Corporación Pública Para La Supervisión Y Seguro De Cooperativas De Puerto Rico v. González López
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Corporación P ública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y Otros Certiorari
Peticionarios 2010 TSPR 189
v. 179 DPR ____
Manuel González López y otros
Recurridos
Número del Caso: CC - 2008 - 829
Fecha: 27 de agoto de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Jueza Ponente: Hon. Dolores Rodríguez de Oronoz
Abogad os da la Parte Peticionaria:
Lcdo. Héctor J. Quiñones Inserni Lcdo. Iván Aponte González Lcda. Gloria Arlene Hickey Martínez
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Jaime E. Toro Mo nserrate
Materia: Fraude, Falsificación de Endosos, Incumplimiento de Contrato y Acción Civil
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y Otros
Peticionarios CC-2008-829 Certiorari Vs.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor HERNÁNDEZ DENTON
San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2010.
La controversia en este caso requiere que
interpretemos por primera vez la Sec. 2-118 de la
Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, según
enmendada, conocida como la Ley de Transacciones
Comerciales. 19 L.P.R.A. secs. 401 et seq. La
referida sección establece un término prescriptivo
de tres años para las acciones de apropiación
indebida de instrumentos negociables.
Específicamente, debemos determinar en qué momento
comienza a transcurrir dicho término cuando se trate
de la apropiación indebida de cheques. Por entender
que el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente
al decidir que, en el caso de los cheques, el CC-2008-829 2
término prescriptivo comienza a transcurrir cuando éstos se
negocian, confirmamos la sentencia recurrida.
I.
La Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de
Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) es una entidad pública
cuyas funciones y facultades fueron establecidas mediante la
Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001. 7 L.P.R.A. secs. 1334
et seq. Sus funciones principales son la fiscalización y
supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito, así como
la formulación de la política pública y reglamentación del
movimiento cooperativo. 7 L.P.R.A. sec. 1334.1 Las
cooperativas tienen la obligación de someter anualmente a
COSSEC un estado de situación que refleje sus circunstancias
financieras, incluyendo el balance de las cuentas de acciones
y depósitos de los socios. 7 L.P.R.A. sec. 1334k. Al ejercer
sus facultades fiscalizadoras, COSSEC puede exigir a una
cooperativa informes financieros adicionales o de cualquier
otra índole y podrá realizar auditorías extraordinarias. Íd.;
7 L.P.R.A. sec. 1334p.
En dicha ley también se le otorga a COSSEC el poder de
colocar a las cooperativas que regula bajo administración en
sindicatura e iniciar las acciones que estime necesarias a
nombre de éstas. 17 L.P.R.A. sec. 1334b. En el ejercicio de
COSSEC es dirigida por una Junta de Directores compuesta 1
por: el Administrador de la Administración de Fomento Cooperativo, el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico, el Secretario de Hacienda, el Inspector de Cooperativas, cuatro representantes de las cooperativas aseguradas y un ciudadano particular en representación del interés público. 7 L.P.R.A. sec. 1334c. CC-2008-829 3
tales facultades, COSSEC colocó a la Cooperativa de Ahorro y
Crédito de los Empleados de la Autoridad de Puertos y de la
Autoridad Metropolitana de Autobuses (Cooperativa) bajo
administración en sindicatura.
El 4 de febrero de 2004, luego de realizar una auditoría
de las finanzas de la Cooperativa, COSSEC presentó una
demanda contra el Sr. Manuel González López, su hermano el
Sr. Lino González López, los miembros de la Junta de
Directores de la Cooperativa, los miembros del Comité de
Supervisión de la Cooperativa y los auditores externos de la
Cooperativa, entre otros. Alegó, en síntesis, que el señor
Manuel González López, quien fungió como administrador de la
Cooperativa entre 1999 y 2003, en contubernio con su hermano
y fraudulentamente, emitió cheques a nombre de socios y
personas ficticias que luego endosaban y depositaban en sus
cuentas personales. Según COSSEC, la cuantía de los cheques
apropiados indebidamente ascendía a $1,897,258.
COSSEC también incluyó como demandado al Banco Popular
de Puerto Rico por ser la entidad bancaria en la que el señor
González López y su hermano tenían las cuentas personales que
supuestamente utilizaron para depositar los cheques
apropiados indebidamente. En la demanda se le imputó al Banco
Popular no ejercer el cuidado debido al verificar los
endosos; obrar de mala fe al no investigar el aumento de
actividad transaccional de las cuentas de los co-demandados
en cuestión; e incurrir en negligencia crasa al autorizar el
depósito de cheques fraudulentos e ilegales, entre otras
cosas. CC-2008-829 4
Posteriormente, el Banco Popular presentó una moción
para que se dictara sentencia por las alegaciones y adujo que
toda causa de acción en su contra relacionada al cambio o
depósito de cheques que haya surgido más de tres años antes
de que se presentara la demanda estaba prescrita a tenor de
la Sec. 2-118 de la Ley de Transacciones Comerciales, 19
L.P.R.A. sec. 518. Señaló que el momento en el que surge la
causa de acción por apropiación indebida de un cheque es
cuando éste se negocia. Es decir, cuando se paga, se cambia o
se deposita. Adujo que así lo han resuelto los estados cuya
legislación sobre instrumentos negociables procede del
Uniform Commercial Code, como la nuestra.
Por su parte, COSSEC se opuso y alegó que en Puerto Rico
rige la teoría cognoscitiva del daño, por lo que las causas
de acción en relación con la apropiación indebida de los
cheques surgieron cuando descubrió que el señor González
López y su hermano se habían apropiado del dinero, y no
cuando se negociaron los cheques. Por tal razón, alegó que
ninguna de sus causas de acción contra el Banco Popular están
prescritas.
Tras varios incidentes procesales, el Tribunal de
Primera Instancia declaró con lugar la referida moción y
dictó sentencia parcial a favor del Banco Popular. Asimismo,
determinó que el momento en el que surgieron las causas de
acción fue cuando se cambiaron y se depositaron cada uno de
los cheques en las cuentas personales del señor González
López y su hermano. Por ende, desestimó todas las
reclamaciones relativas a cheques que se hubieran negociado CC-2008-829 5
más de tres años antes de que se presentara la demanda.
Desestimó, además, toda reclamación contra el Banco Popular
por gastos de síndicos, auditores, gastos legales, costas y
honorarios de abogado.
Inconforme con dicha determinación, COSSEC acudió al
Tribunal de Apelaciones. Adujo que el foro de instancia se
equivocó al estimar que la causa de acción surge cuando el
cheque se negocia y no cuando el perjudicado descubre la
apropiación, como sería si se hubiese reconocido la
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Corporación P ública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y Otros Certiorari
Peticionarios 2010 TSPR 189
v. 179 DPR ____
Manuel González López y otros
Recurridos
Número del Caso: CC - 2008 - 829
Fecha: 27 de agoto de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Jueza Ponente: Hon. Dolores Rodríguez de Oronoz
Abogad os da la Parte Peticionaria:
Lcdo. Héctor J. Quiñones Inserni Lcdo. Iván Aponte González Lcda. Gloria Arlene Hickey Martínez
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Jaime E. Toro Mo nserrate
Materia: Fraude, Falsificación de Endosos, Incumplimiento de Contrato y Acción Civil
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y Otros
Peticionarios CC-2008-829 Certiorari Vs.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor HERNÁNDEZ DENTON
San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2010.
La controversia en este caso requiere que
interpretemos por primera vez la Sec. 2-118 de la
Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, según
enmendada, conocida como la Ley de Transacciones
Comerciales. 19 L.P.R.A. secs. 401 et seq. La
referida sección establece un término prescriptivo
de tres años para las acciones de apropiación
indebida de instrumentos negociables.
Específicamente, debemos determinar en qué momento
comienza a transcurrir dicho término cuando se trate
de la apropiación indebida de cheques. Por entender
que el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente
al decidir que, en el caso de los cheques, el CC-2008-829 2
término prescriptivo comienza a transcurrir cuando éstos se
negocian, confirmamos la sentencia recurrida.
I.
La Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de
Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) es una entidad pública
cuyas funciones y facultades fueron establecidas mediante la
Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001. 7 L.P.R.A. secs. 1334
et seq. Sus funciones principales son la fiscalización y
supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito, así como
la formulación de la política pública y reglamentación del
movimiento cooperativo. 7 L.P.R.A. sec. 1334.1 Las
cooperativas tienen la obligación de someter anualmente a
COSSEC un estado de situación que refleje sus circunstancias
financieras, incluyendo el balance de las cuentas de acciones
y depósitos de los socios. 7 L.P.R.A. sec. 1334k. Al ejercer
sus facultades fiscalizadoras, COSSEC puede exigir a una
cooperativa informes financieros adicionales o de cualquier
otra índole y podrá realizar auditorías extraordinarias. Íd.;
7 L.P.R.A. sec. 1334p.
En dicha ley también se le otorga a COSSEC el poder de
colocar a las cooperativas que regula bajo administración en
sindicatura e iniciar las acciones que estime necesarias a
nombre de éstas. 17 L.P.R.A. sec. 1334b. En el ejercicio de
COSSEC es dirigida por una Junta de Directores compuesta 1
por: el Administrador de la Administración de Fomento Cooperativo, el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico, el Secretario de Hacienda, el Inspector de Cooperativas, cuatro representantes de las cooperativas aseguradas y un ciudadano particular en representación del interés público. 7 L.P.R.A. sec. 1334c. CC-2008-829 3
tales facultades, COSSEC colocó a la Cooperativa de Ahorro y
Crédito de los Empleados de la Autoridad de Puertos y de la
Autoridad Metropolitana de Autobuses (Cooperativa) bajo
administración en sindicatura.
El 4 de febrero de 2004, luego de realizar una auditoría
de las finanzas de la Cooperativa, COSSEC presentó una
demanda contra el Sr. Manuel González López, su hermano el
Sr. Lino González López, los miembros de la Junta de
Directores de la Cooperativa, los miembros del Comité de
Supervisión de la Cooperativa y los auditores externos de la
Cooperativa, entre otros. Alegó, en síntesis, que el señor
Manuel González López, quien fungió como administrador de la
Cooperativa entre 1999 y 2003, en contubernio con su hermano
y fraudulentamente, emitió cheques a nombre de socios y
personas ficticias que luego endosaban y depositaban en sus
cuentas personales. Según COSSEC, la cuantía de los cheques
apropiados indebidamente ascendía a $1,897,258.
COSSEC también incluyó como demandado al Banco Popular
de Puerto Rico por ser la entidad bancaria en la que el señor
González López y su hermano tenían las cuentas personales que
supuestamente utilizaron para depositar los cheques
apropiados indebidamente. En la demanda se le imputó al Banco
Popular no ejercer el cuidado debido al verificar los
endosos; obrar de mala fe al no investigar el aumento de
actividad transaccional de las cuentas de los co-demandados
en cuestión; e incurrir en negligencia crasa al autorizar el
depósito de cheques fraudulentos e ilegales, entre otras
cosas. CC-2008-829 4
Posteriormente, el Banco Popular presentó una moción
para que se dictara sentencia por las alegaciones y adujo que
toda causa de acción en su contra relacionada al cambio o
depósito de cheques que haya surgido más de tres años antes
de que se presentara la demanda estaba prescrita a tenor de
la Sec. 2-118 de la Ley de Transacciones Comerciales, 19
L.P.R.A. sec. 518. Señaló que el momento en el que surge la
causa de acción por apropiación indebida de un cheque es
cuando éste se negocia. Es decir, cuando se paga, se cambia o
se deposita. Adujo que así lo han resuelto los estados cuya
legislación sobre instrumentos negociables procede del
Uniform Commercial Code, como la nuestra.
Por su parte, COSSEC se opuso y alegó que en Puerto Rico
rige la teoría cognoscitiva del daño, por lo que las causas
de acción en relación con la apropiación indebida de los
cheques surgieron cuando descubrió que el señor González
López y su hermano se habían apropiado del dinero, y no
cuando se negociaron los cheques. Por tal razón, alegó que
ninguna de sus causas de acción contra el Banco Popular están
prescritas.
Tras varios incidentes procesales, el Tribunal de
Primera Instancia declaró con lugar la referida moción y
dictó sentencia parcial a favor del Banco Popular. Asimismo,
determinó que el momento en el que surgieron las causas de
acción fue cuando se cambiaron y se depositaron cada uno de
los cheques en las cuentas personales del señor González
López y su hermano. Por ende, desestimó todas las
reclamaciones relativas a cheques que se hubieran negociado CC-2008-829 5
más de tres años antes de que se presentara la demanda.
Desestimó, además, toda reclamación contra el Banco Popular
por gastos de síndicos, auditores, gastos legales, costas y
honorarios de abogado.
Inconforme con dicha determinación, COSSEC acudió al
Tribunal de Apelaciones. Adujo que el foro de instancia se
equivocó al estimar que la causa de acción surge cuando el
cheque se negocia y no cuando el perjudicado descubre la
apropiación, como sería si se hubiese reconocido la
aplicación de la teoría cognoscitiva del daño. El Banco
Popular se opuso y solicitó al Tribunal de Apelaciones que
confirmara la sentencia. Fundamentó su solicitud
esencialmente en los mismos argumentos que esgrimió ante el
Tribunal de Primera Instancia. Luego de otros trámites, el
foro apelativo intermedio confirmó la sentencia apelada por
entender que se había resuelto correctamente que las causas
de acción respecto a cheques negociados por el Banco Popular
más de tres años antes de que se interpusiera la demanda
estaban prescritas.
Ante esta determinación adversa, COSSEC acude ante nos
mediante recurso de certiorari y reitera los argumentos que
presentó ante los foros inferiores. Aduce que, ante el
silencio que guarda la Ley de Transacciones Comerciales en
cuanto al surgimiento de la causa de acción en cuestión, no
procede acudir a otras jurisdicciones para llenar el vacío,
sino que es de aplicación la teoría cognoscitiva del daño.
Acordamos expedir, y con el beneficio de la
comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver. CC-2008-829 6
II.
Los instrumentos negociables, o títulos cambiarios, como
se les designa en la tradición civilista, son documentos en
los que se plasma el derecho a cobrar una suma de dinero y a
los que el ordenamiento jurídico les confiere una especial
habilidad para circular. M.R. Garay Aubán, Derecho Cambiario,
Ponce, Ed. Revista de Derecho Puertorriqueño, 1999, pág. 1.
Los instrumentos negociables modernos más utilizados son la
letra de cambio o giro, el cheque y el pagaré.
Los tratadistas no han podido fijar con precisión el
origen de los instrumentos negociables, pero están de acuerdo
en que desde tiempos remotos han sido empleados para agilizar
el comercio y facilitar el flujo de la riqueza. Así, por
ejemplo, dice Basilio Santiago Romero, citando a Bartolomé
Guillén E. Igual, que en el derecho asirio-babilónico se
utilizaban el sipartu; en India el ound kat goud; en la
antigua Grecia el singraphum; en Egipto el sandch; y en el
Imperio Romano el permutatio y la receptum argentarii. B.
Santiago Romero, Instrumentos Negociables: Ley Uniforme de
Instrumentos Negociables de Puerto Rico y Comentarios al
Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos, Palencia
de Castilla, Industrias Gráficas Diario-Día, 1966, págs. 9-
10. La primera mención de la letra de cambio, instrumento
negociable por excelencia, en lo que hoy conocemos como el
Reino de España, se encuentra en un edicto publicado en 1394
por magistrados barceloneses. Íd.
En lo que respecta a Puerto Rico, nuestra primera
legislación sobre estos medios de intercambio comercial CC-2008-829 7
provenía del Código de Comercio español de 1889.
Posteriormente, dicho código fue enmendado por la Ley
Uniforme de Instrumentos Negociables de Puerto Rico, Ley Núm.
17 de 22 de abril de 1930. Ésta estaba basada en la Ley
Uniforme de Instrumentos Negociables estadounidense de 1896 y
desarrollada por el National Conference of Commissioners on
Uniform State Laws. Para 1924 todos los estados habían
adoptado la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables con
ligeras variaciones. Garay Aubán, op. cit., pág. 19. Esta
legislación modelo estaba basada, a su vez, en el Bill of
Exchange Act inglés de 1882, que en su momento codificó las
prácticas mercantiles que venían observándose en Inglaterra
desde la Edad Media. Íd.
En 1952, el National Conference of Commissioners on
Uniform State Laws, en conjunción con el American Law
Institute, publicaron el Uniform Commercial Code (UCC). A
través del resto del Siglo XX los distintos estados
integraron dicho código modelo dentro de sus propios
ordenamientos internos. En Puerto Rico, el proceso de
integración del UCC comenzó con la aprobación de la Ley Núm.
208 de 17 de agosto de 1995, antes conocida como la Ley de
Instrumentos Negociables y Transacciones Bancarias.
Posteriormente, mediante la Ley Núm. 241 de 19 de septiembre
de 1996, se enmendó la Ley Núm. 208, supra, para que fuera
conocida como la Ley de Transacciones Comerciales (LTC),
nombre que lleva actualmente.2 A través de los años este
2 La Ley Núm. 208, supra, está dividida en cinco capítulos e incorporó a nuestra legislación normas basadas CC-2008-829 8
cuerpo normativo se ha enmendado en múltiples ocasiones, más
recientemente, mediante la Ley Núm. 96 de 10 de septiembre de
2009, la cual introdujo ciertos cambios relativos al
perfeccionamiento de gravámenes mobiliarios. 19 L.P.R.A.
secs. 2104, 2108.
El propósito principal de incorporar el UCC a través de
la LTC fue modernizar el derecho cambiario puertorriqueño y
ponerlo a la par con las legislaciones vigentes en las demás
jurisdicciones estadounidenses, según se indicó en la
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 208, supra. Allí se hace
referencia a la necesidad de que la regulación cambiaria sea
capaz de atender los asuntos que surgen en el mercado _______________________________ en los Artículos 1, 3, 4, y 4A del UCC. El primero de sus capítulos provee las reglas de interpretación y aplicación y está basado en el Art. 1 del UCC. Secs. 1-102 a 1-208 de la LTC, 19 L.P.R.A. secs. 401-458. El segundo capítulo trata sobre el tráfico de los instrumentos negociables y corresponde al Art. 3 del UCC. En específico, regula la negociación, cesión, pago y ejecución de los instrumentos negociables, así como la responsabilidad de las partes, la desatención y el relevo. Secs. 2-102 a 2-605 de la LTC, 19 L.P.R.A. secs. 502-755. El tercer capítulo, el cual está basado en el Art. 4 del UCC, establece las normas que rigen los depósitos y cobros bancarios. Secs. 3-101 a 3-504, 19 L.P.R.A. secs. 801-1004. El cuarto capítulo, basado en el Art. 4A del UCC, versa sobre las transferencias de fondos. Secs. 4-101 a 4-507, 19 L.P.R.A. secs. 1021-1167. Por último, se dispuso la derogación de los Artículos 353 a 548 del Código de Comercio y la fecha de vigencia de la LTC. Por medio de la Ley Núm. 241 de 19 de septiembre de 1996 se incorporaron a nuestro ordenamiento los Arts. 5, 7, 8, y 9 del UCC mediante la creación de capítulos de la LTC con idéntica numeración. Así, el Capítulo 5 ahora regula las cartas de crédito. Secs. 5-101 a 5-117, 19 L.P.R.A. secs. 1221-1236. El Capítulo 7 establece las normas relativas a los resguardos de almacén. Secs. 7-101 a 7-602, 19 L.P.R.A. secs. 1401-1653. En el Capítulo 8 se regulan los valores de inversión. Secs. 8-101 a 8-511, 19 L.P.R.A. secs. 1701-1911. Por último, el Capítulo 9 establece las normas relativas a las transacciones garantizadas por propiedad mueble. Secs. 9- 101 a 9-507, 19 L.P.R.A. secs. 2001-2207. CC-2008-829 9
moderno. 1995 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 1013. Uno de los
aspectos más importantes que se intenta regular a través del
UCC y de la LTC es la fijación de responsabilidades, de forma
tal que los obstáculos que con frecuencia surgen en el flujo
comercial se puedan remover rápidamente y, en cambio, la
riqueza fluya libremente. Así, por ejemplo, se expresa que,
“[e]n el ambiente electrónico de fin del Siglo XX, la
expedición, presentación, confirmación, cobro, pago y
devolución de los millones de efectos en circulación exigen
términos específicos para la fijación de responsabilidades
conexas con cada paso de su manejo y negociación”. Íd.
Con lo anterior como norte, la Sec. 1-102 de la LTC
establece, entre otras cosas, que sus propósitos
fundamentales son: “(a) simplificar, clarificar y modernizar
el derecho que rige las transacciones comerciales; (b)
permitir la continua expansión de prácticas comerciales por
medio de las costumbres, los usos y los acuerdos entre las
partes; y, (c) uniformar el derecho entre las diversas
jurisdicciones”. 19 L.P.R.A. sec. 401. Por su parte, la Sec.
1-103 dispone que “[a] menos que sean desplazados por
disposiciones particulares de esta Ley, los principios
generales de derecho de nuestra jurisdicción aplicarán de
modo supletorio”.3 19 L.P.R.A. sec. 402.
Este es el texto vigente actualmente, según se dispuso 3
en la Ley Núm. 176 de 31 de agosto de 1996. El texto original de la Ley Núm. 208 disponía que, “[a] menos que sean desplazados por disposiciones particulares de esta Ley, todo lo relativo a los requisitos, las modificaciones, excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad de los contratantes se regirá por los principios generales del CC-2008-829 10
La correcta resolución de la controversia ante nos
requerirá que determinemos cuál de estas dos disposiciones de
la LTC aplica: la Sec. 1-102, supra, o la Sec. 1-103, supra.
Es decir, debemos decidir si acudimos a otras jurisdicciones
en aras de uniformar el derecho o si aplicamos de modo
supletorio los principios generales del derecho en nuestra
jurisdicción –en particular, la teoría cognoscitiva del daño-
para determinar cuándo comienza a transcurrir el término
prescriptivo de tres años aplicable a la causas de acción por
apropiación indebida de instrumentos negociables.
Con ello en mente, y antes de entrar de lleno a resolver
el asunto ante nos, pasemos a analizar los preceptos
específicos de la LTC pertinentes a la controversia que nos
ocupa.
III.
La Sec. 2-104 de la LTC establece los elementos mínimos
que debe contener un documento para que sea considerado un
instrumento negociable. Allí se establece que un instrumento
negociable es:
[u]na promesa o una orden incondicional de pago de una cantidad específica de dinero, con o sin intereses u otros cargos descritos en la promesa u orden si el mismo:
(1) Es pagadero al portador o a la orden al momento de su emisión o cuando primero adviene a la posesión de un tenedor;
(2) es pagadero a la presentación o en una fecha específica, y
_______________________________ Derecho en nuestra jurisdicción.” 1995 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 1016. CC-2008-829 11
(3) no especifica otro compromiso o instrucción por parte de la persona que ordena o promete el pago que no sea el pago del dinero…. 19 L.P.R.A. sec. 504(a).4
La Sec. 2-104 también dispone que “[u]n instrumento es
un „pagaré‟ si es una promesa y es un „giro‟ si es una
orden”. 19 L.P.R.A. sec 504(e).5 Además, dicha sección define
el cheque como “un „giro‟, siempre que no sea un giro
documentario, pagadero a la presentación y librado contra un
banco, o un cheque del gerente o un cheque de pagador-
receptor. Un instrumento puede ser un cheque aunque en su faz
sea descrito como otro término, tal como „giro postal‟.” 19
L.P.R.A. sec. 504(f). El Profesor Miguel R. Garay Aubán
comenta sobre el cheque que:
[E]s el más común de todos los instrumentos negociables… La LTC frecuentemente da un trato especial a los cheques respecto a los demás instrumentos negociables. La Sección 2-104(f) define al cheque como un giro pagadero a la presentación y librado contra un banco.
El cheque cumple una función económica importantísima como medio de pago de deudas de dinero, aunque está siendo desplazado progresivamente por las tarjetas de crédito y los medios electrónicos de pago. Desde el punto de vista práctico, evita el pago en moneda de curso
La propia Sec. 2-104 establece tres excepciones a la 4
norma de que un instrumento negociable no debe contener promesas adicionales a la del pago de una suma de dinero. Éstas son: un compromiso de mantener un colateral para garantizar el pago del dinero; un poder para admitir sentencia o disponer del colateral; y/o una renuncia al beneficio de cualquier ley que exista concediéndole una ventaja o protección al deudor. 19 L.P.R.A. sec. 504.
El texto original de la Sec. 2-104 disponía que un 5
cheque era “una letra de cambio”. 1995 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 1033. Mediante la Ley Núm. 241 de 19 de septiembre de 1996 se enmendó la LTC para, entre otras cosas, sustituir las referencias a la “letra de cambio” a través de la LTC por el término “giro”. CC-2008-829 12
legal. Una vez cobrado por el acreedor, provee a quien pagó de un instrumento cancelado que le sirve como prueba de pago. Garay Aubán, op. cit., pág. 100-101.
Por su parte, la Sec. 2-420 de la LTC establece una
causa de acción por apropiación indebida de instrumentos
negociables, incluyendo, por supuesto, el cheque. 19 L.P.R.A.
sec. 670. Dicha sección establece en el inciso (a) que, “[u]n
instrumento será apropiado indebidamente si el mismo se toma
mediante cesión, que no constituye negociación, de una
persona que no tiene derecho a exigir el cumplimiento del
instrumento, o si un banco hace u obtiene el pago del
instrumento para una persona que no tenía derecho a exigir el
cumplimiento o a recibir su pago”. (Énfasis suplido.) Íd. Es
decir, la LTC dispone que comete apropiación indebida no sólo
aquel que tome un instrumento sin derecho a él, sino también
el banco que haga u obtenga el pago del instrumento. Íd.
Es preciso señalar que dicha sección también establece
que en una acción por apropiación indebida de un instrumento
negociable, “se presumirá que la medida de responsabilidad es
la cuantía pagadera en el instrumento, pero lo recobrado no
nunca [sic] podrá exceder el monto del derecho que el
reclamante tenga bajo el instrumento”. (Énfasis suplido.) Íd.
Mediante esta disposición se fija un límite a la cuantía que
una persona podrá recobrar de otra o de un banco como
consecuencia de la apropiación indebida de un instrumento
negociable. Dicho límite corresponde al monto de la promesa u
orden de pago plasmada en el instrumento negociable. CC-2008-829 13
En lo relativo a la prescripción de esta acción, la Sec.
2-118 de la LTC dispone que “[a] menos que esté regida por
otra ley referente a reclamación por indemnización o
contribución, una acción: (i) por apropiación indebida de un
instrumento… deberá ser comenzada dentro de los tres (3) años
siguientes a la fecha en que surja la causa de acción”.
(Énfasis suplido.) 19 L.P.R.A. sec. 518. Así, pues, la citada
sección establece claramente que a una causa de acción al
amparo de la Sec. 2-420 de la LTC, supra, le aplica un
término de prescripción extintiva de tres años.
No obstante, a pesar de que el legislador instituyó un
término de tres años para el ejercicio de una causa de acción
por apropiación indebida de un instrumento negociable, ni de
la Sec. 2-118, supra, ni de la Sec. 2-420, supra, en la que
se crea la causa de acción, se desprende cuándo surge ésta.
IV.
El caso de autos requiere que determinemos desde qué
momento se puede ejercitar una causa de acción por
apropiación indebida de un instrumento negociable para fijar
cuándo comienza a transcurrir el término prescriptivo. La
correcta resolución de la controversia ante nos requerirá que
determinemos si debemos aplicar la Sec. 1-102, supra, o la
Sec. 1-103, supra. Es decir, debemos decidir si acudimos a
otras jurisdicciones en aras de uniformar el derecho o si
aplicamos de modo supletorio los principios generales del
derecho en nuestra jurisdicción –en particular, la teoría
cognoscitiva del daño- para determinar cuándo comienza a
transcurrir el término prescriptivo en cuestión. CC-2008-829 14
A.
Como es sabido, la figura de la prescripción extintiva
es de índole sustantiva y se rige por los principios que
informan el Código Civil. Santos de García v. Banco Popular,
172 D.P.R. 759 (2007). Hemos expresado que ésta “es un
instituto propio del derecho civil inextricablemente unido al
derecho que se intenta reivindicar”. Campos v. Cía. Fom.
Ind., 153 D.P.R. 137, 143 (2001). Ésta aplica como cuestión
de derecho con el paso del tiempo, a menos que se interrumpa
su curso mediante los actos que el Código Civil y las leyes
reconozcan como aquellos que tienen dicho efecto. Santos de
García v. Banco Popular, supra. Debido a que opera de forma
objetiva, no se puede dejar sin efecto ni oponerse alguien a
ella demostrando voluntad en contrario. Íd. El propósito de
la prescripción extintiva es castigar la inercia y estimular
el ejercicio rápido de las acciones. Campos v. Cía. Fom.
Ind., supra. Los términos prescriptivos “fomentan la
estabilidad jurídica de la relaciones y la seguridad en el
tráfico jurídico”. Íd., pág. 144 citando a Culebra
Enterprises Corp. V. E.L.A., 127 D.P.R. 943 (1991).
Como parte de la doctrina sobre la prescripción
extintiva hemos reconocido la teoría cognoscitiva del daño.
Dicha teoría puede considerarse como una excepción a la norma
de que un término prescriptivo comienza a transcurrir cuando
objetivamente ocurre el daño, pues desde ese momento se
podría ejercer una causa de acción. La referida teoría
establece que una causa de acción en particular surge cuando
el perjudicado descubrió o pudo descubrir el daño y quién lo CC-2008-829 15
causó, y conoció los elementos necesarios para poder
ejercitar efectivamente su causa de acción. Santiago v. Ríos
Alonso, 156 D.P.R. 181, 189 (2002). Por esto, el término para
ejercer una acción no comienza a transcurrir cuando se sufre
el daño, sino cuando se conocen los elementos necesarios para
ejercitar la acción. Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 D.P.R. 403,
411 (2000).
Como expresamos en Vega v. J. Pérez & Cía., Inc., 135
D.P.R. 746 (1994), por consideraciones de justicia se estima
que el término comienza a transcurrir, no desde que se sufre,
sino desde que subjetivamente se conoce el daño. En lo que
respecta a acciones en daños y perjuicios hemos seguido la
corriente civilista liberal de reconocer un elemento
subjetivo a la hora de determinar cuándo surge una causa de
acción. No obstante, siempre hemos recalcado que si el
desconocimiento se debe a falta de diligencia, entonces no
son aplicables estas consideraciones sobre la prescripción.
Padín v. Cía. Fom. Ind., supra, citando a Vega v. J. Pérez &
Cía., Inc., supra.
B.
Teniendo en cuenta la magnitud del volumen de
transacciones comerciales que se llevan a cabo diariamente
mediante instrumentos negociables, no es sorprendente que
otras cortes, tanto estatales como federales, se hayan
enfrentado previamente a controversias similares. Es decir, a
litigios que se traban porque, al igual que en Puerto Rico,
los estados han seguido al UCC y han establecido un término
prescriptivo de tres años para el ejercicio de la acción por CC-2008-829 16
apropiación indebida de instrumentos negociables sin fijar
cuándo dicho término comienza a transcurrir. En la mayoría de
dichos casos, ha estado en controversia si se debe entender
que el término prescriptivo comienza a transcurrir tan pronto
el cheque se negocia o si se debe aplicar la teoría
cognoscitiva del daño (conocida en inglés como el discovery
rule).
La inmensa mayoría de las cortes federales y estatales
que se han enfrentado al asunto han descartado la aplicación
del discovery rule. Véanse, a modo de ejemplo, Travelers Cas.
& Sur. Co. of Am., Inc. v. Northwestern Mut. Life Ins. Co.,
480 F.3d 499 (7mo Cir. 2007); Rodrigue v. Olin Employees
Credit Union, 406 F.3d 434 (7mo Cir. 2005); John Hancock Fin.
Servs. v. Old Kent Bank, 346 F.3d 727 (6to Cir. 2003);
Menichini v. Grant, 995 F.2d 1224 (3er Cir. 1993); Kuwait
Airways Corp. v. American Sec. Bank, 890 F.2d (D.C. Cir.
1989); Metz v. Unizan Bank, 416 F.Supp.2d 568 (N.D. Ohio
2006); New Jersey Lawyers‟ Fund for Client Protection v.
Pace, 186 N.J. 123 (N.J. 2006); Copier Word Processing
Supply, Inc. v. WesBanco Bank, 640 S.E.2d 102 (W. Va. 2006);
Yarbro, LTD v. Missoula Fed. Credit Union, 50 P.3d 158 (Mont.
2002); Pero´s Steak and Spaghetti House v. Lee, 90 S.W.3d 614
(Tenn. 2002); Husker News Co. v. Mahaska State Bank, 460 N.W.
2d 476. (Iowa 1990); Kidney Cancer Association v. North Shore
Community Bank, 373 Ill. App. 3d 396 (Ill. 2007).6
6 Un limitado número de cortes, en su mayoría foros apelativos estatales, han validado la aplicación del discovery rule. Véanse, DeHart v. First Fidelity Bank, N.A./South Jersey, 67 B.R. 740 (D.N.J. 1986); Gallagher v. CC-2008-829 17
En Rodrigue v. Olin Employees Credit Union, supra, un
caso resuelto por la Corte de Apelaciones Federal para el
Séptimo Circuito, una empleada se apropió indebidamente de
los cheques que las aseguradoras le enviaban a la doctora
para quien trabajaba como pago por servicios prestados.
Durante el transcurso de nueve años la empleada falsificó los
endosos de 269 cheques y los depositó a su cuenta bancaria,
apropiándose así de $334,864. La doctora reclamó a la
empleada y al banco de esta última a tenor de la disposición
del Código de Comercio de Illinois que regula la apropiación
indebida de instrumentos negociables. Dicha disposición
proviene del UCC y es prácticamente igual a la Sec. 2-420 de
la LTC, supra.
Al resolver que una causa de acción surgió cuando se
negoció cada cheque, y no cuando se negoció el último de los
cheques, dicha corte compiló la gama de argumentos que se han
empleado en las distintas decisiones antes citadas para
descartar la aplicación del discovery rule. Según indica, el
argumento más utilizado es que dicha regla resulta
incompatible con los propósitos del UCC en cuanto a los fines
de confiabilidad, finalidad, predictibilidad, uniformidad y
eficiencia de las transacciones comerciales. Rodrigue v. Olin
Employees Credit Union, supra, págs. 445-446. Ello, pues la
utilidad de los instrumentos negociables radica precisamente _______________________________ Santa Fe Federal Employees Federal Credit Union, 52 P.3d 412 (N.M. Ct. App. 2002); UNR-Rohn, Inc. v. Summit Bank of Clinton County, 687 N.E.2d 235 (Ind. Ct.App. 1997); Stjernholm v. Life Ins. Co. of N.A., 782 P.2d 810 (Colo. Ct. App. 1989); Branford State Bank v. Hackney Tractor Co., 445 So.2d 541 (Fla. Dist.Ct. App. 1984). CC-2008-829 18
en su habilidad de ser aceptados prontamente por los
acreedores y se debe buscar reforzar su negociabilidad, cosa
que se vería perjudicada si se aplica el discovery rule. Íd.
El Séptimo Circuito también señaló en Rodrigue v. Olin
Employees Credit Union, supra, que el comercio moderno exige
la rápida y fácil resolución de disputas, por lo que la
pronta identificación de los sujetos responsables y la
certeza sobre la duración del periodo en el que se podría
exigir responsabilidad es vital. Esto requiere que las
distintas leyes que incorporan el UCC sean mecánicas en su
aplicación, pues el interés respecto a la finalidad y
predictibilidad de los instrumentos supera en importancia
otras consideraciones como lo sería la resolución equitativa
de un caso en particular.
Se señala, además, que uno de los objetivos del UCC es
la promoción de la utilización de métodos rigurosos de
contabilidad. Íd. La Corte de Apelaciones para el Séptimo
Circuito reconoció que esta postura puede dar lugar
ocasionalmente a resultados poco equitativos. A estos
efectos, citando a la Corte Federal de Apelaciones para el
Tercer Circuito, expresó que:
“As tempting a choice as that may be in an individual case [i.e. favoring „the rights of unsuspecting victims of forgery over the broader interest of the commercial world‟], we think the public would be poorly served by a rule that effectively shifts the responsibility for careful bookkeeping away from those in the best position to monitor accounts and employees. Strict application of the limitation period, while predictably harsh in some cases best serves the twin goals of swift resolution of controversies and „certainty of liability‟ advanced in the UCC. CC-2008-829 19
Íd., pág. 447 citando Menichini v. Grant, supra, pág. 1230.
A pesar de lo mecánica que pueda aparentar ser la
aplicación del término prescriptivo en cuestión, se ha
reconocido una excepción: la ocultación fraudulenta. Véase
Pero´s Steak and Spaghetti House v. Lee, supra. Si una parte
alega correcta y oportunamente que fue víctima de ocultación
fraudulenta se entiende que la figura de la prescripción no
surte efecto hasta que cesa dicha ocultación. Íd.
Con el beneficio de los preceptos antes expuestos
respecto al término prescriptivo ante nuestra consideración,
procedemos a resolver la controversia ante nos.
V.
COSSEC alega que no es necesario acudir a otras
jurisdicciones ya que la LTC establece que los principios
generales del derecho aplicarán de modo supletorio. Según
arguye, esto nos llevaría a concluir que su causa de acción
no surgió hasta que descubrieron, mediante la auditoría que
realizaron tras colocar a la Cooperativa en sindicatura, el
supuesto esquema de apropiación indebida de cheques.
Por su parte, el Banco Popular arguye que a la hora de
pautar en qué momento comienza a transcurrir el término
prescriptivo en controversia debemos garantizar la
consecución del propósito uniformador de la LTC, según quedó
establecido en la Sec. 1-102, supra, y aplicar la norma
imperante en las demás jurisdicciones en las que se adaptó el
UCC. Es decir, alega que debemos determinar que el término CC-2008-829 20
prescriptivo transcurre desde que el cheque es negociado, no
desde que se descubre la apropiación indebida.
En St. Paul Fire & Marine v. Caguas Fed. Savs., 121
D.P.R. 761 (1988) la Corte Federal de Apelaciones para el
Primer Circuito nos certificó dos preguntas sobre la relación
entre la entonces vigente Ley Uniforme de Instrumentos
Negociables de Puerto Rico, supra, y el derecho general de
daños y perjuicios. Específicamente, nos solicitó que le
orientáramos, en primer lugar, sobre si el banco que paga un
cheque en virtud de un endoso no autorizado responde al
tomador -persona a nombre de quien se libra el cheque- aún
cuando no fue negligente, y si la negligencia del tomador
constituye una defensa para el banco. Íd., pág. 763.
Al resolver, establecimos que la Ley Uniforme de
Instrumentos Negociables de Puerto Rico, supra, por ser una
disposición especial, regía lo relativo a las acciones por
apropiación indebida de instrumentos negociables, por lo que
aplicaba por encima del Art. 1802 del Código Civil, supra.
Ello, pues creaba una acción directa e independiente del
librador –quien libra o emite el cheque- y del tomador contra
el banco que paga el cheque, aun cuando no haya mediado
negligencia del banco al pagar a quien no tenía derecho a los
fondos. Íd., págs. 766.
En el referido precedente reiteramos que en nuestra
jurisdicción rige la norma “general de hermenéutica que
presume que el legislador de Puerto Rico, al adoptar un
estatuto de otra jurisdicción, también adopta la
interpretación del mismo hecha por el tribunal de más alta CC-2008-829 21
jerarquía de ese lugar a la fecha de adopción”. Íd., págs.
768-769. Allí también expusimos que “[e]n buena teoría de
adjudicación y hermenéutica legal es esa disposición y su
historial los que deben guiar el análisis del asunto que nos
ocupa a fines de responder las preguntas certificadas….” Íd.,
pág. 767.
Cónsono con lo resuelto en St. Paul Fire & Marine v.
Caguas Fed. Savs., y siguiendo la línea de los foros
federales y estatales antes reseñados, estimamos que el
propósito uniformador de la LTC, según quedó específicamente
plasmado en la Sec. 1-102, supra, junto a los demás
principios esbozados en dicha sección deben regir la
resolución de la controversia ante nos sobre los principios
generales del derecho, aun cuando éstos podrían ser
aplicables en virtud de la Sec. 1-103, supra. En consecuencia
-y por entender que es lo más cónsono con los principios de
confiabilidad, finalidad, predictibilidad, uniformidad y
eficiencia de las transacciones comerciales que inspiran el
UCC y la LTC- resolvemos que el término prescriptivo de tres
años fijado por la Sec. 2-118, supra, para las acciones de
apropiación indebida de instrumentos negociables provista por
la Sec. 2-420, supra, comienza a transcurrir en el momento
que el cheque es negociado. Es decir, la causa de acción por
apropiación indebida de un cheque surge inmediatamente luego
de que se hace u obtiene el pago de cada cheque, y es en ese
momento que el término prescriptivo comienza a transcurrir.
A nuestro entender, el esquema normativo de la LTC, así
como los principios que encarna, tienen el fin de asegurar y CC-2008-829 22
fortalecer la negociabilidad de los instrumentos. Es preciso,
pues, que los términos prescriptivos sean aplicados de forma
tal que se garantice el mayor grado de finalidad a las
transacciones comerciales mediante la pronta fijación de
responsabilidad. Esto redunda, a su vez, en que las
transacciones se puedan llevar a cabo con la rapidez y la
fluidez que exige el mercado del Siglo XXI. El término
prescriptivo de tres años, contado a partir de que el cheque
se negocia, provee tiempo suficiente para que una parte
descubra y reclame las cantidades que le hayan sido
apropiadas indebidamente por medio de un cheque.
Al así resolver descartamos la aplicación de la teoría
cognoscitiva del daño a la hora de determinar en qué momento
surge la causa de acción en cuestión. Luego de sopesar los
intereses involucrados, no podemos sino concluir que, en lo
que respecta a esta causa de acción, no están presentes las
consideraciones de índole liberal que exigirían que tomáramos
en cuenta un elemento subjetivo a la hora de fijar cuándo
comienza a transcurrir el término prescriptivo. Ello, pues,
entendemos que es posible descubrir la apropiación indebida
dentro de los tres años desde que un cheque es negociado si
se emplea la diligencia razonable.
En el pasado, hemos exigido que las personas establezcan
sistemas de contabilidad y métodos de negocio razonablemente
dirigidos a evitar o hacer difícil la falsificación de
endosos, especialmente de sus empleados. Solé Electric, Inc.
v. Bank of Nova Scotia, 103 D.P.R. 423, 428-429 (1975).
Véase, además, Portilla v. Banco Popular, 75 D.P.R. 100 CC-2008-829 23
(1953). Si bien es cierto que nuestras expresiones a tales
efectos fueron hechas en casos resueltos bajo el antiguo
Código de Comercio y la Ley Uniforme de Instrumentos
Negociables, supra, ello sólo apunta a que, en lo que
respecta a la aplicación de legislación cambiaria, siempre se
ha exigido que las personas empleen sistemas de contabilidad
que respondan a la realidad y al ritmo comercial de su época.
Al igual que lo han hecho otras cortes, estimamos que,
si bien en un caso específico una parte podría quedar
desprovista de un remedio luego de trascurridos los tres
años, la pronta resolución de las controversias comerciales y
la seguridad en el tráfico de los instrumentos resulta más
apremiante. Véase Rodrigue v. Olin Employees Credit Union,
supra, citando Menichini v. Grant, supra. Resolver que es de
aplicación la teoría cognoscitiva del daño, redundaría en que
el que paga o cambia un cheque sin conocer que el endoso es
fraudulento podría estar expuesto a responder
indefinidamente, o por un periodo mucho más extenso que los 3
años que dispone la ley, lo cual evidentemente entorpecería y
sería perjudicial para el flujo comercial.
Ello no significa, sin embargo, que una persona a quien
se le haya hecho imposible detectar la apropiación indebida
por razón de que otra lo impedía mediante maquinaciones
insidiosas quedará desamparada. Ello, pues la jurisprudencia
ha reconocido mecanismos particulares para casos de
ocultación fraudulenta. Hemos definido tal engaño como la
conducta de una parte que oculta a otra hechos materiales que
le impiden descubrir un acto ilegal o una causa de acción que CC-2008-829 24
ha surgido a su favor. González v. Pérez, 57 D.P.R. 860, 868
(1941). Mediante esta excepción se busca evitar que una parte
pueda “beneficiarse de su propia maldad amparándose en el
estatuto, cuyo propósito es impedir la ilegalidad y el
fraude”. Íd. A la persona que alegue y pruebe ser víctima de
ocultación fraudulenta no se le puede exigir que ejercite su
causa de acción dentro del término prescriptivo. El momento
específico en que éste comience a transcurrir cuando se
establezca que medió ocultación fraudulenta deberá
determinarse caso a caso.
VI.
En el caso de autos, el término prescriptivo de tres
años de las causas de acción de COSSEC contra el Banco
Popular comenzó a transcurrir cuando cada uno de los cheques
fue negociados por el Banco Popular. Por ende, las causas de
acción que COSSEC pudiera poseer en contra del Banco Popular
por cheques negociados más de tres años antes de la
presentación de la demanda, están prescritas. En vista de
ello, todas las causas de acción contra del Banco Popular
relativas a cheques negociados por el Banco Popular antes del
4 de febrero de 2004 deberán desestimarse.
En lo que respecta a dicha institución bancaria, COSSEC
no ha alegado oportunamente que ésta haya incurrido en el
tipo de conducta que, de probarse, demuestre que se haya
cometido ocultación fraudulenta y que excluya la aplicación
del término prescriptivo desde la negociación de los CC-2008-829 25
cheques.7 Como indicamos anteriormente, en la demanda se le
imputó al Banco Popular no ejercer el cuidado ordinario al
verificar los endosos; obrar de mala fe al no investigar el
aumento de actividad transaccional de las cuentas de los co-
demandados en cuestión; e incurrir en negligencia crasa al
autorizar el depósito de cheques fraudulentos e ilegales. En
ningún momento se alegaron actos que indiquen que haya
mediado ocultación fraudulenta por parte del Banco Popular
que pudieran justificar la exclusión de la aplicación del
término prescriptivo. No obstante, nuestra decisión no impide
que COSSEC continúe litigando la totalidad de sus
reclamaciones contra los demás co-demandados.
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la
sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso
al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los
procedimientos de acuerdo con lo aquí dispuesto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Federico Hernández Denton Juez Presidente
Según surge del expediente no fue hasta que COSSEC 7
presentó su alegato ante este Tribunal que alegó por primera vez que el Banco Popular autorizó las transacciones fraudulentas a sabiendas e intencionalmente y que se benefició de los fondos ilegalmente obtenidos. Aduce que, “[d]e probar las alegaciones de la demanda, culminado el descubrimiento de prueba y el juicio en su fondo, es posible que la demandante COSSEC demuestre la conducta fraudulenta del [Banco Popular]”. Alegato de COSSEC, pág. 21. Sabido es que este Tribunal no considerará alegaciones que no hayan sido esgrimidas ante los foros inferiores. Además, según indica correctamente el Banco Popular en su Réplica al Alegato de COSSEC, en la demanda no se imputó conducta fraudulenta alguna Banco Popular. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y Otros
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de acuerdo con lo aquí dispuesto.
Así lo pronuncia y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente con opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y Certiorari Otros
Peticionarios CC-2008-829 v.
Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2010.
En el día de hoy, la mayoría de este Tribunal
concluye que el término prescriptivo de tres (3)
años para instar una acción por apropiación
indebida de instrumentos negociables que establece
la Sección 2-118 de la Ley Núm. 208 de 17 de agosto
de 1995, según enmendada, conocida como Ley de
Transacciones Comerciales, 19 L.P.R.A. sec. 518,
comienza a transcurrir desde el momento en que el
instrumento se negocia. No obstante, disiento por
entender que el término prescriptivo de tres (3)
años debe comenzar a decursar desde el día en que
la persona afectada conozca de la apropiación
indebida.
I CC-2008-829 2
El 4 de febrero de 2004, la Corporación Pública para
la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico
(COSSEC) y otros, en adelante los peticionarios,
presentaron una Demanda en contra del Sr. Manuel González
López; su hermano, el Sr. Lino González López; el Banco
Popular de Puerto Rico, en adelante, Banco Popular; y otras
personas naturales y jurídicas. Los peticionarios alegaron
que el Sr. Manuel González López se apropió ilegalmente de
un millón ochocientos noventa y siete mil doscientos
cincuenta y ocho dólares con noventa y cuatro centavos
($1,897,258.94) pertenecientes a los socios de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados de la
Autoridad de Puertos y de la Autoridad Metropolitana de
Autobuses, en adelante, la Cooperativa. Según arguyen los
peticionarios, mientras el Sr. Manuel González López fungió
como administrador de la Cooperativa desde el 1999 hasta el
2003 éste, con la ayuda de su hermano Lino González López,
alegadamente emitió varios cheques a nombres de socios y
personas ficticias los cuales endosó para luego depositar
los fondos obtenidos ilegalmente en las cuentas bancarias
personales que tenían ambos con el Banco Popular.
Respecto a la reclamación contra el Banco Popular, los
peticionarios alegaron que éste no ejerció el cuidado
ordinario al verificar los endosos de los cheques, obró de
mala fe al no investigar el aumento de actividad
transaccional de la cuenta operacional de la Cooperativa,
incurrió en negligencia crasa al autorizar el depósito de CC-2008-829 3
cheques fraudulentos, autorizó intencionalmente
transacciones financieras fraudulentas, inter alia.
Así las cosas, el 5 de mayo de 2005, el Banco Popular
presentó una moción solicitando que se dictara Sentencia
por las alegaciones al amparo de la Regla 10.3 de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. En lo que
compete a la controversia de autos, alegó que el término
prescriptivo de tres (3) años dispuesto en la Sección 2-
118 de la Ley Núm. 208, supra, para instar una causa de
acción por apropiación indebida de instrumentos
negociables comenzaba a transcurrir a partir de que el
instrumento se negociaba. Así, sostuvo que cada vez que el
Banco Popular alegadamente pagaba uno de los supuestos
cheques fraudulentos empezaba a contar el período
prescriptivo de tres (3) años. Por lo tanto, en vista de
que la Demanda fue presentada el 4 de febrero de 2004,
sostuvo que todas las reclamaciones contra el Banco
Popular por cheques pagados antes del 4 de febrero de 2001
estaban prescritas y debían desestimarse.
Posteriormente, el 11 de julio de 2005, los
peticionarios presentaron su oposición a la moción
presentada por el Banco Popular. Alegaron que las
reclamaciones relacionadas con los cheques pagados o
depositados antes del 4 de febrero de 2001 no estaban
prescritas toda vez que el término prescriptivo dispuesto
en la Sección 2-118 de la Ley Núm. 208, supra, empezaba a
contar desde que el agraviado tenía conocimiento del daño, CC-2008-829 4
o sea, desde que se descubría de la apropiación indebida y
no desde que se negociaba el instrumento.
Luego de varios trámites procesales, el 27 de febrero
de 2008, el Tribunal de Primera Instancia emitió una
Sentencia Parcial Final en la que declaró Con Lugar la
moción presentada por el Banco Popular. El foro primario
concluyó que la causa de acción por apropiación indebida de
instrumentos negociables surgía cuando éste se negociaba o
se pagaba, independientemente de que la persona agraviada
supiera o no que el instrumento se había negociado o pagado
indebidamente. En consecuencia, el foro de instancia, inter
alia,8 desestimó todas las reclamaciones contra el Banco
Popular por cheques depositados en o antes del 4 de febrero
de 2001 y limitó las reclamaciones a los cheques
posteriores a dicha fecha.
Inconformes, los peticionarios acudieron ante el
Tribunal de Apelaciones. El tribunal a quo confirmó la
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia por entender
que dicho foro actuó correctamente ya que en varios casos
resueltos en diversos tribunales de Estados Unidos se había
interpretado que el período prescriptivo para presentar una
acción por apropiación indebida de instrumentos negociables
comenzaba a decursar cuando dichos cheques son negociados o
pagados, aunque el reclamante desconociera que estos
8 El Tribunal de Primera Instancia desestimó además otras reclamaciones contra el Banco Popular con relación a gastos de honorarios, costas, entre otros. Véase, Opinión mayoritaria, pág. 4. CC-2008-829 5
instrumentos habían sido negociados o pagados
indebidamente.
Insatisfechos, los peticionarios acudieron antes nos.
II
A
La Ley Núm. 208, supra, contiene una serie de normas
que regulan diversas actividades comerciales que se
realizan en Puerto Rico. Varias de sus disposiciones están
basadas en el Uniform Commercial Code el cual ha servido de
modelo para la legislación comercial adoptada en algunos de
los estados de la nación estadounidense. Exposición de
Motivos de la Ley Núm. 208, supra.
La Ley Núm. 208, supra, se aprobó con el propósito de:
“(a) simplificar, clarificar y modernizar el derecho que
rige las transacciones comerciales; (b) permitir la
continua expansión de prácticas comerciales por medio de
las costumbres, los usos y los acuerdos entre las partes;
[y] (c) uniformar el derecho entre las diversas
jurisdicciones”. Sección 1-102 de la Ley Núm. 208, supra,
sec. 401.
La Ley Núm. 208, supra, contiene una serie de
disposiciones que regulan los instrumentos negociables.9
9 Según establece el inciso (a) de la Sección 2-104 de la Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, según enmendada, conocida como Ley de Transacciones Comerciales, 19 L.P.R.A. sec. 504, un instrumento negociable es:
una promesa o una orden incondicional de pago de una cantidad específica de dinero, con o sin intereses u otros cargos descritos en la promesa u orden, si el mismo: CC-2008-829 6
Véase, Capítulo 2-Instrumentos Negociables de la Ley Núm.
208, 19 L.P.R.A. secs. 501 et seq. A tales efectos, se
establecen normas relacionadas con la negociación, cesión,
endoso, ejecución y otros aspectos referentes a este tipo
de actividad comercial. Véase, Íd.
Como parte de las disposiciones que contiene la Ley
Núm. 208, supra, sobre este tipo de transacción, el
estatuto permite el que se pueda instar una acción por
apropiación indebida de instrumentos negociables. Conforme
a la Sección 2-420 de la Ley Núm. 208, 19 L.P.R.A. sec.
670:
[u]n instrumento será apropiado indebidamente si el mismo se toma mediante cesión, que no constituye negociación, de una persona que no tiene derecho a exigir el cumplimiento del instrumento, o si un banco hace u obtiene el pago del instrumento para una persona que no tenía derecho a exigir el cumplimiento del instrumento o a recibir su pago…”.
En aquellos casos en que se inste una acción contra
una persona o banco por apropiación indebida de
instrumentos negociables, la Ley Núm. 208, supra, establece _______________________________ (1) Es pagadero al portador o a la orden al momento de su emisión o cuando primero adviene a la posesión de un tenedor;
(2) es pagadero a la presentación o en una fecha específica, y
(3) no especifica otro compromiso o instrucción por parte de la persona que promete u ordena el pago que no sea el pago del dinero, pero la promesa u orden puede contener: (A) un compromiso o poder para dar, mantener o proteger colateral para garantizar el pago, (B) una autorización o poder al tenedor para admitir sentencia o liquidar la colateral o disponer de ella de otra forma, o (C) una renuncia al beneficio de cualquier ley que exista concediéndole una ventaja o protección a un deudor. CC-2008-829 7
una presunción de que la medida de responsabilidad será la
cantidad que debía pagarse en el instrumento que se apropió
indebidamente. Sección 2-420, inciso (b) de la Ley Núm.
208, supra. No obstante, en ningún caso, la persona
damnificada podrá recobrar más del monto establecido en
dicho instrumento. Íd.
La persona agraviada que así desee presentar una
deberá hacerlo “dentro de los tres (3) años siguientes a la
fecha en que surja la causa de acción”. Sección 2-118,
inciso (g) de la Ley Núm. 208, 19 L.P.R.A. sec. 518(g).
Según se establece en la Ley Núm. 208, supra, este término
se considera como uno de prescripción y podrá ser
interrumpido por medio de una reclamación judicial, por el
reconocimiento de las obligaciones o por la renovación del
instrumento en que se base el derecho del titular.10 Véase,
Íd., sec. 518(i).
Aunque la Ley Núm. 208, supra, señala el término que
tiene una persona para instar una acción por apropiación
indebida de instrumentos negociables, el estatuto no indica
específicamente cuando es que surge la causa de acción a
partir de la cual comienza a decursar el término de tres
(3) años.
10 Los términos prescriptivos admiten su interrupción o suspensión. Muñoz v. Ten General, 167 D.P.R. 297, 302 (2006). Ello significa que estos plazos, en la medida en que se interrumpan oportunamente, puede ser indefinidos, ya que su interrupción puede ocurrir en un número ilimitado de ocasiones. Íd. CC-2008-829 8
No obstante, a pesar de que la Ley Núm. 208, supra, no
contiene alguna disposición específica que indique el
momento a partir del cual nace la causa de acción por
apropiación indebida de instrumentos negociables, este
estatuto hace referencia al uso de los principios generales
del derecho para suplir las lagunas que contenga dicha
medida. Al respecto, la Sección 1-103 de la Ley Núm. 208,
19 L.P.R.A. sec. 402, señala que: “[a] menos que sean
desplazados por disposiciones particulares de esta Ley, los
principios generales del derecho en nuestra jurisdicción
aplicarán de modo supletorio”.11
Por otra parte, cuando existen lagunas en leyes
especiales aplica lo dispuesto en el Art. 12 del Código
Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 12. Al respecto, el
mencionado precepto dispone que “[e]n las materias que se
rijan por leyes especiales, la deficiencia de éstas se
11 El origen de estos principios ha sido objeto de mucha discusión por la doctrina. Por un lado, se dice que los principios generales del derecho son normas básicas, superiores al Derecho positivo, sacadas del derecho natural, de la conciencia social y de la naturaleza de las cosas. Véanse, J. Santos Briz y otros, Tratado de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2003, T. I, págs. 262-263. Por otro lado, existe otra corriente que señala que estos principios son las ideas fundamentales que informan el Derecho positivo, y que están subordinadas a éste, las cuales se encuentran contenidas en las leyes y costumbres. Véase, M. Albaladejo, Derecho Civil, 9na ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. I, pág. 111.
A pesar de existir estas diferencias respecto al origen de los llamados principios generales del derecho, varios autores concurren en que al momento del juez resolver alguna controversia que requiera la aplicación de estos principios, el juez debe acudir en primera instancia a aquellos preceptos que estén recogidos en las normas que nacen de otras fuentes jurídicas. Véase, Íd., págs. 113-114; J. Santos Briz y otros, op. cit., pág. 263; J.L. Lacruz Berdejo, Parte General del Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, V. I, pág. 182-183. Si ello resultare infructuoso, entonces utilizará aquellos principios que se deriven de la justicia, según concebida en nuestro ordenamiento jurídico, y que no sean contradictorios con los principios fundamentales acogidos por éste. Véanse, Íd. CC-2008-829 9
suplirá por las disposiciones de este título”. Íd. Por lo
tanto, si una ley especial no contiene normas aplicables a
una situación en particular, se deberá acudir al Código
Civil para suplir las lagunas que tenga dicho estatuto.
Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 D.P.R. 219, 236
(2007).
B
La prescripción extintiva es una figura de naturaleza
sustantiva y no procesal, la cual se rige por los
principios que informan el Derecho Civil. Vega v. J. Pérez
& Cía, Inc., 135 D.P.R. 746, 753 (1994). El propósito de
la prescripción extintiva es evitar que haya incertidumbre
en las relaciones jurídicas y sancionar la dejadez en el
ejercicio de los derechos. Santos de García v. Banco
Popular, 172 D.P.R. 759, 766 (2007).
El legislador ha establecido distintos términos de
prescripción para la extinción de los diversos derechos y
acciones. Íd. También ha indicado en varias ocasiones el
momento en que comenzarán a transcurrir dichos plazos.12
Empero, si el legislador no ha expresado el momento en que
comenzará a decursar el término prescriptivo para reclamar
determinado derecho, tal plazo se contará a partir del día
12 Véase, a modo de ejemplo, el Art. 1870 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5300 (“El tiempo para la prescripción de acciones que tienen por objeto reclamar el cumplimiento de obligaciones de capital con interés o renta, corre desde el último pago de la renta o del interés”.) y el Art. 1871 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5301 (“El tiempo de la prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas por sentencia, comienza desde que la sentencia quedó firme”.). CC-2008-829 10
en que puede ejercitarse la acción. Art. 1869 del Código
Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5299.
En nuestra jurisdicción hemos adoptado la teoría
cognoscitiva del daño para determinar el momento en que una
persona puede ejercitar una acción por los daños y
perjuicios que otra persona le haya causado. Tenorio v.
Hospital Dr. Pila, 159 D.P.R. 777, 782 (2003). Dicha teoría
postula que el término prescriptivo empezará a decursar tan
pronto el reclamante tuvo conocimiento del agravio ya que
es en ese instante en que puede alegarse y reclamarse la
indemnización correspondiente. Nazario v. E.L.A., 159
D.P.R. 799, 823 (2003).
Al así resolver, este Tribunal ha aceptado que el
conocimiento que el titular de la acción tenga acerca de si
ésta ha nacido o no es un factor determinante al verificar
si dicha causa está prescrita o no. Vega v. J. Pérez & Cía,
Inc., supra, pág. 754. Ese conocimiento es esencial ya que
una ley no puede suprimir los derechos de una persona sin
que se le haya dado a ésta la oportunidad de presentar sus
reclamos ante el tribunal. Véase, Alicea v. Córdova, 117
D.P.R. 676, 695 (1986); Wilson v. Iseminger, 185 U.S. 55,
62 (1902). Por tal razón, hemos resuelto que “un estatuto
de prescripción que tenga el efecto de exigirle a los
demandantes instar su acción antes de que tengan
conocimiento de que tal causa de acción existe, viola el
debido proceso de ley”. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308,
327 (2004) citando a Vega v. J. Pérez & Cía, Inc., supra, CC-2008-829 11
pág. 754. Véanse, además, Santiago v. Ríos Alonso, 156
D.P.R. 181, 190 (2002); Martínez v. Bristol Myers, Inc.,
147 D.P.R. 383, 405 (1999); Alicea v. Córdova, supra.
C
En varias jurisdicciones de los Estados Unidos que han
adoptado legislación similar al Uniform Commercial Code,
los tribunales han rechazado adoptar la teoría cognoscitiva
del daño para establecer el momento en que comenzará a
transcurrir el término prescriptivo dispuesto para instar
una acción por apropiación indebida de instrumentos
negociables.13
Según han expresado algunos de estos tribunales, el
objetivo del Uniform Commercial Code es la finalidad y
predictibilidad de las transacciones comerciales. Menichini
v. Grant, 995 F.2d 1224 (3er Cir. 1993). Tomando en
consideración dicho propósito, han señalado que si se
aplica la teoría cognoscitiva del daño a las acciones que
involucran instrumentos negociables, concediéndole así al
demandante un plazo mayor para presentar su demanda, ello
debilitaría la finalidad de las transacciones que
involucren instrumentos negociables, lo cual convertiría a
estos instrumentos en vehículos de comercio poco
eficientes. Rodrigue v. Olin Employees Credit Union, 406
F.3d 434 (7mo Cir. 2005). Por tal razón, han optado por
13 Véase, Opinión mayoritaria, pág. 15, donde se mencionan algunos casos en donde se ha rechazado la teoría cognoscitiva del daño y se ha resuelto que la acción por apropiación indebida de instrumentos negociables surge a partir de que el instrumento de negocia. CC-2008-829 12
concluir que la causa de acción por apropiación indebida de
instrumentos negociables surge a partir de que el
instrumento se ha negociado.14 Señalan que, aunque esta
norma puede ser severa en algunos casos, es la mejor forma
de adelantar los objetivos que establece el Uniform
Commercial Code. Husker News Co. v. Mahaska State Bank, 460
N.W.2d 476 (Iowa 1990).
A pesar de que hay varios tribunales estatales y
federales que han descartado la teoría cognoscitiva del
daño, existen otros tribunales en los Estados Unidos que
sí han acogido dicha postura. Véanse, UNR-Rohn, Inc. v.
Summit Bank of Clinton County, 687 N.E.2d 235 (Ind.
Ct.App. 1997); DeHart v. First Fidelity Bank, N.A./South
Jersey, 67 B.R. 740 (D.N.J. 1986); Brandford State Bank v.
Hackney Tracto Co., 445 So.2d 541 (Fla. Dist.Ct. App.
1984).
Por un lado, hay tribunales que han aplicado
consistentemente la teoría cognoscitiva del daño para
determinar el momento en que comienza a transcurrir una
acción por los daños que haya sufrido una persona y
entienden que el establecer una excepción en cuanto a los
daños que involucre la apropiación indebida de un
instrumento negociable sería sumamente incongruente e
inconsistente con su respectiva jurisprudencia. UNR-Rohn,
Inc. v. Summit Bank of Clinton County, supra. Por otro
lado, otros tribunales han señalado que no sería
14 Íd. CC-2008-829 13
equitativo el que a una persona que ha sido agraviada, y
que ignora que tiene disponible una acción por el daño que
ha sufrido, se le deniegue su día en corte simplemente por
desconocer que existía la causa de acción. DeHart v. First
Fidelity Bank, N.A./South Jersey, supra.
III
En el caso de autos, la mayoría de este Tribunal
sostiene que el término prescriptivo para instar una
negociables debe comenzar a transcurrir a partir de que se
negocia el instrumento. No puedo estar conteste con esa
conclusión.
Comencemos por recordar que, aunque el legislador
estableció en la Ley Núm. 208, supra, que el plazo
prescriptivo para instar una acción por apropiación
indebida de instrumentos negociables será de tres (3) años
a partir de que surge la causa de acción, guarda silencio
en cuanto a cuando se entenderá que ha nacido la causa de
acción. Según la normativa expuesta, si el legislador no
expresa el momento a partir del cual comienza a
transcurrir un término prescriptivo, tal plazo empezará a
correr desde el día en que pueda ejercitarse la causa de
acción. Por lo tanto, al legislador no expresar el momento
a partir del cual se puede instar una acción por
apropiación indebida de instrumentos negociables, el
término prescriptivo de tres (3) años debe contarse a CC-2008-829 14
partir de que pueda ejercitarse la causa de este tipo de
acción.
Conforme al derecho expuesto, el momento en que una
persona puede ejercitar una acción por apropiación
indebida de instrumentos negociables es desde que ésta
conoce del daño, o sea, desde que tiene conocimiento de
que el instrumento fue apropiado indebidamente. Ello se
debe a que el agraviado por la apropiación indebida no
puede presentar su reclamación hasta que sepa que tiene
disponible dicha causa de acción. Una vez la persona
afectada conoce del daño sufrido por tal apropiación, será
entonces cuando ésta podrá alegar y reclamar la
indemnización correspondiente.
En segundo lugar, el término dispuesto en la Sección
2-118 de la Ley Núm. 208, supra, para instar la acción por
apropiación indebida es uno de prescripción. Por lo tanto,
por ser un plazo prescriptivo, si se le exige al agraviado
instar la acción por apropiación indebida de instrumentos
negociables antes de que tenga conocimiento de que dicha
causa existe, se quebrantaría el debido proceso de ley. El
permitir que el término prescriptivo se active antes de
que la persona afectada conozca que tiene disponible este
tipo de acción, podría evitar que dicha persona pueda
instar su reclamación si se percata de su derecho luego de
transcurrido el plazo establecido. Por lo tanto, la
conclusión a la que llega la mayoría de este Tribunal,
tendría el efecto de impedir que la parte agraviada tenga CC-2008-829 15
la oportunidad de poder hacer valer sus derechos en los
tribunales, lo cual no puede prevalecer en nuestra
jurisdicción.
Entiendo que si una persona se demora más de tres (3)
años en instar una acción por apropiación indebida de
instrumentos negociables luego de conocer que tiene
derecho a presentar dicha reclamación, sin que haya
interrumpido el término prescriptivo durante todos esos
años, ciertamente debe perder su derecho a recobrar la
indemnización que le pudiese haber correspondido. Su
inercia en hacer valer sus derechos debe ser castigada
según lo establecen los propósitos de la prescripción
extintiva.
Sin embargo, en el caso de autos no se tuvo
conocimiento de las alegadas apropiaciones indebidas de
varios cheques sobre fondos pertenecientes a la
Cooperativa hasta luego de transcurridos más de tres (3)
años desde que algunos de éstos cheques se negociaran. Por
lo tanto, exigir el que se inste la acción por apropiación
indebida de instrumentos negociables dentro de los tres
(3) años siguientes a que se negociaran los cheques en
controversia, significaría que los peticionarios hubiesen
tenido que presentar su reclamación antes de que supieran
lo ocurrido. Esto sería imposible.
Por último, la Opinión mayoritaria hace un recorrido a
través de las decisiones emitidas en diversos foros
federales y estatales de Estados Unidos sobre la CC-2008-829 16
controversia ante nos. Ello debido a que la Sección 1-102
de la Ley Núm. 208, supra, establece como uno de los
propósitos de dicha medida el lograr uniformar el derecho
entre las diversas jurisdicciones.
No obstante, vemos que aun cuando se obviaron los
principios reconocidos en nuestro ordenamiento y se optó
por acudir a otras jurisdicciones de Estados Unidos, las
decisiones emitidas no son uniformes. Aunque varios
tribunales de los Estados Unidos han decidido que el
momento en el cual surge la causa de acción en una
reclamación por apropiación indebida de instrumentos
negociables es cuando se negocia el instrumento, existen
jurisdicciones que han determinado que la causa de acción
surge cuando la persona agraviada conoce del daño causado
por la apropiación indebida.
En aquellos lugares donde se ha optado por acoger la
teoría cognoscitiva del daño se ha concluido que el
resolver lo contrario sería incongruente con su respectiva
jurisprudencia e impediría que las personas que aun
desconocen de la acción tengan su día en corte. Ello es
cónsono con la normativa que impera en nuestra
jurisdicción sobre el particular.
Además, la ausencia de uniformidad en Estados Unidos
en cuanto a la norma a aplicarse a la controversia de
autos, fortalece la utilización de los principios
generales del derecho establecidos en nuestro ordenamiento
jurídico. Conforme a estos, concluimos que el término CC-2008-829 17
prescriptivo de tres (3) años que concede la Ley Núm. 208,
supra, para instar una acción por apropiación indebida de
instrumentos negociables comienza a transcurrir a partir
de que la persona agraviada conoce que el instrumento se
negocia.
IV
Por los fundamentos expuestos, disiento
respetuosamente de la Opinión mayoritaria. En
consecuencia, revocaría el dictamen emitido por el
Tribunal de Apelaciones y devolvería el caso al Tribunal
de Primera Instancia para la continuación de los
procedimientos de conformidad con lo resuelto en esta
Opinión disidente.
Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada
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