EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re 2012 TSPR 109 Rafael A. Jorge Peña Daniel Santiago Rojas 185 DPR ____
Número del Caso: CP-2002-15
Fecha: 5 de junio de 2012
Abogado del Querellado: (Rafael A. Jorge Peña)
Lcdo. Israel Delgado Ramos
Abogado del Querellado: (Daniel Santiago Rojas)
Por derecho Propio
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Luis Román Negrón Procurador General
Lcda. Minnie H. Rodríguez López Procuradora General Auxiliar
Materia: Conducta Profesional – suspensión del Lcdo. Jorge Peña será efectiva el 21 de junio de 2012 y las suspensión del Lcdo. Santiago Rojas será efectiva el 29 de junio, fechas en que se les notificó a ambos abogados de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: Conducta Rafael A. Jorge Peña Profesional Daniel Santiago Rojas CP-2002-15
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 5 de junio de 2012.
El licenciado Rafael A. Jorge Peña, en
adelante, licenciado Jorge Peña, fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 9 de diciembre de 1970
y prestó juramento como Notario el 19 de marzo de
1971.1 Por su parte, el licenciado Daniel Santiago
Rojas, en adelante, licenciado Santiago Rojas, fue
admitido al ejercicio de la abogacía el 16 de julio
de 1998 y prestó juramento como Notario el 18 de
agosto de 1998.
El 22 de noviembre de 1999 la Sra. Evelyn
Mateo Santiago, en adelante, señora Mateo Santiago
1 El 25 de enero de 2011 el licenciado Jorge Peña renunció voluntariamente al ejercicio de la Notaría. CP-2002-15 2
o quejosa, instó una Queja contra los licenciados Jorge
Peña y Santiago Rojas, relacionada con unas
transacciones realizadas con una parcela de 2.88 cuerdas de
terreno, parte de una finca de 11.1053 cuerdas, propiedad
de la quejosa. La propiedad está ubicada en el Municipio de
Humacao. En la Queja AB-1999-141, la señora Mateo Santiago
alegó que el licenciado Santiago Rojas se apropió e
inscribió a su favor la referida parcela con conocimiento
de que le pertenecía a ella.
Evaluada la Queja instada, el Procurador General
presentó una Querella sobre conducta profesional contra
ambos letrados a raíz de una Queja instada en su contra.
Procedemos a relatar los acontecimientos, según surgen del
Informe del Comisionado Especial y del expediente sobre la
gestión profesional de los licenciados Jorge Peña y
Santiago Rojas y que motivaron se presentara la Queja.
I
Para el 27 de diciembre de 1984, Juan Burgos Maldonado
era dueño en pleno y absoluto dominio de una participación
adquirida a título de herencia de 2.88 cuerdas de terreno
de una finca de mayor cabida compuesta de 11.1053 cuerdas,
localizada en el Barrio Mariana 3 de Humacao.2 El 27 de
diciembre de 1984, Juan Burgos Maldonado vendió a la
2 Véase estipulación de hechos consignada en los escritos sometidos por el Procurador General “Sometiendo Hechos Materiales” para el licenciado Jorge Peña, así como aquel sometido en cuanto al licenciado Santiago Rojas, ambos admitidos por estipulación de partes a todo efecto procesal y evidenciario con el alcance de una estipulación de hechos, así como la Determinación de Hecho Núm. 2 de la Sentencia emitida en el Caso Núm. HAC1997-0201. CP-2002-15 3
quejosa y su entonces esposo, Jesús Burgos Colón,3 su
participación de 2.88 cuerdas en la referida finca de mayor
cabida. El precio convenido para la compraventa fue de
$10,000.00.4 Este Contrato fue otorgado ante el notario
aquí querellado, licenciado Jorge Peña.5
El mismo día, luego del otorgamiento del referido
Contrato, las partes contratantes acordaron que de las
hijas del señor Burgos Maldonado regresar a residir en
Puerto Rico, los compradores les cederían una porción de
0.88 cuerdas de las 2.88 adquiridas para que construyeran
su casa. La señora Mateo Santiago y su entonces esposo
Jesús Burgos Colón, estuvieron de acuerdo con las
condiciones del referido Contrato de Compraventa y pagaron
el precio de venta convenido de $10,000.00 al vendedor Juan
Burgos Maldonado el 2 de enero de 1985.6
A tales efectos, el mismo día se redactó una
Declaración Jurada por iniciativa del licenciado Jorge
Peña, la que fue suscrita por la aquí quejosa, señora Mateo
3 El señor Juan Burgos Maldonado era primo hermano del querellado licenciado Santiago Rojas. El querellado licenciado Santiago Rojas y la aquí querellante Evelyn Mateo Santiago también se conocían ya que este era pariente de su entonces esposo, Jesús Burgos, quien era sobrino de Juan Burgos Maldonado. Véase Estipulación 2 y 3 del escrito sometido por el Procurador General, supra, atinentes al licenciado Santiago Rojas. 4 Véase Determinación de Hecho Núm. 4 de la Sentencia emitida en el Caso Núm. HAC1997-0201, así como las estipulaciones 3 y 4 del escrito sometido por el Procurador General, supra, atinente al licenciado Jorge Peña, y la estipulación Núm. 5 de aquel referente al licenciado Santiago Rojas. 5 Afidávit Núm. 15,344. 6 Véase Determinación de Hecho Núm. 9 de la Sentencia emitida en el Caso Núm. HAC1997-0201, así como la estipulación 6 del escrito sometido por el Procurador General, supra, atinente al querellado licenciado Santiago Rojas. CP-2002-15 4
Santiago y su entonces esposo, Jesús Burgos Colón.7 En lo
pertinente, se consignó en la Declaración Jurada lo
siguiente:
“3. En el mencionado contrato estamos adquiriendo por la suma de $10,000.00 la participación de dicha parte cedente y vendedora de 2.88 cuerdas en una propiedad inmueble consistente de una finca de 11.1053 cuerdas localizadas en el Barrio Mariana de Humacao.
4. …
5. Que en el referido contrato de Opción de Compra se hace constar que estamos adquiriendo 2.88 cuerdas de la finca principal antes mencionada; por este medio nos obligamos y comprometemos oportunamente y en su día a segregar 0.88 cuerdas de dicho solar, para traspasar dicho solar segregado a las hijas de la parte cedente y vendedora.
6. Que dicha segregación del solar de 0.88 cuerdas se efectuará si las hijas de la parte cedente y vendedora deciden regresar a Puerto Rico, toda vez que ellas nacieron y se han criado en la ciudad de Milwaukee del estado de Wisconsin”.
Posteriormente, el 1 de octubre de 1986, la señora
Mateo Santiago se divorció de su entonces esposo Jesús
Burgos Colón mediante Sentencia emitida en el Caso Núm.
RF86-1054, Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
Humacao. En la Sentencia de divorcio se dispuso que
correspondería a la demandante en el referido caso y aquí
quejosa, señora Mateo Santiago, la referida parcela de 2.88
cuerdas.8
7 Afidávit Núm. 15,345. 8 Véase Determinación de Hecho Núm. 10 de la Sentencia emitida en el Caso Núm. HAC1997-0201, así como la estipulación 7 del escrito CP-2002-15 5
Por otro lado, el vendedor, señor Juan Burgos
Maldonado, falleció el 5 de enero de 1990 en Milwaukee,
Wisconsin. La declaratoria de herederos del señor Juan
Burgos Maldonado fue tramitada por el querellado licenciado
Jorge Peña, emitiéndose Resolución por el Tribunal
Superior, Sala de Humacao, el 29 de abril de 1991.9 Por
virtud de esta se declararon como únicas herederas de dicho
causante, a sus 5 hijas nombradas Esther, Aida Socorro,
Mary, Lucy y Diana, de apellidos Burgos Ríos, y a su viuda
Aida Ríos Maldonado en la cuota usufructuaria.10
Luego del fallecimiento del señor Juan Burgos
Maldonado, su viuda llamó por teléfono a la demandante-
quejosa, señora Mateo Santiago, para ofrecerle en venta la
participación de 0.88 cuerdas de terreno en la parcela de
2.88 cuerdas que había sido por esta adquirida, la cual
entendía le correspondía a sus hijas. Tal proposición fue
rechazada por la señora Mateo Santiago, quien le indicó que
era dueña de la totalidad de la parcela por haberla
comprado a Juan Burgos Maldonado.11
Con estos antecedentes y por admisión propia del
querellado licenciado Santiago Rojas,12 como la señora
sometido por el Procurador General, supra, atinente al licenciado Santiago Rojas. 9 Caso Núm. CS91-577. 10 Véase estipulación 5 del escrito sometido por el Procurador General, supra, atinente al querellado licenciado Jorge Peña, así como la Determinación de Hecho núm. 13 de la Sentencia emitida en el Caso Núm. HAC1997-0201. 11 Véase Determinación de Hecho Núm. 14 de la Sentencia emitida en el Caso Núm. HAC1997-0201. 12 En ocasión de la vista plenaria del Caso Núm. HAC1997-0201. CP-2002-15 6
Mateo Santiago se negó a comprar la mencionada
participación de 0.88 cuerdas, la viuda del señor Juan
Burgos Maldonado se comunicó con Daniel Santiago Rojas y se
la ofreció en venta.13 Finalmente, el 28 de diciembre de
1990, la viuda de Juan Burgos Maldonado, por sí y en
representación de sus 5 hijas, y el aquí querellado
licenciado Santiago Rojas, suscribieron ante el Notario
aquí co-querellado licenciado Jorge Peña, un Contrato de
Opción14 de Compra sobre 0.88 cuerdas de terreno que le
serían vendidas al querellado licenciado Santiago Rojas.15
El Contrato de Opción de Compra fue suscrito sin el
conocimiento y participación de la aquí quejosa. En el
Contrato se hizo constar que las vendedoras eran dueñas en
común pro-indiviso “de una participación adquirida a título
de herencia de su esposo [y padre, respectivamente]
fallecido Don Juan Burgos Maldonado, de punto ochenta y
ocho (0.88) cuerdas” en la finca de 11.1053 cuerdas, siendo
del conocimiento de ambos querellados que ese hecho no era
cierto por cuanto conocían que Juan Burgos Maldonado había
13 Según determinado por el Tribunal en el referido caso, “el demandado (Daniel Santiago Rojas) declaró haberse comunicado con la demandante (Evelyn Mateo Santiago) en alguna fecha que él no puede precisar, pero que fue entre dos (2) semanas y tres (3) meses antes del 28 de diciembre de 1990 y le informó de la oferta de la viuda de Juan Burgos Maldonado, pero que luego de esta comunicación no volvió a comunicarse con la demandante (Evelyn Mateo Santiago) hasta aproximadamente dos (2) semanas antes de que fuera emplazado en el caso el 6 de octubre de 1997. Véase Determinación de Hecho Núm. 14 de la Sentencia emitida en el caso Núm. HAC1997-0201. 14 Affidávit Núm. 21,429. 15 Véase las estipulaciones 9 y 10 del escrito sometido por el Procurador, supra, atinente al querellado Daniel Santiago Rojas, así como las Determinaciones de Hechos Núm. 16 y 18 de la Sentencia emitida en el Caso Núm. HAC1997-0201. CP-2002-15 7
vendido a la señora Mateo Santiago la parcela de 2.88
cuerdas que era todo cuanto él había heredado en esa finca.
Conocimiento tenían, además, que todo derecho de las
hijas del causante en relación con la parcela de 0.88
cuerdas dependía de: (a) que regresaran a vivir a Puerto
Rico; (b) que reclamaran dicha porción a la señora Mateo
Santiago; y (c) que esta segregara y traspasara dicha
porción de 0.88 cuerdas.16
Así las cosas, el 31 de octubre de 1991 el licenciado
Jorge Peña, en representación de la sucesión de Juan Burgos
Maldonado, suscribió y presentó una instancia en el
Registro de la Propiedad bajo Afidávit, ante el notario
Alfredo Torres Hernández,17 para que se inscribiera en el
Registro de la Propiedad a favor de los herederos de Juan
Burgos Maldonado la participación que le correspondía a
título de herencia en la finca que se describió en el mismo
documento. En la instancia declaró bajo juramento lo
siguiente:18
“TERCERO: El causante era dueño en común proindiviso con otros herederos, hermanos de dicho causante, de una participación de una cuarta (1/4) parte o el veinticinco por ciento (25%) sobre la siguiente finca:
“RUSTICA: Parcela de terreno compuesta de 11.1053 cuerdas aproximadamente, localizada en el Barrio Mariana III de Humacao, Puerto Rico, en lindes por el
16 Id. Afidávit Núm. 15,345. 17 Afidávit Núm. 16,119. 18 Véase la estipulación 7 del escrito sometido por el Procurador, supra, atinente al querellado Rafael A. Jorge Peña, así como la Determinación de Hecho Núm. 22 de la Sentencia emitida en el Caso Núm. HAC1997-0201. CP-2002-15 8
Norte, con terrenos de Manuel F. Padilla; por el Sur, con terrenos de Eugenio Maldonado y Sucesión Burgos; por el Este, con Sucesión Burgos; y por el Oeste, con quebrada que la separa de los terrenos de Ángel Luis León, el E.L.A., Sucesión Santiago Burgos y con terreno de César Maldonado.”
CUARTO: Por este medio muy respetuosamente me permito solicitar del Honorable Registrador de la Propiedad de Humacao, que inscriba a favor de los herederos así declarados del causante la participación o condominio que pertenecía a éste en el inmueble anteriormente descrito, así como a favor de su viuda la cuota viudal usufructuaria que determina la ley sobre dicha participación.”
Al tiempo en que el licenciado Jorge Peña juramentó
dicha instancia, le constaba que a la fecha de la muerte
del causante Juan Burgos Maldonado el 5 de enero de 1990 no
tenía éste participación alguna en la referida finca, toda
vez que ante él se otorgó el Contrato mediante el cual el
causante vendió su participación total a la señora Mateo
Santiago el 27 de diciembre de 1984.19
No conforme con lo anterior, el 23 de junio de 1992 el
licenciado Jorge Peña autorizó las Escrituras Núm. 14 y 15,
por virtud de las cuales protocolizó unos poderes
previamente redactados por éste y otorgados ante notario
por las hijas del causante en los Estados de California y
Wisconsin. En estos poderes, las herederas del señor Juan
Burgos Maldonado declararon bajo juramento tener una
participación hereditaria de una cuarta parte (1/4) o un
19 Véase Determinación de Hecho Núm. 23 de la Sentencia emitida en el Caso Núm. HAC1997-0201. CP-2002-15 9
25% en la finca de 11.1053 cuerdas antes referida. Además,
confirieron poder a la señora Aida Ríos Maldonado –viuda
del causante- para adjudicar, adquirir y aceptar, vender,
ceder, transferir y traspasar todos los derechos y acciones
que poseían sobre dicho inmueble.20
Realidad indisputada es que el licenciado Jorge Peña
conocía tanto al momento de redactar los documentos para
que fueran juramentados en Estados Unidos como al momento
de la protocolización de estos, que era falso lo por éstas
atestado en el mismo a los efectos de que hubieran heredado
algo de su padre en dicha finca. Según antes determinado,
tenían conocimiento ambos querellados que el causante,
padre de éstas, había vendido su participación a la
quejosa, estando limitado en todo caso el interés de sus
hijas a recibir de la señora Mateo Santiago una
participación de 0.88 cuerdas en la eventualidad de que
regresaran a Puerto Rico, lo que no había acontecido.21
En igual fecha y mediante Escritura Núm. 16, otorgada
ante el Notario Jorge Peña, el 23 de junio de 1992, la
viuda de Juan Burgos Maldonado, por sí y como apoderada de
sus hijas, procedió a segregar de la finca de 11.1053
cuerdas antes referida la parcela de 2.8868 cuerdas. La
finca, así segregada -que corresponde a la que adquirió la
20 Véase Determinación de Hecho Núm. 24 de la Sentencia emitida en el Caso Núm. HAC1997-0201, así como la estipulación 8 del escrito sometido por el Procurador General, supra, atinente al querellado licenciado Jorge Peña. 21 Íd. CP-2002-15 10
quejosa quien compró del causante-, fue inscrita a favor de
los herederos del señor Burgos Maldonado.22
A su vez, el mismo día, mediante Escritura Núm. 17
otorgada ante el Notario Jorge Peña,23 la señora Aida Ríos
Maldonado compareció nuevamente por sí y en representación
de sus hijas. Aunque en el Contrato de Opción de Compra las
partes pactaron sobre la transferencia de únicamente 0.88
cuerdas de terreno, en esta ocasión las partes acordaron
transferir el dominio de la totalidad de las 2.88 cuerdas
por la suma de $10,000.00. Tanto el Notario Jorge Peña como
el también querellado licenciado Santiago Rojas conocían la
falsedad del contenido de la Escritura Núm. 17.24 Esta
Escritura fue presentada en el Registro de la Propiedad el
29 de diciembre de 1994. Luego del trámite correspondiente,
fue inscrita a favor del licenciado Santiago Rojas y su
esposa Marina Díaz Delgado.25
Así las cosas, en el año 1997 la señora Mateo Santiago
interesaba constituir una hipoteca sobre la finca de 2.88
22 Inscrita en Registro de la Propiedad, Sección de Humacao, Folio 135 del Tomo 481, Finca Número 21,881, Inscripción Primera. Véase determinaciones de hecho 25 a 27 de la Sentencia emitida en el Caso Núm. HAC1997-0201, así como la estipulación 10 del escrito sometido por el Procurador General, supra, atinente al licenciado Jorge Peña. 23 Véase las estipulaciones 13, 14 y 15 del escrito sometido por el Procurador General, supra, atinente al querellado licenciado Santiago Rojas, así como las estipulaciones 11 y 12 del escrito sometido por el Procurador General, supra, atinente al querellado licenciado Jorge Peña. 24 Véase la estipulación 12 del escrito sometido por el Procurador General, supra, atinente al querellado licenciado Jorge Peña, así como las estipulaciones 14 y 15 de aquel sometido atinente al licenciado Santiago Rojas. 25 Inscrita en Registro de la Propiedad, Sección de Humacao, Folio 135 vuelto del Tomo 481, Finca Núm. 21,881. Véase Determinaciones de Hecho núm. 29 y 31 de la Sentencia emitida por el Tribunal en el Caso Número HAC1997-0201. CP-2002-15 11
cuerdas que había adquirido del señor Juan Burgos Maldonado
según antes determinado, para lo cual buscó asesoramiento
legal. En el proceso advino en conocimiento, para su
sorpresa, que la misma estaba inscrita en el Registro de la
Propiedad a favor del licenciado Santiago Rojas y su
esposa. Al requerirle una explicación al licenciado
Santiago Rojas, este la citó para una reunión en la oficina
del licenciado Jorge Peña, a la que asistió, ocasión en que
se le entregó copia de la Escritura Núm. 17.
Luego de la reunión sostenida con los querellados, la
señora Mateo Santiago interpuso una acción civil sobre
reivindicación en el Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior de Humacao.26 Luego del correspondiente trámite y
vista plenaria del caso, el Tribunal dictó Sentencia -final
y firme- declarando Con Lugar la Demanda interpuesta por la
señora Mateo Santiago y No Ha Lugar la Reconvención
interpuesta por el demandado y aquí querellado licenciado
Santiago Rojas. Como base para así dictaminar resolvió, por
admisión propia del demandado y aquí querellado licenciado
Santiago Rojas, que “éste no solo nunca ha estado en la
posesión de la cosa sino que siempre tuvo conocimiento de
los defectos en el título de las personas de quienes
pretendió adquirir el suyo”, base para concluir que no le
asiste derecho alguno como poseedor de buena fe.27
26 Civil Núm. HAC-1997-0201. 27 Véase Sentencia emitida en el caso núm. HAC1997-0201. En cuanto a este extremo dispone el Art. 293 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1146, como sigue: CP-2002-15 12
Además, dicho foro determinó que la señora Mateo
Santiago era la legítima dueña por adquirir dicho inmueble
de su otrora titular, Juan Burgos Maldonado de la finca de
2.8868 cuerdas que era objeto de disputa y controversia.
Habiendo así dictaminado y figurando dicha parcela inscrita
en el Registro de la Propiedad a favor de los demandados,
el Tribunal de Primera Instancia ordenó la cancelación de
la inscripción a favor del hoy licenciado Santiago Rojas y
su esposa y la inscripción de la finca, así como la
correspondiente inscripción a favor de la señora Mateo
Santiago. El Tribunal de Primera Instancia impuso además
las costas y honorarios de abogado. Además, el Tribunal de
Primera Instancia en su Sentencia apuntó que
aún cuando los hechos de este caso fueron cometidos por el Lcdo. Daniel Santiago Rojas antes que fuera admitido a la práctica de la profesión legal, atendido lo resuelto en In recurrido: Belén Trujillo, 128 D.P.R. 949, 959 (1991), el Tribunal entiende debe dar conocimiento de los mismos al Honorable Tribunal Supremo a fin de que determine lo que sea procedente respecto de su conducta, así como la del Lcdo. Rafael A. Jorge Peña, por lo que se ordena que por la Secretaría de este Tribunal se eleven los autos de este caso al Honorable Tribunal Supremo.
Recibida la referida Sentencia por este Foro,28 la
misma constituyó base para una nueva Queja en contra de los
Es poseedor de buena fe el que posee como propietario por virtud de un título suficiente en sus términos y condiciones para transferir la propiedad y cuyos defectos son ignorados por el poseedor. La posesión de buena fe cesa desde el momento en que el poseedor conoce por sí mismo los defectos del título, o mediante el juicio que estableciere el propietario de la cosa para reivindicarla. 28 Dictaminó así que la demandante y aquí señora Mateo Santiago es la legítima dueña de la parcela de 2.88 cuerdas por ésta adquirida del CP-2002-15 13
licenciados Santiago Rojas y Jorge Peña. Esta Queja fue
consolidada con la Queja AB-1999-141 instada por la señora
Matos por originarse ambas de unos mismos hechos bajo el
número AB-2001-0002.29
Evaluada las Quejas y examinado el Informe del
Procurador General sobre las mismas el 1 de noviembre de
2002 le ordenamos presentar las correspondientes Querellas.
Así, el Procurador General presentó Querellas sobre
conducta profesional contra los licenciados Jorge Peña y
Santiago Rojas, en la que imputó violaciones a los Cánones
35 y 38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 35 y
38.30
señor Juan Burgos Maldonado. Además, ordenó al Registrador del Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Sección de Humacao, procediera a cancelar en el Registro a su cargo la inscripción a favor de los demandados licenciado Santiago Rojas y su esposa Marina Díaz Delgado, para proceder luego a inscribir la misma a favor de la demandante y aquí quejosa; impuso las costas del litigio y honorarios a los demandados, disponiendo finalmente la procedencia de dar conocimiento a este Tribunal de los hechos y conducta incurrida por el aquí querellado licenciado Santiago Rojas, admitido a la práctica de la profesión legal luego de acontecer los hechos pertinentes al dictamen emitido, así como aquella incurrida por el licenciado Jorge Peña, según antes determinado. 29 Presentada la Queja, el licenciado Santiago Rojas incoó debida contestación. No obstante, el 14 de enero de 2000, el Procurador General presentó Informe ante este Tribunal peticionando la paralización de los procedimientos. Descansó su solicitud en que la controversia que daba base a la referida Queja estaba siendo objeto de un proceso judicial sobre reivindicación ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, en acción civil instada por la señora Mateo Santiago, como demandante, contra el licenciado Santiago Rojas y otros co-demandados (Caso Civil Núm. HAC-1997-0201). Este Tribunal paralizó todo trámite relacionado a la Queja. 30 El Procurador General presentó los siguientes cargos: PRIMER Y SEGUNDO CARGO- El Lic. Rafael A. Jorge Peña violentó los principios enunciados en los Cánones 35 y 38 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C.35, al aseverar en distintos documentos, en los cuales fungió como notario, hechos sobre los cuales conocía su falsedad faltando de esa manera a la fe pública notarial, a la preservación del honor, dignidad e integridad de la profesión de abogado. El licenciado Santiago Rojas violentó los principios establecidos en los Cánones 35 y 38 de los de Ética Profesional, 4 CP-2002-15 14
Por su parte, el licenciado Jorge Peña sometió su
Contestación a la Querella aduciendo, en síntesis, que su
participación en los hechos que motivaron la Querella
instada en su contra se circunscribían exclusivamente a su
función como Notario por haber redactado y autorizado bajo
su fe notarial varios documentos relacionados al negocio
entre las partes concernidas. Expresó que lo anterior, a su
juicio, era necesario a fin de lograr la inscripción del
título de la finca en el Registro de la Propiedad. También
adujo que no había ejercido su función notarial con el celo
y cuidado que ello requería. De igual manera reconoció que
no debió autorizar la Escritura de Compraventa al
licenciado Santiago Rojas sin la comparecencia de la señora
Mateo Santiago.
De la misma forma, el licenciado Santiago Rojas, quien
para la fecha en que acontecieron los eventos no había sido
admitido a la profesión de la abogacía, instó su alegación
responsiva. Esbozó que la conducta alegadamente por él
incurrida así como su omisión de ofrecer información
correcta a la Comisión de Reputación de este Tribunal en
los trámites realizados para tomar el examen de reválida de
L.P.R.A. Ap. IX C.35, al haber ofrecido información incorrecta a la Comisión de Reputación del Tribunal Supremo de Puerto Rico en los trámites para tomar el examen de reválida de abogado. La conducta de dicho letrado en relación a la compraventa del terreno objeto del caso HAC-1997-0201 Evelyn Mateo Santiago v. Daniel Santiago Rojas crea dudas sobre el compromiso de sinceridad, honradez y dignidad que impone la profesión legal a todo abogado. CP-2002-15 15
abogado31 descansaron en su mejor juicio y a los consejos
legales de quienes lo asesoraron en todo momento. Sobre
este punto, y reconociendo que al informar a la Comisión de
Reputación de este Tribunal señaló que no había sido parte
en ningún proceso judicial, cuando lo cierto era que meses
antes de suscribir el formulario correspondiente había sido
emplazado ya, alegó que no lo incluyó por considerar que la
pregunta iba dirigida a procedimientos de naturaleza
criminal.
Así las cosas, y comenzado el trámite, nombramos al
Hon. Angel F. Rossy García como Comisionado Especial.
Sometido el caso ante nuestra consideración, y
contando con los escritos que obran en el expediente,
incluyendo el Informe del Comisionado Especial, resolvemos.
II
Reiteradamente hemos señalado que los Cánones de Ética
Profesional establecen las normas mínimas de conducta que
rigen a los miembros de la profesión legal en el desempeño
de su delicada e importante labor. In re Birriel Cardona,
res. 5 de enero de 2012, 2012 T.S.P.R. 4, 2012 J.T.S. 17,
184 D.P.R.___(2012); In re Muñoz, Morell, 182 D.P.R. 738
(2011); In re Torres Viñals, 180 D.P.R. 236 (2010).
El Canon 35 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C.
35, impone a los abogados un deber de sinceridad y honradez
ante todos. El mismo reza:
31 Esto al omitir información relacionada con la presentación de la Demanda instada por la señora Mateo Santiago, luego de haber sido emplazado. CP-2002-15 16
Canon 35-Sinceridad y honradez
La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada. No es sincero y honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una idea contraria a la que el verdadero contexto establece u ocultar alguna que le es conocida.
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar afidávit u otros documentos, y al presentar causas. El destruir evidencia documental o facilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso también es altamente reprochable.
Al respecto, reiteradamente hemos expresado que la
conducta de un abogado o abogada debe ser sincera y honrada
frente a todos y ante todo tipo de acto. In re Pons
Fontana, 182 D.P.R. 300 (2011). En esencia, se infringe
este deber por el simple hecho de faltar a la verdad,
independientemente de los motivos de la falsedad, pues no
es necesario que se haya faltado a la verdad
deliberadamente o con la intención de defraudar o engañar.
In re Nieves Nieves, 181 D.P.R. 25 (2011).
Hemos apuntalado que
“se infringe este deber deontológico con el hecho objetivo de faltar a la verdad en funciones propias de un abogado o cuando, actuando como ciudadano común se pretende realizar actos o negocios de trascendencia jurídica. Más que un ideal irrealizable la verdad es atributo inseparable de ser abogado y sin ello, la profesión jurídica no podría justificar su existencia” In re Montañez Miranda, 157 D.P.R. 275, 281 (2002). CP-2002-15 17
Así hemos indicado que cualquier hecho que un Notario
asevere en un documento público que no concuerde con la
verdad, constituye una violación al Canon 35 de los de
Ética, independientemente de si hubo intención de faltar a
la verdad. In re Tejada Rivera I, 155 D.P.R. 175 (2001).
El Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico recoge el
principio de la fe pública notarial. Sobre este particular,
dicho precepto dispone lo siguiente:
El notario es el profesional del Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Es su función recibir e interpretar la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirle[s] autoridad a los mismos. La fe pública al notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento. 4 L.P.R.A. sec. 2002.
Hemos señalado que la fe pública notarial es la espina
dorsal de todo el esquema de autenticidad documental
notarial. In re Collazo Sánchez, 159 D.P.R. 769, 774
(2003). El Estado le confiere a un documento autorizado por
un notario una presunción de credibilidad y certeza de que
lo afirmado en el mismo es cierto, correcto y concuerda con
la realidad. Íd. A tales efectos, este Tribunal ha resuelto
que al autorizar un documento, el notario da fe pública y
asegura que ese documento cumple con todas las formalidades
de ley. El notario asegura además que el documento es legal
y verdadero, y que se trata de una transacción válida y CP-2002-15 18
legítima. In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269, 275
(1986).
Como corolario de lo anterior, el notario ejerce una
función clave de inestimable importancia en los negocios
jurídicos, toda vez que es custodio de la fe pública. Una
vez el notario se aparta de cumplir con las obligaciones y
deberes que le impone la ley y el ordenamiento ético,
incurre en conducta que acarrea una sanción disciplinaria,
ya que lesiona la confianza y la función pública en él
depositada. Nuestro ordenamiento jurídico condena
enérgicamente la participación consciente de un notario en
el asesoramiento, redacción u otorgamiento de documentos
simulados o faltos de veracidad, independientemente del
propósito que anime dicha conducta. In re Collazo Sánchez,
supra, págs. 773-774.
De lo anterior se colige que cualquier hecho aseverado
en un instrumento público por un notario que no concuerde
con la verdad constituye una violación al Canon 35, supra,
independientemente de si hubo intención de faltar a la
verdad. In re Torres Villanueva, 168 D.P.R. 185, 191
(2006). Se trata de una violación a la función central de
custodiar la fe pública, conducta al margen de la ética del
notario público, porque cuando ésta se quebranta
necesariamente se falta a la verdad de los hechos. In re
Collazo Sánchez, supra, pág. 774.
Recapitulando, el Canon 35, supra, obliga a los
miembros de la profesión legal a observar una conducta CP-2002-15 19
impregnada de sinceridad y honradez y prohíbe cualquier
medio incompatible con la verdad. In re Cuyar Fernández,
163 D.P.R. 113, 117 (2004). Es por ello que condenamos
enérgicamente la participación consciente de un abogado,
como funcionario o parte, en el otorgamiento de documentos
propósito que anime dicha conducta. “Tal conducta es
incompatible con la función pública del notario y con las
exigencias de veracidad y honestidad que esta función
acarrea”. In re Collazo Sánchez, supra, pág. 775.
Por otro lado, hemos resuelto que el Canon 38 de Ética
Profesional le exige a todo abogado conducirse en forma que
exalte la dignidad y el honor de su profesión. 4 L.P.R.A.
Ap. IX C. 38. Según el propio canon, ello responde a la
confianza depositada en el abogado como miembro de la
ilustre profesión legal. In re Sepúlveda, Casiano, 155
D.P.R. 193 (2001).
Reiteradamente, al interpretar el referido precepto,
hemos expresado que cada abogado es un espejo en el cual se
refleja la imagen de la profesión, por lo que debe actuar,
tanto en su vida profesional como en su vida privada, con
limpieza, lealtad y el más escrupuloso sentido de
responsabilidad. In re García Aguirre, 175 D.P.R. 433, 440-
441 (2009); In re Coll Pujols, 102 D.P.R. 313 (1974).
Asimismo, la Junta Examinadora juega un rol esencial
en el proceso de acopio de información. A ella le toca
recibir toda aquella información que complementa la CP-2002-15 20
solicitud de reválida y que luego se refiere a la Comisión
de Reputación de manera que ésta pueda llevar su encomienda
de evaluar a los aspirantes. In re Reichard Hernández, 180
D.P.R. 604 (2011); In re Sepúlveda, Casiano, supra.
Entre los formularios que cada aspirante tiene que
completar se encuentra la Declaración Informativa. Hemos
expresado que ésta “sirve, entre otras cosas, para obtener
datos que puedan arrojar luz sobre las cualidades morales
de cada aspirante”. In re Reichard Hernández, supra, págs.
610-611; citando a L.M. Negrón Portillo, Ética Profesional,
Hato Rey, Impresos Ayala, 1993, pág. 2.
Todo aspirante a abogado tiene el deber de ser honesto
y sincero en su solicitud de admisión al foro. Este deber
incluye, pero no se limita a, divulgar toda información que
pueda arrojar luz sobre su carácter y aptitud para ejercer
la profesión. En el cumplimiento de esta obligación, todo
aspirante debe ser estricto consigo mismo, suprimiendo todo
impulso de omitir información y ofrecer información falsa o
engañosa en la Declaración Informativa. Cualquier
incumplimiento con este deber se evaluará como una
actuación deshonesta independiente a los hechos o la
conducta omitida. In re Reichard Hernández, supra, págs.
612-613, 618. S. Steidel Figueroa, Ética y Responsabilidad
Disciplinaria del Abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág.
69.
En In re Belén Trujillo, supra, nos expresamos sobre
la facultad de este Tribunal para investigar y disciplinar CP-2002-15 21
a los abogados por actos u omisiones cometidos antes de ser
admitidos al ejercicio de la profesión. En lo pertinente,
resolvimos que este Tribunal tiene poder inherente para
investigar y determinar si la conducta específica de una
persona antes de ser abogado puede ser considerada para
removerlo como tal.
Por último, la Regla 14 del Reglamento del Tribunal
Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A R.14, establece que le
corresponde al Comisionado Especial designado celebrar una
vista para recibir la prueba. Por tanto, sus
determinaciones fácticas merecen nuestra mayor deferencia.
Ahora bien, de igual manera hemos resuelto que, aunque este
Tribunal no está obligado a aceptar el Informe del
Comisionado Especial nombrado para atender una querella
contra un abogado, pudiendo adoptar, modificar o rechazar
tal Informe, de ordinario sostenemos las conclusiones de
hecho de un Comisionado Especial salvo que se demuestre
perjuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Torres
Viñals, supra.
Con estos preceptos en mente, atendemos la
controversia ante nuestra consideración.
III
Un análisis de la prueba que fue objeto de
estipulación en el caso que nos ocupa, nos lleva a
concurrir con el Comisionado Especial a los efectos de que
la conducta reiterada de los querellados y su proceder los
llevó a incurrir en violaciones a los Cánones 35 y 38 de CP-2002-15 22
Ética Profesional, supra. En busca de la mayor claridad,
examinamos por separado la conducta de cada uno de los
querellados, a la luz del Derecho antes esbozado.
A.
Lcdo. Jorge Peña
En el caso de autos surge de manera diáfana del
expediente el conocimiento que tenía el licenciado Jorge
Peña del interés propietario de la señora Mateo Santiago en
la parcela de 2.88 cuerdas, por haberse otorgado ante este
un Contrato de Compraventa, por virtud del cual el señor
Juan Burgos Maldonado se comprometió a segregar y vender a
la señora Mateo Santiago y su entonces esposo dicha
parcela, correspondiente esta a su participación
hereditaria en la finca original. Conocimiento tenía,
además, del acuerdo alcanzado por las partes en igual fecha
mediante el cual los compradores se obligaron a segregar de
dicha parcela objeto del Contrato un solar de 0.88 cuerdas
para las hijas del vendedor, condicionado a que éstas
decidieran; acuerdo suplementario que fue por este
redactado y luego suscrito ante él mediante Afidávit Núm.
15,345. Finalmente el licenciado Jorge Peña tenía
conocimiento de que el referido Contrato se había
consumado, habiendo satisfecho, los compradores el precio
total acordado para compraventa de la referida parcela de
2.88 cuerdas y tomado posesión de la misma.
Habiéndose desprendido el señor Juan Burgos Maldonado
de todo interés propietario sobre su participación CP-2002-15 23
hereditaria en la referida finca luego de la compraventa a
favor de la señora Mateo Santiago y su esposo, falleció el
5 de enero de 1990 en Milwaukee, es decir, aproximadamente
seis (6) años luego de haberse consumado la referida
transacción. Con estos antecedentes, el licenciado Jorge
Peña, tramitó la Declaratoria de Herederos del señor Juan
Burgos Matos, emitiéndose Resolución por el Tribunal
Superior, Sala de Humacao el 29 de abril de 1991,
declarando a sus 5 hijas como únicas herederas y a la viuda
en la cuota usufructuaria.
Además, el 31 de octubre de 1991, el licenciado Jorge
Peña suscribió una instancia bajo el Afidávit,32 ante el
Notario Alfredo Torres Hernández, para inscribir en el
Registro de la Propiedad la participación que tenían los
herederos del señor Juan Burgos Maldonado en la finca de
11.1053 cuerdas. Conforme determinó el Comisionado
Especial, el licenciado Jorge Peña conocía que, a la fecha
de su fallecimiento el señor Burgos Maldonado no tenía
interés propietario alguno a dicha propiedad, ello luego de
haber vendido su participación de 2.88 cuerdas el 27 de
diciembre de 1984 a la señora Mateo Santiago y su esposo.
Según determinado, al autorizarse y suscribirse las
referidas Escrituras de Protocolización de Poderes y
Compraventa, el licenciado Jorge Peña conocía la falsedad
del contenido de las mismas. Implícito en ello, el proceder
espurio de éste al no dar conocimiento ni participación a
32 Afidávit Núm. 16,119. CP-2002-15 24
la señora Mateo Santiago en total perjuicio y menoscabo de
sus derechos e intereses sobre dicha propiedad. Concluimos,
en fin, que las actuaciones del licenciado Jorge Peña
constituyen una violación a los Cánones 35 y 38 de Ética
Profesional, supra.
B.
Lcdo. Daniel Santiago Rojas
De otra parte, y según determinado por el Comisionado
Especial, el licenciado Santiago Rojas también tenía
conocimiento de la titularidad de la señora Mateo Santiago
sobre la referida parcela de 2.88 cuerdas, a quien le hizo
un acercamiento en el año 1990 para comprarle la finca, el
que fue rechazado expresándole ésta que no interesaba
venderla.
Maldonado, su viuda se comunicó con la señora Mateo
Santiago para ofrecerle en venta lo que entendía era la
participación de sus hijas en la finca, a saber, el solar
de 0.88 cuerdas, proposición que le fue rechazada de plano,
invocando la aquí quejosa su derecho propietario sobre la
totalidad de la finca de 2.88 cuerdas. Tal posición de la
señora Mateo era también del conocimiento del licenciado
Santiago Rojas. Fue en tales circunstancias que la viuda
del señor Juan Burgos Maldonado le ofreció dicho solar en
venta al querellado para discutir y aclarar cualquier
extremo relacionado con dicho ofrecimiento de venta por
parte de la viuda del señor Juan Burgos Maldonado. CP-2002-15 25
La titularidad de la señora Mateo Santiago respecto a
la finca de 2.88 cuerdas era de conocimiento del licenciado
Santiago Rojas. Con estos antecedentes y teniendo pleno
conocimiento del derecho propietario de la señora Mateo
Santiago sobre la totalidad de la parcela de 2.88 cuerdas,
el 22 de diciembre de 1990, el licenciado Santiago Rojas
suscribió ante el Notario y aquí querellado, licenciado
Jorge Peña, un Contrato de Opción de Compra sobre las 0.88
cuerdas. En el mismo compareció como vendedora la viuda de
Juan Burgos Maldonado por sí y en representación de sus
hijas y se hizo constar que la viuda y sus hijas eran
dueñas en común proindiviso de una participación adquirida
a título de herencia de 0.88 cuerdas de una finca de
11.1053 cuerdas, hecho que ambos querellados tenían
conocimiento de su falsedad.
De igual forma, el licenciado Santiago Rojas suscribió
las referidas escrituras con pleno conocimiento de la
falsedad del contenido de las mismas. Con este proceder
menoscabó los derechos e intereses de la quejosa sobre la
propiedad en cuestión. Concurrimos con el Comisionado
Especial en que las actuaciones del licenciado Santiago
Rojas constituyen una violación al Canon 35 de Ética
Tampoco podemos ser indiferentes a la violación ética
independiente por parte del licenciado Santiago Rojas. El
licenciado Santiago Rojas mintió al proveer la información
requerida en la Declaración Informativa requerida a todo CP-2002-15 26
aspirante a tomar la Reválida de Abogado. En particular, en
el inciso 2 de la Declaración Informativa, se le pidió que
expresara si figuraba como demandante o demandado en algún
procedimiento de naturaleza civil. Aunque este conocía para
dicha fecha de la presentación del caso Núm. HAC1997-0201,
toda vez que había sido emplazado, la contestación del
licenciado Santiago Rojas a dicho requerimiento fue en la
negativa. Así pues, el licenciado Santiago Rojas ocultó
esta información para privar a la Comisión de Reputación de
la oportunidad de considerar las alegaciones de la
demandante en el referido caso, para el descargo de su
encomienda y responsabilidad ministerial. En el caso
particular del licenciado Santiago Rojas, su omisión de no
suplir información exacta y completa en la solicitud como
parte del proceso de evaluación por la Comisión de
Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía,
alcanza también una infracción al deber de sinceridad y
honestidad que rige la profesión de la abogacía. Véase In
re Reichard Hernández, supra, págs. 612-613, 618.
En el caso que nos ocupa un análisis y evaluación de
la prueba aportada y estipulada en el proceso nos mueve a
concluir que los licenciados Jorge Peña y Santiago Rojas
con su conducta y proceder según consignada ante,
quebrantaron los deberes de respeto, honor y dignidad que
todo abogado le debe no sólo a las instituciones
relacionadas con la administración de la justicia, sino a
la sociedad puertorriqueña, violando así los Cánones 35 y CP-2002-15 27
38, supra. La conducta mendaz exhibida por los licenciados
Jorge Peña y Santiago Rojas, la impropiedad de sus
acciones, la falta de sinceridad y honradez en perjuicio de
los derechos de la quejosa y la justicia, son factores que
deben ser considerados en la determinación de la sanción
disciplinaria a imponerse.
IV
Resta ahora determinar la sanción que debemos imponer
a los licenciados Jorge Peña y Santiago Rojas. Para imponer
una sanción disciplinaria a un abogado por conducta
impropia, es necesario considerar el historial previo del
abogado; si éste goza de buena reputación; la aceptación de
la falta y su sincero arrepentimiento; si su conducta se
realizó con ánimo de lucro; y cualquier otro factor
pertinente a los hechos. In re Rodríguez Lugo, 175 D.P.R.
1023, 1032 (2009).
En lo atinente al licenciado Jorge Peña, este acreditó
mediante una Declaración Jurada que fue admitido a la
profesión de abogado en el año 1970, ejerciendo la
profesión por treinta y nueve (39) años, “sin tener
problemas ni conflictos con ningún juez, cliente o
compañero abogado”; que renunció a la práctica de la
Notaría desde el 2011;33 así como que desde ese mismo año
no ha ejercido como abogado. Sometió, además, Declaraciones
Juradas de los licenciados Reynaldo de León Martínez y José
33 Mediante Resolución de 4 de febrero de 2011, su obra Notarial fue aprobada y entregada al Archivo general de Protocolos del Distrito Notarial de Humacao. CP-2002-15 28
I. Rosa Carromero, así como del señor Pedro Miller Sánchez,
su vecino, a los fines de establecer que a juicio de éstos,
el licenciado Jorge Peña “goza de buena reputación en la
comunidad humacaeña”.
A la luz de lo anterior, se podría cerrar este
capítulo con una censura enérgica. Sin embargo, no podemos
seguir este derrotero. Un estudio del expediente revela que
ambos licenciados durante el trámite disciplinario
estipularon la totalidad de los hechos materiales
propuestos por el Procurador General en sus escritos ante
nos. A su vez, según señalado por el Procurador General,
las estipulaciones de las partes quedan suplementadas por
las determinaciones de hechos consignadas en la Sentencia
emitida en el Caso Núm. HAC-199700201.
Hemos revisado la contestación del licenciado Jorge
Peña a la Querella incoada. En dicho escrito, aunque
reconoce que no se debió autorizar la Escritura de
Compraventa sin la comparecencia de la quejosa, hace
abstracción de su conocimiento de la realidad jurídica de
la titularidad de la parcela de 2.88 cuerdas en
controversia y donde la quejosa le pagó al señor Burgos
Maldonado, anterior titular de la finca, la suma de
$10,000, así como de la falsedad de lo que consignó en el
Contrato de Opción de Compra suscrito por el licenciado
Santiago Rojas el 22 de diciembre de 1990 y documentos
posteriores autorizados bajo su fe notarial. Aseveró en CP-2002-15 29
dichos documentos realidades jurídicas que le constaban
eran falsas.
En cuanto a lo atinente al licenciado Santiago Rojas,
en su contestación a la Querella hizo abstracción de su
conocimiento de la falsedad del contenido de los documentos
por él suscritos bajo juramento ante el licenciado Jorge
Peña. A su vez, nos preocupa grandemente el constante
“patrón de mendacidad” que apunta el Comisionado Especial.
V
Por los fundamentos antes expresados, suspendemos al
licenciado Jorge Peña del ejercicio de la abogacía por
término indefinido a partir de la notificación de la
presente Opinión Per Curiam. El licenciado Jorge Peña tiene
el deber de notificar a todos sus clientes de su
inhabilidad para continuar representándoles y devolverá a
éstos los expedientes de los casos pendientes así como los
honorarios recibidos por trabajo no realizado. Deberá
también informar oportunamente de su suspensión a los foros
judiciales y administrativos del país. De igual forma,
debe certificar a este Tribunal dentro del término de
treinta (30) días el cumplimiento con lo aquí dispuesto.
Por otra parte, suspendemos al licenciado Santiago
Rojas del ejercicio de la abogacía y la notaría por término
indefinido, a partir de la notificación de la presente
Opinión Per Curiam. El licenciado Santiago Rojas también
tiene el deber de notificar a todos sus clientes de su
inhabilidad para continuar representándoles y devolverá a CP-2002-15 30
judiciales y administrativos del país. De igual forma, debe
certificar a este Tribunal dentro del término de treinta
(30) días el cumplimiento con lo aquí dispuesto.
Por último, el Alguacil de este Tribunal deberá
incautar la obra y el sello notarial del licenciado
Santiago Rojas y entregarla a la Oficina de la Directora de
Inspección de Notaria para la correspondiente investigación
e informe.
Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: Conducta Rafael A. Jorge Peña Profesional Daniel Santiago Rojas CP-2002-15
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte de la presente Sentencia, suspendemos al
licenciado Jorge Peña del ejercicio de la abogacía
por término indefinido a partir de la notificación
de la presente Sentencia. El licenciado Jorge Peña
tiene el deber de notificar a todos sus clientes de
su inhabilidad para continuar representándoles y
devolverá a éstos los expedientes de los casos
pendientes así como los honorarios recibidos por
trabajo no realizado. Deberá también informar
oportunamente de su suspensión a los foros
judiciales y administrativos del país. De igual
forma, debe certificar a este Tribunal dentro del CP-2002-15 2
término de treinta (30) días el cumplimiento con lo aquí
dispuesto.
Sentencia. El licenciado Santiago Rojas también tiene el
deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad
para continuar representándoles y devolverá a éstos los
expedientes de los casos pendientes así como los honorarios
recibidos por trabajo no realizado. Deberá también informar
oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y
administrativos del país. De igual forma, debe certificar a
este Tribunal dentro del término de treinta (30) días el
cumplimiento con lo aquí dispuesto.
Notifíquese personalmente.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez no intervino.
Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo