EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Rivera Álvarez
Demandante-Peticionario Certiorari
v. 2003 TSPR 147
Periódico El Vocero, et al. 160 DPR ____
Demandados-Recurridos
Número del Caso: CE-1994-738
Fecha: 29 de septiembre de 2003
Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón
Juez Ponente:
Hon. Jeannette Tomasini Gómez
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Ernesto Reyes Blassino
Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Francisco Ortiz Santini Lcdo. Juan R. Marchand Quintero Lcdo. José E. Colón Rodríguez
Materia: Libelo y Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Demandante-Peticionario
v. CE-1994-738 Certiorari Periódico El Vocero, Et. Al.
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2003.
El 9 de agosto de 1994, el Tribunal Superior,
Sala de Bayamón, dictó una sentencia sumaria—
notificada el 15 de agosto de 1994— desestimando en
su totalidad una reclamación por libelo y daños y
perjuicios instada por el Sr. Héctor Rivera Álvarez
contra el periódico El Vocero. En su dictamen, el
foro de instancia condenó al demandante al pago de
costas y gastos, pero sin especial condena por
honorarios de abogado.
Posteriormente, el 17 de agosto de 1994, El
Vocero presentó un memorando de costas en el cual
incluyó una partida de $7,656.25 por concepto de
honorarios de abogado en virtud de la Regla 35.1 de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 35.1. CE-1994-738 3
Arguyó El Vocero que dicha partida era procedente toda vez
que el Sr. Rivera Álvarez rechazó una oferta de sentencia
que resultó ser más favorable que la finalmente adjudicada.
Así las cosas, el 8 de septiembre de 1994, el tribunal a
quo emitió una orden— archivada en autos su notificación el
14 de septiembre de 1994— aprobando el memorando de costas
sometido por el Sr. Rivera Álvarez.
Inconforme con la imposición de honorarios de abogado,
el Sr. Rivera Álvarez, mediante solicitud de certiorari,
recurrió ante nos el 14 de octubre de 1994.
Examinados los señalamientos de error, y los alegatos
de las partes, se expide el auto de certiorari y se dicta
sentencia dejando sin efecto aquella parte del dictamen
recurrido que dispone para el pago de honorarios de abogado
conforme a la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, supra.
Así lo pronunció el Tribunal y certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Corrada del
Río emitió una Opinión de Conformidad, a la cual se unen
los Jueces Asociados señores Fuster Berlingeri y Rivera
Pérez. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón concurre
con el resultado sin opinión escrita. El Juez Presidente
señor Andréu García y el Juez Asociado señor Hernández
Denton disienten sin opinión escrita. El Juez Asociado
señor Rebollo López no interviene.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo CE-1994-738 4
v. CE-1994-738 Certiorari
Periódico El Vocero, Et. Al.
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor Corrada del Río, a la cual se unen los Jueces Asociados señores Fuster Berlingeri y Rivera Pérez
Mediante la Sentencia que hoy se certifica
modificamos una orden del Tribunal Superior de
Puerto Rico, Sala de Bayamón, (en adelante, “TPI”)
que aprobó un memorando de costas que incluía
honorarios de abogado bajo la Regla 35.1 de
Procedimiento Civil, I, 32 L.P.R.A. Ap. II R. 35.1
(en adelante, “Regla 35.1”).
Pese a que suscribimos el dictamen que hoy se
certifica, nos expresamos por separado para hacer
constar nuestro parecer sobre la naturaleza y
aplicación de la referida Regla 35.1 de
Procedimiento Civil, supra. CE-1994-738 5
I
El 18 de agosto de 1992, el Sr. Héctor Rivera
Álvarez (en adelante, “el peticionario”) instó una
demanda por libelo y daños y perjuicios contra el
periódico El Vocero, el señor Miguel Rivera Puig,
la Sociedad de Gananciales compuesta por éste y su
esposa, entre otros. En esencia, el demandante
alegó que como resultado de la publicación de una
foto en la edición de 21 de octubre de 1991 de
dicho periódico— en la cual se confunde al
peticionario con un convicto de nombre Héctor
Rivera— sufrió daños a su reputación profesional y
las ventas en su negocio Héctor Cash and Carry
mermaron, al punto que tuvo que cerrarlo. Por tal
razón, el peticionario solicitó como indemnización
por los alegados daños la suma de ciento treinta y
cinco mil dólares ($135,000.00).
Tras varios trámites procesales, el 18 de
enero de 1994, El Vocero presentó una moción de
sentencia sumaria en la cual adujo que en el caso
no estaban presentes los elementos que configuran
la negligencia de parte de un medio informativo;
que la noticia no era difamatoria como cuestión de
hecho; y que no existía relación causal entre la
publicación objeto de la demanda y los daños
alegados. El 27 de enero de 1994, el peticionario CE-1994-738 6
presentó su escrito oponiéndose a la referida
moción.
Posteriormente, mediante carta de 27 de abril
de 1994, El Vocero hizo una oferta de sentencia al
peticionario. Dicha carta expresaba lo siguiente:
De conformidad con los términos de la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, por conducto de esta misiva le formulo la siguiente oferta de sentencia. Mi cliente se allanaría a que se dicte sentencia en su contra, a cambio de que su cliente acepte la cantidad de $1,000.00 como indemnización total por los efectos que la publicación objeto de la demanda haya podido tener sobre su persona.
Aprovecho la oportunidad para señalarle y recordarle que dicha oferta es una final y que la propia Regla 35.1 establece el término de 10 días para que su cliente nos informe por escrito que acepta esta oferta, si tal fuera el caso. Por último, le informo que en el caso de que nuestro cliente prevalezca en este pleito, habremos de proceder a solicitar del tribunal que se le reembolsen las costas y gastos incurridos, así como una cantidad en concepto de honorarios de abogado.
Esta oferta fue rechazada por el demandante
mediante carta de 10 de mayo de 1994.
Así las cosas, el 9 de agosto de 1994, el TPI
dictó sentencia sumaria, notificada el 15 de
agosto de 1994, desestimando en su totalidad la
reclamación contra El Vocero. Asimismo, el foro
recurrido condenó al demandante al pago de costas
y gastos, pero sin especial condena por honorarios
de abogado. CE-1994-738 7
No obstante, el 17 de agosto de 1994, El
honorarios de abogado en virtud de la Regla 35.1,
supra. Por su parte, el peticionario presentó un
escrito titulado “OBJECIÓN A MEMORANDO DE COSTAS”,
mediante el cual solicitó que no se aprobara el
referido memorando. En dicho escrito, el
peticionario expuso los siguientes argumentos en
apoyo de su contención: (1) que los honorarios de
abogado no son parte de las costas de un litigio;
(2) que la concesión de honorarios de abogado
conlleva una previa determinación de temeridad; y
(3) que los honorarios solicitados son excesivos
ya que la Regla 35.1, supra, sólo concede los
mismos contados a partir de la fecha de la oferta,
hecha el 27 de abril de 1994.1
1 Luego de la oferta de sentencia, según consta del expediente, la representación legal de El Vocero realizó los siguientes trabajos:
1. toma de deposición al Sr. Félix Ramos Reyes, contador del demandante;
2. preparación de Escrito Suplementando la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, presentado el 25 de mayo de 1994;
3. presentarse a la vista de seguimiento CE-1994-738 8
El TPI dictó una orden el 8 de septiembre de
1994, archivada en autos su notificación el 14 de
septiembre de 1994, mediante la cual aprobó el
memorando de costas y declaró sin lugar la
oposición. El 26 de septiembre de 1994, el
peticionario presentó una moción de
reconsideración, la cual fue declarada sin lugar
mediante resolución de 5 de octubre de 1994,
archivada en autos el 14 de octubre del mismo año.
Inconforme con la orden de 8 de septiembre de
1994, el peticionario acudió ante nos mediante
recurso de certiorari.2 En su escrito, el
del 3 de junio de 1994.
preparación 4. de un memorando de costas, presentado el 17 de agosto de 1994. 2 Al momento de presentarse este recurso de certiorari estaba vigente la Ley de la Judicatura de 1952, según enmendada. El artículo 5, sección 14-C, inciso (e) disponía lo siguiente:
[e]l Tribunal Supremo podrá revisar mediante certiorari, a ser librado a su discreción, cualquier resolución u orden interlocutoria que dicte el Tribunal Superior. En estos casos, el recurso de certiorari se formalizará presentando una solicitud en la Secretaría del Tribunal Supremo dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de notificación de la resolución u orden. La Secretaría del Tribunal Supremo remitirá copia de dicha solicitud a la Secretaría de la Sala del Tribunal Superior que dictó la resolución u orden objeto del recurso. El término CE-1994-738 9
peticionario adujo que el Tribunal Superior
cometió los siguientes errores, a saber:
1. declarar con lugar una partida de honorarios de abogado como parte de un memorando de costas;
2. conceder al demandado una partida por concepto de honorarios de abogado sin una previa determinación de temeridad en la sentencia del 9 de agosto de 1994;
3. determinar que la Regla 35.1 de Procedimiento Civil opera automáticamente, ya que esto es contrario a nuestra tradición jurídica la cual está predicada en la determinación de temeridad;
4. conceder los honorarios de abogado, ya que los mismos son excesivos.
Por estar íntimamente relacionados,
analizaremos conjuntamente los errores señalados.
II
Una oferta de sentencia es una propuesta
escrita que hace el demandado o la parte contra la
cual se reclama a aquél que reclama, en el sentido
de que el demandado se allana a que el tribunal
dicte sentencia en su contra bajo los términos que
expone en su oferta de sentencia. Rafael Hernández
aquí dispuesto es de cumplimiento estricto, excepto cuando mediaren circunstancias especiales debidamente sustentadas en la petición de certiorari. (Bastardillas en el original). 4 L.P.R.A. sec. 37-1(e). CE-1994-738 10
Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho
Procesal Civil, San Juan, Michie de P.R., 1997,
sec. 3804, pág. 268. Este mecanismo le permite a
un demandado librarse de parte de las costas del
pleito y de los honorarios de abogado en caso de
que la sentencia no sea más favorable [al
demandante] que la oferta que hizo. Véase Ramallo
Brothers v. Federal Express Corp., 129 D.P.R. 499,
508 (1991); H.U.C.E. v. V. &. E. Eng. Const., 115
D.P.R. 711 (1985).3
En nuestro ordenamiento, esta figura está
regulada por la Regla 35.1 de Procedimiento Civil,
supra, la cual dispone que:
[e]n cualquier momento antes de los diez (10) días precedentes al comienzo del juicio, la parte que se defiende de una reclamación podrá notificar a la parte adversa una oferta para consentir a que se dicte sentencia en su contra por la cantidad o por la propiedad o en el sentido especificado en su oferta, con las costas devengadas hasta ese momento. Si dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación la parte adversa notificare por escrito que acepta la oferta, cualquiera de las partes podrá presentarla junto con la notificación de su aceptación y la prueba de su notificación, y entonces el secretario del tribunal dictará sentencia. Si no fuere así aceptada, será considerada como retirada y la misma no será admisible en evidencia, excepto en un procedimiento para determinar costas, gastos y honorarios de abogado. Si la 3 Véase además J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Publicaciones JTS, 1979, Vol. II, pág. 177. CE-1994-738 11
sentencia que obtuviere finalmente la parte a quien se le hizo la oferta no fuera más favorable, ésta tendrá que pagar las costas, gastos y honorarios de abogado incurridos con posterioridad a la oferta. El hecho de que se haga una oferta y ésta no sea aceptada no impide que se haga otra subsiguiente. Cuando la responsabilidad de una parte haya sido adjudicada mediante sentencia pero queda aún por resolverse en procedimientos ulteriores la cuantía de los daños o extensión de dicha responsabilidad, la parte cuya responsabilidad se haya adjudicado podrá notificar una oferta de sentencia y la misma tendrá el mismo efecto que una oferta hecha antes de[l] juicio si se notifica dentro de un término razonable no menor de diez (10) días antes del comienzo de la vista (énfasis suplido).
Del texto de la citada regla, podemos
advertir que el propósito primordial de la misma
es promover las transacciones. Morell v. Ojeda,
res. el 20 de julio de 2000, 151 D.P.R. ____
(2000), 2000 T.S.P.R. 120, 2000 J.T.S. 132;
Ramallo Brothers v. Federal Express Corp., supra,
pág. 508; H.U.C.E. de Ame. v. V. & E. Eng. Const.,
supra, pág. 716. Asimismo, que ésta constituye un
mecanismo procesal efectivo para disminuir los
costos de la litigación, así como para agilizar la
pronta disposición de las reclamaciones judiciales
y reducir la carga de los tribunales. Ramallo
Brothers v. Federal Express Corp., supra. Ello es
así toda vez que las partes se ven en la
obligación de evaluar sensatamente la posibilidad CE-1994-738 12
de transigir la reclamación en controversia vis-à-
vis la probabilidad que tienen de prevalecer en el
pleito y los costos y riesgos que puedan incurrir
como consecuencia de una litigación prolongada.
Ramallo Brothers v. Federal Express Corp., supra.4
Para lograr dicho objetivo, la misma regla
señala por anticipado las consecuencias para el
demandante en caso de que éste rechace la oferta –
a pesar de su razonabilidad- y persista –
innecesariamente- en llevar adelante su causa de
acción, obteniendo posteriormente un remedio que
no es más favorable que aquél ofrecido. Así pues,
la Regla establece explícitamente que, en dicho
supuesto, el demandante tiene que pagar no sólo
las costas y gastos efectuados con posterioridad a
la oferta presentada, sino también los honorarios
de abogados incurridos durante dicho período.
Morell v. Ojeda, supra, a la pág. 9; Ramallo
Brothers v. Federal Express Corp., supra, pág.
517.
Por otra parte, a pesar de que la Regla 35.1,
supra, está disponible únicamente para la parte
que se defiende de una reclamación, la misma
constituye, en cierto sentido, un mecanismo
neutral, el cual resulta beneficioso para ambas
4 Véase además Marek v. Chesny, 473 U.S. 1, 4 (1985). CE-1994-738 13
partes. Morell v. Ojeda, supra, a la pág. 11. De
un lado, provee un mecanismo para que la parte
demandante pueda recibir una compensación en un
pleito en el cual, finalmente, no hubiese recibido
indemnización alguna, o hubiera recibido una
inferior a la ofrecida. Id. Mientras que, de
otro lado, permite a la parte demandada librarse
de los costos de un pleito, de todos los
contratiempos que ello conlleva y de poder ser
responsabilizada por una suma de dinero mucho
mayor a la ofrecida. Id.
Dicha disposición reglamentaria, además, resulta
beneficiosa para el sistema judicial, toda vez que
contribuye a la pronta solución de las
reclamaciones. Id. Por tanto, puede concluirse
que la Regla 35.1, supra, provee un mecanismo para
que ambas partes en el pleito evalúen los riesgos
y costos del litigio y consideren seriamente la
posibilidad de transigir el pleito en una etapa
anterior al juicio.
En relación a la aplicación de la referida Regla
35.1, supra, en Morell v. Ojeda, supra, una
mayoría de este Tribunal resolvió que los
honorarios de abogado dispuestos en la misma no
aplican automáticamente al recaer una sentencia
más desfavorable que la ofrecida. Antes de
concederlos, expresó esta Curia, el tribunal tiene CE-1994-738 14
que hacer una determinación de que el demandante
fue temerario al no aceptar una oferta razonable.
Id., a la pág. 25.
Aprovecharíamos, sin embargo, la oportunidad que
nos brinda este caso para modificar ligeramente lo
resuelto en Morell, supra, a fin de establecer que
la imposición de honorarios de abogados opere ex
proprio vigore al rechazar una oferta razonable
bajo dicha regla. Veamos.
III CE-1994-738 15
La oferta de sentencia tiene su origen en el
Art. 313 del Código de Enjuiciamiento Civil de
Puerto Rico de 1904— el cual, a su vez, provenía
del Art. 997 del Código de Enjuiciamiento Civil de
California. En lo pertinente, el Art. 313 disponía
que “si el demandante no pudiese obtener una
sentencia más favorable, no solo no podrá reclamar
las costas devengadas despues [sic] de la
proposición, sino que tendrá que pagar las
causadas por el demandado desde la fecha en qué
[sic] este [sic] propuso la transacción.” Art. 313
del Código de Enjuiciamiento Civil de 1904. Es
decir, la única consecuencia del rechazo de la
oferta era el pago de las costas incurridas luego
de la proposición. Posteriormente, el Art. 313 del
Código de Enjuiciamiento Civil de 1933 conservó el
mismo lenguaje. 32 L.P.R.A. ant. sec. 1361.
Sin embargo, en 1943, con la promulgación de
unas nuevas Reglas de Enjuiciamiento Civil, el
mecanismo de la oferta de sentencia quedó
preceptuado en la Regla 68. La misma rezaba como
sigue:
[e]n cualquier momento antes de los diez días precedentes al comienzo del juicio, la parte que se defiende de una reclamación podrá notificar a la parte adversa una oferta para consentir que se dicte sentencia en su contra por la cantidad o la propiedad o al efecto especificado en su oferta, con las costas hasta ese momento devengadas. Si dentro de los CE-1994-738 16
diez días siguientes a la notificación la parte adversa notificare por escrito que la oferta es aceptada, cualquiera de las partes podrá entonces archivarla junto con la notificación de su aceptación y la prueba de su notificación y entonces el secretario de la Corte anotará la sentencia. Si no fuere así aceptada, será considerada como retirada y la misma no será admisible en evidencia. Si la parte adversa dejare de obtener una sentencia más favorable que la que le fue [sic] ofrecida, en ese caso no podrá recobrar costas devengadas con posterioridad a la fecha de la oferta y estará obligada a pagarlas a partir de dicha fecha, todo sin perjuicio de la concesión de honorarios de abogado si la Corte entendiere que cualquiera de las partes ha procedido con temeridad. (Énfasis nuestro.)
De una lectura de la referida regla, se
desprende clara y explícitamente que el cambio
adoptado –el pertinente a los fines de la presente
controversia- fue que se incluyó la referencia a la
concesión de honorarios de abogados, la cual no
constituía per se una sanción al rechazo de la
oferta. Por el contrario, la imposición de
honorarios quedaba a la discreción del tribunal –en
el caso de que entendiese que alguna parte había
sido temeraria. En otras palabras, la imposición del
pago de honorarios era independiente del trámite de
la oferta de sentencia.
No obstante, tanto en las Reglas de
Procedimiento Civil de 1958 como en las de 1979, se
incluyó el mecanismo de oferta de sentencia como CE-1994-738 17
parte de los procedimientos anteriores al juicio.5
Además, se introdujo como sanción el pago de
honorarios incurridos como consecuencia de rechazar
la oferta y se eliminó toda mención a que dicho pago
sería impuesto de manera independiente en caso de
que el tribunal entendiese que una de las partes
hubiese actuado con temeridad durante el pleito.6
A diferencia de la Regla 44.1(d) de
Procedimiento Civil -que expresamente requiere una
previa determinación de temeridad para la imposición
del pago de honorarios de abogado-,7 la Regla 35.1
establece un mecanismo separado de la Regla 44.1(d)
encaminado a sancionar al demandante que rechaza una
oferta de sentencia razonable, obligándole a pagar
los honorarios incurridos con posterioridad a la
5 Cabe señalar que, en lo pertinente, la Regla 35.1 de Procedimiento Civil de 1958 es similar a la Regla 35.1 del 1979. 6 Véase Anteproyecto de Reglas de Enjuiciamiento Civil para el Tribunal General de Justicia 84 (1954). Allí, el Comité Consultivo que redactó las Reglas de 1958 indicó que se proponía añadir “los gastos y honorarios de abogados [sic] como penalidad en adición a las costas.” 7 La Regla 44.1(d), supra, dispone:
(d) Honorarios de abogado. - En caso [de] que cualquier parte o su abogado haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta. (Bastardillas en el original.) 32 L.P.R.A. Ap. III (Supl. 1999). CE-1994-738 18
oferta. Evidentemente, en este supuesto, se penaliza
al demandante por el gasto en que incurrió el
oferente al verse obligado a permanecer en el
pleito, a pesar de haber gestionado -de buena fe- la
solución de la controversia.
Si bien ambas reglas pautan para la imposición
de honorarios de abogado, la Regla 35.1 claramente
presupone que el rechazar una oferta razonable es
una conducta temeraria per se. Por lo cual, la
imposición del pago de honorarios de abogado es
automática por proseguirse innecesariamente un
pleito que pudo evitarse o concluirse en una etapa
temprana.8 Todo ello en contra del principio rector
de las Reglas de Procedimiento Civil dirigido a la
“solución justa, rápida y económica de todo
procedimiento.” 32 L.P.R.A. Ap. III. R. 1.
Es decir, de lo antes expuesto se desprende que
la Regla 35.1 tiene vida propia e independiente de
la Regla 44.1(d). Incluso, como expresáramos
anteriormente, la oferta de sentencia es un
8 Incluso, cabe indicar que, en Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., 104 D.P.R. 797, 814-815 (1976), señalamos que “en todo litigio civil, cualquier parte tiene en sus manos un instrumento efectivo para liberarse de las costas y honorarios que el concepto de temeridad conlleva en virtud de lo dispuesto en la Regla 35.1 de las de Procedimiento Civil vigentes.” Igualmente, la parte que rechaza una oferta de razonable de sentencia, incurre en temeridad, sin que haya que hacer una determinación expresa a esos efectos. CE-1994-738 19
mecanismo especial dentro del capítulo de los
procedimientos anteriores al juicio. CE-1994-738 20
Afirmar lo contrario, convierte en un ejercicio
fútil la inclusión del pago de honorarios de abogado
como sanción a través de la Regla 35.1.
Por ende, de ser aplicable la Regla 35.1 el
demandante vendrá obligado a pagar los “honorarios
de abogado incurridos con posterioridad a la
oferta.” 32 L.P.R.A. Ap. III. La razón de esta
sanción es que el demandante es responsable por los
gastos –costas y honorarios- que de haber aceptado
la oferta no se hubiesen incurrido. Sobre el
particular, el Profesor Antonio García Padilla
comenta:
[l]a forma en que la R. 35.1 describe
el pago que contempla es significativamente
distinta de la forma en que lo describe la
Regla 44.1(d). Esta última, como he dicho,
prescribe para la parte que ha procedido con
temeridad “el pago de una suma por concepto
de honorarios de abogado.” Obsérvese
claramente que la R.44(d) no manda que la
parte temeraria satisfaga a su contraparte
los honorarios de abogado incurridos por
ésta; manda, en vez, al pago de una suma por
concepto de honorarios de abogado.
La R. 35.1 es distinta. Es clara al prescribir que la parte que no obtiene sentencia más favorable que la oferta “tendrá que pagar las costas, gastos y honorarios de CE-1994-738 21
abogado incurridos con posterioridad a la oferta.” Ahora no se trata de una suma por concepto de algo; ahora se trata de satisfacer unas partidas concretas según incurridas: las costas, gastos y honorarios de abogado. (Énfasis nuestro.) A. García Padilla, Procedimiento Civil, 62 Rev. Jur. U.P.R. 843, 851-852 (1993).9
No obstante lo anterior, reafirmamos lo
señalado en H.U.C.E. de Ame. v. V. & E. Eng.
Const., supra, pág. 716, en cuanto a que -dentro
del marco conceptual de la Regla 35.1, supra,- “el
tribunal de instancia conserva naturalmente su
discreción para determinar la razonabilidad de la
cuantía de honorarios que interesa cobrar el
oferente.” En otras palabras, que a pesar de que
como regla general la imposición de honorarios de
abogado procede automáticamente de darse las
condiciones dispuestas por la Regla 35.1, supra,
el tribunal conserva su discreción para no
concederlos si, a su sano juicio, la oferta de
sentencia fue irrazonable.
En cuanto al mecanismo a utilizarse para
cobrar los referidos honorarios, de un examen del
texto de la Regla 35.1, supra, colegimos que la
misma no dispone la forma específica para
reclamarlos subsiguientemente al rechazo de la
oferta. Al respecto, lo único que preceptúa la
9 Véase también, M. Velázquez Rivera, Procedimiento Civil, 60 Rev. Jur. 913, 943-944 (1991). CE-1994-738 22
regla es que de rechazar el demandante la oferta,
la misma no es admisible en evidencia salvo “en un
procedimiento para determinar costas, gastos y
honorarios de abogado.” 32 L.P.R.A. Ap. III R.
35.1. Como consecuencia de dicha omisión, tenemos
dos alternativas para subsanarla, a saber: (1) que
se incluya la partida en el memorando de costas,
regido por la Regla 44.1(b) de Procedimiento
Civil;10 o (2) que se presente un escrito a tales
fines.
10 En lo pertinente, la Regla 44.1(d)expresa lo siguiente:
(b) Cómo se concederán. – La parte que reclame el pago de costas presentará al tribunal y notificará a la parte contraria, dentro del término de diez (10) días contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, una relación o memorándum de todas las partidas de gastos y desembolsos necesarios incurridos durante la tramitación del pleito o procedimiento. El memorándum de costas se presentará bajo juramento y consignará que según el leal saber y entender del reclamante o de su abogado, las partidas de gastos incluidas son correctas y que todos los desembolsos eran necesarios para la tramitación del pleito o procedimiento. Si no hubiere impugnación, el tribunal aprobará el memorándum de costas, y podrá eliminar cualquier partida que considere improcedente, luego de conceder al solicitante la oportunidad de justificar la misma. Cualquier parte que no esté conforme con las costas reclamadas podrá impugnar las mismas en todo o en parte, dentro del término de diez CE-1994-738 23
Entendemos que el mecanismo más conveniente y
apropiado es el de incluir la partida por concepto
de honorarios de abogado en un escrito aparte,
siempre y cuando el mismo sea juramentado y
sometido dentro de un término similar al dispuesto
en la Regla 44.1(b) para la presentación del
memorando de costas. Al reclamar dicha partida, el
abogado del demandado tiene que suministrar un
desglose de las tareas realizadas, así como las
horas empleadas para gestionar tales tareas y el
cargo por hora.
De este modo, el tribunal que dictó la
sentencia tiene ante su consideración, dentro de
los diez (10) días de su notificación, todas las
cuantías reclamadas- tanto costas como honorarios
de abogado –en escritos bajo juramento. Además, de
estar inconforme con la cantidad reclamada como
honorarios, el demandante conoce de antemano los
términos y trámites específicos para impugnar
dicha suma.
En el caso de marras, aunque el tribunal de
instancia no siguió el procedimiento descrito,
ello no implica que tengamos que anular la
concesión de honorarios de abogado bajo la Regla
(10) días contados a partir de aquel [sic] en que se le notifique el memorándum de costas....(Bastardillas en el original.) 32 L.P.R.A. Ap. III (Supl. 1999). CE-1994-738 24
35.1 por el hecho de estar incluida en el
memorando de costas.11 No obstante, debemos
examinar si bajo las circunstancias del caso de
autos, se justificaba aplicar la Regla 35.1.12
Veamos.
IV
De conformidad con el texto de la Regla 35.1,
la parte que hace la oferta tiene que cumplir con
ciertos requisitos para que entre en juego la
figura de la oferta de sentencia y se sancione al
reclamante por no haber aceptado la oferta, a
saber:
11 Cabe señalar que, en aquellos casos en que el demandado reclame la partida de honorarios de abogado- bajo la Regla 35.1, supra- en un memorando de costas, no implica que dicha suma sea considerada como costas. En Pérez Pascual v. Vega Rodríguez, 124 D.P.R. 529 (1989), vía excepción, permitimos que se reclamase una partida de honorarios de abogado interlocutorios en un memorando de costas. Véase Andino Nieves v. A.A.A., 123 D.P.R. 712 (1989). 12 El peticionario no cuestionó el que la oferta rechazada no cumpliera con los requisitos de la Regla 35.1. A pesar de ello, en aras de impartir justicia y de no aplicar el derecho en el vacío, consideraremos –al amparo de nuestro poder inherente- dicho error patente, que hiere la retina. Véase, Hernández v. Espinosa, res. el 3 de abril de 1998, 98 TSPR 40, 145 D.P.R. ___ (1998), 98 JTS 41; López Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., res.
continúa...
12 ...continuación el 4 de abril de 1997, 142 D.P.R. ___ (1997), 97 JTS 42; Ríos Quiñones v. Adm. Servs. Agrícolas, res. el 20 de mayo de 1996, 140 D.P.R. ___ (1996), 96 JTS 71. CE-1994-738 25
1. que el demandado, o parte cuya responsabilidad haya sido adjudicada, presente a la parte adversa una oferta en cualquier momento antes de los diez (10) días precedentes al juicio o a la vista sobre la cuantía de los daños o extensión de dicha responsabilidad, respectivamente;
2. que dicha oferta señale que el demandado consiente a que se dicte sentencia en su contra por la cantidad, por la propiedad o en el sentido especificado en su oferta, con las costas devengadas hasta ese momento
3. que el demandante no acepte la oferta; y,
4. que el tribunal dicte una sentencia menos favorable para el demandante en comparación con la oferta hecha.
Además de los requisitos antes mencionados,
en H.U.C.E. de Ame. v. V. & E. Eng. Const., supra,
reiterado en Ramallo, supra, establecimos el
requisito fundamental de que al aplicar la
presente regla es necesario que la oferta sea una
razonable, realista y de buena fe.
Al evaluar la razonabilidad de la oferta, el
tribunal tiene que remontarse al momento en que el
demandante la recibió. Desde ese punto de vista,
el tribunal considerará la suma ofrecida vis-à-vis
varios factores, inter alia: los riesgos
implícitos de la litigación –probabilidad de
prevalecer en los méritos-, los gastos
anticipables en la preparación del caso y la
complejidad del mismo. Del mismo modo, también CE-1994-738 26
evaluará lo avanzado del descubrimiento de prueba
realizado, los honorarios de abogado incurridos y
las sumas concedidas en casos similares, si alguno
–claro, tomando en consideración el año y la etapa
en los procedimientos que dichos casos fueron
resueltos.
Por otra parte, cabe señalar que, en Martínez
Fernández & Cía v. García, 68 D.P.R. 391 (1948)
adoptamos la norma de que para que una oferta
conformara los requisitos de la oferta de
sentencia era necesario que en ésta el demandado
se obligara a pagar las costas hasta el momento en
que se hizo la oferta. De lo contrario, la oferta
era insuficiente.
Sin embargo, en Marek v. Chesny, supra, el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos,
interpretando la Regla 68 de Procedimiento Civil
federal, similar a la nuestra, rechazó el
argumento de que el oferente tiene que detallar en
la oferta, además de la cantidad que se concede
como indemnización, la cantidad que cubre las
costas, siempre y cuando no se excluyan
explícitamente las costas de la oferta. Id., pág.
6.13 Si la oferta no incluye una cantidad para el
13 Nuestra regla es similar a la Regla 68 de las Reglas de Procedimiento Civil Federal, 28 U.S.C.A. R. 68. La diferencia estriba en que la Regla federal es silente CE-1994-738 27
pago de las costas, el tribunal está obligado a
incluir una cantidad para el pago de éstas.
Concluimos, por consiguiente, que el criterio
rector es que si la oferta no incluye pero no
excluye explícitamente las costas, la oferta es
una suficiente y se entiende bien hecha si se
cumplen los demás requisitos. Id., pág. 7.
Ciertamente, una vez el demandante acepta la
oferta, el demandado se convierte en la parte
perdidosa y el tribunal está obligado a imponerle
el pago de costas. Blás v. Hospital Guadalupe,
supra; Auto Servi, Inc. v. E.L.A., 142 D.P.R. 321
(1997); J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty
Corp., 130 D.P.R. 456 (1992); Garriga, Jr. v.
Tribunal Superior, 88 D.P.R. 245 (1963). El
tribunal, desde luego, siempre aquilatará la
razonabilidad de las partidas reclamadas en el
memorando de costas.
Las decisiones del Tribunal Supremo de los
Estados Unidos interpretando textos idénticos
sobre esta área tienen valor persuasivo, H.U.C.E.
de Ame. v. V. & E. Eng. Const., supra; Pueblo v.
Dolce, 105 D.P.R. 422, 426-428 (1976).
...continuación
13 ...continuación respecto a los honorarios de abogado, sosteniendo únicamente que “the offeree must pay the costs incurred after the making of the offer.” CE-1994-738 28
Adoptaríamos, por considerarla correcta, la norma
establecida en Marek v. Chesny, supra.
Así establecida la doctrina relativa a la
Regla 35.1, supra, nos corresponde, pues,
aplicarla al caso ante nos.
V
El primer requisito antes esbozado (la
presentación de la oferta) se cumple en el caso de
marras ya que El Vocero, como parte demandada, hizo
una oferta al demandante el 27 de abril de 1994, con
más de diez (10) días de antelación al juicio que
celebraría el 23 de mayo de 1995.
En relación con el segundo requisito
(consentimiento del demandado), el demandado aceptó
que se dictara sentencia en su contra por la
cantidad de mil dólares ($1,000.00) como
indemnización total, sin mencionar costas. Sin
embargo, según resolviéramos anteriormente, el hecho
de que no se mencione el pago de costas no causa que
la oferta sea una insuficiente. Por lo tanto, el
segundo requisito está presente.
El tercer requisito (rechazo de la oferta por
el demandante) es de aplicación a los hechos ante
nos. El demandante, mediante carta fechada el 10 de
mayo de 1994, rechazó la oferta de sentencia hecha
por El Vocero. CE-1994-738 29
El cuarto requisito (sentencia menos favorable)
se cumplió igualmente ya que, luego de varios
trámites, el tribunal de instancia dictó sentencia
desestimando la demanda incoada por el demandante.
Es decir, que el demandante obtuvo una sentencia
menos favorable en comparación con la oferta
presentada por El Vocero. H.U.C.E. de Ame. v. V. &
E. Eng. Const., supra.
Respecto al requisito de que la oferta sea una
razonable, realista y de buena fe, adoptado por este
Tribunal en H.U.C.E. de Ame. v. V. & E. Eng. Const.,
supra, entendemos que la oferta de mil dólares
($1,000.00) hecha por El Vocero incumple con esta
norma. El demandante reclamó la suma de ciento
treinta y cinco mil dólares ($135,000.00) por los
daños que, a su entender, le causó El Vocero. Estos
daños incluían el deterioro de su reputación
profesional, aparte de daños por la pérdida de su
negocio.
Al momento de recibir la oferta, el trámite del
pleito se encontraba bastante avanzado. Entre otras
cosas, se le había tomado una deposición al
demandante, cada parte había sometido
interrogatorios a la parte contraria, el demandante
había presentado contestación a moción de sentencia
sumaria sometida por el demandado, se había
presentado el Informe sobre Conferencia Preliminar CE-1994-738 30
entre Abogados y, por último, ambas partes habían
comparecido ante el tribunal el 29 de marzo de 1994.
Por lo que, la oferta por una cantidad ínfima -mil
dólares ($1,000.00)- tan avanzados los
procedimientos fue irrazonable.
Examinados los requisitos necesarios para una
oferta de sentencia, concluimos que no se cumplió
con ellos por ser la oferta de mil dólares
($1,000.00) irrazonable. Por tal razón, no procedía
que se impusieran los honorarios de abogado al
amparo de la Regla 35.1, supra.
Por los fundamentos antes expuestos, erró el
TPI al conceder a la parte demandada honorarios de
abogado al amparo de la Regla 35.1 de Procedimiento
Civil, supra. En consecuencia, modificamos la
orden emitida por dicho tribunal el 8 de septiembre
de 1994 y dejamos sin efecto la imposición de
honorarios de abogado a la parte demandante.
Baltasar Corrada del Río Juez Asociado