EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Alba Nydia Ortiz Rivera Certiorari Recurrida 2004 TSPR 133 v. 162 DPR ____ Puerto Rico Telephone Company Telephone Technology System, Inc.
Peticionaria
Número del Caso: CC-2003-235
Fecha: 10 de agosto de 2004
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional II
Juez Ponente:
Hon. Pierre Vivoni del Valle
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Neddie Feliciano Jiménez
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Juan E. Nater Santana
Materia: Incumplimiento de Contrato y Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. CC-2003-235 2 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Alba Nydia Ortiz Rivera
Recurrida
v. CC-2003-235 Certiorari
Puerto Rico Telephone Company Telephone Technology System, Inc.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR CORRADA DEL RÍO
San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2004.
“Ahora bien, el fundamento de la justicia es la buena fe, es decir, la fidelidad y la veracidad en las palabras y en los compromisos contraídos. Por eso, aunque ello pueda parecer un tanto duro a alguno, osemos no obstante imitar a los estoicos, que averiguan con cuidado de dónde proceden las palabras y creamos que la buena fe (fides) ha sido llamada así a causa de la frase «que se haga (fiat) lo que se ha dicho (dictum)».” Cicerón, Los Deberes: Libro Primero. (Traducción de Francisco Samaranch)
Nos corresponde resolver si una carta enviada
por la compañía Telephone Technology Systems,
Inc., constituyó una declaración unilateral de
voluntad que tuviera el efecto de obligarla a
actuar conforme a lo expresado en ella. En la
eventualidad de que resolviéramos que la
referida carta tuvo el efecto de vincular a
dicha compañía, debemos resolver cuál es el CC-2003-235 3 término de prescripción aplicable para ejercitar la acción
en reclamo del cumplimiento de dicha obligación.
I
En 1996, la Puerto Rico Telephone Company (en
adelante, “PRTC”) contrató los servicios de la aquí
peticionaria, Telephone Technology Systems, Inc. (en
adelante, “TTS” o “la peticionaria”), para la instalación
de unas nuevas líneas telefónicas en la urbanización
Miraflores (en adelante, “Miraflores”), ubicada en el
Municipio de Bayamón.
El 24 de julio de 1996, TTS envió una carta a los
residentes de los bloques 4, 20, 21, 22, 23 y 24 de la
referida urbanización, para anunciarles que estaría
realizando las instalaciones de las nuevas líneas
telefónicas. En ésta, además, TTS les indicó que
repararía cualquier daño que sufrieran sus propiedades
como consecuencia de las labores que realizara. El texto
literal de este documento es el siguiente:
24 de julio de 1996
A: Vecinos de los Bloques 4, 20, 21, 22, 23 y 24 Urb. Miraflores, Bayamón
Ref: Realización de trabajos en sus propiedades.
Sirva la presente para informarles que nuestra compañía Telephone Technology Systems, Inc., Contratista de la Telefónica está realizando trabajos de cambio de líneas telefínicas [sic] en sus propiedades según las especificaciones de la P.R.T.C.
Cualquier daño a sus propiedades será repuesto por nosotros. CC-2003-235 4 Para cualquier información adicional pueden comunicarse al 797-4140 con este servidor.
Atentamente,
José L. Lugo Coordinador
La señora Alba Nydia Ortiz Rivera (en adelante,
“recurrida”) es residente de la propiedad número 9 del
Bloque 24 de Miraflores. Según la recurrida, como
resultado de las excavaciones que TTS realizó, el talud
de la parte posterior de su residencia fue cediendo
paulatinamente, lo que provocó que la verja construida en
esa área se agrietara.
El 16 de octubre de 1997, conforme a la declaración
emitida por TTS, la recurrida le envió una carta a dicha
compañía reclamándole una indemnización por los daños
sufridos en su propiedad.
Al no obtener respuesta alguna de TTS, el 17 de mayo
de 2001, la aquí recurrida presentó una demanda en contra
de ésta y la PRTC, ante el Tribunal de Primera Instancia,
Sala Superior de Bayamón (en adelante, “TPI”). En ésta,
solicitó $17,000.00 para la reparación del talud y de la
verja, más $25,000.00 por concepto de angustias mentales.
El 21 de enero de 2002 y el 19 de marzo de 2002, TTS
y PRTC, respectivamente, contestaron la demanda. En
esencia, negaron que los daños a la propiedad de la aquí
recurrida hubiesen sido causados por las excavaciones y
cambios de líneas realizados. Asimismo, ambas compañías CC-2003-235 5 negaron que la recurrida les hubiese requerido reparación
o indemnización alguna por el área afectada.
Posteriormente, mediante mociones separadas, tanto
PRTC como TTS solicitaron la desestimación de la demanda
interpuesta en su contra. Alegaron, en esencia, que los
hechos que motivaron la demanda ocurrieron en el año
1996, por lo que al tratarse de una reclamación en daños
y perjuicios al amparo del Artículo 1802 del Código
Civil, 31 L.P.R.A. §5141, la reclamación de la
peticionaria estaba prescrita toda vez que fue presentada
cinco (5) años más tarde. Señalaron, además, que aun
considerando la carta enviada por la peticionaria el 16
de octubre de 1997 como una reclamación extrajudicial, el
término prescriptivo ya había transcurrido en su
totalidad.1
El 28 de mayo de 2002, la aquí recurrida se opuso a
la moción de desestimación presentada por TTS, y
argumentó, inter alia, que la promesa de indemnización
que dicha compañía realizara configuró la existencia de
una obligación contractual a la cuál le era aplicable el
término prescriptivo de quince (15) años contemplado en
el Artículo 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. §5294.
Sin embargo, dicho planteamiento no fue acogido por
el TPI, el cual el 18 de octubre de 2002, emitió una
1 Del expediente de este Tribunal se desprende que, el 19 de marzo de 2002, el TPI emitió una Sentencia Parcial teniendo por desistida con perjuicio la demanda en contra de PRTC, debido a que la peticionaria reconoció en sala abierta que su reclamación contra PRTC estaba prescrita. CC-2003-235 6 Sentencia desestimando con perjuicio la reclamación de la
recurrida por entender que estaba prescrita.
En desacuerdo con el foro primario, el 5 de
diciembre de 2002, la aquí recurrida presentó un recurso
de apelación ante el entonces Tribunal de Circuito de
Apelaciones (en adelante, “TA”). Básicamente esbozó los
mismos argumentos que había planteado en su oposición a
la moción de desestimación.
Mediante Sentencia de 7 de marzo de 2003, el TA
revocó el dictamen del TPI y resolvió que TTS asumió
válidamente una obligación a través de una declaración
unilateral de voluntad, lo que dio lugar a la creación de
una relación jurídica de naturaleza contractual entre las
partes, y a la cual le era de aplicación el plazo de 15
años contemplado en el Artículo 1864 del Código Civil,
supra.
Inconforme con el curso decisorio del TA, el 1 de
abril de 2003, TTS presentó ante nos una petición de
certiorari, en la que formuló los siguientes
señalamientos de error:
1. Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al aceptar planteamientos que no fueron alegados en el Tribunal de Primera Instancia.
2. Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al concluir que una manifestación unilateral de voluntad da lugar a una relación jurídica de naturaleza contractual y el término prescriptivo es de quince (15) años.
Mediante Resolución de 6 de junio de 2003, expedimos
el presente recurso. Contando con el beneficio de la CC-2003-235 7 comparecencia de ambas partes, estamos en posición de
resolver.
II
En su primer señalamiento de error, la peticionaria
alega, inter alia, que si bien la recurrida planteó ante
el TA que la obligación asumida por TTS constituía una
declaración unilateral de voluntad, así no lo hizo ante
el TPI. En la alternativa, aduce que la carta enviada a
los vecinos de Miraflores no constituyó una declaración
unilateral de voluntad.
Respecto al primer planteamiento, concluimos que
éste carece de méritos toda vez que el TPI, en su
sentencia, determinó que la reclamación de la recurrida
estaba prescrita, lo que implica necesariamente que dicho
foro pasó juicio sobre la naturaleza de la obligación,
independientemente de que la recurrida lo hubiese
alegado. Por tanto, al tratarse de un error en la
interpretación del derecho, el TA estaba facultado para
revisar la actuación del foro primario.
En reiteradas ocasiones, hemos resuelto que los
tribunales deben conceder lo que en derecho proceda,
aunque ello no haya sido perfectamente solicitado. Los
foros judiciales debemos hacer lo que esté a nuestro
alcance para que los casos se resuelvan en sus méritos.
Soto López v. Colón, 143 D.P.R. 282, 291 (1997); Morales
Mejías v. Met. Pack. & Ware. Co., 86 D.P.R. 3 (1962);
Dávila v. Valdejully, 84 D.P.R. 101 (1961). CC-2003-235 8 Resuelto lo anterior, entramos a considerar el
asunto neurálgico del caso de autos. Esto es, si bajo
las circunstancias específicas de este caso la carta
enviada por TTS constituyó una declaración unilateral de
voluntad que tuviera el efecto de vincularla. Veamos.
En nuestro ordenamiento jurídico, la declaración
unilateral de voluntad es reconocida como fuente de
obligaciones. Mediante ésta, una persona puede obligarse,
por su sola voluntad (sólo consultando sus intereses y
deseos), a dar, hacer o no hacer alguna cosa a favor de
otra persona, siempre y cuando su intención de obligarse
sea clara (no sea ambigua ni dudosa), surja de un acto
jurídico idóneo, y no sea contraria a la ley, la moral ni
al orden público. Ramírez Ortiz v. Gautier Benítez, 87
D.P.R. 497, 521 (1963).
Desde Ramírez Ortiz v. Gautier Benítez, supra, este
Tribunal reconoció que el auge y tráfico comercial
ameritaban que se reconociera la posibilidad de dar plena
eficacia a una serie de situaciones en las que una sola
persona pretendía obligarse, tal como es el caso de la
declaración unilateral de voluntad. En esa ocasión,
delineamos los elementos constitutivos de esta importante
figura.
Se trataba en aquella ocasión de un accidente en una
carretera, donde el hermano y empleado de un contratista
atropelló al señor Ramírez Ortiz (demandante), quien
pretendía cruzar una avenida mientras empujaba un carrito
de mano. Como resultado del accidente, el señor Ramírez CC-2003-235 9 Ortiz sufrió serias lesiones, las que provocaron que se
le realizaran varias transfusiones de sangre. Al no
contar con suficientes medios económicos para sufragar
los gastos de hospitalización, un amigo del demandante le
solicitó dinero al señor Gautier Benítez (demandado). Al
ser inquirido, el demandado alegadamente manifestó, luego
de donarle veinte dólares y llamar a su aseguradora para
que atendiera el asunto, que se hacía responsable por
todos los daños y perjuicios que sufriera Ramírez Ortiz.
Posteriormente, el señor Ramírez Ortiz presentó una
demanda, por daños y perjuicios, ante el TPI. Luego de
evaluar las posiciones de ambas partes, el TPI concluyó
que la declaración unilateral realizada por el señor
Gautier Benítez lo obligaba a compensar todos los daños
que el demandante sufrió como consecuencia del accidente.
Inconforme, el señor Gautier Benítez acudió ante nos.
Este Tribunal revocó la sentencia emitida por el foro
primario, y concluyó que las declaración del señor
Gautier Benítez era insuficiente para dejar establecida
una obligación unilateral vinculante toda vez que de ésta
no surgió su clara intención de obligarse.
Al así resolver, recalcamos que la declaración
unilateral de voluntad que se estima vinculante es “la
promesa o expresión de voluntad unilateral por la que nos
imponemos la firme obligación de dar, hacer, o no hacer
alguna cosa en provecho de otro, capaz de conferir a éste
el derecho a exigir su cumplimiento o el de resarcirse de
los consecuentes daños y perjuicios que hubiere sufrido CC-2003-235 10 por los que hiciese en vista de dicha promesa y realmente
inducido por ella.” Id. a la pág. 501. A esos fines,
expresamos que:
[n]ada impide en nuestro ordenamiento jurídico, siempre que no sea contrario a la ley, a la moral ni al orden público, que una persona, con capacidad plena para obrar y en ánimo de obligarse por su propio convencimiento y resolución firme, pueda quedar en derecho vinculada, sólo mediante su indubitada declaración de voluntad unilateral, a dar, hacer o no hacer alguna cosa posible a favor de otra persona.
Desde luego, tratándose de una obligación simple, sin causa típica, sin condición, contrapartida o contraprestación que la compense, a veces de pura beneficencia, puede resultar excesivamente oneroso para el promitente su cumplimiento. La obligación debe derivarse de un acto jurídico idóneo para producirla. No debe existir ni incertidumbre ni en la forma en que se expresa la declaración ni en su sustancia o contenido.
... Una vez ligado firmemente el promitente a hacer buena su promesa, debe cumplirla al tenor de la misma, quedando sujeto, desde luego, en caso de proceder a su cumplimiento con dolo, negligencia o morosidad, o de contravenirla de cualquier modo, a la indemnización de los daños y perjuicios causados, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 1054 de nuestro Código Civil, que se refiere a toda clase de obligaciones cualquiera que sea su origen.
De las anteriores expresiones, podemos colegir que
para que una declaración unilateral sea vinculante deben
concurrir los siguientes elementos: (1) la sola voluntad
de la persona que pretende obligarse; (2) que dicha
persona goce de capacidad legal suficiente; (3) que su
intención de obligarse sea clara; (4) que la obligación
tenga objeto; (5) que exista certeza sobre la forma y el CC-2003-235 11 contenido de la declaración; (6) que surja de un acto
jurídico idóneo; y (7) que el contenido de la obligación
no sea contrario a la ley, la moral ni el orden público.
Si concurren estos requisitos, la declaración
unilateral de voluntad vinculará al promitente desde el
momento en que la efectúa. Si bien la aceptación del
acreedor será indispensable para el nacimiento del
derecho de crédito, no lo será para la formación de la
obligación. Véase Antonio Hernández Gil, Derecho de
Obligaciones, Madrid, 1960, a las págs. 246-255; Luis
Diez-Picazo y Antonio Gullón, Sistema de Derecho Civil,
Tecnos, 3era ed., 1982, a las págs. 144-147; Rojina
Villegas, op.cit. , a las págs 421 y ss.; Worms, De la
volonté unilatérale, a las págs. 5 y 198.
Asimismo, conforme a lo establecido en el Artículo
1054 del Código Civil, el declarante quedará sujeto a
indemnizar los daños y perjuicios que provoque a raíz de
su incumplimiento.
En el caso de marras, la peticionaria argumenta que,
a pesar de que en Ramírez Ortiz, supra, este Tribunal
reconoció la declaración unilateral de voluntad como
fuente de obligaciones, nuestros pronunciamientos en
Cervecería Corona, Inc. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R.
698 (1971), revocaron lo allí expresado. No tiene razón.
Veamos.
En Cervecería Corona, supra, una unión de músicos,
conocida como la APATE, pretendía cobrar ciertas cuotas
dinerarias con motivo de la presentación de un cantante CC-2003-235 12 no residente en nuestra isla. La unión fundamentó su
pretensión en el reglamento del gremio. Para reclamar su
alegada acreencia, la APATE presentó una demanda sobre
sentencia declaratoria ante el Tribunal Superior contra
el artista Tom Jones, Abraham Peña, el empresario Jack
Hooke y la Cervecería Corona Incorporada, quien era
agente del cantante en Puerto Rico. Alegó, en esencia,
que todo artista no residente en Puerto Rico que
celebrara un concierto en la isla venía obligado a pagar
unas cuotas a la referida unión.
El Tribunal Superior, luego de analizar un contrato
suscrito entre Cervecería Corona, Inc. y la empresa del
señor Jack Hooke, el cuál no contenía estipulación alguna
a favor de la APATE, acogió el argumento de los
demandantes y resolvió que la Cervecería Corona, Inc.
venía obligada a pagar a la APATE las cuotas de su
representado en Puerto Rico. Inconforme, Cervecería
Corona acudió ante este Tribunal mediante recurso de
certiorari.
Luego de evaluar la comparecencia de ambas partes,
este Tribunal revocó el dictamen revisado, y concluyó que
la obligación cuyo cumplimiento reclamaba la APATE no
nacía de disposición legal alguna ni del contrato
suscrito entre Cervecería Corona y el señor Jack Hooke.
Al disponer del asunto expresamos que:
Hasta donde sabemos no conocemos ley que obligue a los artistas extranjeros a pagar cuota o contribución alguna a la APATE y por otro lado, el precedente de que en ocasiones anteriores otros artistas CC-2003-235 13 extranjeros le hayan pagado cuotas, no es en derecho fuente de obligaciones. Si la obligación surge de disposiciones estatutarias o reglamentarias promulgadas por la propia APATE; entonces es de aplicación el postulado jurídico de que nuestro Código Civil no reconoce ni reglamenta la declaración unilateral de voluntad como fuente de obligaciones. Ramírez Ortiz v. Gautier Benítez, 87 D.P.R. 497 (1963).
Sobre este pronunciamiento, el cual ha causado
confusión en la doctrina puertorriqueña, debemos aclarar
que el mismo no tuvo como propósito negar la existencia
de la declaración unilateral de voluntad como fuente
generadora de obligaciones en nuestro ordenamiento.
Si se analizan dichas expresiones, en el contexto de
los hechos del referido caso, vemos que lo que este
Tribunal concluyó fue que la declaración que hiciera la
APATE no constituía el tipo de declaración unilateral al
que se le reconoce fuerza vinculante en nuestro
ordenamiento. Nótese que en Cervecería Corona, supra,
quien hizo la declaración fue el supuesto acreedor (la
APATE), quien pretendía que el imputado deudor
(Cervecería Corona) se obligara al pago de una obligación
que no había asumido. Como bien señala el profesor Vélez
Torres “[é]sta no es la declaración de voluntad a la que
se refiere la doctrina como fuente de obligación... En
este caso el declarante quiso imponer unilateralmente una
obligación a un sujeto que no la aceptó ni reconoció como
tal. Un propósito totalmente opuesto y ajeno a la figura
de la declaración unilateral de voluntad como fuente de
obligación del declarante frente a otro, que por su sola CC-2003-235 14 emisión, lo convierte en su deudor.” José Ramón Vélez
Torres, Derecho de Obligaciones, 2da. ed, (revisada por
Migdalia Fraticelli Torres), San Juan, 1997, a las págs.
43-44. De esta forma, concluimos que lo resuelto por
este Tribunal en el referido caso no tuvo el alcance de
negar la existencia de la declaración unilateral de
voluntad como fuente de obligaciones.
Lo anterior quedó confirmado, en International
General Electric v. Concrete Builders, 104 D.P.R. 877
(1976), oportunidad en la que este Tribunal se reafirmó
en la fuerza vinculante de la declaración unilateral de
voluntad, y citando con aprobación al tratadista español
Puig Brutau expresó que lo declarado unilateralmente pudo
haber incidido en la conducta ajena y en la medida en que
haya sucedido así puede ser necesario proteger la
confianza depositada en la apariencia. En esa ocasión,
este Tribunal expresó que no reconocer la obligación que
genera la manifestación unilateral de voluntad también se
puede interpretar como una conducta de proceder en contra
de los actos propios. A esos fines, este Tribunal expresó
que:
[e]n la construcción jurídica autónoma que da contorno a la norma de no ir contra los propios actos el efecto se produce de un modo objetivo, en el cual para nada cuenta la verdadera voluntad del autor de los actos. Se protege la confianza que estos actos suscitan en los terceros, porque venir contra ellos constituiría obviamente un ataque a la buena fe. Cuando se impide que una persona vaya contra sus propios actos, se deja por completo de lado toda la doctrina de la declaración de voluntad para CC-2003-235 15 imponer directamente un efecto jurídico.” Id., a la pág. 876-877.
En esta ocasión, para reafirmar la obligación que
genera una declaración unilateral de voluntad, este
Tribunal adujo como fundamento que la confianza
depositada por la persona que creyó en la declaración era
una razón más para sostener la validez de la misma.2 De
esta manera, este Tribunal concluyó que cuando una
persona emite una declaración unilateral de voluntad,
ello genera un estado de derecho sobre el cual descansan
terceras personas. Cuando ello sucede, es necesario
proteger la confianza generada ya que a nadie le es
lícito ir ni obrar contra sus propios actos.
Para finalizar, debemos advertir que el que declara
unilateralmente su voluntad, en ánimo de quedar obligado,
puede retirar la manifestación efectuada de la misma
forma en que la emitió. Dicho en otras palabras, si la
declaración unilateral de voluntad se hizo mediante una
carta escrita, el manifestante deberá retirar la promesa
mediante carta escrita también. Nos dice Vázquez Bote,
que para que una declaración unilateral no se estime
vinculante tiene que haber una “comunicación del
voluntariamente obligado cancelando o alterando su oferta
inicial.” Eduardo Vázquez Bote, V Tratado Teórico,
Práctico y Crítico de Derecho Privado Puertorriqueño:
2 En dicho caso, este Tribunal determinó que lo expresado en una carta de crédito constituyó una declaración unilateral de voluntad, cuyos términos “eran dignos de la confianza del suplidor que ninguna razón tenía para dudar de la buena fe de la representación que se le hacía.” Id. a la pág. 876. CC-2003-235 16 Derecho de Obligaciones, Equity, New Hampshire, 1991, a
la pág. 101-102. Por igual criterio se decanta Puig
Brutau quien postula que la “promesa unilateral es
revocable, si se puede dar a la revocación la debida
publicidad, antes de que cuantos pudieron confiar en ella
hayan realizado, en todo o en parte sustancial, los actos
exigidos por el promitente.” Puig Brutau, op.cit., a la
pág. 65.
Conforme a este marco jurídico, procede que
resolvamos la primera controversia ante nuestra
consideración.
III
Al examinar los hechos del caso de autos, vemos que
TTS le envió una carta a los residentes de Miraflores,
mediante la cual clara e indubitadamente se obligó a
responder por cualquier daño que le causara a las
residencias de éstos durante el proceso de instalación de
las nuevas líneas telefónicas. De dicha misiva surge,
sin reservas mentales de ningún tipo, su intención de
obligarse al expresar que “[c]ualquier daño a sus
propiedades será repuesto por nosotros.” Esa declaración
no adolece de ambigüedad ni incertidumbre alguna.
De igual forma, la obligación surge de un acto
jurídico idóneo y no es contraria a la ley, la moral ni
el orden público. Asimismo, TTS no revocó la declaración
realizada, pues no envió posteriormente una misiva en la
cual se retractara de la obligación originalmente
contraída ni le brindó a la retractación la debida CC-2003-235 17 publicidad. Por tanto, al concurrir todos estos
elementos, resulta forzoso concluir que TTS quedó
obligada por su sola declaración.
Por otro lado, dicha declaración generó confianza en
los residentes afectados, quienes aceptaron que se
realizaran las referidas obras. En específico, la
recurrida estuvo conforme en que se realizara la
construcción, a pesar de los daños a que estaba expuesta
a sufrir su propiedad. La buena fe y la seguridad que
debe permear en el tráfico jurídico nos obligan a
reconocer el carácter obligatorio de este tipo de
promesa.
Como adelantáramos previamente, en el caso de
marras, la obligación surgió del contenido de la carta
suscrita por TTS. No es relevante a la controversia de
autos si ocurrió un acto ilícito (el cual fue posterior a
la declaración), o si se concretó una obligación
contractual entre el causante del daño y el perjudicado
tal como concluye el TA.
Distinto a Ramírez Ortiz v. Gautier Benítez, supra,
donde la intención de obligarse del señor Gautier Benítez
no quedó claramente reflejada, en el presente caso, no
albergamos dudas de que TTS, por su sola voluntad, se
comprometió válida y legalmente a reparar todos los daños
que causara mientras instalaba las nuevas líneas
telefónicas. El medio utilizado (la carta) fue uno
adecuado, y su omisión de no satisfacer la alegada
pretensión (derecho de crédito) de la recurrida, le CC-2003-235 18 expuso a que se incoara en su contra la acción
contemplada en el Artículo 1054 del Código Civil, que se
refiere a toda clase de obligaciones cualquiera que sea
su origen.3
Habiendo resuelto este asunto, pasemos a la
consideración del segundo señalamiento de error.
IV
Nos corresponde ahora determinar cuál es el término
prescriptivo aplicable a la acción en reclamo de
obligaciones cuya fuente es la declaración unilateral de
voluntad.
En el caso de autos, el TA concluyó correctamente
que a la obligación contraída, mediante una declaración
unilateral de voluntad, le era aplicable el término
prescriptivo de quince años dispuesto en el Artículo 1864
del Código Civil, supra. Sin embargo, su raciocinio
erróneamente descansó en que la declaración unilateral de
voluntad dejaba establecida una obligación contractual
exigible. Veamos.
A diferencia del contrato, el cual requiere
bilateralidad en cuanto a las partes y un concurso de
voluntades entre éstas, la declaración unilateral de
voluntad no exige ningún acuerdo; es producto de una
3 El texto literal del referido Artículo lee de la siguiente manera:
Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, lo que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas. CC-2003-235 19 voluntad aislada, y es unilateral en su formación y en
sus efectos; por tanto, no podemos equipararla a una
obligación de naturaleza contractual. Tampoco constituye
una oferta de contrato, toda vez que la declaración
unilateral no requiere de aceptación para que se
perfeccione la obligación. Nos dice Hernández Gil, I
Derecho de Obligaciones, Madrid, 1960, a la pág. 253, que
“[l]a ejecución por una persona del acto delineado en la
promesa no actúa como perfección de un contrato-sólo
posible si aquélla se mantuviera-, sino como realización
del supuesto de hecho que dota de efectividad a la
promesa, vinculante desde el principio, y determina quién
es, en concreto, el acreedor.” A raíz de lo anterior,
resulta forzoso concluir que desde Ramírez Ortiz v.
Gautier Benítez, supra, nuestro ordenamiento ha
reconocido a la declaración unilateral de voluntad como
una fuente autónoma de obligaciones, sumándose a las
otras fuentes enumeradas en el Artículo 1042 del Código
Civil, 31 L.P.R.A. § 2992.4
Aclarada ya la naturaleza independiente y autónoma
las obligaciones, pasemos a analizar el período de
prescripción aplicable a las acciones que emanan de estas
situaciones.
4 El texto del citado Artículo dispone que:
Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. CC-2003-235 20 Para determinar cuándo prescribe la obligación que
surge de una declaración unilateral de voluntad debemos
acudir a nuestro Código Civil. Como se sabe, la
prescripción de las acciones es una institución de
derecho sustantivo, regulada por los principios que
informan el Derecho civil contemplados en los Artículos
1840-1874 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 5261-5304.
Santiago Rivera v. Ríos Alonso, res. el 7 de febrero de
2002, 2002 T.S.P.R. 15; Galib Frangie v. El Vocero, 138
D.P.R. 560 (1995); Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc.,
110 D.P.R. 740, 742-743 (1981).
El propósito de estas disposiciones es fomentar el
pronto reclamo de los derechos, así como procurar la
tranquilidad del obligado contra la eterna pendencia de
una acción civil en su contra. Cintrón v. E.L.A., 127
D.P.R. 582, 588 (1990). Para evitar esto, se castiga la
inercia en el ejercicio de los derechos, evitando al
mismo tiempo los litigios difíciles de adjudicar por la
antigüedad de las reclamaciones, hecho que podría dejar a
una de las partes en estado de indefensión. Culebra
Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943 (1991);
Cintrón v. E.L.A., supra.
El Artículo 1861 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
5291, establece que las acciones prescriben por el mero
lapso del tiempo fijado por ley. Conforme a ello, el
Artículo 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5294,
dispone que “[l]as acciones personales que no tengan CC-2003-235 21 señalado término especial” prescribirán a los 15 años.
31 L.P.R.A. sec. 5294.
Al no estar contemplada la declaración unilateral de
voluntad en el Código Civil, y por tanto, al no haberse
fijado un término aplicable a dicha figura, el plazo de
prescripción que le aplica es el de 15 años del Artículo
1864. Es decir, la acción en daños y perjuicios de un
acreedor por incumplimiento con una obligación derivada
de una declaración unilateral de voluntad prescribirá a
los 15 años, contados a partir desde el momento en que la
pretensión del acreedor es insatisfecha.
Al examinar la situación que se nos presenta en el
caso de autos, vemos que TTS asumió válidamente una
obligación mediante una declaración unilateral de
voluntad. Por tanto, de probarse que las excavaciones
que realizó TTS fueron las causantes de los daños al
talud y a la verja, ello le hace responsable frente a la
aquí recurrida, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo
1054 de nuestro Código Civil, supra. De acuerdo a lo
anterior, la acción para reclamar los derechos que se
deriven del incumplimiento con dicha obligación
prescribirá a los 15 años. Al haberse presentado la
reclamación dentro de este período, actuó correctamente
el Tribunal de Apelaciones al no desestimar la demanda
presentada por la recurrida.
V
Por los fundamentos expuestos, resolvemos que la
carta enviada por Telephone Technology Systems, Inc., a CC-2003-235 22 los vecinos de la urbanización Miraflores constituyó una
declaración unilateral de voluntad que tuvo el efecto de
vincularla. Asimismo, resolvemos que el término aplicable
para ejercitar la acción en reclamo de los derechos que
se deriven del incumplimiento con dicha obligación es el
de 15 años establecido en el Artículo 1864 del Código
Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. §5294.
Se modifica la Sentencia del Tribunal de Apelaciones
de 7 de marzo de 2003, y así modificada se confirma. Se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior de Bayamón, para que continúe con los
procedimientos conforme a lo aquí dispuesto. CC-2003-235 23 Se dictará sentencia de conformidad.
BALTASAR CORRADA DEL RÍO Juez Asociado CC-2003-235 24
Puerto Rico Telephone Company Telephone Technology System, Inc.
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, resolvemos que la carta enviada por Telephone Technology Systems, Inc., a los vecinos de la urbanización Miraflores constituyó una declaración unilateral de voluntad que tuvo el efecto de vincularla. Asimismo, resolvemos que el término aplicable para ejercitar la acción en reclamo de los derechos que se deriven del incumplimiento con dicha obligación es el de 15 años establecido en el Artículo 1864 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. §5294.
Se modifica la Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 7 de marzo de 2003, y así modificada se confirma. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, para que continúe con los procedimientos conforme a lo aquí dispuesto. CC-2003-235 25
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton no intervino.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo