Santana Baez, Eliezer v. Borneu Jimenez, Nestor

• Court: Tribunal De Apelaciones De Puerto Rico/Court of Appeals of Puerto Rico
• Decided: March 12, 2025
• Docket: KLAN202500075
• Status: Published

Opinion

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL III

ELIEZER SANTANA BÁEZ, Apelación LUIS MISLA VÉLEZ, procedente del EMANUEL CUEVAS PLANAS Tribunal de Primera Apelante Instancia, KLAN202500075 Sala Superior de Bayamón

V. Civil Núm.: BY2021CV03167

NÉSTOR BORNEU JIMÉNEZ en Salón: 503 su capacidad personal, su esposa FULANA DE TAL Sobre: como co-demandada, Daños y SOCIEDAD BIENES Perjuicios GANACIALES compuesta por ambos, SUCESIONES; COMPAÑÍAS ASEGURADORAS compuesta en beneficio de ambos

Apelados

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez Salgado Schwarz y el Juez Monge Gómez.

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente.

SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico a 12 de marzo de 2025.

Comparece ante nos el señor Eliezer Santana Báez

(“Sr. Santana” o “Apelante”) quien nos solicita que

revoquemos la Sentencia Enmendada emitida el 9 de enero

de 20251 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Bayamón (“foro de instancia” o “foro

recurrido”). Mediante dicha Sentencia, el foro recurrido

desestimó la Demanda de epígrafe al amparo de la regla

10.2 de Procedimiento Civil.2

Por los fundamentos que exponemos a continuación,

confirmamos la Sentencia Enmendada apelada.

1 Notificada el 13 de enero de 2025. 2 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.

Número Identificador: SEN2025_____________ KLAN202500075 2

-I-

El 1ro de enero de 2020, el Apelante presentó una

Solicitud de Remedio Administrativo3. En esa ocasión, el

Sr. Santana expresó su versión de los hechos. En

síntesis, alegó que, luego de una discusión entre el

señor Néstor Borneu Jiménez (“Sr. Borneu” o “Apelado”)

y el confinado Richard González (“Sr. González”), el

Apelado le roció gas pimienta al Sr. González y, por

encontrarse cerca, el Apelante resultó afectado. Así las

cosas, el 27 de enero de 20204, la División de Remedios

Administrativos emitió una Respuesta al Miembro de la

Población Correccional5.

Así las cosas, el 11 de agosto de 2021 el Sr.

Santana presentó una Demanda en Daños y Perjuicios

contra el señor Sr. Borneu. El 25 de marzo de 2022 el

Apelado presentó una Moción de Desestimación6 alegando,

entre otros asuntos, que el Apelante no había agotado

los remedios administrativos en el Departamento de

Corrección y Rehabilitación (“DCR”). El 21 de diciembre

de 2022, el foro de instancia emitió una Sentencia7 en

la que desestimó la Demanda al amparo de la Regla 10.2

de Procedimiento Civil, supra. Según surge del

expediente electrónico, la Sentencia no fue notificada

a todas las partes8, por lo que el foro de instancia la

notificó nuevamente el 13 de enero de 2025. Inconforme

con la determinación, el Sr. Santana acudió ante nos el

3 Véase Entrada #1 del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Caso (SUMAC). 4 Recibido por el Apelante el 29 de enero de 2020. 5 Véase Entrada #1 del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Caso (SUMAC). 6 Véase Entrada #21 del Sistema Unificado de Manejo y Administración

de Casos (SUMAC). 7 Véase Entrada #22 del Sistema Unificado de Manejo y Administración

de Casos (SUMAC). 8 Véase Entrada #23 del Sistema Unificado de Manejo y Administración

de Casos (SUMAC). KLAN202500075 3

31 de enero de 2025 mediante recurso de apelación e hizo

el siguiente señalamiento de error:

ERRÓ EL TPI BAYAMÓN Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL DETERMINAR QUE PARA DEMANDAR HAY QUE AGOTAR LOS REMEDIOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA AGENCIA, CUANDO LA AGENCIA NO TIENE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA DIRIMIR UNA CONTROVERSIA DE DAÑOS POR LO QUE LA JURISDICCIÓN PARA UNA ACCIÓN EN DAÑOS, LA POSEE EL TPI DE BAYAMÓN Y NO LA AGENCIA.

-II-

A. Doctrina de agotamiento de remedios

La sección 4.2 de la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico

(“LPAUG”)9 dispone lo siguiente:

Una parte adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia y que haya agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas en la Sección 3.15 de esta Ley cuando el término para solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna de una moción de reconsideración. […]10 La doctrina de remedios administrativos es una

norma de autolimitación judicial que pretende lograr que

las reclamaciones sometidas inicialmente a la esfera

administrativa lleguen al foro judicial en el momento

apropiado.11 Su propósito principal es evitar una

9 Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada. 10 3 LPRA § 9672. Énfasis suplido. 11 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1057 (2013); Procuradora

Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 35 (2004); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906 (2001). KLAN202500075 4

intervención judicial innecesaria y a destiempo que

tienda a interferir con el cauce y desenlace normal del

procedimiento administrativo.12 De esta forma, la agencia

administrativa puede (1) desarrollar un historial

completo del asunto; (2) utilizar el conocimiento

especializado o expertise de sus funcionarios para

adoptar las medidas correspondientes de conformidad con

la política pública formulada por la entidad; y (3)

aplicar uniformemente sus poderes para poner en vigor

las leyes, rectificar oportunamente sus errores o

reconsiderar el alcance de sus pronunciamientos.13

Esta doctrina aplica a aquellos casos en los cuales

una parte instó una acción ante una agencia

administrativa y luego acude al tribunal sin antes haber

completado el trámite administrativo.14 Es decir, “[e]l

agotamiento de remedios presupone la existencia de un

procedimiento administrativo que comenzó, o que debió

haber comenzado, pero que no finalizó porque la parte

concernida recurrió al foro judicial antes de que se

completase el referido procedimiento administrativo.”15

La doctrina de agotamiento de remedios

administrativos no debe ser soslayada, a menos que se

configure alguna de las limitadas excepciones que bajo

nuestro ordenamiento jurídico justifican preterir el

trámite administrativo.16

12 Procuradora Paciente v. MCS, supra, a la pág. 35; Mun. de Caguas v. AT&T, 154 DPR 401 (2001); Igartúa de la Rosa, et als. v. A.D.T., 147 DPR 318 (1998). 13 AAA v. UIA, 200 DPR 903 (2018); Procuradora Paciente v. MCS,

supra. 14 AAA v. UIA, supra; Colón Rivera v. ELA, supra; Mun. de Caguas v.

AT&T, supra. 15 J. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo, 5ta ed. Rev., San

Juan, Ed. SITUM, 2023, pág. 75. 16 ORIL v. El Farmer, Inc., 204 DPR 229 (2020); Igartúa de la Rosa

v. A.D.T., supra. KLAN202500075 5

Así, la Sección 4.3 de la LPAUG dispone lo

siguiente:

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar alguno o todos los remedios administrativos provistos en el caso de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el requerir su agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente y en el balance de intereses no se justifica agotar dichos remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar los remedios administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia administrativa.17

El Tribunal Supremo ha resuelto que le corresponde

a la parte que acude ante nos probar con hechos

específicos y bien definidos la necesidad de obviar el

cauce administrativo.18 Ahora bien, debemos tener

presente que cuando “el agravio sea uno de ‘patente

intensidad al derecho del individuo que reclame urgente

reparación’, se puede utilizar el injunction para eludir

el cauce administrativo.”19

B. Jurisdicción del Departamento de Corrección

La Ley de Reorganización y Modernización de la Rama

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico de 200920 aprobó

el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección

y Rehabilitación de 201121 (“Plan de Reorganización”),

con el fin de reorganizar el Departamento de Corrección

y Rehabilitación (“DCR”). Mediante dicho plan, se

estableció como política pública del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico:

[L]a creación de un sistema integrado de seguridad y administración correccional donde

17 3 LPRA § 9673. 18 Procuradora Paciente v. MCS, supra. 19 S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 852 (2008). 20 3 LPRA ant. sec. 8821 et seq. 21 Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, según

enmendado. 3 LPRA, Ap. XVIII. KLAN202500075 6

las funciones y deberes se armonicen en un proceso facilitador a la imposición de penas y medidas de seguridad, así como a la custodia de los ciudadanos que han sido encontrados incursos en la comisión de un delito o falta y que establezcan procesos de rehabilitación moral y social del miembro de la población correccional o transgresor, a fin de fomentar su reincorporación a la sociedad.22

En lo referente a la creación del DCR, el Artículo

4 del Plan de Reorganización Núm. 2, supra, dispone que:

“[s]e crea el Departamento de Corrección y

Rehabilitación como el organismo en la Rama Ejecutiva

responsable de implantar la política pública relacionada

con el sistema correccional y de rehabilitación de

adultos y menores, así como de la custodia de todos los

ofensores y transgresores del sistema de justicia

criminal del país.”23

Ahora bien, respecto al asunto ante nos, el

Artículo 7(aa) del Plan de Reorganización dispone que el

Secretario del DCR tendrá entre sus funciones,

facultades y deberes:

[…] adoptar, establecer, desarrollar, enmendar, derogar e implementar reglas, reglamentos, órdenes, manuales, normas y procedimientos para el funcionamiento efectivo del Departamento y de los organismos bajo su jurisdicción, a los fines de regir la seguridad, la disciplina interna y la conducta de funcionarios, empleados y de la clientela, así como los programas y servicios.24

En virtud de este Artículo, el DCR creó y aprobó el

Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios

Administrativos radicadas por los Miembros de la

Población Correccional25. Este Reglamento establece un

marco normativo para la presentación, evaluación y

resolución ante la División de Remedios Administrativos

22 Véase Artículo 2 del Plan de Reorganización Núm. 2, supra. 23 3 LPRA, Ap. XVIII, Art. 4. 24 3 LPRA, Ap. XVIII, Art. 7 (aa). 25 Reglamento Núm. 8583, Departamento de Estado, 4 de mayo de 2015. KLAN202500075 7

del DCR de las solicitudes de remedios administrativos

por parte de los miembros de la población correccional.

La “solicitud de remedios” es el “[r]ecurso que presenta

un miembro de la población correccional por escrito, de

una situación que afecte su calidad de vida y seguridad,

relacionado con su confinamiento.”26

El Reglamento en cuestión dispone que el DCR fue

creado “para atender cualquier queja o agravio que

pudieran tener lo confinados en contra del Departamento

de Corrección y Rehabilitación o sus funcionarios sobre

cualquier asunto…”27. Por su parte, en cuanto a la

jurisdicción de la División de Remedios Administrativos,

la Regla VI del Reglamento Núm. 8583, supra, dispone lo

1. La División tendrá jurisdicción para atender toda Solicitud de Remedio radicada por los miembros de la población correccional en cualquier institución o facilidad correccional donde se encuentre extinguiendo sentencia y que esté, relacionada directa o indirectamente con:

a. Actos o incidentes que afecten personalmente al miembro de la población correccional en su bienestar físico, mental, en su seguridad personal o en su plan institucional.28

[…]

C. Jurisdicción del tribunal

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico

procesal que los “tribunales deben ser celosos

guardianes de su jurisdicción y que no tienen discreción

para asumir jurisdicción allí donde no la tienen.”29 La

26 Regla IV del Reglamento Núm. 8583, supra. 27 Véase Introducción del Reglamento Núm. 8583, supra. 28 Véase Reglamento Núm. 8583, supra, Regla VI. 29 SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007);

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012). KLAN202500075 8

jurisdicción es el poder o autoridad de los tribunales

para considerar y decidir casos y controversias.30 Ante

la falta de jurisdicción, el tribunal debe así declararlo

y proceder a desestimar el recurso -toda vez que

cualquier sentencia dictada sin jurisdicción es nula en

derecho– pues la ausencia de jurisdicción es

insubsanable.31

En lo referente al asunto ante nuestra consideración,

el Tribunal Supremo ha señalado que “en el ámbito

administrativo, al igual que en el foro judicial, no

existe discreción para asumir jurisdicción donde no la

hay”.32 Es decir, “las agencias administrativas solamente

pueden ejercer los poderes que su ley habilitadora

expresamente les ha otorgado y lo [sic] que sean

indispensables para llevar a cabo su encomienda

primordial.”33

A fin de determinar si una agencia administrativa

tiene jurisdicción sobre una controversia en particular,

es necesario analizar las facultades que se le

confirieron en su ley habilitadora, así como aquellos

que resultan indispensables para el cumplimiento de sus

funciones y deberes. Ahora bien, ante un escenario en el

que la agencia no está facultada en ley para conceder

determinado remedio, la parte perjudicada puede acudir

directamente al foro judicial.34

Recientemente, y en lo pertinente a la controversia

ante nos, el Tribunal señaló lo siguiente:

30 Allied Mgmt. Grp., Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 385 (2020); Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). 31 Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 123 (2012). 32 Muñoz Barrientos v. ELA et al. 2023 TSPR 105, 212 DPR ___ (2023)

citando a Raimundi v. Productora 162 DPR 215, 224 (2004). 33 Íd., citando a Col. Médicos et als. v. Com. Seguros et al., 201

DPR 362 (2018). 34 Igartúa de la Rosa v. A.D.T., supra, a las págs. 332-333, citando

a Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582 (1990). KLAN202500075 9

[S]i el reclamo que tiene una parte en determinado litigio es uno de daños y perjuicios, y la ley orgánica de la agencia no provee para el resarcimiento de estos, resultaría innecesario “agotar ciertos remedios que en realidad no coinciden con los que [la parte] realmente pretende obtener ante el foro judicial”. […] Al respecto, debemos recordar que: [l]a presentación en daños en los tribunales no puede ser utilizado como un subterfugio para burlar la obligación de agotar los remedios administrativos o para restarle la finalidad a una determinación administrativa cuando, inmersa en la reclamación judicial, subyacen controversias que requieren ser adjudicadas inicialmente por el foro administrativo. […] En tales situaciones, “los tribunales deben abstenerse de adjudicar aquellas controversias incluidas en la reclamación judicial cuya adjudicación está reservada al foro administrativo, ya sea por tratarse de una materia de jurisdicción exclusiva de ese foro, o porque su resolución requiere una previa interpretación de la pericia administrativa, entre otras circunstancias. […]35

-III-

En su recurso, el apelante alega que el foro de

instancia abusó de su discreción al determinar que debía

agotar los remedios administrativos ante la agencia. No

le asiste la razón. Veamos.

Tal y como indicamos en el acápite II de este

escrito, la doctrina de agotamiento de remedios

determina cuándo es el momento apropiado para que los

tribunales intervengan en una controversia que ha sido

sometida a la atención de una agencia.

Según se desprende del Sistema Unificado de Manejo

y Administración de Casos (SUMAC), el 1ro de enero de

35Muñoz Barrientos v. ELA, 2023 TSPR 105, 212 DPR ___ (2023). Citas internas omitidas. KLAN202500075 10

2020, el Apelante presentó una Solicitud de Remedio

Administrativo, la cual fue contestada el 27 de enero

del mismo año. De la propia solicitud surge que, de no

estar conforme con la respuesta emitida, el miembro de

la población correccional podrá solicitar revisión

dentro del término de veinte (20) días contados a partir

del recibo de la notificación de la respuesta. Eso no

ocurrió en este caso. En el expediente del caso de

epígrafe no existe documento alguno donde el Apelante

haga constar que agotó los remedios administrativos.

Contrario a ello, el 11 de agosto de 2021, el Sr. Santana

presentó la Demanda ante el foro de instancia, sin este

tener jurisdicción para atender el asunto.

Además, cabe señalar que el Apelante no ha puesto

a este Tribunal en posición de determinar que existen

razones por las cuales se deba obviar el cauce

administrativo. Por lo tanto, resulta forzoso confirmar

la determinación del foro recurrido desestimando la

Demanda de epígrafe, por carecer de jurisdicción para

atender el reclamo.

-IV-

Por los fundamentos antes enunciados, confirmamos

la Sentencia Enmendada apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la

secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones