In Re : Hon. Reinaldo Santiago Concepción
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2013 TSPR 93
189 DPR ____ Hon. Reinaldo Santiago Concepción
Número del Caso: AD-2012-1
Fecha: 22 de agosto de 2013
Abogados del Querellado:
Lcdo. Virgilio Mainardi Peralta Lcdo. José Rodríguez Rivera Lcdo. Heriberto Torres Crespo
Oficina de Administración de los Tribunales Oficina de Asuntos Legales:
Lcda. Gina Méndez Miro Lcdo. Félix Fumero Pugliesi Lcda. Cristina Guerra
Materia: Conducta Profesional – Destitución inmediata del cargo de juez y desaforo de la abogacía
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Hon. Reinaldo Santiago Concepción AD-2012-001
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2013.
En esta ocasión, debemos evaluar los méritos de
una querella presentada contra el Hon. Reinaldo
Santiago Concepción, Juez Superior del Centro
Judicial de Aibonito, en la que se alega que violó
varias disposiciones de los Cánones de Ética
Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, y los Cánones de
Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. En esencia, se
le imputa incurrir en conducta constitutiva de
violencia doméstica y uso de sustancias controladas.
Luego de examinar el Informe Final de la Comisión de
Disciplina Judicial y la prueba documental incluida
en su apéndice, coincidimos en que el querellado
incurrió en la conducta imputada. Debido a que las AD-2012-001 2
faltas cometidas no solo contravienen los principios de vida
democrática y de respeto a la dignidad inviolable del ser
humano que permean ambos códigos de ética, sino que vulneran
también la política pública de la Rama Judicial en contra de
la violencia doméstica y el uso de sustancias controladas,
ordenamos la destitución inmediata de Reinaldo Santiago
Concepción como Juez Superior del Tribunal General de
Justicia de Puerto Rico y su desaforo del ejercicio de la
profesión de la abogacía.
I.
A. Trasfondo procesal
El Hon. Reinaldo Santiago Concepción fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 23 de enero de 1998. Según su
expediente, ese año trabajó para la Sociedad para la
Asistencia Legal (SAL). Posteriormente, fue nombrado como
Juez Superior y juramentó a su cargo el 1 de julio de 2009.
Inició sus funciones en el Centro Judicial de Ponce. Luego
fue trasladado al Centro Judicial de Aibonito.
La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT)
inició en 2012 una investigación sobre su conducta a raíz de
una información que el Lcdo. Federico Rentas Rodríguez,
Director de la SAL, refirió a la Directora Administrativa de
los Tribunales, Hon. Sonia I. Vélez Colón. En particular,
informó que el magistrado incurrió en conducta constitutiva
de violencia doméstica y uso de sustancias controladas. Luego
de la investigación correspondiente, la OAT presentó ante la
Comisión de Disciplina Judicial (Comisión) un Informe de AD-2012-001 3
Investigación con su Apéndice, el cual incluye declaraciones
juradas, expedientes médicos, entre otros. El Comisionado
Especial designado, el Lcdo. José Miranda de Hostos,
determinó causa probable para iniciar un procedimiento
disciplinario contra el Juez Santiago Concepción y recomendó
como medida provisional suspenderlo de empleo y sueldo. El 15
de junio de 2012, se decretó el relevo temporero, con paga,
del magistrado. Acto seguido, la OAT formuló una querella
imputándole lo siguiente:
Primer Cargo
El Juez Santiago incurrió en conducta incompatible con los deberes de su cargo y de su profesión al demostrar un grave menosprecio a la vida, seguridad, integridad y dignidad humana cada vez que destruyó propiedad, amenazó de muerte y empleó fuerza física y violencia verbal hacia su entonces pareja, la Lcda. [BYDM]. Dicha conducta no sólo refleja falta de temperamento judicial, prudencia, decoro, integridad y sensibilidad, sino que está gravemente reñida con los Cánones 1, 4, 5 y 23 de Ética Judicial, así como con el Criterio General de la Parte IV y el Canon 38 del Código de Ética Profesional, unido a los principios consagrados en los preámbulos de ambos códigos de conducta.
Segundo Cargo
Con el comportamiento observado en su vida privada, el Juez Santiago incurrió en conducta incompatible con los Cánones 1, 4 y 5 de Ética Judicial, al infringir la política pública del Gobierno de Puerto Rico y de la Rama Judicial de evitar todo tipo de discrimen y de cero tolerancia a la violencia doméstica por ser contraria a los principios más básicos de equidad, dignidad y respeto debidos a un ser humano.
Tercer Cargo
El Juez Santiago incurrió en conducta incompatible con la naturaleza de su función judicial, con las normas que rigen su profesión AD-2012-001 4
y con nuestro ordenamiento jurídico al poseer [y] consumir sustancias controladas, así como al incitar o intentar inducir que [la licenciada BYDM] las utilizara. Dicho comportamiento es contrario a los Cánones 1 y 23 de Ética Judicial, así como al Canon 38 de Ética Profesional.
Cuarto Cargo
El Juez Santiago incumplió con los estándares morales que se le exige a todo miembro de la profesión legal, lesionó la imagen de la Rama Judicial y mancilló la estima pública en la Judicatura al exhibir un comportamiento público deshonroso frente a su entonces pareja y frente a la supervisora de ésta[.] En virtud del maltrato dirigido en público y en privado hacia [la licenciada BYDM], el cual incluyó el uso de su título de juez para intimidarla y amenazarla, y en atención a la falta de sinceridad y honradez para con [su supervisora], el Juez Santiago infringió los postulados del Canon 23 de Ética Judicial, del Criterio General de la Parte IV y del Canon 38 del Código de Ética Profesional, así como de los principios consagrados en los preámbulos de ambos códigos de conducta.
El 6 de agosto de 2012, el Juez Santiago Concepción
contestó la querella negando en su totalidad lo alegado en su
contra.
Dos días después de contestada la querella, el 8 de
agosto de 2012, la OAT presentó una Moción para Informar
Incidentes con Testigos. Expuso que una de las testigos del
caso informó que su esposo, Juez Superior del Centro Judicial
de Ponce, recibió en su oficina un sobre cerrado que contenía
la declaración jurada que ella había ofrecido con “signos de
pregunta en determinadas líneas, así como comentarios
escritos sobre el testimonio prestado o sobre la situación”.
Véase Anejo Moción para Informar Incidentes con Testigos, 8
de agosto de 2012. La OAT manifestó su preocupación al AD-2012-001 5
respecto, pues solo había divulgado copia de la declaración
jurada al querellado y a su representación legal. La OAT
también indicó que vecinos de los padres de la licenciada
BYDM alegadamente observaron a dos individuos encapuchados
pasar por el área en una guagua en horas de la madrugada.
Según ordenado, los representantes legales del
querellado presentaron una moción para expresarse sobre el
incidente que la OAT informó. Los letrados negaron “haber
participado o tener conocimiento alguno sobre quién pueda
haber enviado dicha comunicación” y expusieron que el Juez
Santiago Concepción “niega participación alguna en dichos
eventos”.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2013 TSPR 93
189 DPR ____ Hon. Reinaldo Santiago Concepción
Número del Caso: AD-2012-1
Fecha: 22 de agosto de 2013
Abogados del Querellado:
Lcdo. Virgilio Mainardi Peralta Lcdo. José Rodríguez Rivera Lcdo. Heriberto Torres Crespo
Oficina de Administración de los Tribunales Oficina de Asuntos Legales:
Lcda. Gina Méndez Miro Lcdo. Félix Fumero Pugliesi Lcda. Cristina Guerra
Materia: Conducta Profesional – Destitución inmediata del cargo de juez y desaforo de la abogacía
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Hon. Reinaldo Santiago Concepción AD-2012-001
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2013.
En esta ocasión, debemos evaluar los méritos de
una querella presentada contra el Hon. Reinaldo
Santiago Concepción, Juez Superior del Centro
Judicial de Aibonito, en la que se alega que violó
varias disposiciones de los Cánones de Ética
Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, y los Cánones de
Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. En esencia, se
le imputa incurrir en conducta constitutiva de
violencia doméstica y uso de sustancias controladas.
Luego de examinar el Informe Final de la Comisión de
Disciplina Judicial y la prueba documental incluida
en su apéndice, coincidimos en que el querellado
incurrió en la conducta imputada. Debido a que las AD-2012-001 2
faltas cometidas no solo contravienen los principios de vida
democrática y de respeto a la dignidad inviolable del ser
humano que permean ambos códigos de ética, sino que vulneran
también la política pública de la Rama Judicial en contra de
la violencia doméstica y el uso de sustancias controladas,
ordenamos la destitución inmediata de Reinaldo Santiago
Concepción como Juez Superior del Tribunal General de
Justicia de Puerto Rico y su desaforo del ejercicio de la
profesión de la abogacía.
I.
A. Trasfondo procesal
El Hon. Reinaldo Santiago Concepción fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 23 de enero de 1998. Según su
expediente, ese año trabajó para la Sociedad para la
Asistencia Legal (SAL). Posteriormente, fue nombrado como
Juez Superior y juramentó a su cargo el 1 de julio de 2009.
Inició sus funciones en el Centro Judicial de Ponce. Luego
fue trasladado al Centro Judicial de Aibonito.
La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT)
inició en 2012 una investigación sobre su conducta a raíz de
una información que el Lcdo. Federico Rentas Rodríguez,
Director de la SAL, refirió a la Directora Administrativa de
los Tribunales, Hon. Sonia I. Vélez Colón. En particular,
informó que el magistrado incurrió en conducta constitutiva
de violencia doméstica y uso de sustancias controladas. Luego
de la investigación correspondiente, la OAT presentó ante la
Comisión de Disciplina Judicial (Comisión) un Informe de AD-2012-001 3
Investigación con su Apéndice, el cual incluye declaraciones
juradas, expedientes médicos, entre otros. El Comisionado
Especial designado, el Lcdo. José Miranda de Hostos,
determinó causa probable para iniciar un procedimiento
disciplinario contra el Juez Santiago Concepción y recomendó
como medida provisional suspenderlo de empleo y sueldo. El 15
de junio de 2012, se decretó el relevo temporero, con paga,
del magistrado. Acto seguido, la OAT formuló una querella
imputándole lo siguiente:
Primer Cargo
El Juez Santiago incurrió en conducta incompatible con los deberes de su cargo y de su profesión al demostrar un grave menosprecio a la vida, seguridad, integridad y dignidad humana cada vez que destruyó propiedad, amenazó de muerte y empleó fuerza física y violencia verbal hacia su entonces pareja, la Lcda. [BYDM]. Dicha conducta no sólo refleja falta de temperamento judicial, prudencia, decoro, integridad y sensibilidad, sino que está gravemente reñida con los Cánones 1, 4, 5 y 23 de Ética Judicial, así como con el Criterio General de la Parte IV y el Canon 38 del Código de Ética Profesional, unido a los principios consagrados en los preámbulos de ambos códigos de conducta.
Segundo Cargo
Con el comportamiento observado en su vida privada, el Juez Santiago incurrió en conducta incompatible con los Cánones 1, 4 y 5 de Ética Judicial, al infringir la política pública del Gobierno de Puerto Rico y de la Rama Judicial de evitar todo tipo de discrimen y de cero tolerancia a la violencia doméstica por ser contraria a los principios más básicos de equidad, dignidad y respeto debidos a un ser humano.
Tercer Cargo
El Juez Santiago incurrió en conducta incompatible con la naturaleza de su función judicial, con las normas que rigen su profesión AD-2012-001 4
y con nuestro ordenamiento jurídico al poseer [y] consumir sustancias controladas, así como al incitar o intentar inducir que [la licenciada BYDM] las utilizara. Dicho comportamiento es contrario a los Cánones 1 y 23 de Ética Judicial, así como al Canon 38 de Ética Profesional.
Cuarto Cargo
El Juez Santiago incumplió con los estándares morales que se le exige a todo miembro de la profesión legal, lesionó la imagen de la Rama Judicial y mancilló la estima pública en la Judicatura al exhibir un comportamiento público deshonroso frente a su entonces pareja y frente a la supervisora de ésta[.] En virtud del maltrato dirigido en público y en privado hacia [la licenciada BYDM], el cual incluyó el uso de su título de juez para intimidarla y amenazarla, y en atención a la falta de sinceridad y honradez para con [su supervisora], el Juez Santiago infringió los postulados del Canon 23 de Ética Judicial, del Criterio General de la Parte IV y del Canon 38 del Código de Ética Profesional, así como de los principios consagrados en los preámbulos de ambos códigos de conducta.
El 6 de agosto de 2012, el Juez Santiago Concepción
contestó la querella negando en su totalidad lo alegado en su
contra.
Dos días después de contestada la querella, el 8 de
agosto de 2012, la OAT presentó una Moción para Informar
Incidentes con Testigos. Expuso que una de las testigos del
caso informó que su esposo, Juez Superior del Centro Judicial
de Ponce, recibió en su oficina un sobre cerrado que contenía
la declaración jurada que ella había ofrecido con “signos de
pregunta en determinadas líneas, así como comentarios
escritos sobre el testimonio prestado o sobre la situación”.
Véase Anejo Moción para Informar Incidentes con Testigos, 8
de agosto de 2012. La OAT manifestó su preocupación al AD-2012-001 5
respecto, pues solo había divulgado copia de la declaración
jurada al querellado y a su representación legal. La OAT
también indicó que vecinos de los padres de la licenciada
BYDM alegadamente observaron a dos individuos encapuchados
pasar por el área en una guagua en horas de la madrugada.
Según ordenado, los representantes legales del
querellado presentaron una moción para expresarse sobre el
incidente que la OAT informó. Los letrados negaron “haber
participado o tener conocimiento alguno sobre quién pueda
haber enviado dicha comunicación” y expusieron que el Juez
Santiago Concepción “niega participación alguna en dichos
eventos”. Contestación a Moción para Informar Incidentes con
Testigos, 20 de agosto de 2012, pág. 2. Finalmente,
sostuvieron que, cuando la OAT refiere una queja a la
Comisión, esta está sujeta al escrutinio público.
Posteriormente, la OAT compareció mediante Moción Informativa
y Solicitud de Orden y expuso que corroboró en la Secretaría
del Tribunal Supremo que ninguna persona había solicitado
acceso al expediente. Para evidenciarlo, anejó una
declaración jurada de la Secretaria Auxiliar del Tribunal.
Además, la OAT solicitó a la Comisión que emitiera una orden
para proteger información privilegiada del expediente. La
Comisión concedió esta petición.
El 27 de agosto de 2012, una semana después de haber
presentado la Contestación a Moción para Informar Incidentes
con Testigos, los representantes legales del Juez Santiago
Concepción solicitaron ser relevados de su representación AD-2012-001 6
legal. Alegaron que surgieron “diferencias y falta de
confianza” entre estos y el querellado. La Comisión autorizó
el relevo solicitado y otros tres abogados asumieron la
representación legal del querellado.
Se celebraron vistas extensas los días 20, 21 de
noviembre de 2012 y 10, 11 y 13 de diciembre de 2012, en las
que ambas partes tuvieron la oportunidad de presentar amplia
prueba documental y testifical.
Tras evaluar la prueba desfilada y adjudicar
credibilidad, la Comisión emitió su Informe Final en el cual
consignó las determinaciones de hecho y las recomendaciones
resumidas a continuación. Adelantamos que la Comisión
recomendó unánimemente la destitución del querellado de su
cargo de juez y su desaforo del ejercicio de la abogacía.
B. Determinaciones de hecho
Para la década de 1990, el Juez Santiago Concepción era
instructor de aeróbicos y pesas en un gimnasio. En 1992,
contrajo segundas nupcias. Su entonces esposa le brindó ayuda
económica para que completara su bachillerato y su Juris
Doctor. En 2000, se divorciaron. Para ese momento, el
querellado se desempeñaba como fiscal. Luego, ambos iniciaron
una relación de amistad. Tras el divorcio, la segunda
exesposa se mudó a un complejo de vivienda en San Juan donde
también residía la madre de ésta. Posteriormente, el
querellado se mudó a ese complejo. Según ella, “[v]ivíamos
los tres, mi mamá, él y yo, cada uno en su apartamento”.
Informe Final de la Comisión (Informe), pág. 6. AD-2012-001 7
Luego del divorcio, el querellado tuvo otras tres
relaciones sentimentales, previas a la que tuvo con la
licenciada BYDM.
El 1 de julio de 2009, el querellado juramentó como Juez
Superior y comenzó a desempeñar sus funciones en el Centro
Judicial de Ponce. Para mayo de 2011, residía los días de
semana en Ponce en un apartamento alquilado. Durante los
fines de semana, regresaba a su apartamento en San Juan. Por
su parte, la licenciada BYDM trabajaba como abogada de la SAL
en las oficinas de Ponce, Mayagüez y Bayamón. Ella es madre
de tres hijos y residía en Mayagüez en la residencia de su
madre.
El Juez Santiago Concepción y la licenciada BYDM se
conocieron y comenzaron una relación sentimental. En mayo de
2011, la licenciada BYDM acompañó al querellado al
apartamento de San Juan. Ese día, la licenciada BYDM conoció
a la segunda exesposa del querellado. Él presentó a esta
última como su hermana.
El día del cumpleaños de la licenciada BYDM, el Juez
Santiago Concepción le regaló flores y le pidió que se
quedara con él. Desde ese día, comenzaron a convivir en el
apartamento que este alquiló en Ponce. Sin embargo, el ánimo
del querellado cambió el 2 de junio de 2011, cuando olvidó
las llaves del apartamento. La licenciada BYDM le expresó que
el hecho de perder las llaves no era motivo para molestarse y
hacer un “show”, a lo que el querellado le contestó molesto
que le daba vergüenza. Informe, pág. 7. Ella lo acompañó a AD-2012-001 8
buscar una copia de las llaves en la residencia del
arrendador del apartamento. Al regresar al apartamento, la
licenciada BYDM sirvió tragos y observó que “él tenía una
cara de coraje tan terrible…” Íd. Se mantuvo callada, pero el
querellado le gritó agresivamente “tú eres una loser” y le
reclamó por su vestimenta. Íd. Le dijo que ella no tenía
pudor en la cara, le mencionó que no podía entender la
situación porque ella venía de un barrio mientras que él era
un juez y tenía que cuidar su reputación ya que ella tan solo
era una abogada de la SAL.
El 10 de junio de 2011, el Juez Santiago Concepción
comenzó sus vacaciones y la licenciada BYDM se ausentó del
trabajo por un asunto personal. Fueron al apartamento en San
Juan y consumieron bebidas alcohólicas desde temprano. En la
noche, el querellado salió a comprar más hielo. Fue solo
porque tenía reparos con la vestimenta de la licenciada BYDM:
un “jumpsuit corto estilo halter”. Informe, pág. 8. El
querellado olvidó las llaves del apartamento. Cuando regresó,
la licenciada BYDM se había quedado dormida en el sofá y no
lo escuchó tocando la puerta. Una vez el Juez Santiago
Concepción logró entrar, le dio puños en la cara, en el brazo
izquierdo y en el muslo, mientras ella permanecía acostada en
el sofá. “Me decía puta, no me abriste tuve que llamar a [mi
exesposa]”, testificó la perjudicada. Íd. Con un palo de
escoba, rompió objetos en el apartamento, mientras perseguía
a la licenciada BYDM. Le arrancó la ropa y la obligó a subir
desnuda por unas escaleras hasta la terraza, donde le quemó AD-2012-001 9
el “jumper” mientras le gritaba que eso le pasaba a las
“putas” como ella. Íd. El querellado agredió a la licenciada
BYDM “hasta que me noqueó”. Íd. Según la Comisión, ella
testificó afectada y temblorosa que cuando despertó en horas
de la madrugada: “[a]y Dios mío, cuando yo me miré en el
espejo yo estaba destruida… parecía un elefante”. Íd. Detalló
que estaba desfigurada, tenía el oído rojo y el muslo negro,
y sentía un dolor fuerte en el brazo izquierdo.
Eventualmente, el Juez Santiago Concepción llamó a su
exesposa para preguntarle si tenía un antiinflamatorio. La
licenciada BYDM dijo al querellado que tenían que ir al
hospital, pero no fueron pues no sabían qué iban a decir.
La licenciada BYDM no mejoró en el fin de semana. El ojo
no se le veía por la inflamación y le dolía mucho el oído.
Ella tenía que llevar al trabajo unos expedientes y comentó
al Juez Santiago Concepción “le voy a tener que decir a mi
jefa que fue el papá de mis nenes, mi exesposo”. Informe,
pág. 9. Él aceptó ofrecer esa versión de los hechos.
Finalmente, ella llamó a un amigo para que le refiriera un
doctor discreto que no hiciera muchas preguntas. Su amigo la
refirió a un doctor en Caguas.
El lunes, 13 de junio de 2011, el Juez Santiago
Concepción acompañó a la licenciada BYDM a la residencia del
doctor. Ella se vistió con una camisa de manga larga y un
pantalón largo para que no se le viera el cuerpo completo.
Tenía el brazo “violeta”. Informe, pág. 9. Según acordaron,
ambos dijeron al médico que ella se había caído en la bañera. AD-2012-001 10
La licenciada BYDM testificó que percibió que el doctor no
les creyó, por la expresión facial que hizo al escucharlos.
El doctor examinó su rostro y encontró que su oído estaba
sangrando, por lo que le indicó que tenía que ir al hospital.
El galeno le informó la hora en que podría atenderla en la
sala de emergencia del Hospital HIMA.
Ya en el Hospital, el doctor suministró medicamentos
antiinflamatorios. Según el expediente médico, la licenciada
BYDM sostuvo que sufrió una caída y describió que le dolían
el ojo y la boca. Exhibit 6, Parte Querellante. En una escala
del 1 al 10, señaló que la intensidad del dolor era 5
(moderada) y describió el dolor como penetrante y constante.
Íd. El galeno le expidió un Certificado Médico, en el cual
diagnosticó “left head and facial trauma” y le recomendó
catorce días de descanso, hasta el 27 de junio de 2011.
Exhibit 1, Parte Querellante. Según la licenciada BYDM, el
querellado puso “el grito en el cielo” cuando vio el
certificado médico y se molestó por lo que iban a decir.
Informe, págs. 9-10.
Ese mismo día, la licenciada BYDM llamó a su supervisora
y se acogió a licencia de enfermedad. Indicó que había tenido
un incidente con su exesposo. Su supervisora aprobó su
solicitud y le solicitó los expedientes de sus casos
pendientes.
En el ínterin, el Juez Santiago Concepción le propuso
matrimonio a la licenciada BYDM. Le aseguró que lo sucedido
constituía un episodio aislado y que todo estaría bien. Ella AD-2012-001 11
declaró que le creyó porque lo quería y pensaba que el
incidente violento no se podía repetir porque él era un juez.
Aproximadamente una semana después de la primera
agresión, la licenciada BYDM acordó con su supervisora la
entrega de los expedientes solicitados. La noche en que los
iba a entregar, el Juez Santiago Concepción había ingerido
bebidas alcohólicas. Mientras él cenaba, ella habló por
teléfono con su hija. Cuando él se percató de la conversación
telefónica, “se puso como un demonio”, comenzó a gritarle
“puta”, la obligó a que dejara de hablar con esos “pendejos”
y le exigió atención total porque, según él, ella tenía que
acompañarlo en la mesa. Informe, pág. 10. Tiró el plato de
comida, las sillas y rompió varios objetos.
Finalmente, el Juez Santiago Concepción llevó a la
licenciada BYDM a la residencia de su supervisora, aunque más
tarde de lo acordado. Esta última testificó: “yo me espanté
al verla, parece que le habían dado tanto puño”. Informe,
pág. 10. La licenciada BYDM, frente al Juez Santiago
Concepción, dijo a su supervisora que el padre de sus hijos
la había agredido. Esta respondió que tenía que denunciarlo y
se ofreció a tomarle una foto, pero la licenciada BYDM se
negó. Su supervisora añadió que, cuando la licenciada BYDM le
entregó el expediente, le indicó que le dolía el tímpano
derecho. Los hematomas de los brazos ya se estaban tornando
color verdoso.
La licenciada BYDM se ausentó por enfermedad hasta el 27
de junio de 2011. A partir de ese día, comenzó a ausentarse AD-2012-001 12
por “asunto personal”. Luego, comenzó su licencia de
vacaciones regulares desde el 5 de julio hasta el 11 de julio
de 2011. Estas habían sido autorizadas previamente. Exhibit
5, Parte Querellante. El 12 de julio de 2011, la licenciada
BYDM se reintegró a trabajar e informó a su supervisora que
se iba a casar.
Posteriormente, el querellado se encontró con la
supervisora de la licenciada BYDM en el Tribunal de Ponce y
le solicitó hablar. Fueron a su oficina y él le manifestó que
estaba “molesto”, que estaba “tragando gordo”, porque la
licenciada BYDM no le había dicho quién la agredió. Informe,
pág. 11. La supervisora testificó que lo escuchó extrañada
porque la licenciada BYDM había dicho en su residencia
delante de él que fue su exesposo quien la había golpeado y
porque le extrañó que el Juez Santiago Concepción decidiera
casarse con una mujer que había sido agredida sin saber quién
la agredió.
Surge del Informe que, antes de la boda, el Juez
Santiago Concepción decía a la licenciada BYDM que todavía se
podía arrepentir de casarse con ella y la insultaba
diciéndole “anormal”, “estúpida”, “tusa” e “hija de negra”.
Informe, pág. 11. Además, le “jaloneaba los brazos” y le botó
casi toda la ropa, pues él controlaba su apariencia física.
Íd. Tampoco quería que ella fuera a ver a su familia a
Mayagüez.
Por otra parte, la licenciada BYDM testificó que observó
que él tenía una cartera marrón de cuero pequeña y que le AD-2012-001 13
indicó que no la tocara. Eventualmente, ella abrió la cartera
y encontró “bolsas transparentes con polvo blanco” que pudo
reconocer como cocaína. Informe, pág. 11. Al confrontarlo, el
Juez Santiago Concepción le dijo que no se hiciera la
“pendeja”, que de donde ella venía “sabía Dios cuánto [se]
había metido” y que “él llevaba veinte años metiéndose
perico” y no lo habían tocado. Íd., pág. 12.
Cerca del día de su boda, el querellado compró a la
licenciada BYDM el traje de boda y el anillo con una tarjeta
de crédito que mantenía en común con su exesposa. Según esta
última, él le rembolsó el dinero.
El 30 de julio de 2011, la licenciada BYDM y el Juez
Santiago Concepción contrajeron matrimonio en la residencia
del dueño del apartamento de Ponce. Tanto el querellado como
la OAT presentaron fotos de la boda como evidencia. En estas
pueden observarse marcas en el brazo izquierdo de la
En vista del matrimonio entre ambos y para evitar
conflictos en el Tribunal de Ponce, la licenciada BYDM fue
trasladada a la oficina de Mayagüez de la SAL. El querellado
le prohibió salir con el “grupete de abogados”, ya que, según
él, los abogados de la SAL valían nada y ella era la esposa
de un juez. Informe, pág. 12.
El sábado, 20 de agosto de 2011, era el cumpleaños del
Juez Santiago Concepción. Desde temprano, el querellado
empezó a beber y a usar cocaína. La pareja acudió a una
tienda de teléfonos celulares en Plaza las Américas debido a AD-2012-001 14
que el querellado no podía desbloquear su teléfono móvil. No
obstante, él olvidó su cartera y no pudo completar la gestión
porque no tenía una identificación con foto. El Juez Santiago
Concepción se puso de mal humor y fue al carro a buscar su
cartera. Sin embargo, al regresar, se percató de que su
licencia no estaba en la cartera. Molesto, el querellado tiró
su teléfono contra el suelo en la tienda. Llegó un guardia de
seguridad, él recogió el teléfono y exclamó “váyanse todos
pa’l carajo”. Informe, pág. 14. Acto seguido, cogió a la
licenciada BYDM por el cuello y la empujó contra una vitrina.
Luego continuó golpeándola e insultándola de camino al
estacionamiento y dentro del automóvil. Allí la agredió en la
cara, en la cabeza y en el brazo. Le exigió que no lo dejara
gritando solo y que le peleara. Posteriormente, se dirigieron
a una tienda de electrónicos en Plaza Carolina, donde el
querellado compró un teléfono “para su hijo que vivía en
Estados Unidos”. Íd. El Juez Santiago Concepción no tiene
hijos.
Ese día, el querellado compró comida a la licenciada
BYDM. No obstante, ella no se la comió completa, pues él
controlaba la comida que ella ingería, le prohibía ordenar en
los restaurantes, la obligaba a hacer ejercicios y le decía
“vaca” y “gorda”. Informe, pág. 14. Ella perdió más de doce
libras de peso durante la relación.
Además, ese sábado el querellado reveló a la licenciada
BYDM quién era realmente su supuesta hermana, diciéndole
“mira cómo te he cogido de pendeja” porque ella “no es mi AD-2012-001 15
hermana es mi exesposa”. Informe, pág. 15. Asimismo le dijo
“tú le tienes que agradecer” porque “ella fue la que me puso
a estudiar cuando tenía veintiún años”. Íd. Durante el resto
del día, el Juez Santiago Concepción continuó insultándola.
En el mes de septiembre, el querellado reclamaba
constantemente a la licenciada BYDM por sus tardanzas en
regresar de Mayagüez a Ponce luego de trabajar. Cuando
llegaba tarde, él le halaba el pelo y destruía objetos en el
apartamento. En una ocasión, el querellado le cuestionó que
“con qué macho andaba” y le dio un golpe en el ojo derecho.
Informe, pág. 13. La licenciada BYDM tuvo que maquillarse el
ojo para disimular la lesión. En vista de estas peleas, ella
solicitó exitosamente un traslado a Bayamón, efectivo el 6 de
septiembre de 2011. Sin embargo, las discusiones continuaron.
Un viernes, el matrimonio se dirigía de Ponce a San
Juan. Él guiaba descontrolado como a “100 mph” y ella le
pidió que redujera la velocidad. Informe, pág. 13. Sin
embargo, él le dijo que se callara. El querellado tomó una
ruta en San Juan que ella desconocía y se detuvo en lo que
resultó ser un punto de drogas. Íd. Una persona se les
acercó, el querellado se bajó del vehículo, compró algo y lo
echó en la cartera marrón. La licenciada BYDM estaba asustada
pues no había estado en un punto de drogas de noche.1 Él la
insultó diciéndole “tú siempre cagá”, la agarró por el pelo y
le dio “tanto y tanto” mientras le decía “aquí te vas a
quedar pendeja pa’ que aprendas”. Id. La montó de nuevo en el
1 Como parte de su trabajo en la SAL, la licenciada BYDM había visitado puntos de drogas en horas del día. AD-2012-001 16
carro halándola por el pelo, le dio una bofetada, le
cuestionó “tú con tus cagaeras” y le recordó que él llevaba
“tanto tiempo haciendo esto”.2 Íd. Cuando llegaron al
apartamento en San Juan, ella se bañó y se acostó. Él no
regresó a la habitación. Esa no fue la única vez que la
obligó a ir a un punto de drogas.
La licenciada BYDM testificó que intentaba estar “sobria
y alerta” porque él usaba en su contra todo lo que ella
decía. Informe, pág. 13. Cuando hablaba de sus hijos, él
comentaba que sabría Dios con quién los tuvo porque ella
tenía cara de “puta”. Íd., págs. 13-14. También, cuando este
“olía droga en el baño”, invitaba a la licenciada BYDM. Íd.,
pág. 14. Al ella negarse, él se molestaba y la insultaba.
Por otra parte, el Juez Santiago Concepción acostumbraba
llevar a la licenciada BYDM a comprar ropa porque ella tenía
que “adecentarse”. Informe, pág. 15. Ella testificó que era
una tortura y que él se metía en el probador con ella. Al
respecto, la Gerente de una tienda en Plaza Las Américas
testificó que el Juez Santiago Concepción y la licenciada
BYDM eran clientes de la tienda y que llegó a atenderlos
personalmente. Recordó que, en una ocasión, la apariencia de
la licenciada BYDM era “sumisa, con miedo” y notó que
2 Según el Informe de Investigación que la OAT presentó ante la Comisión y que dio pie a la presentación de la querella contra el Juez Santiago Concepción, el sábado siguiente a este incidente, el querellado volvió al punto de drogas y un joven le dijo: “Mire mister, pa’ que se lo diga otro se lo digo yo. Que vimos ahí que pasó algo la semana pasada con una muchacha, que usted no puede venir más aquí”. Informe de Investigación, pág. 13. A raíz de ese incidente, el Juez Santiago Concepción cambió su carro. Íd. AD-2012-001 17
utilizaba demasiado maquillaje. Íd. Cuando la atendió en el
probador, observó una cortadura debajo de un ojo y hematomas
en el brazo. Además, declaró que el Juez Santiago Concepción
olía a alcohol, parecía que “estaba tomado” y se mostraba
dominante. Íd. Asimismo detalló que este se dirigía a las
empleadas de modo demandante y a la licenciada BYDM de forma
agresiva. En fin, la Gerente llamó a los empleados de
seguridad del centro comercial, pero ellos le indicaron que
no podían intervenir en ese punto. El suceso ameritó que
preparara un reporte interno.
La licenciada BYDM declaró que, en otra ocasión, el
querellado la empujó contra una vitrina de relojes en Plaza
las Américas. De igual forma, relató que una vez la agredió
con las bolsas de compras, mientras los presentes la grababan
y retrataban con teléfonos celulares. Testificó que le
preguntaban si estaba bien y decían al querellado que lo
tenían grabado.
La licenciada BYDM también declaró que tenía que hacer
todo como él quería. Si dejaba gotas de agua en el fregadero,
el Juez Santiago Concepción restrellaba su cabeza contra
este. También le peleaba si le llevaba una taza de café
húmeda. Testificó que intentaba “hacer las cosas bien” pero
nada era suficiente, que cada día era peor y se acostaba
pensando qué pasaría el próximo día. Informe, pág. 16.
Además, él la obligaba a preparar comida para su exesposa.
El 7 de septiembre de 2011, el Juez Santiago Concepción
usó cocaína en el apartamento conyugal e incitó a la AD-2012-001 18
licenciada BYDM a que hiciera lo mismo. Ella se negó y
discutieron. Mientras el querellado la agredía, ella le pedía
que no le pegara más. Según testificó la licenciada BYDM,
“sabía que me iba a matar”. Informe, pág. 16. Un vecino llamó
anónimamente al servicio de emergencias 911 y llegaron al
lugar entre seis a ocho patrullas de la Policía. Exhibit 3,
OAT, Informe de Incidente. El querellado ordenó a la
licenciada BYDM “acaba y vístete”. Informe, pág. 16. Ella se
vistió de forma que las marcas de los golpes quedaran
ocultas. El querellado abrió la puerta y un agente le informó
que tenía que hablar con la dama. La licenciada BYDM los
atendió y les dijo que todo estaba bien. Ellos la invitaron a
hablar con un fiscal, pero ella se negó. Finalmente, en el
informe de querella se consignó que: “[r]elacionado a esta
querella de supuesto [sic] Ley 54. Alega la dama, quien no
quiso identificarse, solo que era Abogada de Asistencia Legal
en el área [sic] de Bayamón; que todo se encontraba en
orden”. Exhibit 3, OAT, Informe de Incidente. Cuando la
Policía se marchó, el querellado se asomó al balcón riéndose.
El lunes, 26 de septiembre de 2011, era el cumpleaños de
la madre del querellado, quien llegó al apartamento de su
hijo con un amigo. Comieron entremeses y tomaron bebidas
alcohólicas. Cuando se retiraron, la licenciada BYDM contestó
una llamada telefónica de su hija. El querellado se molestó,
le cuestionó quién la llamó y afirmó “por eso las prefiero
feas y viejas en vez de una joven que me las pegue”. Informe,
pág. 17. Furioso, restrelló el teléfono, “lo hizo cantos” y AD-2012-001 19
propinó a la licenciada BYDM una bofetada tan fuerte que su
cara “se viró completa”, calló sobre un toallero y se le
abrió el pómulo derecho. Íd. Él reaccionó cuestionándole
“mira lo que me haces hacer”. Íd. A pesar de la herida, el
querellado no la llevó a recibir asistencia médica; sino que
la llevó a la residencia de su madre a quien le dijo que ahí
le llevaba esta “mierda”. Íd. Su madre le respondió “pero qué
pasa, tú no puedes seguir así” y manifestó a la licenciada
BYDM que su hijo estaba mal a lo que ella contestó “sí, cada
vez peor”. Íd. La madre del querellado les dijo que no podían
ir al hospital.
Al día siguiente, la madre del querellado llevó a la
licenciada BYDM a la oficina de un dermatólogo. La primera
fue quien habló y dijo que la licenciada BYDM siempre estaba
borracha y que se resbaló en la bañera. El doctor dijo que no
se podía coser la herida por el tiempo transcurrido, por lo
que solo le puso un “punto de mariposa”. Exhibit 4, Parte
Querellante. En el certificado médico, el doctor le recomendó
descanso del 27 al 30 de septiembre de 2011.
El Juez Santiago Concepción obligaba a la licenciada
BYDM a maquillarse la herida. Consiguientemente, esta no
curaba y continuaba supurando. Ella permaneció en casa de su
suegra hasta el miércoles, 28 de septiembre de 2011. Quería
irse, pero el Juez Santiago Concepción le advertía que su
familia la vería así. Él le reconoció que estaba abusando de
ella y se justificó diciendo que estaba repitiendo patrones
de abuso aprendidos por las agresiones de su padre hacia su AD-2012-001 20
madre.3 La licenciada BYDM entonces le rogó que buscaran
ayuda profesional.
No obstante, el Juez Santiago Concepción continuó
insultando a la licenciada BYDM. Incluso, la amenazó
indicándole que tuviera cuidado con lo que diría al regresar
a su trabajo porque la podían encontrar por Cupey con “un
alambre de púa”. Informe, pág. 18. Según ella testificó, él
se jactaba de que sabía cómo hacer esas cosas porque fue
fiscal.
A finales de septiembre, la licenciada BYDM se encontró
con su supervisora. Esta le vio el ojo derecho morado y le
preguntó si el querellado la estaba agrediendo. La licenciada
BYDM lo negó. Asimismo, en otra ocasión, la supervisora le
vio una raya debajo del pómulo del ojo derecho.
El día de Acción de Gracias, la licenciada BYDM pidió
permiso al Juez Santiago Concepción para que sus hijos
celebraran con ellos. Él se negó porque sus “mierdas de
hijos” iban a “hacer un Woodstock” en su casa. Informe, pág.
18. Al final, le dijo: “pues vete pal carajo a Thanksgiving a
Mayagüez y más te vale que llegues temprano”. Íd., pág. 19.
Posteriormente, el matrimonio asistió a una fiesta de
quinceañero de una familiar del querellado. Él sacó a la
licenciada BYDM del lugar a golpes porque ella no bailó como
3 La madre del Juez Santiago Concepción testificó que estuvo veinticuatro años en una relación con el padre del querellado en la cual fue víctima de violencia doméstica. Declaró que, durante la crianza del querellado, el padre de este la agredió en muchas ocasiones y el querellado “cogió mucho golpe” defendiéndola. Informe Final de la Comisión (Informe), pág. 5. AD-2012-001 21
él quería y le recordó que él fue coreógrafo y que ganó un
concurso de belleza masculina de Puerto Rico.
El 28 de diciembre de 2011, hubo una fiesta en casa del
dueño del apartamento de Ponce. La licenciada BYDM habló con
todos los presentes. El Juez Santiago Concepción se disgustó.
Le apretaba el brazo porque no quería que ella hablara pues
la consideraba una “basura”. Informe, pág. 19. Al regresar al
apartamento en Ponce, el querellado propinó varios golpes a
la licenciada BYDM en el costado derecho del cuerpo y le
cuestionó que “cómo carajo te atreves tú a hablar aquí” ya
que era simplemente una abogada de la SAL, una “sucia”. Íd.
En su testimonio, aclaró que el querellado ya no le daba en
la cara, porque había rumores de que ella usaba maquillaje en
exceso para ocultar los golpes de su rostro. Ella testificó,
además, que el querellado le recriminaba porque ella tenía
tatuajes y justificaba los suyos diciendo “yo soy el macho”.
Íd.
El 29 de diciembre de 2011, la hermana del dueño del
apartamento de Ponce los invitó a desayunar. La licenciada
BYDM llegó cojeando debido al dolor en el costado y le contó
todo porque pensó “que esa era la última vez que la iba a
ver”. Informe, pág. 19.
El Juez Santiago Concepción y la licenciada BYDM
regresaron al apartamento de San Juan. Él la culpó de que no
los invitaran a despedir el año en Ponce.
El sábado, 31 de diciembre de 2011, estaban en el
apartamento de San Juan. Desde temprano, el Juez Santiago AD-2012-001 22
Concepción ingirió bebidas alcohólicas y utilizó sustancias
controladas. Mientras veían la película titulada “Book of
Eli”, comenzaron a discutir sobre la Biblia y la licenciada
BYDM le dijo que creía en Dios, pero opinaba que el contenido
de la Biblia era como un cuento que se generaba de un grupo a
otro. Él se jactó de que había hecho estudios bíblicos
durante años y le dijo: “bruta… no has aprendido nada”.
Informe, pág. 20. Acto seguido, le haló el cabello y le dio
en el lado derecho de la cabeza, el rostro y el costado
derecho. La licenciada BYDM pidió que no le diera más porque
le dolía mucho, pero él “no tenía ninguna compasión y me
seguía dando y dando”. Íd. Tras la golpiza, la licenciada
BYDM no podía dormir, gritaba del dolor y le pedía que la
llevara al hospital.
Sin embargo, el Juez Santiago Concepción no la llevó a
recibir asistencia médica hasta el lunes, 2 de enero de 2012,
cuando la llevó al Hospital Pavía. Exhibit 5, OAT, Pavía
Hospital Emergency Room Record. El querellado grabó todo lo
que ella habló con el enfermero. Al ella preguntarle por qué
grababa, él respondió “no tienes que cuestionarme”. Informe,
pág. 20. Luego, la licenciada BYDM dijo al doctor que se cayó
en la bañera el miércoles anterior. Por su parte, el Juez
Santiago Concepción dijo que fue al hospital el lunes porque
no podía con el dolor. “Usted sabe cómo son las mujeres, no
quieren venir a los médicos”, aseveró. Íd. Mediante placas,
el doctor diagnosticó una fractura en la quinta costilla del
lado derecho. Le recetó medicamentos y le ordenó reposo AD-2012-001 23
absoluto. Sin embargo, cuando salieron del hospital, el Juez
Santiago Concepción la obligó a acompañarlo a comprar una
computadora para él. Fueron a cinco establecimientos
distintos en busca de la computadora, por lo que regresaron
al apartamento al anochecer. El querellado le dijo que era la
culpable de todo y que tuviera cuidado con lo que iba a decir
porque él era juez y no le creerían a ella.
En esa semana, la exesposa del querellado visitó el
apartamento a petición de este para “limar asperezas”.
Informe, págs. 20-21. Cuando se retiró, este tiró las
pertenencias de la licenciada BYDM por el balcón, rompió
objetos, la agarró por el cuello, la golpeó en la pierna y le
lastimó un dedo del pie. El querellado decidió irse del
apartamento antes de que alguien llamara a la Policía. El
próximo día, la licenciada BYDM regresó a Mayagüez.
Entre el 22 y 23 de enero de 2012, la licenciada BYDM y
el Juez Santiago Concepción tuvieron una conversación
telefónica extensa. Decidieron reanudar la relación y ella se
mudó nuevamente con él, creyendo que cambiaría. No obstante,
continuaron las amenazas. Él le decía: “¿Y si te mato? ¿Y si
te mato? Yo lo voy a perder todo pero primero te vas tú”.
Informe, pág. 21.
Para ese entonces, el Juez Santiago Concepción había
botado la cartera de cuero en la que guardaba las drogas. Sin
embargo, la licenciada BYDM encontró piedras blancas en unas
bolsas verdes y observó al querellado molerlas e inhalar la
sustancia resultante. Ella declaró que a veces él botaba las AD-2012-001 24
drogas, decía “yo no puedo seguir así” y luego “le entraba un
cargo de conciencia, él empezaba a llorar, a llorar y a mí me
daba tanta pena”. Informe, pág. 21.
El 12 de febrero de 2012, el Juez Santiago Concepción
actuó cariñoso con la licenciada BYDM. No obstante, el
querellado habló con su exesposa y, luego, tuvo una discusión
con la licenciada BYDM. Él le dijo: “no pienses que yo creo
que eres buena mujer, si tú fueras buena mujer te hubieras
ofrecido a cuidar a la mamá de [mi exesposa]”. Informe, pág.
22. El lunes, 13 de febrero, ella se fue, pero tuvo que
regresar pues no tenía llaves. Al regresar, vio piedras de
cocaína en la cama.
El 15 de febrero de 2012, la licenciada BYDM tuvo una
vista en el Centro Judicial de Ponce. Luego, fue a la cocina
de la oficina de la SAL junto a su supervisora. La licenciada
BYDM le contó todo el maltrato que sufrió y que fue el Juez
Santiago Concepción quien la había agredido; no su expareja.
La supervisora se alarmó, le dijo que tenía que denunciarlo y
habló con el licenciado Rentas Rodríguez. Este se reunió con
la licenciada BYDM al día siguiente. Inmediatamente la
trasladó a Mayagüez y le autorizó un periodo de vacaciones.
Además, le preguntó si tenía dinero a lo que ella respondió
que no porque el querellado le quitaba todo el cheque.
Consecuentemente, el licenciado Rentas Rodríguez le adelantó
el pago del sueldo. Luego, se comunicó con la OAT. AD-2012-001 25
El 18 de febrero de 2012, la licenciada BYDM abandonó el
apartamento conyugal. Posteriormente, se celebró la vista que
culminó en la sentencia de divorcio por consentimiento mutuo.
Habiendo determinado todo lo anterior, la Comisión
emitió su Informe. En este, consignó su preocupación sobre la
seguridad de la licenciada BYDM y concluyó
que el querellado infringió todos los cargos imputados por la OAT, ejerciendo violencia física y psicológica contra su ex pareja, discriminando contra ella por razón de género, faltando a la verdad y a la honradez y utilizando e incitando el uso de sustancias controladas, desplegando un comportamiento público y privado bochornoso e inmoral en atropello de los principios fundamentales de dignidad y respeto a la igualdad de todos los seres humanos. Ante este nefasto panorama, y a la infracción de los Cánones de Ética Judicial y el Código de Ética Profesional, unánimemente recomendamos que este Honorable Tribunal destituya al querellado de su cargo de juez y, a su vez, dentro de su poder inherente de regular la profesión, decrete su desaforo del ejercicio de la abogacía.
El 17 de mayo de 2012, Juez Santiago Concepción presentó
una Solicitud de Reconsideración ante la Comisión. Según le
fue ordenado, el 23 de mayo de 2013, la OAT presentó una
Réplica a su Solicitud de Reconsideración. Estudiadas ambas
posiciones, el 21 de junio de 2013, la Comisión denegó
reconsiderar. Finalmente, el Juez Santiago Concepción
presentó una Reacción a Informe Final de la Comisión, en el
cual planteó, en esencia, que la Comisión adjudicó
credibilidad y evaluó la prueba erróneamente.
Luego de evaluar detenidamente el Informe rendido por la
Comisión, el expediente del procedimiento disciplinario y las AD-2012-001 26
comparecencias del Juez Santiago Concepción y la OAT, estamos
en posición de resolver.
II.
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
confiere autoridad a este Tribunal para llevar a cabo los
procedimientos disciplinarios relacionados con los jueces de
los tribunales de inferior jerarquía. Art. V, Sec. 11, Const.
E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Como parte de esa autoridad,
aprobamos los Cánones de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV–B,
en cuyo Preámbulo dispusimos lo siguiente:
Los miembros del Poder Judicial promueven y velan por la igualdad de toda persona ante los Tribunales y evidencian, mediante su comportamiento, la importancia de una judicatura independiente e imparcial para la protección de los derechos humanos. Al promover una judicatura independiente, las juezas y los jueces garantizan que los tribunales sean defensores del constitucionalismo y del principio de legalidad.
Al igual que todo ciudadano o ciudadana, las juezas y los jueces están obligados a cumplir con la ley, modelando la conducta ciudadana a la que aspira la sociedad democrática. Están obligados a cumplir con las obligaciones de la Rama Judicial y respetar y honrar la función judicial. Además, al asumir el cargo aceptan también ciertas restricciones a su conducta, tanto en el ejercicio de sus funciones propiamente judiciales, como en sus demás actividades, ya sean personales o profesionales. Estas limitaciones, si bien no les privan de los derechos que poseen como miembros de nuestra sociedad, representan sacrificios en su vida pública y privada que enaltecen la integridad e independencia de su ministerio y estimulan el respeto y la confianza en la judicatura. Igualmente, se comprometen a fomentar un trato respetuoso y cordial hacia sus pares, las funcionarias y los funcionarios de la Rama Judicial y los que comparecen en sala […] AD-2012-001 27
De acuerdo al historial del Preámbulo citado, este constituye
una declaración general de los principios que rigen la
interpretación de los Cánones de Ética Judicial.
Al Juez Santiago Concepción se le imputa violar los
Cánones 1, 4, 5 y 23 de Ética Judicial, supra, así como el
Criterio General de la Parte IV y el Canon 38 del Código de
Ética Profesional, supra, unido a los principios consagrados
en los preámbulos de ambos códigos de conducta. Veamos qué
establecen estas disposiciones.
El Canon 1 de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B C.1,
dispone que “[l]as juezas y los jueces respetarán y cumplirán
la ley y serán fieles al juramento de su cargo”. Según los
comentarios de este canon, el objetivo que persigue es
“transmitir claramente la idea de que las juezas y los jueces
no están por encima de la ley y son los primeros llamados a
respetarla y cumplirla”. Íd. Véase, además, In re Grau
Acosta, 172 D.P.R. 159 (2007).
En lo pertinente al procedimiento disciplinario de
epígrafe, existen dos leyes que proscriben la conducta
imputada al Juez Santiago Concepción. En primer lugar, la Ley
de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley
Núm. 54-1989, según enmendada, 8 L.P.R.A. sec. 601 et seq.,
(Ley Núm. 54) prohíbe la violencia física y psicológica
contra la pareja. En segundo lugar, la Ley de Sustancias
Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4-1971, según enmendada,
24 L.P.R.A. sec. 240 et seq., (Ley Núm. 4) prohíbe la
posesión, fabricación, distribución y dispensación de AD-2012-001 28
sustancias controladas. Véase In re Ruiz Rivera, 168 D.P.R.
246 (2006) (Destitución de un juez por haber consumido
cocaína, entre otras cosas).
El Canon 4 de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B C.4,
establece que “[l]as juezas y los jueces cumplirán cuidadosa
y diligentemente las obligaciones administrativas que les
imponen las leyes y los reglamentos aplicables a la Rama
Judicial. También cumplirán diligentemente las normas y
órdenes administrativas pertinentes de la Oficina de
Administración de los Tribunales”. Con relación a este Canon,
es necesario señalar que la Rama Judicial ha tomado medidas
diversas para prevenir y atender esta problemática, entre las
cuales figuran las siguientes:
proveer adiestramientos especializados a jueces y juezas, preparar un Libro de Estrado sobre órdenes de protección en casos de violencia doméstica, publicar un Protocolo de manejo de caso de violencia doméstica, crear salas especializadas en casos de violencia doméstica en diversas regiones judiciales, brindar servicios de intercesoras y representación legal a víctimas de violencia doméstica, revisar los formularios relacionados con la Ley 54 y establecer un sistema de órdenes de protección automatizadas. Dávila Nieves v. Meléndez, 2013 T.S.P.R. 12, 45-46, 187 D.P.R. ___ (2013).
Por su parte, el Canon 5 de Ética Judicial, 4 L.P.R.A.
Ap. IV-B C.5, establece que: “[l]as juezas y los jueces no
incurrirán en conducta constitutiva de discrimen por motivo
de raza, color, nacimiento, origen, condición socioeconómica,
ideas políticas o religiosas, condición física o mental,
edad, género u orientación sexual”. Esta exigencia ética
parte del mandato constitucional establecido en nuestra Carta
de Derechos que consagra la inviolabilidad de la dignidad de AD-2012-001 29
los seres humanos, establece su igualdad ante la ley y
prohíbe el discrimen por raza, color, sexo, entre otras
causas. Const. E.L.A., supra, Art. II, Sec. 1. De la misma
forma, es pertinente destacar que nuestra Constitución
establece que “toda persona tiene derecho a protección de ley
contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su
vida privada o familiar”. Const. E.L.A., supra, Sec. 8.
Respecto a las actividades extrajudiciales, el Canon 23,
4 L.P.R.A. Ap. IV-B C. 23, dispone que “[l]as juezas y los
jueces se comportarán públicamente de manera que sus
actuaciones no provoquen dudas sobre su capacidad para
adjudicar imparcialmente las controversias judiciales, no
deshonren el cargo judicial y no interfieran con el cabal
desempeño de sus funciones judiciales”. Esta norma de
conducta general corresponde a la alta estima y confianza
pública que gozan los jueces y las juezas. In re Claverol
Siaca, 175 D.P.R. 177, 190 (2009). Véase, además, In re
Nevárez Zavala, 123 D.P.R. 511 (1989). Por ello, su función
les requiere que “se comporten conforme lo exige su cargo,
tanto dentro como fuera del tribunal y que su comportamiento
se dirija a enaltecer el cargo que ocupan y fomentar el
respeto hacia éste”. In re Claverol Siaca, supra; In re Cruz
Aponte, 159 D.P.R. 170, 186-187 (2003). Así pues, su
comportamiento en todos los aspectos de su vida profesional y
personal debe ser intachable y ejemplar. In re Robles
Sanabria, supra, pág. 510. AD-2012-001 30
Por otra parte, el Criterio General de la Parte I del
Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, define los
deberes de los abogados para con la sociedad. En lo
pertinente, establece que:
[l]os miembros de la profesión legal, individual y colectivamente, tienen la responsabilidad de velar por que los distintos procesos legales de la sociedad incorporen y consagren de manera efectiva y adecuada los principios de vida democrática y de respeto a la inviolable dignidad del ser humano. […] También es menester que todo abogado, como ciudadano y en su capacidad profesional, ya sea como juez, fiscal, abogado postulante, asesor o en cualquier otro carácter, actúe siempre de acuerdo al ideal expresado en el preámbulo de estos cánones.
Más adelante, el Criterio General de la Parte IV del
Código de Ética Profesional, supra, sobre los deberes del
abogado en relación con sus compañeros y su profesión,
dispone que:
[l]a preservación del honor y la dignidad de la profesión y la buena relación entre compañeros es responsabilidad ineludible de todo miembro de la profesión legal y para ello todo abogado debe observar con sus compañeros una actitud respetuosa, sincera, honrada y de cordialidad y cooperación profesional, velando siempre por el buen ejercicio de la profesión legal.
Esta cuarta parte del referido Código establece en su
Canon 35, 4 L.P.R.A. Ap. IX C.35, que “[l]a conducta de
cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales,
para con sus representados y en las relaciones con sus
compañeros debe ser sincera y honrada”. La Comisión señala
que, aunque la OAT no menciona este Canon en sus cargos, el
mismo es aplicable al caso de autos. AD-2012-001 31
Por último, el Canon 38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A.
Ap. IXC. 38, dispone, en lo pertinente:
El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. En su conducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia. […]
Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable.
Consiguientemente, un abogado que no se conduce digna y
honorablemente viola el Canon 38 de Ética Profesional. In re
Hernández Vázquez, 180 D.P.R. 527, 541 (2010); In re Roldán
Figueroa, 106 D.P.R. 4, 12 (1977). Incluso, los abogados
tienen la obligación de evitar la conducta impropia en su
vida profesional y personal, tanto en la realidad como en la
apariencia. In re Cotto Luna, 2013 T.S.P.R. 8, 187 D.P.R. ___
(2013); In re Peña, Santiago, 185 D.P.R. 764, 781 (2012). De
lo contrario, podrían enfrentar la suspensión o desaforo del
ejercicio de la profesión. In re Campoamor Redín, 150 D.P.R.
138, 153 (2000).
Habiendo expuesto las normas éticas que aplican al
procedimiento disciplinario que nos ocupa, es meritorio
pronunciarnos sobre la problemática de la violencia doméstica
en nuestra sociedad. Como adelantamos, esta conducta está
prohibida por la Ley Núm. 54, supra, la cual define la
violencia doméstica como AD-2012-001 32
un patrón de conducta constante de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución contra una persona por parte de su cónyuge, ex cónyuge, una persona con quien cohabita o haya cohabitado, con quien sostiene o haya sostenido una relación consensual o una persona con quien se haya procreado una hija o un hijo, para causarle daño físico a su persona, sus bienes o a la persona de otro o para causarle grave daño emocional. 8 L.P.R.A. sec. 602(p).
A su vez, define “violencia psicológica” como
un patrón de conducta constante ejercitada en deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal, limitación irrazonable al acceso y manejo de los bienes comunes, chantaje, vigilancia constante, aislamiento, privación de acceso a alimentación o descanso adecuado, amenazas de privar de la custodia de los hijos o hijas, o destrucción de objetos apreciados por la persona, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor. 8 L.P.R.A. sec. 602(q).
La Ley Núm. 54, supra, reconoce que la violencia
doméstica “es uno de los problemas más graves y complejos que
confronta nuestra sociedad”. Art. 1.2 de la Ley Núm. 54, 8
L.P.R.A. sec. 601. Véanse Pueblo v. Pérez Feliciano, 183
D.P.R. 1003, 1007 (2011); Pueblo v. Figueroa Santana, 154
D.P.R. 717, 723 (2001). Por ello, establece como política
pública repudiarla enérgicamente “por ser contraria a los
valores de paz, dignidad y respeto que este pueblo quiere
mantener para los individuos, las familias y la comunidad en
general”. Íd. De hecho, el Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, 8
L.P.R.A. sec. 631, tipifica esta conducta como delito grave
de cuarto grado. Además, el Art. 3.2, 8 L.P.R.A. sec. 632,
aumenta la pena de este delito a la correspondiente a delito
grave de tercer grado “cuando se infiriere grave daño
corporal a la persona” o “cuando se indujere, incitare u AD-2012-001 33
obligare a la persona a drogarse con sustancias controladas”,
entre otras instancias.
Por nuestra parte, como integrantes de la Rama Judicial,
estamos comprometidos a contribuir a erradicar de nuestra
sociedad este grave problema. Dávila Nieves v. Meléndez
Marín, supra. Como parte de este esfuerzo, la Rama Judicial
adoptó el Manual de la OAT sobre la Intervención en Casos de
Violencia Doméstica (2000) para establecer el protocolo de
manejo en este tipo de casos. Además, la OAT publicó en 2010
el Manual del Estrado: Órdenes de Protección en Situaciones
de Violencia Doméstica (Manual del Estrado) para proveer a
los jueces y las juezas un instrumento de trabajo que les
sirva para mejorar su desempeño en estos casos y “garantizar
los derechos de las víctimas de violencia doméstica”. Manual
del Estrado: Órdenes de Protección en Situaciones de
Violencia Doméstica (2010), pág. iv.
A esos efectos, el documento mencionado explica que la
violencia doméstica es un patrón de conducta de poder y
control. Manual del Estrado, pág. 89. El Domestic Abuse
Intervention Project de Duluth, Minnesota, ilustra la
dinámica de la violencia doméstica mediante una Rueda de
Poder y Control compuesta por ocho ejes, a saber: 1) uso de
privilegios masculinos, que incluye definir cuáles son los
roles de género tradicionales de las mujeres y los hombres;
2) uso de abuso económico, como obligar a la víctima
entregarle todos sus ingresos; 3) uso de los niños y las
niñas de su pareja para ejercer control, como hacerla sentir AD-2012-001 34
culpable por lo que estos hacen; 4) uso de amenazas y
opresión, lo cual incluye amenazas de causarle daño o de
abandonarla, obligarla a rehusarse a declarar en su contra y
obligarla a cometer actos ilegales; 5) uso del menosprecio,
la culpa y la negación; 6) uso de la intimidación, como
provocar miedo rompiendo objetos; 7) uso del aislamiento, que
incluye controlar a quién visita y con quién habla la
víctima, limitar las salidas y participación en actividades
fuera del hogar, así como recurrir a celos para justificar el
aislamiento; y 8) uso de maltrato emocional, como
desvalorizar a su pareja, hacerla sentir mal consigo misma,
proferirle nombres soeces, humillarla y hacerla sentir
culpable por la violencia que recibe. Íd., págs. 89-94.
La violencia doméstica suele presentarse de forma
cíclica. Manual del Estrado, pág. 95. Según la investigadora
Leonor Walker, el ciclo de maltrato tiene tres fases: fase de
tensión, fase de explosión y fase de arrepentimiento y
reconciliación. Íd., págs. 95-99. Con el tiempo, esta última
fase desvanece y comienza un nuevo ciclo de violencia
doméstica. Íd., pág. 98. Véase además, Á. Arechederra Ortiz
et al., Violencia Contra las Mujeres en la Pareja: Claves de
Análisis y de Intervención, Madrid, R.B. Servicios
Editoriales, S.L., 2010, págs. 27-18. En cada una de estas
fases, la parte agresora muestra combinaciones de los
comportamientos esbozados en la Rueda de Poder y Control.
Manual del Estrado, pág. 99. AD-2012-001 35
Por su parte, la víctima no suele identificar
inmediatamente el patrón de maltrato, pues se confunde con
los actos de arrepentimiento y promesas de cambio de la parte
agresora. Manual del Estrado, pág. 89. Una vez lo reconoce,
generalmente reacciona ocultando lo que ocurre y sintiendo
vergüenza, impotencia o culpa. Íd. Véase además, Á.
Arechederra Ortiz, op. cit., págs. 33-34. Estos sentimientos
son promovidos por la parte agresora, la cultura o por la
esperanza de que su pareja cambie. Manual del Estrado, supra.
El desprecio, desvalorización, denigración y burla que la
violencia psicológica provoca sientan las bases para que las
mujeres se sientan subordinadas y soporten luego ataques
físicos y sexuales. D. Caratozzolo, La Pareja Violenta, del
Amor y la Pasión, Argentina, Homo Sapiens Ediciones, 2003,
pág. 16; R.M. Silva Bonilla y otras, Hay amores que matan: la
violencia contra las mujeres en la vida conyugal, San Juan,
Ed. Huracán, 1990, págs. 40–41. Véase además, Pueblo v. Ayala
García, 186 D.P.R. 196 (2012). Las agresiones pueden tener
consecuencias serias para la salud, como lesiones o daños
físicos. Á. Arechederra Ortiz, op. cit., págs. 30-31. Con
frecuencia, la víctima sufre roturas timpánicas. Íd., pág.
31.
El Manual del Estrado continúa explicando a los jueces y
las juezas que no existe un perfil determinado de las
personas agresoras y de las víctimas de violencia doméstica.
Manual del Estrado, págs. 99-100. Véase además, I. López
Palau, Violencia contra la Mujer, San Juan, Editora AD-2012-001 36
Centenario, S.A., 1999, pág. 84. En esencia, expone que “[l]a
violencia doméstica ocurre porque es conducta aprendida,
conducta que la persona agresora percibe es tolerada por su
entorno social y decide utilizarla para ejercer poder y
control sobre su pareja y así obtener lo que quiere”. Manual
del Estrado, pág. 100.
En vista de lo anterior, el documento mencionado
sostiene que los jueces y las juezas pueden aportar con su
conducta y determinaciones a detener el aprendizaje de la
violencia y crear una sociedad que la condene en lugar de
tolerarla y utilizarla como método de resolución de
conflictos. Manual del Estrado, supra. Asimismo, el documento
insta a nuestros magistrados y magistradas a no revictimizar
a las víctimas de violencia doméstica cuestionándolas o
culpándolas indirectamente de lo que les sucede. Íd., págs.
104-109. Véanse, además, N.S. Jacobson, J. Gottman, Hombres
que Agreden a sus Mujeres: Cómo poner fin a las relaciones
abusivas, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 2001,
pág. 149; Manual de la OAT, supra, pág. 12. La persona
agresora es la responsable de su comportamiento. V. Garrido,
Amores que Matan, 3ª ed., Barcelona, Algar Editorial, 2001,
pág. 162.
III.
Es norma firmemente establecida que este Tribunal no
alterará las determinaciones de hecho de la Comisión de
Disciplina Judicial, en ausencia de parcialidad, prejuicio o
error manifiesto. In re Claverol Siaca, 175 D.P.R. 177 AD-2012-001 37
(2009); In re Scherrer Caillet-Bois, 162 D.P.R. 842, 862
(2003). En el caso ante nos, la Comisión evaluó la prueba
desfilada ante sí, adjudicó credibilidad y concluyó que todos
los cargos imputados al Juez Santiago Concepción quedaron
probados mediante prueba clara, robusta y convincente. Por
ello, recomendó unánimemente la destitución del querellado de
su cargo de juez y su desaforo del ejercicio de la abogacía.
Tras examinar detenidamente el Informe Final de la
Comisión y la prueba que obra en el expediente, no
encontramos justificación alguna para intervenir con las
extensas y detalladas determinaciones de hecho realizadas por
dicho foro. Coincidimos en que el querellado incurrió en la
conducta imputada. Veamos.
Los cargos primero, segundo y cuarto imputan al
querellado cometer actos de violencia física, psicológica y
discrimen, públicos y privados, contra la licenciada BYDM. La
Comisión hizo constar en su Informe Final que el testimonio
de la licenciada BYDM le mereció entera credibilidad.
Incluso, destacó que
en este caso no está presente la intención de revancha de parte de la licenciada [BYDM] ni de otros testigos. […] La queja fue promovida, no por la licenciada [BYDM], sino por sus supervisores en SAL. Al margen de ello la propia [supervisora de la perjudicada] testificó que conoce al querellado desde el año 2009, que su relación con el querellado era bien cordial y su esposo […] preside la sala 406, justo al lado de la Sala 405 que el querellado presidió durante un periodo en Ponce. Además, se expresó de manera elocuente y muy favorable sobre la ejecutoria del querellado como Juez Superior. En cambio, era evidente que la licenciada [BYDM] compareció ante nos sin ánimos de rencilla, para cumplir con su deber de testificar luego de ser citada. Mientras hablaba AD-2012-001 38
era palpable que aún sentía temor, se mostraba temblorosa, a veces llorosa. Demostró que, aparte de la cicatriz que observamos en su pómulo, aún conserva heridas psicológicas profundas producto de esta experiencia que permanecen a flor de piel. Muy distinto al lenguaje corporal que el querellado transmitió: rígido, artificial, controlador. Informe, págs. 38-39.
Además, sostuvo que lo declarado por la perjudicada fue
reforzado por la prueba ofrecida por la OAT y el propio
querellado. Asimismo, confirió entero crédito a las
declaraciones de la supervisora de la licenciada BYDM y la
Gerente de una tienda en Plaza las Américas. Por otra parte,
la Comisión destacó que la postura de negación del querellado
y la prueba que este presentó no le mereció ningún crédito,
por estar repleta de contradicciones.
Para recapitular, mediante el testimonio de la
licenciada BYDM, quedó probado que el Juez Santiago
Concepción incurrió en un patrón de conducta constante de
agresiones físicas, abuso psicológico e intimidación en su
contra. En particular, ella detalló varias agresiones físicas
graves que le propinó el Juez Santiago Concepción,
provocándole heridas abiertas, inflamación y hematomas en el
rostro; sangrado en el oído; hematomas en las extremidades;
golpes en los costados; la ruptura de una costilla y dolor en
un pie. Varias de estas lesiones requirieron asistencia
médica y que se ausentara a su trabajo. Al respecto, la
Comisión destacó que el Juez Santiago Concepción no actuó
como un hombre prudente y razonable al no atender
inmediatamente las necesidades médicas de la licenciada BYDM,
que controló la versión que ella ofrecía a los doctores y que AD-2012-001 39
nunca recurrió al mismo doctor ni hospital en más de una
ocasión “para evitar señalamientos de sospecha de violencia
doméstica y que se activara el protocolo de rigor”. Informe,
pág. 35. Ciertamente, lo anterior constituye violencia
doméstica, según definida por la Ley Núm. 54, 8 L.P.R.A. sec.
602(p).
De igual forma, se demostró que el querellado deshonró y
menospreció a su entonces esposa mediante insultos,
humillaciones y epítetos soeces; limitó irrazonablemente su
acceso y manejo de los bienes comunes al quitarle su sueldo
mensualmente; la vigiló constantemente y le reclamó por sus
tardanzas en llegar del trabajo; la aisló al prohibirle ver a
su familia y almorzar con sus compañeros de trabajo; controló
su alimentación y vestimenta; limitó su descanso y destruyó
objetos pertenecientes a ella, incluso quemó su ropa. Ello
configura la violencia psicológica estatuida en la Ley Núm.
54, 8 L.P.R.A. sec. 602(q).
Estas declaraciones fueron confirmadas por la
supervisora de la licenciada BYDM, quien testificó sobre las
marcas de los golpes que esta recibió, el cambio en su estado
de ánimo y su apariencia física, así como sobre las mentiras
del querellado para ocultar su conducta. Además, la Gerente
de una tienda en Plaza las Américas testificó sobre la
conducta agresiva y controladora del querellado, el carácter
sumiso de la licenciada BYDM y las marcas que pudo observar
en el cuerpo de esta dentro del probador. También quedó
evidenciado con prueba documental y testimonial que un vecino AD-2012-001 40
llamó anónimamente para denunciar un acto de violencia
doméstica.
Así pues, el Juez Santiago Concepción incurrió en
maltrato privado y público hacia su entonces esposa, lo cual
incluyó usar su título de juez para intimidarla, y faltó a la
sinceridad y honradez para con la supervisora de la
licenciada BYDM al asegurarle que no sabía quién había
agredido a su supervisada. Esta conducta refleja falta de
temperamento judicial, prudencia, decoro, integridad y
sensibilidad.
Por otra parte, el tercer cargo imputa al querellado el
uso e incitación de uso de sustancias controladas. La
Comisión encontró probado mediante prueba clara, robusta y
convincente que, en efecto, el Juez Santiago Concepción
poseyó y consumió cocaína y se jactó de llevar veinte años
haciéndolo. Además, se evidenció que este incitó a la
licenciada BYDM a hacer lo mismo y la obligó en varias
ocasiones a acompañarlo a puntos de drogas para comprar
cocaína. Siendo así, el Juez Santiago Concepción cometió la
conducta imputada, la cual está prohibida por la Ley Núm. 4,
supra, y podría constituir un agravante para el delito de
violencia doméstica tipificado en la Ley Núm. 54, supra, de
este ser procesado criminalmente por estos hechos.
Al resolver que el Juez Santiago Concepción incurrió en
conducta constitutiva de violencia doméstica y uso de
sustancias controladas, es forzoso concluir que violó los
principios encarnados en los Cánones de Ética Judicial, AD-2012-001 41
supra, y los Cánones de Ética Profesional, supra. Con su
conducta, el querellado violó el Canon 1 de Ética Judicial,
supra, al pretender estar por encima de la ley y no cumplir
el llamado a respetarla y cumplirla, particularmente, al
incurrir en conducta prohibida por la Ley Núm. 54, supra, y
la Ley Núm. 4, supra.
También violó lo dispuesto por el Canon 4 del mismo
código de conducta, supra, al ir en contra de la política
pública del Gobierno y la Rama Judicial en contra de la
violencia doméstica y el uso de sustancias controladas.
Además, incumplió su obligación administrativa como juez de
garantizar los derechos de las víctimas de violencia
doméstica y convertirse en el agresor de una. De igual forma,
el querellado violó el Canon 5 de Ética Judicial, supra, al
discriminar contra la licenciada BYDM por razón de género,
por razón de raza y color al llamarle “hija de negra” y por
ideas religiosas al diferir de su interpretación de la Biblia
y cuestionar su inteligencia.
Con su conducta, pública y privada, el querellado violó,
además, el Canon 23 de Ética Judicial, supra, al no
comportarse conforme lo exige su cargo y deshonrar la toga.
De la misma forma, violó el Canon 38 de Ética Profesional,
supra, al no exaltar el honor y dignidad de la profesión. Por
tanto, todos los cargos presentados en contra del Juez
Santiago Concepción quedaron probados mediante prueba clara,
robusta y convincente. AD-2012-001 42
Al nombrar un juez en nuestro ordenamiento jurídico, se
deposita en él “la confianza de nuestro Pueblo con la
esperanza de que la administración de la justicia se lleve a
cabo por personas cuya conducta, en todos sus aspectos, sea
intachable”. In re Robles Sanabria, supra, pág. 511.
Coincidimos con la Comisión en que “[e]s inconcebible que un
juez que consume drogas y maltrata física y psicológicamente
a su pareja, se dedique a juzgar y tomar decisiones en la
vida de otros ciudadanos”. Informe, pág. 40.
Consiguientemente, ante la gravedad de la conducta cometida,
la cual ciertamente va en contra de los principios de vida
democrática y de respeto a la inviolable dignidad del ser
humano que permean ambos códigos de conducta, nos vemos
obligados a utilizar la única herramienta que tenemos a
nuestra disposición en este tipo de caso: ejercer nuestra
jurisdicción disciplinaria. Véase Art. V, Sec. 11, Const.
E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.
IV.
Por todo lo anterior, decretamos la destitución
inmediata de Reinaldo Santiago Concepción como Juez Superior
del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico y su desaforo
del ejercicio de la profesión de la abogacía. Además, se
refiere este asunto al Secretario de Justicia para la
investigación y acción correspondiente.
Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, decretamos la destitución inmediata de Reinaldo Santiago Concepción como Juez Superior del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico y su desaforo del ejercicio de la profesión de la abogacía. Además, se refiere este asunto al Secretario de Justicia para la investigación y acción correspondiente.
Publíquese.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.
Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
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