 (1997); Vives Vázquez v. E.L.A., supra, pág. 136. 13 Vives Vázquez v. E.L.A., supra, pág. 142. 14 Hosp. San Fco., Inc. v. Sria. de Salud, supra, pág. 594; Vives Vázquez v. E.L.A., supra. 15 Hosp. San Fco., Inc. v. Sria. de Salud, supra. CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 15
Regla 80.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,
supra, explica que “[l]os recursos sobre una sentencia,
orden o resolución podrán ser consolidados por orden del
Tribunal de Apelaciones expedida por iniciativa propia o
a solicitud de parte”. (Énfasis nuestro). A diferencia de
la Regla 17, la Regla 80.1 permite la consolidación de
recursos sobre una sentencia, orden o resolución. La
consolidación de recursos procede de la misma manera que
en las apelaciones. Por lo tanto, será el Tribunal de
Apelaciones quien tendrá que emitir la orden para que el
recurso quede consolidado, ya sea por iniciativa propia o
a solicitud de parte.
Ahora bien, el Reglamento del Tribunal de
Apelaciones no dispone nada con relación a la
presentación de otros tipos de recursos de manera
conjunta, tal y como hace con las apelaciones. Sin
embargo, nada impide que por analogía se permita la
presentación de otros tipos de recursos de forma
conjunta. Si el procedimiento de consolidación de
recursos procede de la misma manera que en las
apelaciones, de igual forma debería ocurrir con los
recursos conjuntos. Es decir, las partes con derechos e
intereses acumulables pueden presentar recursos conjuntos
para revisar una misma resolución u otra determinación
judicial o administrativa que sea revisable. CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 16
B. El pago de derechos y cargos en el Tribunal General de Justicia.
Como se sabe, entre las condiciones dispuestas en
nuestro ordenamiento para perfeccionar cualquier recurso
se encuentra el pago de los aranceles de presentación. El
requisito de pagar esos aranceles y de adherir los sellos
de rentas internas a todo escrito judicial busca cubrir
los gastos asociados a los trámites judiciales.16 A esos
efectos, el Código de Enjuiciamiento Civil establece las
disposiciones correspondientes sobre el pago de los
aranceles. Cónsono con lo anterior, la Ley Núm. 47-2009,17
según enmendada, modificó varias de esas disposiciones
del Código de Enjuiciamiento Civil y estableció los
nuevos derechos que deben pagar los ciudadanos para
tramitar acciones civiles en los tribunales, así como
otros servicios en las respectivas dependencias
judiciales.18
La Ley Núm. 47-2009 tiene como política pública
formular e implantar iniciativas que le permitan a la
Rama Judicial alcanzar sistemas administrativos y
operacionales de vanguardia para garantizar el sistema
accesible y ágil que se espera.19 Uno de los cambios más
significativos que introdujo dicho estatuto es el
establecimiento de un nuevo sistema de pago. Para 16 Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, 170 D.P.R. 174, 188 (2007). 17 32 L.P.R.A. sec.1477 et seq. (Sup. 2011). 18 Íd. 19 Exposición de Motivos, Ley Núm. 47-2009, Leyes de Puerto Rico de 2009. CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 17
simplificar el proceso, por ejemplo, se estableció un
pago único en la primera comparecencia de cada parte en
causas civiles presentadas ante el Tribunal de Primera
Instancia, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal
Supremo. De esa forma, se eliminaron los aranceles que se
debían adherir a cada moción o escrito presentado con
posterioridad a la presentación inicial de la acción o
recurso judicial.20
Además, el Art. 3 de la Ley Núm. 47-2009 establece
la facultad de este Tribunal para disponer, mediante
resolución, los derechos que habrán de pagarse. Debido a
que el poder de imponer contribuciones es uno de
jurisdicción exclusiva de la Asamblea Legislativa,
cualquier resolución emitida por este Tribunal que
resulte en la modificación de los derechos pagados por
los ciudadanos para tramitar acciones civiles será
remitida ante las Secretarías de ambos Cuerpos
Legislativos para su aprobación.21
Así, pues, el 24 de septiembre de 2010 emitimos una
Resolución en la que se adoptaron los nuevos derechos
arancelarios pagaderos a los(as) Secretarios(as), los(as)
Alguaciles y a otro personal de la Rama Judicial con
funciones de recaudación para la tramitación de acciones
civiles. En lo pertinente al caso de autos, el inciso (N)
de dicha resolución establece que por cada escrito de
20 Art. 2 de la Ley Núm. 47-2009, 32 L.P.R.A. sec. 1477 (Sup. 2011). 21 Art. 3 de la Ley Núm. 47-2009, Íd. CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 18
Revisión de Decisiones Administrativas en el Tribunal de
Apelaciones se pagarán $85.22 (Énfasis nuestro). De lo
anterior, surge que la presentación de un solo escrito de
Revisión de Decisiones Administrativas pagará $85 y las
posteriores mociones o escritos relacionados al primer
escrito presentado no pagarán aranceles adicionales.
La Sec. 5 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915,
según enmendada,23 dispone:
§ 1481. Documentos serán nulos si no tienen sellos
Todos y cada uno de los documentos o escritos que requieran el pago de derechos para su presentación ante el tribunal serán nulos y sin valor y no se admitirán como prueba en juicio a menos que dicho pago esté debidamente evidenciado, conforme a las normas que a tales fines establezca el(la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo o la persona en quien éste(a) delegue.
En reiteradas ocasiones hemos establecido que las
partes deben observar rigurosamente los requisitos
reglamentarios para perfeccionar los recursos ante este
Tribunal y ante el Tribunal de Apelaciones.24 De igual
modo, hemos hecho valer repetidamente el mandato
estatutario de que es nulo e ineficaz un escrito judicial
presentado sin los sellos de rentas internas que la ley
22 In re: Aprobación de los Derechos Arancelarios pagaderos a los(as) Secretarios(as), los(as) Alguaciles y a otro personal de la Rama Judicial con funciones de recaudación para la tramitación de acciones civiles, 179 D.P.R. 985 (2010). 23 32 L.P.R.A. sec. 1481 (Supl. 2011). 24 Véanse, García Ramis v. Serrallés, 171 D.P.R. 250 (2007); Pellot v. Avon, 160 D.P.R. 125 (2003); Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122 (1998); Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122 (1975). CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 19
ordena cancelar.25 Esa obligación se extiende a los
recursos apelativos. Con ello se persigue evitar la
evasión tributaria que defrauda el fisco.26
La regla general que dispone la nulidad de los
escritos judiciales presentados sin pagar los aranceles
correspondientes tiene excepciones. La propia ley
reconoce como excepción que una persona indigente queda
exenta del pago de aranceles.27 Nuestra jurisprudencia ha
reconocido esa excepción.28 A su vez, como corolario de lo
anterior, hemos dispuesto también por excepción que si
una persona solicita por primera vez en la etapa
apelativa que se le permita litigar como indigente, sin
que medie fraude o colusión de su parte, y el tribunal
rechaza su petición, no se desestimará su recurso si
presenta los aranceles correspondientes después de
vencido el plazo apelativo, una vez se deniega la
solicitud para litigar in forma pauperis.29
También hemos dispuesto como una excepción a la regla
de nulidad que la desestimación no procede cuando la
deficiencia arancelaria ocurre sin intervención de la
25 Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra; Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., Inc., 106 D.P.R. 437 (1977); Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778 (1976); Piñas v. Corte Municipal, 61 D.P.R. 181 (1942); Nazario v. Santos, Juez Municipal, 27 D.P.R. 89 (1919). 26 Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra; Salas v. Baquero, 47 D.P.R. 108 (1934). 27 Sec. 6 de la Ley Núm. 17, supra, 32 L.P.R.A. sec. 1482. 28 Torres v. Rivera, 70 D.P.R. 59 (1949); Parrilla v. Loíza Sugar Co., 49 D.P.R. 597 (1936); Sucesión Juarbe v. Pérez, 41 D.P.R. 114 (1930); Rosado v. American Railroad Co., 37 D.P.R. 623 (1928).
29 Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra. CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 20
parte ni intención de defraudar, sino por inadvertencia
de un funcionario judicial, que acepta por equivocación
un escrito sin pago alguno o por una cantidad menor de
los aranceles que corresponden.30 Tampoco es nulo el
escrito judicial si la insuficiencia se debió a las
instrucciones erróneas del Secretario del tribunal, sin
intervención de la parte, colusión o intención de
defraudar.31
Por eso, hemos señalado que “[s]i el propósito de la
ley es proteger los derechos del estado y evitar fraudes
al erario, no parece lógico que una vez cubiertos los
derechos del estado, una parte que en nada se perjudica
pueda aprovecharse del error alegando que la actuación
judicial es nula desde su origen”.32 Así, en estos casos,
el error puede subsanarse por la parte que adeuda el pago
del arancel.33
En cambio, cuando el error en el pago de aranceles
se debe a la parte o su abogado no se reconoce excepción
sino que estamos ante la situación que la ley contempla:
un documento que carece de los aranceles
correspondientes. Por disposición de ley, el documento es
nulo y por consiguiente, carece de validez. Incluso, si
30 Salas v. Baquero, supra. 31 Cintrón v. Yabucoa Sugar Co., 52 D.P.R. 402 (1937).
32 Salas v. Baquero, supra, pág. 114. Véase además, Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra, pág. 189. 33 Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra, pág. 190. CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 21
un funcionario del tribunal acepta la insuficiencia
“deliberadamente” comete delito menos grave.34
III.
En los casos de autos, la Asociación y Géminis
presentaron en dos ocasiones distintas dos recursos de
revisión en conjunto, para revisar varias resoluciones
administrativas diferentes y, además, pagaron un solo
arancel por esos recursos.
A.
En primer lugar, es importante señalar nuevamente
que aunque el Reglamento del Tribunal de Apelaciones no
contiene una regla que regule específicamente la
presentación conjunta de recursos que no sean
apelaciones, nada impide que por analogía se permita la
presentación de recursos conjuntos. Si el procedimiento
de consolidación de esos recursos procede de la misma
manera que en las apelaciones, lo mismo debe ocurrir con
el procedimiento para presentarlos en conjunto. Es por
ello que para determinar si la Asociación y Géminis
presentaron correctamente los recursos de revisión
conjuntos hay que realizar un análisis a la luz de los
requisitos que dispone la Regla 17 del Reglamento del
Tribunal de Apelaciones respecto a las apelaciones
conjuntas y que adoptamos por analogía para los demás
recursos.
34 Sec. 4 de la Ley Núm. 17, supra, 32 L.P.R.A. sec. 1480. CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 22
En cuanto al primer requisito -que haya dos o más
personas que tengan derecho a apelar- la Asociación y
Géminis cumplen con el mismo. Aquí se trataba de dos
programas de servicios de salud que alegan se vieron
afectados por las Resoluciones que emitió el Secretario
del Departamento de Salud con relación a la concesión de
los CNC a unas farmacias. De esa forma, tanto la
Asociación como Génesis tenían el derecho de apelar las
Por su parte, el segundo requisito dispone que se
pretenda apelar la misma sentencia o, como en los casos
de autos, la misma resolución. Es ese requisito el que la
Asociación y Géminis no cumplen. Los recursos de revisión
presentados conjuntamente provenían de resoluciones
diferentes. Es por eso que no procedía la presentación de
los recursos de revisión de manera conjunta. El único
mecanismo que la Asociación y Géminis tenían disponible
era el dispuesto en la Regla 80.1 del Reglamento del
Tribunal de Apelaciones. Estas tenían que presentar cada
uno de sus recursos de revisión por separado y, una vez
presentados, entonces podían solicitarle al tribunal la
consolidación de los recursos. Luego de evaluar los
recursos y las circunstancias particulares de los casos,
el Tribunal de Apelaciones podía emitir una orden, si
entendía que la consolidación procedía para acelerar la
resolución de las disputas y evitar resultados
incompatibles. CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 23
La presentación de cada recurso individualmente es
una medida necesaria para promover una buena
administración de la justicia. De lo contrario, esta
concesión provocaría múltiples repercusiones negativas
que afectarían dicho principio rector. Permitir la
presentación de recursos sobre decisiones diferentes se
prestaría a que las partes comenzaran a presentar
apelaciones y recursos conjuntos sobre resoluciones o
sentencias diferentes a base de su propio criterio. Ello,
tendría el efecto de que se presenten recursos conjuntos
sobre resoluciones o sentencias con controversias de
hecho o derecho diferentes sin el juicio del foro
apelativo.
Las partes no tienen autoridad para consolidar
casos; eso es una facultad exclusiva del tribunal.
Permitir una actuación como esa atrasaría los
procedimientos en el Tribunal, pues los jueces podrían
encontrarse con casos que aunque las partes consideren
que son consolidables en realidad no lo sean. Además, si
los recursos presentados en conjunto no guardan relación
entre sí, ¿qué acción tendría que tomar el Tribunal de
Apelaciones? ¿Tendría que devolverlos y pedir a las
partes la presentación de cada uno por separado?
Evidentemente esto provocaría serios efectos
administrativos y jurisdiccionales. CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 24
B.
Una vez determinado que la Asociación y Géminis no
podían presentar los recursos de revisión administrativa
en conjunto, resta por atender cuál es el efecto que
tiene el pago de un solo arancel. En cuanto al pago de
aranceles, ya hemos mencionado que nuestro ordenamiento
establece el sistema de pago único en la primera
comparecencia.35 Específicamente, el pago correspondiente
por cada escrito de revisión de decisiones
administrativas en el Tribunal de Apelaciones es de $85.36
presentaron un solo arancel por cada recurso en conjunto.
Sin embargo, conforme al derecho expuesto estas tenían
que presentar cada recurso de revisión por separado y
pagar el arancel para cada uno de ellos.
La Asociación y Géminis alegan que la presentación
en conjunto se debió al hecho de que presentar los
recursos de forma separada sería muy oneroso para ellas.
Por su parte, las farmacias opuestas al recurso de
revisión solicitaron al Tribunal de Apelaciones la
desestimación por falta de jurisdicción, ante la
insuficiencia arancelaria. El fundamento de ese argumento
se centró en la nulidad de un escrito judicial al cual no
se le han adherido los sellos correspondientes. Ello
35 Art. 2 de la Ley Núm. 47-2009, supra. 36 In re: Aprobación de los Derechos Arancelarios pagaderos a los(as) Secretarios(as), los(as) Alguaciles y a otro personal de la Rama Judicial con funciones de recaudación para la tramitación de acciones civiles, supra. CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 25
tendría la consecuencia de que si los aranceles no se
presentan dentro del plazo aplicable a la presentación
del recurso, el Tribunal no tendría jurisdicción para
entender en el caso y las partes quedarían desprovistas
de remedios. Sin embargo, como ya hemos resuelto, la
norma no es tan rígida y automática. Es decir, en
circunstancias en las que no haya mediado fraude o
colusión, un escrito que no pagó los aranceles
correspondientes no será nulo sino anulable.37
En los casos de autos, no encontramos elementos que
nos convenzan que en la actuación de la Asociación y
Géminis haya mediado fraude o colusión. De hecho, de los
autos del caso CC-2011-845 surge una moción que se
presentó en el Tribunal de Apelaciones junto con el
Recurso de Revisión en el que la representación legal de
las apelantes expresó que acompañaba la moción con el
arancel adicional.
En cuanto al caso CC-2011-927, surge de los autos
que las apelantes siempre estuvieron dispuestas a
presentar los aranceles adicionales, si así lo ordenaba
el Tribunal. En su escrito de oposición a la moción de
desestimación la Asociación le solicitó al Tribunal de
Apelaciones que le permitiera pagar los aranceles que
dicho foro determinara. La Asociación arguyó, además, que
canceló la cantidad de aranceles que le indicó la
Secretaría del tribunal. El Tribunal de Apelaciones, por
37 Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra. CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 26
su parte, no emitió orden al respeto y autorizó la
consolidación.
Lo anterior refleja que el foro apelativo intermedio
aceptó el pago de los aranceles, tal y como fue realizado
por las apelantes, e incluso autorizó la consolidación de
los recursos. El Tribunal de Apelaciones erró en su
apreciación; las partes apelantes sí tenían que presentar
los aranceles correspondientes al resto de los recursos.
No obstante, esa actuación del tribunal, en conjunción
con la falta de claridad en la norma respecto a la
presentación de recursos conjuntos, contribuyó a que las
partes no cumplieran cabalmente con los requisitos de ese
tipo de recurso. Por lo tanto, no pagaron los aranceles
correctamente.
Al considerar que la actuación de la Asociación y
Géminis no estuvo marcada por el fraude, sino que fue
provocada por una imprecisión del reglamento del
tribunal, y que la Secretaría aceptó inicialmente la
omisión de la totalidad de los aranceles, estamos ante
una de las excepciones que contempla la jurisprudencia:
cuando por error que no es atribuible a la parte, y sin
que medie fraude o colusión, el tribunal la exime de
pagar.
C.
Ahora bien, valga aclarar que la controversia del
caso de autos se produjo por la situación particular de
que había interpretaciones variadas sobre la legalidad de CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 27
la presentación consolidada de recursos de revisión
administrativa. Sin embargo, ante esas circunstancias
particulares y al alto sentido de justicia, disponemos
que a pesar de que los recursos fueron presentados
erróneamente en conjunto, permitiremos que se mantengan
los recursos consolidados y se continúen los
procedimientos apelativos. Esta norma es de carácter
prospectivo.
Resuelto esto, procede que se presenten los
aranceles restantes y se continúen los procedimientos
apelativos. No le estamos abriendo la puerta a litigantes
inescrupulosos, que utilizando como excusa una
interpretación de un reglamento o ley, incumplan con el
requisito de pagar los aranceles que la ley exige.
Interpretada la disposición reglamentaria acerca de las
apelaciones conjuntas, en los casos subsiguientes los
litigantes a nivel apelativo tendrán que cumplir
fielmente los requisitos aquí dispuestos. Su
incumplimiento, incluyendo la falta de pago de aranceles,
pudiera en su día privar de jurisdicción al Tribunal de
IV.
Por los fundamentos antes expuestos, concluimos que
no se pueden presentar recursos conjuntos para revisar
resoluciones administrativas de casos diferentes. Cada
resolución tiene que revisarse mediante la presentación
de un recurso de revisión por separado y con la CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 28
cancelación de los respectivos aranceles. Una vez
presentados los recursos, el Tribunal de Apelaciones
puede motu proprio o a solicitud de parte, ordenar la
consolidación de estos. Sin embargo, aunque este caso la
Asociación y Géminis debieron presentar los recursos de
revisión por separado, la norma pautada es de carácter
prospectivo, por lo que se sostendrá la consolidación.
Asimismo, a base de la excepción aplicada, los aranceles
tendrán que ser cancelados. Así, pues, se expide el auto
de certiorari y se revoca la resolución del Tribunal de
Apelaciones en cuanto al pago de aranceles. En contraste,
ante las circunstancias particulares del caso de autos,
se confirma la decisión del Tribunal de Apelaciones de
consolidar los casos, aunque por otros fundamentos. Por
consiguiente, se devuelven los casos a ese foro para que
ordene a las apelantes (la Asociación y Géminis) el pago
de los aranceles correspondientes y continúen los
procedimientos.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
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SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se revoca la resolución del Tribunal de Apelaciones en cuanto al pago de aranceles. En contraste, ante las circunstancias particulares del caso de autos, se confirma la decisión del Tribunal de Apelaciones de consolidar los casos, aunque por otros fundamentos. Por consiguiente, se devuelven los casos a ese foro para que ordene a las apelantes (la Asociación y Géminis) el pago de los aranceles correspondientes y continúen los procedimientos. CC-2011-927 Cons. CC-2011-845 2
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton disiente y hace constar la siguiente expresión: “El Juez Presidente señor Hernández Denton disiente por entender que el Reglamento del Tribunal de Apelaciones no permite la presentación de un recurso mediante el cual se solicita la revisión de dos o más resoluciones administrativas. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones no tenía jurisdicción para atender los recursos de revisión presentados por los recurridos, razón por la cual estos recursos deben ser desestimados”. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo