Israel Morales Vargas v. Adoración Jaime Jaime

2005 TSPR 174

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: November 23, 2005
• Docket: CC-2002-0908
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Israel Morales Vargas

Peticionario Certiorari v. 2005 TSPR 174 Adoración Jaime Jaime 166 DPR ____ Recurrida

Número del Caso: CC-2002-908

Fecha: 23 de noviembre de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Circuito Regional VI Caguas/Humacao/Guayama Panel I

Juez Pnente

Hon. Carmen A. Pesante Martínez

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Grisel Vanesa Crespo

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Myrna Delma Ortiz Delgado

Materia: Alimentos Ex - Cónyuges

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario

v.

Adoración Jaime Jaime

Recurrida Certiorari CC-2002-908

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada SEÑORA FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de noviembre de 2005.

El presente caso nos permite atender dos asuntos

de gran relevancia en materia de alimentos entre ex

cónyuges y de interpretación legislativa. En primer

lugar, debemos resolver cuál es la relación entre el

artículo 109 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA

385 (2004), que se refiere a los alimentos entre ex

cónyuges, y los artículos 142-144 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 LPRA 561-563 (2004), que regulan los

alimentos entre parientes. En segundo lugar, este

caso nos requiere aclarar la función jurídica de las

ocho circunstancias añadidas al artículo 109 en 1995

mediante la Ley Núm. 25 de 16 de febrero de ese año. CC-2002-908 2

I.

Las partes en este caso, Israel Morales Vargas y

Adoración Jaime Jaime, se divorciaron el 5 de septiembre de

2001. Durante su matrimonio procrearon seis hijos, todos

mayores de edad al momento del divorcio de sus padres.

El 17 de octubre de 2001, la señora Jaime Jaime presentó

una petición de alimentos al amparo del artículo 109 del Código

Civil, 31 LPRA 385. Alegó que carecía de medios suficientes

para vivir, dado que nunca ejerció un trabajo por el cual

percibiera un salario. También alegó que durante su

matrimonio se dedicó a cuidar de sus seis hijos y a las labores

del hogar.

El señor Morales Vargas se opuso a esta petición y

presentó una moción de desestimación en la que argumentó que

los llamados a alimentar a su ex cónyuge eran sus parientes

más próximos. Adujo así que la señora Jaime Jaime venía

obligada a reclamar alimentos en primer lugar a sus

descendientes, en segundo lugar a sus ascendientes y en tercer

lugar a sus parientes colaterales. Sólo entonces, si no podían

cumplir los parientes antes mencionados, es que podría

recurrir al artículo 109 del Código Civil.

Trabada la controversia y luego de la vista

correspondiente, el tribunal de instancia declaró con lugar

la moción de desestimación del señor Morales Vargas. Concluyó

que “la promovente ha de reclamar en primer lugar CC-2002-854 3

a sus descendientes, en segundo lugar a sus ascendientes y en

tercer lugar a sus parientes colaterales, hermanos y sobrinos.

De no poder éstos, entonces es de aplicación la obligación del

ex-cónyuge.” Al fundamentar su decisión, destacó que la señora

Jaime Jaime “cuenta con descendientes y colaterales

capacitados para ayudarle, dos de los hijos y la familia de

uno de ellos, disfrutan y se benefician de la posesión de los

bienes muebles e inmueble que [ella] ostenta, sin pagar canon

o merced alguna por ello.” También destacó que el señor Morales

Vargas “asumió todas las deudas de la extinta sociedad legal

de gananciales, no dejando deuda alguna” a la señora Jaime

Jaime.1

1 El Tribunal de Primera Instancia hizo las siguientes determinaciones de hechos:

1. La peticionaria nunca ha ejercido otra labor que la de madre, esposa y ama de casa. Cursó hasta noveno grado de escuela intermedia. Cuenta con la edad de cincuenta y un años (51). Durante el matrimonio la única fuente de ingresos provino del peticionario, Dos[sic] Israel Morales Vargas. El demandado hace cinco (5) años comenzó a trabajar en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en el área de archivo.

2. La peticionaria declaró que actualmente solamente cuenta con $180.00 mensuales que recibe por concepto de Programa de Asistencia Nutricional para ella y para su hija. Sus gastos personales $15.00, agua $15.00, energía eléctrica $80.00, transportación pública $15.00. Continua haciendo uso del Plan Médico de su esposo hasta abril de 2002, fecha en que cesará dicho beneficio. Tiene gasto mensual en medicina de aproximadamente $20.00 a $25.00. En cuanto a los demás gastos se sometió Planilla de Información Económica en evidencia. Conforme a la misma la peticionaria tiene un gasto mensual de $597.33.

3. También declaró que reside en el hogar ganancial y está en posesión y disfrute de los bienes y efectos propios del hogar. Actualmente viven en su hogar dos de sus hijos, ambos son mayores de edad. Uno de ellos está casado y vive con su esposa y una hija, también en el hogar de la peticionaria. La demandada no trabaja, se ocupa de las tareas propias del hogar y ha cuidado de la nieta mientras su hijo y la esposa de éste trabajan.

4. Los servicios de la vivienda están a nombre del demandado, excepto el teléfono que está a nombre del hijo que vive en el hogar quien paga porque es suyo. Durante el matrimonio hubo deudas gananciales pero el demandado no le dejó deudas, ya que él las asumió. CC-2002-908 4

Inconforme con esta determinación, la demandante acudió

al Tribunal de Apelaciones. Ese foro revocó la decisión del

tribunal apelado y le impuso al señor Morales Vargas la

obligación de pagar a la señora Jaime Jaime una pensión

alimentaria, aunque devolvió el caso al tribunal de instancia

para que determinara la cuantía. El Tribunal de Apelaciones

fundamentó su decisión en que “aun estableciendo que el

ex-cónyuge reclamante puede acudir a sus parientes para

alimentos, entendemos que en primera instancia éstos deben ser

reclamados al ex-cónyuge, a tenor con el Artículo 109, supra.

De éste no poder cumplir con dicha obligación y en atención

a las circunstancias particulares del caso, el tribunal deberá

evaluar si procede establecer la obligación de alimentar a los

parientes, de conformidad a los Artículos 143 y 144”.

El señor Morales Vargas acude entonces ante nosotros,

alegando que el foro apelativo incidió al “determinar que el obligado en primera instancia a proveer alimentos es el

ex-cónyuge y no sus parientes” y al “revocar al Tribunal de Primera Instancia, ya que la recurrida no probó su necesidad

de alimentos.” El 14 de febrero de 2003 expedimos el auto. Tras

varios trámites, el 11 de agosto de 2003 dimos el recurso por

sometido. Así, estamos en posición de resolver.

II.

5. El demandado trabaja en el Fondo del Seguro del Estado de Caguas y tiene un ingreso de $2,000.00 mensuales. Recibe un Bono de Navidad de $1,500.00. No tiene ningún otro tipo de trabajo. Reside con sus padres, quienes cuentan con la edad de 84 y 82 años respectivamente, en la residencia de éstos. Él paga todas las deudas gananciales que ascienden a $480.00 mensuales, además de una deuda de teléfono perteneciente a su hijo y que él tuvo que asumir. Dicha deuda era de $1,278.00 y paga $125.00 mensuales. Estudia los sábados un curso de reparación de computadoras. Alegó padecer de desbalance y tiene un gasto mensual de medicamento de $25.00 los cuales no cubre el CC-2002-908 5

La controversia central del presente caso nos requiere

dilucidar si hay alguna relación entre los artículos 109 y 142

del Código Civil de Puerto Rico y si como consecuencia de esa

relación, existe un orden de prelación que obligue a un ex

cónyuge a agotar los remedios de los artículos 142-144 antes

de poder solicitar alimentos al amparo del artículo 109.

Concluimos que el origen y propósito de cada uno de estos

artículos es distinto, en tanto el artículo 142 establece una

obligación puramente alimentaria, mientras que el artículo 109

establece una obligación sui generis que surge estrictamente

como consecuencia del divorcio. Sin embargo, ambas

obligaciones están investidas “del mayor interés público”.

González v. Suárez Milán, 131 D.P.R. 296, 301 (1992). Según

señalamos en González v. Suárez Milán, “la obligación de dar

alimentos surge del derecho fundamental de todo ser humano a

existir y a desarrollar plenamente su personalidad. Por eso

es un

‘deber altamente social, que no depende de la voluntad del que

le tiene, sino que se impone… como una de las condiciones

necesarias de la vida progresiva de la humanidad’”. Id.

[citando a J.M. MANRESA Y NAVARRO, COMENTARIOS AL CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL

782-83 (1956)].

A. Los artículos 142-144 del Código Civil de Puerto Rico.

Los artículos 142-144 del Código Civil de Puerto Rico

regulan la obligación que nace del parentesco, dentro de ciertos

límites y cuando concurren determinadas circunstancias. Son

plan. Tiene un préstamo de estudiante de $120.00 CC-2002-908 6

idénticos a los artículos de la misma enumeración en el Código

Civil español. El primero define los alimentos como todo aquello

que “es indispensable para el sustento, habitación, vestido y

asistencia médica, según la posición social de la familia”;

además, señala que los alimentos comprenden también la

“educación e instrucción del alimentista cuando es menor de

edad.” El artículo 143 establece quiénes vienen obligados a

proveerse alimentos recíprocamente, a saber, los cónyuges, los

ascendientes y descendientes y los hermanos. Por último, el

artículo 144 dispone un orden de prelación entre los llamados

a darse alimentos, en aquellos casos en que concurran dos o más

obligados. Según el orden así dispuesto, cuando sean dos o más

los obligados, éstos lo estarán en el orden siguiente:

1. el cónyuge

2. los descendientes del grado más próximo. 3. los ascendientes también del grado más próximo.

4. los hermanos

Además, el artículo 144 aclara que cuando los obligados

sean descendientes y ascendientes entre sí, “se regulará la

gradación por el orden en que sean llamados a la sucesión

legítima de la persona que tenga derecho a los alimentos.”

B. El artículo 109 del Código Civil de Puerto Rico

En 1902, como consecuencia del cambio de soberanía

ocurrido cuatro años antes, se realizó una importante revisión

del Código Civil de Puerto Rico, con la intención principal de

mensuales. Tiene gasto de luz de $100.00 bi-mensual. CC-2002-908 7

“armonizarlo” con el sistema americano.2 Fue en ese contexto

histórico que se introdujo a nuestro país el artículo 1093, sobre

alimentos entre ex cónyuges, copiado del artículo 160 del Código

Civil de Louisiana. 4 Éste, a su vez, se había redactado

utilizando como modelo el artículo 301 del Código Civil

Napoleónico o Código Civil francés de 1805.5 De esta forma se

2 El informe de la Comisión Codificadora designada por el Presidente de los Estados Unidos con el propósito de enmendar el Código Civil vigente en Puerto Rico, sostuvo que:

Es indudable que la mente del Congreso fue [sic] poner las instituciones de la isla en más estrecha harmonía [sic] con el sistema americano, pero sin efectuar cambios repentinos.... Todo cambio violento que se hiciera despertaría las fuerzas para americanizar la isla.

LUIS MUÑOZ MORALES, RESEÑA HISTÓRICA Y ANOTACIONES AL CÓDIGO CIVIL DE P.R. 23 (1948). 3 El artículo 109 corresponde al artículo 177 del Código Civil de Puerto Rico vigente entre 1902 y 1930, año en que se reenumeró como el 109. Desde entonces no ha sufrido ningún cambio estructural. Véase Teresita Picó de Silva, Los alimentos al ex-cónyuge: algunas consideraciones en torno a una reforma, 40 REV.COL. ABOG. 29, 30-31(1983). 4 La versión que se adoptó fue la vigente en ese estado en 1902 pero que databa de 1870, es decir, era anterior al Código Civil español vigente en Puerto Rico, que fue extendido a Puerto Rico en 1889. Raúl Serrano Geyls, La Nueva Ley de Pensiones Alimentarias Post-Divorcio, 30 REV. JUR. U.I.P.R. 97, 97-98 (1996). Véase además LUIS MUÑOZ MORALES, RESEÑA HISTÓRICA Y ANOTACIONES AL CÓDIGO CIVIL DE P.R. 258-276 (1948); González v. Suárez Milán, 131 DPR 296, 298-300 (1992). 5 El artículo 160 del Código Civil de Louisiana proveía lo siguiente:

If the wife who has obtained the divorce, has not sufficient means for her maintenance, the court may allow her, in its discretion, out of the property of her husband alimony which shall not exceed one-third of his income.

This alimony shall be revocable in case it should become unnecessary, and in case the wife should contract a second marriage.

Por otro lado, el artículo 301 del Código Civil Francés establece:

Si los esposos no hubieran concedido ninguna ventaja, o si las estipuladas parecieren insuficientes para asegurar la subsistencia del esposo que hubiere obtenido el divorcio, el tribunal podrá concederle, sobre los bienes del otro cónyuge, una pensión CC-2002-908 8

incorpora en nuestra jurisdicción, aunque de manera indirecta,

el modelo francés de alimentos entre ex cónyuges.

Los artículos 160 de Louisiana y 109 de Puerto Rico

establecieron ciertas variantes importantes con respecto al

modelo francés. 6 Ambos limitaban la pensión únicamente a la

mujer, mientras que la versión francesa se refería a cualquier

cónyuge. Por otro lado, se establecía el subsiguiente

matrimonio de la mujer como causa para revocar la pensión. A

pesar de esas diferencias, estos artículos mantuvieron los

caracteres fundamentales de la versión francesa. Es decir, los

tres artículos concretaban tres reglas esenciales: a) tan sólo

alimenticia, que no podrá exceder del tercio de los ingresos del otro cónyuge. Esta pensión será revocable en el caso de que dejara de ser necesaria. 6 La versión vigente antes de la Reforma de 1995 establecía lo siguiente:

Si la mujer que ha obtenido el divorcio no cuenta con suficientes medios para vivir, el Tribunal Superior podrá asignarle alimentos discrecionales de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que sean de la propiedad del marido, sin que pueda exceder la pensión alimenticia [sic] de la cuarta parte de los ingresos, rentas o sueldos percibidos.

Si el divorcio se ha decretado por la causal de separación, la mujer podrá solicitar los alimentos a los que se refiere el párrafo anterior, si no cuenta con medios suficientes para vivir.

La pensión alimenticia [sic] será revocada si llegase a hacerse innecesaria, o cuando la mujer divorciada contrajese segundo matrimonio o cuando viva en público concubinato u observare vida licenciosa. Esta disposición refleja la enmienda efectuada por la Ley Num. 90 de 1948, que alteró el artículo en cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar se amplió la base del cómputo de la pensión, al incluir “ingresos, rentas y sueldos”, además de los bienes propiedad del marido. En segundo lugar se añadió que la mujer que obtiene el divorcio por separación también se beneficiaría de estos alimentos. En tercer lugar se redujo el máximo de la pensión, de una tercera parte a una cuarta parte de los “ingresos, rentas o sueldos percibidos por el esposo”. Por último, se añadieron dos circunstancias adicionales que conllevarían la revocación de la pensión: “vida en público concubinato” y “vida licenciosa”. Véase Teresita Picó de Silva, supra en las págs. 37-38 (1983). CC-2002-908 9

el ex cónyuge “inocente”7 tenía derecho a la pensión, b) los

recursos del ex cónyuge inocente debían ser insuficientes y los

del “culpable” 8 suficientes para sufragar la pensión, c) se

establecía un límite máximo para la pensión. Véase II HENRI LEÓN

MAZEAUD Y JEAN MAZEAUD, LECCIONES DE DERECHO CIVIL, LA FAMILIA 501-516

(1959 Luis Alcalá-Zamora y Castillo, traductor).

Esta disposición se distinguía, en todas sus versiones9,

por su carácter subjetivista, ya que establecía la culpa como

un elemento de umbral al determinar la pensión alimentaria.

Debido a este elemento de “culpa”, el pago de la pensión ex

cónyuge se asemejaba a una obligación ex delicto y se alejaba

de la típica obligación alimentaria.

En la doctrina francesa, esta dualidad dio lugar a cierta

controversia sobre la naturaleza jurídica de la pensión. Para

algunos tratadistas, la pensión de ex cónyuge suponía una

obligación alimentaria y constituía esencialmente una

manifestación de la obligación de socorro entre esposos.10 Es

decir, se concebía esta pensión como una extensión de la

obligación entre parientes, que aún disuelto el matrimonio

obligaba a los ex cónyuges. Esta concepción estaba reñida con

la idea de que el divorcio rompía todo vínculo entre los ex

cónyuges.11 Otro sector de la doctrina percibía esta pensión

7 Se entendía por cónyuge inocente aquél que, no habiendo cometido ninguno de los hechos contemplados en las causales de divorcio, obtenía el mismo. 8 Se entendía por cónyuge culpable aquél que cometió alguna de las faltas contempladas dentro de las causales de divorcio y por ende provocaba el mismo. 9 Artículo 109 del Código Civil de Puerto Rico, 160 del Código Civil de Louisiana y 301 del Código Civil Francés. 10 Véase artículo 142 del Código Civil de Puerto Rico. 11 Idea que se manifiesta claramente en nuestro ordenamiento en el artículo 105 del Código Civil que dispone que “el divorcio lleva consigo la ruptura completa del vínculo matrimonial y la CC-2002-908 10

como una “aplicación pura y simple al divorcio de los principios

generales de responsabilidad civil.12 La pensión es de esa forma

vislumbrada como una indemnización debida por el [ex cónyuge]

responsable del divorcio al que es la víctima de su culpa, como

reparación del perjuicio causado.” MAZEAUD, supra en la pág.

510.13

Ambas corrientes recibieron fuertes críticas, dando lugar

a una tercera corriente ecléctica, para la cual la pensión de

ex cónyuge es de naturaleza mixta. Se señala entonces que “el

perjuicio que tiene por objeto reparar el abono de la pensión

alimentaria es exclusivamente el que resulta de la cesación

de la vida conyugal; es decir, de la extinción, por falta del

cónyuge culpable, de la obligación del artículo 212 [142 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 561 (2004)], que

caracterizaba la vida conyugal y que no puede sobrevivirle.”

II MARCELO PLANIOL Y JORGE RIPERT, TRATADO DE DERECHO CIVIL FRANCÉS, LA

FAMILIA 497-498 (1939, traducción de Mario Díaz Cruz). Según esta

teoría, la obligación de pagar pensión de ex cónyuge está basada

en la culpa, e indemniza al cónyuge inocente por la eliminación

de la obligación de socorro entre parientes causada por el

cónyuge culpable al provocar el divorcio. Precisamente, por ser

el cónyuge culpable el causante de la ruptura, éste venía

obligado a subsanar las consecuencias patrimoniales de la

separación de propiedad y bienes de todas clases entre los cónyuges”. 12 Véase artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico. 13 En Rubio v. Roig, 84 DPR 344, 359 (1962) y Suria v. Fernández, 101 DPR 316, 319 (1973), hicimos referencia a esta teoría cuasi delictual, si bien en ninguno de estos casos estaba en controversia la naturaleza jurídica de la pensión de ex cónyuge. CC-2002-908 11

separación. La teoría mixta fue suscrita eventualmente por la

mayoría de la doctrina francesa y su jurisprudencia.14

De acuerdo a la teoría mixta, la pensión ex cónyuge combina

elementos de pensión alimentaria propiamente dicha y elementos

de obligación ex delicto. De cada uno de estos elementos se

deriva una serie de reglas. Así, se considera que por su carácter

alimentario, la pensión es inembargable, varía con las

necesidades del acreedor y los recursos del deudor y no es

transmisible activamente. II HENRI LEÓN MAZEAUD Y JEAN MAZEAUD,

LECCIONES DE DERECHO CIVIL, LA FAMILIA 510 (1959 Luis Alcalá-Zamora

y Castillo, traductor). En cuanto a su carácter indemnizatorio,

la doctrina señala que la pensión de ex cónyuge se debe tan sólo

cuando el perjuicio es la consecuencia directa del divorcio;

por esa razón también, según ese sector de la doctrina, se puede

transmitir pasivamente. II HENRI LEÓN MAZEAUD Y JEAN MAZEAUD, LECCIONES

DE DERECHO CIVIL, LA FAMILIA 510 (1959 Luis Alcalá-Zamora y Castillo,

traductor).

Debemos resaltar una característica que resulta

pertinente a la controversia que suscita el presente caso y que

se deriva del carácter cuasi-delictual atribuido por la

doctrina francesa al artículo 109, como elemento que lo

diferencia sustancialmente de las obligaciones típicas

alimentarias. Basado en ese carácter cuasi-delictual, la

doctrina francesa suscribió una teoría de causalidad, según la

cual el divorcio era causa de la obligación alimentaria

14 Al respecto véase I C. E. MASCAREÑAS, CURSO DE DERECHO CIVIL,

303 (1961). CC-2002-908 12

y la necesidad económica debía surgir como efecto de éste. Así,

“generalmente el señalamiento de la pensión de alimentos se hace

por la sentencia de divorcio” por lo que “habrá que referirse

al pronunciamiento de la sentencia del divorcio para apreciar

si el demandante está falto de recursos. Efectivamente la

indemnización se funda sobre el perjuicio que al cónyuge

inocente causa el divorcio y la ausencia de recursos posterior

no se toma en consideración.” HENRI LEÓN MAZEAUD Y JEAN MAZEAUD,

LECCIONES DE DERECHO CIVIL, LA FAMILIA 516 (1959). La jurisprudencia

francesa acogió esta visión de la pensión, al sostener que el

estado de necesidad del cónyuge reclamante debía surgir como

consecuencia del divorcio y no por otras circunstancias.

MAZEAUD, supra en la pág. 501-16.15

15 Debemos dejar claro que, en la actualidad, la pensión de ex cónyuge en Francia es sustancialmente distinta. A la versión que establecía el artículo 301 le fueron formuladas muchas críticas: “su monto, a veces irrisorio..., las dificultades encontradas por los acreedores, de hecho siempre las mujeres, para obtener el pago regular, la dramatización del proceso para obtener un divorcio por culpas exclusivas, el contencioso que siempre podía volver a suscitarse para la revisión de la pensión. Por tales razones se imponía una reforma.” MIREILLE DELMAS-MARTY Y CATHERINE LABROUSE-RIOU, MATRIMONIO Y DIVORCIO 90 (1987, Diego Martínez, traductor).

Como consecuencia de las críticas, hoy día la pensión ex cónyuges en Francia es de naturaleza compensatoria. Sobre este importantísimo cambio Mireille Delmas-Marty y Catherine Labrouse-Riou explican que el legislador “sustituyó la pensión por una prestación compensatoria cuyo espíritu y técnica son diferentes.” Señalan además que esta prestación se encuentra desligada de la culpa en el divorcio y puede favorecer a un esposo en caso de culpas compartidas. Es decir, que no se sanciona la falta y tampoco constituye una prolongación del deber de auxilio entre cónyuges, el cual desaparece. Se caracteriza además, por ser una suma fija, no sujeta a revisión, que se concederá en general al momento del divorcio. En fin, la nueva pensión trata de “compensar en la medida de lo posible la disparidad que crea la ruptura del matrimonio en las condiciones de vida respectivas.” MIREILLE DELMAS-MARTY Y CATHRINE LABRUSSE-RIOU, MATRIMONIO Y DIVORCIO 90-91 (1987, Diego Martínez Arango, traductor). Nótese además que esta prestación es similar a la pensión compensatoria que impera en España y que discutimos más adelante en las notas. CC-2002-908 13

La teoría de la causalidad fue acogida en Puerto Rico por

Mascareñas, quien sostuvo que “la necesidad de la mujer ha de

ser actual en el momento del divorcio.” A su entender, si la

necesidad se producía después de decretado el divorcio, no

procedía la pensión, pues “[l]a necesidad o falta de medios ya

no será debida a la disolución del matrimonio, que es el

fundamento que determina la pensión de la mujer divorciada.”

I C. E. MASCAREÑAS, CURSO DE DERECHO CIVIL, 300 (1961).

Podemos concluir a este punto que la pensión alimentaria

del artículo 109, en su versión anterior a la enmienda de 1995,

constituía una pensión alimentaria sui generis que tenía

elementos de la típica pensión alimentaria entre parientes y

elementos de responsabilidad civil. 16 Examinemos ahora las

enmiendas que el legislador realizó en este artículo en 1995.

C. Las enmiendas de 1995

Mediante la Ley Núm. 25 de 16 de febrero de 1995, se enmendó

el artículo 109, con el propósito principal de eliminar de su

redacción la limitación en cuanto a cuál de los ex cónyuges podía

ser acreedor a la pensión. Se introduce entonces la posibilidad

de que el hombre también lo sea. La Exposición de Motivos explica

que la versión anterior “representa un trato diferente y

discriminatorio contra el hombre por razón de sexo”,

incorporando así lo que este Tribunal resolvió mediante

16 La jurisprudencia interpretativa del artículo 109 antes de 1995 no aborda directamente el asunto de la naturaleza jurídica de la pensión ex cónyuge. La jurisprudencia posterior, aunque trata el asunto en algún grado, no lo hace en forma abarcadora. Véanse Cantellops v. Cautiño 146 DPR 791 (1998); Soto López v. Colón Meléndez, 143 DPR 282 (1997); Díaz v. Alcalá 140 DPR 959 (1996); González v. Suárez Milán, supra; Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 DPR 615 (1981); Casiano v. Tribunal Superior, 101 DPR 327 (1973); Rubio Sacarello v. Roig, 84 DPR 344 (1962); Meléndez v. Tribunal Superior 77 DPR 535 (1954); Puigdollers v. Monroig, 26 DPR 310 (1918). CC-2002-908 14

interpretación en Milán v. Muñoz, 110 DPR 610 (1981). 17 El

historial legislativo también refleja la clara intención de

eliminar la culpa como criterio de umbral para la concesión de

la pensión, puesto que, según explica el Informe de la Comisión

de Gobierno al Senado de Puerto Rico: “la reforma de 1976 ha ido

desapareciendo el concepto de culpa vinculado al divorcio desde

que se instituyó éste en nuestra jurisdicción.”

En este último aspecto, nuestra legislación se sumó a la

corriente europea más moderna, que reconoce que las obligaciones

alimentarias deben estar ajenas a la dicotomía de “cónyuge

inocente” y “cónyuge culpable”. Véase HERMINIA CAMPUZANO TOME, LA

PENSIÓN POR DESEQUILIBRIO ECONÓMICO EN LOS CASOS DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO, 17-22

(1986).18 La ley de 1995 añadió al artículo 109 la posibilidad

de modificar la pensión por alteraciones sustanciales en las

17 Allí dijimos que: “... el esquema legislativo cristalizado en el artículo en cuestión representa, de su faz y sin lugar a dudas, un trato diferente, injustificado y discriminatorio contra el hombre por razón de sexo, que al presente-bajo el prisma de un riguroso escrutinio judicial y a menos que oportunamente detectemos la cualidad de doble refracción- no puede prevalecer. Sus antecedentes demuestran que su texto- inalterado hasta la actualidad por más de cien años bien responde a una concepción arcaica y esteriotipada de la función tradicional limitada que indefectiblemente se le atribuía en al antaño a la mujer: hogar y madre....” Milán v. Muñoz, 110 DPR 610,615 (1981). 18 El profesor Raúl Serrano Geyls también discute esto al señalar que la corriente vigente en Europa y aceptada en sistemas en los cuales la culpa ya no es causal para los divorcios es eliminar la culpa como presupuesto para la concesión de la pensión. Valga aclarar que en dicho aspecto esos sistemas se diferencian del nuestro ya que aquí aún existen causales de divorcio culposas, aunque acompañadas de causales no culposas como la separación y el divorcio por consentimiento mutuo. En cuanto a la relación entre la culpa y la pensión, el mismo autor indica que con la pensión de tipo objetivo se busca “no premiar al cónyuge inocente” por razón de serlo, sino más bien se pretende reparar los perjuicios económicos causados por la disolución del matrimonio. Se sugiere que las ventajas de este sistema se derivan del ahorro-a nuestro entender emocional y económico- de las siempre angustiosas investigaciones sobre culpabilidad o inocencia de los ex cónyuges. Raúl Serrano Gelys, La nueva ley de pensiones alimentarias post-divoricio, 30 REV. JUR. UIPR 97, 111-112 (1996), citando a I MANUEL AMORÓS GUARDIOLA, ET AL., COMENTARIOS A LAS REFORMAS DEL DERECHO DE FAMILIA, 617 (1984). CC-2002-908 15

circunstancias, ingresos y la fortuna de uno u otro cónyuge. Por

último, eliminó el criterio de “vida licenciosa” como causal

para revocar la pensión alimentaria.19

Sin embargo, la reforma de 1995 no alteró la medida de

“necesidad”20 como criterio para la concesión de la pensión. Es

decir, se descartaron los modelos de España21, Francia e Italia,

19 La nueva versión lee como sigue:

Si decretado el divorcio por cualesquiera de las causales que establece el artículo 96, cualesquiera de los ex cónyuges no cuenta con suficientes medios para vivir, el Tribunal de Primera Instancia podrá asignarle alimentos discrecionales de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que sean de la propiedad del otro cónyuge.

El tribunal concederá los alimentos a que se refiere el párrafo anterior, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:

(a) Los acuerdos a que hubiesen llegado los ex cónyuges. (b) La edad y el estado de salud. (c) La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo. (d) La dedicación pasada y futura a la familia. (e) La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. (f) La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. (g) El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. (h) Cualquier otro factor que considere apropiado dentro de las circunstancias del caso.

Fijada la pensión alimenticia,[sic] el juez podrá modificarla por alteraciones sustanciales en la situación, los ingresos y la fortuna de uno u otro ex cónyuge. La pensión será revocada mediante resolución judicial si llegase a hacerse innecesaria, o por contraer el cónyuge divorciado acreedor a la pensión nuevo matrimonio o viviese [sic] en público concubinato. 20 Esta medida se establece al requerir que el ex cónyuge reclamante “no cuente con suficientes medios para vivir.” artículo 109 del Código Civil de Puerto Rico. 21 En 1981, como consecuencia de la extraordinaria reforma del derecho civil español tras la trasformación del estado español en uno democrático, se introdujo en España la institución del divorcio y se incorporó la figura de la pensión de ex cónyuge por desequilibrio económico. En ese momento el ámbito jurídico europeo era dominado por el modelo francés que había establecido la “prestación compensatoria”. Dicho modelo, como señalamos en la nota 14, había sufrido su propia enmienda y había abandonado el sistema de culpa del antiguo artículo 301. Véase HERMINIA CC-2002-908 16

donde se concede la pensión a base del desequilibrio económico

entre los ex cónyuges y no a base de la necesidad del cónyuge

reclamante.22

En cuanto a la naturaleza jurídica de este artículo en

Puerto Rico, podemos destacar que al eliminarse el criterio

subjetivo de la culpa, el criterio de necesidad resulta

primordial para determinar la concesión de la pensión. Con ello,

el modelo seguido por el legislador en las enmiendas de 1995

acerca la pensión de ex cónyuge aún más a una obligación

puramente alimentaria o a lo que la doctrina ha caracterizado

como un sistema objetivo para determinar la pensión. ALBALADEJO,

supra en la pág. 431. No obstante, esta nueva versión del

artículo 109 no eliminó completamente las consideraciones

subjetivas, ya que en los nuevos incisos (d), (e) y (f) que

discutiremos más adelante, se invita al juzgador a escudriñar

la aptitud de los ex cónyuges hacia la vida matrimonial. En este

sentido, el artículo enmendado sólo elimina la subjetividad

parcialmente e instituye un sistema más bien cuasi-objetivo.

CAMPUZANO TOME, LA PENSIÓN POR DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DE LOS CASOS DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO 33-65 (1986) Y CARLOS LALANA DEL CASTILLO, LA PENSIÓN POR DESEQUILIBRIO ECONÓMICO EN CASO DE SEPARACIÓN O DIVORCIO 89-157 (1993). 22 En cuanto a las diferencias entre las medidas de necesidad y desequilibrio económico, la doctrina española identifica la primera con las obligaciones alimentarias de los artículos 142 y siguientes de su Código, es decir, las obligaciones entre parientes. Así, la doctrina sostiene que la obligación de alimentos y la pensión por desequilibrio económico, son instituciones distintas que responden a presupuestos y fundamentos diferentes: “La primera de ellas ... obedece a criterios de necesidad; nace con el fin de proveer lo indispensable para atender las exigencias vitales, tomando como base... la necesidad del que solicita y los recursos del obligado.” HERMINIA CAMPUZANO TOME, LA PENSIÓN POR DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO, 19 (1986). De manera distinta, la pensión por desequilibrio económico constituye un presupuesto más amplio que la necesidad, en cuanto no está solamente destinado a cubrir las necesidades vitales, sino también, y fundamentalmente, a restablecer o reparar el perjuicio económico derivado de la ruptura de la vida conyugal. Id. CC-2002-908 17

Por otra parte, las enmiendas de 1995 también parecen

vincular la obligación alimentaria de ex cónyuge más

directamente con el divorcio. Al exigir, por ejemplo, que el

juzgador tome en consideración la duración del matrimonio y de

la convivencia conyugal al fijar la pensión (inciso (f)), se

reconoce una relación entre el divorcio, es decir, la

terminación de esa convivencia conyugal y el estado de necesidad

que da base a la pensión. De esa manera, se

contempla que la necesidad económica alegada sea consecuencia

de y guarde relación con el divorcio. Según vimos, la vinculación

de la necesidad con el divorcio es consistente con la doctrina

española y europea en general. Acorde a lo anterior, la

obligación alimentaria regulada por el artículo 109 es secuela

de la ruptura conyugal, es decir, nace de ese evento y va dirigida

a conjugar las necesidades alimentarias derivadas del divorcio.

Esta conclusión no resulta tan sólo de la letra enmendada

del artículo 109, sino que corresponde a la estructura lógica

del Código Civil. El artículo 109 está incluido en el Libro

Primero del Código Civil, Título IV, Capítulo V, dedicado a los

“efectos del divorcio”. Dada la naturaleza de nuestro Código

como un “todo armónico,”23 esta ubicación no responde tan sólo

a la lógica de su redacción, sino que tiene también un valor

normativo. El Código establece un artículo particular para las

23 Véase JOSÉ LACRUZ BERDEJO, ELEMENTOS DE DERECHO CIVIL, PARTE GENERAL 26 (1974). “No se trata, como en las antiguas compilaciones, de una acumulación de textos inalterados de diversas épocas, desprovistos de una unidad interna referidos a una pluralidad inorgánica de supuestos concretos, conservando cada uno su valor y eficacia, sino de un sistema de reglas orgánicamente subordinadas y coordinadas, con pretensiones de generalidad y plenitud, agrupadas por institutos y redactadas en forma escueta y concisa....” CC-2002-908 18

necesidades que son resultado del divorcio 24 , otro para las

necesidades alimentarias mientras está pendiente el divorcio25

y otro para aquellas que surgen mientras el alimentista está

casado o tiene parientes dentro de los grados especificados26.

Las necesidades atendidas en el contexto del parentesco,

matrimonial o de otro tipo, pueden presentarse en cualquier

momento y por cualquier causa, ya que tienen un carácter

genérico. Es forzoso concluir que cuando la necesidad del

reclamante esté vinculada al divorcio o surja como consecuencia

de éste deben reclamarse alimentos al ex cónyuge al amparo del

artículo 109. Sólo si el ex cónyuge reclamado no cuenta con

medios suficientes, es que corresponde a los parientes

enumerados en el artículo 143 suplir las necesidades del

reclamante, siguiendo el orden de prelación del artículo 144.

Este es el esquema normativo resultante de la lógica estructural

del Código Civil y es consistente también con nuestras reglas

de interpretación de normas específicas y normas generales.

Consideramos, además, que esta interpretación de la

relación entre los artículos mencionados es cónsona, no sólo con

la regulación de los alimentos entre parientes y los ex cónyuges

en disposiciones separadas, sino con el efecto radical del

divorcio en nuestro ordenamiento.27 Asimismo, está en armonía

24 Artículo 109 del Código Civil de Puerto Rico,31 LPRA sec. 385.

26 Artículo 100 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 343. 26 Artículo 143 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 562. 27 Véase el artículo 105 del Código Civil, que dispone que: “El divorcio conlleva la ruptura completa del vínculo matrimonial y la separación de propiedad y bienes de todas clases entre los cónyuges”. CC-2002-908 19

con nuestra jurisprudencia, que reconoce la separación clara de

cada una de éstas obligaciones. Por eso,

en Meléndez v. Tribunal Superior, 77 DPR 535 (1954), señalamos

que: “los alimentos de la mujer casada, en su carácter de

cónyuge, y los que se conceden a la mujer que ha obtenido el

divorcio, no se rigen por las mismas disposiciones legales”. Más

adelante indicamos que: “Una vez disuelto el vínculo matrimonial

por el divorcio... cesa la obligación que bajo el artículo 143

tienen los cónyuges.” Id.

Debemos señalar que la interpretación que adoptamos en nada

altera el asunto medular resuelto en Suria v. Fernández, 101 DPR

316 (1981), en cuanto a la imprescriptibilidad de la obligación

alimentaria entre ex cónyuges, si bien los fundamentos de dicha

decisión, relacionados a la necesidad de aliviar la situación

“desesperada” de la mujer divorciada, no están necesariamente

vigentes bajo el ordenamiento actual. 28 La acción bajo el

artículo 109 no prescribe, según resolvimos en Suria v.

Fernández, supra, siempre que las peticiones de alimentos entre

ex cónyuges, aunque puedan reclamarse ad perpetuam, estén

vinculadas en relación de causalidad con el divorcio. 29 La

28 En ese caso resolvimos, entre otras cosas, que la pensión dispuesta en el artículo 109 es una institución a favor de la mujer inocente que debido a su carácter alimentario no está sujeta a prescripción. Concluimos que una mujer podía reclamar alimentos de su esposo doce años después del divorcio. La opinión estuvo fundamentada en fuertes consideraciones de índole moral y por esa razón fue criticada por la doctrina. Véase Raúl Serrano Geyls, La nueva ley de pensiones alimentarias post-divorcio, 30 Rev. Jur. UIPR 97 (1996). 29 Según Serrano Geyls, la pensión “post divorcio ... debería fundarse exclusivamente en la situación económica de los ex cónyuges prevaleciente a la fecha de decretarse el divorcio y debería tener una duración limitada… para que el cónyuge pueda recuperarse económicamente, con la sola excepción de los casos de incapacidad temporaria o permanente del alimentista para trabajar, en cuyo caso, el término de la pensión podría extenderse. Me parece injusto y enteramente contrario al divorcio vincular, mantenerse ese derecho vitaliciamente como si las partes siguieran casadas, o como si un ex cónyuge fuera responsable de las necesidades del otro que no se originaron CC-2002-908 20

necesidad de la pensión puede surgir, por ejemplo, por la

terminación del deber de socorro entre los esposos, o por la

falta del sustento cotidiano al que había estado acostumbrado

el cónyuge reclamante.

En conclusión, resolvemos que los artículos 109 y 142 son

disposiciones separadas que se refieren a obligaciones

distintas. Disponemos además que sólo debe recurrirse a los

parientes indicados en el artículo 142 cuando el ex cónyuge

reclamado no pueda sufragar los alimentos del ex cónyuge

reclamante. En este sentido, la decisión del Tribunal de

Apelaciones es correcta.

D. Los ocho criterios añadidos en 1995

Las conclusiones anteriores atienden el problema principal

que suscita el presente caso, mas no lo resuelve por completo.

El Tribunal de Apelaciones determinó que la recurrida era

acreedora a una pensión de ex cónyuge, si bien devolvió el caso

para que instancia determinara la cuantía. Respecto a esto, el

peticionario argumenta que la demandante no demostró que cumplía

con el factor de necesidad, pues no presentó prueba sobre

incapacidad o imposibilidad para generar ingresos. Parece

entender que la nueva redacción del artículo 109 impone una carga

probatoria particular a quien reclama alimentos. En ese sentido,

sugiere que la parte reclamante de alimentos debe demostrar

específicamente que posee alguna incapacidad física o mental o

que no es capaz de generar ingresos.

Algunos miembros de este Tribunal acogen esta teoría y

concluyen que las circunstancias añadidas al artículo 109 en

1995 constituyen criterios valorativos que deben considerarse

tanto para decidir si se concede la pensión como para determinar

su cuantía. Aplicando este concepto, concluyen,

en el divorcio.” Raúl Serrano Gelys, supra en la pág. 112 (1996), énfasis nuestro. CC-2002-908 21

específicamente, que por razón de las enmiendas la cónyuge

reclamante en este caso tiene que traer prueba sobre las

gestiones realizadas por ella para procurarse un empleo y sobre

enfermedades o incapacidades que la inhabiliten para ejercer un

trabajo. A la luz de lo antes dicho, resulta necesario aclarar

el alcance de las circunstancias añadidas en 1995.

Como ya explicamos anteriormente, el modelo normativo del

listado de circunstancias incorporadas al artículo 109 en 1995

es el artículo 97 del Código Civil español. La disposición

española dota al cónyuge “al que la separación o divorcio produce

desequilibrio económico” respecto al otro, del “derecho a una

pensión que se fijará en la resolución judicial, teniendo en

cuenta...” entre otras, las circunstancias que corresponden a

las que fueron incorporadas a nuestro artículo 109 en 1995

(énfasis nuestro).

Expresado de esa forma, la doctrina española ha

interpretado que el juez debe considerar estas ocho

circunstancias “para fijar la cuantía de la pensión y no para

decidir si procede o no a concederla, pues ello debe hacerse

conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 97.”

II MANUEL ALBALADEJO, COMENTARIOS AL CÓDIGO CIVIL Y COMPILACIONES FORALES,

431 (1981)(Gabriel García Cantero, autor del comentario),

énfasis nuestro.

Al añadir las circunstancias enumeradas en el artículo 97

del Código Civil español a nuestro artículo 109, el legislador

varió el texto introductorio. Según nuestro texto, “[e]l

Tribunal concederá los alimentos... teniendo en cuenta” las

circunstancias ya mencionadas (énfasis nuestro). Esta

redacción sugiere que los criterios añadidos simplemente buscan

“nutrir la conciencia del juzgador al fijar el monto de la CC-2002-908 22

pensión”. Díaz v. Alcalá, 140 DPR 959, 978 (1996). El examen

del historial legislativo, en particular la explicación sobre

el “alcance de la medida” del Informe de la Comisión de Gobierno

sobre el Proyecto del Senado 652 de 5 de abril de 1995, no arroja

luz en cuanto a si esa diferencia indica la intención legislativa

de que las circunstancias añadidas sirvieran también para

determinar la procedencia de la pensión. Explica el Informe que:

... la concesión de alimentos al ex cónyuge debe basarse en otros criterios además que [sic] la culpa. Hasta ahora, los criterios tradicionales están basados en la necesidad del alimentista y los recursos económicos del obligado. A estos efectos la Comisión de Gobierno considera necesario añadir algunas circunstancias que podrá también tomar en consideración el juez en la determinación de alimentos al ex-cónyuge, adoptados del artículo 97 del Código Civil español. El propósito de esta enmienda es contribuir a la orientación de la discreción judicial y satisfacer las necesidades de los ex-cónyuges sobre las bases reales de la institución del matrimonio (énfasis nuestro).

En Díaz v. Alcalá, supra, al referirnos a los alimentos

de ex cónyuge a la luz del artículo 109 luego de las enmiendas

de 1995, citamos in extenso la doctrina española, en

particular aquella tocante a la naturaleza de la pensión

compensatoria entre ex cónyuges. Apoyados en esta corriente

doctrinal, dijimos específicamente que los ocho criterios

añadidos al artículo 109 “serán los elementos de juicio

judiciales para fijar el monto de cualquier pensión post

divorcio.” Díaz v. Alcalá, supra, en la pág. 982, énfasis

nuestro. El análisis requerido a propósito de la controversia

específica del presente caso nos lleva a reiterar que la

mayoría de las enmiendas de 1995 son aplicables al monto de CC-2002-908 23

la pensión. Los únicos elementos verdaderamente nuevos

añadidos al artículo 109 en 1995 son aquellos que resultan

pertinentes para fijar el monto de la pensión, según expusimos

en Díaz v. Alcalá, supra. Ahora bien, ninguno de los ocho

criterios añadidos, ni los nuevos ni los que ya estaban

prefigurados en la jurisprudencia, añade una carga probatoria

específica a la reclamación. Veamos el listado más de cerca.

(a) Acuerdos a que hubiesen llegado los ex cónyuges

En España, la posibilidad de que los cónyuges hubiesen

llegado a ciertos acuerdos guarda relación con el artículo 90

de su Código Civil, que regula los acuerdos voluntarios de los

ex cónyuges referentes a la regulación de los efectos de la

nulidad, separación o divorcio, y aquellos acuerdos

relacionados con la regulación de la

separación o divorcio por consentimiento mutuo. Estos

acuerdos deben referirse, entre otros extremos, a la pensión

“que conforme al artículo 97 correspondiere satisfacer, en su

caso, a uno de los cónyuges.” Aunque en Puerto Rico no hay una

disposición similar, la posibilidad de un acuerdo de este tipo

puede ser pertinente tanto para la concesión de la pensión como

para determinar su cuantía. Sin embargo, no importa lo pactado

previamente por los cónyuges, la existencia de un acuerdo no

sustituye, sin más, el criterio primordial de necesidad

establecido en el primer párrafo del artículo 109.30

(b) La edad y estado de salud.

30 Al respecto véase Cantellops v. Cautiño, 146 DPR 791, 806 (1996), donde dijimos expresamente que “…por estar la institución de alimentos revestida del mayor interés público, cualquier acuerdo que se hubiere efectuado, no tiene, ni puede tener carácter invariable, o constituir una renuncia a derechos futuros de alimentación.” CC-2002-908 24

(c) La cualificación profesional y probabilidades de empleo.

El factor (b), según la doctrina, se refiere tanto a la

edad y salud del reclamante como a la del reclamado. El juzgador

debe ser cuidadoso al evaluar estas circunstancias debido al

efecto que éstas pueden tener sobre la productividad de un

individuo. Explica el profesor Serrano Geyls que este parámetro

sirve “para determinar la vida ocupacional que le queda a una

persona”.31

Las circunstancias incluidas en el inciso (c) también

aplican a ambos ex cónyuges, puesto que la cualificación

profesional y las probabilidades de empleo son inversamente

proporcionales a la necesidad y directamente proporcionales a

la capacidad para sufragarla.32

No podemos concluir que la consideración de estas

circunstancias imponga al ex cónyuge reclamante la obligación

específica de demostrar que no es joven, no está en buen estado

de salud y no tiene capacidad para trabajar. Más bien, son

circunstancias relacionadas con la necesidad del ex-cónyuge

reclamante y la capacidad de aportación del otro ex-cónyuge que

no constituyen nuevos criterios sobre los cuales debe

presentarse prueba, sino que fueron elaborados

jurisprudencialmente, junto a muchos otros, para guiar la

31 Raúl Serrano Geyls, supra en la pág. 117. Distinto a otros miembros de este Tribunal, consideramos que una persona de 51 años de edad no es joven para propósitos de insertarse, por primera vez, en el mercado de trabajo. 32 En cuanto al criterio de “cualificación profesional y probabilidades de empleo” tenemos que rechazar la conclusión de miembros de este Tribunal a los efectos de que la recurrida está capacitada para trabajar. Entendemos que correspondería, en cualquier caso, al foro de instancia determinar la capacidad de trabajo de la peticionaria. CC-2002-908 25

discreción del juzgador respecto a la solicitud del excónyuge

reclamante. Véanse Cantellops v. Cautiño, 146 DPR 791 (1998);

Soto López v. Colón Meléndez, 143 DPR 282 (1997); Díaz v. Alcalá, supra; González v. Suárez Milán, supra; Milán Rodríguez

v. Muñoz, 110 DPR 615 (1981); Casiano v. Tribunal Superior, 101

DPR 327 (1973); Rubio Sacarello v. Roig, 84 DPR 344 (1962);

Meléndez v. Tribunal Superior 77 DPR 535 (1954); Puigdollers

v. Monroig, 26 DPR 310 (1918).

(d) La dedicación pasada y futura a la familia

La incorporación de este factor en Puerto Rico ha sido

criticada, porque responde a un sistema compensatorio como el

español y no a uno alimentario como el nuestro. Raúl Serrano

Geyls, La nueva ley de pensiones alimentarias post-divorcio,

30 REV. JUR. UIPR 97, 118 (1996). En aquel sistema, esta

circunstancia se utiliza para compensar al ex cónyuge que ha

tenido gran dedicación a la familia. Al respecto señala García

Cantero que “en estos casos en que el sacrificio de uno ha

sobrepasado lo normal, parece justo compensarle de alguna

manera con una notable pensión por desequilibrio.” II MANUEL

ALBALADEJO, COMENTARIOS AL CÓDIGO CIVIL Y COMPILACIONES FORALES, 434

(1981)(Gabriel García Cantero, autor del Comentario). Se

trata, pues, de un criterio de carácter subjetivo que exige que

el juzgador examine la aptitud del cónyuge hacia la vida

familiar al fijar la cuantía de la pensión.

Ahora bien, la dedicación pasada y futura a la familia no

debe utilizarse ni para conceder ni para negar el derecho a la

pensión. Considerar la dedicación a la familia como factor para

determinar la concesión de la pensión tiende a acercarnos a la

antigua figura de la culpa, particularmente para evaluar CC-2002-908 26

negativamente el grado de dedicación demostrado. Esa

aplicación sería inconsistente con la intención del legislador

de fundamentar la concesión de la pensión tan sólo en las

circunstancias económicas de

los ex cónyuges, descartando expresamente la relación

culpa-inocencia.33

(e) La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.

La consideración de esta circunstancia también tiene un

fuerte carácter indemnizatorio y, según nos señala la doctrina,

está vinculada con la figura del enriquecimiento injusto.34 La

lógica indica que la colaboración plena en las actividades del

ex cónyuge reclamado debe suponer un incremento en la pensión

concedida.

(f) La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.

Al igual que el factor anterior, éste tiene naturaleza

compensatoria más que alimentaria. En su versión española ha

sido interpretado como un ejemplo del carácter indemnizatorio

de la pensión y debe entenderse como que “a mayor convivencia

mayor pensión”.35

33 Nos parece que la opinión disidente no sopesa el criterio de “dedicación pasada y futura a la familia”. La reclamante, dedicó 27 años a la familia constituida con el reclamado, dedicándose precisamente a las funciones tradicionales del hogar. Más aún, cuida de su nieta, lo cual constituye, a nuestro entender, “la dedicación futura” contemplada en este criterio y no una fuente de ingreso desaprovechada, según lo percibe la opinión disidente. Todo lo anterior puede ser de gran pertinencia a la hora de determinar la cuantía de la pensión. 34 Véase Serrano Geyls, supra en las págs. 118-119. 35 Albaladejo, supra en la pág. 308; nótese que en este caso las partes estuvieron casadas durante 27 años, lo cual resulta pertinente al criterio de duración del matrimonio y de CC-2002-908 27

La consideración de los incisos (d), (e) y (f) requiere

un caveat. Todos mencionan circunstancias que

exigen que el juzgador examine la aptitud de los ex cónyuges

hacia su previa vida conyugal. No hay duda de que el legislador

considera importante la aportación y ayuda que brindó el ex

cónyuge reclamante a la convivencia y situación conyugal

mientras estaba vigente el matrimonio. Ahora bien, la

incorporación al artículo 109 de este segundo grupo de

circunstancias, que indubitadamente son de carácter subjetivo,

tiene que verse en el contexto de la decisión de eliminar la

consideración de la relación culpa-inocencia como factor para

la concesión de la pensión. Por eso, concluimos que las

circunstancias incluidas en los incisos (d), (e) y (f)

necesariamente guardan relación con la cuantía de la pensión

y no con su concesión. Debe hacerse particular hincapié en que

una vez determinada la necesidad, por cualquier medio, los

factores contenidos en estos incisos no pueden utilizarse para

descartar la pensión.

(g) El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.

(h) Cualquier otro factor que considere apropiado dentro de las circunstancias del caso.

Los últimos dos factores añadidos al enmendar el artículo

109 resultan básicamente redundantes e innecesarios. El

primero es una paráfrasis del criterio de “necesidad”

establecido en el primer párrafo del artículo 109, que establece

la pensión para el ex cónyuge “que no cuente con medios

suficientes para vivir.” Además, reitera una consideración

reconocida por la jurisprudencia que

convivencia conyugal y por lo tanto relevante al momento de CC-2002-908 28

surge de la lógica interna de la figura de la necesidad como

presupuesto de la pensión de ex cónyuge, a saber, la capacidad

del ex cónyuge reclamado para proveerla. En cuanto al último

criterio, el legislador confirma lo que ya se infiere de la

primera oración del segundo párrafo, es decir, que los criterios

añadidos no son numerus clausus.36

En resumen, si observamos detenidamente las enmiendas de

1995, nos percatamos de que ninguna de éstas debe interpretarse

de manera contraria a la clara intención legislativa de

descartar la culpa como presupuesto para conceder o negar la

pensión, como tampoco la de eliminar las diferencias entre los

géneros. Igualmente claro es el mandato legislativo a los

tribunales, que les requiere conceder o negar la pensión sobre

la base de la necesidad del ex cónyuge reclamante y la capacidad

económica del ex cónyuge a quien se le reclama. Nos parece que

ese parámetro es suficiente para dirigir la sana discreción de

los Tribunales de Primera Instancia.

Dado su carácter de numerus apertus, las ocho

circunstancias añadidas en 1995 son más bien ejemplos de

aquellas que puede tomar en cuenta un juez al determinar la

determinar la cuantía de la pensión. 36 Debemos señalar, como ejemplo de uno de los criterios adicionales que pueden considerarse en este caso para evaluar la cuantía de la pensión, que la demandante señora Jaime Jaime vive en la antigua casa conyugal. Éste es claramente uno de los elementos que las partes pueden acordar al amparo del artículo 90 del Código Civil español y que la doctrina interpretativa del artículo 97 de dicho código, reconoce como circunstancia a considerar al fijar el monto de la pensión. Raúl Serrano Geyls, La nueva ley de pensiones alimentarias post divorcio, 30 REV. JUR. UIPR. 97, 121 (1996). CC-2002-908 29

pensión de ex cónyuge. Interpretarlas como que imponen al

reclamante una obligación específica de prueba, constituye una

interpretación demasiado restrictiva y contraria al espíritu

solidario y alimentario que rige esta figura.

La alegación suficiente para reclamar la pensión de ex

cónyuge es, por tanto, aquella que establezca que se carece de

medios “suficientes para vivir”. Para demostrar esa necesidad

sólo se requiere presentar cualquier prueba pertinente tendente

a establecer que no se cuenta con dichos medios suficientes para

vivir y no necesariamente que se es anciano, incapacitado o

incapaz de trabajar.

III.

En su sentencia de 1 de julio de 2002, el Tribunal de

Primera Instancia hizo determinaciones de hechos sobre varias

de las circunstancias añadidas al artículo 109 en 1995, entre

ellas, la edad de la demandante, su preparación académica, la

asunción de deudas por el ex cónyuge demandado y el uso continuo

del anterior hogar conyugal. Sin embargo, no las tomó en

consideración al emitir su decisión. Tampoco consideró otros

factores, como la dedicación de la reclamante a la familia, la

duración del matrimonio y la convivencia conyugal, sobre los

cuales se presentó prueba. Resulta inaceptable que el tribunal

inferior haya elaborado determinaciones de hechos sobre varios

de estos aspectos sin otorgarles mayores consecuencias, pues

despachó la controversia fundamentándose equivocadamente en

que la demandante debía

reclamar alimentos en primer lugar a sus parientes, al amparo

del artículo 142. CC-2002-908 30

Una interpretación objetiva de los hechos adjudicados por

el tribunal de instancia nos lleva a resolver que no erró el

Tribunal de Apelaciones al conceder la pensión solicitada y

ordenar la devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia

para que determine el monto de la pensión. No hay duda que ese

tribunal está en mejor posición para sopesar la necesidad

demostrada por la ex-esposa y la situación económica del

ex–esposo.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma

la decisión recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de

Primera Instancia, para que proceda conforme a lo aquí

establecido.

Se dictará sentencia de conformidad.

Liana Fiol Matta Jueza Asociada EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Demandante-Peticionario Certiorari v.

Demandada-Recurrida CC-2002-908

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, confirmamos el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que proceda conforme a ésta. Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió Opinión de conformidad. El Juez Asociado señor Rebollo López disiente con Opinión escrita. El Juez Asociado señor Rivera Pérez disiente sin opinión escrita.

Dimarie Alicea Lozada Secretaria del Tribunal Supremo Interina EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Demandante-Peticionario

vs. CC-2002-908 Certiorari

Demandada-Recurrida

Opinión de Conformidad emitida por el JUEZ ASOCIADO SEÑOR FUSTER BERLINGERI.

San Juan, Puerto Rico, a 23 de noviembre de 2005.

Aunque estoy conforme con la opinión del

Tribunal, me ha parecido menester hacer unas breves

expresiones particulares, para enfatizar aspectos de lo

que aquí hoy resolvemos.

En el caso de autos, tenemos dos asuntos

medulares planteados ante nos. El primero de ellos es

si una persona divorciada que tiene necesidad de

alimentos debe reclamarlos en primer lugar a su

ex–cónyuge al amparo del Art. 109 del Código Civil, o

si debe acudir antes a sus parientes más próximos al

amparo del Art. 143 de ese Código.

Un examen de nuestra jurisprudencia relativa

al Art. 109 referido lleva inexorablemente a la

conclusión de que el sentido originario de esa CC-2002-908 2

disposición incluía la intención legislativa de que si la persona

reclamando los alimentos cumplía con los requisitos

correspondientes, la obligación de concederlos le correspondía

primeramente al ex-cónyuge. Nunca lo resolvimos precisamente

así, pero ello estaba claramente sobrentendido. Véase, Meléndez

v. Tribunal Superior, 77 D.P.R. 535, 542 (1954); Suria v.

Fernández Negrón, 101 D.P.R. 316, 319-320 (1973); Milán Rodríguez

v. Muñoz, 110 D.P.R. 610, 613 (1981). Esa primordial obligación

del ex-cónyuge –originalmente del marido- quien responde antes

que los parientes cercanos, realmente nunca ha estado en dudas.

Hoy tenemos, pues, la ocasión para afirmarla expresamente.

Es menester advertir enfáticamente, además, que aunque la

obligación del ex-cónyuge referida nace de disposiciones

estatutarias y de relaciones humanas distintas a las de los

parientes cercanos, ello no significa que las respectivas

obligaciones alimentarias tengan un carácter o propósitos

diferentes. Por el contrario, según hemos resuelto antes, ambas

comparten en gran medida “las características esenciales que

tiene la institución de los alimentos”. Como bien reconoce la

mayoría del Tribunal aquí, y como habíamos pautado antes en

González v. Suárez Milán, 131 D.P.R. 296, 301 (1992), ambas están

investidas del mayor interés público, porque en el fondo ambas

surgen del derecho fundamental de todo ser humano a existir y

desarrollar plenamente su personalidad. Es decir, ambas se

imponen como parte de “las condiciones necesarias de la vida

progresiva de la humanidad”, González v. Suárez Milán, supra;

ambas se originan en “un propósito de solidaridad humana”, Suria

v. Fernández Negrón, supra. CC-2002-908 3

No debe perderse de vista esta naturaleza esencial común a

ambas obligaciones alimentarias, porque de ella se han de derivar

las respuestas correspondientes a las interrogantes que puedan

surgir sobre estas obligaciones en otros casos o situaciones.

El segundo asunto planteado en el caso de autos es relativo

al significado de la importante enmienda que se le hizo al Art.

109 en 1995, cuando inter alia el legislador añadió ocho

criterios que deben tenerse en cuenta al conceder los alimentos

dispuestos en esa disposición.

Sobre este otro asunto, cabe enfatizar que ya antes hemos

interpretado el significado y el alcance de la referida

modificación del Art. 109 del Código Civil. En Díaz v. Alcalá,

140 D.P.R. 959 (1996), hicimos claro que los ocho criterios en

cuestión se refieren a circunstancias que un tribunal debe

ponderar “al fijar el monto de la pensión”, Id, pág. 978; o sea

“para fijar la cuantía” Id, pág. 980. Lo reiteramos por tercera vez en Díaz v. Alcalá, supra, cuando señalamos que estos criterios

“precisamente serán los elementos de juicio judiciales para fijar el monto de cualquier pensión post divorcio”, Id, pág. 982. No

se trata, pues, de requisitos a considerar primordialmente para

decidir si se concede o no la pensión. Más bien, como claramente

se señala en el propio Art. 109 del Código Civil,

son criterios a tomar en consideración por el tribunal al decidir

cuánto de alimentos ha de asignarse. Dice dicho Artículo en lo

pertinente:

“El Tribunal concederá los alimentos a que se refiere el párrafo anterior, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:

a) . . .

b) . . .

Etc.” CC-2002-908 4

El claro propósito de la referida enumeración de criterios a tomar

en cuenta es que el tribunal pueda hacer la evaluación más justa

posible de la cuantía de la pensión alimentaria que reclama un

ex-cónyuge al otro, una vez se ha determinado la procedencia de

ésta, la que a su vez depende de que la parte reclamante tenga

necesidad de ella. Eso fue lo que correctamente pautamos antes

en Díaz v. Alcalá, supra.

Nótese, además, que hubo otro aspecto fundamental que

también establecimos en Díaz v. Alcalá, supra, sobre este asunto.

Allí claramente indicamos que las enmiendas al Art. 109

realizadas en 1995 modificaban “sustancial y significativamente

el alcance y la visión legislativa de la pensión post divorcio”.

Id, a la pág. 977. Adoptamos por referencia, en lo pertinente,

la conceptualización española de tal pensión y señalamos que se

trataba “de un acto de justicia equitativa legislativa que

trasciende la antigua noción de divorcio por culpa.” Explicamos

que su finalidad incluye atender el desequilibrio económico resultante de un divorcio, cuanto éste aparejaba un empeoramiento

de la posición material de uno de los cónyuges. Citamos al comentarista G. García Cantero para hacer referencia específica

a la necesidad de proteger a la mujer que estando casada dedicó su vida al hogar y por carecer de una especialización profesional,

habría de sufrir un grave deterioro en su situación económica por razón del divorcio.

El Art. 109 en vigor, pues, existe ahora precisamente para procurar que se trate con equidad a una ex-cónyuge como la del

caso de autos; para que una mujer que se dedicó plenamente a las

labores domésticas como madre y esposa, no sufra de repente un

grave desequilibrio económico al ser enfrentada con un divorcio;

para protegerla de una única opción de tenerse que ir a trabajar

como empleada doméstica. Díaz v. Alcalá, supra, pág. 980.

En Díaz v. Alcalá, supra, reconocimos la realidad innegable

de que con gran frecuencia la mujer casada se entrega por muchos CC-2002-908 5

años al cuidado del esposo y de los hijos, y sacrifica así la época

en que pudo desarrollar sus cualidades intelectuales y

profesionales, para luego encontrarse al momento de la crisis

conyugal con un grave desvalimiento económico. Nos adherimos a

la posición de que por razones de equidad tal situación desvalida

no puede permitirse. Siguiendo la tendencia moderna europea,

resolvimos que mediante el Art. 109 se procura no sólo proveer

asistencia al ex-cónyuge que la necesita sino, además, intentar

una reparación de los prejuicios económicos causados por la

disolución del matrimonio. Véase, García Garrido, La Pensión

Compensatoria, XXV Rev. Jur. UIA 449 (1991). El ex-cónyuge que

no cuente con medios suficientes

para vivir tiene un claro derecho a ser socorrido por el otro que

tiene recursos, cuando el divorcio aparejó para aquel un

deterioro económico con respecto a su situación anterior en el matrimonio. Para ello existe precisamente el Art. 109 del Código

Civil. Esta renovada concepción justiciera del Art. 109, afín a

la que expresamos en Suria v. Fernández Negrón, supra, fue

claramente formulada en Díaz v. Alcalá, supra, y forma parte integral ya de nuestro haber jurisprudencial. Es claramente

aplicable al caso de autos, como lo hace la mayoría del Tribunal

en su opinión aquí.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI JUEZ ASOCIADO EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 23 de noviembre de 2005

Lamentablemente no podemos suscribir, y endosar con nuestro voto, la Opinión emitida por la Mayoría en el presente caso. Ello por entender que la misma no sólo contradice el claro texto de la Ley 37 Núm. 25 de 16 de febrero de 1995, y su historial legislativo, sino que, además, crea un peligroso precedente que --como el boomerang-- regresará a este Tribunal, ante el descalabro jurídico que, sin lugar a dudas, creará en los foros inferiores. Veamos.

37 Ley que enmendó el Artículo 109 del Código Civil. CC-2002-908 2

I

Tal y como surge de la Opinión mayoritaria, el Sr. Israel

Morales Vargas, demandante peticionario, y la Sra. Adoración

Jaime Jaime, demandada recurrida, contrajeron matrimonio en

el año 1974 y se divorciaron el 5 de septiembre de 2001.38 A

raíz de este divorcio el señor Morales Vargas asumió todas

las deudas gananciales ascendentes a $480.00 mensuales y una

deuda de $1,278.00 de uno de sus hijos. La señora Jaime, por

su parte, permaneció en posesión y disfrute de los bienes y

efectos propios del hogar.

A un mes y medio de obtenido el divorcio, la señora Jaime

presentó una petición de alimentos, de ex-cónyuge, al amparo

del Artículo 109 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 385. Como

único fundamento a su petición la señora Jaime alegó que

“carece de suficientes medios para vivir” y que “nunca ejerció 39 ningún trabajo por el cual percibiera un salario.” Además,

señaló que su ex-cónyuge cuenta con medios económicos

suficientes para satisfacer la pensión solicitada por ella.

Oportunamente, el señor Morales Vargas presentó su

oposición a la moción formulada por su ex-esposa, aduciendo que la misma debía ser únicamente considerada a

la luz del Artículo 144 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 563

--sobre alimentos entre parientes-- y no al amparo del Artículo 109.

Alegó, en síntesis, que la obligación del ex-cónyuge contemplada en

el Artículo 109, ante, es de carácter subsidiario y se torna exigible

sólo cuando ninguno de los obligados a alimentar por el Artículo 144

38 Durante su matrimonio procrearon seis (6) hijos; todos mayores de edad al momento del divorcio. 39 Explicó que durante su matrimonio se dedicó a cuidar sus hijos y a ser ama de casa. CC-2002-908 3

puede hacerlo. Argumentó, por último, que en este caso su ex-esposa

vive en el hogar “conyugal” con dos de sus hijos --ambos mayores de

edad-- quienes, según alegó, pueden aportar a sus gastos.

Luego de varios trámites procesales, el 1ro. de julio de

2002 el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao,

emitió una resolución en la cual realizó las siguientes

determinaciones de hecho:

1. La peticionaria [Jaime Jaime] nunca ha ejercido otra labor que la de madre, esposa y ama de casa. Cursó hasta noveno grado de escuela intermedia. Cuenta con la edad de cincuenta y un (51) años. Durante el matrimonio la única fuente de ingresos provino de Dos [sic] Israel Morales Vargas. El demandado [el demandante, Morales Vargas] hace cinco (5) años comenzó a trabajar en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en el área de archivo.

2. La peticionaria declaró que actualmente solamente cuenta con $180.00 mensuales que recibe por concepto del Programa de Asistencia Nutricional para ella y su hija. Sus gastos mensuales son: comestibles $240.00, ropa $50.00, efectos personales $15.00, agua $15.00, energía eléctrica $80.00, transportación pública $15.00. Continúa haciendo uso del Plan Médico de su esposo hasta abril de 2002, fecha en que cesará dicho beneficio. Tiene gasto mensual [sic] en medicina de aproximadamente $20.00 a $25.00. En cuanto a los demás gastos se sometió la Planilla de Información Económica en evidencia. Conforme a la misma la peticionaria tiene un gasto mensual de $597.33.

3. También declaró que reside en el hogar ganancial y está en posesión y disfrute de los bienes y efectos propios del hogar. Actualmente viven en su hogar dos de sus hijos, ambos son mayores de edad [sic]. Uno de ellos está casado y vive con su esposa y una hija, también en el hogar de la peticionaria. La demandada no trabaja, se ocupa de las tareas propias del hogar y ha cuidado de la nieta mientras su hijo y la esposa de éste trabajan.

4. Los servicios de la vivienda están a nombre del demandado, excepto el teléfono que está a nombre del hijo que vive en el hogar quien lo paga porque es suyo. Durante el matrimonio hubo deudas gananciales pero el demandado no le dejó deudas, ya que él las asumió.

5. El demandado [demandante] trabaja en el Fondo del Seguro del Estado en Caguas y tiene un ingreso de CC-2002-908 4

$2,000.00 mensuales. Recibe un Bono de Navidad de $1,500.00. No tiene ningún otro tipo de trabajo. Reside con sus padres, quienes cuentan con la edad de 84 y 82 años respectivamente, en la residencia de éstos. Él paga todas las deudas gananciales que ascienden a $480.00 mensuales, además de una deuda de teléfono perteneciente a su hijo y que él tuvo que asumir. Dicha deuda era de $1,278.00 y paga $125.00 mensuales. Estudia los sábados un curso de reparación de computadoras. Alegó padecer de desbalance y tiene un gasto mensual de medicamentos de $25.00 los cuales no cubre el plan. Tiene un préstamo de estudiante que paga $120.00 mensuales. Tiene un gasto de luz de $100.00 bi-mensual. (Énfasis suplido.)

Tomando en consideración estas determinaciones de

hecho, el foro primario declaró sin lugar la solicitud de

alimentos presentada por la Sra. Jaime Jaime, concluyendo que

no procedía la concesión de una pensión alimentaria de

ex-cónyuge a su favor, pues “para que proceda la acción la

promovente debe carecer de medios para subsistir y cubrir sus

necesidades alimentarias [y no tener] otra forma de obtener

alimentos que necesita [sic], excepto reclamarlos al

ex-cónyuge bajo el Artículo 109 del Código Civil.” Al fundamentar su determinación el tribunal de instancia

llamó la atención hacia el hecho de que la peticionaria “cuenta con descendientes y colaterales capacitados para

ayudarle, dos de los hijos y la familia de uno de ellos, disfrutan y se benefician de la posesión de los bienes muebles

e inmueble que ostenta la [señora Jaime], sin pagar canon o merced alguna por ello.” Asimismo, señaló que “[h]ay que

reconocer que el [señor Morales Vargas] asumió todas las deudas de la extinta sociedad legal de gananciales, no dejando

deuda alguna a la [señora Jaime].”40

40 El foro primario concluyó que la “promovente [tiene que] reclamar[le] en primer lugar a sus descendientes, en segundo lugar a sus ascendientes y en tercer lugar a sus parientes colaterales, hermanos y sobrinos.” Explicó que si éstos no CC-2002-908 5

Inconforme con esta determinación, la Sra. Jaime Jaime

acudió al Tribunal de Apelaciones, el cual revocó el dictamen del

foro primario.41 Insatisfecho con el dictamen emitido por el

foro apelativo intermedio, el señor Morales Vargas acudió ante

este Tribunal --vía certiorari-- solicitando la revisión de

dicha determinación, recurso que fue expedido el 14 de febrero

de 2003.42

En el día de hoy una mayoría de este Tribunal confirma

la determinación del Tribunal de Apelaciones al concluir, en

primer lugar, que cuando la necesidad del reclamante está

vinculada al divorcio, o surge como consecuencia de éste,

procede reclamar alimentos al ex-cónyuge al amparo del

Artículo 109 del Código Civil y que sólo puede recurrirse a

los parientes enumerados en el Artículo 143 cuando éste no

cuenta con medios suficientes para sufragar dichos alimentos.

En segundo lugar, la Mayoría concluye que para reclamar

esta pensión de ex-cónyuge es suficiente con que el

reclamante pruebe un estado de necesidad, lo cual, según la

Mayoría, se logra con presentar “cualquier” prueba tendente

a demostrar la carencia de medios “suficientes para vivir”.

pueden sufragar los alimentos que se reclaman “entonces es de aplicación la obligación del ex-cónyuge contemplada en el Art. 109.” 41 El referido foro apelativo resolvió que “procede imponerle una pensión alimentaria a Israel Morales Vargas [a favor de Jaime Jaime]”. Ello, en atención a que, según su criterio, “aun estableciendo que el ex-cónyuge reclamante puede acudir a sus parientes para alimentos, entendemos que en primera instancia éstos deben ser reclamados al ex-cónyuge, a tenor con el Artículo 109, supra.” 42 El 30 de junio de 2003, habiendo recibido sólo el alegato del demandante peticionario, le concedimos un término de veinte (20) días a la señora Jaime Jaime para que compareciera ante este Tribunal. El 20 de agosto de 2003, aún sin la comparecencia de la recurrida, se dio por sometido el recurso. CC-2002-908 6

II

De entrada, precisa puntualizar que estamos totalmente

conformes con la conclusión a la que llega la Mayoría en cuanto

a que los Artículos 109 y 143 del Código Civil de Puerto Rico

son dos tipos de disposiciones separadas e independientes que

atienden situaciones distintas y que no pueden ser

interrelacionadas de la forma que pretende el aquí

peticionario.

A esos efectos, debemos señalar que, aun cuando

simpatizamos con el planteamiento del peticionario, en cuanto

éste alega que entre los ex-cónyuges no existe ninguna

relación de afinidad o consanguinidad que justifique la

obligación alimentaria que impone el Artículo 109 del Código

Civil, somos del criterio que este Tribunal está impedido de

establecer la normativa que se nos propone, por constituir

dicha acción un acto de legislación judicial que, llana y

sencillamente, nos está vedado.

Ahora bien, lo que no podemos, bajo ningún concepto,

suscribir es la normativa que pretende establecer la Mayoría

en cuanto al tipo de prueba que debe presentar el ex-cónyuge

reclamante al solicitar alimentos post divorcio. Sobre este

particular se establece que para reclamar este tipo de alimentos

el ex-cónyuge sólo tendrá que demostrar que carece de medios

suficientes para vivir, lo cual --según la teoría esbozada por

la Mayoría-- podrá establecerse presentando “cualquier” prueba

pertinente. Asimismo, se intima que al reclamar esta pensión CC-2002-908 7

no será necesario que el ex–cónyuge solicitante establezca

las razones que le impiden proveerse su propio sustento.

Para llegar a esta conclusión la Mayoría se enfrasca en

una extensa explicación histórica de los criterios

establecidos en el Artículo 109 y, luego de llevarnos en un

viaje de estudios por varias jurisdicciones, al abordar el navío

erróneo, arriba al puerto equivocado, concluyendo que ninguno

de estos criterios “añade carga probatoria específica a la

reclamación.” Esto es, de un solo plumazo la mayoría de este

Tribunal ha eliminado la aplicación práctica de estos

criterios, ignorando por completo el propósito que emana

claramente de su historial legislativo. Veamos.

Como es sabido, mediante la aprobación de la Ley Núm. 25

de 16 de febrero de 1995 la Asamblea Legislativa enmendó el

Artículo 109 del Código Civil con el propósito principal de

reconocer estatutariamente el derecho alimentario post

divorcio a ambos ex–cónyuges y eliminar el concepto de culpa

contenido hasta ese momento en el referido estatuto.43 Esta

enmienda sirvió, además, para añadir una serie de

circunstancias que, según se estableció expresamente en el

referido articulado, los

43 Además, se estableció la posibilidad de modificar la pensión por alteraciones sustanciales en la situación, los ingresos y la fortuna de uno u otro ex-cónyuge y se eliminó la causal de “vida licenciosa” para la revocación de la pensión alimenticia. CC-2002-908 8

tribunales deben tomar en cuenta al momento de “conceder” la

pensión solicitada.44

A tenor con el historial legislativo de la Ley Núm. 25,

este enfoque respondió a los señalamientos expuestos en el

Informe de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico

sobre el Proyecto del Senado 652.45 En su informe de 20 de

junio de 1994, la referida Comisión llamó la atención hacia el

hecho de que hasta ese momento los criterios para la concesión

de alimentos estaban basados exclusivamente en la necesidad

del alimentista y los recursos económicos del obligado.

Por esta razón, se recomendó la inclusión de un segundo

párrafo al Artículo 109 en el que se enumeran algunas

circunstancias adicionales que los tribunales deben tomar en

consideración al momento de realizar la determinación de

alimentos de ex-cónyuge. Según se expresó, “[e]llo

contribuir[ía] a orientar la discreción judicial y a

satisfacer las necesidades de los ex cónyuges sobre las bases

reales en que está cimentada la institución del matrimonio

en la actualidad.” 46 Sobre este mismo asunto, en la

recomendación que hiciera el Departamento de Justicia con

44 Como vemos, el Artículo 109 hace referencia específica al término “conceder”, aunque se ha señalado que algunos de los criterios incluidos en la referida disposición estatutaria --como la cualificación profesional, probabilidades de acceso a un empleo, dedicación pasada y futura a la familia y colaboración a actividades del otro cónyuge-- pueden ser utilizados en la determinación de la cuantía de la pensión solicitada. Véase: Díaz v. Alcalá, 140 D.P.R. 959, 981 (1996). 45 En el referido Informe se hizo referencia, a su vez, a las recomendaciones que en ese sentido hiciera el Secretario de Justicia. CC-2002-908 9

relación al Proyecto de Enmienda del Artículo 109, se indicó

que estos criterios eran “adicionales a los ya reconocidos de

necesidad y capacidad económica”.

De este modo, se incluyeron ocho criterios valorativos

que, según el propio texto del Artículo 109, deben ser tenidos

en cuenta por los tribunales al momento de conceder los

alimentos. Éstos incluyen el análisis de los acuerdos a que

hubiesen llegado los ex-cónyuges, la edad y estado de salud

de cada uno de éstos, la cualificación profesional y las

posibilidades de empleo del ex-cónyuge reclamante, la

dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración en

las actividades mercantiles, industriales o profesionales

del otro cónyuge, la duración del matrimonio y de la

convivencia conyugal, el caudal, medios económicos y las

necesidades del otro cónyuge y cualquier otro factor que el

juzgador estime pertinente.

Como vemos, un análisis responsable de la disposición

estatutaria en controversia, y de su historial legislativo,

nos lleva inexorablemente a la conclusión de que, al

establecer estos criterios, el legislador tuvo la

intención de dotar al juez de elementos adicionales de manera

que la concesión y determinación de la pensión post divorcio

no dependiera exclusivamente de la necesidad del reclamante

y los recursos del reclamado. Esto es, que la determinación

judicial fuera el resultado de una evaluación de la totalidad

46 Véase: Informe de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico de 20 de junio de 1994, pág. 3. CC-2002-908 10

de las circunstancias, prestando particular consideración a

los criterios enumerados por el legislador en el Artículo

109.

En un desesperado intento por fundamentar su errónea

determinación, e ignorando totalmente la intención

legislativa y la letra clara de la Ley, en el caso de autos

la Mayoría concluye que los únicos elementos verdaderamente

nuevos añadidos al Artículo 109 con la enmienda de 1995 son

aquellos que resultan pertinentes para “fijar el monto de la

pensión” y que los elementos relacionados con los criterios

de necesidad y capacidad --como pueden ser la edad, estado

de salud, cualificación profesional y probabilidades de

empleo-- “no constituyen nuevos criterios sobre los cuales

debe presentarse prueba, sino que fueron elaborados

jurisprudencialmente . . . para guiar la discreción del juzgador

respecto a la solicitud del excónyuge reclamante.”

De esta forma, concluye que ninguno de los criterios

contenidos en el Artículo 109, ni siquiera los que reconoce

que están directamente relacionados con los criterios de

necesidad y capacidad económica, añade carga probatoria

específica a la reclamación de una pensión alimentaria post

divorcio y, por consiguiente, establece que para reclamar

dicha pensión es suficiente que se establezca, mediante la

presentación de cualquier prueba pertinente, la carencia de

“medios suficientes para vivir”. Ello no obstante, y de forma

altamente contradictoria, reitera el mandato legislativo de

que los tribunales deben “conceder o negar la pensión sobre CC-2002-908 11

la base de la necesidad del ex cónyuge reclamante y la

capacidad económica del ex cónyuge a quien se le reclama.”

(Énfasis suplido).

Sin lugar a dudas, la Opinión que hoy emite la Mayoría

no sólo crea más interrogantes de las que contesta, sino que,

además, evidencia un total desconocimiento de los

procedimientos que se suscitan ante una sala de instancia. ¿Cómo

ordenarle a un tribunal que resuelva a base de la necesidad

del reclamante, cuando al mismo tiempo se releva a dicha parte

de su responsabilidad de presentar prueba al respecto? ¿Cómo

pretender que estos elementos puedan guiar la discreción del

juzgador si se le priva del beneficio de contar con la evidencia

pertinente? ¿Qué curso de acción debe tomar un tribunal de

instancia cuando un ex-cónyuge reclamante --amparado en la

Opinión que hoy emite la Mayoría-- se limite a demostrar que

“carece de medios suficientes para vivir” y se niegue a

presentar evidencia adicional que permita evaluar

responsablemente la procedencia de la pensión solicitada?

Como vemos, la interpretación del Artículo 109 que ha hecho

la Mayoría en el presente caso no sólo es contradictoria y

difícil de implementar en términos prácticos, sino que,

además, es contraria a la intención legislativa de proveer

parámetros adicionales a los criterios de necesidad y

capacidad, contradiciendo la misma el claro texto de la ley

que establece expresamente que las circunstancias allí

enumeradas deben ser consideradas al momento de conceder una

pensión alimentaria post divorcio. CC-2002-908 12

Ya hemos señalado que en “[e]l desempeño normal de sus

funciones, los tribunales están obligados a respetar la

voluntad legislativa aunque los magistrados discrepen

personalmente de la sabiduría de los actos legislativos.

Interpretar una ley en forma que sea contraria a la intención

del legislador implica la usurpación por la [R]ama [J]udicial

de las prerrogativas de la [R]ama [L]egislativa. Por tanto,

el intérprete debe abstenerse de sustituir el criterio

legislativo por sus propios conceptos de lo justo, razonable

y deseable.”47

En vista de lo anterior, resulta evidente que no le

corresponde a este Tribunal enmendar por la vía judicial el

Artículo 109 del Código Civil a los fines de eliminar

la consideración de los criterios allí enumerados. Sin lugar

a dudas, ese es el efecto práctico de la normativa que

pretende establecer la Mayoría al resolver que los referidos

criterios “son más bien ejemplos” de las circunstancias que

puede tomar en cuenta el juez al determinar la pensión de

ex-cónyuge y que no imponen al reclamante una obligación

específica de prueba.

III

La incorrección de la actuación de la Mayoría en el

presente caso es manifiesta. En su afán por concederle

47 Alejandro Rivera v. E.L.A. , 140 D.P.R. 538 (1996), citando a R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, en su obra Aprobación e interpretación de las leyes de Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, pág. 299. CC-2002-908 13

alimentos a la peticionaria, se olvida por completo de la

deferencia y respeto que por años le ha merecido a este Tribunal

la voluntad legislativa y recurre a una interpretación que es

totalmente contraria a la misma. Además, ha mutilado la

discreción judicial reconocida por el estatuto, en la medida

en que limita la prueba que tendrá ante sí el juzgador de hechos

al momento de evaluar la procedencia de una solicitud de pensión

post divorcio.

A nuestro modo de ver las cosas, y refiriéndonos

específicamente al requisito de necesidad, es más que evidente

que a raíz de las enmiendas realizadas en el año 1995 al Artículo

109, al evaluar la procedencia de una reclamación de alimentos

de ex–cónyuge, los tribunales están obligados a considerar las

“circunstancias” incluidas a esos efectos en la referida

disposición estatutaria, particularmente aquellas que estén

relacionadas con el mencionado requisito de necesidad.48

Sobre este particular debemos aclarar que al establecer

estos criterios el legislador no indicó el peso que debía darse

a cada “circunstancia”, dejando el asunto al arbitrio 49 judicial. Ello no obstante, varios tratadistas

puertorriqueños coinciden en que algunos de estos criterios

se refieren al derecho y fijación de la pensión ya que, según

arguyen, están directamente relacionados con el requisito de

48 Debemos señalar que la discreción que el Artículo 109 le reconoce a los tribunales es en cuanto a la asignación de alimentos y no en la consideración de estos criterios. 49 Raúl Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, San Juan, Ed. Programa de Educación Jurídica Continua Universidad Interamericana, 1997, Vol. I, pág. 764. CC-2002-908 14

“necesidad” o “insuficiencia de medios para vivir”.50 Este es

el caso de los criterios relativos a la edad y estado de salud

del alimentista, cualificación profesional y probabilidades

de acceso a un empleo y caudal y medios económicos de los

implicados. Ibíd.

De lo anterior se colige que al solicitar una pensión

alimentaria post divorcio, el ex–cónyuge reclamante no puede

limitarse --como arguye la Mayoría-- a probar que

“carece de medios de subsistencia”, sino que tiene que ir más

allá y demostrar las circunstancias que provocan que se encuentre

en dicho estado de necesidad. Con relación a este aspecto, la

Profesora Sarah Torres Peralta, en su obra La Ley Especial de Sustento de

Menores, Ed. Especial 1997, Publicaciones STP, Inc., pág. 3.37,

expone que la obligación de demostrar esta insuficiencia se

extiende a que el reclamante “no tenga forma de obtener los

alimentos que necesita de otra manera que no sea la de radicar

reclamación bajo el artículo 109.” Asimismo, nos expresa que

“[i]gualmente no podrá reclamar alimentos si tiene aptitud para

trabajar y procurarse su propio sustento.” Ibíd.

En el presente caso la única prueba presentada por la

reclamante ante el foro de instancia estuvo dirigida a

demostrar: que cuenta con 51 años de edad, que durante el

periodo de tiempo que estuvo casada con el demandado no

ejerció trabajo alguno, pues se dedicó a la casa y al

50 Véase: Raúl Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, ante, a las págs. 764-68; Sarah Torres Peralta, La Ley Especial de Sustento de Menores, Ed. Especial 1997, Publicaciones STP, Inc., págs. 3.41-3.49 y Ruth CC-2002-908 15

cuidado de sus hijos, y que actualmente no está empleada. Somos del

criterio que estas circunstancias, sin más, no son suficientes

para reclamar con éxito una pensión de ex-cónyuge.

A nuestro juicio, resulta necesario que el ex cónyuge

reclamante presente evidencia: sobre las gestiones

realizadas por él para procurarse un empleo; sobre

enfermedades, incapacidades o situaciones especiales que lo

inhabiliten para ejercer un trabajo; o que los salarios que

percibe, en el empleo en que se desempeña, realmente no son

suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Resulta evidente que en el caso de autos la Sra. Jaime

Jaime no cumplió con la obligación de presentar prueba

suficiente como para mover la discreción del tribunal, al

amparo de las disposiciones estatutarias pertinentes, para

concederle una pensión de ex cónyuge. La prueba presentada

ante el foro de instancia por la Sra. Jaime Jaime demuestra

que se trata de una persona relativamente joven que goza de

buena salud y que está capacitada para trabajar. Es por ello

que el tribunal de instancia correctamente denegó su

solicitud de pensión. Es de notar que la mejor evidencia de

su productividad, o capacidad para trabajar, es que, al

momento de solicitar la pensión aquí en controversia, ella

se dedicaba a cuidar a su nieta mientras su hijo y nuera

trabajaban. No hay duda que el mero hecho de que una persona

cuente con 51 años de edad, no le da a ésta el “derecho” a no

Ortega-Vélez, Compendio de Derecho de Familia, San Juan, Ed. Publicaciones JTS, 2000, T. II, Págs. 594-98. CC-2002-908 16

trabajar y a que la mantengan. Se debe requerir algo más que eso para

demostrar necesidad.

La laxa norma jurisprudencial hoy establecida por la

Mayoría, sin lugar a dudas, causará una “lluvia” de

solicitudes de pensiones de ex-cónyuges ante nuestros

tribunales de instancia. Habrá cientos de personas que,

incluso, renunciarán a sus empleos y radicarán una solicitud

a esos efectos ya que, de hoy en adelante, todo lo que se

necesita para la concesión de una pensión de ex cónyuge es,

simplemente, tener alrededor de cincuenta años y estar

desempleado. No hay que demostrar ni tan siquiera, repetimos,

que se han hecho gestiones para conseguir un trabajo. Dicha

prueba, conforme la norma establecida por la Mayoría, es

impertinente e inadmisible.

Para colmo, la Mayoría expresa --con el propósito de

tratar de justificar su errónea posición-- que, en cuanto a

los criterios sobre la edad y el estado de salud establecidos

en Inciso (b) del Artículo 109, “[e]l juzgador debe ser

cuidadoso al evaluar estas circunstancias debido al efecto

que éstas pueden tener sobre la productividad de un

individuo.” Con la referida aseveración, la Mayoría parece

insinuar que ser mayor de edad tiene un efecto directo sobre la

productividad de una persona, y que las personas maduras sufren una

merma en su capacidad productiva.

Además, la Mayoría asevera que “… una persona de 51 años

no es joven para propósitos de insertarse por primera vez, CC-2002-908 17

en el mercado de trabajo”.51 Esto parece indicar, primero; que

para entrar, por primera vez, en el mercado laboral y ser

productivo hay que tener menos de 51 años, y segundo; que una

persona de 51 años que, en efecto, se inserte, por primera vez

y a esa edad, en el mercado laboral no será productiva.

Repudiamos dichas aseveraciones. Sin lugar a dudas,

estos argumentos promueven el discrimen por edad que con

tanto ahínco hemos tratado de combatir en Puerto Rico y empaña

el esfuerzo de aquellos trabajadores que, a pesar de sus años,

mantienen la misma productividad e interés por realizar un

trabajo de excelencia.

En mérito de lo antes expuesto, somos del criterio que

en el presente caso el foro de instancia no abusó de su

discreción al denegar la pensión de ex-cónyuge solicitada,

por lo que revocaríamos la determinación que en ese sentido

realizó el Tribunal de Apelaciones. En vista de que la Mayoría

ha escogido un curso decisorio contrario al antes mencionado,

disentimos.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado

51 Véase la nota al calce número 31 de la Opinión mayoritaria.