EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2024 TSPR 118
214 DPR ___ José E. Santiago Maldonado (TS-18,288)
Número del Caso: AB-2023-0210
Fecha: 14 de noviembre de 2024
Oficina del Procurador General:
Lcda. Mabel Sotomayor Hernández Subprocuradora General
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez Procuradora General Auxiliar
Lcda. Melanie M. Mercado Méndez Procuradora General Auxiliar
Representante legal del promovido:
Por derecho propio
Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata por el término de tres (3) meses del ejercicio de la abogacía por infringir los Cánones 18, 19, 20, 23 y 25 del Código de Ética Profesional.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: AB-2023-0210 José E. Santiago Maldonado (TS-18,288)
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2024.
Nuevamente ejercemos nuestra facultad disciplinaria
contra un miembro de la profesión legal. Luego de haber
evaluado la conducta reseñada a continuación, nos
encontramos obligados a suspender del ejercicio de la
abogacía por el término de tres (3) meses al Lcdo. José E.
Santiago Maldonado (licenciado Santiago Maldonado)de manera
inmediata. Lo anterior, por su proceder contrario a los
Cánones 18, 19, 20, 23 y 35 del Código de Ética Profesional,
infra.
I
El licenciado Santiago Maldonado fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 8 de febrero de 2011 y al
notariado el 27 de septiembre de 2011.1 En lo que aquí nos
1 Posteriormente, el 4 de mayo de 2021, mediante una Opinión Per Curiam, suspendimos al licenciado Santiago Maldonado de la práctica de la notaría por un término de seis (6) meses. Véase, In re; José E. Santiago Maldonado, 206 DPR 1029 (2021). Sobre esa Queja (AB-2019-0202) en la práctica de la abogacía fue censurado enérgicamente y apercibido de abstenerse de incurrir en conducta que lesione los estándares éticos. Hasta la fecha de hoy el licenciado Santiago Maldonado no ha sido readmitido a la práctica de la notaría. Además, el letrado fue AB-2023-0210 2
concierne, el 5 de septiembre de 2023, la Sra. María T.
Hernández Montañez (señora Hernández Montañez o promovente)
presentó una Queja contra el primero.
Según la Queja, en agosto de 2022, el licenciado
Santiago Maldonado fue contratado por la señora Hernández
Montañez, quien trabajaba fuera de Puerto Rico, para que
presentara una demanda de desahucio sobre una propiedad
inmueble en San Lorenzo. Esbozó, además, que al contratar al
licenciado Santiago Maldonado le pagó dos mil ($2,000)
dólares. Señaló que, en enero de 2023, luego de presentada
la demanda, dialogó con el letrado por el teléfono para
gestionar unos cambios a esta y que luego de esta
comunicación no ha recibido respuestas a sus llamadas o
correos electrónicos.
El 2 de noviembre de 2023, el licenciado Santiago
Maldonado presentó su Contestación a la Queja, en donde
reconoció la relación abogado cliente con la promovente.
Además, indicó que luego de presentar la demanda se desistió
sin perjuicio de esta por no lograr citar a la parte
demandada. Alegó, que posteriormente, intentó comunicarse
con la promovente para obtener información adicional
necesaria para lograr citar a la demandada. Finalmente,
señaló que no recibió los últimos correos electrónicos de la
promovente, pero que luego de recibir la Queja encontró estos
en el archivo de “spam”.
disciplinado con relación a la Queja AB-2020-0019 mediante Resolución de este Tribunal en la cual fue censurado y apercibido. AB-2023-0210 3
Así pues, este Tribunal refirió el asunto a la Oficina
del Procurador General (Procurador General) para que
investigara y rindiera el informe correspondiente. En
cumplimiento con lo anterior, el 10 de junio de 2024, la
referida dependencia gubernamental presentó el respectivo
Informe. En resumen, concluyó que el licenciado Santiago
Maldonado se apartó de los Cánones 18, 19, 20, 23 y 35 del
Código de Ética Profesional, infra. Así las cosas, recomendó
que ordenáramos al letrado a rendir cuentas a la señora
Hernández Montañez y a devolver el dinero pagado en concepto
de honorarios de abogado. En cuanto a la sanción presentó
ante nos dos alternativas, a saber: 1) la censura enérgica
y el archivo de la queja, o 2) la suspensión del ejercicio
de la abogacía.
Según surge del Informe, el 2 de agosto de 2022, la
señora Hernández Montañez contrató al licenciado Santiago
Maldonado para presentar una demanda de desahucio. Así las
cosas, el 6 de diciembre de 2022, la señora Hernández
Montañez le escribió un correo al letrado donde expresó:
No he escuchado de ti en algún tiempo. Sólo quiero saber [cómo] va el proceso de desalojo, y preguntar si necesitas algo de mí. Mi teléfono murió hace dos meses y con él toda la info que allí tenía. Finalmente tengo otra unidad con el mismo número.2
Sin recibir respuesta de esta comunicación, el 27 de
diciembre de 2022, la señora Hernández Montañez remitió otro
correo electrónico al abogado. En este expresó:
2 Véase Anejo del Informe del Procurador General, en la pág. 28. AB-2023-0210 4
Sigo sin escuchar de ti. ¿será que me das información o será que renuncias y me devuelves el dinero? Espero respuesta; de no recibir alguna, considera 3 enero como fecha en que pido la renuncia y devolución de dinero.3
El 31 de diciembre de 2022, el licenciado Santiago
Maldonado contesto por correo electrónico, lo siguiente:
[...] Acabo de ver tu email. Lamento la falta de comunicación en los últimos meses. He tenido circunstancias que me han mantenido un poco desconectado. No obstante[,] tu caso está procesado en el [tribunal]. La expectativa es que para febrero estemos en la vista de desahucio. Me comunicaré contigo tan pronto regrese a oficina el 9 de enero. [...]4
Ante lo anterior, el 4 de enero de 2023, la promovente
expresó por correo electrónico su frustración con la poca
diligencia de la gestión del licenciado y de la poca
comunicación entre ellos.5 Así las cosas, el 9 de enero de
2023, el letrado le informó que le estaba dando seguimiento
al caso en el tribunal.6 No obstante, lo expresado por el
licenciado Santiago Maldonado, el Procurador General señaló
que la demanda fue presentada el 9 de enero de 2023.7 Además
surge que, el 15 de marzo de 2023, el letrado desistió sin
3 Íd., en la pág. 27. 4 Íd. 5 Específicamente, la señora Hernández Montañez indicó que: Saludos Lcdo! Siempre van ha haber circunstancias, no creo que eso deba afectar el cumplimiento de la comunicación estipulada en el contrato. ¿Cuándo se procesó el caso y [porque] yo nunca lo supe? ¿Por qué tengo que indagar por información? ¿[Cuál] es la petición? ¿[Cuál] es la fecha de este documento fotografiado a medias? ¿En qué data se basa la expectativa? ¿Por qué es una expectativa y no una cita? Esto no está funcionando... Espero el 9 enero. Íd. 6 Íd. 7 Íd., págs. 8-9. AB-2023-0210 5
perjuicio al no lograrse diligenciar el emplazamiento de la
parte demandada.8
El 17 de junio de 2024, emitimos una Resolución
concediéndole al licenciado Santiago Maldonado un término de
veinte (20) días para reaccionar al Informe. Le advertimos
que de no comparecer se entendería que se allanó a las
recomendaciones del Procurador General. Tras conceder una
prórroga, este no ha comparecido, por lo que procedemos a
resolver.
II
El Código de Ética Profesional constituye las normas
mínimas sobre la conducta de los profesionales que ejercen
la abogacía. Preámbulo de los Cánones de Ética Profesional,
4 LPRA Ap. IX. El incumplimiento con las normas que impone
el ordenamiento ético y la ley acarrea la imposición de
sanciones disciplinarias. In re Torres Alvarado, 212 DPR
477, 485 (2023).
Así las cosas, todo abogado tiene la obligación de
atender los intereses y asuntos encomendados por sus clientes
con la mayor diligencia, celo y cuidado. Canon 18 del Código
de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Luego de aceptado un
caso, el abogado debe demostrar la competencia y diligencia
que exige el ejercicio de nuestra profesión, so pena de
violentar este precepto ético. In re Collazo I, 159 DPR 141,
146 (2003). Sobre el particular hemos reiterado que, el deber
8 Íd., pág. 18. AB-2023-0210 6
de diligencia requiere que el abogado realice oportunamente
la gestión encomendada, en forma adecuada y sin dilaciones
que pueda afectar la ágil solución de la controversia. In re
Feliciano Rodríguez, 198 DPR 369, 382 (2017); In re Cuevas
Borrero, 185 DPR 189, 199-200 (2012).
Se ha resuelto que las siguientes actuaciones
constituyen la falta de diligencia vedada por el Canon 18 de
Ética Profesional, supra:
1) no comparecer a los señalamientos del tribunal, 2) no contestar interrogatorios que le son sometidos, 3) no informar a las partes sobre la presentación de un perito, 4) desatender o abandonar el caso, 5) permitir que expire el término prescriptivo o jurisdiccional de una acción, y 6) cualquier tipo de actuación negligente que puede conllevar o, en efecto, resulte en la desestimación o archivo del caso. In re Rivera Ortiz, 213 DPR __, 2023 TSPR 141 pág. 8; In re Cardona Álvarez, 204 DPR 409, 422–423 (2020); In re Collazo I, supra, pág. 147.
Asimismo, como parte de los deberes del abogado hacia
su cliente, el Canon 19 del Código de Ética, supra, exige
que este mantenga a su cliente o clienta informado de los
asuntos importantes que surjan durante la tramitación del
caso que se le encomendó. Esta obligación es autónoma e
independiente al deber de diligencia que tiene un abogado
hacia su cliente. In re Rivera Nazario, 193 DPR 573, 584
(2015); In re Rodríguez Lugo, 175 DPR 1023, 1029 (2009).
La norma enunciada busca hacer viable la comunicación
efectiva entre el abogado y su representado. In re Rodríguez
Lugo, supra. Además, este constituye un deber unidireccional
del abogado hacia su cliente, por lo cual, no informar por
qué el segundo se tornó inaccesible no exime al abogado de AB-2023-0210 7
su responsabilidad. In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 40
(2011). En tales situaciones el abogado debe indicar “las
gestiones que realizó para comunicarse con su cliente”. Íd.
Específicamente, el abogado debe demostrar las diligencias
razonables que realizó para restablecer la comunicación con
su cliente. In re Rivera Nazario, supra, pág. 585. Por otra
parte, el cumplimiento con esta exigencia ética requiere que
el abogado esté disponible y accesible. In re Rodríguez Lugo,
supra.
Un abogado infringe los preceptos del Canon 19 de Ética
Profesional, supra, cuando: 1) no atiende los reclamos de
información que le hace su cliente o clienta; 2) no le
informa del resultado adverso de una gestión; 3) ocurre la
desestimación o el archivo de la acción; 4) no mantiene al
cliente o clienta al tanto del estado de los procedimientos
del caso, y 5) le niega información sobre el mismo. In re
Lugo Quiñones I, 206 DPR 1, 11 (2021); In re Pérez Guerrero,
201 DPR 345, 356 (2018); In re Vázquez Bernier, 198 DPR 459
(2017).
Por otra parte, es menester señalar que según el Canon
20 del Código de Ética Profesional, supra, al renunciar a la
representación legal, el abogado debe, entre otros,
reembolsar inmediatamente a su cliente de “cualquier
cantidad adelantada que le haya sido pagada en honorarios
por servicios que no se han prestado”. El retener tales
cantidades sin realizar la labor por la cual fue encomendado
constituye una grave falta ética. In re Santiago Méndez, 201 AB-2023-0210 8
DPR 436, 443 (2018); In re Martí Rodríguez, 194 DPR 467, 474
(2016).
De igual forma, el Canon 23 del Código de Ética
Profesional, supra, dispone en lo pertinente:
La naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen. (énfasis suplido)
Como bien sabemos la relación abogado-cliente debe
estar fundada en la honradez y la confianza mutua. In re
Rivera Rodríguez, 202 DPR 1026, 1049-1050 (2019). Por tanto,
el Canon 23 exige que el abogado rinda cuentas al cliente de
“cualquier cantidad de dinero u otros bienes del cliente que
vengan a su posesión, incluso aquella suma de dinero que le
adelantara en concepto de honorarios de abogado”. In re
Santiago Méndez, supra, págs. 443-444; In re Martí Rodríguez,
supra. Además, este Tribunal ha sido claro que “la dilación
en la devolución de estos fondos es causa suficiente para
infringir este canon, independientemente de que haya
devuelto el dinero retenido o no haya tenido la intención de
apropiárselos permanentemente”. In re Santiago Méndez,
supra, pág. 444.
El Canon 35 de Ética Profesional, supra, dispone en lo
pertinente que, “[l]a conducta de cualquier miembro de la
profesión legal ante los tribunales, para con sus
representados y en las relaciones con sus compañeros debe
ser sincera y honrada”. Hemos reiterado que resaltar la AB-2023-0210 9
verdad “es un atributo inseparable del ser abogado”. In re
Crespo Pendás, 211 DPR 510, 517 (2023). Así las cosas,
resulta contrario a este precepto toda conducta de un abogado
que conlleva ocultar a su cliente la realidad de lo sucedido
sobre los asuntos encomendados y el realizar falsas
representaciones de que está trabajado el mismo, a sabiendas
de que no es así. In re Crespo Pendás, supra; In re Rivera
Lozada, 176 DPR 215, 230 (2009).
Por último, al disciplinar abogados que han infringido
el Código de Ética Profesional este Tribunal ha considerado
varios factores para determinar la sanción correspondiente.
Específicamente hemos considerado como criterios o factores
relevantes: (1) la reputación del abogado en la comunidad;
(2) su historial disciplinario; (3) si la conducta es una
aislada; (4) si medió ánimo de lucro; (5) si presentó una
defensa frívola de su conducta; (6) si ocasionó perjuicio a
alguna parte; (7) si resarció al cliente o la clienta; (8)
si demostró aceptación o arrepentimiento sincero por la
conducta que le fuera imputada y, (9) otros atenuantes o
agravantes que surjan de los hechos. In re Roldán González,
195 DPR 414, 425 (2016).
III
Como ya mencionamos, el Procurador General, quien
realizó una investigación sobre los hechos esbozados en la
Queja, concluyó que el licenciado Santiago Maldonado se
apartó de los Cánones 18, 19, 20, 23 y 35 del Código de Ética
Profesional, supra. Coincidimos con esta conclusión. AB-2023-0210 10
Primero, el letrado se apartó del Canon 18 de Ética
Profesional, supra, al dilatar la tramitación de la causa de
la señora Hernández Montañez. En agosto de 2022, el letrado
fue contratado para presentar una reclamación en desahucio.
Pero no fue hasta cuatro meses después, el 9 de enero de
2023 que, se presentó la demanda. El licenciado Santiago
Maldonado arguyó que la demora se debió a que faltaba
información que la señora Hernández Montañez iba a proveer.
No obstante, del expediente surge que el abogado no se
comunicó o le dio seguimiento a su clienta. Por el contrario,
los correos electrónicos demuestran que fue la señora
Hernández Montañez quien le dio seguimiento a la encomienda.
Además, es contrario al Canon 18 del Código de Ética
Profesional, supra, que un abogado en el desempeño de su
encomienda proceda a desistir de la demanda sin informar a
su cliente. Según el trasfondo fáctico, el 15 de mayo de
2023, el licenciado Santiago Maldonado tomó la decisión de
desistir de la acción judicial porque tuvo dificultades para
emplazar personalmente al demandado. No surge de sus
alegaciones o de la prueba que el letrado haya informado o
consultado con su clienta sobre lo anterior. Aún más, de la
Queja surge que la señora Hernández Montañez conocía que se
presentó la demanda, pero no hace mención alguna del
desistimiento.
Segundo, el licenciado Santiago Maldonado infringió los
Cánones 19 y 35 del Código de Ética Profesional ya que nunca
notificó a su cliente el verdadero estado del caso. Además AB-2023-0210 11
de esto, también le proveyó información falsa respecto a
ello. En particular, el 31 de diciembre de 2022, le informó
a la señora Hernández Montañez que el caso estaba procesado
en el tribunal y luego, el 9 de enero de 2023, reiteró esto
al indicar que estaba dándole seguimiento a este. Ambas
expresiones eran contrarias a la verdad; la demanda de
desahucio fue en efecto presentada el 9 de enero de 2023.
Además, pasado el 9 de enero de 2023 el licenciado
Santiago Maldonado no tuvo comunicación alguna con su
cliente. Durante la investigación del Procurador General, el
letrado no presentó comunicación alguna, verbal- por vía
telefónica- o escrita tenida entre él y la señora Hernández
Montañez luego de presentada la demanda, inclusive en o antes
de desistir del pleito.
Por último, al desistir de la acción de desahucio el
licenciado Santiago Maldonado tenía la obligación bajo los
Cánones 20 y 23 de Ética Profesional, supra, en rendir
cuentas por los trabajos realizados y devolver los honorarios
profesionales en concepto de los servicios no prestados. No
obra en el expediente que el licenciado Santiago Maldonado
haya rendido cuentas a la promovente sobre las gestiones que
realizó, tales como presentar la demanda y acudir a dos
vistas. De igual forma, aun cuando ha expresado su
disponibilidad de devolver el pago en honorarios legales,
hasta el momento el letrado no ha acreditado haber realizado
la gestión. AB-2023-0210 12
IV
En fin, establecido que el licenciado Santiago
Maldonado infringió los Cánones 18, 19, 20, 23 y 35 del
Código de Ética Profesional, supra, procedemos a determinar
la correspondiente sanción disciplinaria. Notamos que la
recomendación del Procurador General en su Informe consiste
en primero ordenar al licenciado Santiago Maldonado a rendir
cuentas a la señora Hernández Montañez sobre las gestiones
realizadas y reembolsar los dos mil ($2,000) dólares pagados
en concepto de honorarios de abogados. Además, recomendó
imponer sanciones severas por la conducta del licenciado.
Así las cosas, ordenamos al licenciado Santiago
Maldonado a rendir cuentas por escrito a la señora Hernández
Montañez por las labores realizadas y devolver el dinero
recibido en concepto de honorarios de abogado. Por
consiguiente, el letrado deberá acreditar dentro del término
de treinta (30) días a partir de la notificación de esta
Opinión Per Curiam y Sentencia el cumplimiento de lo anterior
a este foro.
Según expresamos previamente, al momento de imponer una
sanción disciplinaria este Tribunal considera varios
factores como atenuantes o agravantes de la conducta
incurrida. El licenciado Santiago Maldonado ha sido
disciplinado en dos ocasiones previas. Según surge de su
historial disciplinario, en ambas ocasiones, el letrado en
la práctica de la abogacía fue censurado y apercibido de
abstenerse de incurrir en conducta que lesione los estándares AB-2023-0210 13
éticos.9 En vista de lo anterior, resolvemos suspender del
ejercicio de la abogacía al licenciado Santiago Maldonado
por un término de tres (3) meses, de manera inmediata.
En consecuencia, se le impone el deber de notificar a
todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar
representándolos y devolverles cualesquiera honorarios
recibidos por trabajos no realizados e informar
oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y
administrativos en donde tenga casos pendientes. Asimismo,
deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo
anterior, incluyendo una lista de los clientes y los foros
a quienes le notificó de su suspensión, dentro del término
Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar
que no se le reinstale a la práctica de la profesión legal,
de solicitarlo en el futuro.
Se dictará Sentencia de conformidad.
9 Además, el licenciado Santiago Maldonado se encuentra suspendido de la práctica notarial. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede se suspende del ejercicio de la abogacía al Lcdo. José E. Santiago Maldonado por un término de tres (3) meses, de manera inmediata. Se le ordena al licenciado Santiago Maldonado que rinda cuenta por escrito a la Sra. María T. Hernández Montañez por las labores realizadas y devolverle el dinero recibido en concepto de honorarios de abogado. Deberá acreditar dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia el cumplimiento de lo anterior ante este Foro.
En consecuencia, se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en donde tenga casos pendientes. Asimismo, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, incluyendo una lista de los clientes y los foros a quienes le notificó de su suspensión, dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar que no se le reinstale a la práctica de la profesión legal, de solicitarlo en el futuro.
Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo