EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Departamento de Educación
Recurrido Certiorari
v. 2011 TSPR 161
Ricardo Díaz Maldonado 183 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC - 2009 - 1014
Fecha: 2 de noviembre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel II
Juez Ponente: Hon. Edgardo Rivera García
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Ricardo Santos Ortíz
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Rosa E. Pérez Agosto Procuradora General Auxiliar
Materia: Revisión de Laudo
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicació n oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrido
v. CC-2009-1014 Ricardo Díaz Maldonado
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.
En San Juan, Puerto Rico, a 2 de noviembre de 2011.
Este caso nos permite resolver, en primer
lugar, si un recurso de impugnación del laudo fue
notificado debidamente a las partes en el pleito.
Así conoceremos si el Tribunal de Primera Instancia
tenía jurisdicción para emitir una sentencia. En
segundo lugar, analizaremos si los años de servicio
prestados como maestro mediante un contrato
transitorio en el Departamento de Educación deben
honrarse como años de experiencia al considerar la
elegibilidad para un aumento de salario.
Evaluada la controversia, resolvemos que el
Tribunal de Primera Instancia actuó con CC-2009-1014 2
jurisdicción al momento de emitir la sentencia. Asimismo,
concluimos que nada en la Ley Núm. 34 de 13 de junio de
1966, 18 L.P.R.A. sec. 281-309j, impide que se computen
los años de experiencia como maestro bajo contrato
transitorio para propósitos de aumento de salario una vez
se obtiene un nombramiento de carrera. Por todo lo
anterior, revocamos al Tribunal de Apelaciones.
I
El peticionario Ricardo Díaz Maldonado comenzó a
trabajar como maestro de Educación Física en el
Departamento de Educación (antes Departamento de
Instrucción Pública) en agosto de 1998, bajo contrato, con
un nombramiento clasificado como transitorio elegible. Es
decir, estaba “nombrado por un término fijo en una plaza
para la cual pose[ía] certificado regular de maestro para
la categoría correspondiente”. Reglamento de Personal
Docente del Departamento de Instrucción Pública, Núm.
3083, Departamento de Instrucción Pública, 21 de marzo de
1984, pág. 109. En mayo de 1999 obtuvo el grado de
maestría en Educación con concentración en Educación
Especial, y otra especialidad en Currículo y Enseñanza.
Ese mismo año, efectivo el 2 de agosto, se le concedió un
nombramiento como maestro de carrera, con status
probatorio, y un salario mensual de $1,570. Ese era el
salario que correspondía a los maestros que poseían
maestría, pero no tenían experiencia.
Al ubicar al peticionario Díaz Maldonado en la escala
salarial que proveía la Ley Núm. 34, supra, el CC-2009-1014 3
Departamento de Educación no consideró el año en que este
trabajó como maestro transitorio elegible. Ese año de
experiencia habría hecho una diferencia de $25 adicionales
por mes, para un salario total de $1,595 mensuales.
A través de los canales de quejas y agravios que
proveía el convenio colectivo vigente para esa fecha, el
señor Díaz Maldonado reclamó que se considerara el año en
que trabajó como maestro transitorio elegible para
ubicarlo en la escala superior. El 22 de febrero de 2008
la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público
emitió un laudo de arbitraje que concedió la petición del
maestro. Le reconoció como acreedor del salario mensual de
$1,595, retroactivo al 1 de mayo de 2000.
Inconforme, el 13 de marzo de 2008 el Departamento de
Educación impugnó el laudo de arbitraje en el Tribunal de
Primera Instancia. Ese escrito no se notificó a la
Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), que figuraba
como representante exclusivo del peticionario al momento
de iniciar la reclamación, pero que luego quedó
descertificada el 8 de enero de 2008 por una orden de la
Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público
(CRTSP). Por esos hechos, la FMPR presentó un recurso de
revisión ante el Tribunal de Apelaciones de la
determinación de la CRTSP, acompañada de una solicitud en
auxilio de jurisdicción. El foro apelativo intermedio, al
amparo de las Reglas 61(A)(1) y 79 de su Reglamento,
paralizó temporalmente la decisión de la Comisión hasta el
22 de febrero de 2008, fecha límite que se le concedió al CC-2009-1014 4
Departamento de Educación para presentar su alegato.
Finalmente, el 29 de febrero de 2008 el Tribunal de
Apelaciones dictó sentencia en la que confirmó la
desertificación de la FMPR (Caso Núm. KLRA200800115).
El 14 de mayo de 2008 el maestro Díaz Maldonado y la
FMPR impugnaron la jurisdicción del tribunal en su caso.
Alegaron falta de notificación adecuada por parte del
Departamento de Educación por lo que solicitaron la
desestimación de la petición de impugnación de laudo. En
la alternativa, pidieron que se les concediera un término
de 20 días para responder a la impugnación del laudo.
El Tribunal de Primera Instancia, sin conceder el
tiempo solicitado para responder, ni emitir orden o
notificación al respecto, revocó el laudo de arbitraje el
6 de abril de 2009. Ese foro entendió que la controversia
no fue resuelta conforme a derecho. Razonó que cuando el
señor Díaz Maldonado “recibió su nombramiento en el puesto
de carrera con status probatorio, no se configuró un
ascenso. Esto es así debido a que el Recurrido tenía un
año de experiencia, la cual fue adquirida en un puesto
transitorio”. Apéndice del recurso, pág. 42. Añadió que
[e]l Recurrido ingresó al servicio público al recibir su nombramiento en un puesto de carrera el 2 de agosto de 1999. Al ser nombrado a dicho puesto de carrera, se le asign[ó] al Recurrido el sueldo correspondiente al maestro con grado de maestría. Desde ese momento en que comienza a ocupar el puesto de carrera, es que comienza el término para contar la experiencia del Recurrido. El año que el Recurrido ocupó antes de ser nombrado a su puesto de carrera fue en un puesto transitorio, el cual fue justificado por la necesidad del puesto durante el año que el Recurrido lo ocupaba. CC-2009-1014 5
Apéndice del recurso, pág. 44.
Inconforme, el peticionario Díaz Maldonado recurrió
ante el Tribunal de Apelaciones, que denegó el certiorari
el 26 de octubre de 2009. En su resolución, el foro
apelativo intermedio repitió los mismos argumentos del
Tribunal de Primera Instancia para concluir que “el año de
servicio prestado por el peticionario [Díaz Maldonado]
como empleado transitorio se justificó por la necesidad
del servicio, y su nombramiento al puesto de carrera no
constituyó un ascenso que pudiese justificar un sueldo
mayor al correspondiente, para un maestro con salario
básico y grado de maestría”. Apéndice del recurso, pág.
17.
Insatisfecho nuevamente, el maestro Díaz Maldonado
recurre ante nos. Repite sus planteamientos de que el
Tribunal de Primera Instancia actuó sin jurisdicción al
atender la impugnación de un laudo que no se notificó a
todas las partes que estaban dentro del caso a la fecha de
presentación. Además, aduce que el tribunal excedió su
discreción al revocar el laudo de arbitraje que le
reconoció una acreencia de $25 mensuales adicionales de
salario, conforme a su interpretación de la Ley Núm. 34,
supra. El 7 de mayo de 2010 expedimos el auto de
certiorari. CC-2009-1014 6
II
A
La Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio
Público, Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, 3 L.P.R.A.
sec. 1452f y ss., creó la Comisión de Relaciones del
Trabajo del Servicio Público. Este organismo tiene entre
sus funciones
[i]nterpretar, aplicar y hacer cumplir las disposiciones de este capítulo en todo lo relativo a los procesos de organización, certificación, descertificación de organizaciones sindicales; en los procedimientos relacionados con la conciliación y arbitraje de negociaciones de convenios colectivos, en los procedimientos relacionados con prácticas ilícitas....
Sec. 11.15, 3 L.P.R.A. sec. 1452t.
La Sec. 10.1 de la Ley de Relaciones del Trabajo, 3
L.P.R.A. sec. 1452d, especifica que el mecanismo de
revisión de las órdenes y resoluciones finales de la
Comisión será la presentación de un recurso de revisión
ante el Tribunal de Apelaciones. Este se atenderá
discrecionalmente.
El término para esa revisión será el que dispone la
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A.U.),
Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2101
y ss. En lo pertinente, la Sec. 4.6 de la L.P.A.U., según
enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2176, señala que
[e]l Tribunal de Apelaciones revisará como cuestión de derecho las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias administrativas. La mera presentación del recurso no paralizará el trámite en el organismo o agencia administrativa, a menos que el Tribunal así lo determine. CC-2009-1014 7
El procedimiento a seguir para los recursos de revisión será de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones aprobado por el Tribunal Supremo. […]
Términos iguales se expresan en la Regla 61 del
Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. AP.
XXII-B, sobre los efectos de la presentación de un recurso
de revisión administrativa. A solicitud de parte, se podrá
emitir una orden para paralizar los efectos de una
sentencia.
B
El peticionario Díaz Maldonado esboza que el Tribunal
de Primera Instancia estaba impedido de ver el recurso de
impugnación del laudo de la Comisión porque el Departamento
de Educación no notificó a todas las partes,
específicamente, a la Federación de Maestros. No tiene
razón.
La organización sindical formó parte del caso ante la
Comisión, pero quedó descertificada como representante
exclusivo de los maestros de la agencia el 8 de enero de
2008. La orden de la Comisión que descertificó a la
Federación establecía expresamente, entre otras cosas, que
la organización tenía que cesar inmediatamente de
representar a los maestros del sistema público de
enseñanza. Esa orden se emitió el 8 de enero de 2008 y se
enmendó el 1 de febrero de 2008. Conviene recordar que esa
orden es una determinación administrativa, sujeta a
revisión judicial en los términos que dispone la L.P.A.U., CC-2009-1014 8
según la Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio
Público.
Según la Regla 61 del Reglamento del Tribunal de
Apelaciones, supra, y la Sección 4.3 de la L.P.A.U., supra,
las órdenes sujetas a revisión administrativa no quedan
paralizadas con la mera presentación de un recurso, a menos
que el foro apelativo disponga otra cosa. Así pues, la
orden que descertificó a la Federación fue efectiva desde
que se emitió.
Si bien es cierto que el Tribunal de Apelaciones
emitió una orden de suspensión de los efectos de la orden
administrativa de descertificación, esa orden judicial fue
efectiva solo desde el 11 hasta el 22 de febrero de 2008.
El laudo de la Comisión de Relaciones del Trabajo se
publicó el 22 de febrero de 2008 y se notificó a todas las
partes.
Fue la impugnación del laudo en el caso del maestro
Díaz Maldonado ante el Tribunal de Primera Instancia,
presentada el 13 de marzo de 2008 por el Departamento de
Educación, lo que se dejó de notificar a la Federación de
Maestros. Para esa fecha, la orden de paralización del
Tribunal de Apelaciones en el caso de la descertificación
ya no estaba vigente, así que la descertificación de la
Federación estaba en plena efectividad.
El señor Díaz Maldonado plantea que se debió notificar
a la Federación porque la descertificación era final, pero
no firme, pues se encontraba en los canales apelativos.
Alega que la Federación debió ser parte en el pleito hasta CC-2009-1014 9
el 27 de junio de 2008, cuando la descertificación advino a
ser una determinación final y firme, tras la disposición
del caso de la descertificación de la Federación ante este
Tribunal.
No nos convence su posición. Reiteramos que en los
casos de decisiones administrativas, éstas son efectivas
desde que se emiten y sus efectos se paralizan solo por
orden de los tribunales. La orden de paralización que
emitió el Tribunal de Apelaciones en el caso de la
descertificación no estaba vigente en el momento que se
impugnó el laudo en el caso del maestro Díaz Maldonado. Por
ello, el Departamento de Educación no estaba en la
obligación de notificar a la Federación de Maestros de la
impugnación del laudo en el caso del señor Díaz Maldonado
porque la Federación había dejado de ser parte.
Aclarada la jurisdicción del Tribunal de Primera
Instancia para emitir la sentencia, pasemos entonces a
analizar la segunda controversia que nos ocupa.
III
Hemos expresado en reiteradas ocasiones que “[e]n
Puerto Rico existe una vigorosa política pública a favor
del arbitraje obrero-patronal. Se entiende que el
arbitraje es el medio menos técnico, más flexible, menos
oneroso y, por lo tanto, más apropiado para la resolución
de las controversias que emanan de la relación laboral”.
C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 D.P.R. 443, 448-449
(2007). Véanse, además, HIETEL v. PRTC, Op. de 30 de junio
de 2011, 2011 T.S.P.R. 100, 2011 J.T.S. 105, 182 D.P.R. __ CC-2009-1014 10
(2011); S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 D.P.R.
359, 368 (2010); U.G.T. v. Corp. Difusión Púb., 168 D.P.R.
674, 682 (2006); Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144
D.P.R. 673, 682 (1998); Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133
D.P.R. 986, 995 (1993). Por ello, “cuando se acuerda el
uso del arbitraje como mecanismo para ajustar las
controversias, se crea un foro sustituto a los tribunales
de justicia, cuya interpretación merece gran deferencia”.
C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra. Véanse, además,
HIETEL v. PRTC, supra; López v. Destilería Serrallés, 90
D.P.R. 245, 256 (1964). Por ello, “un laudo basado en una
sumisión voluntaria está sujeto a revisión judicial sólo
si las partes convienen que la controversia sometida al
árbitro sea resuelta conforme a derecho”. U.G.T. v. Corp.
Difusión Púb., supra, pág. 682. Véanse, además, Condado
Plaza Hotel v. Asoc. de Empleados de Casino, 149 D.P.R.
347, 349 (1999); J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119
D.P.R. 62, 68 (1987); J.R.T. v. N.Y. & P.R. S/S Co., 69
D.P.R. 782, 801-802 (1949).
Así pues, en atención a esa deferencia, hemos
establecido que la revisión de un laudo se circunscribirá,
cuando no se ha especificado que sea conforme a derecho,
“a la determinación de la existencia de fraude, conducta
impropia, falta del debido proceso de ley, violación a la
política pública, falta de jurisdicción o que el laudo no
resuelve todos los asuntos en controversia”. C.F.S.E. v.
Unión de Médicos, supra, pág. 449. Véase, además, Aquino CC-2009-1014 11
González v. A.E.L.A., Op. de 25 de mayo de 2011, 2011
T.S.P.R. 77, 2011 J.T.S. 82, 182 D.P.R. __ (2011).
Ahora bien, cuando las partes acuerdan que el laudo
se haga conforme a derecho, la facultad revisora de los
tribunales es más amplia. Por ello, “podrán corregir
errores jurídicos en atención al derecho aplicable. En tal
supuesto, la revisión judicial de los laudos de arbitraje
es análoga a la revisión judicial de las decisiones
administrativas”. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra,
pág. 449. Véanse, además, Condado Plaza v. Asoc. Emp.
Casinos P.R., 149 D.P.R. 347, 353 (1999); Rivera v. Dir.
Adm. Trib., 144 D.P.R. 808, 821-822 (1998).
Por consiguiente, cuando en un laudo se determina que
el árbitro deberá resolver conforme a derecho, “el árbitro
no puede ignorar las normas de derecho sustantivo en el
campo del derecho laboral y debe resolver las
controversias de acuerdo con las doctrinas legales
prevalecientes”. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, pág.
449. Sin embargo, si en el convenio de arbitraje nada se
dice en cuanto a que deberá resolverse conforme a derecho,
“los árbitros pueden declarar cuál es la ley, haciendo
caso omiso de las reglas de derecho sustantivo” Íd., págs.
449-450. Véase, además, Rivera v. Samaritano & Co., Inc.,
108 D.P.R. 604, 609 (1979). Es decir, la facultad del
árbitro para diseñar remedios sería amplia, “siempre y
cuando tales remedios se derivaran de la esencia del
convenio colectivo y el acuerdo de sumisión bajo el cual
se actuaba”. (Énfasis en el original.) C.O.P.R. v. S.P.U., CC-2009-1014 12
Op. de 28 de marzo de 2011, 2011 T.S.P.R. 47, 2011 J.T.S.
52, pág. 1094, 181 D.P.R. ___, ___ (2011). Por eso,
“cuando un laudo está condicionado a emitirse [conforme a
derecho], el árbitro debe velar celosamente por el
cumplimiento de las reglas jurídicas vigentes en nuestro
ordenamiento legal y rendir su decisión a tenor con las
doctrinas legales prevalecientes”. (Énfasis en el
original.) Íd., pág. ___, 2011 J.T.S. 52, pág. 1093. Así
pues, “[u]n laudo conforme a derecho confiere a las partes
la certidumbre de que el resultado arbitral estará
estrictamente aferrado a los límites de la ley, y que no
se concederá un remedio más allá del provisto por nuestro
andamiaje jurídico”. (Énfasis en el original.) Íd., pág.
___, 2011 J.T.S. 52, pág. 1094. Por ello, “[c]onceder
amplio margen a un árbitro para que diseñe remedios cuando
el laudo está condicionado a emitirse conforme a derecho y
las partes nada han dispuesto sobre los poderes del
árbitro, socava principios básicos de derecho contractual
y lesiona el acuerdo de voluntades plasmado en el convenio
colectivo.” (Énfasis en el original.) Íd.
No obstante, debe quedar claro que
el tribunal de instancia no debe inclinarse fácilmente a decretar la nulidad del laudo a menos que efectivamente el mismo no haya resuelto la controversia con arreglo a derecho, según lo pactaran las partes.... Debe tenerse presente que una discrepancia de criterio con el laudo no justifica la intervención judicial pues destruye los propósitos fundamentales del arbitraje de resolver las controversias rápidamente, sin los costos y demoras del proceso judicial. CC-2009-1014 13
Rivera v. Samaritano & Co., 108 D.P.R. 604, 609 (1979).
En el caso ante nos, las partes acordaron que el laudo
de arbitraje se emitiera conforme a derecho. Por ende,
procede la revisión del laudo en toda su extensión.
IV
De entrada, es necesario puntualizar que para el
momento en que se suscitó la controversia, al Departamento
de Educación1 no le aplicaba la Ley de Personal del
Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de
octubre de 1975, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 1301 y
ss. El departamento fue designado administrador individual
por la Ley Núm. 49 de 7 de junio de 1977. En virtud de lo
anterior, el Departamento de Instrucción Pública promulgó
el “Reglamento de Personal Docente del Departamento de
Instrucción Pública”. Este respondió al
propósito de cumplir con el mandato legal que dispon[ía] que los administradores individuales deb[ían] adoptar para sí un reglamento para las áreas esenciales del principio de mérito y otras disposiciones necesarias relativas a la Administración de personal, todo ello de conformidad con las disposiciones de las Secciones 5.7 y 5.13 de la referida Ley Número 5.
Reglamento de Personal Docente del Departamento de Instrucción Pública, supra, pág. 1.
Sin embargo, con la aprobación de la Ley para la
Administración de los Recursos Humanos en el Servicio
Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm.
1 En 1990 el Departamento de Instrucción Pública fue renombrado como Departamento de Educación en virtud de la Ley de Reforma Escolar, Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990. CC-2009-1014 14
184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, 3 L.P.R.A.
sec. 1301, el Departamento de Educación dejó de ser un
administrador individual y volvió a formar parte del
sistema de recursos humanos del servicio público del
Gobierno de Puerto Rico. No obstante, al momento de
suscitarse la controversia de este caso, el Departamento de
Educación era un administrador individual que se regía por
el Reglamento de Personal Docente, supra, para todo lo
relacionado con el principio de mérito y administración de
personal.
Precisamente, el Art. 12 del Reglamento de Personal
Docente disponía que “[e]l aspecto retributivo del
personal docente del Departamento de Instrucción Pública
se regir[ía] por las disposiciones contenidas en leyes
especiales aplicables al efecto y los procedimientos
internos aprobados”. Por ello, procedemos a resolver esta
controversia conforme a los principios de la ley especial
aplicable, la Ley Núm. 34, supra.
La Ley Núm. 34, íd., respondió “a una profunda
inquietud gubernamental por elevar la remuneración de los
maestros de conformidad con la realidad económica del
momento y a tono con la aportación que estos servidores
públicos han prestado al desarrollo económico de Puerto
Rico así como a otros aspectos de nuestra vida colectiva”.
Informe de la Comisión de Instrucción y Cultura de la
Cámara de Representantes, P. de la C. 438, 21 de abril de
1966, pág. 3. CC-2009-1014 15
Luego de un estudio de la remuneración de los maestros
en ese entonces, se encontró que “(1) el sueldo que
recib[ían] los maestros afecta[ba] en proporción directa la
eficiencia del funcionamiento del sistema y la calidad del
producto educativo; [y] (2) existía un desbalance entre los
sueldos de los maestros y de los otros empleados públicos
en posiciones de responsabilidad y preparación similares.”
Íd., págs. 3-4. Conforme a lo anterior, se creó la política
de sueldos docentes dentro de tres normas básicas:
(1) equiparar el sueldo básico de los maestros al de empleados del Gobierno de preparación académica y responsabilidad comparable;(2) compensar la excelencia desarrollada por la experiencia en la enseñanza y aumentar los sueldos básicos en vigor; aumentar los índices de retención en el servicio de los maestros; y (3) estimular a los maestros a que logren la más alta preparación académica, estableciendo diferencias razonables en los sueldos básicos y en la compensación por experiencia, basados en la preparación académica del maestro.
Informe de la Comisión de Hacienda, P. de la C. 438, 27 de abril de 1966, pág. 3.
Con esta medida, el gobierno colocó un esfuerzo
singular en dotar al país de un sistema educativo que
facilitara a todos la oportunidad de una mejor educación.
Íd., pág. 4. Esa encomienda tendría más éxito,
evidentemente, si al personal docente se le remuneraba de
acuerdo a su preparación académica. De esta forma, se les
“induc[ía] a alcanzar niveles superiores de preparación
académica y [a] retenerlos en el servicio activo”. Íd.
Así pues, el legislador creó una fórmula de aumentos
en el sueldo de los maestros que dependía de su preparación
académica y los años de servicio. Esa fórmula se encuentra CC-2009-1014 16
en el Art. 4 de la Ley Núm. 34, 18 L.P.R.A. sec. 309c. Ese
artículo dispone:
La retribución de cada maestro se aumentará al siguiente tipo intermedio en la escala correspondiente al terminar un año de servicio hasta que alcance el sueldo máximo de la escala. Por “año de servicio” se entenderá cualquier periodo de nueve (9) meses, dentro de un año escolar en que el maestro haya estado bajo contrato o nombramiento, y la acumulación de cualquier periodo de diez (10) meses de servicios prestados en diferentes años escolares; entendiéndose, que para los propósitos de las secs. 309 a 309j de este título, el año escolar comprende los meses escolares de agosto a julio subsiguiente. Los aumentos por razón de años de servicio serán efectivos al empezar el año económico y en el caso de maestros que reingresan al servicio, en el mes en que el maestro empiece a trabajar durante el año económico.2 [Énfasis suplido.]
Como vemos, se le aumentará la retribución al
siguiente tipo intermedio en la escala correspondiente a
todo maestro que al terminar un año de servicio esté bajo
contrato o nombramiento. Así pues, primero es necesario
analizar quién es el maestro cobijado por la Ley Núm. 34,
supra.
2 Para el personal docente del programa regular del Departamento de Educación, el Art. 1 de la Ley Núm. 34, 18 L.P.R.A. sec. 309, estableció la siguiente escala retributiva, a partir de julio de 1996:
ESCALA DE SUELDOS QUE REGIRÁN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA REGULAR DE EDUCACION PÚBLICA A PARTIR DE JULIO DE 1996
TIPOS INTERMEDIOS Categoría Sueldo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sueldo Puesto Básico Máximo Mens. Menos Normal $ 1,147 1,162 1,177 1,193 1,210 1,226 1,244 1,261 Normal 1,235 1,255 1,275 1,295 1,317 1,337 1,357 1,378 1,398 1,418 1,440 Bachillerato 1,500 1,525 1,550 1,575 1,600 1,625 1,650 1,675 1,700 1,725 1,750 Maestría 1,570 1,595 1,620 1,645 1,670 1,695 1,720 1,745 1,770 1,795 1,820
Doctorado 1,712 1,737 1,762 1,787 1,812 1,837 1,862 1,887 1,912 1,937 1,962 . CC-2009-1014 17
El Art. 10 de la Ley Núm. 34, 18 L.P.R.A sec.
309i(b)(c), define como maestro de instrucción pública a
“todo el personal docente, técnico y de supervisión del
sistema escolar”. La definición incluye también a “[l]os
maestros o principales contratados como tales por otros
departamentos o agencias del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico”. Id. Sin embargo, quedan excluidos de esta
definición “los maestros de escuelas nocturnas y los
profesores de la Universidad de Puerto Rico”, así como, el
“personal de oficina”. Id.
Ahora bien, el Art. 4, supra, reduce el año de
servicio a cualquier periodo de nueve meses, en un año
escolar en el que un maestro haya estado bajo contrato o
nombramiento. El año escolar comprende los meses de agosto
a julio. Íd. También, se considerará un año de servicio la
acumulación de cualquier periodo de diez meses de servicios
prestados en diferentes años escolares. Íd.
Finalmente, el Art. 4, íd., menciona que le
corresponderá el aumento a todo maestro elegible que esté
“bajo contrato o nombramiento”. La Ley Núm. 34, supra, no
brinda una definición de esos términos. Sin embargo, el
Art. 18(35) del Reglamento de Personal Docente, supra,
definía el “nombramiento” como “la designación oficial de
una persona para realizar determinadas funciones”.
Asimismo, definía al “maestro transitorio elegible” como
“aquél nombrado por un término fijo en una plaza para la
cual posee certificado regular de maestro para la categoría
correspondiente”. Íd., Art. 18(34). CC-2009-1014 18
V
Sin lugar a dudas, el señor Díaz Maldonado disfrutó de
un nombramiento transitorio durante el año anterior a su
nombramiento como maestro de carrera con estatus
probatorio. Sobre ello coinciden ambas partes en el pleito.
Durante el año escolar 1998-1999 estudió una maestría en
Educación con concentración en Educación Especial. Sin
embargo, al nombrársele en el puesto de carrera en 1999, ya
con su maestría, se le adjudicó un sueldo que correspondía
al de un maestro con maestría, pero sin experiencia. El
árbitro resolvió que conforme a la Ley Núm. 34, supra, al
peticionario Díaz Maldonado le correspondía el sueldo de un
maestro con maestría y un año de experiencia. Sin embargo,
tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de
Apelaciones acogieron la postura de la agencia que entendía
que un año de servicio prestado como maestro transitorio no
cuenta para propósitos de un aumento por años de servicios.
Al concluir de esa forma erraron ambos foros.
En primer lugar, el maestro Díaz Maldonado está dentro
de la definición de maestro del Art. 10 de la Ley Núm. 34,
supra. Es parte del personal docente del sistema escolar.
No está incluido entre las excepciones del artículo. Por
ende, tenemos que concluir que la categoría de “maestro
transitorio elegible” definida en el Art. 18(34) del
Reglamento de Personal Docente está comprendida dentro de
la categoría general de “Maestro de Instrucción Pública”
que se menciona en el Art. 10 de la Ley Núm. 34, supra. Se
trata de dos disposiciones sobre el mismo asunto que “deben CC-2009-1014 19
ser tratadas como un todo armónico, leyéndolas en conjunto,
no interpretando aisladamente sus disposiciones”. Torres
Santiago v. Mun. de Coamo, 170 D.P.R. 541, 560 (2007). Si
el legislador hubiera querido excluir a los maestros
transitorios del aumento por años de servicio, lo habría
hecho constar palmariamente. Así lo hizo con los profesores
de escuelas nocturnas, los profesores de la Universidad de
Puerto Rico y el personal de oficina.
En segundo lugar, el señor Díaz Maldonado laboró como
maestro transitorio durante el año escolar 1998-1999. Es
decir, empezó en el sistema educativo en el mes de agosto
de 1998 y durante ese año, hasta el 31 de mayo de 1999,
ejerció sus funciones como maestro transitorio elegible.
Por ende, el señor Díaz Maldonado laboró como maestro
durante los nueve meses que constituyen un año escolar. Así
pues, cumple con el segundo requisito que impone el Art. 4
de la Ley Núm. 34, supra.
En tercer y último lugar, el señor Díaz Maldonado
laboró como maestro bajo contrato transitorio. El Tribunal
de Apelaciones no analizó directamente a qué se refería el
legislador al mencionar al maestro “bajo contrato o
nombramiento” en el Art. 4 de la Ley Núm. 34, supra. Por el
contrario, ignoró lo dispuesto en el Art. 12 del Reglamento
de Personal Docente, supra, y resolvió la controversia al
amparo de leyes que no eran de aplicación a los hechos.
Específicamente, el foro apelativo intermedio utilizó el
Art. 4 y el Art. 6, Sección 6.12 del Reglamento de Personal
Docente, supra, la Ley de Retribución Uniforme, Ley Núm. 89 CC-2009-1014 20
de 12 de julio de 1978, así como la jurisprudencia en
cuanto a los nombramientos transitorios y de carrera en el
contexto de la Ley de Personal de Servicio Público, supra,
para concluir que “el año de servicio prestado por el
peticionario como empleado transitorio se justificó por la
necesidad del servicio, y su nombramiento al puesto de
carrera no constituyó un ascenso que pudiese justificar un
sueldo mayor al correspondiente, para un maestro con
salario básico y grado de maestría”. Apéndice del recurso,
págs. 16-17. Esa conclusión es errada.
La educación de nuestro pueblo es de trascendental
importancia para el desarrollo de nuestra sociedad. Los
maestros y maestras que componen el cuerpo docente del
Departamento de Educación de Puerto Rico laboran a diario
por el desarrollo intelectual, emocional y social de los
niños y jóvenes de nuestra sociedad. Necesitamos
profesionales del más alto calibre para ejercer tan
importante labor. Por eso, el legislador concluyó que
incentivar a los maestros por su preparación académica y
experiencia repercute en un mejor funcionamiento laboral y
en un deseo personal de superación.
La Ley Núm. 34, supra, no distingue entre contratos
transitorios y nombramientos probatorios o permanentes,
para propósitos de los aumentos salariales a los maestros.
Como se aprecia del texto de la ley, esta dispone
únicamente que los empleados docentes bajo contrato o
nombramiento recibirán un aumento de sueldo conforme a su
preparación y años de servicio. La ley no exige que los CC-2009-1014 21
años de servicio se presten en calidad de empleado regular.
Recordemos que el Art. 4 de la Ley Núm. 34, supra, dispone
que el aumento corresponderá a todo empleado docente
elegible, que haya estado bajo contrato o nombramiento. De
ahí que un empleado docente elegible tiene derecho al
aumento salarial, independientemente de si ha estado
trabajando bajo contrato como empleado transitorio o si
tiene un nombramiento regular. Concluir de otra forma
frustraría el propósito del legislador de incentivar la
educación de nuestros maestros al remunerarlos conforme a
su preparación académica y su experiencia en el salón de
clase.
Por todo lo anterior, concluimos que corresponde
computarle al peticionario Díaz Maldonado el año de
servicio que prestó como maestro bajo contrato transitorio.
Así pues, procede decretar el pago y ajuste al salario del
señor Díaz Maldonado correspondiente a $25 mensuales por
concepto de ajuste en la escala salarial al sueldo básico
de un maestro con un año de experiencia que posee el grado
de maestría, desde agosto de 1999 al presente.
VI
Por los fundamentos expuestos se dictará Sentencia
para revocar la del Tribunal de Apelaciones y ordenar la
restitución del laudo de arbitraje L-08-020.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v.
Ricardo Díaz Maldonado CC-2009-1014
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se revoca al Tribunal de Apelaciones y se ordena la restitución del laudo de arbitraje L-08-020.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal. La Jueza Asociada señora Fiol Matta concurre sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Rivera García no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo