Fonseca Zayas v. Rodriguez Meléndez

2011 TSPR 4

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: January 14, 2011
• Docket: CC-2008-1034
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos E. Fonseca Zayas

Peticionario Certiorari

v. 2011 TSPR 4

Brenda Rodríguez Meléndez 180 DPR ____

Recurrida

Número del Caso: CC-2008-1034

Fecha: 14 de enero de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón Panel VI

Juez Ponente: Hon. Luis Rivera Román

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcda. Patriscia M. Correa Ramírez

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Adeline Rodas Muriel Lcdo. Lemuel Velilla Reyes

Materia: Alimentos

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos E. Fonseca Zayas Peticionario Certiorari

v. CC-2008-1034

Brenda Rodríguez Meléndez Recurrida

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta.

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de enero de 2011.

En esta ocasión debemos examinar si los

bienes que un alimentante adquiere por herencia

deben considerarse ‘ingreso’ para efectos de la

Ley número 5 de 30 de diciembre de 1986, según

enmendada, conocida como Ley Orgánica de la

Administración para el Sustento de Menores, y las

Guías para Determinar y Modificar las Pensiones

Alimentarias.

I.

El 23 de agosto de 2005, el peticionario

Carlos Fonseca Zayas presentó una demanda

solicitando que se le fijara una pensión CC-2008-1034 2

alimentaria a favor de su hijo menor quien vivía con su

madre, la señora Brenda Rodríguez Meléndez. La señora

Rodríguez Meléndez contestó la demanda y reconvino

reclamando la custodia legal y la patria potestad del

menor, y que se fijara una pensión mayor a la originalmente

sugerida por el peticionario.1 Para ese momento, el menor

tenía unos siete meses de nacido.

El foro primario refirió el asunto del monto de la

pensión a la Examinadora de Pensiones del Tribunal de

Primera Instancia y, luego, acogió su recomendación. El 1

de noviembre de 2005, emitió una orden fijando la pensión

alimentaria provisional en $522.05 mensuales.2 Del informe

de la Examinadora se desprende que, para ese momento, el

peticionario generaba un ingreso neto de $2,009 mensual.

El 28 de febrero de 2008, la Examinadora de Pensiones

sometió un Informe que recomendaba unas modificaciones a la

pensión y que se diera efecto retroactivo a las nuevas

cantidades propuestas. En su Informe, le imputó al

peticionario un salario neto mensual de $3,000, por lo que

recomendó una pensión de $723.73 retroactiva al periodo

entre el 23 de agosto de 2005 y el 1 de mayo de 2006.3

También recomendó que se aumentara la pensión a $918.13

1 En su demanda, el señor Fonseca Zayas sugirió una pensión alimentaria mensual de $510. 2 Esa cantidad se desglosó de la siguiente manera: $273.82 de pensión básica y $248.23 de suplementaria. Recomendación de la Examinadora de Pensiones, 28 de octubre de 2005. 3 Además, el peticionario pagaba $64.71 mensuales por concepto de plan médico. CC-2008-1034 3

mensuales, más plan médico, retroactiva al 1 de mayo de

2006. El efecto de la retroactividad significaría una deuda

acumulada de $9,535.07. En su cómputo para la segunda

cantidad propuesta como pensión, la Examinadora incluyó

como ingreso una herencia que recibió el peticionario cuyos

activos ascendían a $170,000 en propiedades y otros bienes,

y $48,500 en efectivo.4 Acto seguido, recomendó que se le

imputara al señor Fonseca Zayas un ingreso mensual total de

$7,075 mensuales: $3,000 producto del ingreso de su trabajo

y $4,500 por concepto de la herencia.5

El Tribunal de Primera Instancia acogió el Informe de

la Examinadora y fijó la pensión alimentaria en $918.13

mensuales.6 El 12 de mayo de 2008, la Examinadora sometió un

Informe Enmendado y recomendó que se aumentara la pensión

alimentaria a $1,956.84. El 19 de mayo de 2008, el foro de

instancia acogió esa recomendación. El peticionario Fonseca

Zayas solicitó reconsideración y, entre otros asuntos,

alegó que los bienes adquiridos por concepto de una

herencia no deben considerarse ‘ingreso’, y que, por esa

razón, fue un error imputarle un ingreso mensual de $7,075.

También alegó que sería injusto y oneroso fijarle una

pensión permanente producto de un influjo de dinero que,

4 En octubre de 2007, el peticionario recibió una herencia debido a la muerte de su padre. 5 La Examinadora tomó los $48,900 en efectivo de la herencia y lo dividió entre 12 meses como si se tratase de un ingreso con una duración de un año. 6 Sentencia del 28 de febrero de 2008. Además, el foro de instancia acogió la recomendación de la Examinadora y dio efecto retroactivo a la nueva pensión. CC-2008-1034 4

por su propia naturaleza, no sería recurrente. El foro de

instancia declaró sin lugar la moción de reconsideración.

Oportunamente, el peticionario acudió al Tribunal de

Apelaciones para solicitar que se revocara la decisión del

Tribunal de Primera Instancia que le imputó un ingreso

mensual de $7,075 y fijó una pensión alimentaria de

$1,956.84. Su argumento principal fue que la definición de

‘ingreso’ contenida en la Ley número 5 de 30 de diciembre

de 1986, según enmendada,7 y en las Guías para Determinar y

Modificar las Pensiones Alimentarias (en adelante “las

Guías de 2006”),8 no dispone expresamente que los bienes

recibidos por herencia forman parte del cómputo de la

pensión. De igual forma, reiteró su argumento de que la

herencia, por su naturaleza no recurrente, no debe

considerarse al fijar una pensión permanente.

El Tribunal de Apelaciones determinó que “[l]a

herencia no está excluida de los recursos o medios de

fortuna de un alimentante, o sea, del patrimonio total de

una persona y, por lo tanto, deben [sic] ser considerados

[sic] para fijar la pensión”.9 El foro intermedio razonó que

los ingresos que se mencionan en la Ley número 5 y en las

Guías de 2006 no son los únicos recursos económicos que

tiene una persona obligada a prestar alimento, ya que

7 8 L.P.R.A. §§ 501 et seq. 8 Reglamento número 7135 de 23 de mayo de 2006. 9 Sentencia del Tribunal de Apelaciones del 10 de octubre de 2008, p. 8. CC-2008-1034 5

también se tomará en consideración el capital o patrimonio

total del alimentante.10 El tribunal apelativo resolvió que

los activos de una herencia forman parte del patrimonio y,

por tanto, se utilizarán para determinar la capacidad

económica del alimentante para proveer alimentos. No

obstante, el Tribunal de Apelaciones revocó la

determinación del foro de instancia por entender que éste

se equivocó al hacer el cómputo. Mientras el Tribunal de

Primera Instancia tomó la porción líquida de la herencia y

la dividió entre 12 meses para computar el ingreso mensual

del peticionario, el tribunal apelativo determinó que lo

correcto era tomar la totalidad de la herencia, incluyendo

efectivo y propiedades, y dividirlo entre 36 meses. El foro

apelativo razonó que, como las pensiones alimentarias se

revisan cada tres (3) años,11 de esta manera se atendía el

reparo del señor Fonseca Zayas en cuanto a la naturaleza no

recurrente de la herencia recibida. Es decir, considerando

que la pensión tendría una duración de 36 meses y para no

atribuirle un ingreso mensual artificial calculado

únicamente a base de 12 meses, el Tribunal de Apelaciones

optó por dividir la herencia entre el término de duración

de la pensión.

Inconforme con esta determinación del Tribunal de

Apelaciones, el señor Fonseca Zayas recurrió ante este

Tribunal mediante recurso de certiorari. El 27 de enero de

10 8 L.P.R.A. § 518(b). 11 8 L.P.R.A. § 518(c). CC-2008-1034 6

2009 expedimos el auto y, en auxilio de nuestra

jurisdicción, reinstalamos la pensión provisional de

$918.13 originalmente impuesta por el Tribunal de Primera

Instancia el 28 de febrero de 2008.12 Ambas partes

presentaron sus respectivos alegatos y, con el beneficio de

sus comparecencias, pasamos a resolver.

II.

En nuestro ordenamiento jurídico, los casos sobre

alimentos de menores están revestidos del más alto interés

público.13 Hemos manifestado que la obligación alimentaria

tiene su fundamento en el derecho constitucional a la vida14

y en la solidaridad familiar.15 Por tanto, hemos resuelto

que, en nuestra jurisdicción, los menores tienen un derecho

fundamental a recibir alimentos.16 Al indagar en los

orígenes de ese derecho fundamental, hemos señalado el

derecho de toda persona “a disfrutar un nivel de vida

adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el

12 El auto de certiorari fue expedido el 27 de enero de 2009. El 29 de enero de 2009, mediante Resolución nunc pro tunc, incluimos la orden de paralización de los procedimientos y de reinstalación de la pensión provisional. 13 Rodríguez v. Depto. Servicios Sociales, 132 D.P.R. 617, 629 (1993); López v. Rodríguez, 121 D.P.R. 23, 28 (1988). 14 Rodríguez v. Depto. Servicios Sociales, supra, p. 630; véase además Sarah Torres Peralta, La Ley de Sustento de Menores y Derecho Alimentario en Puerto Rico, San Juan, 2006-2007, p. 1.01. 15 Mundo v. Cervoni, 115 D.P.R. 422, 426 (1984). 16 Rodríguez v. Depto. Servicios Sociales, supra, p. 633. CC-2008-1034 7

bienestar, y especialmente la alimentación, el vestido, la

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales

necesarios”.17

La legislación puertorriqueña ha canalizado el derecho

de los menores a recibir alimentos como parte del mandato

constitucional del derecho fundamental a la vida. Hay

varias fuentes estatutarias a las que debemos recurrir para

analizar los elementos que deben tomarse en consideración

al momento de fijar una pensión alimentaria a favor de un

menor de edad. En primera instancia, la obligación general

de proveer alimentos entre parientes está recogida en los

artículos 142 a 151 del Código Civil.18 En cuanto a hijos e

hijas menores de edad sujetos a la patria potestad y

custodia de sus padres, debemos recurrir al artículo 153

del Código Civil.19 Sobre este particular, hemos resuelto

que la obligación que surge del artículo 153 es parte de

los deberes y obligaciones de los padres en el ejercicio de

17 Íd., p. 631. 18 32 L.P.R.A. §§ 561-570. 19 El artículo 153 del Código Civil dispone:

El padre y la madre tienen, respecto de sus hijos no emancipados:

(1) El deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía, educarlos e instruirlos con arreglo a su fortuna, y representarlos en el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su provecho. (2) La facultad de corregirlos y castigarlos moderadamente o de una manera razonable.

32 L.P.R.A. § 601. CC-2008-1034 8

la patria potestad, específicamente en lo que respecta a su

deber de alimentar a sus hijos no emancipados.20 Es decir,

cuando se trata de un hijo mayor de edad, emancipado o que,

a pesar de seguir siendo menor de edad, no está sujeto a la

patria potestad y custodia de uno de sus padres, la

obligación de alimentar surge del artículo 143 y no del

artículo 153.21 Incluso, se recurrirá al artículo 143 cuando

el padre ejerce la patria potestad de forma compartida pero

no tiene la custodia del menor.22

La cuantía de una pensión alimentaria al amparo del

artículo 143 será proporcional a los recursos del que los

da y a las necesidades del que los recibe. Por eso, la

20 Martínez v. Rodríguez, 160 D.P.R. 145, nota 5 (2006). 21 Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4, 11-12 (1983). Por su parte, el artículo 143 de Código Civil dispone que:

Están obligados recíprocamente a darse alimentos, en toda la extensión que señala el artículo 142 (sec. 561) de este título:

(1) los cónyuges. (2) los ascendientes y descendientes (3) el adoptante y el adoptado y sus descendientes.

Los hermanos se deben recíprocamente aunque sólo sean uterinos, consanguíneos o adoptivos los auxilios necesarios para la vida, cuando por un defecto físico o moral, o por cualquier otra causa que no sea imputable al alimentista, no puede éste procurarse su subsistencia. En estos auxilios están, en su caso, comprendidos los gastos indispensables para costear la instrucción elemental y la enseñanza de una profesión, arte u oficio.

32 L.P.R.A. § 562. 22 Chévere v. Lewis, 150 D.P.R. 525, 538-539 (2000). CC-2008-1034 9

pensión se reducirá o aumentará en proporción a los

recursos del primero y a las necesidades del segundo.23 Bajo

este principio de proporcionalidad, se tomarán en

consideración los recursos del alimentante y la posición

social de la familia, así como el “estilo de vida que lleva

el alimentante”.24 De esta forma, se intenta poner al menor

alimentista en la misma posición que ocuparía si la unidad

familiar hubiera quedado intacta.25 Esto se puede demostrar

a través de evidencia directa o circunstancial.26

La obligación de alimentar que surge del artículo 143

es muy general y no tiene la precisión necesaria para

orientar a un foro primario en la tarea de llevar a cabo un

cómputo o analizar si determinado bien debe utilizarse en

dicho cálculo.27 Consciente de ello, la Asamblea Legislativa

23 Artículo 146 del Código Civil, 32 L.P.R.A. § 565. 24 Guadalupe Viera v. Morell, supra, p. 14; López v. Rodríguez, supra, p. 33. 25 8 L.P.R.A. § 518(b)(3). 26 López v. Rodríguez, supra, p. 33. 27 En España, esto ha llevado a que a los tribunales de instancia se les reconozca un altísimo grado de discreción en la fijación de las pensiones alimentarias. Los tribunales de mayor jerarquía rara vez intervienen con esas determinaciones las cuales, por su propia naturaleza y por lo general del mandato del Código Civil, pueden ser significativamente diferentes entre sí. Como consecuencia, las expresiones del Tribunal Supremo de España en cuanto a esto son bastante imprecisas y generales. El artículo 143 de nuestro Código Civil es análogo a la versión española del mismo. Véanse, por ejemplo, Sentencia de 28 de junio de 1951, Repertorio de Jurisprudencia 1292, Aranzadi, p. 1888, donde, para determinar la suficiencia de una pensión, el tribunal se limitó a la figura de “proporcionalidad” entre necesidad y caudal; Sentencia de 5 de octubre de 1977, Repertorio de Jurisprudencia 3642, Aranzadi, p. 2752, donde CC-2008-1034 10

atendió este asunto mediante ley especial, comenzando con

la aprobación de la Ley número 5 de 30 de diciembre de

1986, mejor conocida como la Ley Especial de Sustento de

Menores. Esta ley ha sido enmendada en varias ocasiones, a

medida que la Asamblea Legislativa ha desarrollado y

profundizado en su acercamiento al asunto de las pensiones

alimentarias de los menores de edad.28 Si bien la versión

actual de la Ley número 5 es bastante distinta a la

original, es importante destacar que sus disposiciones

acerca del cálculo de las pensiones alimentarias y sus

definiciones de los conceptos relacionados con dicho

cómputo no han variado significativamente. Cabe señalar que

la definición de ‘ingreso’ ha permanecido, en lo

pertinente, igual a su definición original.29

el tribunal se refiere a figuras como “fortuna” e “ingresos” sin ofrecer una definición precisa de su contenido; Sentencia de 9 de octubre de 1981, Vol. II, Repertorio de Jurisprudencia 3593, Aranzadi, p. 2922, donde se hace mención de conceptos amplios como “posibilidades económicas del obligado” y “caudal” de quien presta la pensión como parte del aumento proporcional de la pensión al incremento de ingresos del alimentante; Sentencia de 16 de julio de 2002, Vol. IV, Repertorio de Jurisprudencia 6246, p. 11100, donde se hace referencia únicamente al ejercicio de “valorar la capacidad económica del alimentante”; Sentencia de 17 de junio de 2004, Vol. III, Repertorio de Jurisprudencia 3624, p. 7478, que menciona elementos amplios como “caudal de bienes”, “nivel de vida” y “modus vivendi”. 28 Se destacan la Ley número 86 de 17 de agosto de 1994, mejor conocida como la Ley Orgánica para la Administración del Sustento de Menores y la Ley número 178 de 1 de agosto de 2003, mejor conocida como la Ley para el Sustento de Menores de 2003. 29 8 L.P.R.A. § 501(16). CC-2008-1034 11

En su acepción actual, la Ley número 5 establece la

política pública del Estado en cuanto a los alimentos de

menores, procurando “que los padres o las personas

legalmente responsables contribuyan, en la medida en que

sus recursos lo permitan, a la manutención y bienestar de

sus hijos o dependientes”.30 La Ley reconoció que “[e]l

incumplimiento de las obligaciones morales y legales de

alimentar a los hijos o dependientes es un grave problema

social”.31 Al reconocer las terribles consecuencias de este

incumplimiento, la Asamblea Legislativa estableció una

política pública de interpretación liberal de la Ley “a

favor de los mejores intereses del menor o alimentista que

necesita alimentos”.32

III.

Como adelantáramos, la definición de “ingreso” en la

Ley número 5 ha permanecido sustancialmente igual desde su

aprobación en 1986. La Ley también hace referencia al

concepto de “ingreso neto”.33 Este añade la posibilidad de

que se tomen en consideración otros factores, como

proyecciones de ingresos, gastos y estilo de vida, para

determinar el ingreso a partir del cual se calculará una

pensión alimentaria mensual.

30 8 L.P.R.A. § 502. 31 Exposición de Motivos de la Ley número 86 de 17 de agosto de 1994, que enmendó la Ley número 5. 32 Artículo 3 de la Ley número 5, 8 L.P.R.A. § 502. 33 8 L.P.R.A. § 501(17). CC-2008-1034 12

Según la Ley número 5, “ingreso”:

Comprende cualquier ganancia, beneficio, rendimiento o fruto derivado de sueldos, jornales o compensación por servicios personales, incluyendo la retribución recibida por servicios prestados como funcionario o empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del gobierno de los Estados Unidos de América, el Distrito de Columbia, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América, o cualquier territorio o posesión sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos de América según lo permitan las leyes y reglamentos federales aplicables, de cualquier estado de la Unión de los Estados Unidos de América, o de cualquier subdivisión política de los mismos, o de cualquier agencia o instrumentalidad de cualesquiera de las mencionadas entidades en cualquiera que sea la forma en que se pagaren o de profesiones, oficios, industrias, negocios, comercio o ventas; o de operaciones en propiedad, bien sea pueblo o inmueble, que surjan de la posesión o uso del interés en tal propiedad; también los derivados de intereses, rentas, dividendos, beneficios de sociedad, valores o la operación de cualquier negocio explotado con fines de lucro o utilidad; y ganancias, beneficios, rendimientos, fondos, emolumentos o compensación derivados de cualquier procedencia, incluyendo compensaciones como contratista independiente, compensaciones por desempleo, compensaciones por incapacidad, beneficios de retiro y pensiones o cualquier otro pago que reciba un alimentante de cualquier persona natural o jurídica.34

Puede observarse que la Ley no menciona expresamente

la herencia o los bienes adquiridos a través de ésta como

constitutivos de ‘ingreso’.35 Este silencio es significativo

ya que la adquisición de bienes por vía de una herencia es

34 8 L.P.R.A § 501(16). En su acepción no jurídica, ingreso se define como el “[c]onjunto de cantidades que alguien percibe regularmente. María Moliner, “Diccionario de Uso del Español”, Gredos, 1991. (Énfasis suplido). 35 “Where certain things are specified in a statute, omissions are exclussions”. Humphreys v. De Ross, infra. CC-2008-1034 13

de las modalidades más comunes y conocidas de adquirir

riqueza.36 También es notable que desde que se adoptó la

definición de “ingreso”, hace ya 24 años, la Ley número 5

haya pasado por dos procesos exhaustivos de enmiendas en

1994 y 2003, sin cambio sustancial a esta definición y sin

que se añadiera referencia alguna a los bienes adquiridos

mediante herencia.

La Ley número 5 ordenó la preparación y adopción de

alimentarias para menores de edad.37 De igual forma,

estableció un mecanismo para el cálculo y fijación de las

pensiones que toma esas guías como punto de partida.

Previendo que el empleo rígido de las guías podría resultar

en una situación injusta para el menor alimentista, o

incluso para el propio alimentante, la Ley número 5 facultó

tanto al tribunal como la Administración de ASUME para

determinar la pensión, tomando en consideración los

siguientes factores:

(1) Los recursos económicos de los padres y del menor; (2) la salud física y emocional del menor, y sus necesidades y aptitudes educacionales o vocacionales; (3) el nivel de vida que hubiera disfrutado si la familia hubiera permanecido intacta;

36 Son ilustrativas las palabras por el Tribunal Supremo de Pennsylvania en Humphreys v. DeRoss, 790 A.2d 281, 284-285 (Pa. 2002): “Considering that inheritance is one of the most common means by which wealth is transferred, it defies logic that the legislature would not have clearly provided for inheritance within the statutory definition of income if that were its intent.” 37 8 L.P.R.A. § 518(a). CC-2008-1034 14

(4) las consecuencias contributivas para las partes, cuando ello sea práctico y pertinente, y (5) las contribuciones no monetarias de cada parte al cuidado y bienestar del menor.

Al utilizar este método alterno, los recursos

económicos del obligado a pagar la pensión alimentaria se

calcularán tomando en consideración, “además del ingreso

neto ordinario, el capital o patrimonio total del

alimentante”. En cuanto al padre o madre custodio, la Ley

provee que “[s]e considerarán iguales criterios de la

persona custodia para el cómputo proporcional a serle

imputado a éste”.38

Es decir, al evaluar si una pensión alimentaria es

adecuada tras el cálculo original, el tribunal deberá

determinar, primero, el ingreso neto ordinario del

alimentante y, segundo, el capital o patrimonio total de

éste. Es notable la diferenciación que hizo la Asamblea

Legislativa entre el ingreso neto ordinario y el capital o

patrimonio total del alimentante. El primero es un número

determinado a partir de una entrada monetaria fija mensual

al caudal del alimentante, habiéndose restado las

correspondientes deducciones. El segundo –capital o

patrimonio total- se refiere a bienes que, si bien no

constituyen ingreso, pueden ser utilizados para ajustar la

cuantía de la pensión.

38 8 L.P.R.A. § 518(b) (Énfasis suplido). Véase además Ixa López Paláu, La Pensión Alimentaria de los Hijos en Puerto Rico, Ed. Lego, 1998, pp. 72-73. CC-2008-1034 15

Los bienes que constituyen el capital o patrimonio

total reciben un trato distinto al ingreso neto ordinario.

En primer lugar, a estos bienes se les puede imputar

ingreso, proceso que discutiremos a continuación. En

segundo lugar, proveen un contexto que le permite al foro

de instancia ejercer su discreción para tomarlos en

consideración al momento de ajustar la capacidad del

alimentante. De esta forma, se logra que la pensión

alimentaria responda a la realidad económica del

alimentante. A ello se refiere la normativa cuando hace

constante referencia al “estilo de vida” del alimentante39 y

a la “posición social de la familia” como factores a ser

considerados más allá del ingreso mensual devengado.40

Finalmente, la Ley número 5 establece los mecanismos para

revisar la pensión original. En primer lugar, ordena una

revisión rutinaria cada tres (3) años.41 En segundo lugar,

permite la modificación de una pensión antes de los tres

(3) años si “hay justa causa para así hacerlo, tal como

variaciones o cambios significativos o imprevistos en los

ingresos, capacidad para generar ingresos, egresos, gastos

o capital del alimentante o alimentista, o en los gastos,

necesidades o circunstancias del menor, o cuando exista

otra evidencia de cambio sustancial en circunstancias”.42 39 López v. Rodríguez, 121 D.P.R. 23, 33 (1988). 40 Guadalupe Viera v. Morell¸ supra, p. 14. 41 8 L.P.R.A. § 518(c). 42 8 L.P.R.A. § 518(d). CC-2008-1034 16

Esta norma estatutaria recoge la jurisprudencia que ya se

había expresado a esos efectos.43

Siguiendo el mandato de la Ley número 5, se promulgaron

las Guías para Determinar y Modificar las Pensiones

Alimentarias en Puerto Rico.44 Estas Guías reemplazaron a

las primeras, adoptadas en 1989.45 La definición de

“ingreso” que contienen las Guías de 2006 vigentes es casi

idéntica a la de la Ley número 5.46 Igual ocurre con la

definición de “ingreso neto”.47 Sin embargo, las Guías

añaden dos conceptos relacionados a “ingreso” que no están

incluidos en la Ley número 5: “ingreso bruto” e “ingreso

imputado”.

En cuanto al ingreso bruto, las Guías se refieren a la

totalidad de los ingresos con los que cuentan la persona

custodia y no custodia previo al descuento de las

deducciones mandatorias y las aceptadas.48 Su cómputo

conlleva un “análisis de todas las posibles fuentes de

ingreso con las que cuenta el alimentante”.49 En cuanto al

43 Véase Ex Parte Negrón Rivera y Bonilla, 120 D.P.R. 61 (1987), García v. Acevedo, 78 D.P.R. 611 (1955). 44 Reglamento número 7135 de 23 de mayo de 2006. 45 Reglamento número 4070 de 8 de diciembre de 1989. 46 Las diferencias mínimas entre ambas disposiciones no son pertinentes para la controversia que nos ocupa. Para la definición de ‘ingreso’, véase Artículo 4(15) de las Guías de 2006. 47 Artículo 4(18) de las Guías de 2006. 48 Artículo 4(16) de las Guías de 2006. 49 Martínez v. Rodríguez, supra, p. 156. CC-2008-1034 17

concepto de ingreso imputado, las Guías lo definen como

aquel ingreso que el juzgador atribuye a la persona

custodia o no custodia cuando: (a) existan indicios o

señales que demuestren que cualquiera de ellos recibe

ingresos mayores a los que informa; (b) cualquiera de ellas

esté desempleada o trabajando a tiempo parcial; (c)

cualquiera de ellas haya reducido su capacidad productiva

para eludir la responsabilidad de alimentar.50 Esta

definición de ingreso imputado surge del mandato de la Ley

número 5 previamente discutido, en cuanto a los factores

que el juzgador debe considerar para determinar si la

pensión computada se ajusta a la verdadera situación

material del alimentante.

Como puede observarse, esta disposición de las Guías

de 2006 permite al juzgador adjudicar un ingreso al

alimentante distinto al que éste ha informado o, incluso,

al que realmente recibe. De esta forma, se le imputa al

alimentante lo que éste podría generar y no necesariamente

lo que realmente genera cuando esto no es consistente con

su verdadera capacidad productiva. En el caso de las

propiedades, por ejemplo, a éstas se les puede atribuir lo

que los tratadistas llaman un “valor rental”.51 Así, en

beneficio del menor alimentista, se imputará al alimentante

50 Artículo 4(17) de las Guías de 2006. 51 Sarah Torres Peralta, Op. Cit., p. 9.21. CC-2008-1034 18

un ingreso mayor al real, independientemente de si se

generan las rentas.52

Al momento de computar la pensión alimentaria, el punto

de partida será el ingreso bruto anual del alimentante.

Para determinar el ingreso bruto anual de la persona

custodia y de la no custodia, “se considerarán todas las

formas de ingreso incluidas en la definición de ‘ingreso’

de [las Guías]”.53 Esta definición de ingreso, a su vez, nos

52 La jurisprudencia española no es extraña a esta figura. Si bien el mandato del artículo 143 del Código Civil, como hemos visto, es considerablemente amplio e impreciso, es notable el reconocimiento de la jurisprudencia española de que el punto de partida para la fijación de una pensión serán los “ingresos líquidos mensuales” del alimentante y que los tribunales deben estar pendientes en casos de “desproporción” entre la capacidad de éste y las necesidades del alimentista. Sentencia de 4 de abril de 1962, Vol. I, Repertorio de Jurisprudencia 1704, Aranzadi, pp. 1137-38. Llama la atención la relación que el tribunal establece entre el concepto de ingreso y la liquidez. No obstante, la casuística española ha imputado ingresos en cuanto lo producido por los bienes heredados. En la Sentencia de 31 de diciembre de 1957, Repertorio de Jurisprudencia 3564, Aranzadi, p. 2376, el Tribunal Supremo de España corrigió a un foro de instancia por haber prescindido de algunos de los elementos exigidos por el artículo 146 al momento de fijar la cuantía de una pensión alimentaria. En particular, el Tribunal Supremo resolvió que tenía que añadirse al monto computado los productos de unos bienes. Es decir, que a unos bienes se les debía imputar la producción de ingreso. Véase, además, la Sentencia de 20 de abril de 1967, Vol. I, Repertorio de Jurisprudencia, Aranzadi, p. 1388, en cuanto a la rentabilidad de unas propiedades; y la Sentencia de 10 de julio de 1979, Repertorio de Jurisprudencia 2948, p. 2409, sobre la imputación objetiva en cuanto a las posibilidades de generar ingreso de determinada profesión u oficio. 53 Artículo 7(A)(1), Guías de 2006. Acto seguido, las Guías exponen una lista de excepciones de entradas económicas que no se considerarán ingresos. Entre estos están los beneficios del Programa de Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF, Categoría C), y los pagos recibidos al amparo del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Esta lista no pretende ser taxativa. La tratadista Sarah Torres CC-2008-1034 19

remite a la definición de “ingreso” en la Ley número 5. Por

tanto, si un determinado bien o recurso económico no

cualifica como ingreso al amparo de la definición

estatutaria, no será parte del cómputo de ingreso bruto e

ingreso neto del cual saldrá el cálculo inicial de la

pensión alimentaria. Ahora bien, el que un bien no sea

considerado ingreso al amparo de la Ley número 5 no impide

que se le aplique la doctrina de ingreso imputado, o que

caiga dentro del concepto de “capital o patrimonio” al que

hace referencia la ley, pues, como hemos visto, además del

ingreso neto ordinario, “se tomará en consideración” el

capital o patrimonio total del alimentante.54 Es decir, en

cuanto al ingreso neto ordinario, se aplicarán los cómputos

matemáticos prescritos por las Guías. Igual ocurrirá con el

ingreso imputado, definido como el ingreso potencial que

pudo haber generado el alimentante. Sin embargo, en cuanto

al capital o patrimonio total del alimentante, como éste no

constituye ingreso –más allá de la aplicación de la

doctrina de ingreso imputado-, solamente se tomará en

consideración dentro de la flexibilidad que tiene el

juzgador, en su sana discreción, al momento de fijar o

ajustar una pensión alimentaria.

Peralta identifica una excepción adicional en los préstamos estudiantiles. Sarah Torres Peralta, Op. Cit., pp. 4.40- 4.41. 54 8 L.P.R.A. § 518(b)(Énfasis suplido). CC-2008-1034 20

El concepto de ‘ingreso imputado’, hemos visto, está

recogido en las Guías de 2006.55 Esta figura se utiliza

cuando “las circunstancias pertinentes requieren que al

ingreso real de la parte alimentante se le sumen cantidades

de dinero adicionales”.56 Es decir, al ingreso real del

alimentante se le imputarán cantidades adicionales aunque

éstas no se estén produciendo realmente. Esto permite que

al cálculo de la pensión que debe aportar un alimentante

que tiene la capacidad de generar ingresos, pero no lo

hace, se le añada aquello que pudo haber generado si

hubiese empleado dicha capacidad. De tal forma, el ingreso

neto, “sumado a los bienes de fortuna del alimentante,

[constituyen] la base real que se utiliza para la fijación

o modificación de la pensión alimentaria”.57

En resumen, el punto de partida para fijar la pensión

alimentaria es el ingreso bruto anual de la persona llamada

a brindar alimentos. Para fijar esa cantidad, hay que

referirse al concepto de ‘ingreso’ según definido por la

Ley número 5 y las Guías de 2006. Acto seguido, se calcula

el ingreso neto ordinario restando las deducciones exigidas

por ley y aquellas otras que son aceptadas por el

ordenamiento. Posteriormente, al ingreso neto ordinario se

le imputará aquel ingreso que, aunque no se esté generando

realmente, se pudo haber generado. Finalmente, el foro 55 Artículo 4(17). 56 Sarah Torres Peralta, Op. Cit., p. 4.31. 57 Íd., p. 8.06. CC-2008-1034 21

adjudicador podrá atemperar la cuantía calculada tomando en

consideración el capital o patrimonio total del

alimentante. La pregunta que nos ocupa es en cuál de los

pasos previamente mencionados, si alguno, caben aquellos

bienes que son adquiridos por herencia.

IV.

En primer lugar, atendemos la interrogante de si unos

bienes, sean inmuebles o muebles, adquiridos mediante una

herencia constituyen, como tal, ingreso. Recientemente nos

topamos con una interrogante similar. En Llorens Becerra v.

Mora Monteserín, 2010 T.S.P.R. 72, 178 D.P.R. ___ (2010)

consideramos si la capitalización producto del

refinanciamiento de un préstamo con garantía hipotecaria

constituía ingreso al amparo de la Ley número 5, según

enmendada, y las Guías para Determinar y Modificar las

Pensiones Alimentarias.58 En aquella ocasión resolvimos que

lo obtenido en virtud de un préstamo no constituía ingreso.

Al referirnos al mandato de la Ley número 5 de hacer una

lectura liberal de sus disposiciones manifestamos que:

Si bien el concepto ingreso incluido en la Ley Núm. 5 es uno abarcador y que requiere una interpretación amplia en favor del derecho del menor alimentista, las inclusiones bajo dicho concepto deben, a su vez, representar ganancias, beneficios, rendimiento o frutos con los que

58 En este caso, las Guías vigentes eran aquellas recogidas en el Reglamento 4070 de 8 de diciembre de 1989. Como hemos visto, en cuanto a la definición de ingreso, no hay diferencia entre éstas. CC-2008-1034 22

realmente cuente el alimentante, de forma tal que se establezca una pensión justa y razonable.59

Es decir, no obstante el mandato de ley de llevar a

cabo una interpretación liberal de los conceptos incluidos

en ella, no podemos insertar en el estatuto algo que está

excluido y que no se relaciona con los elementos

expresamente incluidos.60 En Llorens Becerra v. Mora

Monteserín, supra, resolvimos que la definición estatutaria

de ingreso no incluía dinero prestado porque éste no

constituye ganancia. Ahora bien, también concluimos que,

aunque lo obtenido mediante préstamo no constituía ingreso,

ello “no significa que el valor de las propiedades de quien

está obligado a prestar alimentos o las deudas y

obligaciones prestatarias en que éste haya incurrido no

puedan considerarse en forma alguna para determinar su

capacidad económica”, como parte del capital o patrimonio

total que debe tomarse en consideración.61

Al igual que en Llorens Becerra v. Mora Monteserín,

supra, nos vemos obligados a llenar una laguna en la ley,

59 Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 2010 T.S.P.R. 72, p. 25. 60 “[L]as palabras asociadas se explican y limitan entre sí”. R. Elfren Bernier & José Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes, Segunda Edición, 1987, Vol. I, p. 339. “Cuando las palabras generales siguen a palabras específicas en una enumeración descriptiva, las palabras generales se interpretan para que incluyan solamente objetos similares en su naturaleza a los enumerados por las palabras específicas que los preceden”. Íd., p. 341. 61 Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 2010 T.S.P.R. 72, pp. 28-29. Énfasis suplido. CC-2008-1034 23

ante el silencio legislativo sobre la herencia como

ingreso. Para ello, recurriremos a otras expresiones

legislativas en las que se define el concepto de

“ingreso”.62

62 En Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, p. 24, hicimos la siguiente expresión de cautela:

A pesar de que la definición de ingreso de la Ley Núm. 5 incluye una redacción casi idéntica a la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954, la interpretación del concepto ingreso que hemos discutido tiene un carácter meramente ilustrativo en lo que respecta a la controversia ante nuestra consideración. El alto interés público de asegurar el bienestar de los menores alimentistas y el derecho de éstos a recibir alimentos, como uno que es inherente a su derecho a la vida, podría requerir una interpretación aún más abarcadora del concepto ingreso en el contexto de la imposición de una pensión alimentaria.

Así, la interpretación que adoptemos debe ser cónsona con el propósito de la Ley Núm. 5 de asegurar el bienestar de los menores alimentistas. A su vez, la interpretación del concepto ingreso debe concordar con el principio de proporcionalidad que rige la fijación de una pensión alimentaria.

No obstante, en San Juan Trading Co. v. Secretario de Hacienda, 80 D.P.R. 807, 816 (1954), al interpretar el alcance del concepto de ‘ingreso bruto’ dentro del contexto contributivo, reconocimos la importancia de una “amplia y generosa interpretación que dé cumplimiento al propósito legislativo de ejercer a plenitud la facultad de imponer tributos”. Es decir, por haber un interés elevado del estado tanto en recaudar contribuciones como en velar por el cumplimiento con las obligaciones alimentarias de los padres para con sus hijos, es razonable explorar las similitudes en las definiciones del término ‘ingreso’ en ambas áreas. CC-2008-1034 24

La sección 1022 del Código de Rentas Internas de 1994

define lo que constituye ingreso para fines contributivos.63

De forma expresa, el Código de Rentas Internas excluye de

la definición de ingreso las donaciones, mandas, legados y

herencias.64 Sin embargo, el propio Código incluye una serie

de excepciones a esa regla general de que las herencias no

constituyen ingreso. Estas son: ingreso de los bienes

adquiridos por donación o herencia; cuando la donación o

herencia consiste de ingreso de bienes; o cuando la

donación o herencia son para pagarse a intervalos.65 Esto es

así, pues “siendo ya el heredero o donatario el titular de

la propiedad, es el dueño por derecho propio del ingreso

que el bien produce y le corresponde, por lo tanto,

incluirlo en su ingreso bruto”.66 Esto, a su vez, es cónsono

con el propio mandato del Código de Rentas Internas que, en

su definición de ingreso, incluye “ganancias o beneficios e

ingresos derivados de cualquier procedencia”.67 Es decir,

que si bien el principal de una herencia no se considerará

63 13 L.P.R.A. § 8422. 64 13 L.P.R.A. § 8422(b)(3). 65 Genovevo Meléndez Carrucini, Ingreso No Tributable: Exclusiones y Doctrina, 1994, p. 211. 66 Íd., p. 215 (Énfasis suplido). 67 Íd. (Énfasis suplido). Este lenguaje es similar al utilizado por la Ley número 5, según enmendada, 8 L.P.R.A. § 501(16), en su definición de ingreso cuando se refiere a “ganancias, beneficios, rendimientos, fondos, emolumentos o compensación derivados de cualquier procedencia”. (Énfasis suplido). CC-2008-1034 25

ingreso para efectos contributivos, lo que se genere de esa

herencia sí lo será.

En cuanto a las razones por las cuales el ordenamiento

contributivo no considera una herencia como ingreso, nos

dice Meléndez Carrucini que “[t]radicionalmente, las

herencias y donaciones se han sometido a la contribución

sobre herencias y donaciones solamente. Imponerles además

la contribución sobre ingresos, equivaldría a someter el

mismo valor, aunque técnicamente no el mismo evento, a

doble tributación, onerosidad que el legislador, según

parece, procuró eludir con la exención de uno de los

eventos, en este caso, el de la contribución sobre

ingresos”.68 Es decir, la explicación que nos propone

Melendez Carrucini de por qué no se imponen contribuciones

sobre ingreso a lo recibido por herencia no corresponde a

nuestra realidad actual, pues desde 1983 también se exime

de contribuciones al acto de donar o dejar en herencia

algún bien.69 Sin embargo, lo cierto es que, casi 30 años

después de eximir a las herencias de contribución por ese

evento, la Asamblea Legislativa ha mantenido la exclusión

de los bienes adquiridos mediante herencia de la definición

de ingreso tributable para efectos de contribución por

ingreso.

La definición de “ingreso” que encontramos en la Ley

número 5 nos revela un hilo conductor: la estrecha relación 68 Íd., p. 210. 69 Íd. CC-2008-1034 26

entre este término y los conceptos de esfuerzo, trabajo y

ganancia.70 Es evidente la exclusión de otros elementos que,

si bien constituyen riqueza, no guardan relación con el

trabajo ni con la visión del ingreso como producto de una

labor realizada o una ganancia obtenida. Esa relación está

presente en otros sectores de nuestro ordenamiento que

intentan precisar las ideas de ‘ingreso’ y ‘ganancia’. Lo

encontramos, a modo de ejemplo, como elemento definitorio

de los bienes sometidos al régimen ganancial en aquellos

matrimonios sujetos a la sociedad legal de gananciales.71

Aquí también se utilizan como criterio separador los

elementos de esfuerzo, industria y trabajo. En el artículo

1301 del Código Civil se mencionan los bienes obtenidos por

industria, sueldo o trabajo y los frutos, rentas o

intereses percibidos o devengados provenientes de bienes

comunes o peculiares como bienes de naturaleza ganancial.

También está presente este criterio diferenciador en el

artículo 1299 del Código Civil, aunque en sentido

contrario, al caracterizar expresamente los bienes

adquiridos por título lucrativo por donación, legado o

herencia como de naturaleza privativa. La Ley número 5, al

igual que el artículo 1301 del Código Civil, expresamente

incluye como “ingreso” que debe ser considerado para

70 Véase nota al calce número 60 sobre la interpretación estatutarias y las palabras asociadas. 71 Artículos 1299 y 1301 del Código Civil, 32 L.P.R.A. § 3631 y § 3641, respectivamente. CC-2008-1034 27

computar una pensión alimentaria a la industria y al

sueldo, así como a las rentas e intereses devengados.72

V.

Si bien nuestra normativa y jurisprudencia son base

suficiente para interpretar el alcance del concepto de

“ingreso” según definido por la Ley número 5 y determinar

si éste incluye bienes adquiridos por herencia, entendemos

provechoso, por su valor persuasivo e ilustrador, analizar

cómo otras jurisdicciones han atendido controversias

similares.

Varias jurisdicciones de los Estados Unidos han

atendido directamente la interrogante de si se debe

considerar una herencia como ingreso73 para determinar una

pensión alimentaria a favor de un menor de edad. Teniendo

en cuenta que muchas de esas interpretaciones corresponden

a definiciones estatutarias que no necesariamente son

iguales a la nuestra, examinaremos algunas de ellas, con

la debida cautela.

72 Otro ejemplo en el campo del régimen económico del matrimonio, que ayuda a ver la distinción entre dos tipos de riquezas al momento de determinar si es ganancial o privativo, es la clasificación que se hace de la compensación que recibe un cónyuge por concepto de daños y perjuicios. A pesar de que se trata de una compensación monetaria, hemos resuelto que, por no constituir ganancia, lo recibido por ese concepto debe ser considerado como un bien privativo. Robles Ostolaza v. U.P.R., 96 D.P.R. 583, 595-596 (1968). Tampoco es considerado como ingreso para efectos de una pensión alimentaria. 73 “Income”. CC-2008-1034 28

Los casos resueltos en las jurisdicciones

estadounidenses se pueden agrupar en tres tendencias. La

tendencia mayoritaria ha resuelto que lo adquirido mediante

herencia no constituye ingreso y que se pueden imputar

ingresos a partir de lo que los bienes heredados produjeron

o pudieron haber producido si se hubiesen invertido. Estos

tribunales concluyen, además, que la totalidad de la

herencia puede ser un factor subjetivo a considerar para

ajustar la pensión. La segunda tendencia entiende que la

herencia no constituye ingreso y que sólo se puede tomar en

consideración como factor contextual al momento de fijar el

monto de una pensión alimentaria. La tendencia minoritaria

considera que una herencia sí constituye ingreso para

efectos de determinar una pensión.74

74 No nos convence la tendencia minoritaria en las jurisdicciones estadounidenses que caracterizan la herencia como ingreso para efectos de cómputo de la pensión alimentaria. En algunos de esos casos, esa conclusión se basa en definiciones estatutarias que, si bien no mencionan herencias expresamente, incluyen las donaciones como un tipo de ingreso. Este es el caso de Virginia (Forsythe v. Forsythe, 41 Va. Cir. 82 (1996)) e Indiana (Gardner v. Yrttima, 743 N.E. 2d 353 (Ind. App. 2001)) cuyos tribunales han resuelto equiparar la herencia a la donación. Sin embargo, nuestro ordenamiento no permite esta analogía. En primer lugar, las donaciones tampoco están incluidas expresamente en la definición de ingreso ofrecida en la Ley número 5 o en las Guías de 2006. En segundo lugar, en Puerto Rico, si bien existen gracias testamentarias cuya causa es la mera liberalidad semejante a las donaciones, como en el caso de un legado a un extraño, la herencia en muchos casos obedece a requisitos de ley como la institución de la herencia forzosa en las legítimas de descendientes y ascendientes que tienen poco que ver con el ánimo de liberalidad. Dávila v. Agrait, 116 D.P.R. 549, 575 (1985). CC-2008-1034 29

Vemos un ejemplo de la tendencia mayoritaria en Nueva

Jersey, donde se ha resuelto que si bien el principal de

una herencia no constituye ingreso, los intereses generados

por ésta se imputarán como ingreso. Además, se ha

determinado que el caudal heredado se puede tomar en

consideración para computar la pensión aunque no constituya

ingreso propiamente.75 En cuanto a la imputación de los

ingresos devengados de la herencia, no se distingue entre

lo que realmente se devengó y lo que se pudo haber

devengado: “The voluntary choice of the father placing his

inheritance in a non-income producing asset should not

result in an exclusion of that asset from consideration in

the child support equation”.76

En otros estados no se han incluido los bienes

heredados como ingreso, pero no se ha adoptado la figura

del ingreso imputado; en vez, se ha resuelto que esos

bienes deben considerarse como un factor subjetivo al

75 Connell v. Connell, 712 A.2d 1266, 1269 (N.J. Super. A.D. 1998). 76 Íd. A igual conclusión se llegó en Connecticut (Stula v. Stula, FA 940544358S 1998, Conn. Super. LEXIS 523), Arkansas (Halter v. Halter, 959 S.W. 2d 761, 762 (Ark. App. 1998), en donde se resolvió que se puede emplear tanto una ganancia hipotética como cualquier ganancia que la herencia podía haber generado, y Missouri (Gal v. Gal, 937 S.W. 2d 391 (Mo. App. E.D. 1997) en donde el tribunal determinó que la herencia no era ingreso sino que se podía utilizar para descifrar la situación económica del alimentista. En el estado de Washington, se ha resuelto que el monto principal de una herencia no es ingreso para efectos de una pensión alimentaria, pero que los frutos e intereses producidos por ésta sí lo son. Así se concluyó también en Ohio (Reech v. Reech, No. 70241, 1997 Ohio App. LEXIS 318) y en Alaska (Robinson v. Robinson, 961 P.2d 1000 (Alaska 1998); Crayton v. Crayton, 944 P.2d 487, 490 (Alaska 1997)). CC-2008-1034 30

momento de fijar una pensión definitiva. Entre estos

estados se encuentra Pennsylvania donde el Tribunal Supremo

interpretó que la omisión legislativa de incluir a la

herencia en un listado detallado de los bienes que

constituyen ingreso indica que ésta no cabe dentro de la

definición estatutaria de ingreso. Cabe destacar que la

definición estatutaria de ingreso77 de ese estado es similar

a la nuestra.78 Aún así, el Tribunal Supremo de Pennsylvania

determinó que la herencia puede afectar la cantidad

otorgada como pensión, pues las guías alimentarias del

estado incluyen una referencia a los activos79 del

alimentante como un factor que debe considerarse.80

La interpretación de la mayoría de los tribunales

estatales de los Estados Unidos está en sintonía con los

pronunciamientos del Tribunal Supremo de España al amparo

77 “Income”. 78 § 4302 Domestic Relations Code, 23 Pa. C.S. §§ 101-8215. 79 “Assets”. 80 En California, al igual que en las jurisdicciones mencionadas anteriormente, el monto principal de una herencia no se considera ingreso para efectos de una pensión alimentaria. County of Kern v. Castle, 89 Cal. Rptr. 2d 874 (Cal. App. S Dist. 1999). Al igual que en Puerto Rico, la definición estatutaria de ingreso no menciona la herencia expresamente. Íd., p. 878. Pero, los tribunales han resuelto que se puede tomar en consideración lo que llama “this newly found wealth” al momento de determinar la cuantía de una pensión, con el objetivo de que el menor alimentista pueda compartir el nivel de vida mejorado de su padre. Íd., p. 883. A semejante conclusión se ha llegado en Nueva York (Cody v. Cody, 735 N.Y.S. 2d 181, 291 A.D. 2d 27 (2001)), y Massachusetts (Croak v. Bergeron, 856 N.E. 2s 900 (Mass. App. Ct. 2006)) y en el Distrito de Columbia (Lasche v. Levin, 977 A.2d 361 (D.C. 2009)). CC-2008-1034 31

de los artículos 143 y 146 del Código Civil. En el caso

particular de una herencia, en la Sentencia de 11 de

octubre de 1951,81 el Tribunal Supremo avaló una pensión

alimentaria basada en una “cantidad equivalente al 80 por

100 del valor líquido de las rentas de los bienes

relictos”.82 Es decir, no exigió el uso de la totalidad de

los bienes relictos al momento de calcular la cuantía de

una pensión, sino que se limitó a imputar como ingreso el

valor líquido de los beneficios producidos por dichos

bienes.

VI.

Al momento de fijar una pensión alimentaria tanto la

doctrina como la jurisprudencia han empleado numerosos

conceptos cuyo uso intercambiable, a pesar de sus

similitudes, se presta a confusión. Por ejemplo, se ha

hecho referencia a “recursos”,83 “capacidad económica”,84

“bienes”,85 “fortuna”,86 “ingreso”,87 “estilo de vida”,88

81 Repertorio de Jurisprudencia 2347, Aranzadi, pp. 1591-92. 82 (Énfasis suplido). 83 Artículo 146 del Código Civil, 32 L.P.R.A. § 565; Serrano Geyls, Op. Cit., p. 1465; Padial Albás, Op. Cit., p. 248; Sarah Torres Peralta, Op. Cit., p. 8.01. 84 Chévere v. Lewis, supra, p. 530; Ferrer v. González, supra, pp. 179-180; Tribunal Supremo de España, Sentencia de 16 de julio de 2002, Repertorio de Jurisprudencia 6246, Aranzadi, p. 11101; Sarah Torres Peralta, Op. Cit., p. 8.04. 85 Betancourt v. Larregui, supra, p. 607; Tribunal Supremo de España, Sentencia de de 31 de diciembre de 1957, Repertorio de Jurisprudencia 3564, Aranzadi, p. 2376. CC-2008-1034 32

“posición social de la familia”,89 “beneficios”,90

“ganancias”,91 “posibilidad económica”,92 “caudal”,93

“medios”94 y “capital o patrimonio”.95

Si bien la obligación general de alimentar proviene del

artículo 143 del Código Civil, cuyo mandato es amplio y a

la misma vez impreciso, a tenor con el principio de

especialidad debemos recurrir principalmente a la Ley

número 5 y las Guías de 2006 al atender una controversia

sobre alimento de menores. Como hemos visto, el asunto de

umbral para fijar la cuantía de una pensión alimentaria de

86 Chévere Mouriño v. Levis Goldstein, supra, p. 502; Padial Albás, Op. Cit., p. 250; Beltrán Heredia y Onís, Op. Cit., p. 59. 87 Chévere v. Lewis, supra, p. 530; Ferrer v. González, supra, p. 179-180; Tribunal Supremo de España, Sentencia de 14 de abril de 1962, Repertorio de Jurisprudencia 1704, Aranzadi, p. 1137. 88 López v. Rodríguez, supra, p. 33; Chévere Mouriño v. Levis Goldstein, supra, p. 502; Ferrer v. González, supra, p. 180. 89 Guadalupe Viera v. Morell, supra, p. 14; Beltrán de Heredia y Onís, Op. Cit., p. 59. 90 Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 2009 T.S.P.R. 187, p. 24. 91 Íd. 92 Padial Albás, Op. Cit., p. 247. 93 Beltrán de Heredia y Onís, Op. Cit., p. 59; Tribunal Supremo de España, Sentencia de 28 de junio de 1951, Repertorio de Jurisprudencia 1888, Aranzadi, p. 1292; Sentencia de 5 de octubre de 1993, Vol. IV, Repertorio de Jurisprudencia 7464, Aranzadi, p. 9505. 94 Sentencia de 5 de octubre de 1993, Vol. IV, Repertorio de Jurisprudencia 7464, Aranzadi, p. 9505. 95 Ley número 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 8 L.P.R.A. § 518(b). CC-2008-1034 33

un hijo o hija menor de edad que no vive con un padre es

determinar cuáles son sus ingresos. Para ello hay que

recurrir a la definición de ingreso de la Ley número 5 y

las Guías de 2006.

Esta definición de ingreso no menciona expresa ni

implícitamente los bienes adquiridos por herencia. No se

trata de una omisión involuntaria. En Puerto Rico, a

diario, se traspasan bienes producto de particiones de

herencia. No obstante, la legislatura no incluyó estos

bienes en la definición de ingreso de la ley. Esto es

cónsono con la exclusión de las herencias para efectos

contributivos y del régimen económico de un matrimonio

sujeto a la sociedad legal de gananciales. Es decir, hay

una tendencia palpable en nuestro ordenamiento de separar

los bienes producto del trabajo, que constituyen ganancia,

de otros tipos de riqueza, al menos en cuanto se refiere a

la definición de “ingreso”. Más aún, se advierte una

tendencia consistente y reiterada de separar la institución

de la herencia del concepto de ingreso. La controversia

ante nuestra consideración no es la excepción.

Sin duda, los bienes adquiridos mediante herencia

constituyen riqueza para quien los recibe. No obstante, no

encontramos nada en nuestra normativa que nos permita

catalogar dicha riqueza como ingreso. Más aún, cuando se

trata de bienes que son recibidos como producto de un

evento que no es recurrente. Por tanto, resolvemos que los

bienes adquiridos mediante herencia no constituyen ingreso CC-2008-1034 34

para efectos del cómputo de una pensión alimentaria al

amparo de la Ley número 5 de 1986, según enmendada, y las

Guías de 2006. Tampoco lo son bajo el artículo 146 del

Código Civil.

No obstante, cónsono con la distinción entre la

herencia y los bienes producidos por ésta que el Código de

Rentas Internas considera ingreso para efectos

contributivos, así como los pronunciamientos del Tribunal

Supremo de España y la tendencia mayoritaria de la

jurisprudencia estadounidense, resolvemos que la figura de

imputación de ingreso aplica a los bienes adquiridos

mediante herencia, sean éstos de naturaleza mueble o

inmueble. Esto es consistente con la propia Ley número 5

que, en su definición de “ingreso”, incluye cualesquiera

“ganancias, beneficios, rendimientos, fondos, emolumentos o

compensaciones derivados de cualquier procedencia”.96 En

efecto, a través de nuestra discusión del concepto de

“ingreso”, es notable la referencia al elemento de fruto o

ganancia derivado de alguna fuente principal, sin que dicha

fuente se considere ingreso por sí misma.97

Por tanto, para determinar el ingreso bruto de un

alimentante, a los bienes adquiridos mediante herencia se

les imputará un ingreso, independientemente de si producen

ese ingreso en la realidad. Si los bienes heredados

96 8 L.P.R.A. § 501(16) (Énfasis suplido). 97 Martínez v. Rodríguez, supra, p. 156; 8 L.P.R.A. § 501(16). CC-2008-1034 35

producen ingresos, se trata meramente de aplicar el mandato

de ley que identifica cualquier ganancia derivada de

cualquier procedencia como ingreso computable a efectos de

la pensión. Si no se produce en realidad, se trata de la

aplicación de la figura de imputación de ingreso recogida

en la propia Ley número 5,98 y en las Guías de 2006.99 Le

corresponde a los foros de instancia, en ejercicio de su

sana discreción y a la luz de la totalidad de las

circunstancias del caso particular, realizar este cómputo.

Además de imputarle ingreso a los bienes heredados,

resolvemos que la cantidad y naturaleza de estos bienes

constituyen un factor legítimo que deben considerar los

foros de instancia al evaluar si una pensión alimentaria es

justa y si es consistente con la verdadera situación

económica del alimentante. Es decir, se puede utilizar como

factor subjetivo para ajustar la cantidad de una pensión de

tal forma que sea verdaderamente proporcional a la

capacidad económica del alimentante. Llegamos a esta

conclusión como consecuencia del mandato de ley que le

requiere a los tribunales tomar en consideración el capital

o patrimonio total del alimentante. En fin, se trata de un

ajuste que queda a la sana discreción del tribunal según su

apreciación de las circunstancias y de la prueba

presentada.100 98 8 L.P.R.A. § 518(b). 99 Artículo 4(17). 100 Mundo v. Cervoni, supra, p. 427. CC-2008-1034 36

VII.

En el caso de autos, estamos ante un padre alimentante

que no ha rehuido de su responsabilidad de proveer

alimentos para su hijo menor de edad. Este pleito inició,

precisamente, con una demanda presentada por el propio

peticionario para que se fijara la cuantía de la pensión

que pagaría a favor de su hijo. La controversia ante

nuestra consideración se limita a cómo fijar una pensión

alimentaria que sea justa y proporcionada a las capacidades

del padre alimentante y a las necesidades del menor

alimentista, según establecido por nuestra Asamblea

Legislativa en la Ley número 5, según enmendada.

El señor Fonseca Zayas genera un ingreso mensual neto

de $3,000. Producto de la muerte de su padre en el 2006,

éste obtuvo mediante herencia bienes que suman $170,000 en

propiedades y $48,000 en efectivo. Como hemos visto, estas

cantidades, de por sí, aunque constituyen riqueza, no deben

ser consideradas como ingreso. Tanto el Tribunal de Primera

Instancia como el Tribunal de Apelaciones erraron al

considerar estos bienes al momento de computar el ingreso

mensual neto del peticionario.

No obstante, a estos bienes heredados se les debe

imputar un ingreso según lo que hubiesen producido si se

hubieran invertido. Corresponde al foro de instancia llevar

a cabo este análisis. Será esa cantidad la que se le

imputará al peticionario como parte de su ingreso mensual. CC-2008-1034 37

Es decir, se le añadirá al ingreso mensual neto de $3,000

una cantidad equivalente a lo que en ese periodo de tiempo

hubiesen producido los bienes heredados de haberse

invertido. Tras determinar el ingreso mensual neto y

calcular la pensión a partir de esa cantidad, el tribunal

de instancia podrá ajustar la cantidad final, dentro de su

sana discreción, como parte de un análisis sobre el impacto

global de los bienes hereditarios en la capacidad económica

del alimentante.

Por las razones expuestas anteriormente, se revoca la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso

al Tribunal de Primera Instancia para la celebración de

procedimientos ulteriores consistentes con esta Opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

Liana Fiol Matta Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la celebración de procedimientos ulteriores consistentes con esta Opinión.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo