EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2016 TSPR 97 Carlos Quiñones Capacetti 195 DPR ____
Número del Caso: AD-2015-3
Fecha: 5 de abril de 2016
Abogado del Querellado:
Lcdo. Fernando M. Quiñones Bodega
Oficina de Asuntos Legales Oficina de Administración de los Tribunales:
Lcda. Cristina Guerra Cáceres Directora
Lcda. Larissa Ortiz Modestti Asesora Legal
Comisión de Disciplina Judicial:
Hon. Aída N. Molinary de la Cruz, Presidenta Lcda. Evelyn Benvenutti Toro Lcdo. José Miranda De Hostos Lcda. Delia Lugo Bougal
Materia: Suspensión de empleo y sueldo de tres meses de Juez Municipal por infracción del Canon 31 de Ética Judicial.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos Quiñones Capacetti AD-2015-3
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 5 de abril de 2016.
El Canon 31 de los de Ética Judicial, infra,
impone unas restricciones claras y sencillas que
constituyen parte de las limitaciones que conlleva
el cargo de juez o jueza. En específico, que cuando
éstos o éstas comparezcan como parte ante un foro
judicial o un foro administrativo adjudicativo se
les prohíbe que sea por derecho propio.
I
El 3 de marzo de 2015 la Directora
Administrativa de la Oficina de Administración de
los Tribunales presentó un Informe de Investigación
con relación a la conducta del Hon. Carlos Quiñones
Capacetti, Juez Municipal (Juez Quiñones
Capacetti). Del referido informe se desprende que AD-2015-3 2
el Juez Quiñones Capacetti incurrió en conducta violatoria
del Canon 31 de los Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap.
IV-B, C. 31, cuando el 17 de septiembre de 2014 solicitó la
revisión de 3 boletos por infracción a la Ley de Vehículos
y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000 (9 LPRA sec.
5001 et seq.), a saber: por utilizar el teléfono mientras
conducía el vehículo de motor, tintes indebidos y transitar
desprovisto de registración. Al así hacerlo, el Juez
Quiñones Capacetti compareció por derecho propio. Del
informe también surge que el magistrado compareció sin
representación legal a la vista pautada para el 17 de
octubre de 2014 ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala
de San Juan. En esa fecha, la juez que presidía la Sala le
indicó que no podía atender el asunto y que el Juez
Administrador proveería para un nuevo señalamiento.
Tras evaluar el referido informe, se determinó causa
probable para presentar querella contra el Juez Quiñones
Capacetti por violación al Canon 31, supra. En
consecuencia, se procedió a presentar la correspondiente
querella. El cargo imputado es el siguiente:
El Querellado al presentar un recurso de revisión de boletos de tránsito por derecho propio y acudir a una vista sin representación legal, compareció como parte en un procedimiento judicial sin estar asistido de abogado o abogada, en contravención con lo dispuesto al Canon 31 de Ética Judicial.
Durante los procedimientos de rigor ante la Comisión
de Disciplina Judicial (Comisión), el Juez Quiñones
Capacetti adujo que la mera presentación del recurso de AD-2015-3 3
revisión no constituyó una comparecencia ante el foro
primario. Asimismo, arguyó que compareció a la vista
señalada para solicitar solamente su transferencia por
razón de que su representante legal no podía asistir. Alegó
que no tuvo la oportunidad de expresarlo ante el foro
primario, ya que la juez que presidió la sala indicó
inmediatamente que no podía atender el caso y que
consultaría con el Juez Administrador. Asimismo, el Juez
Quiñones Capacetti resaltó que el 24 de octubre de 2014 su
representante legal presentó una moción asumiendo
representación legal y solicitando señalamiento de vista.1
Posteriormente, las partes estipularon los hechos y
presentaron sus respectivas posturas, quedando sometida la
querella ante la Comisión sin la necesidad de celebrar una
vista evidenciaria.
La Comisión rindió su informe el 20 de octubre de 2015
en el cual recogió los hechos antes expuestos. De igual
forma, hizo constar que la querella presentada es el primer
proceso disciplinario instado contra el Juez Quiñones
Capacetti. La Comisión señaló que lo acaecido refleja que
el magistrado compareció al proceso judicial cuando
presentó un recurso de revisión judicial en el que reclamó
que los boletos no procedían . Destacó que al completar el
formulario de revisión el Juez Quiñones Capacetti no
anunció que sería representado por abogado en el apartado
1La vista fue señalada para el 18 de diciembre de 2014 y mediante Resolución notificada el 30 de diciembre de 2014 se declararon con lugar los recursos de revisión presentados. AD-2015-3 4
correspondiente y que esperó cinco semanas para informar
quién sería su abogado. Asimismo, recalcó que durante su
comparecencia a los procesos señalados para el 17 de
septiembre de 2014 tampoco anunció su representación legal.
De igual forma, la Comisión descartó el planteamiento
del Juez Quiñones Capacetti a los efectos de que imponerle
a los jueces y juezas el requisito de que comparezcan con
abogado o abogada ante un proceso adjudicativo en
reclamaciones judiciales o en foros administrativos es
contrario a derecho y a la igual protección de las leyes.
En este sentido, la Comisión expresó que cuando el Juez
Quiñones Capacetti aceptó el cargo de juez lo hizo con
ciertas restricciones a su conducta, tanto en sus funciones
judiciales como en otras actividades. Por tanto, se
autoimpuso la norma ética al aceptar el cargo. Igualmente,
la exigencia de que los jueces y juezas comparezcan
representados con abogado o abogada es razonable, pues
responde y persigue el fin público de que no se afecte la
imagen e integridad del sistema judicial.
Finalmente, la Comisión concluyó que se probó con
prueba clara, robusta y convincente que el Juez Quiñones
Capacetti incurrió en conducta violatoria del Canon 31,
supra. En consecuencia, la Comisión recomendó la suspensión
temporal de las funciones y sueldos del Juez Quiñones
Capacetti por un periodo de seis meses.
Por su parte, el Juez Quiñones Capacetti compareció
ante nos y reiteró su postura de que el mero hecho de AD-2015-3 5
completar un formulario para solicitar la revisión del
boleto de tránsito no equivale a una comparecencia. A estos
fines, argumentó que ello sólo tiene el efecto de
calendarizar los procesos sin que se adjudique cualquier
planteamiento. A su vez, entiende que el Canon 31, supra,
pretende salvaguardar la etapa adjudicativa de los
procesos. En cuanto al hecho de que asistió sin
representación legal a la vista del 17 de septiembre de
2014, el Juez Quiñones Capacetti señaló que asistió a ésta
con el fin de informar que su abogado no podía acudir a la
misma, pero no pudo expresarse porque la jueza que
presidía la Sala indicó que no podía atender el caso. Por
tanto, sostiene que no existe evidencia de su intención de
auto representarse. Así, entiende que no violó el Canon 31,
supra.
No obstante, y en la alternativa de que este Tribunal
entienda que se violó la referida disposición ética,
sostiene que la medida disciplinaria recomendada es
excesiva. En este sentido, expone que tal recomendación no
considera que ha sido un servidor público abnegado, con un
expediente intachable y excelente reputación. Destaca que
desde que fue admitido a la práctica de la abogacía en el
2008 trabajó por cuenta propia y luego fue designado a la
Comisión de Donativos Legislativos, sin ser objeto de
señalamientos por falta ética o corrupción. Asimismo,
expone que desde su nombramiento como juez municipal se le
ha reconocido su laboriosidad y compromiso con la Rama AD-2015-3 6
Judicial e incluso designado en más de 20 ocasiones para
actuar como Juez Superior, una de éstas por un periodo de
tres meses y nunca ha sido objeto de algún señalamiento.
Por tanto, entiende que la sanción de suspensión de seis
meses de sueldo es desproporcionada e injusta porque se
distancia de sanciones impuestas en casos similares y le
priva, como padre de familia, del sustento necesario para
mantener su hogar y la manutención de su hija.
II
Este Tribunal posee la autoridad exclusiva para
atender los procedimientos disciplinarios relacionados con
los jueces y juezas del Tribunal de Primera Instancia y el
Tribunal de Apelaciones. Art. V, Sec. 11, Const. de Puerto
Rico, LPRA, Tomo 1. En ese ejercicio, se aprobó un cuerpo
de normas mínimas que rigen la conducta de los jueces y
juezas del sistema judicial. Véanse In re Quiñones Artau,
res. 29 de junio de 2015, 2015 TSPR 84, 193 DPR ___(2015);
In re Claverol Siaca, 175 DPR 177, 188 (2009).
El preámbulo de los Cánones de Ética Judicial
establece el fin de promover una serie de aspiraciones
dirigidas a proteger la independencia judicial, la
administración efectiva e imparcial de la justicia y la
confianza de la ciudadanía. Por ello, los cánones
constituyen unos principios consustanciales al correcto
ejercicio de quienes están llamados a impartir justicia. 4
LPRA Ap. IV-B, I. De igual forma, pauta que cuando el juez
o jueza asume su cargo acepta también ciertas AD-2015-3 7
restricciones a su conducta, tanto en el ejercicio de sus
funciones judiciales como en sus demás actividades, ya
sean personales o profesionales. Íd. Tales limitaciones no
les privan de sus derechos como miembros de nuestra
sociedad, sino que responden a los sacrificios que se
requieren para enaltecer la integridad e independencia de
su ministerio y estimular la confianza y respeto en la
judicatura. Íd. Véanse, además: In re Cancio González, 190
DPR 290, 297 (2012); In re Berríos Jiménez, 180 DPR 474
(2010); In re Nevárez Zavala, 123 DPR 511, 524 (1989).
La política de que los jueces y juezas se conduzcan
de forma que enaltezcan su cargo cobija incluso la
apariencia de conducta del juez o jueza de forma tal que
se erradique cualquier interrogante sobre la función
judicial. In re Ramos Mercado, 170 DPR 363, 392-393
(2007).
Dentro de las normas éticas avaladas por este
Tribunal, se aprobó el Canon 31, supra, que dispone lo
siguiente:
Cuando las juezas y los jueces comparezcan como partes ante el foro judicial o ante un foro administrativo adjudicativo, estarán asistidos por una abogada o un abogado.
Las juezas y los jueces no comparecerán por iniciativa propia como testigos de reputación en los procesos judiciales.
El Canon 31, supra, incorporó lo establecido en el
Canon 23 de Ética Judicial de 1977, y añadió la primera
oración para atender la preocupación de este Tribunal con
relación a la comparecencia de los jueces y juezas a AD-2015-3 8
procedimientos adjudicativos. Antes de la aprobación del
Canon 31, supra, este Tribunal consignó su insatisfacción
de que un juez asumiera su propia representación legal
durante un trámite de litigio ante el tribunal de primera
instancia. A estos efectos, este Tribunal manifestó que
“no alcanzamos ver justificación para que no se hiciera
representar por un abogado de su selección…”, ya que “los
jueces debemos ser cautelosos cuando nos vemos obligados a
ser parte en un pleito, especialmente de parte de quienes
puedan interpretar que estamos tomando ventaja de nuestra
posición”. Bonilla v. Citibank, 116 DPR 705, 709 esc. 3
(1985).
La incorporación del Canon 31, supra, a las normas
éticas mínimas que deben seguir los jueces y juezas del
sistema judicial atendió dos situaciones particulares. La
primera, concerniente a que un miembro de la Judicatura
comparezca como parte ante el tribunal o ante un organismo
administrativo con facultades adjudicativas, y la segunda,
cuando comparece como testigo de reputación. Estas
comparecencias incluyen tanto los procedimientos
adversativos como los ex parte. Véase, In re Aprobación
Cánones Ética 2005, 164 DPR 403, 463 (2005).
En particular, el Canon 31, supra, responde al
interés de evitar que se empañe la imagen de imparcialidad
de la Judicatura con la impresión de que se ejerce
influencia en el ánimo del juzgador o la juzgadora de los
hechos de un caso, o se pretende tomar ventaja del cargo AD-2015-3 9
judicial, cuando los jueces o juezas comparecen como parte
ante un compañero o compañera miembro de la Judicatura.
Íd., págs. 463-464.
De esta forma, el Canon 31, supra, evita que se pueda
interpretar que algún miembro del sistema judicial tome
ventaja de su cargo cuando comparece por derecho propio
ante un proceso adjudicativo, ya sea en el foro judicial o
administrativo. La norma ética cobija, incluso, la
comparecencia a los procedimientos ex parte. Véase In re
Aprobación Cánones Ética 2005, supra. Obviamente, ello con
el propósito de erradicar cualquier apariencia que atente
contra la independencia judicial, evitando que se entienda
que el juez o jueza que comparece ante el foro busca
aprovecharse de su cargo para obtener una decisión a su
favor.
En este sentido, y con el fin de erradicar hasta la
mera apariencia de conducta impropia, basta que un juez o
jueza presente por derecho propio su petición ante el foro
judicial o adjudicativo en solicitud de algún remedio.
Desde ese instante, el juez o jueza se somete a la
jurisdicción del foro y se convierte en parte del proceso
en el cual solicita un remedio o se defiende de una
instancia en su contra. Asimismo, el juez o jueza no puede
asistir a una vista señalada sin estar acompañado por la
correspondiente representación legal, pues cualquier
petición que éste haga podría crear la percepción de que
le será concedida por razón de su función judicial. AD-2015-3 10
Permitir tal conducta lesiona el propósito de la norma
atendida por el Canon 31, supra.
Como corolario, no podemos avalar la postura del Juez
Quiñones Capacetti a los efectos de que su solicitud de
revisión no constituyó una comparecencia como parte y
mucho menos su alegación no creída por la Comisión de que
sólo acudió a la vista pautada para informar y solicitar
que se transfiriera la vista para otra fecha porque su
representación legal no podía acudir. Claramente, es este
tipo de actuación la que puede dar la impresión de que se
favorece y otorga lo solicitado a un compañero juez o
jueza del sistema judicial por razón de su cargo. Esa
versión no está avalada por la prueba. Además, el
representante legal del Juez Quiñones Capacetti podía
haber informado y solicitado la transferencia de la vista
mediante moción a tales efectos. Por consiguiente,
concluimos que el Juez Quiñones Capacetti infringió el
Canon 31, supra.
III
Por último, el Juez Quiñones Capacetti cuestiona la
recomendación de la Comisión en cuanto a la medida
disciplinaria a ser impuesta. Sobre este particular, es
norma conocida que la Comisión realiza la importante
función de aquilatar la prueba para formular las
determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y
recomendaciones que estime pertinentes. In re Ruiz Rivera,
168 DPR 246, 253 (2006). Así, las determinaciones de AD-2015-3 11
hechos que realice merecen nuestra deferencia. Íd., pág.
278; In re Saavedra Serrano, 165 DPR 817, 829 (2005). No
obstante, este Tribunal retiene la facultad para aplicar
la acción disciplinaria que estime adecuada, por lo que no
estamos obligados a aceptar las recomendaciones del
comisionado especial sobre la querella disciplinaria. In
re Sierra Enríquez, 185 DPR 830, 853 (2012); In re Muñoz,
Morell, 182 DPR 738, 749–750 (2011); In re Hon. Maldonado
Torres, 152 DPR 858, 869 (2000).
La imposición de la medida disciplinaria sirve como
una guía que estimula el cumplimiento con la importante
encomienda que conlleva un cargo en la Judicatura. Por
ello, en el pasado hemos considerado la buena reputación
profesional del juez o la jueza, la actitud desplegada, el
grado de la conducta y las sanciones impuestas a conductas
análogas para imponer la medida disciplinaria que
estimemos pertinentes. Véanse: In re Claverol Siaca, 175
DPR 177, 197 (2009); In re Suárez Marchan, 159 DPR 724
(2003); Sigfrido Steidel Figueroa, Ética y Responsabilidad
Disciplinaria del Abogado, 368 (2010).
De esta manera, debemos recordar que en In re González
Acevedo, 165 DPR 81 (2005) una jueza municipal instó en el
tribunal, en el cual estaba designada como juez, dos
recursos de revisión de boletos administrativos por
violación a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.
Ello, con pleno conocimiento de que la sala carecía de
competencia para considerar el recurso y que éstos serían AD-2015-3 12
asignados a su compañera de oficina. Al así hacerlo, la
jueza municipal sólo expuso como fundamento para cuestionar
los boletos que no se cometió la falta. A su vez, como
estaba de vacaciones, procedió a delegar la presentación
del recurso de revisión a una secretaria del tribunal. Así
las cosas, y sin celebrar vista, la compañera de oficina de
la juez municipal decretó el archivo de los boletos. Como
consecuencia, se le imputó a la jueza municipal, que
solicitó la revisión de los boletos, haber lesionado la
imagen de imparcialidad, procurar trato desigual para sí y
crear la impresión de influir en el proceso. Este Tribunal
determinó que la jueza municipal compareció como parte
promovente ante el foro, en el cual adjudicaba
controversias y sus actuaciones dan base para que se crea
que ejerció o pretendió ejercer influencia indebida en el
ánimo de otro juez. Por consiguiente, se le impuso como
medida disciplinaria la suspensión de empleo y sueldo por
el término de tres meses.
En la imposición de medidas disciplinarias, entendemos
que casos similares ameritan sanciones análogas. Íd., pág.
104. Al evaluar los actos cometidos por el Juez Quiñones
Capacetti, entendemos que la conducta incurrida es de la
severidad de la acontecida en In re González Acevedo,
supra. En primer lugar, el Juez Quiñones Capacetti acudió
al foro con competencia, en el cual no ejercía su cargo
como juez municipal. Además, eventualmente éste contrató
representación legal y así siguió el proceso de revisión AD-2015-3 13
correspondiente, hasta que éste finalizó. Tampoco estamos
ante un esquema dirigido a recibir un trato preferencial
por razón de su cargo como juez municipal. Así, concluimos
que el término de seis meses recomendado por la Comisión
resulta excesivo y desproporcionado, máxime considerando el
desempeño jurídico del Juez Quiñones Capacetti. Ahora bien,
es innegable que el Juez Quiñones Capacetti infringió el
claro lenguaje del Canon 31, supra, por lo que procede una
suspensión de empleo y sueldo por el término de tres meses,
la cual resulta una medida proporcional a las acciones
desplegadas por el magistrado.
IV
Por los fundamentos expuestos, decretamos la
suspensión de empleo y sueldo por el término de tres meses
del Juez Quiñones Capacetti.
Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por las razones expuestas en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se decreta la suspensión de empleo y sueldo por el término de tres meses del Juez Quiñones Capacetti.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión de Conformidad a la cual se une la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Opinión de Conformidad emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se une la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez
Estoy conforme con el dictamen emitido por este Tribunal y
la correspondiente sanción impuesta al Juez Quiñones Capacetti
por violar las disposiciones del Canon 31 de los Cánones de Ética
Judicial de 2005, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, C. 31. Estimo que aquellos
miembros de nuestra judicatura que actúan en contravención a los
postulados normativos que rigen, tanto su gestión profesional
como su vida personal, los sobrelleva una preocupante
irreflexión. Esto, pues, olvidan que las consecuencias de su
proceder no se limitan a su persona, sino que pueden producir
efectos que estremecen el cimiento de nuestro sistema de
justicia, a saber, la confianza que el pueblo deposita en su
judicatura. Mi repudio a actuaciones como éstas me obligan a
emitir estas expresiones.
El 17 de septiembre de 2014, el Juez Quiñones Capacetti
instó, por derecho propio, tres (3) Recurso[s] de Revisión (OAT-
960) ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan,
con relación a varias multas expedidas en su contra por AD-2015-3 2
infracciones a la Ley de vehículos y tránsito de Puerto Rico,
Ley Núm. 22-2000, 9 L.P.R.A. sec. 5001 et seq. Transcurrido un
(1) mes desde la presentación de los referidos recursos, el 17
de octubre de 2014, se celebró la vista correspondiente. El Juez
Quiñones Capacetti compareció a ésta sin representación legal.
Según se desprende del expediente, el Juez Quiñones
Capacetti planteó que compareció a la referida vista únicamente
con la intención de solicitar la transferencia de ésta. Ello,
debido a que su representación legal no podía asistir. No
obstante, éste arguyó que no cumplió su cometido ya que,
comenzada la vista, la Hon. María de Lourdes Camareno Dávila le
informó que no podía atender el caso y detuvo los procedimientos
para consultar el asunto con el Juez Administrador.
Ahora bien, surge de los hechos según estipulados por las
partes que, posteriormente, la Juez Camareno Dávila regresó a
sala e informó para récord que referiría el caso al Juez
Administrador. En ese momento, contrario a lo argüido por el
Juez Quiñones Capacetti, éste tuvo la oportunidad de dirigirse
al tribunal. No obstante, se limitó a indagar sobre la fecha
para la que sería reseñalada la vista. Por lo tanto, resulta
evidente que el Juez Quiñones Capacetti, a pesar de tener la
oportunidad de hacer constar para récord que éste contaba con
representación legal y la razón para su incomparecencia, no hizo
mención alguna sobre ello. AD-2015-3 3
La Parte IV de los Cánones de Ética Judicial de 2005, 4
L.P.R.A. Ap. IV-B, regula lo referente a las actuaciones
extrajudiciales de los miembros de la Judicatura. En particular,
nos concierne lo dispuesto en el Canon 31, que reza como sigue:
“[c]uando las juezas y los jueces comparezcan como partes ante
el foro judicial o ante un foro administrativo adjudicativo,
estarán asistidos por una abogada o un abogado”. 4 L.P.R.A. Ap.
IV-B, C. 31.
Este precepto disciplinario persigue evitar que se mancille
la imagen de imparcialidad de los miembros de la Judicatura en
ocasiones donde se pueda interpretar que éstos aparentan tomar
ventaja del cargo judicial que ostentan para ejercer influencia
indebida sobre un juzgador. El fundamento para esta medida
profiláctica descansa en la idea que, en nuestra sociedad, el
cargo de juez está revestido de prestigio e influencia. Véase In
re: Suárez Marchán, 159 D.P.R. 724, 738 (2003); In re:
Comunicación Juez Pérez Giménez, 112 D.P.R. 683, 685 (1982). Por
ello, incluso previo a la redacción del precitado Canon 31,
expresamos que un juez no debe asistir a procedimientos
judiciales sin representación legal. Bonilla v. Citibank, 116
D.P.R. 705, en la nota 3 (1985).
Ahora bien, una conducta similar a la que nos ocupa fue
analizada por este Tribunal en In re: González Acevedo, 165
D.P.R. 81 (2005). En lo pertinente, en esa ocasión pasamos
juicio sobre las actuaciones de la Juez Karen Pagán Pagán quien,
sin representación legal, presentó ante el Tribunal de Primera AD-2015-3 4
Instancia dos (2) recursos de revisión de boletos
administrativos por violaciones a la Ley de vehículos y
tránsito. Es preciso destacar que esta controversia fue resuelta
al amparo del Canon 23 de los Cánones de Ética Judicial de 1977,
4 L.P.R.A. Ap. IV-A.2 Contrario al Canon 31 de los Cánones de
Ética Judicial de 2005, dicho cuerpo normativo no contaba con
una disposición que proscribiera, de forma literal y taxativa,
la comparecencia de un juez, por derecho propio, a procesos
administrativos o judiciales.
En consideración a lo anterior, la conducta que este
Tribunal tildó como reprochable fue el que la Juez Pagán Pagán
haya presentado los recursos de revisión en una sala que carecía
de competencia y a sabiendas de que su compañera de oficina, la
Juez Jeannette González Acevedo, sería quien las atendería.
2 Este canon proscribía aquella conducta o actuación de un juez que pudiera dar base a la creencia que ejercía, o pretendía ejercer, influencia indebida sobre otro juez en consideración a un caso. Asimismo, le instruía a los miembros de la Judicatura a no ejercer influencia, directa o indirectamente, para colocarse en una mejor posición que otro ciudadano respecto a sus causas personales. Por otra parte, disponía que un juez no podía dar la impresión, ni permitir que otros la dieran, de que un tercero podría tener influencia sobre éste. Finalmente, disponía, categóricamente, que un juez no debía prestar testimonio, por iniciativa propia, como testigo de reputación. Véase 4 L.P.R.A. Ap. IV-A C. 23 (derogado). Cabe señalar que, los primeros dos (2) párrafos del Canon 23 se convirtieron en el Canon 30 de los Cánones de Ética Judicial de 2005. Véase 4 L.P.R.A. Ap. IV-B C. 30. AD-2015-3 5
Todo miembro de la Judicatura tiene el deber ministerial de
dar fiel cumplimiento a la ley. En atención a ello, el preámbulo
de los Cánones de Ética Judicial de 2005 dispone que “las jueces
y los jueces serán rigurosas y rigurosos al estudiar[ los
Cánones] y aplicarlos a sus realidades particulares”. 4 L.P.R.A.
Ap. IV-B. Este principio ineludible se encuentra, además,
consagrado en el Canon 1: “[l]as juezas y los jueces respetarán
y cumplirán la ley, y serán fieles al juramento de su cargo”. 4
L.P.R.A. Ap. IV-B, C. 1.
De otra parte, el cargo judicial requiere desplegar un
comportamiento ejemplar, en todo momento, tanto dentro como
fuera del tribunal, ya que “[l]a confianza que deposita el
pueblo en la justicia exige que los jueces actúen correctamente
y promuevan la impresión de que actúan conforme a los más altos
niveles de principios morales”. In re: Quiñones Artau, 2015
T.S.P.R. 84, 193 D.P.R. ____ (2015); véase, también, In re:
Pedro Claverol Siaca, 175 D.P.R. 177 (2009); In re: Grau Acosta,
172 D.P.R. 159 (2007).
Como corolario de lo que antecede, los miembros de la
judicatura tienen que aceptar ciertas restricciones a su
conducta, tanto en el ámbito de su función judicial como en el
contexto de su vida profesional y personal . Estas
“limitaciones constituyen sacrificios en su vida pública
y privada que tienen el fin de enaltecer la integridad e AD-2015-3 6
independencia de la judicatura”. In re: Claverol Siaca ,
175 D.P.R. en la pág. 188.
La Judicatura puertorriqueña se encuentra en un momento
clave de su historia. Desafortunadamente, este hito se
caracteriza por la erosión en la confianza depositada por la
ciudadanía en el sistema de justicia. Para atajar esta crisis,
la Rama Judicial se ha dado a la tarea de revitalizar los
procedimientos de disciplina judicial con el fin de: (1)
facilitarle a la ciudadanía la presentación que quejas contra
miembros de la Judicatura y (2) proveerle a los procesos
disciplinarios la agilidad y transparencia debida para atender
las quejas de la forma más efectiva.
Ahora más que nunca, tenemos la responsabilidad de
garantizarle a la ciudadanía una judicatura honesta e íntegra.
La consecución de este cometido no puede ser menospreciada, ya
que una ciudadanía sin confianza en su judicatura corre el
riesgo de quebrantar la legitimidad de su estado de Derecho. En
fin, es necesario ejercer nuestro quehacer disciplinario con el
rigor necesario.
“Los jueces deben ser fieles cumplidores de la ley y de las
normas que rigen los procedimientos judiciales desde el estrado
y fuera de él.” In re González Acevedo, 165 D.P.R. en la pág.
103. El juez Quiñones Capacetti violó el Canon 31 de los Cánones
de Ética Judicial de 2005 de varias formas. En primer
lugar, presentó el formu lario de Recurso de Revisión
(OAT-960) sin incluir la información de su alegada AD-2015-3 7
representación legal. De otra parte, el Juez Quiñones
Capacetti se cruzó de brazos durante un (1) mes, transcurrido
desde la presentación de los recursos hasta la fecha de la
vista, y no informó al tribunal que ostentaba representación
legal. Por último, éste compareció a la vista y no hizo constar
en record -evidenciada la oportunidad que tenía de hacerlo- que
éste tenía representación legal, más no podría comparecer a la
vista.
No es preciso concluir sin reiterar, una vez más, el hecho
de que el canon bajo análisis en esta ocasión establece,
tajantemente, la obligación de todo miembro de la judicatura de
comparecer ante procesos administrativos y judiciales mediando
representación legal. Asimismo, puntualizamos que se desprende
con claridad de la jurisprudencia antes reseñada que la conducta
en que incurrió el Juez Quiñones Capacetti fue vedada por este
Tribunal aun con anterioridad a la aprobación del Canon 31 de
los Cánones de Ética Judicial de 2005.
El Juez Quiñones Capacetti tenía que dar fiel cumplimiento
a aquellos preceptos éticos que juró acatar. Su conducta, según
se desprende de los hechos, denotan una patente desidia a las
normas que deben regir su proceder o, igualmente preocupante,
desconocimiento de las mismas.
V
El dictamen que hoy emite este Tribunal sirve como
cortapisa para estas actuaciones, desafortunadamente
reiteradas, de algunos miembros de la judicatura que
optan por ultrajar la imagen de imparcialidad y honradez AD-2015-3 8
que encarna la toga que juraron llevar. Tenemos una
obligación inquebrantable de “rendir cuentas” sobre nuestras
actuaciones, tal y como nos recordó la Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez en ocasión de su juramento. “[L]a rendición de cuentas
exige que atendamos con prontitud y con el mayor rigor posible
cualquier alegación de conducta reñida con los principios éticos
por de quienes componemos el sistema de justicia. En palabras
llanas: cuando fracasemos en nuestro ministerio, tiene que haber
consecuencias”.
A su vez, invito a que nuestro pronunciamiento sea acogido
por todos aquellos que acuden a nuestros tribunales como
proclama del compromiso incansable de este Tribunal en defensa
de nuestro sistema de justicia y como demostración de la
rigurosidad con que atenderemos señalamientos de esta índole
para salvaguardar la confianza que el pueblo ha depositado en su
judicatura.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada