El Pueblo De Puerto Rico v. Alexander González Ramos

2005 TSPR 134

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: September 16, 2005
• Docket: CC-2005- 0 495
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido Certiorari vs. 2005 TSPR 134 Alexander González Ramos 165 DPR ____ Recurrente

Número del Caso: CC-2005-495

Fecha: 16de septiembre de 2005

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Región Judicial de Utuado

Juez Ponente:

Hon. Germán J. Brau Ramírez

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcda. Vilma A. Vega Saavedra Lcdo. Miguel A. Rodríguez Cartagena

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Salvador J. Antonetti Stutts Procurador General

Materia: Art. 82, 83 173, 173(b), 180, 262, 5.04, 5.05, 5.15

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Recurrido

vs. CC-2005-495 CERTIORARI

Alexander González Ramos

Recurrente

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2005

Por hechos alegadamente ocurridos el 21 de

septiembre de 2004 durante un asalto en una

residencia en Lares, Alexander González Ramos,

fue acusado, como coautor, por los delitos de

asesinato en primer grado en su modalidad de

asesinato estatutario, conspiración, robo

domiciliario, y robo de vehículo de motor 1 , y por

violaciones a la Ley de Armas, Ley Núm. 17 de 19

de enero de 1951, 25 L.P.R.A. secs. 411 et seq.

El ministerio fiscal radicó los correspondientes

pliegos acusatorios, bajo las disposiciones del

Código Penal de 1974, ante el Tribunal de Primera

1 Artículos 82, 83, 262, 173, y 173 (B) del Código Penal, 33 L.P.R.A. secs. 4001, 4002, 4523, 4279 y 4279(b). CC-2005-495 2

Instancia, Sala Superior de Utuado, el 21 de enero de 2005.

El juicio en su fondo comenzó el 11 de mayo de 2005.

Así las cosas, el 16 de mayo de 2005, el peticionario,

González Ramos presentó ante el foro primario una moción de

desestimación. Alegó, en síntesis, que los cargos

presentados en su contra debían ser desestimados. Como

fundamento para ello sostuvo que, al haber entrado en vigor

el nuevo Código Penal de 2004 2 , debían aplicársele de forma

retroactiva --a través del Artículo 9 de este nuevo cuerpo

legal o, en la alternativa, a través del Artículo 4 del

Código Penal de 1974-- las disposiciones “más benignas”, en

cuanto a la definición de asesinato estatutario, del Código

Penal de 2004. Arguyó, que la nueva definición del asesinato

estatutario que ofrece el Artículo 106 del nuevo y vigente

Código Penal añade el elemento de que éste sea “consecuencia

natural” de la comisión del delito y la producción de la

muerte, esto es, que quedó abolida la doctrina del felony

murder rule. Alegó, además, que la interpretación del

Artículo 308 del nuevo Código Penal tiene el efecto de

suprimir la definición anterior de asesinato estatutario, al

añadir el elemento de “consecuencia natural”, ya que la

nueva doctrina de asesinato estatutario y de coautoría no

extienden automáticamente la responsabilidad de una persona

que se le imputa haber participado en el delito base.

2 Mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 2004, con vigencia el 1ro. de mayo de 2005. CC-2005-495 3

El ministerio fiscal se opuso a la moción de

desestimación presentada por el acusado. Alegó, en síntesis,

que el Artículo 8 del nuevo Código Penal dispone que la ley

penal se aplicará a hechos realizados durante su vigencia y

que el Artículo 308 plasmó concluyentemente la directriz de

que las disposiciones del nuevo Código nunca pudiesen

aplicarse retroactivamente, beneficiaran o no al imputado.

En vista de ello, sostuvo que el acusado no tenía razón al

señalar que debían aplicársele, de forma retroactiva, las

disposiciones del Código Penal de 2004 que alegadamente le

benefician.

Por otro lado, y en cuanto a la definición del

asesinato estatutario, el Estado alegó que el nuevo Código,

no suprimía esta modalidad sino que, más bien, lo que hacía

era establecer expresamente la relación de causalidad con el

delito base, la cual, según sostuvo, siempre había estado

inmersa en la prueba que se presenta en los casos de

asesinato estatutario.

El 17 de mayo de 2005, el tribunal de instancia

denegó, en corte abierta, la moción de desestimación.

Determinó que no procedía resolver la controversia en cuanto

a si la definición de asesinato estatutario que ofrece el

nuevo Código Penal constituye una disposición penal más

favorable que beneficia al acusado por entender que no había

diferencia en cuanto a la definición de asesinato CC-2005-495 4

estatutario bajo el viejo Código y la definición que ofrece

el nuevo Código Penal.3

Inconforme con dicho proceder, González Ramos acudió

--mediante recurso de certiorari-- ante el Tribunal de

Apelaciones. Alegó, en síntesis, que el foro primario había

errado al denegar la moción de desestimación presentada ya

que, bajo el nuevo Código Penal, la conducta que se le

imputa no era constitutiva de asesinato estatutario y que,

en la medida en que el Artículo 308 impedía la aplicación

retroactiva del nuevo Código, el mismo era inconstitucional.

El foro apelativo intermedio, emitió resolución

denegando la expedición del recurso solicitado. Expresó en

la misma que la etapa en que se había presentado el

mencionado recurso no era la propicia para que éste

interviniese ya que la adjudicación de las controversias

planteadas tendría el efecto de interrumpir los

procedimientos ante el foro primario.

Aun inconforme, González Ramos acudió --mediante

recurso de certiorari-- ante este Tribunal, planteando como

error, en síntesis y en lo pertinente, que el Tribunal de

Apelaciones erró al no entrar a dirimir la moción de

desestimación la cual trata sobre una controversia novel y

al no determinar que el Artículo 308 del Nuevo Código Penal

era inconstitucional y contradictorio con lo establecido en

el Artículo 4 del antiguo Código Penal. De igual forma, el

3 Vale la pena destacar que el referido foro nada dispuso en cuanto a la alegación de que el nuevo Código Penal tuviese aplicación retroactiva. CC-2005-495 5

31 de mayo de 2005, el peticionario presentó una moción en

auxilio de nuestra jurisdicción solicitando que

paralizáramos los procedimientos ante el foro de instancia

mientras se dilucidaba la controversia ante este Tribunal.

En virtud de la referida solicitud, el 1 de junio de

2005, mediante Resolución a tales efectos, ordenamos la

paralización de los procedimientos a nivel del Tribunal de

Primera Instancia y concedimos el término de cinco (5) días

al Procurador General de Puerto Rico para que expresara lo

que a bien tuviese sobre el recurso radicado, en específico

sobre las disposiciones del primer párrafo del Artículo 308

del nuevo y vigente Código Penal y la interacción del mismo

con el Artículo 4 del derogado Código Penal de Puerto Rico,

33 L.P.R.A. sec. 3004.

El Procurador General ha comparecido en cumplimiento

con lo ordenado. Contando con la comparecencia de las

partes, y estando en posición de resolver el recurso

radicado, procedemos a así hacerlo.

I

A. El principio de favorabilidad

Aun cuando en nuestro ordenamiento penal opera el

postulado básico de que la ley aplicable a unos hechos

delictivos es aquélla vigente al tiempo de cometerse el

delito, Pueblo v. Rexach Benítez, 130 D.P.R. 273, 301

(1992), siguiendo la doctrina continental europea, en Puerto

Rico, al derogar el Código Penal que venía rigiendo desde el CC-2005-495 6

1902, adoptamos el “principio de favorabilidad”, el cual

quedó consagrado en el Artículo 4 del Código Penal de 1974,

El principio de favorabilidad ordena la aplicación

retroactiva de leyes penales más favorables lo que, a su

vez, implica aplicar una ley cuya vigencia es posterior al

acto u omisión realizado. Dora Nevares Muñiz, Derecho Penal

Puertorriqueño, Parte General, 4ta edición revisada, pág.92

El Artículo 4 del Código Penal de 1974 disponía que:

Las leyes penales no tienen efecto retroactivo, salvo en cuanto favorezcan a la persona imputada de delito.

Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al imponerse la sentencia, se aplicará siempre la más benigna.

Si durante la condena se aprobare una ley más benigna en cuanto a la pena o al modo de ejecución la misma se limitará a lo establecido por esa ley.

En los casos de la presente sección los efectos de la nueva ley operarán de pleno derecho. (Énfasis nuestro).

Conforme el mandato de ley antes transcrito, cualquier

acusado tiene derecho a recibir el beneficio provisto por

una ley posterior, siempre que ello resulte más favorable

que lo dispuesto en la ley vigente al momento de la supuesta

comisión de los hechos. Resulta importante señalar que la

doctrina establece que el principio de favorabilidad opera

cuando el legislador hace una nueva valoración de la

conducta punible, en el sentido de excluir o disminuir la CC-2005-495 7

necesidad de su represión penal. Véase, Luis Jiménez de

Asúa, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, pág. 543 (1950).

En la primera oración del antes transcrito Artículo 4

está contenida la prohibición constitucional contra las

leyes ex post facto que emana del Art. II, Sección 12, de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

L.P.R.A., Tomo 1, Pueblo v. Rexach Benítez, ante. Esto

significa que, por mandato constitucional, las leyes penales

que perjudiquen al acusado no pueden aplicarse de forma

retroactiva. 4 Sin embargo, la situación es diferente en

cuanto a las leyes penales más favorables ya que, en cuanto

a estas, no hay disposición constitucional alguna que

prohíba su aplicación.

No obstante lo anterior, el principio de favorabilidad

no tiene rango constitucional, quedando la aplicación

retroactiva de las leyes penales que favorezcan al acusado

dentro de la prerrogativa total del legislador. Es por ello

que el principio de favorabilidad corresponde a un acto de

gracia legislativa cuyo origen es puramente estatutario.

Conforme a lo anterior, el legislador tiene la potestad para

establecer excepciones al principio de favorabilidad,

ordenando la aplicación prospectiva de la ley vigente al

momento de la comisión del hecho punible, aunque sea más

4 La ley ex post facto se refiere a la aplicación retroactiva de una ley que agrava para el acusado su relación con el delito, la oportunidad de defenderse y la forma de cumplir una sentencia o su extensión. Véase, Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, § 19.1, pág. 545- 549. CC-2005-495 8

desfavorable para el acusado que la ley vigente al momento

de la condena. Bascuñán Rodríguez, op. cit. pág. 42. Dicho

de otra manera, un acusado no tiene un derecho

constitucional a la aplicación retroactiva de leyes penales

más favorables.

B. La doctrina de la supresión y las cláusulas de reserva en

el derecho penal norteamericano.

Aun cuando la jurisprudencia norteamericana no ha

formulado una doctrina sobre la aplicación de la ley penal

más benigna, por medio de la doctrina de la supresión

(doctrine of abatement), se atendieron las consecuencias de

este principio de una forma muy similar a la doctrina

continental.5

Bajo la doctrina de la supresión del “common law”,

seguida originalmente por los tribunales norteamericanos, la

derogación de una ley penal resultaba en la supresión de

todos los procedimientos que aun no fuesen finales. Conforme

a la mencionada doctrina, se interpretaba que cuando el

legislador aprobaba un estatuto que derogaba o modificaba un

estatuto penal anterior, tenía la intención de impedir la

aplicación judicial del estatuto derogado o modificado.

Expresa el profesor Bascuñán que esta doctrina impedía, en

5 Véase: Comment, Today´s Law and Yesterday´s Crime: Retroactive Application of Ameliorative Criminal Legislation, 121 U.Pa.L.Rev. 120; Bascuñán Rodríguez, op. cit. pág. 50. CC-2005-495 9

términos absolutos, la preteractividad de la ley penal 6 , ya

que exigía para la validez de la condena que la disposición

formalmente vigente al momento de la comisión del hecho se

encontrara también formalmente vigente al momento de la

sentencia.7

La neutralización de la doctrina de la supresión se

concretó con el establecimiento de cláusulas generales de

reserva (general saving provisions) que disponían el

principio opuesto, esto es, que salvo decisión expresa del

legislador en sentido contrario, los estatutos penales

derogados o enmendados habrían de ser aplicados al

juzgamiento de los hechos cometidos bajo su vigencia.

Bascuñán Rodríguez, op. cit. pág. 55; Lafave & Scott, op.

cit. § 2.5(b).

De este modo, por medio de cláusulas de reserva

generales aplicables a todas las leyes penales derogadas,

enmendadas o reinstaladas, se estableció que al aprobar una

nueva ley penal la intención legislativa no es suprimir los

6 Con el término "preteractividad" el profesor Bascuñán se refiere a la aplicación institucional de una ley penal formalmente derogada, es decir, que ha perdido su vigencia formal al momento de su aplicación judicial en una sentencia, en la cual se juzga un hecho que, sin embargo, fue cometido bajo su vigencia o, excepcionalmente, con anterioridad a su vigencia. op. cit. pág. 34. En otras palabras, que a unos hechos cometidos bajo la vigencia de una ley, debe aplicárseles la misma aun cuando haya sido enmendada o derogada. 7 Bascuñán Rodríguez, op.cit. págs. 50-52, véase además, Wayne R. Lafave & Austin Scott, Substantive Criminal Law, § 2.5(a), (1986); Yeaton v. United States, 9 U.S. 281 (1809) y United States v. Tynen, 78 U.S. 88 (1870). CC-2005-495 10

procedimientos iniciados, y que aun no hubiesen advenido

finales, sino la no supresión de los mismos a menos que la

legislatura lo dispusiere así expresamente. Comment, op.

cit. pág. 127. De igual forma, mediante la aprobación de

éstas, el legislador garantizó la continuidad de los casos

criminales.

El establecimiento de las cláusulas de reserva en el

Derecho penal federal y estatal norteamericano, en

consecuencia, condujo a que la regla general consista en la

preteractividad de la ley penal, sea favorable o

desfavorable, en dichas jurisdicciones. Bascuñán Rodríguez,

op. cit. pág. 120.

La cláusula de reserva federal, aprobada por el

Congreso de los Estados Unidos a estos efectos, la

encontramos en el Título 1 U.S.C. sec. 109. Dicha

disposición estatutaria dispone, en lo pertinente, lo

siguiente8:

“The repeal of any statute shall not have the effect to release or extinguish any penalty, forfeiture, or liability incurred under such statute, unless the repealing Act shall so expressly provide, and such statute shall be treated as still remaining in force for the purpose of sustaining any proper action or prosecution for the enforcement of such penalty, forfeiture, or liability.”

Al analizar la disposición estatutaria antes

transcrita, la pregunta que deben hacerse, y contestar, los

8 Los estados hicieron lo pertinente, formulando sus legisladores cláusulas de reserva similares a la federal. CC-2005-495 11

tribunales es si debe aplicarse una nueva ley en

reconocimiento de la voluntad del legislador de derogar una

ley anterior o aminorar los efectos de una pena o si la

cláusula de reserva debe entenderse a los efectos de que la

intención del legislador es que la nueva ley tenga sólo

efecto prospectivo, ordenando mediante la cláusula de

reserva que se aplique la ley derogada o enmendada como si

todavía estuviere vigente. Comment, op. cit. pág. 131.

II

Abordamos la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los

Estados Unidos interpretativa de la cláusula de reserva

federal. En United States v. Reisinger, 128 U.S. 398 (1888),

el referido foro se enfrentó a la antes transcrita cláusula

de reserva federal. En este caso, se trataba de un acusado

bajo una ley que, al momento del juicio, había sido

derogada. El acusado alegó como defensa que la nueva ley no

contenía una cláusula de reserva que dispusiere que los

hechos cometidos bajo la ley derogada aun pudiesen ser

procesados y castigados por la misma. El Tribunal Supremo

rechazó este argumento y dispuso que la nueva ley debía

analizarse en conjunto con la cláusula de reserva federal.

El referido foro expresó a estos efectos que:

“It is conceded that, under the general principles of the common law, the repeal of a penal statute operates as a remission of all penalties for violations of it committed before its repeal, and a release from prosecution therefore after said repeal, unless there be either a clause in the repealing statute, or a CC-2005-495 12

provision of some other statute expressly authorizing such prosecution. In this case the court is of the opinion that [1 U.S.C. sec. 109], contains such provision”. pág. 401.

De este modo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

reconoció que la aprobación de la cláusula de reserva

federal expresaba la intención legislativa de mantener la

vigencia de las leyes penales derogadas o enmendadas para

todos aquellos hechos cometidos bajo éstas.9

En Hamm v. City of Rock Hill, 379 U.S. 306 (1964), sin

embargo, el Tribunal Supremo federal no siguió la norma

expresada en Reisinger. En este caso se trataba de unos

hechos que, anterior a la aprobación de la Carta de Derechos

Civiles de 1964, 78 Stat. 241, eran considerados, por leyes

estatales, como actos delictivos. 10 Los acusados en este caso

fueron convictos por violación a la ley estatal antes de la

aprobación de la Carta de Derechos. Las convicciones fueron

apeladas en las cortes supremas estatales y fueron

confirmadas por los referidos foros. Presentada la

controversia ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos,

9 Así, por ejemplo, en United States v. Chambers 291 U.S. 217 (1934) a la pág. 223, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos expresó:

“In a case a statute is repealed o rendered inoperative, no further proceedings can be had to enforce it in pending prosecutions unless competent authority has kept the statute alive for that purpose.”(Énfasis nuestro). 10 Las disposiciones penales estatales en cuestión disponían que si una persona permanecía en un establecimiento comercial luego de que el dueño o encargado de dicho establecimiento le hubiese pedido que lo abandonara, dicho acto de resistencia constituía un delito. CC-2005-495 13

los acusados alegaron que bajo la Carta de Derechos Civiles,

la conducta por la cual fueron acusados y convictos, no

constituía delito alguno, ni estatal ni federal, por lo cual

la aprobación de la misma tenía el efecto de suprimir los

procedimientos criminales en su contra. 11 El más alto

Tribunal resolvió que, en efecto, la aprobación de la Carta

de Derechos Civiles tenía el efecto de suprimir las

convicciones de los acusados. El referido foro indicó que la

Carta de Derechos Civiles creaba unos derechos estatutarios

federales que le garantizaban a toda persona estar libre de

discrimen en establecimientos comerciales. Dicho estatuto

proveía para que el acto de intentar recibir servicio en

establecimientos comerciales de forma pacífica --actos por

los cuales fueron acusados los apelantes-- fuese

11 La sección 201 (a) de la Carta de Derechos, pertinente al caso ante la consideración del Tribunal dispone que:

“(a)ll persons shall be entitled to the full and equal enjoyment of the goods, services, facilities, privileges, advantages, and accommodations of any place of public accommodation…” (citas omitidas).

Por su parte, la sección 203 de la Carta de Derechos expresa lo siguiente siguiente:

No person shall (a) withhold, deny, or attempt to withhold or deny, or deprive or attempt to deprive, any person of any right or privilege secured by section 201 or 202, or (b) intimidate, threaten, or coerce, or attempt to intimidate, threaten, or coerce any person with the purpose of interfering with any right or privilege secured by section 201 or 202, or (c) punish or attempt to punish any person for exercising or attempting to exercise any right or privilege secured by section 201 or 202. CC-2005-495 14

descriminalizado. Al analizar la intención legislativa al

aprobar esta medida el Tribunal expresó que el historial

legislativo demostraba que la Carta de Derechos podía

utilizarse como una defensa contra leyes estatales que

prohibían que una persona se beneficiara de los derechos

constitucionales garantizados por ésta.

Por consiguiente, el referido Tribunal resolvió que la

cláusula de reserva federal no podía impedir la supresión de

los procedimientos criminales iniciados contra los acusados

ya que se había sustituido un “crimen por un derecho” y toda

vez que la continuación de los procedimientos sería un acto

inconstitucional. A estos efectos expresó el Tribunal

Supremo que:

“Rather than a retroactive intrusion into state criminal law this is but the application of a long-standing federal rule, namely, that since the Civil Rights Act substitutes a right for a crime any state statute, or its application, to the contrary must by virtue of the Supremacy Clause give way under the normal abatement rule covering pending convictions arising out of a pre-enactment activity. The great purpose of the civil rights legislation was to obliterate the effect of a distressing chapter of our history. This demands no less than the application of a normal rule of statutory construction to strike down pending convictions inconsistent with the purposes of the Act.” Ibid, pág. 315. (Énfasis nuestro).

En consecuencia, el Tribunal Supremo aplicó las

disposiciones de la Carta de Derechos Civiles de forma

retroactiva y ordenó la desestimación de los cargos contra

los acusados. A estos efectos enfatizó que, la aplicación

retroactiva de la ley en este caso se hacía clara toda vez CC-2005-495 15

que la Carta de Derechos Civiles no contenía, en sí misma,

una cláusula de reserva. Sobre el particular, el referido

foro expresó:

“[f]uture state prosecutions under the Act being unconstitutional and there being no saving clause in the Act itself, convictions for pre-enactment violations would be equally unconstitutional and abatement necessarily follows”. Ante, a la pág. 315. (Énfasis nuestro).

Este caso constituye una excepción a la normativa

establecida por el Tribunal Supremo en Reisinger que

resuelve que las cláusulas de reserva tienen el propósito de

impedir que la aprobación de nuevas leyes penales tengan el

efecto de suprimir los procesamientos penales iniciados bajo

la vigencia de la antigua ley porque aquí se trataba de una

conducta que, aunque anteriormente era delictiva, ahora

constituía un derecho protegido por la Constitución federal.

Siguiendo la normativa establecida en Reisinger, ante,

en Bradley v. United States, 410 U.S. 605 (1973), al

analizar la posibilidad de aplicar una ley penal más

favorable de forma retroactiva, el Tribunal Supremo de los

Estados Unidos resolvió que si la mencionada ley contenía en

sí misma una cláusula de reserva, ésta debía prevalecer ya

que la misma expresaba la intención legislativa de que la

ley en cuestión sólo tuviese aplicación prospectiva 12 . En

12 La sección 1103(a) de referida disposición estatutaria dispone: “Prosecutions for any violation of law occurring prior to the effective date of (the Act) shall not be affected by the repeals or amendments made by (it) . . . or abated by reason thereof.” (citas omitidas). CC-2005-495 16

este caso, los apelantes fueron acusados por violación al

Título 26 U.S.C. sección 7237(b) (conspirar para vender

cocaína). La sección 7237(d) de esta Ley disponía que las

sentencias impuestas bajo la sección 7237(b) no podían ser

suspendidas y que los sentenciados bajo la misma no

cualificaban para recibir libertad bajo palabra. Posterior a

la convicción, pero anterior a la imposición de la

sentencia, se aprobó el Comprehensive Drug Abuse Prevention

and Control Act de 1970, ante, el cual dejó sin efecto la

disposición que prohibía que los acusados, bajo los hechos

cometidos por los apelantes, cualificaran para disfrutar de

libertad bajo palabra. Tanto el tribunal de distrito como el

tribunal apelativo se negaron a aplicar las disposiciones

más favorables de la nueva ley.

El foro apelativo, tomando en consideración tanto la

cláusula de reserva federal contenida en el 1 U.S.C. sec

109, como la cláusula de reserva contenida en la sección

1103(a) del Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control

Act, ante, resolvió que dichas disposiciones requerían que

los hechos cometidos antes de dicha ley fuesen procesados

conforme a la ley vigente al momento de su comisión. En

otras palabras, que bajo las cláusulas de reserva, aun

cuando una ley penal hubiese sido derogada por una posterior

el mandato legislativo era a los efectos de que la ley

derogada aplicase como si todavía estuviese vigente. El

Tribunal Supremo de los Estados Unidos confirmó la sentencia

del foro apelativo; resolvió que la cláusula de reserva CC-2005-495 17

federal y la específica, contenida en la nueva ley, impedían

que el tribunal de distrito pudiese aplicar las

disposiciones más benignas de ésta por lo cual el referido

foro tenía que aplicar la ley vigente al momento de la

comisión de los hechos.

reconoció que si una nueva ley penal --que derogue o

enmiende una ley penal anterior-- contiene, en sí misma, una

cláusula de reserva específica, ésta debe prevalecer ya que

tiene el propósito de impedir que las disposiciones de la

misma sean aplicadas a hechos cometidos antes de su

vigencia.

En Warden v. Marrero, 417 U.S. 653 (1974), al igual que

en Bradley, estaba en controversia la aplicación retroactiva

de las disposiciones más favorables del Comprehensive Drug

Abuse Prevention and Control Act, ante. En este caso, el

tribunal de distrito resolvió que las cláusulas de reserva

contenidas en el artículo 1103(a) de la referida disposición

estatutaria y en el Título 1 U.S.C. 109, impedían que esta

ley aplicase de forma retroactiva. Sin embargo, el foro

apelativo intermedio revocó esta determinación y resolvió

que las mencionadas disposiciones estatutarias no podían

interpretarse de modo que se mantuviese la prohibición de la

elegibilidad para recibir libertad bajo palabra cuando la

nueva ley, claramente, había derogado dicha disposición. El

Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó la

determinación del foro apelativo. El Supremo federal, al CC-2005-495 18

expresarse acerca del alcance de la cláusula de reserva

general indicó que dicha disposición tuvo el efecto de

abolir la presunción en el common law de que la derogación

de un estatuto criminal resultaba en la supresión

(abatement) de todos los procesamientos bajo el mismo que

aun no fuesen finales y firmes en el último foro autorizado

para revisarlos. 13 En particular, el referido Tribunal

expresó:

In consequence, the saving clause has been held to bar application of ameliorative criminal sentencing laws repealing harsher ones in force at the time of the commission of an offense. Ibid, pág. 661.

El Tribunal Supremo resolvió que al aplicar la cláusula

de reserva federal la disposición legal derogada, sección

7237(d), “sobrevivía” tal derogación y debía ser aplicada --

como si todavía estuviese en vigor-- a todos los hechos

cometidos bajo su vigencia aun cuando la nueva ley resultase

en un tratamiento más favorable para el acusado. Ante los

argumentos de los peticionarios en cuanto a que la nueva ley

reflejaba la intención del Congreso de aminorar la pena de

una conducta y que por tanto, ésta debía tener aplicación

retroactiva, el Tribunal Supremo expresó:

Undeniably this argument has force, but it is addressed to the wrong governmental branch. Punishment for federal crimes is a matter for Congress, subject to judicial veto only when the legislative judgment oversteps constitutional bounds. Ibid, pág. 664.

13 Citando a Bradley v. United States, ante y a Bell v. Maryland, 378 U.S. 226 (1964). CC-2005-495 19

Conforme lo anteriormente expuesto podemos concluir que

la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos

ha reconocido, en lo referente a las cláusulas de reserva,

que las mismas, al neutralizar la doctrina de la supresión,

impiden que una nueva ley penal que resulte ser más

favorable a un acusado, convicto o sentenciado, sea aplicada

de forma retroactiva, aun cuando la nueva ley derogue o

enmiende una ley anterior; lo que a su vez, supone mantener

vigentes las disposiciones legales que regían unos actos

delictivos sin tomar en consideración que las mismas

hubiesen sido derogadas o enmendadas por una ley penal

posterior más favorable. Conforme a ello, la intención

legislativa deberá prevalecer siempre y cuando ésta no

sobrepase los límites constitucionales.

III

A. Cláusulas de reserva en el Código Político de Puerto

Rico.

Al igual que el derecho penal norteamericano, nuestro

derecho estatutario también contempla cláusulas de reserva

generales que aseguran la aplicación de leyes que han sido

derogadas o enmendadas a aquellos hechos ocurridos durante

el período en que las mismas estuvieron formalmente

vigentes; esto es, las referidas cláusulas tienen idéntico

propósito que las cláusulas de reserva norteamericanas.

En Puerto Rico, las cláusulas de reserva se

incorporaron, originalmente, en el Código Político. En el CC-2005-495 20

referido cuerpo legal hay dos cláusulas de reserva. Una está

contenida en el en el Artículo 44, 2 L.P.R.A. sec. 252; la

otra la encontramos en el Artículo 386, 2 L.P.R.A. sec. 253.

El Artículo 44, ante, dispone que:

La revocación de una ley creando un delito, no constituye impedimento para acusar o perseguir y castigar un hecho ya cometido con infracción de la ley así revocada, a menos que no se declare expresamente en la ley derogatoria el propósito de impedir tal persecución o castigo.

Por su parte, el Artículo 386, ante, establece que:

La derogación de cualquier estatuto por la Asamblea Legislativa no tendrá el efecto de exonerar o eximir de ninguna pena, embargo, confiscación o responsabilidad en que se hubiere incurrido bajo dicho estatuto, a menos que la ley derogatoria así lo dispusiere expresamente, y se tendrá por vigente dicho estatuto, al objeto de sostener la respectiva acción o proceso para exigir el cumplimiento de dicha pena, embargo, confiscación o responsabilidad.

La jurisprudencia interpretativa de estas cláusulas, de

parte nuestra, ha sido un tanto contradictoria. Mientras que

en algunas decisiones este Tribunal ha aplicado una ley

penal más favorable, independientemente de las cláusulas de

reserva dispuestas por el Código Político, en otras, se le

ha dado plena eficacia a las mismas.14

Es de notar, sin embargo, que en Pueblo v. Tribunal de

Distrito, 70 D.P.R. 678 (1949) reconocimos que nuestra ley

general de reserva es sustancialmente igual a la cláusula de

reserva general contenida en los Estatutos Revisados de los

14 Véase, por ejemplo: Pueblo v. Velázquez, 35 D.P.R. 599 (1926); Pueblo v. Valentín, 33 D.P.R. 40 (1924); Pueblo v. Rodríguez, 50 D.P.R. 36 (1936); Pueblo v. Otero; 61 D.P.R. 36 (1942). CC-2005-495 21

Estados Unidos, (1 U.S.C. 109), y expresamos que si la

legislatura, al derogar una ley, quiere que cesen las

causas pendientes por infracción a la ley derogada, bien

puede manifestarlo en la ley derogatoria, ya expresa o

implícitamente, cuando de la ley misma surja que fue su

propósito que no se aplicase la ley general de reserva.

Ibid.

Indicamos, en dicho caso 15 , que la jurisprudencia

norteamericana había expresado que la cláusula de reserva

federal debía ser aplicada, a menos que por declaración

expresa o por necesaria inferencia, que surgiera de los

términos de la ley misma considerada en su totalidad,

resultara que se frustraría la intención de la legislatura,

si hubieran de aplicarse las disposiciones de la misma.16

En Pueblo v. Álvarez Torres, 127 D.P.R. 830 (1991) nos

enfrentamos a la situación particular de casos pendientes de

procesamiento en que la ley penal, bajo la cual se procesan

los mismos, es derogada por la Asamblea Legislativa. En este

15 Citando a Hertz v. Woodman, 218 U.S. 205 (1910). 16 En este caso, la ley enmendatoria no contenía ninguna disposición en que de forma expresa o implícita surgiera la intención de la legislatura de excluir la cláusula de reserva contenida en el Artículo 44 del Código Político, ante. Sin embargo, resolvimos que no teníamos duda de que la intención de la Legislatura, al aprobar la ley en cuestión, fue que se archivaran las causas pendientes ya que de su historial legislativo surgía, de modo expreso, que el propósito de ésta fue eliminar las causas pendientes y dar a todo el que no hubiere cumplido con ésta amplia oportunidad de acatarla. Por esta razón, resolvimos que bajo estas circunstancias, las cláusulas de reserva generales no eran de aplicación. CC-2005-495 22

caso la Ley Núm. 34 de 19 de junio de 1987, 34 L.P.R.A.

secs. 2204 y 221517, por la cual sería procesado dicho menor,

había expirado por mandato legislativo. Entre este momento y

la aprobación de la nueva Ley Núm. 14 de 29 de junio de

1989, 34 L.P.R.A. secs. 2204 y 2215 18 , hubo un vacío

estatutario. La controversia del caso giraba en torno a si

la derogación de la Ley anterior, vigente al momento de la

comisión de los hechos, impedía que el Ministerio Público

continuare con el procesamiento, como adulto, del recurrido.

Allí expresamos que en las jurisdicciones estatales

norteamericanas, la derogación --sin una cláusula de reserva

o salvedad (savings clause) respecto a los casos pendientes-

- de un estatuto penal por un organismo legislativo tenía,

como regla general, el efecto de despojar al Estado del

poder de continuar adelante con un procedimiento o proceso

criminal pendiente ante los tribunales 19 . Ibid. Sin embargo,

resulta importante destacar que en dicho caso señalamos que,

en nuestras decisiones anteriores, habíamos resuelto que si

la Asamblea Legislativa, al derogar una ley penal,

interesaba impedir el procesamiento criminal bajo la misma

17 La Ley Núm. 34, ante, privaba de autoridad al Tribunal Superior, Asuntos de Menores, en relación con hechos constitutivos de asesinato y delitos relacionados alegadamente cometidos por menores de catorce (14) años o más. 18 La Ley Núm. 14, ante extendía el término de vigencia de la Ley Núm. 34, ante por dos (2) años adicionales. 19 A estos efectos citamos a: Singer, Sutherland Stat. Const. Secs. 23.28-29 (4ta ed.); Witkin & Epstein, California Criminal Law, 2da ed., San Francisco, Bancroft Whitney Co., 1988, Vol. I, Sec. 69, pág. 87. CC-2005-495 23

de todo caso pendiente ante los tribunales a la fecha de la

derogación, ésta venía en la obligación de así manifestarlo

expresamente; de lo contrario, la derogación de la ley no

constituiría impedimento alguno para que los procedimientos

judiciales pendientes continuaran adelante.20

En resumen, en Álvarez Torres resolvimos que la

aprobación de la Ley Núm. 14 de 1989, ante, no tuvo el

efecto de alterar, afectar, o de alguna forma terminar, los

procedimientos penales comenzados contra menores de edad,

mayores de catorce (14) años, que hubieran sido acusados del

delito de asesinato, y delitos relacionados, al amparo de

las disposiciones de la antes citada Ley Núm. 34 de 1987;

sino todo lo contrario. Indicamos que el propósito e

intención legislativa fue el de conservar el estado de

derecho vigente bajo la mencionada Ley Núm. 34. Por tal

razón, resolvimos que no existiendo en cuanto a la Ley en

cuestión, una manifestación expresa por parte de la Asamblea

Legislativa limitativa de la facultad general que le concede

al Estado los Artículos 44 y 386 del Código Político, ante,

no había razón válida alguna por la cual el Ministerio

Fiscal no pudiese continuar adelante con el procesamiento

del recurrido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 34 de

1987, ante.

20 Pueblo v. Álvarez Torres, ante, a la pág. 839; Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 140, (1961); Pueblo v. Tribunal de Distrito, 70 D.P.R. 678 (1949); Pueblo v. Arecco, 67 D.P.R. 322 (1947). CC-2005-495 24

De toda la discusión anterior, podemos concluir que las

cláusulas de reserva del Código Político de Puerto Rico, al

igual que la cláusula de reserva federal aprobada por el

Congreso de los Estados Unidos, tuvieron como propósito

obtener la continuación de estatutos derogados o enmendados

de modo que estos aplicasen con pleno vigor en lo que

respecta a conducta delictiva realizada durante su vigencia.

B. Cláusulas de reserva en el Código Penal de 1974

Al aprobar el Código Penal de 1974 y derogar el Código

Penal de 1902, el legislador –-aun cuando adoptó el

principio de favorabilidad del derecho continental en su

Artículo 4, mediante el cual las disposiciones penales

aprobadas con posterioridad a unos hechos debían aplicar de

forma retroactiva si las mismas eran más favorables--

incorporó a este nuevo cuerpo legal las cláusulas de reserva

norteamericanas que también se habían incorporado en los

códigos penales estatales. Al establecer las mismas, se

advirtió la intención del legislador de imponer limitaciones

a este principio de favorabilidad. En virtud de ello, el

propio Código Penal de 1974, mediante cláusulas de reserva,

no condicionó su vigencia al principio de favorabilidad

establecido en su Artículo 4, sino que mantuvo la vigencia

de las disposiciones del Código de 1902.

Las cláusulas de reserva del Código Penal de 1974 están

constituidas en sus artículos 281 y 282, 33 L.P.R.A. secs.

4625 y 4626. CC-2005-495 25

El Artículo 281 dispone que:

La promulgación de este Código no constituye impedimento para acusar o perseguir y castigar un hecho ya cometido en violación a las disposiciones del Código Penal aquí derogado o de cualquier otra ley especial de carácter penal.

Por su parte, el Artículo 282 dispone que:

Las disposiciones del Artículo 4 de este Código se aplicarán solamente con carácter prospectivo a partir de la fecha de su vigencia.

El Código Penal de 1974 estableció, en su Artículo 281,

un mandato de aplicación preteractiva de las leyes penales

preexistentes, independientemente del efecto favorable o

desfavorable de dicho mandato, y, con el propósito de evitar

que la introducción del principio de favorabilidad

contrarrestara ese mandato, estableció además en su artículo

282 una prohibición de aplicación retroactiva del artículo

4. Bascuñán, op. cit. pág. 74. En otras palabras, mediante

el Artículo 282 del Código Penal de 1974 se impidió que un

acusado pudiese utilizar el Artículo 4 para invocar las

disposiciones más favorables de ese cuerpo legal.

Varias de las decisiones de este Tribunal, ante

controversias sobre la aplicación del principio de

favorabilidad, interpretaron las cláusulas de reserva del

Código Penal de 1974 en este sentido. Así, por ejemplo, en

el caso de Pueblo v. Rosso Vázquez, 105 D.P.R. 905 (1977),

el acusado había resultado convicto por hechos cometidos

bajo la vigencia del derogado Código Penal de 1902. Bajo el

mismo, la penalidad impuesta no tenía límite máximo mientras CC-2005-495 26

que el Código Penal de 1974 fijaba un límite máximo de 25

años de reclusión. En este caso no aplicamos las

disposiciones más favorables en cuanto a la pena del Código

Penal de 1974 de forma retroactiva ya que los hechos

delictivos y la sentencia por los mismos había sido dictada

con anterioridad a la entrada en vigor del Código Penal de

1974. En este caso expresamos que, aun cuando en su tercer

párrafo el Artículo 4 disponía que si durante la condena se

aprobare una ley más benigna la misma se limitará a lo

establecido por ella, lo ordenado por este cuerpo legal en

su Artículo 282 hacía que la nueva ley fuese inaplicable ya

que la sentencia había sido dictada antes de la fecha de

vigencia del Código Penal de 1974 y el referido Artículo 282

disponía que la aplicación de éste fuese prospectiva, para

delitos cometidos con posterioridad a su vigencia.

Ello no obstante, en Pueblo v. Caballero Rodríguez, 109

D.P.R. 126 (1979), resolvimos en forma contraria; aplicamos

en el mismo el mandato del Artículo 4 del Código Penal de

1974, el cual apuntaba hacia la aplicación retroactiva de la

ley más favorable. En este caso estaba en controversia si el

Artículo 33 del Código Penal de 1974 era una disposición más

benigna por lo cual debía aplicar ésta y no la disposición

del Artículo 41 del Código Penal de 1902. Al responder en la

afirmativa, expresamos que por entender que la disposición

vigente --el Artículo 33 del Código de 1974-- era más

benigna que el Artículo 41 del Código anterior y en

obediencia al citado Artículo 4 del Código vigente, a ella CC-2005-495 27

nos atendríamos. No obstante en este caso, aun cuando estaba

en controversia la aplicación retroactiva de un Artículo del

Código Penal de 1974 a hechos cometidos anterior a su

vigencia, no hicimos referencia alguna a las cláusulas de

reserva específicas contenidas en los Artículos 281 y 282 de

este Código.

En Pueblo v. Moreno Morales I, 132 D.P.R. 261 (1992) el

apelante solicitó le fuesen aplicadas las disposiciones más

benignas de la Ley 100 de 4 de junio de 1980, 34 L.P.R.A.

sec. 1044, aprobada con posterioridad a la comisión de los

hechos, en armonía con el Artículo 4 del Código Penal. En

este caso, no obstante lo resuelto en Pueblo v. Caballero

Rodríguez, ante, resolvimos que las disposiciones del

Artículo 4 del Código Penal, conforme con el Artículo 282,

ante, se aplicarían con carácter prospectivo, a partir de la

fecha de su vigencia. En vista de que, la sección 4 de la

Ley Núm. 100, ante, disponía que la misma comenzaría a regir

nueve meses después de su aprobación, y que sus

disposiciones serían aplicables a personas a ser juzgadas

por hechos delictivos que se cometieran a partir de la fecha

de su vigencia resolvimos que, habiendo ocurrido los hechos

delictivos antes de la vigencia de esa ley, a éstos no le

eran aplicables las disposiciones más benignas de la Ley

Núm. 100, ante, de forma retroactiva en virtud del Artículo

282 del Código Penal, ante y de la disposición de la misma

Ley a los efectos de que ésta sólo tuviese aplicación CC-2005-495 28

prospectiva. 21 De este modo, reconocimos también la validez

de lo que pueda establecer una cláusula de reserva contenida

en una ley penal especial en cuanto a su aplicación

retroactiva.

De la discusión jurisprudencial anterior -–la cual, no

hay duda, ha sido conflictiva-- surge que en nuestra

jurisdicción se han interpretado las cláusulas de reserva

del Código Penal de 1974 como una manifestación expresa del

legislador a los efectos de impedir la aplicación

retroactiva de una ley, aun cuando ésta resulte ser más

beneficiosa para un acusado. Por consiguiente, es razonable

concluir que, en nuestra jurisdicción, la aprobación de

cláusulas de reserva opera como una limitación al principio

21 De igual forma, este Tribunal emitió una Resolución en el caso de Pueblo v. Villafañe Fabián, 124 D.P.R. 839 (1997), en la cual denegamos la moción de reconsideración presentada por los apelantes alegando que debíamos aplicar las disposiciones de la Resolución Conjunta Núm. 514 aprobada por la Asamblea Legislativa en la que se les concedía un (1) año de moratoria a los profesionales de la Naturopatía para que éstos pudieran continuar con su práctica sin estar sujetos a ser procesados en lo criminal por ejercicio ilegal de la medicina durante ese período. En dicha resolución –-aun cuando analizamos el principio de favorabilidad contenido en el Artículo 4-- dispusimos que la referida disposición estatutaria no tendría aplicación retroactiva y confirmamos las condenas impuestas a los apelantes por el delito de práctica ilegal de la medicina. Indicamos, que la mencionada Resolución Conjunta no estaba vigente al momento de imponer la sentencia a los acusados y que lo decisivo al determinar la aplicación de la ley era la fecha en que fue dictada la sentencia del tribunal de instancia, a tono con lo resuelto en Pueblo v. Rosso Vázquez, ante. Señalamos, además, que la Asamblea Legislativa, al aprobar la disposición en cuestión, nada dispuso con respecto a que la nueva ley tuviese efecto retroactivo y que si el legislador hubiera querido extender el beneficio de la moratoria a los apelantes, así lo hubiere dicho expresamente, o le hubiere dado fecha de vigencia retroactiva. CC-2005-495 29

de favorabilidad; principio que, al carecer de rango

constitucional, está dentro de la prerrogativa absoluta del

legislador.

IV

El presente caso requiere que acometamos la encomienda

de resolver si a unos hechos delictivos cometidos durante la

vigencia del derogado Código Penal de 1974, le son de

aplicación –-de forma retroactiva-- las disposiciones del

nuevo Código Penal de 2004. Esto requiere, a su vez, que

resolvamos si mediante las disposiciones del Artículo 308

del Nuevo Código Penal el legislador impidió su aplicación

retroactiva en todo aquello que beneficiara al acusado.

La aprobación de un nuevo Código Penal mediante la Ley

Núm. 149 de 18 de junio de 2004, tuvo el efecto de derogar

el Código Penal de 1974. En lo pertinente al presente caso,

este nuevo cuerpo legal dispone, en su Artículo 8, que la

ley penal aplica a hechos realizados durante su vigencia22.

Por otro lado, el Artículo 9 dispone que:

La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la persona imputada de delito. En consecuencia, se aplican las siguientes normas: (a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es distinta de la que exista al procesar al imputado o al imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley más benigna. (b) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley

22 La vigencia del Código Penal de 2004 se define en el Artículo 314, el cual dispone que:

Este Código empezará a regir el 1 de mayo de 2005, con excepción de los Artículos 312 y 313. CC-2005-495 30

más benigna en cuanto a la pena o a la medida de seguridad o al modo de ejecutarlas, se aplicará retroactivamente. (c) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley que suprime el delito, o el Tribunal Supremo emite una decisión que despenalice el hecho, la pena quedará extinguida y la persona liberada, de estar recluida o en restricción de libertad. En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión judicial operarán de pleno derecho.

Las mencionadas disposiciones estatutarias tienen su

origen, ambas, en el Artículo 4 del Código Penal derogado.

El Artículo 8 formula la regla general de aplicación

prospectiva de la ley penal, o la prohibición de leyes ex

post facto, según requerido por el Artículo II sección 12 de

nuestra Constitución. El Artículo 9 dispone --al igual que

el Artículo 4 del anterior Código-- para la aplicación

retroactiva de la ley penal más beneficiosa para el acusado,

que sea aprobada al momento de su procesamiento o al

imponerle sentencia o durante su condena. Dora Nevares

Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, Comentado, Edición

2004-2005, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc.,

págs. 9-10.

Tal y como señaláramos anteriormente, el principio de

favorabilidad establece que si una ley penal es aprobada con

posterioridad a la comisión de unos hechos delictivos, y los

efectos de la misma resultan en un tratamiento más favorable

para un acusado, ésta debe aplicarse de forma retroactiva,

de modo que el acusado disfrute de los beneficios de la

misma. Como también indicáramos previamente, el principio de CC-2005-495 31

favorabilidad es una excepción al principio de que la ley

aplicable a unos hechos es aquella vigente al momento de su

comisión. Por tal razón, al analizar la aplicación

retroactiva de una ley, hay que atender a la intención

legislativa al aprobarla.

Según expresamos, el principio de favorabilidad tiene

un rango meramente estatutario, por lo cual el legislador

puede, legítimamente, imponer restricciones al mismo y

ordenar expresamente la aplicación de leyes penales, que

hubieren sido derogadas o enmendadas, siempre que las mismas

hubieren estado vigentes al momento de la comisión de los

hechos.

La profesora Nevares señala que, al momento de analizar

si una nueva ley penal debe aplicarse de forma retroactiva,

“se comparará la ley vigente al momento de cometer el delito

con la ley nueva y si ésta es más beneficiosa se aplicará

retroactivamente, excepto que una cláusula de reserva lo

prohíba”. Nevares Muñiz, op. cit. pág. 10. Al igual que el

Código Penal de 1974 en sus Artículos 281 y 282, el Código

Penal de 2004 contiene una cláusula de reserva. Por esta

razón, los Artículos 8 y 9 del nuevo Código Penal tienen que

interpretarse conjuntamente con la cláusula de reserva que

constituye el Artículo 308. Ibid, pág. 390.

Tomando en cuenta la discusión anterior sobre la

interpretación jurisprudencial de las cláusulas de reserva

del Código Político y del Código Penal de 1974, atendemos, CC-2005-495 32

específicamente, la cláusula de reserva adoptada por el

legislador en el Artículo 308 del Código Penal de 2004.

La cláusula de reserva contenida en el Artículo 308 del

nuevo Código dispone que:

La conducta realizada con anterioridad a la vigencia de este Código en violación a las disposiciones del Código Penal aquí derogado o de cualquier otra ley especial de carácter penal se regirá por las leyes vigentes al momento del hecho. Si este Código suprime algún delito no deberá iniciarse el encausamiento, las acciones en trámite deberán sobreseerse, y las sentencias condenatorias deberán declararse nulas y liberar a la persona. El cambio de nombre de un delito no significa que el tipo delictivo ha quedado suprimido. (Énfasis nuestro).

Conforme a la profesora Nevares 23 , el propósito del

referido Artículo, al establecer una cláusula de reserva, es

que la conducta realizada con anterioridad a la vigencia del

nuevo y vigente Código en violación a alguna disposición del

Código Penal derogado, o cualquier otra ley especial de

carácter penal, se regirá por las leyes vigentes al momento

del hecho con la sola excepción, contemplada en el segundo

párrafo del mencionado Artículo, la cual establece que si el

Código suprime algún delito no se deberá encausar a la

persona por ese delito y que cualquier acción en trámite

deberá sobreseerse. Nevares Muñiz, op. cit. pág. 389. La

referida autora, en su obra Derecho Penal Puertorriqueño,

Parte General, Instituto para el Desarrollo del Derecho

Puertorriqueño, Inc., 5ta edición revisada, (2005), expresa

23 Asesora de la Asamblea Legislativa respecto al Código Penal de 2004. CC-2005-495 33

que el efecto de una cláusula de reserva es permitir la

ultra-actividad 24 de la ley derogada por hechos realizados

durante su vigencia, excepto cuando se trate de la supresión

un delito25. op.cit. pág. 106.

Se desprende, claramente, de una lectura del referido

Artículo 308 que el legislador pretendió mantener la

vigencia del Código Penal de 1974 para todos aquellos

delitos cometidos bajo el mismo. A esos efectos,

expresamente dispuso que estos delitos se regirían por la

ley vigente al momento de su comisión, por lo cual no puede

sostenerse que la intención legislativa fue que el nuevo

Código tuviese aplicación retroactiva.

Es menester enfatizar que la redacción original de

dicho artículo, según el Proyecto del Senado 2302, sí

proveía expresamente para la aplicación retroactiva de

aquellas disposiciones que resultaran en un tratamiento más

favorable al imputado. El mismo disponía lo siguiente:

La conducta realizada con anterioridad a la vigencia de este Código, en violación a las

24 El término ultra-actividad utilizado por la profesora Nevares es cónsono con el término preteractividad utilizado por el profesor Bascuñán y se refiere, al igual que éste, a la aplicación de una ley penal a los hechos cometidos durante su vigencia aun cuando dicha ley hubiere sido enmendada o derogada. 25 Conforme lo anterior, expresa la profesora Nevares que el Artículo 308 y el Artículo 9 atienden la situación en que la ley nueva quita carácter delictivo a un hecho anteriormente reprimido. En estos casos, el referido Artículo 308 dispone para la liberación de la persona y extinción de la acción penal, por lo cual las cláusulas de reserva del Código Político no aplicarían a partir de la vigencia del Código de 2004. CC-2005-495 34

disposiciones del Código Penal aquí derogado o de cualquier otra ley especial de carácter penal se regirá por las leyes vigentes al momento del hecho. Sin embargo, todas las disposiciones de este Código le serán aplicables si resulta de dicha aplicación un tratamiento más favorable al imputado o al sentenciado. Si este Código suprime algún delito no deberá iniciársele encausamiento, las acciones en trámite deberán sobreseerse, y las sentencias condenatorias deberán declararse nulas y liberar a la persona. (Énfasis nuestro).

La redacción original del Artículo 308, al disponer

expresamente que las disposiciones del nuevo Código tuvieran

efecto retroactivo en todo aquello que beneficiara al

acusado, fue objeto de preocupación en los debates que

antecedieron a la aprobación del nuevo Código Penal. De

hecho, el Departamento de Justicia se opuso a ello.

La Comisión de lo Jurídico del Senado enmendó el

referido Artículo. Sobre este particular, en el Informe de

la referida Comisión se expresó que:

Esta Comisión acoge la recomendación de la Secretaria de Justicia de que se enmiende el P. de la S. 2302 para que en el Artículo 30[8] se elimine la oración “[s]in embargo, las disposiciones de este Código le serán aplicables si resultara de dicha aplicación un tratamiento más favorable al imputado o al sentenciado.” La intención del legislador es que este Código aplique a delitos cometidos con posterioridad a su vigencia, salvo en cuanto a lo dispuesto en el segundo párrafo de ese artículo para el caso en que este Código suprima algún delito. Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado de 22 de junio de 2003. (Énfasis nuestro).

Como vemos, el nuevo Código Penal contiene, en sí

mismo, una cláusula de reserva en su Artículo 308, la cual

responde a la clara intención legislativa de que la conducta CC-2005-495 35

realizada durante la vigencia del Código Penal derogado se

rija por este. El efecto de dicha cláusula de reserva es que

aquellos actos delictivos ocurridos durante la vigencia del

derogado Código Penal se les debe aplicar dicho cuerpo legal

como si el mismo todavía estuviese vigente.26

V

Lo anterior, sin embargo, no dispone del todo de la

controversia hoy ante nuestra consideración. Nos falta por

considerar, y resolver, el planteamiento del peticionario

González Ramos a los efectos de que, disponiendo el Artículo

308 del Código Penal de 2004 que la conducta delictiva

ocurrida con anterioridad a su vigencia se regirá por las

leyes vigentes al momento de la su comisión, ello significa

26 En reiteradas ocasiones, este Tribunal ha expresado que la obligación fundamental de los tribunales es imprimirle efectividad a la intención legislativa, propiciando de esta forma la realización del propósito que persigue la ley. Dicho de otra manera, el fin principal de la interpretación estatutaria es descubrir la intención del legislador y su propósito social para hacer que prevalezca este propósito y evitar interpretaciones que conduzcan a resultados irrazonables. Véase, Artículo 19 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 19; Véase además, Otero de Ramos v. Díaz Saldaña, res. el 14 de mayo de 2002, 2002 T.S.P.R. 65; Irizarry v. Johnson and Johnson Consumer Products Co., 150 D.P.R. 155 (2000); Piñero González v. A.A.A., 146 D.P.R. 890 (1998); Dorante v. Wrangler, 145 D.P.R. 408 (1998); Chase Manhattan Bank v. Mun. de San Juan, 126 D.P.R. 759 (1990). En consecuencia, cuando el lenguaje de una ley es claro y la intención legislativa es patente, este Tribunal está obligado a respetar la voluntad legislativa. Los tribunales no pueden disponer algo que el legislador no intentó proveer, porque ello significaría invadir los poderes de la Asamblea Legislativa. Raimundi, Meléndez v. Productora de Agregados, res. el 21 de junio de 2004, 2004 TSPR 106; Mun. de San Juan v. Bco. Gubernamental, 140 D.P.R. 873 (1996); Alejandro Rivera v. E.L.A., 140 D.P.R. 538 (1996). CC-2005-495 36

que bajo las disposiciones del Artículo 4 del Código Penal

de 1974, que establece que se debe aplicar la ley más

favorable, debe aplicársele el nuevo Código de forma

retroactiva. No le asiste la razón.

La interpretación lógica y razonable de todas las

disposiciones estatutarias aquí en controversia es a los

efectos de que la cláusula de reserva contenida en el

Artículo 308 del Código de 2004, la cual constituye una

limitación al principio de favorabilidad contenido en el

Artículo 4 del Código de 1974, impide que el nuevo Código

pueda ser aplicado retroactivamente como ley penal más

favorable.

Ello así, ya que la disposición, a esos efectos, del

Artículo 308 no viola precepto constitucional alguno ya que,

según hemos expresado, el principio sobre la aplicación

retroactiva de la ley penal más favorable no tiene rango

constitucional, quedando dentro de la discreción del

legislador la imposición de restricciones a este principio.

Dicho de otra forma, la aplicación retroactiva del Código

Penal en cuanto pueda favorecer al acusado queda dentro de

la discreción de la Asamblea Legislativa, por lo cual el

acusado peticionario en el presente caso no tiene un derecho

constitucional a la aplicación retroactiva del mismo.

Resolvemos, en consecuencia, que la cláusula de reserva

contenida en el Artículo 308 del Código Penal de 2004 impide

que un acusado por hechos delictivos cometidos durante la

vigencia del derogado Código Penal de 1974 pueda invocar CC-2005-495 37

--vía el Artículo 4 del mismo27 -- las disposiciones del nuevo

Código Penal. En virtud de ello, a todos los hechos

cometidos bajo la vigencia y en violación de las

disposiciones del Código Penal de 1974 les aplicará el

referido cuerpo legal en su totalidad. Ello así, ya que la

clara intención legislativa es a los efectos de que el nuevo

Código Penal tenga, únicamente, aplicación prospectiva.

Ahora bien, y como indicáramos anteriormente,

constituye una excepción a lo anteriormente pautado la

situación en que el nuevo código suprime un delito

anteriormente vigente, situación contemplada en el segundo

párrafo del citado Artículo 308. 28 Apoyándose en esta

disposición, el peticionario González Ramos sostiene que

procede el sobreseimiento estatutario de los cargos debido a

27 De igual forma, la cláusula de reserva tuvo el efecto de impedir que un acusado utilizara las disposiciones del Artículo 9 del nuevo Código Penal, para que el mismo fuese aplicado a hechos cometidos anterior a su vigencia ya que la intención legislativa fue que las disposiciones del referido Artículo sólo se aplicaran prospectivamente a partir de la vigencia del nuevo Código. 28 El segundo párrafo del referido Artículo 308 dispone que si algún delito quedase suprimido por el nuevo Código no se deberá encausar a la persona por ese delito, cualquier acción en trámite deberá sobreseerse y las sentencias condenatorias deberán declararse nulas. Ello responde a que cuando el Estado le quita el carácter de delito a un hecho que anteriormente era delictivo, ello es señal de que ya no tiene interés en castigarlo y por lo tanto, nadie deberá ser castigado por un hecho que según una ley posterior, no constituye delito. Dora Nevares, Derecho Penal Puertorriqueño, citando al tratadista Guiseppe Maggiore, Derecho Penal, Bogotá, Ed. Temis, 1961, Vol. I. pág. 199. Véase: Pueblo v. O’neill Román, res. el 5 de agosto de 2005, 2005 TSPR 108. CC-2005-495 38

que el delito de asesinato estatutario quedó suprimido por

el Código Penal de 2004. No le asiste la razón.

En primer lugar, las disposiciones a esos efectos del

Código Penal del 2004 son diáfanamente claras. Por otro

lado, la intención legislativa, o el historial legislativo,

respecto a éste punto no da margen a duda alguna. A esos

efectos, vale la pena destacar que en el Informe de la

Comisión de lo Jurídico del Senado, respecto al P. del S.

2302, dicha Comisión específicamente hizo constar que con

relación al Artículo 106, se mantenía la figura del

asesinato estatutario, incorporándose, sin embargo, la

exigencia de que el asesinato se cometiese como

“consecuencia natural” de los delitos base que se mencionan.

Específicamente, con relación a dichos delitos base, la

Comisión expresó que en el referido Inciso (b) del Artículo

106 se mantenían los delitos base del asesinato estatutario,

tipificado por el Artículo 83 del Código Penal de 1974,

“simplificando el nombre al correspondiente a los nuevos

tipos que se proponen en este Código y añadiendo otros”.

Ibíd.

Como vemos, no hay duda de que el asesinato estatutario se

mantiene tipificado en el nuevo Código. En otras palabras,

la modalidad de asesinato estatutario no ha sido suprimida

por el Código Penal de 2004; meramente hubo un cambio en la

terminología del delito --Artículo 106-- de asesinato

estatutario, lo cual, de ninguna forma significa que el

asesinato estatutario no se encuentre codificado en el nuevo CC-2005-495 39

Código de 2004. Siendo ello así, al peticionario González

Ramos no le es aplicable la disposición del segundo párrafo

del Artículo 308 en cuanto a los delitos suprimidos, por lo

que procede juzgar a éste por el referido delito bajo las

disposiciones del Código Penal de 1974. 29

Al determinar que aplica el Código Penal de 1974 a los

hechos ante nuestra consideración, no emitimos juicio alguno

sobre los planteamientos del acusado con respecto a que el

asesinato estatutario codificado en el nuevo Código Penal,

constituye, o no, una ley penal más favorable.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado

29 En vista de que en el presente caso, los hechos serán juzgados por el Código Penal de 1974, se hace innecesario discutir lo que constituye la frase “consecuencia natural”, reservándonos dicha discusión para un caso futuro, en el que los hechos se cometan bajo la vigencia del nuevo Código Penal. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se expide el auto solicitado y se dicta Sentencia confirmatoria de la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones en el presente caso. Esto es, todos los hechos cometidos bajo la vigencia y en violación de las disposiciones del Código Penal de 1974 les aplicará el referido cuerpo legal en su totalidad. El Código Penal de 2004 tendrá únicamente aplicación prospectiva.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurre en el resultado sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo