EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Alcides Díaz Santiago
Recurrido 2016 TSPR 136
v. 195 DPR ____
International Textiles Products of Puerto Rico; Tech Products of Puerto Rico, Inc.
Peticionarios
Número del Caso: CC-2014-18
Fecha: 24 de junio de 2016
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce, Panel VIII
Abogadas de la Parte Peticionaria:
Lcda. Jessica Altreche Vélez Lcda. Ivonne Cruz-Serrano
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Edgardo Santiago Lloréns
Materia: Derecho Laboral - Notificación al patrono de que se presentó una querella administrativa por discrimen; Interrupción del término prescriptivo de la Ley 80.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrido
v. CC-2014-18 Certiorari
International Textiles Products of Puerto Rico; Tech Products of Puerto Rico, Inc.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016.
En esta ocasión debemos expresarnos acerca
del efecto que tiene el inicio, notificación,
tramitación y resolución de una querella ante la
Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo
sobre el término prescriptivo para solicitar
remedios por despido injustificado al tenor de la
Ley 80, infra. Luego de examinar los estatutos
legales aplicables, resolvemos que la notificación
al patrono de que se presentó una querella
administrativa por discrimen puede tener el efecto
de “interrumpir” el término prescriptivo de la Ley
80, infra, si dicha notificación cumple con todos CC-2014-18 2
los requisitos de una reclamación extrajudicial efectiva.
Sin embargo, aclaramos que dicho término no quedará
“congelado” hasta la finalización del trámite
administrativo debido a que no existe identidad de
propósitos entre una reclamación por discrimen ante la
Unidad Antidiscrimen y una acción judicial por despido
injustificado.
I
Los hechos pertinentes del caso se resumen a
continuación. El Sr. Alcides Díaz Santiago fue empleado
de International Textiles Products of PR h/n/c Tech
Products of Puerto Rico Inc. (International) hasta el
18 de junio de 2007, fecha en que fue despedido. El 6 de
febrero de 2008, varios meses después de su cesantía, el
señor Díaz Santiago presentó una querella ante la Unidad
Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos (Unidad Antidiscrimen) en la que adujo que fue
despedido discriminatoriamente por razón de su edad, en
contravención a la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959,
conocida como la Ley contra el Discrimen en el Empleo,
29 LPRA sec. 146 et seq. (Ley 100). El 11 de febrero
de 2008 se notificó por correo una copia de la querella a
International. Luego de varios trámites, la Unidad
Antidiscrimen hizo una determinación de “No Causa Probable
de discrimen en el empleo bajo la causal de edad” y el
21 de abril de 2010 notificó su determinación a las
partes. CC-2014-18 3
Así las cosas, el 19 de abril de 2011 el señor Díaz
Santiago presentó ante el Tribunal de Primera Instancia
una querella en contra de International por discrimen en
el empleo al amparo de la Ley 100 y despido injustificado,
al tenor de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida
como la Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa,
29 LPRA sec. 185 et seq. (Ley 80). Por su parte,
International presentó una solicitud de sentencia sumaria
parcial en la que adujo que el trámite ante la Unidad
Antidiscrimen no tuvo efecto alguno sobre el término
prescriptivo de tres (3) años de la Ley 80. Por ello,
expuso que, al haber transcurrido más de tres (3) años sin
que el término prescriptivo de la Ley 80 fuese
interrumpido, procedía la desestimación de esta
reclamación.
Luego de examinar la solicitud de International,
así como la oposición del señor Díaz Santiago, el Tribunal
de Primera Instancia emitió una sentencia parcial mediante
la cual desestimó la causa de acción de despido
injustificado de Ley 80 por el fundamento de prescripción.
Ante ello, solo quedó pendiente la reclamación por
discrimen.
Inconforme, el señor Díaz Santiago presentó un
recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones en el
que alegó que su reclamación por despido injustificado no
estaba prescrita, pues, según adujo, esta no era una
“separada” a la de discrimen. Examinados los escritos, el CC-2014-18 4
foro apelativo intermedio revocó la determinación del
Tribunal de Primera Instancia. Razonó que la presentación
de la querella ante la Unidad Antidiscrimen fue suficiente
para interrumpir y congelar el término prescriptivo de la
Ley 80 debido a que el despido injustificado es un
elemento esencial del despido discriminatorio.
Ahora insatisfecho, International acudió
oportunamente ante este Foro mediante un recurso de
certiorari. Plantea que el Tribunal de Apelaciones erró
al concluir que el término prescriptivo de la Ley 80 quedó
congelado durante el trámite ante la Unidad Antidiscrimen.
Tiene razón. Veamos.
II
A. La interrupción de la prescripción
Un término es un plazo de tiempo que una ley
concede para ejercer un derecho o realizar un acto
procesal.1 En nuestro ordenamiento, los términos pueden
ser de prescripción o de caducidad y la diferencia entre
estos es que el término de prescripción se puede
interrumpir mientras que el de caducidad no.2 Existen dos
clases de prescripción, a saber: la prescripción
adquisitiva y la extintiva.3 Ambas surgen del Art. 1830
del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5241, que
1 Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 676 (2012). 2 Íd. 3 Bravman, González v. Consejo Titulares Real, 183 DPR 827, 877 (2011). CC-2014-18 5
preceptúa que por prescripción se adquieren o se extinguen
los derechos y las acciones.
En esta ocasión nos adentraremos en el tema de la
prescripción extintiva. Es sabido que con la prescripción
extintiva lo que se busca es castigar la dejadez en el
ejercicio de los derechos, así como prevenir los litigios
difíciles de adjudicar por la antigüedad de las
reclamaciones para evitar que una de las partes quede en
estado de indefensión.4 En cuanto a los mecanismos de
interrupción de la prescripción, el Art. 1873 del Código
Civil, 31 LPRA sec. 5303, dispone que los términos
prescriptivos quedarán interrumpidos por el ejercicio de
la acción ante los tribunales, por reclamación
extrajudicial y por cualquier acto de reconocimiento de la
obligación por parte del deudor.5
Es imperativo señalar que cada mecanismo de
interrupción tiene distintos requisitos, características y
efectos sobre los términos prescriptivos. Ante ello, hemos
establecido dos tipos de interrupción: la interrupción
simple (también conocida como interrupción de carácter
instantáneo) y la congelación (interrupción con carácter
duradero).6 Primeramente, la “interrupción” de carácter
simple es aquella en la que el acto interruptor inicia un
nuevo término prescriptivo que comenzará a computarse
4 SLG Serrano-Baez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 831 (2011). 5 Por un lado, la interrupción judicial y la extrajudicial surgen a instancias del acreedor, mientras que el reconocimiento de la deuda es el resultado de un acto del deudor. 6 Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 142, 150 (1998). CC-2014-18 6
inmediatamente, es decir, desde que ocurre el acto
interruptor.7 Por ejemplo, si una persona tuvo un
accidente el 1 de enero de 2015 y pretende reclamar por
daños y perjuicios al tenor del Art. 1802 del Código
Civil, 31 LPRA sec. 5141, le aplicará el término
prescriptivo de un (1) año y dicho término comenzará a
computarse desde el día en que ocurrió el daño. Si el 1 de
agosto de 2015 el afectado envió una carta a la persona
que provocó su daño, y si dicha notificación cumplió con
los requisitos de una reclamación extrajudicial, la
consecuencia será que el 1 de agosto de 2015 servirá como
la nueva fecha de partida para comenzar a computar el
nuevo término de un (1) año. En la “congelación”, al igual
que en la interrupción simple, el acto interruptor también
inicia un nuevo término prescriptivo, sin embargo este
habrá de comenzar a computarse en un momento posterior.8
De forma especial, la presentación de una
“reclamación judicial” tiene el resultado de interrumpir y
congelar el término prescriptivo si la acción se presentó
oportuna y eficazmente, de manera que el nuevo término
iniciará cuando culmine efectivamente el proceso judicial
iniciado.9
En contraste, una “reclamación extrajudicial” puede
manifestarse a través de diversos actos. Por tal razón,
7 L. Díez Picaso, La Prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, Cap. III, p. 138; Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 353- 354 (2001); Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, supra, págs. 150-151. 8 Íd. 9 Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, supra, pág. 151. CC-2014-18 7
esta bien podría provocar una interrupción simple o podría
acarrear un efecto congelador sobre el término
prescriptivo que durará hasta que ocurra cierto evento
posterior.10 Una reclamación extrajudicial que interrumpe
el término prescriptivo se define como una manifestación
inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su
derecho, expresa su voluntad de no perderlo.11 Ahora
bien, a pesar de que reconocemos que no existen exigencias
de forma para realizar una reclamación extrajudicial ─ya
que esta puede ser escrita o verbal─, hemos expresado
reiteradamente que toda reclamación extrajudicial efectiva
debe cumplir con los siguientes requisitos: (1) debe ser
oportuna, (2) debe ser presentada por una persona con
legitimación, (3) el medio utilizado para hacer la
reclamación debe ser idóneo y (4) debe existir identidad
entre el derecho reclamado y aquel afectado por la
prescripción.12
Debido a su naturaleza, las reclamaciones
formuladas ante organismos administrativos o internos no
caen bajo la clasificación de reclamación judicial, por lo
que sus efectos sobre el término prescriptivo se deben
examinar a la luz de los requisitos de una reclamación
extrajudicial.13 Sobre esto, además de establecer la
posibilidad de interrumpir el término prescriptivo, en
10 Véase Maldonado v. Russe, supra, pág. 353. 11 Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1020 (2008). 12 Íd., págs. 1019-1020. 13 Díez Picaso, op. cit., pág. 110. CC-2014-18 8
Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 354 (2001), expusimos que
una gestión ante un foro no judicial puede tener el efecto
de congelar el término si “el trámite interno o
administrativo guarda identidad de propósitos con la
acción judicial, situaciones en las cuales el término
queda congelado hasta tanto culmine todo el proceso”.
(Énfasis suplido). La determinación sobre si el término
quedó o no congelado durante el trámite administrativo es
esencial para determinar si una causa de acción quedó
prescrita en los casos como este, en los que una parte
presentó una acción ante otro foro.
Por ejemplo, en Matos Molero v. Roche Products,
Inc., 132 DPR 470, 488 (1993), extendimos el efecto de
congelación de la Ley 100 a las querellas por discrimen
presentadas ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades
en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) fundándonos
en que la presentación de un cargo ante dicha agencia
equivale a una ante la Unidad Antidiscrimen.14 En Suárez
Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 142, 153-154 (1998),
resolvimos que no existía identidad de propósitos entre
una acción iniciada ante la Unidad de Tramitación de
Querellas del Departamento de Educación ─que investiga
querellas de hostigamiento sexual con el propósito de
eliminar el ambiente hostil en el empleo─ y la judicial
por hostigamiento sexual y discrimen por edad ─que tiene
el propósito de indemnizar el daño sufrido por el empleado
14 Por virtud del Worksharing Agreement. CC-2014-18 9
agraviado─. Por tal razón, concluimos que el trámite
administrativo interno del Departamento de Educación no
tuvo el efecto de congelar el término prescriptivo de las
acciones de hostigamiento sexual y discrimen por edad. De
igual forma, en Maldonado v. Russe, supra, págs. 355-356,
expresamos que la presentación de una querella ante el
Negociado de Normas del Trabajo del Departamento del
Trabajo no congeló el término prescriptivo de la Ley 100
debido a que no existe identidad de propósitos entre una
acción judicial por discrimen y el procedimiento del
Negociado ─que solo tiene facultad para investigar
reclamaciones por despido injustificado, salarios dejados
de pagar, vacaciones y bonos, entre otras, pero no está
facultado para investigar alegaciones de discrimen─.15
Es esencial mencionar que tanto en Suárez Ruiz v.
Figueroa Colón, supra, como en Maldonado v. Russe, supra,
advertimos que, aunque no ocurra la “congelación” del
término prescriptivo, la notificación de la querella puede
tener el efecto de “interrumpir” el término prescriptivo
si esta cumple con todos los requisitos de una reclamación
extrajudicial efectiva.
B. Prescripción de las acciones por Ley 80 y Ley 100
Repasados estos principios, pasaremos a evaluar la
prescripción de las reclamaciones de Ley 80 y Ley 100.
Comenzamos por destacar que ambos son estatutos
laborales de carácter reparador que tienen múltiples
diferencias, tales como los propósitos que persiguen, los 15 Maldonado v. Russe, supra, pág. 355. CC-2014-18 10
remedios que proveen y sus términos prescriptivos. En
particular, la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida
29 LPRA sec. 185 et seq. (Ley 80), se creó para desalentar
la incidencia de despidos injustificados en Puerto Rico y
para proveer remedios justicieros a las personas que son
despedidas sin justa causa.16 Hemos expresado que el
empleado que crea tener una reclamación de este tipo podrá
acudir al tribunal o al Negociado de Normas de Trabajo del
Departamento del Trabajo, ya que este último tiene
facultad para investigar reclamaciones por despido
injustificado, salarios dejados de pagar, vacaciones y
bonos, entre otras.17 Según se desprende del Art. 1 de la
Ley 80, 29 LPRA sec. 185(a), esta causa de acción
requiere, entre otros, que se pruebe que el empleado fue
despedido y que no medió justa causa para el despido. Por
su parte, el Art. 12 de la Ley 80, 29 LPRA sec. 185(l),
dispone claramente que el término prescriptivo para
solicitar remedios al tenor de esta ley es de tres (3)
años; sin embargo, esta ley no expone el modo de
interrumpirlo ni los efectos de su interrupción. Tampoco
menciona la posibilidad de que ocurra la congelación del
término.
Por otro lado, la Ley Núm. 100 de 30 de junio de
1959, conocida como la Ley contra el Discrimen en el
16 SLG Serrano-Baez v. Foot Locker, supra, pág. 835. 17 Véase Maldonado v. Russe, supra, pág. 355. CC-2014-18 11
Empleo, 29 LPRA 146 et seq. (Ley 100), es uno de los
estatutos que sanciona el discrimen en el empleo. En lo
pertinente, en su Art. 1, prohíbe que el patrono despida,
suspenda o discrimine a un empleado por las
clasificaciones allí protegidas.18 Los elementos
esenciales para una causa de acción por despido
discriminatorio de la Ley 100 son los siguientes: el
empleado fue despedido, sin justa causa y existe la
modalidad del discrimen alegado.19 El término prescriptivo
de la Ley 100 es de un (1) año y el empleado que reclame
sus beneficios podrá presentar una querella administrativa
ante la Unidad Antidiscrimen o iniciar una acción
judicial.20
El Art. 3 del Reglamento General de la Unidad
Antidiscrimen, Reglamento Núm. 6236, dispone que la Unidad
Antidiscrimen tiene jurisdicción para investigar querellas
de discrimen al amparo de los siguientes estatutos:
(1) Ley 100; (2) Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985
(discrimen por razón de sexo); (3) Ley Núm. 17 de 22 de
abril de 1988 (hostigamiento sexual en el trabajo) y
18 El Art. 1 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, conocida como la Ley contra el Discrimen en el Empleo (Ley 100), 29 LPRA sec. 146, establece que las clasificaciones protegidas son las siguientes: edad, raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, por ser militar, exmilitar, servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condición de veterano. 19 Véanse Arts. 1 y 3 de la Ley 100, 29 LPRA secs. 146 y 148; Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 389. 20 Art. 5 de la Ley 100, 29 LPRA sec. 150. Véase Matos Molero v. Roche Products, Inc., 132 DPR 470, 477 (1993). CC-2014-18 12
(4) Ley Núm. 44 del 2 de julio de 1985 (discrimen por
impedimento). Entre otros requisitos, la querella ante la
Unidad deberá contener lo siguiente: la información del
empleado y el querellado, la causa o base del alegado
discrimen, una relación sucinta de las actuaciones
supuestamente discriminatorias y el remedio solicitado.21
Luego de la presentación, se notificará prontamente una
copia de la querella a la parte querellada.22 Finalmente,
si la Unidad Antidiscrimen determina que la querella
carece de méritos, se expedirá un Aviso de Determinación
de No Causa Probable de Discrimen y se notificará a las
partes con la advertencia de su derecho a presentar una
acción judicial dentro del año siguiente.23 Es menester
señalar que el procedimiento ante la Unidad no es
adjudicativo, sino uno puramente investigativo y
conciliador, que no tiene el efecto de adjudicar de manera
definitiva si hubo o no discrimen.24 Por ello, el empleado
que no haya logrado algún acuerdo con su patrono durante
el trámite administrativo deberá acudir al tribunal si
desea obtener los remedios e indemnización que provee la
Ley 100.
21 Art. 5 del Reglamento General de la Unidad Antidiscrimen, Reglamento Núm. 6236 (Reglamento). 22 Íd. 23 Art. 10 del Reglamento. 24 Véanse Reglamento; Sec. 5 de la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 308; Pablo Meléndez Rivera v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, 2016 TSPR 64. CC-2014-18 13
Por su parte, el Art. 5 de la Ley 100, 29 LPRA sec.
150, nos ilustra sobre los efectos que el trámite ante la
Unidad Antidiscrimen provoca en el término prescriptivo de
la Ley 100, ellos son: (1) “el término prescriptivo de un
año para iniciar la acción judicial quedará interrumpido
al notificársele la querella al patrono o querellado,
siempre y cuando [la] notificación se efectúe dentro de
dicho término prescriptivo” (interrupción simple), y
(2) “[d]icho término prescriptivo quedará, además, en
suspenso o congelado mientras la querella se continúe
tramitando en el Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos[…]”. (Énfasis suplido).25 También, el Art. 5
dispone que en los demás casos el término prescriptivo se
interrumpirá conforme lo establece el Art. 1873 del Código
25 El Art. 5 de la Ley 100, 29 LPRA sec. 150, dispone lo siguiente sobre su prescripción: “Cuando se presente una querella por discrimen en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el término prescriptivo de un año para iniciar la acción judicial quedará interrumpido al notificársele la querella al patrono o querellado, siempre y cuando que la notificación se efectúe dentro de dicho término prescriptivo. Dicho término prescriptivo quedará, además, en suspenso o congelado mientras la querella se continúe tramitando en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y no se haya notificado al querellado la determinación del Secretario de dicho Departamento sobre la reclamación. Si mientras se está tramitando la reclamación en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el querellante solicita que se le permita retirar la querella o manifiesta que no desea continuar con dicho trámite, el término prescriptivo antes aludido comenzará nuevamente a partir de la fecha en que el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos notifique de su determinación a las partes. En los demás casos, el término prescriptivo se interrumpirá con la reclamación extrajudicial, con la radicación de la acción judicial correspondiente o por el reconocimiento de la deuda por parte del patrono o de su agente autorizado.”
El nuevo término comenzará a transcurrir cuando se notifique la determinación del Secretario del Departamento del Trabajo. Véase Pablo Meléndez Rivera v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, supra. CC-2014-18 14
Civil, supra, a saber: por reclamación extrajudicial, por
reconocimiento de la deuda o por acción judicial.
C. La interrupción simple del término de Ley 80
Como mencionamos, a diferencia de la Ley 100, la Ley
80 no informa las maneras de interrumpir el término ni los
efectos de su interrupción. Tampoco existe disposición
alguna en torno a si el término prescriptivo de la Ley 80
puede quedar congelado. Es por ello que debemos resolver
la siguiente interrogante: ¿qué efecto tiene el inicio,
notificación, tramitación y resolución de una querella por
discrimen ante la Unidad Antidiscrimen sobre el término
prescriptivo de una causa de acción por despido
injustificado al tenor de la Ley 80? En atención a que la
acción ante la Unidad Antidiscrimen es una no judicial,
procederemos a examinar sus efectos a la luz de los
preceptos sobre interrupción y congelación extrajudicial.
Primero examinaremos si ocurrió la interrupción del
término de la Ley 80. Recapitulando, el requisito sobre
identidad que requiere la interrupción no es el mismo que
requiere la congelación. Por un lado, la interrupción
simple requiere que exista identidad entre derechos
(identidad entre el derecho reclamado y aquel que se
pretende interrumpir), mientras que en la congelación se
exige identidad de propósitos entre el proceso iniciado y
la acción judicial.26
Luego de examinar los requisitos sobre interrupción
extrajudicial, concluimos que la notificación al patrono 26 Maldonado v. Russe, supra, pág. 353. CC-2014-18 15
de la presentación de una querella por discrimen ante la
Unidad Antidiscrimen tendrá el efecto de interrumpir el
término prescriptivo de una reclamación por despido
injustificado de la Ley 80 si la notificación de la
querella cumplió con todos los requisitos de una
reclamación extrajudicial efectiva. Es decir: (1) si fue
oportuna (la reclamación ocurrió dentro del término
prescriptivo de tres (3) años de la Ley 80); (2) si fue
realizada por una persona con legitimación; (3) si el
medio utilizado fue idóneo; y, finalmente, (4) si existía
identidad entre el derecho reclamado y el afectado por la
prescripción.
Sobre este último requisito, disponemos que existe
identidad entre el despido discriminatorio y una
reclamación por despido injustificado debido a que el
despido injustificado es un elemento esencial de la causa
de acción por despido discriminatorio. Así, hemos
reiterado que para que prospere una reclamación por
discrimen el empleado debe haber probado el hecho básico
de que fue despedido sin justa causa.27
Ahora bien, la identidad de derechos entre el
despido discriminatorio y el despido injustificado no
opera a la inversa, pues el despido discriminatorio no es
un elemento esencial del despido injustificado.
27 Véase Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 391. En el caso antes mencionado establecimos una variante en el esquema probatorio para las reclamaciones que se instan al amparo de la Ley 100 y la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida como la Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa, conjuntamente. Además, aclaramos que los tribunales podrán conceder remedios al tenor de la Ley 80 en los casos en los que se probó que el despido fue injustificado, pero no se logró probar el elemento de discrimen. CC-2014-18 16
Precisamente así lo expresamos en Díaz v. Wyndham Hotel
Corp., 155 DPR 364, 387 (2001), cuando señalamos que “no
todo despido injustificado es discriminatorio a su vez; y,
por el contrario, todo despido discriminatorio sí es
injustificado”. En consecuencia, la notificación de
una reclamación por despido injustificado no tendrá el
efecto de interrumpir el término prescriptivo de una
reclamación por discrimen, salvo que la notificación haya
incluido alegaciones de discrimen. A fin de cuentas, lo
importante, al tratarse de una notificación que se examina
a la luz de los requisitos de la doctrina de “interrupción
simple”, lo será el contenido del documento notificado a
la persona a quien se pretende reclamar y no si el foro
donde inició la reclamación aludida tiene jurisdicción
para atenderla.
D. La congelación del término de la Ley 80
Entonces, una vez determinada su interrupción,
resta por resolver cuándo comenzará a transcurrir el nuevo
término prescriptivo.
Debemos mencionar que en SLG Serrano-Baez v. Foot
Locker, 182 DPR 824 (2011), se nos presentó la misma
controversia que ahora atendemos respecto a cuál es el
efecto de un trámite ante la Unidad Antidiscrimen sobre el
término prescriptivo de la Ley 80. A pesar de que en dicha
ocasión no nos adentramos en la doctrina de congelación,
resolvimos sub silentio que el trámite ante la Unidad
Antidiscrimen no tuvo el efecto de congelar el término CC-2014-18 17
prescriptivo de tres (3) años de una reclamación por Ley
80. Ello, al resolver que la reclamación por Ley 80 estaba
prescrita, a pesar de que el empleado presentó su demanda
a los once (11) meses desde que finalizó el trámite ante
la Unidad Antidiscrimen.
Como indicamos, en nuestro ordenamiento jurídico, a
menos que algún estatuto lo disponga expresamente, la
congelación de un término prescriptivo mediante el inicio
de un procedimiento administrativo o interno solo ocurrirá
en los casos en los que dicho procedimiento guarde
identidad de propósitos con la acción judicial. La
exigencia de tal identidad de propósitos requiere
necesariamente que el foro administrativo concerniente
posea facultad en ley para atender la reclamación
presentada.28
El primer paso para examinar si puede ocurrir la
congelación del término prescriptivo de la Ley 80 es
observar si el Legislador la contempló. Como hemos
reiterado, la Ley 80 no contempla disposición alguna sobre
la congelación de su término prescriptivo. Tampoco se
provee para su congelación en algún otro estatuto. Ante la
ausencia de expresión legislativa, debemos analizar si
entre los procedimientos aquí estudiados existe la
“identidad de propósitos” requerida por la doctrina de
28 La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un tribunal o un organismo administrativo para considerar y decidir los casos que se someten ante su consideración. DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012). Cónsono con lo enunciado, hemos resuelto que aquella actuación administrativa que no obedezca el poder que se le confirió mediante legislación debe ser catalogada como ultra vires. Íd., pág. 13. CC-2014-18 18
congelación. Según se desprende de los estatutos legales
aplicables, la Unidad Antidiscrimen únicamente tiene
facultad para investigar querellas sobre discrimen en el
empleo, al tenor de las leyes de discrimen que administra.
De ello surge que la Unidad no tiene jurisdicción para
atender una reclamación de Ley 80. Tan es así que la
determinación final de la Unidad Antidiscrimen no
contendrá expresión alguna en torno a la existencia o
inexistencia de una causa de acción por despido
injustificado, ni siquiera en los casos en los que el
empleado haya logrado probar que su despido fue
injustificado.29
Luego de analizar los estatutos legales aplicables,
resolvemos que no existe identidad de propósitos entre una
reclamación por discrimen que se investiga ante la Unidad
Antidiscrimen y una acción judicial por despido
injustificado de la Ley 80. Por lo tanto, el proceso
iniciado ante la Unidad Antidiscrimen no tendrá el efecto
de “congelar” el término prescriptivo para solicitar
remedios en virtud de la Ley 80. Simplemente no se puede
configurar la identidad de propósitos requerida para la
doctrina de congelación de los términos prescriptivos
cuando el foro en cuestión carece de autoridad para
atender la causa de acción cuyo término se pretende
congelar.
En resumen, las normas sobre la relación entre una
acción ante la Unidad Antidiscrimen y el término 29 Véase Art. 10 del Reglamento. CC-2014-18 19
prescriptivo de la Ley 80 se disponen a continuación. La
notificación al patrono de una querella presentada ante la
Unidad Antidiscrimen puede tener el efecto de
“interrumpir” el término prescriptivo de la Ley 80 si esta
cumple con todos los requisitos de una reclamación
extrajudicial efectiva. Sin embargo, dicho término
comenzará a transcurrir inmediatamente desde la
notificación, pues no existe identidad de propósitos entre
una reclamación ante la Unidad Antidiscrimen y una acción
judicial por despido injustificado.
Valga destacar que con esta decisión no
desincentivamos la tramitación de reclamaciones laborales
ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo.
Más bien proveemos unas guías claras en cuanto a los
efectos que tienen el inicio, notificación, tramitación y
resolución de una querella administrativa sobre los
términos prescriptivos de otros estatutos laborales.
Debido que la Unidad Antidiscrimen sólo tiene jurisdicción
de naturaleza investigativa sobre alegaciones de
discrimen, orientamos que le corresponderá al empleado
efectuar aquellos actos de interrupción de la prescripción
que sean suficientes para preservar sus derechos sobre los
otros estatutos laborales que pretenda reclamar. Dicha
obligación de diligencia cobra mayor importancia al
considerar que la interrupción puede ocurrir en un número
ilimitado de ocasiones y que se puede lograr con la
sencilla, económica y accesible gestión de enviar una CC-2014-18 20
carta a su patrono que cumpla con los requisitos
discutidos anteriormente.30
En consideración a la facilidad y accesibilidad que
nuestro ordenamiento jurídico le concede al empleado para
que interrumpa la prescripción, hallamos que en este caso
no existen razones de peso que justifiquen variar los
requisitos de nuestra doctrina sobre congelación.
Entonces, es a la Rama Legislativa, y no a este Tribunal,
al que le corresponderá disponer si el término
prescriptivo de la causa de acción por despido
injustificado de la Ley 80 podrá quedar congelado durante
este trámite no judicial. A su vez, aprovechamos para
señalar la conveniencia de que se establezca un
procedimiento en el Departamento del Trabajo que le
permita realizar determinaciones sobre despido
injustificado en los casos en los que el empleado haya
probado el elemento base de que ocurrió un despido
injustificado, pero no haya logrado probar que el despido
se debió a razones discriminatorias. Ello tendría el
propósito de facilitar la tramitación de las reclamaciones
laborales.
III
International aduce que el Tribunal de Apelaciones
erró al concluir que la reclamación por despido
injustificado del señor Díaz Santiago al tenor de la Ley
80 no estaba prescrita. Tiene razón.
30 Véase Muñoz v. Ten General, 167 DPR 297, 302 (2006). CC-2014-18 21
Primeramente debemos recordar que en este caso se
recurre de una sentencia parcial que desestimó
exclusivamente la reclamación por Ley 80. Por ello, no
está en controversia que el término prescriptivo de la Ley
100 quedó debidamente interrumpido y suspendido hasta la
finalización del pleito ante la Unidad Antidiscrimen, por
virtud expresa del Art. 5 de la Ley 100. Ante estos
hechos, nuestro examen sobre interrupción y congelación de
la prescripción se limitará a lo relacionado con la Ley
80.
Remitiéndonos a los hechos de este caso, el 18 de
junio de 2007 el señor Díaz Santiago fue despedido. El
6 de febrero de 2008 presentó una querella ante la Unidad
Antidiscrimen y el 11 de febrero de 2008 se notificó la
querella a su patrono. El 21 de abril de 2010 la Unidad
notificó su determinación de no causa por discrimen.
Posteriormente, el 19 de abril de 2011 el señor Díaz
Santiago presentó una reclamación judicial por despido
injustificado y discrimen en el empleo. Ante esto, la
única forma de concluir que la reclamación por Ley 80 del
señor Díaz Santiago no estaba prescrita es que resolvamos
que su término prescriptivo se interrumpió con la
notificación de la querella al patrono y que el término se
mantuvo congelado hasta la finalización del procedimiento
ante la Unidad Antidiscrimen.
Luego de haber examinado los requisitos sobre
interrupción extrajudicial, concluimos que la notificación CC-2014-18 22
de la querella por discrimen que el señor Díaz Santiago
presentó ante la Unidad Antidiscrimen tuvo el efecto de
interrumpir el término prescriptivo de la Ley 80, pues
dicha notificación cumplió con todos los requisitos de una
reclamación extrajudicial efectiva. Es decir: (1) fue
oportuna (el despido ocurrió el 12 de junio de 2007 y la
notificación de la querella se efectuó el 11 de febrero de
2008, dentro del término prescriptivo de tres (3) años de
la Ley 80); (2) fue realizada por una persona con
legitimación (la querella fue presentada por el señor Díaz
Santiago y notificada al patrono); (3) el medio utilizado
fue idóneo (la notificación por correo de la querella tuvo
el efecto de informar efectivamente a International que se
presentó una reclamación laboral en su contra), y
(4) existía identidad entre el derecho reclamado y el
afectado por la prescripción (el despido injustificado es
un elemento base de una reclamación por discrimen).
Sin embargo, el término prescriptivo de la Ley 80
no quedó “congelado” hasta la finalización del trámite
propósitos entre el proceso iniciado ante la Unidad
Antidiscrimen ─que solo investiga alegaciones de
discrimen− y una acción judicial por despido
injustificado. Por tal razón, el término prescriptivo de
tres (3) años de la Ley 80 comenzó a transcurrir desde que
se notificó la querella al patrono, es decir, desde el
11 de febrero de 2008. Dado que el señor Díaz Santiago no CC-2014-18 23
realizó algún otro acto para interrumpir el término
prescriptivo de su causa de acción por Ley 80, esta ya
estaba prescrita cuando presentó su reclamación judicial
el 19 de abril de 2011. Erró el Tribunal de Apelaciones al
resolver lo contrario.
IV
Por los fundamentos expuestos, revocamos la
determinación del Tribunal de Apelaciones y ordenamos la
desestimación de la reclamación por despido injustificado
presentada al amparo de la Ley 80.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
International Textiles Products of Puerto Rico; Tech Products of Puerto Rico, Inc.
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede la cual se hace formar parte íntegra de la presente, revocamos la determinación del Tribunal de Apelaciones y ordenamos la desestimación de la reclamación por despido injustificado presentada al amparo de la Ley 80.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo