EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Santos A. Candelario Vargas
Peticionario Certiorari v. 2007 TSPR 117 Madeline Muñiz Díaz 171 DPR ____ Recurrida
Número del Caso: CC-2006-214
Fecha: 7 de junio de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce (Panel X)
Juez Ponente:
Hon. Zaida Hernández Torres
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Félix L. Negrón Martínez
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Efraín Díaz Carrasquillo
Materia: Desahucio
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario
v. CC-2006-214 Madeline Muñiz Díaz
Recurrida
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2007
La controversia medular que tenemos que atender
en el presente caso gira en torno al alcance del
derecho a hogar seguro; específicamente, si el mismo
se puede reclamar sobre una propiedad privativa del
padre de la menor para cuyo beneficio se ha
solicitado.
I
La señora Madeline Muñiz Díaz y el señor Santos
A. Candelario Vargas sostuvieron una relación
consensual desde el año 1998 hasta el 2004, fruto de
la cual nació una niña, la menor EMCM, en el año
2000. Durante su concubinato, las partes vivieron en
una propiedad inmueble de dos niveles ubicada en CC-2006-214 2
Juana Díaz, Puerto Rico. Vigente la relación, el señor
Candelario Vargas adquirió el referido inmueble mediante la
compra de las particiones hereditarias de sus hermanos.
Concluida la relación entre las partes, la señora Muñiz Díaz
y la menor se instalaron en el segundo nivel del inmueble.
La primera planta está alquilada a un tercero por el canon de
$450, según nos informa el peticionario.
Así las cosas, el 10 de febrero de 2004, el señor
Candelario instó una demanda de desahucio en contra de la
señora Muñiz. En la misma, alegó que ésta se negaba a
desalojar el inmueble objeto de esta controversia. Explicó,
que la propiedad era un bien privativo por lo que su ex
compañera no tenía ningún derecho a permanecer allí. Por su
parte, la señora Muñiz presentó su contestación a la demanda
en la que reclamó el uso de la propiedad como hogar seguro de
la menor y en reconvención solicitó la división de la
comunidad de bienes.
Luego de varios trámites procesales, las partes
estipularon que la demandada desistía de la reconvención
sobre la comunidad de bienes que existió entre ellos. A
cambio, el demandante le entregaría la cantidad de
trescientos ($300) dólares por cualquier derecho que pudiese
tener la demandada la referida comunidad. Además, la
demandada reconoció que el bien en controversia era privativo
del demandante.
Luego de celebrar la vista en sus méritos, el Tribunal
de Primera Instancia dictó sentencia declarando con lugar la CC-2006-214 3
demanda de desahucio y sin lugar la reconvención. Explicó,
que al ser el bien uno privativo, la demandada no tenía
ningún derecho a reclamar hogar seguro. Como parte de sus
conclusiones de hecho determinó que el demandante pagaba la
hipoteca del inmueble y además, pagaba una pensión
alimenticia de trescientos cincuenta ($350) dólares a favor
de su hija. Determinó además, que no existía ningún contrato
de arrendamiento entre las partes y que la demandada no
pagaba ninguna mensualidad en concepto de renta. El tribunal
concluyó que la señora Muñiz recibía un sueldo neto de mil
setenta y ocho ($1,078) dólares, que pagaba dos préstamos y
que estaba acogida al capítulo trece (13) de quiebra federal,
por lo que pagaba doscientos cincuenta ($250) dórales
mensuales.
Inconforme, la señora Muñiz acudió al Tribunal de
Apelaciones, impugnando la determinación del Tribunal de
Primera Instancia de no reconoce el derecho de hogar seguro
sobre la propiedad privativa del padre de la menor.1
Mediante sentencia emitida el 24 de enero de 2006, el foro
apelativo intermedio revocó al foro primario y declaró la
residencia objeto del presente litigio hogar seguro de la
menor. Explicó, que el hecho de que el inmueble en
controversia fuera un bien privativo del padre no afectaba el
derecho a hogar seguro de la niña. Sostuvo que éste no es un
1 Alegó además, que erró el Tribunal de Primera Instancia al celebrar la vista en su fondo a pesar que la demandada no tuvo la oportunidad de cotejar la deposición que le fuese tomada, como lo dispone la Regla 27.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 27.7. CC-2006-214 4
título adicional al de propiedad, por lo que no se afectaba
el derecho de propiedad del demandante sobre el inmueble.
Añadió, que el derecho a hogar seguro de los menores emana de
la obligación que tienen los padres de alimentar a sus hijos,
obligación revestida del mas alto interés público.
Tras una moción de reconsideración y su correspondiente
réplica, el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia
enmendada en la que reiteró su determinación original. En
desacuerdo con dicha determinación, el señor Candelario
acudió ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari
en el que alegó, en lo pertinente, que había errado el foro
apelativo al extender el derecho de hogar seguro a un bien de
carácter privativo.
El 12 de mayo de 2006, expedimos el auto solicitado.
Las partes han comparecido y contando con el beneficio de sus
alegatos pasamos a resolver.
II
La figura del hogar seguro pasó a formar parte de
nuestro ordenamiento legal poco después del cambio de
soberanía, mediante la aprobación de la Ley del 12 de mayo de
1903, conocida como Ley para definir el “homestead” (hogar
seguro) y para exentarlo de una venta forzosa. Luego, dicha
ley fue incorporada por la comisión codificadora al Código
Civil como los Arts. 541-542; ello, mediante enmienda a la
disposición final del Código Civil. Véase, Ley Núm. 48 de 28
de abril de 1930. La ley de hogar seguro del 1903 proviene
de la ley de hogar seguro de Illinois. Muñoz Morales, CC-2006-214 5
Apuntes sobre el derecho de homestead, 4 Rev. Jur. U.P.R. 78,
88 (1934).
Posteriormente, la Ley Núm. 87 del 13 de mayo de 1936,
(“Ley Núm. 87” o “Ley de Hogar Seguro”) derogó la ley de
1903, aun cuando no hizo mención del Código Civil. La Núm.
87 aparece codificada en las secciones 1851-1857 del Código
Civil. 31 L.P.R.A. secs. 1851-1857. Recientemente, las
disposiciones sobre hogar seguro sufrieron enmiendas a los
efectos de aumentar la cuantía del hogar seguro. Ley Núm.
116 del 2 de mayo de 2003. Véase, Rodríguez Ramos v. Pérez
Santiago, res. 14 de abril de 2004, 161 D.P.R. ___, 2004
T.S.P.R. 57.
Este tipo de legislación se diseñó principalmente
-–tanto aquí como en los Estados Unidos—- para aislar el
hogar familiar de los acreedores del deudor, así como para
prohibir la enajenación del mismo por su propietario sin el
consentimiento de su cónyuge. Haskins, Homestead Exemptions,
63 Harv. L. Rev. 1288 (1950) (“[The] homestead laws, [were]
designed to protect the family home from the reach of certain
classes of creditors and to prevent alienation by the owner
without the consent of his spouse.”) Ello así aun en
perjuicio de los válidos reclamos de un acreedor. Riggs v.
Sterling, 27 N.W. 705, 708 (Mich. 1886) Véase también,
Morantz, There’s no Place Like Home: Homestead Exemption and
Judicial Constructions of Family in Nineteenth Century
America, 24 Law & Hist. Rev. 245 (2006). Sus orígenes se
pueden rastrear a ciertos periodos de inestabilidad CC-2006-214 6
financiera durante el Siglo XIX. Note, State Homestead
Exemption Laws, 46 Yale L.J. 1023, 1031 (1937). Véase
también, Kleinert. V. Lefkowitz, 259 N.W. 871, 872-873 (Mich.
1935). En tal sentido, el profesor Muñoz Morales, ibíd.,
pág. 78, nos indica que el “homestead” es “una institución de
origen Norte-Americano nacida con el propósito de estimular
la adquisición y conservación de propiedad y evitar el
completo desamparo de la familia.”
Para algunos, el propósito principal de estos estatutos
era proveer seguridad y estabilidad a la familia del deudor
evitando que el hogar familiar pudiera ser ejecutado en cobro
de una deuda. Wuicich v. Solomon-Wickersham Co., 157 P. 972,
973 (Ariz. 1916). (“Homestead statutes are enacted as a
matter of public policy and in the interest of humanity. One
of the objects is that everything shall not be taken from the
family, and it left in a state of penury and pauperism, and
its members perhaps a public charge.”) Mientras que para
otros, el propósito principal era proteger al hombre
terrateniente del infortunio económico en que podía sucumbir.
Así, la jurisprudencia de esta época es un reflejo de las
actitudes de la sociedad del Siglo XIX sobre la tenencia de
la tierra, los roles del hombre y la mujer en la familia y
los problemas de la dependencia económica. Véase, Morantz,
ibíd.
Con ello de trasfondo, abordemos el tema que nos ocupa. CC-2006-214 7
III
Como indicamos, se cuestiona en este caso el derecho de
la demandada a reclamar para su hija como hogar seguro el
inmueble propiedad de su compañero consensual, con quien
convivió poco más de cinco años y quien es el padre de la
menor. Este inmueble fue donde el grupo familiar tenía
instalada su residencia conjunta, permanente y habitual, por
lo que constituía el centro de la vida en común. Es decir,
era su vivienda familiar habitual hasta que finalizó la
relación afectiva de la pareja.
Como sabemos, la Ley Núm. 87, según enmendada, provee a
todo jefe de familia el derecho a poseer y disfrutar de una
finca, que le pertenezca o posea legalmente, en concepto de
hogar seguro. Dicha finca estará exenta de venta por virtud
de una sentencia o ejecución, a menos que se obtenga por ella
una suma mayor de quince mil ($15,000) dólares. En caso de
venta, la suma de quince mil ($15,000) dólares le corresponde
al jefe de familia, una vez establezca su derecho a hogar
seguro y el exceso de dicha suma se pagará al acreedor. 31
L.P.R.A. sec. 851.
La sección 2 de la Ley de Hogar Seguro dispone en lo
pertinente que el hogar seguro, “y todo derecho o título
sobre el mismo estará exento de embargo, sentencia, exacción
o ejecución.” De otra parte, la sección siguiente establece
que en caso de divorcio, “el tribunal que lo conceda deberá
disponer del hogar seguro según la equidad del caso.” 31
L.P.R.A. sec. 1853. CC-2006-214 8
Utilizando como norte el principio de equidad
establecido en la sección 3 antes transcrita, nuestras
decisiones han adjudicado el derecho a hogar seguro sobre la
vivienda conyugal al ex–cónyuge que retenía la custodia de
los hijos. Véase, Carrillo v. Santiago, 51 D.P.R. 545
(1937); Vega Acosta v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 408
(1963); Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, 107 D.P.R. 655 (1978).
No hay duda que el hilo conductor en estas decisiones fue la
protección a la familia y los menores, impartiéndole al
derecho de hogar seguro una interpretación liberal y
expansiva. García v. Pérez, 46 D.P.R. 31 (1934). De esta
forma nuestra jurisprudencia avaló la corriente doctrinal que
preciaba la familia como el bien tutelado en las leyes
referentes al hogar seguro. En Federal Land Bank v. Corte
Municipal, 47 D.P.R. 942, 945 (1935) indicamos sin ambages,
que “[l]a base fundamental del derecho a hogar seguro es la
protección de la familia . . . .”
Lo cierto es que la vivienda familiar es un patrimonio
que, prescindiendo de su titular, se encuentra al servicio de
la familia como colectivo. En tal rigor, la vivienda
familiar es “como una especie de propiedad familiar que
trasciende a los propios cónyuges.” A. Juanes Peces, J. L.
Galván Aras, La naturaleza jurídica de la atribución de la
vivienda familiar en los casos de crisis matrimonial, La Ley,
núm. 3, 1992, 969, 970. En otras palabras, es un bien de
goce colectivo, al servicio de la familia independientemente
del origen o titularidad del inmueble. De ahí, que la figura CC-2006-214 9
de hogar seguro al garantizar la adscripción del
inmueble/residencia habitual al padre custodio, lo hace en
función del beneficio que representa para la familia. Lo que
es consecuencia obligada del principio ampliamente recogido
en nuestro Derecho positivo y nuestra jurisprudencia, de
protección de los mejores intereses de los hijos.
Acorde con lo anterior, en Carrillo v. Santiago, supra,
concluimos que en caso de divorcio, el padre que retiene la
custodia de los hijos conserva la característica de jefe de
familia, por lo que le cobija el derecho a hogar seguro
contenido en la ley de 12 de mayo de 1903. Resolvimos que en
esos casos, el jefe de familia retendrá el derecho a hogar
seguro sobre la propiedad que constituya la vivienda
familiar, sin perjuicio de que el otro ex-cónyuge pueda
reclamar la mitad de dicha propiedad cuando por cualquier
causa cese el referido derecho. De esta forma salvaguardamos
el bienestar de los menores sin afectar el interés
propietario de los ex-cónyuges. Véase además, López Rudón v.
López, 48 D.P.R. 324 (1936).
Por otro lado, en Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, supra,
señalamos la pauta a seguir al momento de adjudicar el hogar
seguro. Allí indicamos:
La preservación del hogar seguro familiar para beneficio del grupo formado por madre e hijos tiene primacía sobre el derecho de propiedad del cónyuge en los activos de la disuelta sociedad conyugal. Su reclamación de gananciales en la vivienda que aloja a esta familia quedará paralizada por el tiempo que subsistan las circunstancias que le dan calidad de hogar seguro y mientras la recta razón de equidad ampare el derecho de sus ocupantes. Hemos reconocido que el derecho de dominio no es CC-2006-214 10
atribución absoluta de su titular y que está supeditado a intereses sociales de orden superior, significativamente la protección de la vivienda.
Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, supra, págs. 660-661.
Añadimos, que el límite monetario señalado en la legislación
sobre hogar seguro no restringe el valor del hogar que en
caso de divorcio se conceda a uno de los cónyuges, pues
constituye una autorización del tribunal para el uso del
inmueble en satisfacción de una legítima necesidad de la
familia.
Como es de ver, nuestra jurisprudencia sobre este tema
revela una marcada tendencia a proteger la vivienda familiar
evitando su desmembramiento y conservando su uso,
atribuyéndoselo a la parte que tenga la custodia de los hijos
como medida de carácter proteccionista. Se desprende de
nuestras expresiones que el bienestar de los hijos es un
interés de mayor jerarquía que cualquier interés propietario
que puedan tener los padres. Hemos reconocido también que
como el derecho a hogar seguro se configura como una
limitación al ejercicio del derecho que pueda ostentar uno de
los padres sobre la vivienda familiar, cuando las
circunstancias que motivaron la atribución original cesan, la
atribución del uso puede cesar. Cruz Cruz v. Irizarry
Tirado, supra. Véase, M. D. Cervilla Garzón, La atribución
del uso de la vivienda familiar al cónyuge no titular,
Marcial Pons, Madrid, 2005.2
2 La doctrina española al analizar el contenido y alcance de los Arts. 96 y 1320 del Código civil español, discute ampliamente sobre la naturaleza jurídica del derecho que se CC-2006-214 11
En el 1997, la Asamblea Legislativa recogió en
legislación la norma que establecimos en Cruz Cruz v.
Irizarry Tirado así como los principios antes enunciados.
Véase, Ley Núm. 184 de 26 de diciembre de 1997. Dicha ley
enmendó el Código Civil para añadir el Artículo 109-A, 31
L.P.R.A. sec. 385a, el cual dispone lo siguiente:
El cónyuge a quien por razón del divorcio se le concede la custodia de los hijos del matrimonio, que sean menores de edad, que estén incapacitados mental o físicamente sean estos mayores o menores de edad o que sean dependientes por razón de estudios, hasta veinticinco (25) años de edad, tendrá derecho a reclamar como hogar seguro la vivienda que constituyó el hogar del matrimonio y que pertenece a la sociedad de gananciales, mientras dure la minoría de edad, la preparación académica o la incapacidad de los hijos que quedaron bajo su custodia por razón de divorcio.
le reconoce a quien se le atribuye la vivienda familiar. Un breve repaso de esa discusión doctrinal evidencia la falta de unanimidad de criterio sobre el particular. Rams Albesa, sugiere que en estos supuestos se configura un derecho real de uso. J. Rams Albesa, R. Moreno Flórez, Comentarios al Código Civil, II, Editorial Bosch, Barcelona, vol. 2, 2000, págs. 1015-1016. Roca Trías habla de posesión compartida que pasa a ser exclusiva, sin que exista creación ninguna de derecho real o de crédito. E. Roca Trías, en la obra colectiva, Comentarios a la reforma del Derecho de Familia, Ed. Tecnos, Madrid, 1984, vol. I, págs. 606-608. O’Callaghan sugiere que el beneficiado con la atribución se le constituye un derecho de ocupación con un poder inmediato y absoluto sobre la cosa. X. O’Callaghan Muñoz, El derecho de ocupación de la vivienda familiar en las crisis matrimoniales, AC, núm. 19/86, pág. 1329. Méndez Pérez, considera que lo que se constituye es un derecho real de habitación. Méndez Pérez, La atribución judicial de la vivienda a uno de los cónyuges en los proceso de nulidad, separación o divorcio, 1987 Rev. Gen. Der. 6287. Para García Mouriño y Del Carpio Fiestas, el mismo es de naturaleza exclusiva personal. García, Del Carpio Fiestas, Atribución del uso de vivienda familiar y actio communi dividundo, AC 1994I, 75 y ss. O, como reconoce sabiamente la profesora Cervilla Garzón, en La atribución del uso de la vivienda familiar al cónyuge no titular, Marcial Pons, Madrid, 2005, pág. 42, dada la naturaleza híbrida o sui generis, “participan de rasgos pertenecientes a uno y otro tipo, lo que impiden ser definidos de una forma con exclusión de la otra.” CC-2006-214 12
La propiedad ganancial que constituye el hogar seguro no estará sujeta a división mientras dure cualesquiera de las condiciones en virtud de las cuales se concedió. Disponiéndose que el derecho de hogar seguro pueda reclamarse desde que se necesitare, pudiendo ser reclamado en la demanda de divorcio, durante el proceso, o luego de decretarse el mismo. Una vez reclamado, el juzgador determinará lo que en justicia procede de acuerdo con las circunstancias particulares de cada situación. El cónyuge que reclama el derecho a hogar seguro podrá retener todos aquellos bienes de uso ordinario en la vivienda. Cuando se reclame el derecho de hogar seguro luego de decretado el divorcio, el mismo podrá ser concedido por el Tribunal que conoció del divorcio. (Énfasis nuestro.)
El propósito principal de esta legislación, según se
desprende de su historial legislativo fue precisamente
“hacerle justicia a la institución de la familia.”
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 184 de 22 de diciembre
de 1997. Véase además, Rodríguez Ramos v. Pérez Santiago,
supra. Se trata de salvaguardar el bienestar de los hijos
cuando por razón de la separación de sus padres se encuentran
en una situación de inestabilidad respecto a su vivienda.
Véase, Senado de Puerto Rico, Diario de Sesiones,
Procedimientos y Debates de la Decimotercera Asamblea
Legislativa, Segunda Sesión Ordinaria (1997), pág. 6854;
Oficina de Asuntos de la Juventud, Oficina del Gobernador,
Ponencia sobre el Proyecto del Senado Núm. 194, 14 de marzo
de 1997. No hay por que disgregar a los hijos del entorno
que han conocido desde siempre. El interés propietario del
padre tiene que tomar un segundo plano frente a lo que es el
mejor bienestar de sus hijos. De ahí, que el artículo CC-2006-214 13
aprobado no incluya límites de valor monetario al derecho de
hogar seguro.
En Rodríguez Ramos v. Pérez Santiago, supra, nos
enfrentamos a una controversia donde se cuestionaba si el
hecho que el Art. 109-A hablara de la “propiedad ganancial
que constituye el hogar seguro”, impedía que se reclamase
como tal una propiedad que pertenecía en comunidad de bienes
a los padres de la menor, habida cuenta que habían adquirido
dicha propiedad antes de contraer matrimonio. Contestamos la
interrogante en la negativa. Indicamos que
independientemente del texto del Art. 109-A, existía en
nuestro ordenamiento amplia jurisprudencia bajo la Ley de
Hogar Seguro y su mandato de equidad que no podíamos
soslayar, y cuya vitalidad permanecía incólume
independientemente de la aprobación del Art. 109-A.
Indicamos entonces, que “[n]o hay duda que las razones en
equidad y de política pública que este Tribunal ha
desarrollado sobre el tema del hogar seguro continúan vigente
y pueden por lo tanto, aplicarse al caso de autos.”
Rodríguez Ramos v. Pérez Santiago, supra.
Tomando en cuenta la equidad y la política pública que
procura el beneficio del menor, el favor filii, concluimos
que el derecho a hogar seguro se extiende a la vivienda
familiar aun cuando la misma no constituya un bien de
carácter ganancial, sino un bien común entre ex-cónyuges.3
3 En Irizarry Quiles v. García Sanabria, 58 D.P.R. 280 (1941), resolvimos que el padre custodio de los hijos podía CC-2006-214 14
En atención a la primacía de estos valores nos negamos a
aplicar mecánicamente el lenguaje expreso del Art. 109-A.
Adviértase que el propio texto del Art. 109-A, luego de
establecer cómo se dispone del hogar seguro, le ordena al
juzgador a “determinar lo que en justicia proceda de acuerdo
a las circunstancias particulares de cada caso.” 31 L.P.R.A.
sec. 385-A. Con este enunciado, el legislador autorizó al
juzgador a atemperar el rigor de lo estatuido cuando la
justicia así lo requiera. Rodríguez Ramos v. Pérez Santiago,
supra.
Hoy nos corresponde continuar nuestra construcción
dogmática sobre esta materia. Debemos atender en esta
ocasión la controversia de si el derecho a hogar seguro se
extiende también a la vivienda familiar habitual cuando ésta
constituye un bien privativo del padre no custodio. Conforme
nuestra trayectoria doctrinal y el claro mandato del propio
Art. 109-A de procurar siempre la solución justa, la
respuesta a la interrogante planteada tiene que ser en la
afirmativa. Son varias las razones que nos llevan a así
concluir. Comenzamos señalando que al plantearnos esta
controversia lo hacemos conscientes “que los estatutos
referentes a hogar seguro deben ser interpretados con toda la
posible liberalidad para darle efecto al propósito de la
ley.” García v. Pérez, supra, pág. 35.
Como primer criterio decisorio somos de opinión que las
mismas consideraciones de equidad y política pública que han
reclamar del derecho a hogar seguro, aun cuando la propiedad estuviera a nombre de los hijos. CC-2006-214 15
permeado por décadas nuestra jurisprudencia sobre el derecho
a reclamar el hogar seguro aplican con igual rigor en este
caso. Consideraciones que resumimos en Rodríguez Ramos v.
Pérez Santiago, supra, de la siguiente manera:
No existe argumento jurídico alguno que nos persuada a no reconocer el derecho a hogar seguro en el caso ante nuestra consideración. Al contrario, la equidad que gobierna el presente caso haya amplia base en nuestro ordenamiento para reconocer la propiedad aquí en controversia como hogar seguro de esta jefe de familia. El hecho de que . . . el reconocimiento del hogar seguro no afecta la titularidad; que la propiedad se utilizó como el hogar conyugal; que es la única propiedad que la menor ha reconocido; y que el derecho a dominio está supeditado a los intereses sociales de proteger a los menores, a la familia, y al hogar donde éstos residen.
Tomamos en consideración también, que en este caso la
vivienda reclamada como hogar seguro había sido la vivienda
familiar de las partes por un periodo de tiempo considerable.
Adviértase además, que estamos frente a un derecho
estrictamente de naturaleza familiar con lo cual, al atribuir
la vivienda familiar al padre custodio no titular del
inmueble, en beneficio de su hija, buscamos “el mantenimiento
de las mismas condiciones familiares existentes antes de la
ruptura . . . [lo que] constituye una forma de contribución a
las cargas generadas con la separación o el divorcio que hay
que afrontar . . . .” E. Roca Trías, en la obra colectiva,
Comentarios a la reforma del Derecho de Familia, Ed. Tecnos,
Madrid, 1984, vol. I, págs. 606-608. El derecho a hogar
seguro tiene por lo tanto una íntima conexión con el derecho
de alimento de los padres a los hijos. Cervilla Garzón, op.
cit., pág. 163. Pues como sabemos, corresponde a los padres CC-2006-214 16
el deber de alimentar a los hijos y entre los alimentos debe
comprenderse la habitación. 31 L.P.R.A. sec. 561.
Certeramente señala la profesora Roca Trías, lo siguiente:
Por lo tanto creo que es lo mismo contribuir al pago de los gastos que ocasione el alquiler o compra de una nueva vivienda que atribuir a los hijos y al cónyuge a cuyo cuidado queden el uso de la vivienda conyugal.
Roca Trías, op. cit., pág. 608. Véase además, Artículos 143
y 153 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 562 y
601.
Es procedente reconocer que la concesión de la vivienda
familiar a los hijos menores enraíza con la obligación de
alimentos del padre para con sus hijos. Obligación cuyo
“fundamento medular . . . es la relación paterno-filial”, es
decir, garantizar las necesidades básicas de la vida de quien
no puede cubrirlas por sí mismo. Argüello v. Argüello, 155
D.P.R. 62, 70 (2001). Como bien expresáramos en Cruz Cruz v.
Irizarry Tirado, supra, pág. 661-662, al reconocer el derecho
a hogar seguro frente una reclamación de división de bienes
gananciales, “queda vindicada la fundamental obligación legal
y moral del padre … de proveer albergue a su familia
inmediata.” No hay duda entonces, tal y como señala la
profesora Roca Trías, que con la atribución de la vivienda
familiar al padre custodio no titular del inmueble, lo que
hacemos es reconocer una forma de contribución a la
obligación de satisfacer alimentos que como resultado de la
separación de la pareja le corresponde al padre alimentista. CC-2006-214 17
Recordemos también lo que ya hemos resuelto con
anterioridad, que “el deber de alimentar, educar y criar a
los hijos menores es como resultado de ser padre o madre, y
existe con todos los efectos patrimoniales, jurídicos y
morales desde el momento en que nace el hijo,
irrespectivamente de las circunstancias de su nacimiento.”
Chévere v. Levis, 150 D.P.R. 525, 539 (2000). Por lo tanto,
el hecho de que haya o no existido un matrimonio entre los
padres de la menor es irrelevante al momento de determinar el
alcance de la obligación que tendrá el padre alimentista de
alimentar a su prole y el derecho del padre no custodio de
reclamar a favor de su hija la vivienda familiar como hogar
seguro.
En conclusión, el derecho a hogar seguro reconocido en
el Artículo 109-A del Código Civil de Puerto Rico, no depende
del interés propietario que pueda tener sobre el bien el jefe
de familia, pues éste es un mecanismo de protección a la
unidad familiar y de lo que ha sido el centro de la vida en
común.4 Además, ¿cómo mejor aplicar el mandato de justicia
provisto en el artículo, que evitando que la menor sea
desarraigada de su entorno y del único hogar que ha conocido
en su corta vida?
4 Por contra, en Quiñones v. Reyes, 72 D.P.R. 304, 308, (1951), resolvimos que cuando la propiedad constituye un bien privativo de uno de los ex-cónyuges, el otro, aunque retenga la custodia de los hijos, no tiene derecho a reclamar hogar seguro. Esta limitada interpretación del derecho a hogar seguro es incompatible con lo que aquí resolvemos, con lo cual lo allí dispuesto ha perdido ya eficacia y queda revocado por la decisión que hoy anunciamos. CC-2006-214 18
Adviértase además que en este caso las partes poseían en
forma compartida la vivienda familiar por varios años, ahora
se pasa a una posesión exclusiva sobre la misma. Lo que
sucede, evidentemente, porque las necesidades familiares
ameritan una protección prioritaria frente a las
titularidades protegibles en virtud del derecho de propiedad.
Es importante reiterar aquí que “al adjudicar controversias
relacionadas con menores los tribunales deben guiarse por el
principio de asegurar el bienestar y los mejores intereses de
éstos. … [L]os derechos de los padres pueden limitarse en
aras de proteger un interés apremiante del Estado, como lo es
bienestar de los menores.” Rexach v. Ramírez Vélez, res. 15
de junio de 2004, 161 D.P.R. ___, 2004 T.S.P.R. 97; Ferrer v.
González, res. 15 de junio de 2004, 161 D.P.R. ___, 2004
T.S.P.R. 98, Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R.
61, 71-72 (1987). Una vez atribuida la vivienda familiar al
padre custodio en favor de los hijos en común, la atribución
se torna en sí en una forma de contribuir a las cargas de
manutención de esos menores y como tal se debe tratar.
Pasemos entonces a aplicar lo aquí discutido a los
hechos particulares traídos ante nuestra atención.
IV
En el caso de autos, la señora Muñoz reclamó a favor de
su hija menor el derecho de ésta a valerse de lo que ha sido
la residencia habitual familiar por varios años como hogar
seguro, aun cuando esta propiedad constituya un bien CC-2006-214 19
privativo de su padre. Por los fundamentos discutidos
anteriormente concluimos que le asiste la razón.
Como indicamos y recalcamos otra vez, el deber que
tienen los padres de alimentar a sus hijos incluye el deber
de proveerles para su habitación por lo que el hogar seguro
se configura precisamente como una forma de contribución a
esa carga. El interés propietario que puedan tener los
padres sobre la vivienda familiar habitual que se reclama
como hogar seguro no es un factor determinante al momento de
decidir si procede o no una petición de hogar seguro. Como
tampoco es relevante el hecho de que haya o no existido un
matrimonio entre los padres de la menor para determinar si a
la menor le cobija este derecho pues como ya hemos señalado,
la obligación de alimentar a los hijos no está supeditada a
la preexistencia de una relación matrimonial. La finalidad
de la norma que anunciamos es atender las necesidades
prioritarias del menor como lo es la habitación, así como la
necesidad sentimental de continuar ocupando la vivienda
familiar, lo que conlleva continuar residiendo en lo que ha
sido el entorno social y afectivo de la menor (colegio,
amigos, vecinos).
Sin embargo, el reconocimiento del derecho a hogar
seguro no es automático, se basa en los preceptos de equidad
vislumbrados según las circunstancias de cada caso y debe
satisfacer una necesidad legítima. Cruz Cruz v. Irizarry
Tirado, supra, pág. 661. Hemos indicado con atino que el
derecho a hogar seguro “no afecta la titularidad, ni es un CC-2006-214 20
título adicional de propiedad”, ya que lo que cambia es el
uso de la propiedad y no su título. Rodríguez Ramos v.
Pérez, supra; Vega Acosta v. Tribunal Superior, supra.
Lo cierto es que el padre titular sufre, en efecto, una
limitación de derecho temporal encaminada por supuesto, a
proteger la continuidad de la convivencia familiar en
beneficio de sus hijos. Ahora bien, ese uso de la vivienda
tiene, evidentemente, un valor susceptible de cuantificación
económica y viene a integrar, en cierto modo, una prestación
in natura, lo que a nuestro juicio exige que sea tenida en
cuenta para calcular el importe de las cargas que pesan sobre
el padre alimentista.5
En vista de lo anterior, se modifica la sentencia
dictada por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso
al foro primario para que evalúe, según lo aquí resuelto, si
se debe modificar la pensión que en concepto de alimentos le
fuera fijada al padre no custodio, en atención a que a la luz
de los hechos de este caso procede la atribución de la
vivienda familiar a la menor representada por la madre
custodia. Así modificada se confirma la determinación del
foro apelativo intermedio.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada
5 Véase, Cervilla Garzón, op. cit., págs. 161-170. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2006-214
Madeline Muñiz Díaz
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expresados en la Opinión que antecede, los cuales se incorporan íntegramente a la presente, dictamos sentencia modificando la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al foro primario para que evalúe, según lo aquí resuelto, si se debe modificar la pensión que en concepto de alimentos le fuera fijada al padre no custodio, en atención a que a la luz de los hechos de este caso procede la atribución de la vivienda familiar a la menor representada por la madre custodia. Así modificada se confirma la determinación del foro apelativo intermedio.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo