EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2021 TSPR 31
Carlos H. Rafucci Caro 206 DPR _____ (TS-9263)
Número del Caso: CP-2017-13
Fecha: 12 de marzo de 2021
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Joseph G. Feldstein Del Valle Subprocurador General
Lcda. Lorena Cortes Rivera Subprocuradora General
Lcda. Minnie H. Rodríguez López Procuradora General Auxiliar
Lcda. Miriam Álvarez Archilla Procuradora General Auxiliar
Abogada del querellado:
Lcda. Margarita Carrillo Iturrino
Comisionada Especial:
Hon. Mirinda Vicenty Nazario
Materia: Conducta Profesional - Ética y Responsabilidad Profesional; y Derecho Notarial. El Lcdo. Lcdo. Carlos H. Rafucci Caro, en el ejercicio de su función notarial, infringió los Cánones 18, 19, 21 y 38 del Código de Ética Profesional (1970). En consecuencia, amonestamos al licenciado Rafucci Caro y le apercibimos de que en el futuro deberá actuar con mayor diligencia en el ejercicio profesional que desempeña.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Carlos H. Rafucci Caro CP-2017-0013 Conducta (TS-9263) Profesional
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2021.
Nos corresponde ejercer nuestro poder disciplinario
para evaluar la conducta del Lcdo. Carlos H. Rafucci Caro
(licenciado Rafucci Caro o querellado),1 y determinar si,
en el ejercicio de la abogacía y su función notarial,
infringió los Cánones 18, 19, 21 y 38 del Código de Ética
Profesional, infra. Resolvemos en la afirmativa. En
virtud de los fundamentos que expondremos más adelante,
amonestamos al letrado y le apercibimos que en el futuro
deberá actuar con mayor diligencia en el ejercicio que
desempeña y ceñirse estrictamente a los preceptos que
rige el Código de Ética Profesional, infra, y los
mandatos de la Ley Notarial de Puerto Rico, infra.
Procedemos a realizar un recuento de los hechos
pertinentes al asunto ante nuestra consideración.
I
1 El Lcdo. Carlos H. Rafucci Caro fue admitido a la práctica de la
abogacía el 28 de junio de 1989 y juramentó como notario el 26 de junio de 1990. CP-2017-0013 2
El asunto disciplinario ante nuestra consideración
inició el 29 de marzo de 2016, cuando el Sr. José Ramón
Rodas Nazario (señor Rodas Nazario), Presidente de
Serenity by the Sea, Inc. (SBTS) y Estancias de Villa
Real, Inc. (Estancias) presentó una queja contra el
licenciado Rafucci Caro. En síntesis, planteó que el
querellado quebrantó los postulados éticos que imperan en
la abogacía y la notaría. Sostuvo que la relación de
abogado-cliente inició entre ambos en el 2008, cuando el
licenciado Rafucci Caro fue contratado como asesor legal.
Posteriormente, representó a SBTS durante las gestiones
relacionadas a la compraventa del proyecto Cove by the
Sea (CBTS) ⎯durante catorce meses aproximadamente⎯ y,
además, realizó los trámites relacionados con el
financiamiento, el diligenciamiento de permisos
gubernamentales para la construcción del proyecto y la
evaluación de propuestas de contratistas y la
presentación del crédito ante la Administración para el
Financiamiento de la Vivienda (AFV).
Específicamente, en cuanto al desempeño como
notario, puntualizó que el licenciado Rafucci Caro no fue
diligente e incurrió varias irregularidades y faltas
notariales al otorgar varias escrituras.
En particular, el señor Rodas Nazario arguyó que, el
7 de julio de 2010, el querellado autorizó la Escritura
Núm. 25 de Segregación y Compraventa (Escritura Núm. 25);
la Escritura Núm. 26 de Liberación de Hipoteca (Escritura CP-2017-0013 3
Núm. 26); y la Escritura Núm. 27 de Hipoteca (Escritura
Núm. 27) sobre el Solar Núm. 105 del Bloque I (1-105) de
la Urbanización de Cerro Gordo. Por ello, recibió
honorarios de abogado, sellos notariales, aranceles
registrales para la presentación de las escrituras en el
Registro de la Propiedad y expedición de copias
certificadas. Así las cosas, tres años después, el señor
Rodas Nazario se percató de la falta de inscripción por
un estudio de título realizado el 28 de mayo de 2013. Por
ello, el 31 de mayo de 2013, la Lcda. Wilma I. Marrero,
representante legal del señor Rodas Nazario, realizó un
requerimiento de la evidencia de la inscripción mediante
correo electrónico. Sin embargo, el querellado admitió su
incumplimiento y se obligó a realizar gestiones para
lograr su inscripción. Así las cosas, el 5 de junio de
2013, el licenciado Rafucci Caro presentó los
instrumentos públicos en el Registro de la Propiedad.
Posteriormente, los asientos de presentación caducaron
por incumplimiento del procedimiento requerido.
Finalmente, el 27 de abril de 2016, las escrituras fueron
inscritas en el Registro de la Propiedad, esto es, seis
años después de su otorgamiento.
De otra parte, el licenciado Rafucci Caro autorizó
la Escritura Núm. 17 de Donación (Escritura Núm. 17) y la
Escritura Núm. 19 de Acta de hogar seguro (Escritura Núm.
19) el 19 de junio de 2012. Allí, el señor Rodas Nazario
y su esposa concedieron a su hija la titularidad del CP-2017-0013 4
Solar A-1 localizado en la Urbanización de Estancias de
Cerro Gordo. El señor Rodas Nazario sostuvo que obtuvo
una notificación del Registro de la Propiedad en la cual
se le informó que la presentación de las escrituras
caducó el 10 de julio de 2012, por ausencia de gestión
adicional para subsanar las faltas de los instrumentos,
después de ser presentadas vía fax en el Registro de la
Propiedad el 25 de junio de 2012. A tono con lo anterior,
el 19 de noviembre de 2014, la Lcda. Karen K. Morales
Pérez (licenciada Morales Pérez), representante legal del
señor Rodas Nazario en ese momento, requirió una copia
certificada de las escrituras y solicitó la devolución de
los aranceles de presentación e inscripción de las
escrituras que fueron pagados. En respuesta, el 17 de
diciembre de 2014, el licenciado Rafucci Caro devolvió a
la licenciada Morales Pérez $637, en concepto del valor
de sellos y comprobantes para la gestión de presentación
registral, e incluyó las copias certificadas de los
instrumentos públicos.
Posteriormente, el 4 de mayo de 2015, la licenciada
Morales Pérez cuestionó al querellado sobre la copia
certificada de la Escritura Núm. 18 de Segregación,
Liberación y Permuta (Escritura Núm. 18), otorgada el 19
de junio de 2012, por Estancias y SBTS sobre los Solares
H-95 y B-11 en la Urbanización Estancias de Cerro Gordo.
Ello, pues el Registro de la Propiedad le informó al
señor Rodas Nazario que la misma fue presentada vía fax y CP-2017-0013 5
el asiento registral caducó al no subsanarse las faltas.
Por ello, peticionó el dinero de los aranceles, sellos y
comprobantes para la presentación y, a su vez, le
advirtió al licenciado Rafucci Caro que la escritura
adolecía de la descripción registral del solar B-11.
Así las cosas, el licenciado Rafucci Caro se obligó
a presentar un acta de subsanación para corregir los
errores de la escritura en el Registro de la Propiedad.
En cumplimiento con lo anterior, el 30 de septiembre de
2015, el querellado presentó la Escritura Núm. 68 de Acta
de Subsanación (Escritura Núm. 68) en el Registro de la
Propiedad. Sin embargo, no se informó de esta gestión
hasta el 18 de enero de 2016 cuando les remitió el recibo
de presentación en el Registro de la Propiedad.
Por otra parte, en cuanto a la relación abogado-
cliente, el señor Rodas Nazario alegó que el querellado
incurrió en un claro conflicto de intereses y violó el
deber de confidencialidad.2 En específico, aseveró que el
3 de abril de 2012, el Sr. Alfonso Sacarello, Senior
Manager Risk de Scotiabank, suscribió un contrato de
opción de compraventa con el señor Rodas Nazario mediante
el cual Scotiabank se comprometió a separar del mercado
el proyecto CBTS a cambio del pago de una prima de
$100,000 para mantener vigente la oferta hasta ejercer la
opción de compraventa por $4,100,000. El señor Rodas
Nazario enfatizó que, a pesar de las negociaciones, la
2 Véase Queja, pág. 9. CP-2017-0013 6
compraventa no se realizó. Sostuvo que, como resultado,
el 18 de octubre de 2012, presentó una Petición sobre
sentencia declaratoria juramentada en contra de
Scotiabank en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón
(Serenity by the Sea, Inc. v. Scotiabank of Puerto Rico,
DAC2012-3035) mediante la cual arguyó que Scotiabank
realizó gestiones que le impidieron obtener el
financiamiento para ejercer la opción de compraventa.
Específicamente, planteó que la Escritura Matriz del
Régimen de Propiedad Horizontal (Escritura Núm. 5)3 tenía
defectos que impedían que Scotiabank realizara la
enajenación del proyecto CBTS que no estaba inscrito a su
favor. Asimismo, el señor Rodas Nazario argumentó que el
querellado actuó en favor de sus intereses personales al
comunicarse y ofrecer el proyecto de CBTS a posibles
inversionistas a cambio de una participación de 40% para
su beneficio y ser el desarrollador. Específicamente,
mencionó las gestiones que realizó el licenciado Rafucci
Caro con el Sr. José Marchand, Ingeniero externo de
Scotiabank, y presentó dos cartas como evidencia de las
comunicaciones.4
3 La Escritura Núm. 5 para constituir los apartamentos del proyecto CBTS fue autorizada el 2 de abril de 2005 por el notario Felipe Sanabria. 4 Tras culminar la relación de abogado-cliente con el señor Rodas
Nazario, el 14 de octubre de 2012, el querellado, mediante carta, discutió con el Ingeniero Marchand sobre las gestiones de la venta de CBTS al inversionista Black Point y acordaron la división de las ganancias -$225,000 para el querellado y $75,000 para el Ingeniero Marchand-. Por otro lado, el 1 de mayo de 2014, el licenciado Rafucci Caro envió una misiva al Sr. Dennis Frank, Inversionista de Silvergate Bank con interés en comprar CBTS para indicarle que el referido proyecto CP-2017-0013 7
En lo que respeta a las imputaciones sobre violación
a la confidencialidad, el señor Rodas Nazario adujo que
el 30 de noviembre de 2012, el licenciado Rafucci Caro
envió un correo electrónico a la Lcda. Sonia B. Alfaro de
la Vega (licenciada Alfaro de la Vega), representante
legal de Scotiabank, en el que hizo recomendaciones e
información para brindar asesoría legal a Scotiabank y,
además, acompañó un Borrador del interdicto posesorio.5
Conforme a ello, arguyó que, el querellado compartió
información confidencial y privilegiada con la licenciada
Alfaro de la Vega. Planteó que el querellado infringió el
Canon 21 del Código de Ética Profesional, infra, al
incurrir en conflicto de intereses por representación
sucesiva adversa y representación adversa de sus
intereses personales con los de su cliente.
Por su parte, el 2 de agosto de 2016, el licenciado
Rafucci Caro presentó su contestación a la queja por
virtud de la cual alegó que las Escrituras Núm. 25, 26 y
27 no fueron presentadas en el Registro de la Propiedad
de forma coetánea con la autorización porque tuvo
problemas para localizar a la parte compradora para
aclarar información y constatar si la propiedad era su
vivienda principal. Además, señaló que la parte
compradora no se trasladó a vivir a la propiedad y asumió
tenía una opción de compra en ese momento con Project One Corp, una compañía que era propiedad del querellado. Véanse: Anejo 6 y 11 de la Queja. 5 Véase Anejo 8 de la Queja. CP-2017-0013 8
todos los gastos y el pago de honorarios de abogado sobre
las escrituras en lugar del señor Rodas Nazario como
parte vendedora. Destacó que el 27 de abril de 2016
cumplió con la presentación de los referidos instrumentos
públicos en el Registro de la Propiedad.
En cuanto a las Escrituras Núm. 17 y 19, el
licenciado Rafucci Caro sostuvo que las presentó el 25 de
junio de 2012 en el Registro de la Propiedad. No
obstante, justificó la tardanza en que el inmueble donado
tenía una clasificación comercial y no de vivienda
principal. Asimismo, señaló que remitió $637 de los
aranceles y las copias certificadas de las escrituras al
creer de buena fe que en ese momento se habían pagado
solamente los honorarios de abogado sin los aranceles.
Adujo que la Escritura Núm. 68 se otorgó y presentó el 30
de septiembre de 2015 en el Registro de la Propiedad.
En cuanto al conflicto de interés por su
representación legal, el querellado las catalogó como
alegaciones infundadas, por lo que solicitó el archivo de
la queja. El licenciado Rafucci Caro explicó que fue
abogado del señor Rodas Nazario y SBTS desde el 2008.
Mencionó que sugirió al señor Rodas Nazario la
adquisición del proyecto CBTS y lo recomendó al señor
Sacarello como posible comprador del mismo. Como
resultado de lo anterior, afirmó que Scotiabank firmó un
contrato de opción de compraventa con SBTS el 5 de abril
de 2012. Aseveró que otorgó asesoría legal al señor Rodas CP-2017-0013 9
Nazario durante la negociación del contrato de opción de
compraventa el 5 de abril de 2012, entre otras gestiones.
Esbozó que el 5 de agosto de 2012, fecha establecida para
ejercer la opción de compraventa, el señor Rodas Nazario
le comunicó que no había obtenido el financiamiento
requerido. Por ello, solicitaron la extensión del término
a Scotiabank en dos ocasiones. Sostuvo que la última
prórroga otorgada venció el 18 de octubre de 2012, fecha
en que AFV denegó la solicitud de préstamo del señor
Rodas Nazario por falta de capacidad económica. A pesar
de ello, enunció que SBTS sometió una nueva solicitud
ante la AFV el 6 de abril de 2013 que fue denegada el 20
de agosto de 2013. En lo pertinente, el licenciado
Rafucci Caro enfatizó que la relación profesional entre
ambos finalizó el 8 de octubre de 2012, por petición del
señor Rodas Nazario.
En cuanto a la relación con Scotiabank, el
querellado arguyó que fue contratado para subsanar unos
defectos en la Escritura Núm. 5, que impidieron la
inscripción del proyecto CBTS en el Registro de la
Propiedad. Así pues, el licenciado Rafucci Caro enfatizó
que continuó su relación profesional con Scotiabank al
fungir como notario para corregir las escrituras después
de culminar su relación profesional con el señor Rodas
Nazario.
Por otro lado, el querellado aseveró que el correo
electrónico que envió el 30 de noviembre de 2012 a la CP-2017-0013 10
licenciada Alfaro de la Vega fue una actuación
imprudente. Asimismo, aceptó que al terminar su relación
profesional con el señor Rodas Nazario comenzó a realizar
gestiones para adquirir el proyecto o promoverlo a
terceros. Sin embargo, indicó que durante la vigencia de
la relación profesional con el señor Rodas Nazario no
realizó gestión alguna para su beneficio propio ni
promovió la venta del proyecto a terceros. También,
arguyó que no compartió información privilegiada con
Scotiabank y que informó al señor Rodas Nazario que
Scotiabank lo contrató para llevar a cabo la subsanación
de la Escritura Núm. 5.6
Así las cosas, el 14 de octubre de 2016, la Oficina
de la Procuradora General presentó su Informe ante este
Tribunal. Expuso que el licenciado Rafucci Caro incumplió
con los Cánones 18, 19 y 21 del Código de Ética
Profesional, infra. En cuanto a la comunicación y las
gestiones en el otorgamiento e inscripción de los
instrumentos públicos,7 el Procurador General concluyó
que la evidencia presentada demostró el retraso en la
presentación de las Escrituras Núm. 25, 26 y 27 en el
Registro de la Propiedad.8 Al considerar que, el
querellado incluyó los recibos de presentación de las
6 Advertimos que el licenciado Rafucci Caro evidenció su alegación con la presentación de un correo electrónico que envió al licenciado Rodas Nazario el 1 de agosto de 2012, relacionado con las solicitudes de prórroga del contrato de opción de compraventa y anejó las cartas que dirigió al señor Sacarello, como representante de SBTS. Véase Anejo 5 de la Queja. 7 Informe de la Procuradora General, pág. 9. 8 Íd., págs. 8-9. CP-2017-0013 11
escrituras públicas en su contestación a la queja,
aseveró que el querellado no logró justificar la tardanza
de la presentación tardía en el Registro de la Propiedad.
Por otra parte, la Oficina del Procurador General
señaló que las excusas brindadas por el licenciado
Rafucci Caro sobre las Escrituras Núm. 17, 18 y 19 ⎯[que
fueron otorgadas el 19 de junio de 2012]⎯ al argumentar
que la propiedad donada mantuvo la clasificación de uso
comercial sin ser modificada a vivienda principal resulta
incompatible con la presentación en el Registro de la
Propiedad en el 2012 sin modificar el contenido
contradictorio con la información provista. Por
consiguiente, concluyó que el licenciado Rafucci Caro
incumplió con el deber de cuidado, diligencia e
información que exigen los Cánones 18 y 19 del Código de
Ética Profesional, infra.
Con relación al incumplimiento del Canon 21 del
Código de Ética Profesional, infra, razonó que
el licenciado Rafucci Caro aceptó que envió un correo electrónico a la abogada de Scotiabank relacionado con el caso que SBTS instó en contra del banco (Caso Núm. DAC2012-3035). En dicho correo de 30 de noviembre de 2012[,] el abogado realizó sugerencias a la abogada de cómo atender el caso que presentó su ex cliente y ofreció su asesoría en cuanto al derecho aplicable y la interpretación del mismo […]. La acción civil se relacionaba con la opción de compra que SBTS ofreció al banco para el proyecto [CBTS]. El licenciado Rafucci Caro había realizado gestiones de representación y para el beneficio del [señor Rodas Nazario] en cuanto a tales negociaciones. Con dicha actuación el abogado incurrió en violación al Canon 21 de Ética CP-2017-0013 12
Profesional al incurrir en representación sucesiva adversa. (Énfasis suplido).9
Posteriormente, el 26 de octubre de 2016, el Lcdo.
Manuel E. Ávila De Jesús, Director de la Oficina de
Inspección de Notarías (ODIN), presentó su Informe. Como
resultado de la admisión del querellado sobre la
presentación tardía de las escrituras en el Registro de
la Propiedad, evaluó las distintas justificaciones que
éste esbozó. ODIN coligió que el licenciado Rafucci Caro
“no sustentó sus alegaciones ni explicó cuál y por qué la
información [que le faltaba] era de tal relevancia que
impedía la presentación de los instrumentos públicos ante
el Registro de la Propiedad; esto, sin que a su vez fuera
motivo suficiente para no autorizar los mismos”.10 De esa
manera, ODIN sostuvo que el querellado transgredió los
Cánones 12 y 19 del Código de Ética Profesional, infra,
al faltar a su deber de diligencia en la presentación
oportuna de instrumentos públicos en el Registro de la
Propiedad y desatender la comunicación adecuada con sus
clientes sobre el estado de presentación e inscripción de
los instrumentos públicos que autorizó.11 Finalmente,
recomendó que la sanción del querellado se limitara a una
amonestación y una advertencia
para que [el querellado] en el futuro actúe con mayor diligencia en las obligaciones que asuma voluntariamente y se asegure de que los títulos que instrumenta tengan acceso al Registro de la
9 Íd., pág. 13. 10 Informe de la Oficina de Inspección de Notarías, pág. 7. 11 Íd. CP-2017-0013 13
Propiedad Inmobiliaria, además, para que cumpla con su deber de mantener informados a sus clientes de todo asunto relevante vinculado con los instrumentos públicos que autorice […].12
El 17 de noviembre de 2016, el querellado presentó
su Contestación a Informe de la Oficina del Director de
Inspección de Notarías. Posteriormente, el 23 de
noviembre de 2016, remitió la Contestación al Informe de
la Procuradora General y reafirmó los planteamientos
esbozados en la contestación a la queja.
Tras evaluar el Informe de la Procuradora General,
el Informe de la ODIN y las contestaciones presentadas
por el licenciado Rafucci Caro, el 24 de febrero de 2017
ordenamos a la Oficina de la Procuradora General a
presentar la querella contra el licenciado Rafucci Caro.
En cumplimiento con nuestra orden, la Oficina del
Procurador General presentó la Querella correspondiente
mediante la cual formuló cuatro cargos por incumplimiento
con los Cánones 18, 19, 21 y 38 del Código de Ética
Profesional, infra.
El 13 de septiembre de 2017, el licenciado Rafucci
Caro presentó su Contestación a la querella. En cuanto al
desempeño de su función notarial, reiteró las alegaciones
esbozadas anteriormente, pero admitió que pudo haber
actuado con mayor diligencia. En cuanto al cargo
relacionado con el Canon 21 del Código de Ética
Profesional, infra, reafirmó que el correo electrónico
12 Íd., pág. 8. CP-2017-0013 14
que envió a la representante legal de Scotiabank fue un
acto imprudente. Además, sostuvo que:
La representación de Scotiabank en los asuntos notariales relacionados con el proyecto, coetánea y posterior a la representación del [señor Rodas Nazario] en el proceso de ejercer la opción de compra y luego de finalizada la misma, no configura representación de los clientes con intereses adversos ya que no existía una relación sustancial o adversa entre ambas representaciones. Se trataba de dos representaciones que no tenían relación alguna. (Énfasis suplido).13
Conforme a lo anterior, explicó que tras finalizar
la relación profesional entre el señor Rodas Nazario y el
querellado sin que se renovara el contrato de opción
después de caducar, no existía un impedimento legal ni
ético que limitara las gestiones para la adquisición del
proyecto por otras personas. Por lo tanto, planteó que no
surgió un conflicto de intereses personales, ya que no se
estableció una relación contractual entre Scotiabank y
SBTS. Finalmente, manifestó que su respuesta al Canon 38
del Código de Ética Profesional, infra, es la misma que
presentó en los cargos anteriores.
Posteriormente, el 4 de octubre de 2018 designamos a
la Hon. Mirinda Vicenty Nazario, Ex Jueza del Tribunal de
Apelaciones, como Comisionada Especial (Comisionada) para
que recibiera la prueba y nos emitiera un Informe con las
determinaciones de hechos y recomendaciones que estimara
pertinentes. Después de la celebración de una vista sobre
el estado de los procedimientos, las partes informaron a
13 Contestación a querella, pág. 7. CP-2017-0013 15
la Comisionada que acordaron que la Oficina del
Procurador General sometería su caso basado en la prueba
que constaba en el expediente y presentaron sus
respectivos memorandos de derecho.
El 4 de noviembre de 2019, la Comisionada remitió su
Informe14 y concluyó que la conducta del querellado violó
14 La Comisionada presentó en su Informe las determinaciones de
hechos siguientes: 1. El querellado fue abogado y notario del [señor Rodas Nazario] y de sus corporaciones [SBTS] y [Estancias]. La relación abogado cliente finalizó el 8 de octubre de 2012. 2. El [licenciado Rafucci Caro] otorgó como notario público una serie de escrituras, anteriormente descritas, las cuales no se presentaron coetáneamente en su otorgamiento al Registro de la Propiedad. Dichas escrituras tardaron años en poder registrarse. 3. El Lcdo. Rafucci Caro nunca le notificó a su cliente el estatus de la inscripción de ninguna de dichas escrituras ante el Registro de la Propiedad. . . . . . . . . 6. La ODIN recomienda la imposición de una amonestación al Lcdo. Rafucci por la falta de diligencia en la presentación oportuna de las escrituras ante el Registro de la Propiedad y por la ausencia de una comunicación adecuada entre él y su cliente. 7. El [licenciado Rafucci Caro] admitió que pudo haber actuado con mayor diligencia, sin embargo no se evidenció que mediara perjuicio o daño a[l] [señor Rodas Nazario]. . . . . . . . . 10. El 3 de abril de 2012 SBTS opcionó dicho proyecto mediante el pago de $100,000 dólares por un periodo de 4 meses. El licenciado Rafucci Caro negoció las condiciones de dicho contrato de opción a compra con el Banco a favor del [señor Rodas Nazario]. . . . . . . . . 13. Transcurrido el término para ejercer la opción incluyendo dos prórrogas concedidas, SBTS no pudo obtener el financiamiento necesario para adquirir el proyecto, dando por cancelada la opción de compra el 18 de octubre de 2012. A raíz de unas diferencias entre las partes, se presentó un pleito civil Serenity by the Sea v. Scotiabank de Puerto Rico identificado con el alfanumérico DAC20123035. . . . . . . . . 15. En el ínterin, Scotiabank había contratado al licenciado Rafucci Caro para que subsanara deficiencias en la escritura matriz y escrituras de compraventa del proyecto, la cual había sido sometida al régimen de propiedad horizontal desde el 2 de abril de 2005 y tenía varios errores los cuales era necesario otorgar actas de subsanación con 22 titulares del proyecto. 16. El licenciado Rafucci Caro admite que posterior a [que] terminara su relación profesional con el [señor Rodas CP-2017-0013 16
los Cánones 18, 19, 21 y 38 del Código de Ética
Profesional, infra. Finalmente, recomendó la amonestación
del licenciado Rafucci Caro. La Comisionada consideró
como atenuantes que el querellado aceptó desde el inicio
que pudo haber actuado con mayor diligencia en los
asuntos notariales; que, aunque tardíamente, cumplió con
la presentación de los instrumentos públicos en el
Registro de la Propiedad; devolvió las copias
certificadas y los aranceles registrales otorgados para
la inscripción de los negocios jurídicos; el señor Rodas
Nazario no presentó evidencia de algún daño o
consecuencia negativa como resultado de la tardanza en la
presentación; el querellado admitió que envió el correo
electrónico a la representante legal de Scotiabank y
aceptó que incurrió en una acción imprudente; había
ausencia de prueba para establecer que SBTS no adquirió
el proyecto por las acciones del querellado, y que las
Nazario] continuó su relación profesional con Scotiabank para realizar las correcciones de las escrituras del proyecto. El proceso de corrección se completó para el mes de febrero de 2013. 17. El querellado acepta que terminada su relación profesional con el [señor Rodas Nazario] y al estar todavía el proyecto en venta, comenzó a realizar gestiones para adquirir el mismo o promoverlo a terceros. 18. El 30 de noviembre de 2012, el querellado le dirige un correo electrónico a la Lcda. Sonia Alfaro de la Vega, representante legal de Scotiabank en el caso civil DAC20122035 y le sugiere radicar un interdicto posesorio para “virarle la tortilla” al [señor Rodas Nazario]. Con dicho correo le acompañó un borrador de interdicto posesorio con recomendaciones para la vista del caso en contra del [señor Rodas Nazario]. 19. El querellado reconoce que haber enviado el correo electrónico a Scotiabank para sugerir el curso de acción en el caso contra el [señor Rodas Nazario] fue un acto imprudente de su parte. Informe de la Comisionada Especial, págs. 10-13. CP-2017-0013 17
querellas presentadas en el pasado en contra del
licenciado Rafucci Caro fueron archivadas.
En vista de lo anterior, con el beneficio del
Informe de la Comisionada Especial, con este cuadro
fáctico, procedemos a exponer los fundamentos en los
cuales se sostiene nuestra determinación de acoger la
recomendación de la Comisionada y amonestar al licenciado
Rafucci Caro.
II
Como parte de nuestro poder inherente para regular
la profesión de la abogacía, nos compete asegurarnos de
que los miembros admitidos a la profesión de la abogacía,
así como la notaría, ejerzan sus funciones de manera
responsable, competente y diligente. Particularmente, el
notario debe ejercer su función con extremo cuidado,
esmero y celo profesional.15 Esto responde a que está
obligado a cumplir estrictamente con la Ley Notarial de
Puerto Rico, Ley Núm. 75 del 2 de julio de 1987, 4 LPRA
sec. 2001 et seq., el Reglamento Notarial de Puerto Rico,
4 LPRA Ap. XXIV y los Cánones del Código de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX.16 El incumplimiento con tales
15 In re Sánchez Reyes, 2020 TSPR 102, 204 DPR ___ (2020); In re
Maldonado Maldonado, 197 DPR 802, 809 (2017); In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553, 562 (2015); In re Ayala Oquendo, 185 DPR 572, 580 (2012); In re Belén Trujillo, 184 DPR 793, 801 (2012). 16 In re García Cabrera, 201 DPR 902, 918 (2019); In re Palmer
Ramos, 195 DPR 245, 254-255 (2016); In re Toro González II, 193 DPR 877, 889 (2015); In re Vargas Velázquez, 193 DPR 681, 693 (2015). CP-2017-0013 18
preceptos normativos lo expone a sanciones
disciplinarias.17
A. Canon 18 (Competencia del abogado y consejo al cliente)
El Canon 18 del Código de Ética Profesional (Canon
18), supra, requiere que los abogados rindan una labor
idónea de competencia y diligencia.18 Asimismo, el notario
debe demostrar que posee los conocimientos jurídicos
necesarios durante la ejecución de sus funciones.19
Ahora bien, nuestro ordenamiento no impone la
obligación al notario de presentar instrumentos públicos
al Registro de la Propiedad. Esta es una obligación
adicional que surgiría por vínculo contractual ajeno a la
responsabilidad ordinaria e inherente del ejercicio de la
notaría.20 Es decir, para que surja esta obligación debe
haberse pactado de esa forma. Entonces ⎯y sólo entonces⎯
se asume la obligación de presentarla, responsabilidad
que debe cumplir el abogado diligentemente al amparo del
Canon 18.
17 In re Ayala Oquendo, supra; In re Montalvo Guzmán, 164 DPR 806, 810 (2005). 18In re García Cabrera, supra, págs. 924-925; In re Peña Osorio, supra, pág. 790; In re Maldonado Maldonado, supra, pág. 812. 19In re Sánchez Reyes, supra; In re Torres Rivera, 2020 TSPR 23, 204 DPR ___ (2020). 20 In re Sánchez Reyes, supra; In re García Cabrera, supra, pág.
926; In re Avilés, Tosado, 157 DPR 867, 893 (2012). CP-2017-0013 19
Cónsono con lo anterior, hemos decretado que
infringe el Canon 18, el notario que presenta ante el
Registro de la Propiedad una escritura sin cumplir con su
deber de verificar si el instrumento público posee
defectos que impidan su inscripción en el Registro de la
Propiedad.21 Esto se debe a que la referida conducta
demuestra el desconocimiento del notario de las normas
jurídicas relativas a los negocios jurídicos
autorizados.22 Por lo tanto, la notificación de faltas que
impiden la inscripción en el Registro de la Propiedad por
parte del Registrador, impone al notario el deber de
atenderlas de manera diligente, ya que tales faltas
inciden sobre los derechos de las partes otorgantes en el
negocio jurídico autorizado.23
21 In re Sánchez Reyes, supra; In re García Cabrera, supra, págs. 925-926. 22 In re Maldonado Maldonado, supra, pág. 813; In re Vargas Velázquez, supra, págs. 694-695; In re Pacheco Pacheco, supra, pág. 564. 23 En cuanto a las omisiones del notario, el Artículo 63 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, 30 LPRA sec. 2266, -antes de ser enmendado- disponía que: El notario o funcionario que por su falta cometiere alguna omisión que impida inscribir el acto o contrato, conforme a lo dispuesto en la ley, subsanará prontamente, al ser requerido, extendiendo a su costo un nuevo documento, si fuere posible e indemnizando en todo caso a los interesados de los perjuicios que les ocasionen su falta. Íd. Del mismo modo, el Artículo 240 de la Ley Núm. 210-2015, 30 LPRA sec. 6392, -después de ser enmendado- establece lo siguiente: El notario o funcionario que por su falta cometa alguna omisión que impida inscribir el acto o contrato contenido en el documento presentado, conforme lo dispuesto en la ley, subsanará prontamente y a su costo al ser requerido mediante notificación. De ser necesario y posible, extenderá un nuevo documento. Todo notario cuyo documento sea notificado en tres ocasiones por los mismos defectos sin que se corrijan los mismos, podrá ser referido por el Registrador vía correo electrónico a la Oficina de Inspección de Notarías para la acción correspondiente. Dicho referido se efectuará simultáneamente con la tercera notificación. Íd. CP-2017-0013 20
B. Canon 19 (Información al cliente)
El Canon 19 del Código de Ética Profesional (Canon
19), supra, dispone que “[e]l abogado debe mantener a su
cliente siempre informado de todo asunto importante que
surja en el desarrollo del caso que le ha sido
encomendado”. Ello “constituye un elemento imprescindible
en la relación fiduciaria que caracteriza el vínculo
abogado-cliente”.
Al amparo de lo anterior, en In re Maldonado
Maldonado, 197 DPR 802, 818 (2017), concluimos que un
letrado incumplió con el Canon 19 al no mantener
informada a la quejosa sobre el estado de la presentación
de una escritura. Así también lo reiteramos en In re
García Cabrera, 201 DPR 902, 928 (2019), al señalar que el
notario tiene la responsabilidad de informar a sus
clientes sobre las gestiones realizadas conforme al
desarrollo de la encomienda por la que fue contratado. En
específico, allí reafirmamos que esta obligación de
mantener informado a los clientes es distinta y separada
del deber de diligencia que se exige a los miembros de la
profesión bajo el Canon 18.24
De otra parte, en In re Rodríguez Mercado, 133 DPR
208 (1993), determinamos que un abogado incumplió con el
Canon 19, ya que se obligó a preparar unas escrituras y
obtener su inscripción en el Registro de la Propiedad,
pero, a pesar de varios intentos, la querellante no logró
24 In re García Cabrera, supra, pág. 928. CP-2017-0013 21
comunicarse con el letrado. Ello, impidió que le fueran
informadas las gestiones de presentación e inscripción en
el Registro de la Propiedad, lo que mantuvo inconcluso
este trámite por más de siete años.
C. Canon 21 (Intereses encontrados)
El Canon 21 del Código de Ética Profesional
(Canon 21), supra, dispone, en lo pertinente, lo
siguiente:
El abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad completa. Este deber incluye la obligación de divulgar al cliente todas las circunstancias de sus relaciones con las partes y con terceras personas, y cualquier interés en la controversia que pudiera influir en el cliente al seleccionar su consejero. Ningún abogado debe aceptar una representación legal cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales.
No es propio de un profesional el representar intereses encontrados. Dentro del significado de esta regla, un abogado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente.
La obligación de representar al cliente con fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o confidencias y la de adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación. Un abogado no debe aceptar la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de otro cliente anterior ni servir como árbitro, especialmente cuando el cliente anterior le ha hecho confidencias que puedan afectar a uno u otro cliente, aún cuando ambos clientes así lo aprueban. Será altamente impropio de un abogado el utilizar las confidencias o secretos de un cliente en perjuicio de éste […].
Este canon impone a los miembros de la profesión
legal el deber de lealtad y fidelidad con su cliente al CP-2017-0013 22
evitar incurrir en la representación de intereses
encontrados.25 Como parte de la lealtad requerida, la
clase togada debe ejercer un criterio profesional
independiente y no puede revelar confidencias que el
cliente le haya comunicado.26
Al amparo del Canon 21, hemos expresado que los
miembros de la profesión legal deben evitar las
instancias siguientes que representan conflictos de
intereses:
(i) aceptar la representación de un cliente sobre asuntos que pueden afectar adversamente los intereses de un cliente anterior, situación conocida como representación sucesiva adversa; (ii) aceptar la representación simultánea de dos (2) clientes con intereses encontrados, situación conocida como representación simultánea de clientes, y (iii) aceptar la representación legal conociendo que su juicio profesional puede verse afectado por sus intereses personales.27
El segundo escenario reseñado es lo que se conoce
como la representación simultánea adversa. Al evaluar
este tipo de representación conflictiva hemos indicado
que “todo abogado debe evitar que, en beneficio de un
cliente, se abogue por aquello a lo que debe oponerse en
cumplimiento de sus obligaciones actuales con otro
cliente, puesto que abogaría así por causas contrarias”.28
25 In re Ortiz, Rivera, 195 DPR 122, 132–133 (2016); In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 753 (2014). 26 In re Pietri Torres, 201 DPR 583, 595 (2018); In re Reyes Coreano, supra, pág. 754; In re Pérez Marrero, 185 DPR 449, 457 (2012). 27 In re Soto Aguilú, 202 DPR 137, 144-145 (2019); In re Aponte
Duchesne, 191 DPR 247, 256 (2014); In re Báez Genoval, 175 DPR 28, 36 (2008). Véase, además, In re Gordon Menéndez, 183 DPR 628, 639-641 (2011). 28 In re González Hernández, 190 DPR 164, 174 (2014). CP-2017-0013 23
Por lo tanto, para que esta prohibición se active es
necesario que exista una relación abogado-cliente dual.29
Sin embargo, el primer y tercer escenario reseñado
no dependen de una relación profesional vigente con dos
clientes con intereses encontrados. El primer escenario
es lo que se conoce como representación sucesiva adversa.
Este tipo de conflicto se configura cuando un abogado
representa a un cliente en un asunto que está
sustancialmente relacionado con otro asunto en el cual
representó a un cliente anterior y los intereses de ambos
son adversos.30 Después de todo, los abogados no solo
deben evitar el conflicto de intereses actual, sino
también el potencial.31
Al aplicar las disposiciones del Canon 21, ante un
planteamiento de representación sucesiva de clientes con
intereses adversos, hemos resuelto que el cliente no
tiene que probar que en efecto hubo una violación al
principio de confidencialidad.32 Sólo se requiere que se
demuestre que el abogado mantuvo una relación de abogado-
cliente con una persona que al tiempo presente tiene una
controversia con otra persona que él representa; que la
29 In re Pietri Torres, supra, págs. 595-596; In re Báez Genoval, supra. 30 In re Soto Aguilú, supra, pág. 144 citando a In re Ortiz,
Rivera, supra, pág. 133; In re González Hernández, supra, pág. 173. 31In re Meléndez Figueroa, 203 DPR 18, 22 (2019); In re González Hernández, 190 DPR 164, 183 esc. 18 (2014); In re Avilés, Tosado, 157 DPR 867, 882-884 (2002). Es decir, bastará con que haya un conflicto de intereses potencial para que el abogado quebrante su deber de lealtad. In re Torres Viera, supra, pág. 311; In re Ortiz Martínez, supra, pág. 581. 32 In re Pietri Torres, supra, pág. 596; In re Báez Genoval,
supra, pág. 37. CP-2017-0013 24
representación legal de su cliente anterior está
sustancialmente relacionada con la representación
profesional de su cliente actual, y que la representación
legal actual resulta adversa a los intereses de su
cliente original.33 Finalmente, este conflicto no se
subsana solo porque el letrado alegue que no utilizará
las confidencias de sus clientes en perjuicio de estos.34
Así, el Canon 21, prohíbe el tercer escenario que se
configura “cuando un abogado asume la representación
legal de un cliente a sabiendas de que su juicio
profesional puede verse afectado por sus intereses
personales”.35 Es decir, porque la relación abogado-
cliente entra en conflicto con los intereses personales,
familiares, económicos, profesionales, o de otra índole,
del propio abogado.36
D. Canon 38 (Preservación del honor y dignidad de la profesión)
El Canon 38 del Código de Ética Profesional (Canon
38), supra, puntualiza que los dos valores principales
con los que debe cumplir un abogado son la dignidad y el
honor al ejercer la abogacía y en su vida privada. Para
ello, instituye el deber de evitar hasta la apariencia de
conducta profesional impropia. Anteriormente, hemos
resuelto que cuando un abogado asume una representación
simultánea de clientes o una representación sucesiva 33 In re Ortiz Martínez, 161 DPR 572, 580–581 (2004). 34 In re Báez Genoval, supra, págs. 36–37. 35 In re Gordon Menéndez, supra, pág. 641. 36 Íd. CP-2017-0013 25
adversa que resulta en un real o potencial conflicto de
intereses incurre en una conducta que infringe los
Cánones 21 y 38.37
Expuesta la norma jurídica que aplica a los
antecedentes fácticos reseñados, pasemos a evaluar la
conducta exhibida por el licenciado Rafucci Caro.
III
Primeramente, debemos considerar si al ejercer su
función notarial infringió los Cánones 18 y 19 del Código
de Ética Profesional, supra.
En síntesis, el querellado se obligó a autorizar
varias escrituras públicas. Además, asumió la obligación
adicional de realizar el trámite relacionado con la
presentación en el Registro de la Propiedad según admitió
desde el inicio del trámite disciplinario.
De un examen del expediente ante nuestra
consideración se infiere que el licenciado Rafucci Caro
faltó al deber de brindar la información completa a su
cliente sobre el estado de la presentación de las
escrituras mencionadas. Claramente, el señor Rodas
Nazario advino en conocimiento sobre la información
relacionada con el incumplimiento de la presentación en
el Registro de la Propiedad varios años después de
37 In re Aponte Duchesne, supra, pág. 258; In re Gordon Menéndez,
supra, pág. 642; In re Monge García, 173 DPR 379, 385 (2008); In re Torres Viera, 170 DPR 30, 312 (2007). CP-2017-0013 26
otorgar las mismas. Por lo tanto, el licenciado Rafucci
Caro incumplió con los Cánones 18 y 19.38
Establecido lo anterior, evaluamos si el querellado
quebranto los Cánones 21 y 38 del Código de Ética
Profesional, supra, al ejercer la representación legal
del señor Rodas Nazario. En primer lugar, analizamos si
al ejercer la representación legal del señor Rodas
Nazario al realizar las gestiones y las negociaciones
relacionadas con la opción de compraventa del proyecto
mientras fungía como notario para Scotiabank incurrió en
representación simultánea de clientes con intereses
antagónicos (representación simultánea adversa).
Posteriormente, examinamos si los intereses personales
del querellado interfirieron con la representación
adecuada y efectiva del señor Rodas Nazario. En tercer
lugar, evaluamos si las actuaciones del querellado
constituyen representación sucesiva adversa.
Como abogado, el licenciado Rafucci Caro tenía la
obligación de cumplir con los requisitos del contrato de
opción de compraventa para que su cliente pudiera
completar el mismo y ejercer la compraventa. Según surge
del expediente, las prórrogas que solicitó a Scotiabank
surgieron en parte, por los defectos que presentaba la
Escritura Núm. 5.
Durante los trámites mencionados, el querellado fue
contratado por Scotiabank, aproximadamente en agosto de
38 Íd. CP-2017-0013 27
2012, para subsanar la Escritura Matriz del proyecto
CBTS. El licenciado Rafucci Caro brindó sus servicios
profesionales a dos clientes que no tenían intereses
encontrados en ese momento. Claramente, al fungir como el
notario de Scotiabank, el señor Rodas Nazario estaría
subsanando las faltas de la Escritura Matriz del proyecto
al ejecutar la acción de otorgar eficacia a la
inscripción de la Escritura Núm. 5 en el Registro de la
Propiedad. Este trámite beneficiaba a ambos clientes. En
ese sentido, el beneficio que buscaba el querellado como
representante legal del señor Rodas Nazario no era
contradictorio ni antagónico al cumplir con su deber de
subsanar la Escritura Núm. 5 al ser contratado
simultáneamente para fungir como notario de Scotiabank.
La acción de subsanar la Escritura Núm. 5, respondía al
interés del señor Rodas Nazario que buscaba al ejercer la
opción de compraventa y convertirse en el propietario del
proyecto en cuestión.
En lo que respecta a las imputaciones de conflicto
por los intereses personales y beneficios que persiguió
el licenciado Rafucci Caro, quedó establecido por
admisión de ambas partes que la relación abogado-cliente
culminó el 8 de octubre de 2012. A pesar de que el
contrato de opción de compraventa del proyecto que obtuvo
el señor Rodas Nazario estuvo vigente hasta el 18 de CP-2017-0013 28
octubre de 2020,39 no vemos un impedimento ético en que el
querellado realizara gestiones para conseguir un
comprador o demostrar su interés personal en el proyecto
después de que transcurrió el plazo establecido en el
contrato de opción de compraventa. Conforme reconocieron
ambas partes, el señor Rodas Nazario no pudo ejercer la
opción de compraventa al no obtener el financiamiento que
solicitó en la institución financiera. El interés que el
querellado demostró luego de culminar el contrato no
implica que existió durante la vigencia de la relación
abogado-cliente con el señor Rodas Nazario. Además, no se
presentó prueba para establecer que durante la vigencia
del contrato de opción el licenciado Rafucci Caro
obstaculizó las gestiones que realizó SBTS para la
adquisición del proyecto. Por el contrario, el querellado
peticionó en beneficio del señor Rodas Nazario varias
prórrogas al contrato de opción de compraventa.
Las gestiones de financiamiento realizadas por el
señor Rodas Nazario al culminar el término del contrato
de opción de compraventa no obligaban a Scotiabank a
venderle el proyecto, ni impedían que el querellado
pudiera presentar su interés personal o realizara
gestiones para adquirir otro comprador del proyecto. Como
consecuencia, es forzoso concluir que el querellado no
39 Cabe resaltar que Scotiabank notificó al señor Rodas Nazario
que no le concedería una prórroga adicional desde el 24 de septiembre de 2012. CP-2017-0013 29
quebrantó su deber de lealtad al ejercer su juicio
profesional correctamente.
En lo que respecta a las imputaciones de
representación sucesiva adversa, sabe recordar que el
querellado mantuvo una relación abogado-cliente con el
señor Rodas Nazario desde 2008. Durante su representación
legal, el licenciado Rafucci Caro realizó las
negociaciones relacionadas a la opción de compraventa
para obtener el proyecto CBTS, la cual no llegó a
ejercerse ante falta de financiamiento.
No obstante, el querellado admitió que envió un
correo electrónico a la licenciada Alfaro de la Vega,
representante legal de Scotiabank. En esta comunicación
el licenciado Rafucci Caro presentó sugerencias de cómo
atender el pleito judicial que originó con una demanda
instada por SBTS. Además, expuso el derecho aplicable y
recomendó la presentación de un interdicto posesorio o un
injunction contra el señor Rodas Nazario. Según
mencionamos anteriormente, esta demanda fue presentada
porque no se concretó la opción de compraventa. Como
consecuencia ambos procesos guardaban una relación
sustancial. Ciertamente, ambas partes tenían intereses
adversos que provocaban un conflicto real por
representación sucesiva adversa. Al así actuar, el
licenciado Rafucci Caro incurrió en un insostenible
conflicto de intereses. En efecto, desplegó una conducta CP-2017-0013 30
que denota imprudencia y menosprecio del deber de lealtad
con cliente previos y actuales.
A esos efectos, conviene señalar que la actuación
del querellado, de brindar asesoría sobre la estrategia
legal del caso al ofrecer detalles e información sobre el
señor Rodas Nazario, colocó a SBTS en una situación
vulnerable como parte demandante en la causa de acción
contra Scotiabank. Con ello, el licenciado Rafucci Caro
infringió los Cánones 21 y 38.
En cuanto a la determinación de la sanción
disciplinaria, debemos considerar los factores
siguientes: (1) la reputación del abogado en la
comunidad; (2) su historial disciplinario; (3) si la
conducta es aislada; (4) si medió ánimo de lucro; (5) si
presentó una defensa frívola de su conducta; (6) si
ocasionó perjuicio a alguna parte; (7) si resarció al
cliente; (8) si demostró aceptación o arrepentimiento
sincero por la conducta que le fue imputada, y (9) otros
atenuantes o agravantes que surjan de los hechos.40
En la evaluación de la sanción sobre la conducta del
letrado, al igual que la Comisionada consideramos como
atenuantes que el licenciado Rafucci Caro aceptó sus
faltas mostrando arrepentimiento desde el inicio; que
realizó la inscripción de las escrituras y devolvió los
aranceles; que el señor Rodas Nazario no presentó
40 In re Sánchez Reyes, supra; In re Soto Aguilú, supra, págs.
147-148; In re López Santiago, 199 DPR 797, 818 (2018); In re Maldonado Maldonado, supra, pág. 818. CP-2017-0013 31
evidencia sobre perjuicio causado por la tardanza en la
presentación de las escrituras en el Registro de la
Propiedad, y que las querellas presentadas en el pasado
en contra del licenciado Rafucci Caro han sido
archivadas.41
Consecuentemente, considerada la totalidad de las
circunstancias, acogemos la recomendación de la
Comisionada, por lo que limitamos la sanción del
licenciado Rafucci Caro a una amonestación.42
IV
Por los fundamentos expuestos, amonestamos al
licenciado Rafucci Caro. Le apercibimos de que en el
futuro deberá actuar con mayor diligencia en el ejercicio
profesional que desempeña y ceñirse estrictamente a los
preceptos que rige el Código de Ética Profesional, supra,
y los mandatos de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra.
Se dictará Sentencia de conformidad.
41 Advertimos que el licenciado Rafucci Caro tiene pendiente una
queja que se encuentra en procedimiento de Querella CP-2016-1. Tras la designación de la Hon. Enid Martínez Moya como Comisionada Especial, el caso se encuentra paralizado y pendiente de la celebración de vista desde el pasado mes de marzo. Recientemente, corroboramos con la Secretaría del Tribunal Supremo que la misma continúa paralizada. 42 In re Soto Aguilú, supra, pág. 148; In re Aponte Duchesne, supra, págs. 258-259; In re García Cabrera, 188 DPR 186, 214-215 (2013); In re Mulero Fernández, 174 DPR 18, 38-39 (2008); In re Monge García, supra, pág. 388; In re Chiques Velázquez, 161 DPR 303, 307 (2004); In re Vélez Lugo, 164 DPR 751, 755-756 (2005). EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos H. Rafucci Caro CP-2017-0013
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos, amonestamos al Lcdo. Carlos H. Rafucci Caro. Le apercibimos de que en el futuro deberá actuar con mayor diligencia en el ejercicio profesional que desempeña y ceñirse estrictamente a los preceptos que rige el Código de Ética Profesional, supra, y los mandatos de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra.
Notifíquese de inmediato.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres concurre sin opinión escrita. Los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo y Estrella Martínez no intervinieron.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo