EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José Julio Cardona Caraballo
Peticionario Certiorari
v. 2016 TSPR 242
Autoridad de Carreteras y 196 DPR ____ Transportación
Recurrida
Número del Caso: CC-2014-200
Fecha: 9 de diciembre de 2016
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan-Panel IV
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Juan R. Dávila Díaz
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Salvador F. Rovira Rodríguez Lcdo. Juan Carlos Villafañe Conde
Materia: Derecho Laboral: Pago de los gastos por concepto de dietas y millaje constituye un beneficio económico que se puede reclamar al amparo de la Ley Núm. 180-1998, conocida como Ley de salario mínimo, vacaciones y licencia por enfermedad de Puerto Rico.
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Peticionario
v. CC-2014-200 Certiorari
Autoridad de Carreteras y Transportación
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2016.
Este caso nos brinda la ocasión para
determinar si el pago de los gastos por concepto
de dietas y millaje constituye un beneficio
económico que los empleados pueden reclamar al
amparo del Art. 11(a) de la Ley Núm. 180-1998,
conocida como Ley de salario mínimo, vacaciones y
licencia por enfermedad de Puerto Rico, infra.
Expongamos los antecedentes fácticos y
procesales que nos auxiliarán a resolver las
controversias que nos ocupan.
I
Este caso tiene su génesis, el 3 de
diciembre de 2010, cuando el aquí peticionario, CC-2014-200 2
Sr. José J. Cardona Caraballo (señor Cardona Caraballo),
y varios empleados pertenecientes a la Unión de
Trabajadores de la Autoridad de Carreteras (UTAC)
presentaron una Demanda ante el Tribunal de Primera
Instancia contra la Autoridad de Carreteras y
Transportación (ACT).1 En ésta, reclamaron el reembolso
de los gastos por concepto de dietas y millaje adeudados
desde el 1 de julio de 2010. Para ello, se ampararon en
el Art. LIV del Convenio Colectivo suscrito entre la ACT
y la UTAC (Convenio Colectivo), el Art. 7(a) de la Ley
Núm. 74 de 23 de junio de 1965, 9 LPRA sec. 2007(a), y
el Reglamento Núm. 09-001 sobre Gastos de viaje y
representación. Además, solicitaron la imposición de la
penalidad contemplada en el Art. 11(a) de la Ley Núm.
180-1998 (Ley Núm. 180), 29 LPRA sec. 250i, la cual se
refiere a recibir una cantidad adicional igual a la que
se le haya dejado de satisfacer, por concepto de
salarios, beneficios, vacaciones o licencias por
enfermedad dejadas de pagar con los intereses y
honorarios de abogado correspondientes.
En lo pertinente, los demandantes indicaron que la
falta de pago les causó daños a su poder adquisitivo y
patrimonial, ya que en su faena diaria han incurrido en
gastos en beneficio de la ACT y no han recibido su justa
1 Transcurridos varios incidentes procesales, se presentó una Demanda Enmendada en la cual la Unión de Trabajadores de la Autoridad de Carreteras (UTAC)compareció en representación de toda su matrícula de unionados. CC-2014-200 3
compensación. Para fundamentar su petitorio, éstos
sostuvieron que el Art. LIV, el cual regula lo
concerniente al reembolso de los gastos de dietas y
millaje, continuó vigente luego de la fecha de
vencimiento del Convenio Colectivo.
En respuesta, ACT admitió que no había reembolsado
los gastos de dietas y millaje reclamados y reconoció
que había incumplido con el pago por alegadamente el
Convenio Colectivo haber expirado el 30 de junio de 2010
y el Art. LIV no tener vigencia indefinida e
independiente. Asimismo, alegó que se encontraba en
proceso de atender las reclamaciones de dietas y millaje
que fueran procedentes, mientras se negociaba y firmaba
un nuevo convenio colectivo.
Posteriormente, la UTAC presentó una Moción Urgente
en Solicitud de Remedio. En ésta, informó que la ACT
había emitido una resolución administrativa y comenzado
a pagar las partidas de dietas y millaje a sus miembros,
sin contar con el consentimiento de éstos, para burlar
la jurisdicción del foro primario en cuanto a cualquier
controversia relacionada con las cantidades y
penalidades reclamadas, incluyendo evadir la penalidad
dispuesta en la Ley Núm. 180. Por tanto, solicitó que se
le ordenara a la ACT descontinuar dicho proceder.
Ante ello, la ACT presentó un escrito intitulado
Oposición a Moción Urgente y Moción Solicitando se Dicte
____________________________ CC-2014-200 4
Sentencia Sumaria. En lo pertinente, arguyó que debido a
que el Convenio Colectivo expiró el 30 de junio de 2010,
no tenía facultad legal para efectuar los pagos de
dietas y millaje reclamados, toda vez que no disponía de
una fórmula que lo regulara. Informó que comenzó a
efectuar los reembolsos, ya que el 8 de marzo de 2011
aprobó una resolución administrativa que se lo permitía.
Por tanto, adujo que el pleito se había tornado
académico. De igual forma, alegó que era improcedente la
penalidad dispuesta en la Ley Núm. 180, pues la
reclamación instada no se relaciona a salarios,
beneficios, vacaciones o licencias por enfermedad
dejadas de pagar. Así las cosas, solicitó que se dictara
sentencia sumaria y se desestimara el pleito por
academicidad.
Oportunamente, la UTAC se opuso a la solicitud de
sentencia sumaria incoada por la ACT. En esencia,
argumentó que no procedía la disposición sumaria del
pleito debido a que la ACT no sustentó su alegación de
que el Art. LIV no tenía vigencia propia más allá de la
fecha de expiración del Convenio Colectivo. Afirmó que
el lenguaje del convenio era claro en cuanto a que el
Art. LIV tiene su propia vigencia, lo que significa que
continuó con pleno vigor luego del 30 de junio de 2010.
De esta forma, adujo que la ACT siempre mantuvo la
facultad legal para efectuar los pagos requeridos y no
lo hizo. CC-2014-200 5
A su vez, la UTAC indicó que el pleito no era
académico, toda vez que no tan solo solicitan el
reembolso de los gastos de dietas y millaje, sino
también la penalidad establecida en la Ley Núm. 180. En
ese sentido, la UTAC sostiene que la ACT comenzó a
realizar los pagos, valiéndose de una resolución
administrativa, con el fin de tornar el caso en
académico y evadir esa penalidad.
Por su parte, la ACT presentó una dúplica en la
cual expresó que la interpretación ofrecida por la UTAC
sobre el Convenio Colectivo no tenía fundamento. Señaló
que aunque el Convenio Colectivo establece que tendrá
una vigencia del 1 de julio de 2006 al 30 de junio de
2010 y que el Art. LIV contiene su propia vigencia, esto
último se refiere a la fecha en que el artículo entraría
en vigor; es decir, diez (10) días luego de la firma del
Convenio Colectivo. Según la ACT, si la intención de las
partes era que el Art. LIV tuviera una vigencia
indefinida, así lo hubieran pactado expresamente.
Examinadas las posturas de las partes, el 31 de
mayo de 2011, el Tribunal de Primera Instancia emitió
una Sentencia Parcial mediante la cual concluyó que no
existía controversia real ni sustancial sobre los hechos
esenciales, por lo que procedía disponer del caso de
forma sumaria parcial. A tales efectos, dictaminó que el
Art. LIV continuó vigente luego de la fecha de
expiración del Convenio Colectivo, ya que claramente CC-2014-200 6
estaba exceptuado de ésta. Además, determinó que el
pleito no era académico, pues se cumplen varias de las
excepciones a la doctrina de la academicidad, a saber:
(1) la controversia de autos es susceptible de repetirse
cada vez que expire un convenio colectivo entre las
partes; (2) la ACT ha intentado modificar los hechos del
caso aprobando una resolución administrativa, pero el
cambio no es permanente; y (3) subsiste una reclamación
colateral, debido a que se solicita la penalidad
dispuesta en la Ley Núm. 180.
A su vez, el foro primario razonó que en el caso de
epígrafe era de aplicación lo dispuesto en el Art. 11(a)
de la Ley Núm. 180. Ello, por entender que el reembolso
por concepto de dietas y millaje es un beneficio
económico que está contemplado en la aludida
legislación. En vista de lo anterior, ordenó determinar
la cuantía a ser pagada por la ACT. En desacuerdo con lo
resuelto, la ACT solicitó reconsideración, pero fue
denegada.
Así las cosas, la ACT acudió ante el Tribunal de
Apelaciones. Aquilatados los argumentos de las partes,
el 16 de agosto de 2013, el foro apelativo intermedio
emitió una Sentencia mediante la cual revocó el dictamen
recurrido y desestimó el pleito. Razonó que éste era
académico, ya que el 8 de marzo de 2011 la ACT aprobó la
Resolución Núm. 2011-09, mediante la cual estableció la
forma en que debían realizarse los pagos de dietas y CC-2014-200 7
millaje. Para el Tribunal de Apelaciones, la aprobación
de la resolución permitió que la ACT comenzara el
reembolso de los pagos de dietas y millaje
correspondientes. Por ende, entendió que no existía una
controversia justiciable.
Además, el foro apelativo intermedio determinó que
el Tribunal de Primera Instancia incidió al concluir que
el Art. LIV permanecería vigente, aun vencido el
Convenio Colectivo. Indicó que ello no surgía
expresamente del convenio. En disconformidad, los
demandantes presentaron una solicitud de
reconsideración, pero fue declarada no ha lugar.
Inconforme, el señor Cardona Caraballo recurre ante
este Tribunal mediante recurso de certiorari. En
esencia, señala que el Tribunal de Apelaciones erró al
determinar lo siguiente: (1) que el caso de autos es
académico; (2) que el Art. LIV no continuó vigente luego
de la fecha de vencimiento del Convenio Colectivo; y (3)
que los reembolsos reclamados no son el tipo de
beneficio económico que contempla el Art. 11(a) de la
Ley Núm. 180. Examinado el recurso de certiorari
presentado, el 31 de octubre de 2014, emitimos una
Resolución mediante la cual expedimos el auto.
En su comparecencia ante este Tribunal, el señor
Cardona Caraballo reproduce los argumentos esgrimidos
ante los foros recurridos. Esto es, sostiene que la ACT
adeuda el reembolso de los gastos por concepto de dietas CC-2014-200 8
y millaje a partir del 1 de julio de 2010. Reitera que
la ACT siempre mantuvo su obligación legal de efectuar
los pagos reclamados, debido a que el Convenio Colectivo
es claro al indicar que el Art. LIV tiene vigencia
propia más allá del 30 de junio de 2010. Es decir, que
el Art. LIV está exceptuado de la fecha de expiración
del Convenio Colectivo.
De igual forma, el señor Cardona Caraballo
argumenta que el pleito no es académico, pues se cumplen
varias de las excepciones dispuestas en nuestro
ordenamiento. Señala que tras la presentación de la
reclamación judicial, la ACT comenzó a efectuar los
pagos, valiéndose de una resolución administrativa, en
aras de tornar el caso en académico y evadir la
penalidad que establece el Art. 11(a) de la Ley Núm.
180. Además, plantea que el Art. 11(a) de la Ley Núm.
180 es de aplicación al caso de autos, pues arguye que
el reembolso de los gastos por concepto de dietas y
millaje es parte de los beneficios que conllevan una
aportación económica de parte del patrono. Amparado en
todo lo anterior, solicita que revoquemos el dictamen
emitido por el Tribunal de Apelaciones.
Por su parte, la ACT comparece mediante Alegato de
la Parte Recurrida, en el cual también reproduce los
argumentos planteados ante los foros recurridos. En
otras palabras, expresa que a partir del 1 de julio de
2010 dejó de efectuar los pagos de dietas y millaje CC-2014-200 9
reclamados por razón de que el Convenio Colectivo expiró
el 30 de junio de 2010. Alega que por tal motivo no
contaba con una fórmula legal que regulara el desembolso
de los pagos. En ese sentido, plantea que en el Convenio
Colectivo no se dispuso que el Art. LIV tuviera una
vigencia indefinida e independiente.
Del mismo modo, la ACT señala que desde el momento
en que se aprobó la Resolución Núm. 2011-08, la cual
regula de manera interina el desembolso de gastos de
dietas y millaje retroactivo al 1 de julio de 2010, el
pleito se tornó académico. Informa que la aludida
resolución fue enmendada por la Resolución Núm. 2011-13,
para extenderla hasta la firma de un nuevo convenio. Por
último, la ACT aduce que la Ley Núm. 180 es inaplicable
a la reclamación instada porque ésta no se relaciona a
enfermedad dejadas de pagar. A la luz de lo anterior,
solicita que confirmemos la Sentencia emitida por el
Tribunal de Apelaciones.
Expedido el recurso de certiorari y con el
beneficio de la comparecencia de ambas partes,
resolvemos.
II
A.
En términos generales, un convenio colectivo es un
acuerdo por escrito efectuado entre una organización
obrera y un patrono, en el cual se especifican los CC-2014-200 10
términos y condiciones de empleo para los trabajadores
cubiertos por el contrato, el estatus de la organización
obrera y el procedimiento para resolver las disputas que
se susciten durante la vigencia del mismo. COPR v. SPU,
181 DPR 299, 319 (2011); véanse, además, M. Méndez
Ballester, Vocabulario obrero-patronal, San Juan, Puerto
Rico, 1962, pág. 25; H.R. Arroyo-Aguilar, Léxico laboral
puertorriqueño: diccionario de términos jurídicos sobre
el Derecho del trabajo, Ediciones Situm, San Juan,
Puerto Rico, 2010, pág. 68. Los convenios colectivos se
consideran instrumentos útiles para la promoción de la
política pública laboral del Estado, por lo que están
revestidos de un alto interés público. COPR v. SPU,
supra, pág. 321; JRT v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce,
122 DPR 318, 330 (1988). Además, se ha afirmado que la
celebración de éstos fomenta la paz laboral, ya que
permiten resolver de forma pacífica las controversias
obrero-patronales que acontezcan. COPR v. SPU, supra,
pág. 321.
Es doctrina reiterada que los convenios colectivos
son contratos y, como tal, tienen fuerza de ley entre
las partes. COPR v. SPU, supra, pág. 320; CFSE v. Unión
de Médicos, 170 DPR 443, 451 (2007); JRT v. Junta Adm.
Muelle Mun. de Ponce, supra, pág. 333; véase, además,
Art. 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec.
2994. Claro está, siempre que no contravengan las leyes,
la moral o el orden público. Véase Art. 1207 del Código CC-2014-200 11
Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3372. Ello significa
que al pactar el contenido de un convenio colectivo, las
partes deben cumplirlo con estricta rigurosidad. COPR v.
SPU, supra, pág. 320; CFSE v. Unión de Médicos, supra,
pág. 451; Martínez Rodríguez v. AEE, 133 DPR 986, 995
(1993). Esto, pues, el convenio colectivo obliga al
patrono, a la unión y a los miembros individuales de la
unión. COPR v. SPU, supra, pág. 320; San Juan Mercantile
Corp. v. JRT, 104 DPR 86, 89 (1975). Por consiguiente,
ni el patrono ni los empleados pueden pretender
beneficiarse de ciertas cláusulas y rechazar otras. COPR
v. SPU, supra, pág. 320; San Juan Mercantile Corp. v.
JRT, supra, pág. 89.
B.
Es menester indicar que el Art. 7(a) de la Ley Núm.
74 de 23 de junio de 1965, conocida como Ley de la
Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico,
dispone expresamente que “[l]os funcionarios y empleados
de la Autoridad tendrán derecho al reembolso de los
gastos de viaje necesarios o en su lugar a las dietas
correspondientes que sean autorizadas por reglamentos
aprobados por la Autoridad”. 9 LPRA sec. 2007(a).
Específicamente, el Reglamento Núm. 09-001 sobre Gastos
de viaje y representación, fue aprobado por la ACT el 16
de mayo de 1992, con el propósito de establecer las
normas a seguir por los funcionarios y empleados de la
ACT relacionadas con los gastos de viaje y CC-2014-200 12
representación. Además, se promulgó con el fin de
decretar las dietas y millaje que se pagarán por
concepto de dichos viajes. Véase Apéndice de la petición
de certiorari, págs. 94-124. Cabe señalar que el Art.
V(A) del reglamento dispone que “los empleados unionados
que reclamen dieta, millaje y alojamiento, recibirán el
reembolso por los gastos a tono con el convenio
colectivo vigente”. Íd., pág. 99.
C.
Cónsono con lo anterior, la ACT y la UTAC
suscribieron un Convenio Colectivo el 5 de julio de
2006, en el cual pactaron varios asuntos obrero-
patronales y se comprometieron a no violar sus términos.
Véase Convenio Colectivo, Apéndice de la petición de
certiorari, pág. 134. En lo que concierne a la
controversia ante nos, la ACT y la UTAC acordaron
expresamente en el Art. LX del convenio que éste tendría
“una vigencia del 1ro de julio de 2006 al 30 de junio
del año 2010, salvo las siguientes cláusulas que
contienen su propia vigencia: a) Artículo XLVIII
„Bonificación Por Firma De Convenio‟; b) Artículo LIV
‘Dietas y Millaje’”. Íd., pág. 246. (Énfasis suplido).
Por su parte, la Sec. 4 del Art. LX dispone que el
término de vigencia del Convenio Colectivo, a partir de
la fecha de vencimiento, quedará automáticamente
renovado, a menos que una parte notifique por escrito -
con sesenta (60) días de anticipación a la fecha de CC-2014-200 13
vencimiento del convenio- su derecho a terminarlo,
enmendarlo o modificarlo. Íd.
Conforme se adelantó, específicamente el Art. LIV
del Convenio Colectivo regula todo lo concerniente al
pago de dietas y millaje. De esta forma, la Sec. 1 de
ese artículo define “dietas” como la cantidad de dinero
que se les reembolsa a los empleados que ejecutan una
misión oficial para cubrir los costos de desayuno,
almuerzo, comida y alojamiento, cuando son requeridos a
ejercer sus funciones fuera de donde normalmente está
ubicado su centro de trabajo. Íd., pág. 231. La sección
advierte que el pago es reembolsable siempre y cuando la
distancia sea en exceso de tres millas recorridas. Íd.
En las secciones 2 a la 8 el Art. LIV se desglosan
las normas aplicables al reembolso de gastos por
concepto de dietas y millaje. Íd., págs. 232-234.
Además, la Sec. 9 indica que el Reglamento Núm. 09-001
regulará todo aquello que no estuviera dispuesto en el
Art. LIV, en lo concerniente al pago de dietas y
millaje. Íd., pág. 234. Por su parte, la Sec. 10
establece que el Art. LIV entra en vigencia diez (10)
días después de firmado el Convenio Colectivo. Íd.
III
Sabido es que la Ley Núm. 180, conocida como Ley de
salario mínimo, vacaciones y licencia por enfermedad de
Puerto Rico, 29 LPRA sec. 250 et seq., se promulgó con
el fin de, entre otros aspectos trascendentales en CC-2014-200 14
materia de derecho laboral, velar por la protección de
los derechos de los empleados, disponer los pormenores
de sus reclamaciones y establecer las penalidades
aplicables. (1998 (Parte I) Leyes de Puerto Rico 692-
706); véase, además, R.N. Delgado Zayas, Apuntes para el
estudio de la legislación protectora del trabajo en el
Derecho Laboral puertorriqueño, San Juan, Puerto Rico,
2005, págs. 210-214. A grandes rasgos, la Ley Núm. 180
tuvo el efecto de atemperar las disposiciones contenidas
en la antigua Ley de Salario Mínimo con la Fair Labor
Standards Act of 1938, 29 USCA sec. 201 et seq., y
uniformar todo lo relacionado con las licencias por
enfermedad y vacaciones. Arce Brucetta v. Motorola, 173
DPR 516, 529 (2008); González v. Merck, 166 DPR 659,
670-671 (2006).
En lo que atañe al caso de epígrafe, el Art. 11(a)
de la ley señala que:
Todo obrero o empleado que por su trabajo reciba compensación inferior a la prescrita en esta Ley o en un convenio colectivo o en un contrato individual de trabajo tendrá derecho a cobrar mediante acción civil la diferencia adeudada hasta cubrir el importe total de la compensación que le corresponda, por concepto de salario, vacaciones, licencia por enfermedad o cualquier otro beneficio, más una cantidad igual a la que se le haya dejado de satisfacer, por concepto de compensación adicional, además de los costos, gastos, intereses y honorarios de abogados del procedimiento, sin que para nada de ello obste pacto en contrario. 29 LPRA sec. 250i(a). (Énfasis suplido). CC-2014-200 15
Como puede apreciarse, en la referida disposición
estatutaria el legislador no optó por una lista taxativa
o limitativa e incluyó expresamente la categoría de
“cualquier otro beneficio”. Mucho menos hizo exclusiones
expresas con relación a ello. El historial legislativo
de la Ley Núm. 180 guarda silencio en torno al alcance
del concepto. Tampoco este Tribunal ha tenido ocasión de
interpretar el precitado Art. 11(a). Por tanto, procede
interpretar y pautar el alcance del concepto en
controversia.
Para esa encomienda, resulta oportuno señalar que
en su análisis sobre nuestra legislación laboral, el
Lcdo. Alberto Acevedo Colom indica que como parte de
todo convenio se negocian dos tipos de cláusulas, a
saber: cláusulas económicas y cláusulas no económicas.
A. Acevedo Colom, Legislación de relaciones del trabajo
comentada, 1ra ed., 2007, San Juan, Puerto Rico, Ramallo
Printing, pág. 135. Éste explica que las cláusulas
económicas son aquellas que abarcan los aspectos de
compensación que en virtud del convenio cobijan a los
empleados, así como cualquier otro beneficio que
conlleve una aportación económica por parte del patrono.
Íd. En ese sentido, el licenciado Acevedo Colom concluye
que las cláusulas económicas pueden incluir lo
siguiente: (1) los niveles de compensación de los
empleados, entiéndase salarios, vacaciones y licencias
por enfermedad; (2) la compensación correspondiente al CC-2014-200 16
tiempo extra trabajado; (3) los bonos, incluyendo el de
navidad y los de productividad; (4) las aportaciones
patronales a los planes médicos, planes de retiro –que
no sean el de Seguro Social-, planes de beneficios,
entre otros; (5) las dietas y millaje; y (6) los pagos
de estacionamiento. Íd.
Examinado lo anterior, conjuntamente con el texto
claro de la Ley Núm. 180, no existe razón para que este
Tribunal excluya el beneficio del reembolso de los
gastos de dieta y millaje de los beneficios enumerados
en el Art. 11(a) de la Ley Núm. 180. Sin duda, al igual
que opina el licenciado Acevedo Colom, concluimos que
las dietas y millaje constituyen beneficios que
conllevan una aportación económica por parte del
patrono. Por consiguiente, resolvemos que el pago por
concepto de dietas y millaje constituye un beneficio que
los empleados tienen derecho a reclamar, conforme lo
dispone el Art. 11(a) de la Ley Núm. 180.
Lo resuelto es cónsono con la reiterada norma de
interpretación estatutaria en cuanto a que la exclusión
de un empleado de los beneficios de la legislación
laboral debe ser clara y que las leyes laborales deben
interpretarse de forma liberal, resolviéndose toda duda
de la manera más favorable al empleado, para así cumplir
con sus propósitos eminentemente sociales y reparadores.
Romero et als. v. Cabrer Roig et als., 191 DPR 643, 653
(2014); Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 CC-2014-200 17
DPR 937, 951 (2011); SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177
DPR 345, 363 (2009); Arce Brucetta v. Motorola, supra,
pág. 551. En otras palabras, es principio de
hermenéutica que las leyes laborales deben ser
interpretadas liberalmente para conceder al empleado la
mayor protección de los derechos que el legislador
estatuyó. SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, supra, pág.
363. Recuérdese, pues, que la finalidad de nuestra
legislación laboral es promover la justicia social a la
clase trabajadora, garantizando la mayor protección de
sus derechos laborables.
Expuesta la normativa pertinente, procedemos a
aplicarla a la controversia que nos ocupa.
IV
En primer lugar, este caso nos exige precisar la
necesidad, si alguna, de determinar si el Art. LIV del
Convenio Colectivo o las Resoluciones corporativas
emitidas por la ACT son las que regulan, lo concerniente
al reembolso de los gastos por concepto de dietas y
millaje.2 Esto, con el fin de resolver si a partir del 1
de julio de 2010, la ACT contaba con una fórmula legal
para el desembolso de los pagos reclamados. Con relación
a ello, el señor Cardona Caraballo sostiene que el Art.
LX del Convenio Colectivo es claro al establecer que el
2 Valga aclarar que no existe controversia en cuanto a que la ACT debe el reembolso de los gastos por concepto de dietas y millaje y que está obligada a efectuarlo. CC-2014-200 18
Art. LIV tiene vigencia propia más allá del 30 de junio
de 2010. Es decir, argumenta que el Art. LIV está
exceptuado de la fecha de expiración del Convenio
Colectivo.
Por su parte, la ACT expresa que a partir del 1 de
julio de 2010 dejó de efectuar los pagos de dietas y
millaje reclamados por motivo de que el Convenio
Colectivo expiró el 30 de junio de 2010 y no contaba con
una fórmula legal que regulara su desembolso. Según la
ACT, el Convenio Colectivo no dispone expresamente que
el Art. LIV tiene una vigencia indefinida e
independiente. Sin embargo, la ACT obvia que las
Resoluciones corporativas emitidas establecieron, con
efecto retroactivo al 1 de julio de 2010, la forma en
que se harían los pagos a los empleados unionados por
concepto de gastos de dietas y millaje, a fin de cumplir
con el mandato legislativo.
Ante esa realidad, resulta innecesario
pronunciarnos en torno a la vigencia o no del convenio
colectivo; máxime cuando la ACT está obligada por
mandato de ley a efectuar los pagos de dieta y millaje.
Ante el requerimiento legislativo de que sean
autorizados mediante reglamentación, la ACT promulgó el
correspondiente Reglamento sobre Gastos de Viaje y
representación, supra, y eventualmente las Resoluciones
corporativas aludidas. Ante las particularidades del
tracto procesal descrito, huelga determinar si el CC-2014-200 19
reembolso en controversia surge en virtud del convenio
colectivo o de las Resoluciones aprobadas con efecto
retroactivo a la fecha que, precisamente, genera la
discrepancia entre ambas partes, pero que nos conduce al
mismo camino: el de proceder con los correspondientes
pagos.
Disipado ese extremo, procede dictaminar si el pago
por concepto de dietas y millaje constituye un beneficio
de los que alude el Art. 11(a) de la Ley Núm. 180. Como
expresamos, no existe razón para excluir el pago de las
dietas y millaje de los beneficios económicos que los
empleados pueden reclamar, al amparo del Art. 11(a) de
la Ley Núm. 180. Así las cosas, y en vista de que tal
pago se encuentra contemplado en nuestro ordenamiento,
procede que remitamos el caso al Tribunal de Primera
Instancia para determinar la cuantía a ser reembolsada
por la ACT, por concepto de pago de dietas y millaje a
partir del 1 de julio de 2010, más la penalidad
solicitada, en virtud del Art. 11(a) de la Ley Núm. 180.
V
En mérito de lo expuesto, revocamos la
determinación emitida por el Tribunal de Apelaciones. En
consecuencia, remitimos el caso al Tribunal de Primera
Instancia para la continuación de los procedimientos
ulteriores en armonía con lo aquí resuelto.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se revoca la determinación emitida por el Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se remite el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos ulteriores en armonía con lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez concurre con el resultado con opinión escrita. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José Julio Cardona Caraballo Peticionario
Certiorari v. CC-2014-200
Autoridad de Carreteras y Transportación Recurrida
Opinión concurrente emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2016.
Concurro con la determinación de este Tribunal de
aplicar la penalidad del Art. 11(a) de la Ley Núm. 180-
1998, conocida como la Ley de salario mínimo, vacaciones y
licencia por enfermedad de Puerto Rico, 29 LPRA sec. 250i,
a los gastos por concepto de dietas y millaje reconocidos
en el Art. 7(a) de la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965,
9 LPRA sec. 2007(a). No obstante, no estoy de
acuerdo en que resulta innecesario precisar si la
base legal para esta compensación es el Art. LIV
(en adelante, Artículo de Dietas y Millaje) del
Convenio Colectivo entre la Autoridad de Carreteras
y Transportación (ACT) y la Unión de Trabajadores CC-2014-200 2
de la Autoridad de Carreteras (UTAC) o las resoluciones
administrativas 2011-8 y 2011-13. Esto, pues, si dicho
Artículo permaneció vigente, la base legal para el reembolso
de los gastos de dietas y millaje era éste y no las
resoluciones administrativas.
En primer lugar, corresponde analizar si el Artículo
de Dietas y Millaje permaneció vigente luego de culminada
la vigencia del Convenio el 30 de junio de 2010. La UTAC
pretende atribuirle una vigencia permanente al Artículo de
Dietas y Millaje. Basa su argumento en que el Art. LX (en
adelante, Artículo de Vigencia) excluía del mismo al
Artículo de Dietas y Millaje, el cual tendría su “propia
vigencia”. Por tanto, como el Artículo de Dietas y Millaje
solo establecía cuándo comenzaba, y no cuándo culminaría,
las partes acordaron expresamente que continuaría en vigor
luego de concluido el Convenio. Apoya su argumento en el
Art. 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471, y su
jurisprudencia interpretativa que establecen que si los
términos de un contrato son claros hay que atenerse a su
sentido literal. Véanse, por ejemplo CFSE v. Unión de
Médicos, 170 DPR 443 (2007); Luce & Co. v. Junta Rel.
Trabajo, 86 DPR 425 (1962) (aplicando a los convenios
colectivos las normas de interpretación contractual).
No obstante, el Art. 1237 del Código Civil dispone que
“[l]as cláusulas de los contratos deberán interpretarse las
unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido CC-2014-200 3
que resulte del conjunto de todas”. 31 LPRA sec. 3475. Si
analizamos conjuntamente el Artículo de Dietas y Millaje y
el Artículo de Vigencia, debemos concluir que la fecha de
culminación del Convenio y del Artículo de Dietas y Millaje
es la misma: el 30 de junio de 2010. La sección 10 del
Artículo de Dietas y Millaje establecía que “[e]ste
Artículo entra en vigencia diez días luego de la firma de
este Convenio Colectivo”.3 Por otro lado, el Artículo de
Vigencia disponía que “[e]ste Convenio tendrá una vigencia
del 1ro de julio de 2006 al 30 de junio del año 2010, salvo
las siguientes cláusulas que contienen su propia vigencia:
. . . Artículo LIV „Dietas y Millaje‟”.4 Así, el Artículo
de Vigencia establecía una excepción para el Artículo de
Dietas y Millaje solo porque éste tiene una fecha de
comienzo distinta. Atribuirle al Artículo de Dietas y
Millaje una vigencia infinita porque no dispuso nada sobre
cuando culmina su vigencia contradeciría el sentido que
resulta de ambas cláusulas: que el Artículo de Dietas y
Millaje empezaría diez días luego de la firma del Convenio
Colectivo, pero que culminaría el 30 de junio de 2010, al
igual que el resto del Convenio.
A diferencia del análisis aquí realizado, la Opinión
Mayoritaria rehúsa pronunciarse sobre si el Artículo de
Dietas y Millaje permaneció vigente. Sostiene esto
basándose en que las resoluciones administrativas
3 Convenio Colectivo, Apéndice pág. 198. 4 Íd. pág. 210. CC-2014-200 4
establecieron con efecto retroactivo la forma en que se
harían los pagos. Esto resulta preocupante porque la misma
Opinión reconoce que lo pactado en un convenio colectivo
debe cumplirse con estricta rigurosidad. Véase COPR v. SPU,
181 DPR 299, 320 (2011). El Tribunal se contradice y
sugiere que cuando se aprueban resoluciones
administrativas con efecto retroactivo será innecesario
examinar lo aprobado en un convenio colectivo o, más
importante aún, si éste permaneció vigente. Así, pone en
entredicho si mediante resoluciones administrativas se
puede alterar lo aprobado en un convenio colectivo.
Por otro lado, como considero que el Artículo de
Dietas y Millaje perdió su vigencia, corresponde examinar
de dónde surge la obligación legal y la fórmula para el
reembolso de los gastos reclamados. El Art. 7 de la Ley
Núm. 74 de 23 de junio de 1965, dispone que “[l]os
funcionarios y empleados de la Autoridad tendrán derecho al
reembolso de los gastos de viaje necesarios o en su lugar a
las dietas correspondientes que sean autorizadas por
reglamentos aprobados por la Autoridad”. 9 LPRA sec.
2007(a). Por otro lado, el Reglamento Núm. 09-001 sobre
Gastos de viaje y representación señala en su artículo
introductorio que “[e]l desarrollo satisfactorio de [las
funciones de la ACT] hace necesario rembolsar a los
funcionarios y empleados los gastos de viaje y de
representación incurridos para desempeñar las mismas, para CC-2014-200 5
lo cual, bajo las disposiciones de la ley deben
establecerse normas de aplicación uniforme”.5 Sin embargo,
en lugar de establecer cómo se harán estos reembolsos, el
Reglamento establece que “[t]odos los empleados unionados
rembolso por los gastos a tono con el convenio colectivo
vigente”.6
Al no existir ningún convenio colectivo con vigencia,
la ACT atendió la ausencia de fórmula mediante la
aprobación de las resoluciones administrativas 2011-8 y
2011-13. En la Resolución Núm. 2011-8, la ACT reconoció el
derecho de sus empleados unionados a un reembolso por los
gastos de dietas y millaje. A su vez, expresamente dispuso
que “[s]e continuarán pagando las cantidades dispuestas en
los Artículo LIV y LV del Convenio Colectivo con la UTAC
que venció el 30 de junio de 2010” y estableció que estos
pagos tendrán vigencia retroactiva al 1 de julio de 2010.7
Por otro lado, estableció que “a partir del 1 de abril de
abril de 2011 no se pagarán Dietas a ningún empleado,
Regulares o Fijas”.8 No obstante, mediante la Resolución
Núm. 2011-13, la ACT enmendó la Resolución Núm. 2011-8 y
destacó que las disposiciones sobre dietas y millaje
continuarán vigentes hasta que se firme un nuevo convenio
5 Reglamento de Gastos de Viaje y Representación, Apéndice pág. 60. 6 Íd. pág. 63. 7 Resolución Núm. 2011-8, Apéndice pág. 214. 8 Íd. pág. 214. CC-2014-200 6
Debido a que el Convenio Colectivo perdió su vigencia
el 30 de junio de 2010, las resoluciones administrativas
establecieron la base legal para el cómputo de los
reembolsos e incorporaron la fórmula dispuesta en el
Convenio Colectivo. Al otorgarle retroactividad al 1 de
julio de 2010 llenaron el vacío que dejó la culminación del
Convenio Colectivo. Por lo tanto, son estas resoluciones y
no la supuesta vigencia perpetua del Artículo de Dietas y
Millaje lo que da base legal al reclamo de los
peticionarios.
Finalmente, debo determinar si aplica la penalidad
contemplada en el Art. 11(a) de la Ley Núm. 180. Coincido
con el análisis que hace la Opinión Mayoritaria al concluir
que la penalidad del Art. 11(a) de la Ley Núm. 180, supra,
aplica a “cualquier . . . beneficio que conlleve una
aportación económica por parte del patrono”, entre ellos,
las dietas y millaje.9 Por tanto, si los empleados de la
ACT tenían derecho a un reembolso por concepto de dietas y
millaje, pero la ACT no los pagó, el empleado tiene derecho
a la penalidad establecida en el Art. 11(a). La única
diferencia es que la Opinión Mayoritaria se niega a
resolver si la obligación emana del Convenio o de las
resoluciones administrativas, mientras que a mi juicio el
Convenio perdió su vigencia y la obligación surge de la Ley
Habilitadora, el Reglamento Núm. 09-001 y de la Resolución
9 Véase Opinión Mayoritaria, pág. 15. CC-2014-200 7
Núm. 2011-8, la cual restableció lo dispuesto en el
Convenio Colectivo sobre el pago de dietas y millaje.
Al igual que la Opinión Mayoritaria revocaría el
dictamen recurrido y remitiría el caso al Tribunal de
Primera Instancia para la continuación de los
procedimientos, pero por los fundamentos anteriormente
expuestos.
Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta