EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido Certiorari vs. 2005 TSPR 23 Joseph P. McCloskey, c/p Joseph Patrick McCloskey Díaz 163 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2003-390
Fecha: 8 de marzo de 2005
Tribunal de Apelaciones:
Circuito Regional I, Panel IV de San Juan
Juez Ponente:
Hon. Gilberto Gierbolini
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Nelson Biaggi García
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Mayra J. Serrano Borges Procuradora General Auxiliar
Materia: Artículo 264 Código Penal
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrido
vs. CC-2003-390 CERTIORARI
Joseph P. McCloskey, c/p Joseph Patrick McCloskey Díaz
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2005
El 6 de julio de 2001, el señor Rafael Betances
Rexach, Director de RBR Construction, S.E., presentó
una denuncia contra el aquí peticionario, Joseph P.
McCloskey Díaz, y contra Joseph P. McCloskey Vázquez
y Luis E. Pérez, imputándoles la comisión del delito
tipificado en el Art. 264 del Código Penal de Puerto
Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4551.1
1 Dicho Artículo dispone: Toda persona que con el propósito de defraudar a otra haga, extienda, endose o entregue un cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a cargo de cualquier banco u otro depositario, a sabiendas de que el emisor o girador no tiene suficiente provisión de fondos en dicho banco o depositario para el pago total del cheque, giro, letra u orden, a la presentación del mismo, ni disfruta de autorización expresa para girar en descubierto, será sancionada con multa hasta el doble del importe CC-2003-390 2
Alegó Betances Rexach que el 14 de diciembre de 2000, las
referidas personas libraron un cheque sin fondos a la
orden de su empresa por la cantidad de $85,715.79. 2 Surge
de su testimonio que cuando intentó cambiar el cheque en
la sucursal de Hato Rey del Eurobank, el referido Banco se
negó a pagar su importe. Betances Rexach testificó,
además, que al encontrarse con McCloskey Díaz, e indicarle
lo sucedido, este último le expresó que el no pago del
cheque se había debido seguramente a un error y le
recomendó que intentara cobrarlo nuevamente. Betances
Rexach, según alegó, intentó cambiar el cheque nuevamente,
volviendo a negarse el antes mencionado Banco a honrar el
mismo por insuficiencia de fondos.
El 6 de junio de 2001, el representante legal de RBR
Construction, S.E., le cursó una carta al peticionario
McCloskey Díaz, a manera de interpelación, conforme a lo
dispuesto y requerido en el Art. 266 del Código Penal de
Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4553. 3 Dicha carta provocó
de dicho cheque, giro, letra u orden, pero nunca mayor de cinco mil (5,000) dólares, o pena de reclusión de un día por cada cincuenta (50) dólares que deje de satisfacer hasta un máximo de noventa (90) días, o ambas penas a discreción del tribunal. El tribunal podrá imponer además la pena de restitución. 2 No surge del expediente que los libradores hubiesen hecho, al expedirse el cheque, alguna advertencia o manifestación al señor Betances sobre la no disponibilidad de fondos, o de cualquier otra índole, respecto al cheque emitido. 3 Dicho Artículo dispone, en lo pertinente, lo siguiente: (Continúa . . .) CC-2003-390 3
una secuela epistolar de parte del representante legal de
McCloskey Díaz. En síntesis, y en lo pertinente, la
posición asumida por el peticionario McCloskey Díaz, y su
representación legal, fue a los efectos de que el alegado
acto delictivo no fue cometido debido a que el cheque fue
expedido en relación con una deuda preexistente y no en
pago de algo obtenido en el momento de su expedición.
Habiéndose determinado causa probable, el juicio en
su fondo se celebró ante la Sala Superior de San Juan del
Tribunal de Primera Instancia. Terminado el desfile de la
prueba de cargo, McCloskey Díaz presentó una moción de
absolución perentoria, alegando que procedía que se
decretara la misma por razón de que él no había firmado el
cheque en controversia. El tribunal de instancia declaró
___________________________
Ninguna persona será sancionada de acuerdo a la sec. 4552 de este título a menos que se pruebe, a satisfacción del tribunal, que el tenedor del cheque, giro, letra u orden, o su agente, ha avisado personalmente o mediante carta certificada con acuse de recibo al girador y al endosante a su última dirección conocida para que pague al tenedor, o a su agente, en la dirección que se indicará en el aviso, el importe del cheque, giro, letra u orden dentro de un plazo no menor de diez (10) días laborables si el girador o endosante a quien se dirige el aviso residiere en la localidad del tenedor y no menor de quince (15) días laborables si residiere en otro municipio o fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicho término se computará desde la fecha del aviso al girador o endosante del cheque, giro, letra u orden no pagada. CC-2003-390 4
culpable a McCloskey Díaz del delito de expedición de
cheques sin fondos, absolviendo a los otros coacusados. 4
Éste fue sentenciado al pago de una multa por la suma de
$5,000.00, el pago de las costas del procedimiento, y al
pago de la cantidad de $5,000.00 como pena de retribución.
Inconforme, McCloskey Díaz presentó un recurso de
apelación el 19 de abril de 2002 ante el Tribunal de
Apelaciones, el cual confirmó la sentencia del foro
inferior por considerar que la prueba desfilada ante el
Tribunal de Primera Instancia fue suficiente para
demostrar el propósito de defraudar en las actuaciones del
acusado.
Aún insatisfecho con la actuación judicial, el 22 de
marzo de 2003, McCloskey Díaz acudió ante este Tribunal
alegando que el Tribunal de Apelaciones había errado al:
...hallar culpable al apelante [McCloskey Díaz] en ausencia de prueba sobre el elemento de hacer, extender, endosar o entregar un cheque sin fondos.
4 Conforme surge de la “minuta”, que recoge los procedimientos acaecidos ante el tribunal de instancia, del día 17 de enero de 2002, el juez de instancia expresó:
Analizada toda la prueba, el Tribunal considera que únicamente en cuanto a J.P. McCloskey c/p Joseph Patrick McCloskey Díaz debe recaer el fallo de culpabilidad. Es la persona a quien el perjudicado le hace la expresión de que el cheque no había sido cobrado y éste le indicó que eso era un error y que lo volviera a depositar, por lo que es una admisión de hechos. CC-2003-390 5
...hallar culpable al apelante en ausencia de prueba sobre el propósito de defraudar al emitir un cheque sin fondos.
Expedimos el recurso. Estando en posición de resolver
el mismo, procedemos a así hacerlo.
I
Los elementos esenciales del delito de expedición de
cheques sin fondos, según lo dispuesto en el Art. 264 del
Código Penal de Puerto Rico, antes citado son: (1.) hacer,
extender, endosar o entregar un cheque, giro, letra u
orden de pago de dinero, a cargo de cualquier banco u otro
depositario, (2.) con conocimiento de que no tiene
suficientes fondos para el pago ni disfruta de
autorización expresa para girar en descubierto, y (3.)
tener el propósito de defraudar. Pueblo v. Somarriba
García, 131 D.P.R. 462, 468 (1992); Valentín Cruz v.
Torres Marrero, 80 D.P.R. 463, 477 (1958).
Dejando a un lado, por el momento, los primeros dos
elementos antes enumerados, vemos que, para que pueda
configurarse el delito de expedición de cheques sin
fondos, debe existir, como elemento subjetivo
indispensable, el “propósito de defraudar” por parte del
librador.
Sobre este aspecto, hemos expresado en ocasiones
anteriores que en aquellos casos donde se imputa un delito
de intención específica y donde no existen manifestaciones CC-2003-390 6
del imputado que reflejen su estado anímico al momento de
cometer los hechos, el ministerio público depende de la
prueba relacionada con las circunstancias en que se comete
el delito para probar el elemento de la intención
criminal. Esto es, la intención criminal se evalúa en
virtud de los hechos pertinentes anteriores, concomitantes
y posteriores del caso. Pueblo v. Moreno Morales I, 132
D.P.R. 261, 287 (1992); Pueblo v. Ríos Maldonado, 132
D.P.R. 146, 164-65 (1992); Pueblo v. Torres Nieves, 105
D.P.R. 340, 346 (1976).
No obstante lo anterior, en el caso particular del
delito de expedición de cheques sin fondos, nuestro
legislador dispuso, con carácter de ley especial, que se
considerará evidencia prima facie del propósito de
defraudar un hecho “posterior” a la comisión del delito;
esto es, la falta de pago después de la interpelación.5
Sobre este particular, reiteramos en Pueblo v.
Somarriba García, ante, a las págs. 468 y 469, lo
expresado en Pueblo v. Cuevas Collazo, 54 D.P.R. 301
(1939), en cuanto a que:
el propósito de este requerimiento de pago [la interpelación] es proveer un procedimiento para comprobar a posteriori, o sea, por hechos subsiguientes, cuál era la intención o el propósito que tuvo en su mente el librador de un
5 Dispone el Art. 267 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4554, que “la falta de pago después de dicha interpelación por parte del que ha girado, firmado, endosado o entregado dicho cheque, giro, letra u orden, se considerará prima facie como propósito de defraudar”. CC-2003-390 7
cheque sin fondos en el momento de expedirlo o entregarlo a otra persona.
Evidentemente, estamos ante un delito que requiere
para ser consumado, de una parte, la acción de extender,
hacer, endosar o entregar el cheque del cual se sabe que
no tiene provisión de fondos y, de otra parte, la omisión
de no pagar el importe del cheque una vez se interpela al
librador. Dora Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico,
Instituto para el Desarrollo del Derecho, 1995, pág. 416.
Precisamente, al quedar probada la referida omisión por
parte del librador es que se demuestra su intención
defraudadora.
Esto es, en ausencia de manifestaciones del imputado
que reflejen su estado anímico al momento de cometer los
hechos, el Ministerio Público podrá presentar, conforme al
Art. 267, ante, evidencia de la falta de pago después de
la interpelación para probar la intención criminal
defraudadora. Lo dispuesto por el Art. 267 es
perfectamente legítimo, toda vez que se trata de la
presentación, por parte del ministerio fiscal, de prueba
sobre hechos relacionados y posteriores al libramiento del
cheque. Véase Pueblo v. Moreno Morales I, ante; Pueblo v.
Moreno Morales I, ante; Pueblo v. Ríos Maldonado, ante;
Pueblo v. Torres Nieves, ante. CC-2003-390 8
II
El peticionario McCloskey, amparándose en unas
expresiones que hiciera este Tribunal en Pueblo v. Cuevas,
ante, sostiene la errónea teoría de que la intención de
defraudar y, por ende, el delito de expedición de cheques
sin fondos, no se configuran cuando se expide el cheque
para el pago de una deuda preexistente.
En su alegato, el peticionario cita la siguiente
expresión, contenida en Pueblo v. Cuevas, ante:
La compañía acreedora no ha sufrido perjuicio alguno como consecuencia del libramiento del cheque, pues éste fué (sic) expedido para abonar a una deuda preexistente y no en pago de efectos comprados en el momento de su expedición. Pueblo v. Cuevas, ante, a la pág. 307.
Esta expresión, sacada fuera de contexto, es
utilizada por el peticionario como fundamento para su
teoría, repetimos, de que la intención de defraudar y, por
ende, el delito de expedición de cheques sin fondos, no se
configuran cuando se expide el cheque para el pago de una
deuda preexistente; ello, según exponen, porque bajo
dichas circunstancias el librador no causa perjuicio
alguno al tenedor del cheque, siendo el perjuicio un
elemento fundamental en la definición de lo que constituye
la acción de defraudar.
La referida expresión debe interpretarse dentro del
contexto de la Opinión en que fue expresada. La misma se
encuentra dentro del siguiente contexto: CC-2003-390 9
El fraude, sinónimo de engaño, consiste en la falsa representación, mediante palabras o por actos, de hechos materiales, por la cual una persona de razonable discreción y confianza es inducida a actuar a su perjuicio, en la supresión de hechos materiales que una persona está legalmente obligada a revelar a otra.
No hubo en el presente caso intento o propósito de defraudar. El acusado al entregar el cheque al representante de su acreedor reveló a éste el hecho de que él no tenía fondos suficientes para su pago. No se consumó ni podía consumarse fraude alguno contra la compañía acreedora, porque ésta aceptó el cheque a sabiendas de que no había fondos en el banco para su pago y que el pago se haría cuando y si al librador le fuera posible depositar fondos para cubrirlo. La compañía acreedora no ha sufrido perjuicio alguno como consecuencia del libramiento del cheque, pues éste fué [sic] expedido para abonar a una deuda preexistente y no en pago de efectos comprados en el momento de su expedición. Ibíd. (énfasis suplido y citas omitidas).
Al analizar lo anterior junto con el texto completo
de la Opinión emitida en Pueblo v. Cuevas, ante, nos
podemos claramente percatar de que el ratio decidendi en
dicha Opinión se fundamenta, precisamente, en el hecho de
que en ese caso no podía existir la intención de defraudar
en la mente del imputado porque él expresamente le indicó
al tenedor del cheque que el mismo no tenía fondos. El
perjuicio que pudo haber sufrido la compañía acreedora en
dicho caso, aunque es un factor importante al momento de
determinar si hubo fraude o no, no fue tomado en cuenta
por este Tribunal, toda vez, que habíamos concluido
previamente que no se configuró la intención de defraudar
por razón de las advertencias hechas por el librador --de CC-2003-390 10
que no había fondos-- al momento del libramiento del
cheque. La expresión hecha en Pueblo v. Cuevas, ante, en
cuanto a que la compañía acreedora no había sufrido
perjuicio alguno como consecuencia del libramiento del
cheque por haber sido éste expedido en pago de una deuda
preexistente, debe ser considerada, por lo tanto, dicta
del Tribunal y, en consecuencia, ignorada por
inconsecuente.
Pero aún hay más. La expresión a la que se refiere el
peticionario no sólo no constituye parte del razonamiento
de la Opinión emitida en Pueblo v. Cuevas, ante, sino que
la misma es patente e inherentemente errónea. Pensar que
un acreedor no sufre perjuicio alguno cuando recibe un
cheque sin fondos en pago de una deuda preexistente
resulta, a todas luces, equivocado. Esto es, resulta
absurdo pensar que una persona que presta un servicio o
entrega un producto a otra con la expectativa de que se le
pague el precio pactado, ante la posterior presentación de
la factura de cobro, no sufre perjuicio alguno cuando
posteriormente se le paga con un cheque sin fondos.
Precisamente, el perjuicio sufrido es la ausencia de pago
luego de haberse entregado la mercancía o prestado el
servicio. Ciertamente, y desde un punto de vista práctico,
no encontramos que exista diferencia alguna entre una
situación de hechos en que el librador de un cheque paga
por una mercancía o servicio inmediatamente después de CC-2003-390 11
obtenido el mismo y otra donde el pago se hace
posteriormente.6
Por otro lado, no podemos enfatizar lo suficiente el
efecto nocivo que tendría la adopción de esta teoría en
nuestra jurisdicción, el cual sería devastador para el
flujo comercial del País. Bajo estas circunstancias, nadie
estaría dispuesto a aceptar el pago posterior de una deuda
mediante cheque, giro, letra u orden de pago por conocer
que nuestro sistema penal no castiga la práctica de emitir
6 A manera de ejemplo, consideremos las siguientes dos situaciones, ocurridas dentro del caso hipotético en que A le presta un servicio a B. Bajo el primer supuesto de hecho, inmediatamente después de prestado el servicio, B saca su chequera y extiende un cheque a favor de A en pago por el servicio prestado, entregándoselo en el momento. En el segundo supuesto, B, en lugar de pagar inmediatamente, le indica a A que le pagará mediante cheque, pasados 30 días desde que se prestó el servicio, y así lo hace. En ambos casos, el cheque no tiene fondos.
Ante estos dos supuestos, no vemos porqué, en el primer caso, A puede denunciar con éxito a B de expedición de cheques sin fondos, mientras que en el segundo caso A no tiene a su disposición semejante remedio, supuestamente porque A no sufrió perjuicio alguno, por tratarse de una deuda preexistente.
Cabe preguntarse, exactamente qué supone una deuda preexistente en estos casos bajo la tesis del peticionario. Es decir, si bajo el cuadro hipotético anterior A rindiera el servicio a B y luego B le indicara a A “pase a buscar su cheque en la tarde”, o bien le dijera “pase mañana en la mañana”. Esto, ¿constituiría un pago de deuda preexistente? ¿Podría A denunciar con éxito a B por la comisión del delito de expedir cheques sin fondos?
Los anteriores ejemplos --de los miles que pueden existir-- son más que suficientes para demostrar las “fallas” de las que adolece la referida posición, las cuales, repetimos, son evidentes. CC-2003-390 12
estos instrumentos sin provisión de fondos cuando se hace
en pago de deudas preexistentes.
Por los efectos adversos que tendría una posición como la que hoy propone el peticionario y por la misma ser inherentemente errónea e ilógica, no podemos avalar la misma.
III No obstante la incorrección de la posición asumida
por el peticionario McCloskey en el presente caso, estamos
contestes en que procede la revocación de la sentencia
apelada; ello por razón de que no quedó demostrado que el
peticionario haya hecho, extendido, endosado o entregado
el cheque sin fondos librado a favor de RBR Construction,
S.E.
Al comparar el cheque emitido en el presente caso con
la tarjeta de firmas autorizadas para suscribir el mismo,
que también fue presentado en evidencia, nos damos cuenta
de que la firma de McCloskey Díaz no figura en el cheque.
Las firmas contenidas en el mismo coinciden con las firmas
de los señores Luis E. Pérez Pagán y Joseph P. McCloskey
Vázquez que aparecen en la tarjeta de firmas.7
7 En cuanto a este asunto, de la “Estipulación de Prueba Oral” sometida por las partes el 31 de mayo de 2002 al Tribunal de Apelaciones sólo surge que el señor Rafael Betances testificó que el cheque le fue entregado el 14 de diciembre de 2000 y que no sabía quién lo había firmado, pues un empleado suyo fue quien se lo entregó. Tampoco surge que se haya presentado prueba sobre quién le entregó el cheque a su empleado. CC-2003-390 13
No obstante esta ausencia de prueba, el Tribunal de
Primera Instancia le impuso responsabilidad criminal a
McCloskey Díaz -–y, curiosamente, absolvió a Pérez Pagán y
a McCloskey Vázquez, acusados por el mismo delito-- sólo
porque el primero fue el único interpelado y porque luego
de la interpelación le dijo al perjudicado que depositara
nuevamente el cheque. Lo anterior, definitivamente, no es
suficiente para probar o demostrar uno de los elementos
del delito de expedición de cheques sin fondos y sin el
cual no se configura el tipo delictivo, a saber: el hacer,
extender, endosar o entregar el cheque (Art. 264, ante).
El Tribunal de Primera Instancia erró al concluir que
la mera indicación por parte de McCloskey al perjudicado
de que presentara, nuevamente, el cheque ante el Banco
constituyó un libramiento, endoso o entrega a los efectos
de la disposición penal contenida en el Art. 264, ante. Si
bien se podría argumentar que McCloskey Díaz --al
indicarle a Betances Rexach que depositara nuevamente el
cheque-- tuvo alguna intención de defraudarlo, no quedó
demostrado que él hubiera hecho, extendido, endosado o
entregado el cheque en cuestión; razón por la cual, no hay
duda, procede decretar la revocación de la sentencia que
hoy revisamos.
Pero, hay más. Como surge del expediente del caso hoy
ante nuestra consideración, uno de los testigos del
ministerio fiscal --ejecutivo del Banco Eurobank-- declaró
que dicha institución financiera permitió que los CC-2003-390 14
libradores del cheque en cuestión se sobregiraran en su
cuenta de cheques --esto es, el Banco pagaba u honraba los
sobregiros-- en un sinnúmero de ocasiones, práctica que se
había convertido en usual. Testificó, además, el referido
testigo que en virtud de ello los giradores del cheque
podían haber tenido la expectativa de que el cheque
expedido fuera honrado por Eurobank. Siendo ello así, en
el presente caso está claramente ausente la intención de
defraudar ya que los libradores podían haber pensado que
dicho cheque sería honrado por Eurobank.
IV
Procede, en consecuencia, exonerar al peticionario
McCloskey Díaz por los antes mencionados fundamentos.
Actuar de otra manera atentaría contra el principio de
legalidad consagrado en el Artículo 8 de nuestro Código
Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3031, por no haberse probado, en
este caso, todos los elementos del delito, claramente
dispuestos en el estatuto penal.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente se dicta Sentencia revocatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia, se exonera al peticionario Joseph P. McCloskey.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Corrada del Río emitió Opinión concurrente a la cual se unió el Juez Asociado señor Rivera Pérez. Los Jueces Asociados señor Fuster Berlingeri y señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2003-390 Certiorari
Joseph P. McCloskey, c/p Joseph Patrick McCloskey
Opinión Concurrente del Juez Asociado SEÑOR CORRADA DEL RÍO a la cual se une el Juez Asociado SEÑOR RIVERA PÉREZ
San Juan, Puerto Rico, 8 de marzo de 2005.
Nos corresponde resolver si una persona
comete el delito de expedición de cheques sin
provisión de fondos, tipificado en el Artículo
264 del Código Penal de Puerto Rico, 33
L.P.R.A. sec. 4551, cuando expide el cheque
El 6 de julio de 2001, el señor Julio
Rafael Betances Rexach, Director de RBR
Construction, S.E., presentó una denuncia en
contra de Joseph Patrick McCloskey Díaz (en
adelante, “señor McCloskey” o “peticionario”),
Joseph Peter McCloskey Vázquez y Luis E. Pérez
Pagán imputándoles la comisión del delito de CC-2003-390 2
insuficiencia de fondos contemplado en el Artículo
264 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec.
4551. En esencia, les imputó haber expedido el cheque,
timbrado Sunrise Partners II, S.E., de la cuenta número
0114008924 del Eurobank, a favor de RBR Construction,
S.E., por la cantidad de $85,715.19, con conocimiento de
que el referido instrumento negociable no tenía fondos
suficientes ni gozaba de autorización expresa para girar
al descubierto.
Habiendo determinado causa probable para acusar, el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan
(en adelante, “TPI”), señaló la celebración de la vista
en su fondo para el 9 de agosto de 2001. Llegada la
vista, el Ministerio Fiscal presentó como prueba el
testimonio del señor Betances Rexach, quien declaró que
los acusados le debían $85,715.89, procedente de un
trabajo de construcción realizado y de alquiler de equipo
pesado. A tales efectos, presentó una factura por la
renta de equipo pesado y aclaró que todavía se le adeuda.
Asimismo, presentó en evidencia el cheque librado de
fecha de 14 de diciembre de 2000. El señor Betances
Rexach declaró que le fue entregado ese cheque como pago
de la referida factura y que al ir a la Sucursal de
Eurobank, en Hato Rey, el Banco se negó a cambiarlo.
Señaló que en el banco se encontró con el peticionario y
le informó de lo sucedido. El peticionario le indicó que
seguramente se trataba de un error y le recomendó que
intentara depositarlo nuevamente.
Conforme a ello, el señor Betances Rexach expresó
que en dos ocasiones posteriores intentó cambiar el CC-2003-390 3
cheque, pero el banco no lo honró. El TPI admitió en
evidencia un documento que consta de dos hojas de
depósito, una de 19 de diciembre de 2000 y la otra de 3
de enero de 2001, ambas del Banco Santander. Atestó que
el cheque tenía que haber sido firmado por los acusados y
que una de esas firmas debía ser la del peticionario. El
TPI admitió en evidencia una carta dirigida al
peticionario, la cual se identificó como una carta de
requerimiento de pago.
El otro testigo de cargo fue Raúl Blanco Tercel,
Gerente del Departamento de Cobro de Eurobank, quien
declaró que obtuvo la tarjeta de firma de la cuenta de
los acusados y que de dicho documento surge que las tres
personas autorizadas a firmar eran éstos. 8 Testificó,
además, que el 15 de diciembre de 2000, fecha aproximada
en que el cheque fue girado, la cuenta tenía un sobregiro
de “once mil y pico de dólares.” Asimismo, el señor
Blanco Tercel señaló que para el 20 de diciembre de 2000,
fecha en que fue depositado el cheque por primera vez, la
cuenta tenía un sobregiro de “ciento dieciocho mil y pico
de dólares” y para el 4 de enero de 2001, fecha en que
fue depositado por segunda vez, la cuenta tenía un
sobregiro de “ciento veintiséis mil y pico de dólares.”
Durante el contrainterrogatorio, el Gerente declaró
que a los acusados se les había permitido sobregirarse en
una variedad de ocasiones, por lo que ellos podían tener
la expectativa de que el cheque fuera honrado. Aclaró
8 Una fotocopia de la tarjeta de las firmas fue admitida en evidencia por el TPI. Apéndice del recurso, a la pág. 200. CC-2003-390 4
que él no es quien autoriza que se conceda un sobregiro y
que desconoce las razones por las cuales el cheque no fue
honrado.
Por su parte, la evidencia de la defensa consistió
en varias comunicaciones escritas que le cursara su
abogado al Lcdo. Gerardo A. Quirós López, representante
legal de RBR Construction, en respuesta a la carta de
Luego de concluida la vista en su fondo, el 15 de
noviembre de 2001, el peticionario presentó una moción de
absolución perentoria bajo las disposiciones de la Regla
135 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R.135,
fundamentada en que el Ministerio Público no había
establecido la intención de defraudar.
Sin embargo, el 17 de enero de 2002, el TPI declaró
culpable únicamente al aquí peticionario y lo sentenció
al pago de una multa de $5,000.00, de una pena especial
pecuniaria de $100.00, más las costas del proceso.
En desacuerdo, el 18 de enero de 2002, el
peticionario presentó nuevamente una moción de absolución
perentoria cuestionando el fallo dictado en su contra.
Por su parte, el Ministerio Público presentó una moción
solicitando que en adición a la multa se le impusiera al
peticionario la pena de restitución.
Así las cosas, el 20 de marzo de 2002, el TPI
notificó la sentencia emitida el 17 de enero de 2002 y en
la misma denegó la solicitud de absolución perentoria
presentada por el peticionario y le impuso una pena de
restitución de $5,000.00. CC-2003-390 5
Inconforme, el 19 de abril de 2002, el peticionario
presentó un recurso de apelación ante el anterior
Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante, “TA”),
el cuál confirmó la sentencia del foro primario. Al así
hacerlo, el TA expresó que la prueba desfilada ante el
foro primario fue suficiente para demostrar el propósito
de defraudar. Asimismo, el foro a quo concluyó que el
peticionario hizo caso omiso al ser confrontado con la
situación del cheque y al requerírsele el pago mediante
carta. Ello, según el TA, constituyó evidencia prima
facie del propósito de defraudar.
Inconforme aún, el 22 de mayo de 2003, el
peticionario acudió ante este Tribunal, mediante escrito
de certiorari, formulando los siguientes señalamientos de
error:
1. Erró el Tribunal de Instancia al hallar culpable al apelante en ausencia de prueba sobre el elemento de hacer, extender, endosar o entregar un cheque sin fondos.
2. Erró el Tribunal de Instancia al hallar culpable al apelante en ausencia de
prueba sobre el propósito de defraudar al emitir un cheque sin fondos.
Mediante Resolución de 22 de agosto de 2003,
expedimos el presente recurso. Contando con el
beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos
en posición de resolver.
II CC-2003-390 6
Por la naturaleza de los señalamientos de error,
comenzamos con la discusión del segundo, esto es, si
con la expedición del cheque sin fondos como pago de
una deuda preexistente, quedó probada la “intención de
defraudar” que requiere el Artículo 264 del Código
Penal, supra.9
¿Constituye el libramiento de un cheque sin
fondos, como pago de una deuda preexistente, un delito
al amparo del Artículo 264 del Código Penal? ¿Se
configura la “intención de defraudar” aun cuando el
librador del referido instrumento no ha recibido algún
bien o servicio a cambio? Veamos.
El Artículo 264 del Código Penal, supra, dispone
que:
Toda persona que con el propósito de defraudar a otra haga, extienda, endose o entregue un cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a cargo de cualquier banco u otro depositario, a sabiendas de que el emisor o girador no tiene suficiente provisión de fondos en dicho banco o depositario para el pago total del cheque, giro, letra u orden a la presentación del mismo, ni disfruta de autorización expresa para girar en descubierto, será sancionada con multa hasta el doble del importe de dicho cheque, giro, letra u orden, pero nunca mayor de cinco mil (5,000.00) dólares, o pena de reclusión de un día por cada cincuenta (50) dólares que deje de satisfacer hasta un máximo de noventa (90) días, o ambas penas a discreción del Tribunal. El Tribunal podrá imponer además la pena de restitución.
9 De determinarse que la expedición de un cheque sin fondos como pago de una deuda preexistente no infringe la disposiciones del Código Penal, será innecesario entrar a dilucidar el asunto probatorio contenido en el primer señalamiento de error, esto es, si una de las firmas contenidas en el cheque es la del acusado. CC-2003-390 7
Este Artículo trata de atender la realidad social
de nuestro país, en donde existe una cantidad
dramática de esquemas para defraudar a otras personas,
en los cuales están envueltas cantidades exorbitantes
de dinero. El propósito de las personas que incurren
en la conducta tipificada en este Artículo estriba en
defraudar para lucrarse a gran escala. Véase
Exposición de Motivos, Ley Núm. 149 de 11 de agosto de
2000, a la pág. 988. Por tanto, se hizo necesario que
el legislador puertorriqueño atemperara esta realidad
social a las disposiciones del Código Penal e
incluyera entre las mismas una serie de medidas
dirigidas a proscribir este tipo de conducta.
cheques sin fondos, según identificados por este Tribunal
son:
(1) hacer, extender, endosar o entregar un cheque, giro, letra u orden de pago de dinero, a cargo de cualquier banco u otro depositario con conocimiento de que no tiene suficientes fondos para el pago, y
(2) tener el propósito de defraudar; siendo este último la médula del delito. Pueblo v. Somarriba García, 131 D.P.R. 462, 468 (1992); Valentín v. Torres, 80 D.P.R. 463, 477 (1958).
Es decir, si el Estado no demuestra más allá de
duda razonable que el acusado intentó defraudar al
perjudicado, éste no podrá resultar convicto a pesar
de que conocía que no contaba con fondos suficientes
en su cuenta. Ambos elementos deberán ser alegados en CC-2003-390 8
la acusación y establecidos por la prueba. Pueblo v.
Cuevas, 54 D.P.R. 301 (1939).
El Artículo 7(15) del Código Penal, 33 L.P.R.A.
sec. 3022 define el proceder “fraudulentamente” como
aquel acto cometido mediante “ardid, simulación,
trama, treta o mediante cualquier forma de engaño.”
Mientras que, “defraudar”, significa privar a alguien,
con abuso de su confianza o con infidelidad a las
obligaciones propias, de lo que le toca de derecho.
Diccionario de la Lengua Española, 22 ed., Madrid, Ed.
Espasa-Calpe, 2001, Vol. I., pág. 738.
Cónsono con lo anterior, en Pueblo v. Flores
Betancourt, 124 D.P.R. 867, 876-877 (1989), este Tribunal
expresó que “[d]efraudar quiere decir privar a una
persona de un bien, derecho o interés “con abuso de su
confianza o con infidelidad a las obligaciones propias.” 10 Sobre el particular, este foro puntualizó en que:
Aunque la intención de defraudar implica un “propósito de obtener una ventaja material sobre [otra persona], o de inducirla a desprenderse de algún valor, derecho, privilegio u obligación”, Conferencia Judicial de Puerto Rico, 10 En esa ocasión, este Tribunal interpretó el Artículo 271 del Código Penal, supra, sobre el delito de continúa ...
3 continuación
falsificación de documentos. A pesar de que dicho precepto legal, en sus aspectos básicos, provino del Código Penal argentino, este Tribunal concluyó que la frase “con intención de defraudar a otra persona” tenía su raíz en el Código Penal de 1902, cuya fuente lo es el common law angloamericano, en específico el Código Penal de California de 1873. CC-2003-390 9
Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, 2da. ed., San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1977, pág. 282, el perjuicio no tiene que ser necesariamente patrimonial. Es suficiente que la intención sea frustrar la administración de una ley o lesionar (impair) una función gubernamental”... La intención de defraudar se da en toda modalidad de falsedad que pueda ocasionar daño relevante a algún interés ajeno.... (Énfasis nuestro).11
De lo anterior puede concluirse que, en los casos en
que se emite un cheque sin fondos, para que se configure
la intención de defraudar, es necesario que se prive
simultáneamente al recipiente del cheque de algún bien,
valor o cualquier otro derecho patrimonial que le
corresponda. Dicho en otras palabras, para que pueda
configurarse el delito es necesario que el cheque haya
sido expedido fraudulentamente con la única intención de
obtener algo a cambio del mismo. Por tanto, deberá darse
algún tipo desplazamiento patrimonial entre ambas partes,
esto es, el que expide, endosa o entrega el cheque deberá
enriquecerse con algún bien, valor o servicio y él que lo
11 En People v. Griffith, 262 P.2d 355 (1953), el
Tribunal Supremo de California, expresó que:
An intent to defraud the person to whom the check was delivered is an essential element of the offense charged. (citas omitidas) It is the gist of the offense… No presumption of law will suffice for proof of the intent to defraud…
Intent to defraud is an intent to commit fraud. As defined by lexicographers, the word “defraud” means to deprive the right, either by procuring something by deception or artifice, or by appropriating something wrongfully…. CC-2003-390 10
recibe, al mismo tiempo, deberá experimentar un
correlativo empobrecimiento. Como consecuencia de lo
anterior, concluimos que si un sujeto expide un cheque,
sin intención de beneficiarse u obtener en intercambio
algún bien de valor, no se configura la intención de
defraudar que exige el Artículo 264, supra.
En Pueblo v. Cuevas, 54 D.P.R. 301 (1939), este
Tribunal expresó que “[e]l propósito del estatuto...
es perseguir y castigar la expedición de cheques sin
fondos como medio para defraudar o engañar a la
persona que lo recibe obteniendo de ella dinero o
propiedades.” A tales fines expresamos que:
El propósito de defraudar forma parte y es un elemento esencial del delito que define y castiga la sección 1ª de la Ley núm. 26, supra. Y siendo elemento esencial del delito, debe ser alegado en la acusación y establecido por la prueba.”....
La jurisprudencia que hemos examinado sostiene que cuando en la definición
del delito de dar un cheque sin fondos se incluye el requisito del “propósito de defraudar” la médula (gist) de la ofensa es el conocimiento del librador del cheque en el momento de expedirlo de la insuficiencia de fondos y el propósito de defraudar.
De otra parte, el Artículo 264, supra, hay que
entenderlo e interpretarlo a la luz de las
disposiciones complementarias establecidas en los
Artículos 265 al 268 del Código Penal, 33 L.P.R.A.
secs. 4552-4555. De este modo, para poder procesar a
una persona por el delito de expedición de cheques sin
fondos tipificado en dicho Artículo, y como condición
precedente y jurisdiccional, el Estado deberá CC-2003-390 11
demostrar que el perjudicado avisó personalmente o
mediante carta certificada al girador o endosante de
que el cheque no pudo ser honrado por insuficiencia de
fondos. Pueblo v. Valentín, 131 D.P.R. 462, 469
(1992). 12 A dicho requerimiento se le conoce como la
interpelación, y a través de éste se podrá comprobar a
posteriori, cuál era la intención o estado mental del
librador del cheque sin fondos al momento de expedirlo
y entregarlo a otra persona. Pueblo v. Somarriba,
supra, a las págs. 468-469; Pueblo v. Cuevas, 54
D.P.R. 301, 305 (1939).
Si se demuestra que el librador no efectuó el
pago dentro del período de diez (10) o quince (15)
días, según corresponda, ello constituirá evidencia
prima facie de que al momento de expedirse el cheque 12 El texto literal del Artículo 266 lee de la siguiente manera:
Ninguna persona será sancionada de acuerdo a la sec. 4552 de este título a menos que pruebe, a satisfacción del tribunal, que el tenedor del cheque, giro, letra u orden, o su agente, ha avisado personalmente o mediante carta certificada con acuse de recibo al girador y al endosante a su última dirección conocida para que pague al tenedor, o a su agente, en la dirección que se indicará en el aviso, el importe del cheque, giro, letra u orden dentro de un plazo no menor de diez (10) días laborables si el girador o endosante a quien se dirige el aviso residiere en la localidad del tenedor y no menor de quince (15) días laborables si residiere en otro municipio o fuera del Estado Libre Asociado de continúa... ... 5 continuación
Puerto Rico. Dicho término se computará desde la fecha del aviso al girador o endosante del cheque, giro, letra u orden no pagada.... CC-2003-390 12
el mismo se hizo con el propósito de defraudar.
Artículo 267, supra, nota 4; Pueblo v. Somarriba,
supra, a la pág. 469. Es decir, la falta de pago
después del aviso constituye evidencia de la
intención de defraudar. 13 Una vez el Estado establece
dicha presunción de defraudar, corresponde al acusado
controvertirla.
En síntesis, para que una persona pueda ser
procesada, bajo las disposiciones anteriormente
citadas, ésta deberá expedir o endosar un cheque con
conocimiento de que no tiene fondos, y mediante engaño
apropiarse de bienes o propiedades de algún valor o
recibir servicios a cambio del mismo. Si la situación
del perjudicado en nada cambia con la expedición del
cheque, es decir, si ello no es lo que motiva al
perjudicado a intercambiar simultáneamente el bien o
servicio, la persona que expida el cheque no incurrirá
en este delito.
En otras jurisdicciones estatales que poseen
estatutos similares al nuestro han llegado al mismo
resultado. Dichos foros han establecido que el
otorgar un cheque sin fondos en pago de una deuda
preexistente no viola aquellos estatutos que ni
siquiera hacen referencia a la obtención de algún bien
de valor (como el nuestro), concluyendo, por lo tanto,
que la “intención de defraudar” no se configura si el
13 Por el contrario, el pago oportuno del cheque relevará de responsabilidad criminal a la persona que lo hubiese emitido o endosado. Artículo 268 Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4555. CC-2003-390 13
perjudicado no ha sido despojado de algún bien. Véase
i.e., State v. Durbin, 614 NE2d 799 (Ohio, 1992);
Maggard v. Commonwealth, 262 SW2d 672 (Kentucky,
1953); Thompson v. State, 69 SE2d 206 (Georgia, 1952);
Douglas v. State, 57 SE2d 438 (Georgia, 1950); Moore
v. People, 235 P2d 798 (Colo.1951); State v.
Vandenburg, 2 A2d 916 (Delaware, 1938); Commonwealth
v. Hammock, 250 SW 85 (Kentucky, 1923); Berry v.
State, 111 SE 669 (Georgia, 1922). Cf. People v.
Williams, 230 P 667; People v. Khan, 182 P 803
(California, 1919).
Teniendo este trasfondo jurídico como marco de
referencia, procede que resolvamos la controversia
ante nuestra consideración. CC-2003-390 14
III
Al examinar la situación que se nos presenta en el
caso de autos, vemos que no fue la expedición del
cheque sin fondos lo que motivó que la compañía RBR
Construction S.E. prestara los servicios de
arrendamiento por construcción. Es decir, el cheque
no indujo a dicha compañía a prestar servicio o equipo
alguno. Los servicios fueron prestados dos meses
antes de que el cheque fuese expedido. La posición de
la referida compañía al recibir dicho pago quedó en la
misma situación: antes de la expedición del cheque
Sunrise Partners, S.E. ya le debía $85,715.79, después
de la expedición aún le quedan debiendo la misma
cantidad.
Tratándose de un cheque en pago de una deuda
preexistente, y no habiendo el Estado demostrado más
allá de duda razonable que fue la intención del señor
McCloskey defraudar a la referida compañía, no medió
aquí la intención criminal de defraudar contemplada en
el Artículo 264 del Código Penal, supra,. Al ser este
un elemento esencial del delito, existe una ausencia
total de prueba en cuanto al mismo, por lo que procede
que se desestime la acusación en contra del
peticionario.
De otra parte, debemos llamar la atención a que de la
declaración del propio testigo del Ministerio Público, el
señor Blanco Tercel, se desprende que el banco contra el
cual se giró el cheque acostumbraba a cubrir los
sobregiros de la cuenta en cuestión, y por ello se podría CC-2003-390 15
inferir que el señor McCloskey tenía una expectativa
razonable de pago. 14 Ello abona a nuestra conclusión de
que el cheque no fue expedido con la intención de
defraudar al señor Betances Rexach.
Generalmente, la expectativa razonable de pago
constituye una defensa que puede levantar un acusado
en este tipo de casos y con ella puede controvertir
exitosamente la presunción de defraudar. State v.
Stemen, 106 N.E. 2d 662 (Ohio, 1951).
Por los fundamentos expuestos, concurrimos con el
dictamen del Tribunal al decretar la exoneración del
BALTASAR CORRADA DEL RÍO
Juez Asociado
14 Según surge de la Estipulación de Prueba Oral, el señor Blanco Tercel declaró que “a Sunrise Partners II, S.E., se le permitió sobregirarse en una variedad de ocasiones y que el historial según dicho Exhibit demuestra que esto era usual. Que en virtud de ello los giradores del cheque pueden tener la expectativa que fuera honrado. Que desconoce porque no lo fue.