Rosario Rodríguez Y Otros v. Cruz Maldonado ——————–Rosario Rodríguez v. Rosselló Nevares
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nelson Rosario Rodríguez, en su capacidad oficial Certiorari como Comisionado Electoral del Partido Proyecto 2021 TSPR 107 Dignidad
Recurrido CC-2021-0459 207 DPR ____ Cons. con v. CC-2021-473
Ricardo A. Rosselló Nevares
Recurrido
Gerardo Cruz Maldonado, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (PPD)
Peticionario
Hon. Francisco Rosado Colomer, en su capacidad oficial como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; Roberto Aponte Berríos, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Olvin Valentín Rivera, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Vanessa Santo Domingo, en su capacidad oficial como Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) Recurridos __________________________
Nelson Rosario Rodríguez, en su carácter oficial de Comisionado Electoral del Partido Proyecto Dignidad
v.
Hon. Francisco Rosado Colomer, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; Roberto Aponte Berríos, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Olvin Valentín Rivera, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC); Gerardo Cruz Maldonado, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (PPD); Vanessa Santo Domingo, en su carácter de Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP)
Recurridos cc-2021-0459 cons. con CC-2021-473 3
Número del Caso: CC-2021-459 Cons. CC-2021-473
Fecha: 20 de ju1io de 2021
Tribunal de Apelaciones:
Panel X
CC-2021-459
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Jorge Martínez Luciano Lcdo. Emil Rodríguez Escudero
CC-2021-473
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Nelson Rosario Rodríguez
Abogado de la parte Recurrida:
Lcdo. Juan Manuel Mercado Nieves
Materia: Resolución con Voto particular disidente.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Integración de Sala Especial
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de julio de 2021.
Por estar igualmente dividido los miembros de esta sala, se constituye una Sala Especial de Verano integrada por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco, el Juez Asociado señor Rivera García, el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón y el Juez Asociado señor Estrella Martínez, para atender el caso CC-2021-459 consolidado con CC-2021-473, Nelson Rosario Rodríguez, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Proyecto Dignidad v. Ricardo A. Rosselló Nevares; Gerardo Cruz Maldonado, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (PPD); Hon. Francisco Rosado Colomer, en su capacidad oficial como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; Roberto Aponte Berríos, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Olvin Valentín Rivera, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Vanessa Santo Domingo, en su capacidad oficial como Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Lo decretó y firma,
Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta
CERTIFICO:
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nelson Rosario Rodríguez, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Proyecto Dignidad
Recurrido CC-2021-0459 Cons. con v. CC-2021-473
Gerardo Cruz Maldonado, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (PPD)
Hon. Francisco Rosado Colomer, en su capacidad oficial como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; Roberto Aponte Berríos, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Olvin Valentín Rivera, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Vanessa Santo Domingo, en su capacidad oficial como Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) Recurridos __________________________
Nelson Rosario Rodríguez, en su carácter oficial de Comisionado Electoral del Partido Proyecto Dignidad
Hon. Francisco Rosado Colomer, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; Roberto Aponte Berríos, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Olvin Valentín Rivera, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC); Gerardo Cruz Maldonado, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (PPD); Vanessa Santo Domingo, en su carácter de Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP)
Recurridos
Sala Especial de Verano integrada por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco, el Juez Asociado señor Rivera García, el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón y el Juez Asociado señor Estrella Martínez CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 3
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de julio de 2021.
Atendidos los recursos de certiorari de epígrafe se ordena su consolidación y se provee no ha lugar a ambos por considerar que la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 8 de julio de 2021 es sustancialmente correcta.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió la siguiente expresión: “La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez difiere del proceder de una mayoría de los integrantes de la Sala de no remitir esta controversia al Pleno del Tribunal para su evaluación. Tenemos ante nuestra consideración un asunto novel e importante para el derecho electoral que amerita una expresión del Máximo Foro judicial. Por esa razón, hubiese expedido”.
El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió un Voto particular disidente.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nelson Rosario Rodríguez, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Proyecto Dignidad
Recurrido CC-2021-0459 v. Cons. con CC-2021-473 Ricardo A. Rosselló Nevares
Gerardo Cruz Maldonado, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (PPD)
Hon. Francisco Rosado Colomer, en su capacidad oficial como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; Roberto Aponte Berríos, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Olvin Valentín Rivera, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Vanessa Santo Domingo, en su capacidad oficial como Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP)
Recurridos __________________________ CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 2
Nelson Rosario Rodríguez, en su carácter oficial de Comisionado Electoral del Partido Proyecto Dignidad
Hon.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nelson Rosario Rodríguez, en su capacidad oficial Certiorari como Comisionado Electoral del Partido Proyecto 2021 TSPR 107 Dignidad
Recurrido CC-2021-0459 207 DPR ____ Cons. con v. CC-2021-473
Ricardo A. Rosselló Nevares
Recurrido
Gerardo Cruz Maldonado, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (PPD)
Peticionario
Hon. Francisco Rosado Colomer, en su capacidad oficial como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; Roberto Aponte Berríos, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Olvin Valentín Rivera, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Vanessa Santo Domingo, en su capacidad oficial como Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) Recurridos __________________________
Nelson Rosario Rodríguez, en su carácter oficial de Comisionado Electoral del Partido Proyecto Dignidad
v.
Hon. Francisco Rosado Colomer, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; Roberto Aponte Berríos, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Olvin Valentín Rivera, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC); Gerardo Cruz Maldonado, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (PPD); Vanessa Santo Domingo, en su carácter de Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP)
Recurridos cc-2021-0459 cons. con CC-2021-473 3
Número del Caso: CC-2021-459 Cons. CC-2021-473
Fecha: 20 de ju1io de 2021
Tribunal de Apelaciones:
Panel X
CC-2021-459
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Jorge Martínez Luciano Lcdo. Emil Rodríguez Escudero
CC-2021-473
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Nelson Rosario Rodríguez
Abogado de la parte Recurrida:
Lcdo. Juan Manuel Mercado Nieves
Materia: Resolución con Voto particular disidente.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Integración de Sala Especial
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de julio de 2021.
Por estar igualmente dividido los miembros de esta sala, se constituye una Sala Especial de Verano integrada por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco, el Juez Asociado señor Rivera García, el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón y el Juez Asociado señor Estrella Martínez, para atender el caso CC-2021-459 consolidado con CC-2021-473, Nelson Rosario Rodríguez, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Proyecto Dignidad v. Ricardo A. Rosselló Nevares; Gerardo Cruz Maldonado, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (PPD); Hon. Francisco Rosado Colomer, en su capacidad oficial como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; Roberto Aponte Berríos, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Olvin Valentín Rivera, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Vanessa Santo Domingo, en su capacidad oficial como Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Lo decretó y firma,
Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta
CERTIFICO:
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nelson Rosario Rodríguez, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Proyecto Dignidad
Recurrido CC-2021-0459 Cons. con v. CC-2021-473
Gerardo Cruz Maldonado, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (PPD)
Hon. Francisco Rosado Colomer, en su capacidad oficial como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; Roberto Aponte Berríos, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Olvin Valentín Rivera, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Vanessa Santo Domingo, en su capacidad oficial como Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) Recurridos __________________________
Nelson Rosario Rodríguez, en su carácter oficial de Comisionado Electoral del Partido Proyecto Dignidad
Hon. Francisco Rosado Colomer, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; Roberto Aponte Berríos, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Olvin Valentín Rivera, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC); Gerardo Cruz Maldonado, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (PPD); Vanessa Santo Domingo, en su carácter de Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP)
Recurridos
Sala Especial de Verano integrada por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco, el Juez Asociado señor Rivera García, el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón y el Juez Asociado señor Estrella Martínez CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 3
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de julio de 2021.
Atendidos los recursos de certiorari de epígrafe se ordena su consolidación y se provee no ha lugar a ambos por considerar que la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 8 de julio de 2021 es sustancialmente correcta.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió la siguiente expresión: “La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez difiere del proceder de una mayoría de los integrantes de la Sala de no remitir esta controversia al Pleno del Tribunal para su evaluación. Tenemos ante nuestra consideración un asunto novel e importante para el derecho electoral que amerita una expresión del Máximo Foro judicial. Por esa razón, hubiese expedido”.
El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió un Voto particular disidente.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nelson Rosario Rodríguez, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Proyecto Dignidad
Recurrido CC-2021-0459 v. Cons. con CC-2021-473 Ricardo A. Rosselló Nevares
Gerardo Cruz Maldonado, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (PPD)
Hon. Francisco Rosado Colomer, en su capacidad oficial como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; Roberto Aponte Berríos, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Olvin Valentín Rivera, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Vanessa Santo Domingo, en su capacidad oficial como Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP)
Recurridos __________________________ CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 2
Nelson Rosario Rodríguez, en su carácter oficial de Comisionado Electoral del Partido Proyecto Dignidad
Hon. Francisco Rosado Colomer, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; Roberto Aponte Berríos, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Olvin Valentín Rivera, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC); Gerardo Cruz Maldonado, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (PPD); Vanessa Santo Domingo, en su carácter de Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP)
Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ.
La controversia que hoy tiene ante su consideración
este Tribunal provee el escenario ideal para que
ejerciéramos nuestro rol y reconociéramos que los CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 3
tribunales tienen la jurisdicción para atender y resolver
en los méritos controversias de esta naturaleza. De tal
forma, procedía descargar esa responsabilidad para pautar
normas claras que ilustraran en torno al tratamiento
igualitario que debe impartirse a toda persona que persiga
ocupar un puesto público electivo y, con ello, la exigencia
estricta de su cumplimiento con los requisitos legales
aplicables.
Ante la denegatoria de una mayoría de una Sala
Especial de Verano de recomendar al Pleno expedir y
considerar la controversia en los méritos, se sostiene una
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones cuyas
conclusiones jurídicas debieron ser corregidas. Con ello,
se descartan las interpretaciones más armoniosas y
razonables dirigidas a garantizar la pureza de los procesos
electorales. Por tal razón, en el presente disenso expondré
la improcedencia de sostener el curso desacertado del
Tribunal de Apelaciones que desembocó en un dictamen errado.
Los fundamentos de mi disenso tienen como base las
premisas siguientes:
Premisa #1:
Los requisitos dispuestos en la Ley para crear la
delegación congresional de Puerto Rico, infra, tienen que
ser cumplidos, previo a la elección especial ordenada, por
todas las personas que sean electas, incluyendo por
nominación directa. CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 4
Premisa #2:
Al igual que los candidatos que figuran en la papeleta
de las elecciones generales, los cuales pasan por un filtro
de comisiones calificadoras de sus partidos y por procesos
administrativos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE),
a las personas electas por nominación directa hay que
calificarlos y cotejar que cumplan con los requisitos de ley
previo a emitir el certificado de elección. En consecuencia,
si el Pueblo vota por un menor de edad que incumple con los
requisitos de ley, no habría que certificarlo a ciegas.
Igualmente, si los electores de un municipio admiran los
dotes administrativos de un alcalde retirado y residente de
otro Municipio y lo eligen por nominación directa, no es
posible certificarlo si incumple con el requisito de
residencia exigido por ley.
Premisa #3:
Los funcionarios electorales no están obligados a
cruzarse de brazos, como tampoco la CEE está obligada a
certificar a una persona electa por nominación directa si no
cumple con todos los requisitos dispuestos en ley. Es decir,
las personas bajo nominación directa no están exentas de ser
calificadas y pasar eventualmente por los filtros de
cumplimiento de requisitos que provee nuestro ordenamiento
jurídico electoral.
Premisa #4:
El Poder Judicial no tiene las manos atadas y no puede
hacerse de la vista larga antes de que se certifique CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 5
finalmente a una persona electa por nominación directa, aun
cuando exista prueba incontrovertida de que la persona no
cumple con todos los requisitos en ley para ocupar el cargo.
Premisa #5:
Los comisionados electorales que tengan evidencia de
que la persona electa por nominación directa incumple con
algún requisito, tienen un deber con el interés público de
así hacerlo constar y podrán presentar una acción de
descalificación, según contemplada en el Artículo 8 de la
Ley para crear la delegación congresional de Puerto Rico,
infra, a fin de evitar la expedición de un certificado de
elección contrario a derecho.
Premisa #6:
El axioma de la igualdad electoral está presente en esta
controversia. Máxime, cuando se trata de una ley que promueve
un proceso dirigido a conseguir la igualdad política. Por
tanto, procede impartir un trato igualitario a todas las
personas que sean electas para ocupar los cargos de delegados
especiales.
La razón y los fundamentos de Derecho contenidos en este
disenso me obligan a aplicar estas premisas, las cuales
fueron obviadas por el Tribunal de Apelaciones. Por tanto,
resultaba imperativo que este Tribunal se expresara y
revocara al foro apelativo intermedio con el propósito de
impartir mayor confianza en nuestro sistema electoral, lo
cual no ocurrió ante la denegatoria de una mayoría de una
Sala Especial de Verano. Me explico. CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 6
I
El 16 de mayo de 2021, tomó lugar una elección especial
en virtud de la Ley para crear la delegación congresional de
Puerto Rico, Ley Núm. 167-2020, 16 LPRA secs. 985-985p (Ley
para crear la Delegación Congresional), en la cual el Pueblo
eligió a los delegados congresionales que trabajarán para
convertir a Puerto Rico en un estado de la Unión Americana.
En los comicios celebrados, a pesar de que el exgobernador
Ricardo Rosselló Nevares (exgobernador Rosselló Nevares o
Querellado) no figuró como candidato en la papeleta, éste
resultó electo por nominación directa.1 Por consiguiente,
luego de concluido el escrutinio general, el 1 de junio de
2021, la CEE certificó que el exgobernador Rosselló Nevares
obtuvo un total de 54,823 votos, por lo que lo declaró electo
para el cargo de delegado especial a la Cámara de
Representantes federal.
Así las cosas, el 8 de junio de 2021, el Comisionado
Electoral del partido Proyecto Dignidad, el Lcdo. Nelson
Rosario Rodríguez (Comisionado del PD o Querellante),
presentó una Querella en la que, en síntesis, alegó que el
exgobernador Rosselló Nevares no cumplió con los requisitos
para ser delegado especial, según estatuidos en la Ley para
crear la Delegación Congresional, supra. Particularmente,
1Tomamos conocimiento de la existencia de esfuerzos públicos dirigidos a promover, previo al evento electoral, la elección del exgobernador Rosselló Nevares y que éste públicamente aceptó su disponibilidad y disposición para asumir al cargo. CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 7
alegó que, entre otros requisitos, el Artículo 8 de la
precitada ley requería que el delegado fuese: (1) residente
de Puerto Rico o Washington, D.C., y (2) un elector activo y
hábil domiciliado en Puerto Rico. Sobre el particular, el
Querellante arguyó que el Querellado debía ser descalificado
por incumplir con los requisitos de residencia y domicilio
electoral. A esos efectos, planteó que el Querellado residía
exclusivamente en Virginia y, además, que no estaba
domiciliado en Puerto Rico por, entre otras razones, estar
inscrito como elector en Virginia.
En respuesta, el 22 de junio de 2021, el exgobernador
Rosselló Nevares alegó que los requisitos del Artículo 8 de
la Ley para crear la Delegación Congresional, supra, no le
son oponibles. Sostuvo que tales requisitos son de
aplicabilidad exclusiva a los candidatos para ser delegados
y él nunca figuró como tal, sino que fue escogido mediante
votos por nominación directa.
No obstante, planteó que el requisito de residencia en
Puerto Rico o Washington, D.C. cobraba eficacia cuando el
delegado congresional comenzara sus labores, lo que, por
disposición de ley, ocurriría a partir del 1 de julio de
2021. Asimismo, el Querellado expresó que es un elector
activo y hábil domiciliado en Puerto Rico por razón de que
no se había iniciado un proceso de recusación en su contra.
Además, arguyó que la venta de su residencia en la ciudad de
Guaynabo, la cual constaba inscrita en la CEE como su
domicilio electoral, no provocó que éste perdiera su CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 8
domicilio. Ello, pues, posterior a la venta, se domicilió en
la residencia de su suegro en San Juan. Respecto a la
inscripción como elector en Virginia, el exgobernador
Rosselló Nevares argumentó que, por disposición de ley, el
estado inscribe como elector automáticamente a toda persona
que solicita una licencia de conducir. Expresó que es por
tal razón que figura como elector en Virginia.
Así las cosas, el 22 de junio de 2021, el Tribunal de
Primera Instancia celebró una vista en la cual emitió un
remedio provisional para que la CEE se abstuviera de
certificar al exgobernador Rosselló Nevares como delegado
congresional mientras se dilucidaban los méritos del caso.
Posteriormente, específicamente el 28 de junio de 2021, el
foro primario celebró una vista evidenciaria en la cual
comparecieron el Querellante y el Querellado, así como la
representación legal de la Comisionada del Partido Nuevo
Progresista y los Comisionados del Partido Popular
Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño y el
Movimiento Victoria Ciudadana. En la vista testificaron el
exgobernador Rosselló Nevares, el Comisionado del PD y el
Secretario de la CEE.
Luego de evaluar la prueba documental y aquilatar los
testimonios, el Tribunal de Primera Instancia emitió una
Sentencia en la cual descalificó al exgobernador Rosselló
Nevares como delegado congresional. Lo anterior, pues,
resolvió que una persona electa mediante votos por nominación CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 9
directa debe cumplir con todos los requisitos estatuidos en
Ley para crear la Delegación Congresional, supra.
En específico, el foro primario estimó que, toda vez
que el Querellado fue electo mediante nominación directa,
estos requisitos debían cumplirse al momento de la elección,
a saber, el 16 de mayo de 2021. Por consiguiente, evaluó si,
a tal fecha, el exgobernador Rosselló Nevares era residente
de Puerto Rico o Washington, D.C., y, además, si era un
elector hábil y con domicilio electoral en Puerto Rico.
Por un lado, determinó que el Querellado incumplió con
el requisito de residencia, debido a que éste expresó en la
vista que, desde agosto de 2019, se trasladó a Virginia a
residir con su familia y, desde entonces y hasta la fecha de
la elección, no había residido en Puerto Rico ni en
Washington, D.C. Por otro, concluyó que el Querellado también
incumplió con el requisito de ser un elector activo y hábil
domiciliado en Puerto Rico por razón de que estaba registrado
como elector activo en Virginia de manera simultánea con
Puerto Rico. Asimismo, precisó que, en vista de que todas
las actividades habituales e intereses de índole personal,
familiar y profesional tenían su núcleo en Virginia, el
Querellado está domiciliado en Virginia.
Inconforme, el viernes, 2 de julio de 2021, la
Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista presentó
un auxilio de jurisdicción y una apelación ante el Tribunal
de Apelaciones. A través del auxilio solicitó que se dejara
sin efecto el remedio provisional que detuvo la certificación CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 10
del Querellado como delegado congresional. Mediante la
apelación, señaló que el foro primario erró al: (1) conceder
el remedio provisional; (2) asumir jurisdicción; (3) legislar
por fiat judicial los requisitos para funcionarios electos
por nominación directa no establecidos en la ley, y (4)
determinar que el Querellado no cumplió con los requisitos
de residencia ni domicilio. En igual fecha, el Tribunal de
Apelaciones concedió a las partes hasta el martes, 6 de julio
de 2021, para que se expresaran sobre la apelación
presentada.
No obstante, el 6 de julio de 2021, de manera
precipitada, el foro apelativo intermedio emitió una
resolución en la que declaró ha lugar la solicitud para que
se dejara sin efecto el remedio provisional y, por
consiguiente, autorizó la continuación de los procesos
conducentes a la certificación de la elección del
exgobernador Rosselló Nevares. En el ínterin, el Querellado
completó la documentación relacionada con el proceso de
certificación y, en consecuencia, el 7 de julio de 2021,
juramentó al cargo de delegado congresional a la Cámara de
Representantes de Estados Unidos.
Al día siguiente, el Tribunal de Apelaciones emitió una
Sentencia en la que, en síntesis, desestimó la impugnación
debido a que entendió que la controversia no estaba madura.
Por consiguiente, determinó que el Tribunal de Primera
Instancia carecía de jurisdicción para descalificar al
exgobernador Rosselló Nevares como delegado congresional, CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 11
pues el estatuto provee para que el proceso de impugnación
ocurra una vez el candidato sea certificado de forma final.
A su vez, concluyó que el Comisionado del PD no contaba con
la legitimación activa para impugnar al Querellado, toda vez
que bajo la ley electoral sólo un candidato tiene el derecho
para impugnar a otro.
En desacuerdo, el 15 de julio de 2021, el Comisionado
del Partido Popular Democrático comparece ante este Tribunal
y, en esencia, señala que el Tribunal de Apelaciones erró al
declarar que el Tribunal de Primera Instancia no ostentaba
la jurisdicción para descalificar al exgobernador Rosselló
Nevares. Esto, debido a que el Artículo 8 de la Ley para
crear la Delegación Congresional, supra, no establece que la
CEE debe emitir un certificado de elección como condición
previa para que un delegado pueda ser impugnado.2 Además,
planteó que el foro apelativo intermedio también erró al
delimitar la legitimación activa para la impugnación del
delegado electo exclusivamente por otro delegado que haya
participado de la elección. Por tanto, solicitó que
expidiéramos el recurso con el propósito de revocar al
Tribunal de Apelaciones y, en su lugar, confirmar el dictamen
del Tribunal de Primera Instancia.
2Asimismo, el 16 de julio de 2021, el Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño presentó su alegato y, en esencia, reitera argumentos similares a los esbozados por el Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático. CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 12
Por otra parte, el Comisionado del PD comparece
mediante una Petición de certiorari y nos solicita que
revoquemos la Sentencia recurrida toda vez que, según alegó,
la Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista no
tenía legitimación activa para presentar una apelación en
beneficio del Querellado y dado a que el foro apelativo
intermedio sí contaba con jurisdicción para atender la
querella. Luego de contar con la comparecencia de las
partes, nos encontramos en posición de resolver.
Por los fundamentos que expondré a continuación, opino
que el Tribunal de Apelaciones erró al determinar que la
controversia no estaba madura para ser atendida por el
Tribunal de Primera Instancia y, en consecuencia, revocar el
dictamen del foro primario.
II
La Ley para crear la Delegación Congresional, supra,
estableció las reglas que gobernarían la celebración de una
elección especial en la que el Pueblo puertorriqueño elegiría
a la delegación congresional que nos representaría ante el
Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
16 LPRA sec. 985a.
El problema colonial de Puerto Rico es un asunto de suma
seriedad y los mecanismos que utilice el Pueblo para
erradicarlo deben ser tomados e instrumentados con
solemnidad. En ese sentido, la selección de los delegados
congresionales constituyó un acto afirmativo a los fines de
implementar el llamado Plan Tennessee y, consecuentemente, CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 13
lograr la descolonización de Puerto Rico. Este plan no es de
cuño reciente, sino que Tennessee lo usó por primera vez en
el 1776 como parte de un mecanismo válido de selección de
congresistas federales para ejercer presión sobre el Congreso
hasta adquirir su admisión a la Unión. Todas las comunidades
políticas que posteriormente han recurrido al Plan Tennessee
han logrado su admisión como estado, a saber: Michigan
(1837), Iowa (1846), California (1850), Oregón (1859), Kansas
(1861) y Alaska (1959).3
Con el propósito similar de lograr nuestra
descolonización, la función principal de los delegados
congresionales electos al amparo de la Ley para crear la
Delegación Congresional, supra, será representar a Puerto
Rico ante el Congreso “para exigir que se respete el mandato
electoral a favor de la Estadidad y que se proceda a admitir
a Puerto Rico como un Estado de Estados Unidos de América. .
.”. Exposición de Motivos, Ley para crear la Delegación
Congresional, supra.
Para instrumentar este ideal, el 16 de mayo de 2021 se
celebró una elección especial en la cual el Pueblo votó por
los delegados que abogarán en el Congreso por la estadidad
de Puerto Rico. 16 LPRA sec. 985i. Según se verá más adelante,
de conformidad con el Artículo 8 de la Ley para crear la
Delegación Congresional, supra, éstos tenían que cumplir con
3Véase,Jesse L. Jackson, The State of New Columbia- A Call for Justice and Freedom, 39 CATH. U. L. REV. 307, 308 (1990). CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 14
los requisitos siguientes: (1) mayoría de edad; (2) dominio
de los idiomas español e inglés; (3) cumplir con las
disposiciones del Artículo 7.2 de la Ley 58-2020, y (4) ser
residentes de Puerto Rico o de Washington, D.C.
Según alega el Comisionado del PD, el exgobernador
Rosselló Nevares incumplió con, al menos, dos (2) de estos
requisitos. Ahora bien, dado a que el Tribunal de Apelaciones
concluyó que el Tribunal de Primera Instancia actuó sin
jurisdicción, estimo apropiado atender con preeminencia tal
planteamiento antes de entrar a dilucidar la controversia en
los méritos. Veamos.
III
A.
De entrada, destaco que el Tribunal de Apelaciones erró
al revocar la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera
Instancia bajo la premisa de que la controversia no estaba
madura y, por consiguiente, declarar que el foro primario
actuó sin jurisdicción.
Para ello, el Tribunal de Apelaciones se amparó en su
interpretación del Artículo 8 de la Ley para crear la
Delegación Congresional, supra. Al hacerlo, concluyó que la
CEE, primeramente, debe finalizar el escrutinio general,
luego emitir el resultado final y oficial, y, una vez
certifica la elección de forma final, entonces procede la
descalificación. De este modo, determinó que el único proceso
que se estableció en la Ley para crear la Delegación
Congresional para descalificar a cualquier delegado electo, CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 15
debe ocurrir luego de que la CEE emita el certificado de
elección.4 Como agravante, interpretó que es a partir de que
se emite el certificado de elección que un candidato “viene
obligado a cumplir con los requisitos de los Artículos 7.2 y
10.11 del Código Electoral, y del Artículo 8 de la Ley 167-
2020”.5
Esta interpretación no sólo es desacertada, sino que
contraviene expresamente el Artículo 8 de la Ley para crear
la Delegación Congresional, supra. Además, tampoco encuentra
apoyo en el Código Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 58-
2020, 16 LPRA sec. 4501, et seq. (Código Electoral). Veamos
El Artículo 8 de la Ley para crear la Delegación
Congresional, supra, íntegramente dispone lo siguiente:
Los candidatos a ser delegados especiales deberán ser mayores de edad; dominar los idiomas español e inglés; cumplir con las disposiciones del Artículo 7.2 de la Ley 58-2020; ser residentes de Puerto Rico o de Washington, DC; para participar de la elección, deberán comprometerse bajo juramento a defender el mandato del Pueblo expresado el pasado 3 de noviembre de exigir que Puerto Rico sea admitido como un Estado de Estados Unidos; y deberán comprometerse, bajo juramento, a trabajar activamente a tiempo completo durante el término de su cargo para lograr ese fin. Cualquier persona que incumpla con alguno de estos
4De conformidad con el Artículo 2.3(18) del Código Electoral de Puerto Rico, infra, la certificación de elección es un “[d]ocumento donde la Comisión declara electo a un candidato a un cargo público electivo o el resultado de cualquier elección, después de un escrutinio general o recuento”. Íd.
5Véase, Apéndice de certiorari, Sentencia [del Tribunal de Apelaciones], pág. 24. CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 16
requisitos podrá ser descalificado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Cualquier sustituto que sea necesario se seleccionará por elección especial de la Comisión Estatal de Elecciones, de conformidad con las disposiciones que para esto establezca dicho organismo gubernamental.(Énfasis suplido).
De lo anterior, se desprende que los candidatos a ser
delegados deberán cumplir con una serie de requisitos
sustantivos. Nótese que expresamente el legislador hizo
referencia a candidatos y no a delegados electos. Luego, el
artículo precitado dispone que, previo a la elección, estos
candidatos deberán cumplir con otros requisitos relacionados
a su compromiso con adelantar el fin de la Ley para crear la
Delegación Congresional.
Como apoyo a que la descalificación del candidato debe
realizarse previo a la certificación de elección, el propio
Artículo 8 de la Ley para crear la Delegación Congresional,
supra, establece que cualquier persona que no cumpla con
estos requisitos, podrá ser descalificado. Adviértase que el
artículo precitado no condiciona ni limita cuándo deberá
instarse el proceso de descalificación. Tampoco restringe
quién puede presentar tal proceso. Asimismo, nada en el
supra, establece que la descalificación debe ocurrir luego
de que la CEE emita el certificado de elección, conforme
concluyó el Tribunal de Apelaciones erróneamente. Igualmente
relevante para esta controversia en particular, es evidente
que el concepto “cualquier persona” abarca tanto a candidatos CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 17
que figuraron en la papeleta como a personas bajo la
modalidad de nominación directa.
En cambio, toda vez que el Artículo 8 de la Ley para
crear la Delegación Congresional, supra, instrumenta la
descalificación de candidatos, ésta debe instarse antes que
se emita la certificación final, pues, a ese momento, sólo
resta el cumplimiento de los requisitos relacionados con la
entrega del estado de situación financiera y con el curso de
uso de fondos y propiedad pública exigido por ley.6
Bajo la premisa del Tribunal de Apelaciones, la CEE debe
declarar y certificar electo a un candidato sin consideración
con respecto a si éste cumplió con los requisitos
estatutarios. Tal premisa es improcedente dado a que el
supra, establece diáfanamente que los candidatos deberán
cumplir con los requisitos previo a la celebración de la
elección. Como cuestión de hecho, así ocurrió con los
candidatos que figuraron en la papeleta de la elección
6El texto íntegro del Artículo 10.11 del Código Electoral, supra, dispone lo siguiente:
La Comisión declarará y certificará electo para cada cargo al Candidato que reciba la mayor cantidad de votos válidos y directos. Como constancia de ello, expedirá un certificado de elección que será entregado al candidato electo una vez acredite que ha tomado el Curso sobre Uso de Fondos y Propiedad Pública y haya hecho entrega de su Estado de Situación Financiera Revisado. Se exceptúa al legislador municipal del último requisito. (Énfasis suplido). CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 18
congresional. Y es que no puede ser de otro modo, pues, como
veremos bajo el Acápite III(C), concluir lo contrario
provocaría que, por fiat judicial y en contravención de la
intención legislativa, se postergue para otro tipo de
candidato el cumplimiento con los requisitos exigidos por el
supra.
Por tanto, y teniendo en consideración que el Artículo
8 expresamente dispone que las disposiciones de la Ley para
crear la Delegación Congresional, supra, tendrán primacía
sobre cualquier otra disposición de ley que contravenga lo
allí establecido, sostengo que la controversia estaba madura
y debió atenderse en los méritos.
Ello, incluso, es cónsono con lo establecido por el
Artículo 7.5 del Código Electoral, supra, con respecto a la
descalificación de candidatos, el cual dispone que:
Cualquier Aspirante o Candidato nominado podrá ser descalificado como tal, por el Tribunal de Primera Instancia, cuando medie querella porque no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución o la ley, o cuando se demostrare que ha violado cualesquiera de las disposiciones de esta Ley o de sus reglamentos.
. . .
(Énfasis suplido).
Como vemos, el Código Electoral tampoco sujeta la
descalificación de un candidato a que, finalmente, la CEE
haya emitido un certificado de elección. Por consiguiente,
el procedimiento estatuido en el Artículo 7.5 del Código CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 19
Electoral, supra, es perfectamente armonizable con el
Es, precisamente, dado el hecho de que todavía no
existía un certificado de elección que resultaba inapropiado
acudir al Artículo 10.15 del Código Electoral, supra.7 Nótese
que, a diferencia del Artículo 7.5 del Código Electoral,
supra, el cual está predicado en impugnaciones por razón de
que el candidato incumplió con los requisitos dispuestos por
ley, el Artículo 10.15 del Código Electoral, supra, cobra
efecto, primeramente, si se trata de una impugnación de
elección y, sobre todo, cuando tal impugnación se fundamenta
en razones que provocarían un cambio en el resultado de la
elección. Claramente, lo aquí cuestionado se ciñe a un
incumpliento de los requisitos exigidos por ley a los
7En lo pertinente, el Artículo 10.15 dispone lo siguiente: Cualquier Candidato que impugnare la elección de otro, deberá presentar ante el Juez en la Sala de la Región Judicial de San Juan designada de conformidad con el Capítulo XIII de esta Ley, y dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de la certificación de elección para cada cargo público electivo en el escrutinio general, un escrito, exponiendo bajo juramento las razones en que fundamenta su impugnación, las que deberán ser de tal naturaleza que, de probarse, bastarían para cambiar el resultado de la elección.
Íd. CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 20
delegados congresionales, por lo que el Artículo 10.15 del
Código Electoral, supra, está predicado en un supuesto que,
ni tan siquiera, es aplicable a la controversia de autos.
Máxime cuando nos encontramos ante una elección especial sui
generis que no puede encajonarse ni equipararse a una
elección general con rigorismos y tecnicismos que impidan
que los funcionarios electorales o los tribunales puedan
pasar juicio sobre los requisitos de un candidato electo
previo a ser juramentado.
Atendido el planteamiento jurisdiccional, reitero que
éste es inmeritorio y que los propios estatutos que rigen
demuestran que erró el Tribunal de Apelaciones en disponer
lo contrario. Procedía, entonces, atender el caso en los
méritos. Veamos
B.
De conformidad con el Artículo 8 de la Ley para crear
la Delegación Congresional, supra, y en lo pertinente a la
controversia ante nos, la Ley para crear la Delegación
Congresional impone como requisito que los delegados sean
residentes de Puerto Rico o Washington, D.C. Este requisito
no se encuentra definido en la Ley para crear la Delegación
Congresional, como tampoco en el Código Electoral, el cual,
según la propia Ley para crear la Delegación Congresional,
rige supletoriamente en la instrumentalización del
plebiscito electoral. 16 LPRA sec. 985b.
Ahora bien, el requisito de ser residente no es ajeno a
nuestro ordenamiento jurídico y, como veremos, es CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 21
distinguible del segundo requisito aquí en pugna: el
domicilio electoral. No obstante, previo a establecer tal
distinción y, a su vez, declarar la validez de que se exijan
ambos requisitos, considero apropiado descartar la
proposición del Querellado de que no le son oponibles los
requisitos que la ley dispone porque éstos fueron reservados
exclusivamente para los candidatos. Según se explicará, tal
enunciado es jurídicamente improcedente.
Sobre este particular, nos resulta altamente persuasivo
cómo otras jurisdicciones de los Estados Unidos han aplicado
los requisitos para candidaturas a escaños públicos. Algunos
ejemplos de ello se listan a continuación con el fin de
determinar si es jurídicamente correcto el darle un trato
distinto a las personas electas por nominación directa en
comparación a las personas que presentaron su intención de
candidatura previo a la elección. Adelanto que la línea
jurisprudencial reseñada a continuación no exime al candidato
por nominación directa de cumplir con los requisitos
dispuestos a la fecha de elección que son aplicables a otros
candidatos. Veamos.
En State ex rel. Wellington v. Mahoning Cty. Bd. of
Elections, 120 Ohio St. 3d 198, 897 N.E.2d 641 (2008), el
Tribunal Supremo de Ohio denegó el que un aspirante a
alguacil cuya candidatura fue rechazada por incumplir con un
requisito de educación postsecundaria pudiera entonces
aspirar al cargo por la vía de la nominación directa. Esto,
pues, perduraba el incumplimiento con los requisitos CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 22
impuestos legislativamente. De forma similar, en Rawls v.
Zamora, 107 Cal. App. 4th 1110, 132 Cal. Rptr. 2d 675 (2003),
la Corte de Apelaciones de Distrito en California descartó
la candidatura por nominación directa de un aspirante a
alguacil que no cumplió con el requisito legislativo de
experiencia previa como agente del orden público.
De lo antes expuesto, resulta relevante resaltar la
validez legal de aquellos requisitos estatutarios que, entre
otros elementos y así aplicados a todos los candidatos por
igual, son neutrales y van dirigidos a garantizar la validez
del proceso electoral. Ello, pues, como concluyó el tribunal
“[t]here can be no doubt that the state has a strong interest
in assuring that a person with aspirations to hold office is
qualified to administer the complexities of that office. And
the authority of the state to determine the qualifications
of their most important governmental officials is an
authority that lies at the heart of representative
government”. (Énfasis suplido) Íd., pág. 1117 (citas
omitidas).
Asimismo, e incluso aún más pertinente para esta
controversia, cortes estatales han mantenido la igual
aplicabilidad de los requisitos específicos de residencia a
todo tipo de candidato. Así, en Matthews v. Steinberg, 153
So. 3d 295, 296 (Fla. Dist. Ct. App. 2014), aff'd, No. SC14-
2202, (Fla. June 22, 2016), la Corte de Apelaciones del
Distrito de Florida invalidó un estatuto que exigía
únicamente a los candidatos por nominación directa el CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 23
cumplimiento con el requisito de residencia al momento de
cualificar como candidato, a pesar de que la constitución
estatal requería la residencia al momento de la elección.
Tal determinación se fundamentó en que el requerimiento de
elegibilidad aplica a cada legislador, “regardless of party
affiliation or whether the legislator appeared on the ballot
as a write-in or not”. (Énfasis suplido). Íd., pág. 296. Ello
se reafirmó en Brinkmann v. Francois, 184 So. 3d 504 (Fla.
2016), donde, ante circunstancias similares en cuanto al
requisito de residencia entre candidatos por nominación
directa y candidatos de papeleta, la Corte Suprema de Florida
no avaló un trato distinto al aspirante por nominación
directa.
Como puede apreciarse, se desprende diáfanamente la
tendencia a validar un trato igualitario de los requisitos
de candidatura para toda categoría de candidatos o
posibilidad de elegibilidad. Esto, incluso, en
jurisdicciones en las que resulta más oneroso aspirar por
nominación directa por exigir requisitos previos para poder
figurar como nominado, los cuales permiten comprobar los
requisitos ordenados por ley.
En atención a ello, y potencialmente como parte del
reconocimiento de que debe existir un trato igualitario en
cuanto a los requisitos que debe cumplir un candidato vís a
vís una persona elegida por nominación directa, en la
certificación emitida el 1 de junio de 2021, la CEE expresó
lo siguiente: CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 24
De conformidad con el Artículo 10.11 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020, todo candidato electo deberá radicar en la Comisión un estado de situación financiera revisado y acreditar que ha tomado el Curso sobre uso de Fondos y Propiedad Pública, previo a la expedición del Certificado de Elección como candidato electo. De la misma forma, cualquier persona electa por nominación directa deberá cumplir con la presentación de los documentos que requiere el Artículo 8 de la Ley Núm. 167-2020, así como también con los Artículos 7.2 y 10.11 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020. La Comisión no certificará a ningún candidato que no cumpla con los requisitos aquí dispuestos.8
Obsérvese cómo la CEE expresamente implantó mecanismos
dirigidos a descargar su responsabilidad de velar que el
delegado electo por nominación directa cumpla con todos los
requisitos dispuestos en ley en comparación con aquel que
fue electo y figuró como candidato. Claro está, por la
naturaleza de la selección por nominación directa y por el
carácter sui generis que representa este tipo de votación,
resulta obvio que se dilata la exigencia de los requisitos
exigidos a los seleccionados por nominación directa, más no
los exime de su cumplimiento. Es decir, la persona que
resultó electa por nominación directa debe cumplir con los
8Apéndice de certiorari, Apelación de Sentencia del 2 de julio de 2021, Certificación, págs. 267-268. Adviértase que la Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista mostró su conformidad y firmó la certificación precitada, la cual, como destacamos, exige expresamente que el delegado electo por nominación directa cumpla con los requisitos estatuidos en el Artículo 8 de la Ley para crear la Delegación Congresional, supra. CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 25
mismos requisitos que, previo a la elección, cumplieron los
candidatos que figuraron en la papeleta. Esto es, el Artículo
8 de la Ley para crear la Delegación Congresional, supra, el
cual, en sí mismo, también exige que satisfagan los
requisitos del Artículo 7.2 del Código Electoral, supra.
Es evidente que la directriz administrativa dispone que
cualquier persona que incumpliera con los requisitos exigidos
no sería certificada. Esto, pues, no existe justificación en
Derecho para otorgarle un trato ni más oneroso, ni más
preferente a un candidato tradicional en comparación con un
funcionario elegido por nominación directa. Tal pretensión
no encuentra apoyo en la Ley para crear la Delegación
Congresional ni mucho menos en el Código Electoral.
Por tanto, para fines de la controversia ante nos, todos
los requisitos estatuidos en el Artículo 8 de la Ley para
crear la Delegación Congresional, supra, que les fueron
exigidos previo a la elección a los candidatos que figuraron
en la papeleta, son igualmente aplicables a una persona
electa por nominación electa que se encuentra bajo el
escrutinio de ser certificada como delegado congresional.
Resuelto lo anterior, procedo, entonces, a determinar
cuándo una persona electa por nominación directa debe cumplir
con tales requisitos.
C.
Según adelantado y discutido en el Acápite III(A), el
supra, exige su cumplimiento en una etapa temprana en el CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 26
proceso electoral, ya que su lenguaje expresamente dispone
que estos requisitos le serán exigidos a “[l]os candidatos a
ser delegados especiales”.9
Nos encontramos ante un ejercicio válido de la Asamblea
Legislativa, la cual, al igual que otros Cuerpos Legislativos
Estatales, tiene la facultad de disponer en qué momento un
funcionario electo debe cumplir con determinados requisitos.
Bajo la ley que nos ocupa, queda claro que los requisitos
para el cargo deben concurrir al momento de la elección.
De hecho, el legislador descartó expresamente otras
opciones igualmente válidas que ha adoptado en legislaciones
diferentes, como la de requerir el cumplimiento de los
requisitos al momento de la juramentación del cargo. A modo
de ejemplo, el Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107-
2020, exige el cumplimiento de ciertos requisitos para el
9Según incluido anteriormente, el Artículo 8 de la Ley para crear la Delegación Congresional, supra, dispone lo siguiente:
Los candidatos a ser delegados especiales deberán ser mayores de edad; dominar los idiomas español e inglés; cumplir con las disposiciones del Artículo 7.2 de la Ley 58-2020; ser residentes de Puerto Rico o de Washington, DC; para participar de la elección, deberán comprometerse bajo juramento a defender el mandato del Pueblo expresado el pasado 3 de noviembre de exigir que Puerto Rico sea admitido como un Estado de Estados Unidos; y deberán comprometerse, bajo juramento, a trabajar activamente a tiempo completo durante el término de su cargo para lograr ese fin. . .. (Énfasis suplido). Íd. CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 27
cargo de alcalde y expresa claramente cuándo éstos serán
exigibles. A esos efectos, el Artículo 1.011 de la ley
concretamente exige que los requisitos se cumplan a la fecha
de tomar posesión del cargo.10 A pesar del claro contraste de
la redacción legislativa entre ambos estatutos con respecto
al momento de umbral para la satisfacción de los requisitos,
la Sentencia recurrida tiene el efecto de permitir el
cumplimiento de los requisitos en una etapa posterior a la
dispuesta expresamente por el legislador.
Por analogía, la experiencia de los cargos electivos
constitucionales también resulta ilustrativa en torno al
momento particular en que deben concurrir los requisitos para
ocupar determinado cargo. Sabido es que surge categóricamente
de la Constitución de Puerto Rico que, para los cargos de
los miembros de la Asamblea Legislativa y del Gobernador, el
10En lo pertinente, el texto precitado dispone lo siguiente:
Todo aspirante a Alcalde deberá cumplir a la fecha de tomar posesión del cargo, con los siguientes requisitos: (a) Tener veintiún (21) años de edad o más. (b) Saber leer y escribir. (c) Ser ciudadano de Estados Unidos, domiciliado en el municipio por no menos de un (1) año antes de la fecha de su elección. (d) Ser elector cualificado del municipio.
21 LPRA sec. 7021. CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 28
momento en que debe cumplirse con los requisitos variará
según el cargo.
Por una parte, la Constitución dispone los requisitos
que deben cumplir los miembros de la Asamblea Legislativa e
ilustra claramente cuándo éstos son exigibles. A estos
efectos, el Artículo III, Sección 5 de la Constitución de
Puerto Rico dispone que:
Ninguna persona podrá ser miembro de la Asamblea Legislativa a menos que sepa leer y escribir cualquiera de los dos idiomas, español o inglés; sea ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto Rico y haya residido en Puerto Rico por lo menos durante los dos años precedentes a la fecha de la elección o nombramiento. Tampoco podrán ser miembros del Senado las personas que no hayan cumplido treinta años de edad, ni podrán ser miembros de la Cámara de Representantes las que no hayan cumplido veinticinco años de edad.11 (Énfasis suplido).
Se desprende con claridad, pues, que el artículo
precitado establece dos (2) momentos para el cumplimiento de
los requisitos de educación, ciudadanía y residencia, a
saber: a la fecha de la elección o al momento del
nombramiento. A diferencia del cargo de Gobernador, el
incumplimiento con uno de estos requisitos a la fecha de la
elección no implica automáticamente que la persona es
11Se advierte que se optó por separar las dos (2) oraciones que contiene la disposición constitucional precitada con el propósito exclusivo de ilustrar una mejor comprensión de lo expuesto. CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 29
inelegible. En ese caso, la Constitución provee como fecha
límite para su cumplimiento el momento del nombramiento.
Ahora bien, en cuanto al requisito de edad, la
Constitución no establece un término específico para su
cumplimiento. En cambio, simplemente se dispuso que, para
ser miembro del Senado o miembro de la Cámara, debía
cumplirse con el requisito de treinta (30) y veinticinco (25)
años, respectivamente. No obstante, este Tribunal en Tonos
Florenzán v. Bernazard, 111 DPR 546 (1981), tuvo la
oportunidad de precisar desde cuándo debía cumplirse con tal
exigencia constitucional.
Particularmente, en Tonos Florenzán v. Bernazard,
supra, evaluamos si un representante electo y certificado
que no poseía el requisito de edad constitucional de
veinticinco (25) años podía juramentar al cargo. Toda vez
que la disposición constitucional no estableció expresamente
cuándo debía cumplirse con la edad mínima, allí interpretamos
que el lenguaje de “ni podrán ser miembros de la Cámara las
que no hayan cumplido veinticinco años. . .”, denotaba que
el momento determinante era aquel en el que la persona debía
jurar y ocupar el cargo, a saber: el 2 de enero de 1981.12 Al
12Como parte de esta controversia, este Tribunal ya había analizado la cláusula constitucional que exigía el requisito mínimo de edad para ocupar un cargo en la Cámara de Representantes. Al así hacerlo, expresamos lo siguiente:
Esta disposición expone los requisitos para ser miembro del Senado y de la Cámara de Representantes, no para ser candidato. Al interpretar el Congreso de Estados Unidos las CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 30
concluir lo anterior, rechazamos el planteamiento del
representante impugnado, quien solicitó que se aplazara su
juramentación hasta el 22 de febrero de 1981, fecha en que
finalmente cumpliría la edad constitucional para ocupar el
cargo.13 Nótese que en el caso precitado, similar al curso de
acción seguido acertadamente por el foro primario en el caso
disposiciones de la Sec. 2 y del tercer párrafo de la Sec. 3 del Art. I de la Constitución de Estados Unidos, que a tal respecto son similares, tal ha sido su interpretación. Nogueras v. Tonos Florenzán, 110 DPR 356, 358 (1980) (Sentencia) (citando a 79 Cong. Rec. 9651-53, 9841-42).
13En Tonos Florenzán v. Bernazard, supra, fundamentamos la denegatoria de la proposición del candidato impugnado por lo siguiente:
Cualquier otra interpretación infringiría la Constitución en los siguientes aspectos y dimensiones: (a) sería contraria y menoscabaría su texto; (b) afectaría la pronta ordenación y desarrollo normal de las labores de los cuerpos legislativos; (c) vulneraría y debilitaría el principio cardinal de adecuada representación en que descansa nuestra democracia; (d) dejaría al arbitrio de cada candidato o partido político, la determinación de si procede o no una nominación y, por ende, la decisión de cuándo se habrá de eventualmente ocupar un cargo legislativo, creando así incertidumbre en la estabilidad y composición final del Poder Legislativo; (e) relajaría los requisitos constitucionales; y (f) expondría a que en épocas de crudo partidismo político la simple voluntad de una mayoría parlamentaria impusiera distintas exigencias sobre la capacidad de sus miembros, lo cual propiciaría un potencial abuso y privación de derechos. Íd., págs. 550-551. CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 31
de autos, la Cámara de Representantes ordenó la paralización
de la juramentación hasta tanto los tribunales resolvieran
la controversia.
Por otra parte, en cuanto al cargo de Gobernador, la
Constitución requiere que la totalidad de los requisitos se
cumplan a la fecha de la elección. Véase, Art. IV, Sec. 3,
Const. PR, LPRA, Tomo 1.14 Dicho de otro modo, la fecha de la
elección es el momento determinante, por lo que, si a ese
momento no se satisface alguno de los requisitos, la persona
sería inelegible y, por consiguiente, ni tan siquiera podría
figurar como candidato a la gobernación. Bajo este marco, la
interpretación que realizó el Tribunal de Apelaciones, a los
efectos de que los requisitos para ocupar el cargo son
exigibles luego de que la CEE emita el certificado de
elección, provocaría cuestionamientos en otras candidaturas,
ya que la Constitución, de manera expresa, requiere que los
requisitos para el cargo de gobernador se satisfagan a la
fecha de la elección. Ello representa un ejemplo más de la
necesidad de que este Tribunal ejerciera su rol de pautar el
Derecho en esta controversia de alto interés público.
14Esta disposición constitucional establece que:
Nadie podrá ser Gobernador a menos que, a la fecha de la elección, haya cumplido treinta y cinco años de edad, y sea, y haya sido durante los cinco años precedentes, ciudadano de los Estados Unidos de América y ciudadano y residente bona fide de Puerto Rico. Íd. CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 32
Ante ese cuadro, además del texto de la ley, un análisis
jurídico y hermenéutico al respecto, y de conformidad con lo
resuelto por este Tribunal en Tonos Florenzán v. Bernazard,
supra, resulta imperativo concluir que la Ley para crear la
Delegación Congresional requiere que los requisitos del
Artículo 8 se satisfagan previo a la elección, por hacer
alusión el legislador a “los candidatos” y no a “los
delegados electos”.
Asimismo, destacamos que el carácter sui generis de la
elección de una persona por nominación directa no implica
que ésta pueda cumplir con los requisitos en una etapa tan
posterior del proceso como lo es la certificación de elección
e inminente juramentación, según concluyó el Tribunal de
Apelaciones. Ello implica validar un tratamiento
injustificado y distinto a los candidatos que figuraron en
la papeleta. Postergar la exigencia de estos requisitos hasta
el momento en que el Querellado fue certificado finalmente
como delegado electo o, incluso, a la fecha en que debe
juramentar y ocupar el cargo, más allá de estar en contra de
toda hermenéutica jurídica, constituye un trato preferente
que vulnera la ley especial y los principios de trato
igualitario que deben enmarcar el Derecho Electoral. Por
consiguiente, es forzoso concluir que no se sostiene
jurídicamente semejante interpretación.
En consecuencia, procede en Derecho reconocer que, como
parte del trato igualitario que debe imperar en los
requisitos que se les exige a los funcionarios que ocuparán CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 33
un cargo público, una persona electa por nominación directa
tenía que cumplir los requisitos del Artículo 8 de la Ley
para crear la Delegación Congresional, supra, el día de la
elección, lo cual, en el caso de autos, ocurrió el 16 de mayo
de 2021.
D.
Conforme se adelantó, el Artículo 8 de la Ley para crear
la Delegación Congresional, supra, exige que, además de
satisfacer el requisito de ser residente de Puerto Rico o
Washington, D.C., se cumpla con el Artículo 7.2 del Código
Electoral, supra. Veamos, pues, qué otros requisitos impone
la ley electoral a los candidatos y aquellos nominados
directamente a delegados congresionales.
El Artículo 7.2 del Código Electoral, supra, establece
una serie de requisitos que deben cumplir los aspirantes a
candidaturas para cargos públicos electivos. En lo aquí
atinente, se dispone que “[t]oda persona que desee figurar
como aspirante o candidato a un cargo público electivo,
deberá ser Elector activo y hábil al momento de presentar su
intención”. (Énfasis suplido). Íd., Art. 7.2(f). Como vimos,
este requisito no se circunscribe exclusivamente a un
aspirante o candidato, sino que también se extiende a toda
persona que resulte electa mediante nominación directa. Por
consiguiente, según el Artículo 2.3(9) del Código Electoral,
supra, un elector activo y hábil será:
Todo ciudadano que cumpla con los requisitos dispuestos en esta Ley para figurar en el Registro General de CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 34
Electores de Puerto Rico y para votar. Como mínimo, deberá ser ciudadano de Estados Unidos de América, haber cumplido por lo menos dieciocho (18) años de edad en o antes del día de la votación dispuesta por ley y, cumplir con los requisitos de domicilio electoral en Puerto Rico dispuestos en esta Ley. (Énfasis suplido). Íd.
Claramente, ser un elector activo y hábil exige, entre
otros requisitos, que éste se encuentre domiciliado
electoralmente en Puerto Rico. En consecuencia, resulta
menester examinar qué ordena el Código Electoral sobre el
domicilio electoral. A esos efectos, el Artículo 5.4 del
Código Electoral, supra, dispone que:
(1) Para propósitos electorales, es la última dirección de vivienda, morada o casa de alojamiento informada por el Elector en el Registro General de Electorales en torno a la cual el Elector afirma que giran o girarán sus intereses personales, actividades habituales, y regulares, como persona natural y las de su núcleo familiar, si lo tuviera; y donde esas actividades personales o familiares se manifiestan con evidentes actos de su intención de allí estar o permanecer indefinidamente después de allí mudarse o después de ausencia temporera.
(Énfasis suplido). Íd.
Ahora bien, en el pasado, los términos “residencia” y
“domicilio” han sido confundidos y, en consecuencia,
utilizados como sinónimos. Fiddler v. Srio. de Hacienda, 85
DPR 316, 321-322 (1962). Esta confusión en el lenguaje
popular ha trascendido al ámbito legal, a pesar de que ambos
conceptos son jurídicamente distinguibles. CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 35
No obstante, desde P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones,
111 DPR 199 (1981), analizamos las disposiciones de la ley
electoral allí vigente y advertimos la diferencia entre los
términos residencia y domicilio.15 Lo anterior, con el
propósito de resaltar la dicotomía existente en la ley
electoral, la cual erróneamente suponía que “el domicilio es
donde la persona reside, un lugar específico identificable
mediante una precisa dirección por calle y número de casa,
nombre de urbanización o barrio, etc.”. Íd., pág. 249.
Además, advertimos que “tal suposición no cuadra ni con el
concepto jurídicamente aceptado en Puerto Rico de lo que es
el domicilio de una persona. . .”. Íd. Por tanto, hemos
reiterado que:
[U]na persona que tenga su domicilio establecido allí donde reside, podría mudarse a residir a otro lugar y con ello no perder el domicilio en el primer lugar hasta que, unido al acto de residir en el segundo sitio, exista la intención de allí permanecer, que es cuando adquiriría domicilio en el segundo lugar. Íd., pág. 250.
Del precepto citado se desprende que “una persona puede
estar domiciliada en un lugar donde no resida. . .”, puesto
que residir en determinado lugar no es sinónimo con estar
domiciliado electoralmente en tal lugar. Íd. En cambio, el
término residente implica la acción y el efecto de vivir o
estar presente en un lugar en particular. De ahí el axioma
15Segúnel Código Civil de Puerto Rico, Ley Núm. 55- 2020, el término residencia es definido como “el lugar en que vive una persona, tenga o no la intención de establecer allí su domicilio”. Íd., Art. 31. CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 36
de que “[u]na persona natural puede tener varias residencias,
pero sólo un domicilio”. Fiddler v. Srio. de Hacienda, supra,
pág. 322. (citas internas omitidas). Dicho de otro modo, en
el contexto electoral, hemos sido consistentes en que se
puede ser domiciliado de un lugar sin tener presencia física
en él debido a la diferencia que presupone cada uno de los
términos.
En ese sentido, exigir el cumplimiento de los requisitos
de residencia y domicilio no es de nuevo cuño en nuestro
ordenamiento electoral. Como cuestión de hecho, diversos
puestos electivos exigen que se satisfagan ambos requisitos
como condición para la validez de la candidatura. Así, por
ejemplo, para el cargo de alcalde, el Artículo 1.011 del
Código Municipal de Puerto Rico, supra, requiere que éste
esté domiciliado en el municipio al menos un (1) año antes
de la elección y, a su vez, que sea elector cualificado del
municipio, lo que implica que resida en él. Asimismo, en el
contexto de los miembros de la Asamblea Legislativa, es harto
conocido que, a pesar de que se exige exclusivamente que la
persona “haya residido en Puerto Rico por lo menos durante
[...] dos años”, también les es requerido que estén
domiciliados electoralmente en la Isla como requisito previo
a oficializar su candidatura. Art. III, Secc. 5, Const. PR,
supra. Dicho de otro modo, no basta con el requisito de
residencia, sino que, también se debe satisfacer el requisito
de domicilio electoral. CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 37
Como cuestión de Derecho, cortes estatales en
jurisdicciones de los Estados Unidos no sólo han validado el
doble requisito de residencia y domicilio, sino que también
han interpretado que el cumplimiento con ambos es imperativo
para cualificar como un candidato. A modo de ejemplo, el
Tribunal Supremo de Nevada ha afirmado en dos (2) ocasiones
que, cuando el estatuto requiere la “residencia real” en el
lugar como requisito para un cargo público, en realidad exige
el cumplimiento dual de residencia y de domicilio legal.
Entiéndase, el aspirante debe demostrar ambos para una
candidatura legítima. Esto, pues, “[b]y requiring actual
residence as well as legal domicile, [el estatuto] focuses
on the one place where a person is located and intends to
remain permanently”. Williams v. Clark Cty. Dist. Att'y, 118
Nev. 473, 483, 50 P.3d 536, 542 (2002), as corrected (July
26, 2002). Véase, además, Chachas v. Miller, 120 Nev. 51, 83
P.3d 827 (2004).
Asimismo, la constitución de Luisiana expresamente
exige que los candidatos a la legislatura estatal residan
por cierto tiempo en el estado y, además, estén realmente
domiciliados en el distrito que desean representar.16 Según
lo han interpretado las propias cortes del estado, su
propósito está arraigado en el interés de “eliminate a system
under which candidates would establish a ‘political domicile’
from which to seek office even though they chose to live and
16LA. CONST. ANN. art. III, sec. 4(A). CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 38
maintain their families in another area, and were not truly
representative of the district from which they sought
election”.17 Por consiguiente, se requiere, en primer lugar,
que se demuestre la residencia, la cual debe ser cierta, no
pretendida o fraudulenta.18 En segundo lugar, debe probarse
el domicilio.19 En consecuencia, un aspirante a la candidatura
debe ser un residente habitual y, además, estar presente
físicamente y establecido de forma principal en el lugar.20
Es de notarse que un estatuto que exija tanto el
requisito de residencia como el de domicilio electoral
presupone que no basta con que se cumpla con uno o con el
otro; debe cumplirse con ambos. Una interpretación coherente
exige el hecho objetivo de presencia física en determinado
lugar y, además, el hecho subjetivo de domicilio con respecto
17Mixv. Blanchard, 318 So. 2d 125, 129 (La. Ct. App. 4 Cir. 1975).
18McIntirev. Carpenter, 202 So. 2d 297 (La. Ct. App. 4 Cir. 1967); Daley v. Morial, 205 So. 2d 213 (La. Ct. App. 4 Cir. 1967); Slocum v. DeWitt, 374 So. 2d 755, 758 (La. Ct. App. 3 Cir. 1979).
19Charbonnet v. Hayes, 318 So. 2d 917, 919 (La. Ct. App. 4 Cir. 1975). En tal caso, la corte reconoció que, en su estado anterior, la provisión constitucional sólo requería la residencia real, por lo cual “[t]he substitution of the word ‘domiciled’ for ‘resident’ effects a considerable change in the requirements of candidacy”. Por consiguiente, “the constitution requires adherence to the factual concept of habitual residence and principal establishment, and, where a person resides alternately in several places, he is only qualified for election purposes in that place where he maintains bona fide living quarters in which he actually lives a substantial part of the time”. Íd.
20N. A. Davrados, Louisiana My Home Sweet Home: Decodifying Domicile, 64 Loy. L. Rev. 287, 357–59 (2018). CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 39
al lugar en el que las actividades personales o familiares
se manifiestan con evidentes actos de su intención de estar
o permanecer allí indefinidamente.
Por tanto, es válida constitucionalmente la exigencia
dual del requisito de residencia y domicilio en aras de
salvaguardar la adecuada representatividad electoral.
Examinado el Derecho, procedo a aplicarlo a la
controversia que nos ocupa y exponer las razones de mi
disenso.
IV
Conforme se relató, la controversia de autos surgió
luego de que el exgobernador Rosselló Nevares resultara
electo como delegado congresional en la elección especial
celebrada el pasado 16 de mayo de 2021. Eventualmente, su
elección fue impugnada por el Comisionado del PD bajo los
fundamentos de que el Querellado incumplió con dos (2) de
los requisitos exigidos en el Artículo 8 de la Ley para
crear la Delegación Congresional, supra, a saber: ser
residente de Puerto Rico o Washington, D.C., y estar
domiciliado electoralmente en Puerto Rico.
En respuesta, el Querellado compareció y expuso que
los requisitos del Artículo 8 de la Ley para crear la
Delegación Congresional, supra, aplican exclusivamente a
los candidatos y, por no haber sido candidato, sino elegido
por nominación directa, no estaba obligado a cumplir con
ellos. No obstante, arguyó que, de exigírseles, estos debían
ser satisfechos al momento de juramentar al cargo, a saber: CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 40
el 1 de julio de 2021. En consecuencia, solicitó que se
declarara sin lugar la impugnación, ya que siempre ha estado
domiciliado electoralmente en Puerto Rico y, además, desde
el 1 de junio de 2021, alquiló una residencia en Washington,
D.C.
Trabada así la controversia, se celebró una vista
evidenciaria que contó con el testimonio del exgobernador
Rosselló Nevares y, posteriormente, el Tribunal de Primera
Instancia dictó Sentencia. El foro primario, correctamente,
aplicó por igual los requisitos de un candidato a una
persona elegida por nominación directa; precisó que tales
requisitos debían cumplirse al 16 de mayo de 2021, fecha de
la elección especial; concluyó que, de la prueba presentada
y del testimonio del Querellado, resultaba claro que éste,
al 16 de mayo de 2021, incumplió con los requisitos de
residencia y domicilio y, por consiguiente, declaró con
lugar la impugnación y descalificó al exgobernador Rosselló
Nevares del cargo de delegado congresional.
Inconforme, la Comisionada del Partido Nuevo
Progresista acudió al Tribunal de Apelaciones y allí esbozó
planteamientos similares a los ya planteados ante el foro
primario. Así las cosas, el 8 de julio de 2021, el Tribunal
de Apelaciones emitió un dictamen mediante el cual,
erróneamente, concluyó que el Tribunal de Primera Instancia
no tenía jurisdicción para descalificar a un candidato que
no había sido certificado de forma final. A su vez, descartó CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 41
que el Comisionado del PD ostentara la legitimación activa
para impugnar la elección del Querellado.
En desacuerdo, el Comisionado del Partido Popular
Democrático acude ante este Tribunal y nos solicita que
revoquemos el dictamen del Tribunal de Apelaciones. En suma,
expresa que, contrario a lo que concluyó el foro apelativo
intermedio, no existe un impedimento jurisdiccional para
que atendamos la controversia en los méritos.
Ahora bien, habida cuenta de que, contrario a lo
determinado por el Tribunal de Apelaciones, sí existe
jurisdicción en esta etapa para atender la controversia,
reiteramos que el foro apelativo intermedio erró. Como
señalamos bajo el Acápite III(A), la conclusión de que, es
necesario que la CEE emita un certificado de elección como
condición previa para la descalificación de un delegado es,
como mínimo, improcedente. Según discutimos en los Acápites
III(B) y III(C), tanto los candidatos que figuraron en la
papeleta electoral como quien fue electo por nominación
directa, deben cumplir con los requisitos antes de que la
CEE emita tal certificación. Así lo dispone diáfanamente el
supra, y, ello, además, es cónsono con el Artículo 7.5 del
Código Electoral, el cual regula lo referente a la
descalificación de candidatos. Esto, particularmente, debe
ocurrir previo a la elección y, en el caso particular de
una persona electa por nominación directa, según
precisamos, el mismo día de la elección. Por tanto, es CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 42
errónea la conclusión del Tribunal de Apelaciones a los
efectos de que ningún delegado congresional electo puede
ser impugnado hasta tanto la CEE emita un certificado de
elección.
No obstante, aun si para fines argumentativos
concluyéramos que aplica el Artículo 10.15 del Código
Electoral, supra, lo cual negamos, sería un contrasentido
que un Comisionado Electoral tenga que cruzarse de brazos
y esperar a que se juramente al funcionario electo por
nominación directa que incumple de forma patente con los
requisitos, sin poder recurrir a cuestionar la validez legal
de ese acto previo a que se consuma. No podemos obviar que,
como componentes esenciales de la CEE, los comisionados
electorales tienen el deber de “cumplir y hacer cumplir las
disposiciones y los propósitos de esta Ley”. Artículo 3.2(1)
del Código Electoral, supra.
La interpretación realizada por el Tribunal de
Apelaciones delega exclusivamente en “otro candidato”
aspectos medulares de los deberes ministeriales de los
comisionados electorales, privándolos de recurrir al foro
judicial para descargar la tarea de velar por la pureza de
los procesos electorales y el cabal cumplimiento de los
requisitos dispuestos en ley. Aparte del error de no
reconocer que el Artículo 8 de la Ley para crear la
Delegación Congresional, supra, no restringe la
legitimación para cuestionar el cumplimiento de los
requisitos por parte de una persona electa por nominación CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 43
directa, es un error aplicar con un automatismo extremo el
andamiaje que opera en las elecciones generales.21 Ello, con
la consecuencia de privar de jurisdicción al Tribunal de
Primera Instancia en esta controversia novel y particular.
Resulta errado aplicar tal esquema a la nominación
directa porque tanto las leyes electorales anteriores como
la vigente están predicadas en la premisa de que los
partidos y la CEE, previo a la elección, calificaron a los
candidatos que figuran en la papeleta, lo cual es correcto
respecto a los candidatos, pero no así en el caso de las
personas que son electas bajo nominación directa. Ello, con
el agravante de que, una vez juramentado el funcionario,
existen consecuencias jurídicas distintas en torno a su
sustitución, si eventualmente el foro judicial confirmara
la invalidez del juramento.
En ese ese sentido, en el caso de los candidatos que
fueron previamente evaluados y calificados, una vez
concluye la fase de la elección, la responsabilidad
administrativa de la CEE para conceder certificados de
elección no es tan profunda, habida cuenta de que ya
transcurrió una serie de filtros que permiten inferir que
la persona cumple con los requisitos en ley. Así lo refleja
21Loanterior, máxime cuando el Artículo 13.1(1) del Código Electoral, supra, expresamente dispone que los comisionados electorales “tendrán legitimación activa a nivel judicial para intervenir en cualquier asunto con ‘naturaleza específicamente electoral’ que esté o haya estado bajo la jurisdicción de la Comisión. . .”. (Énfasis suplido). Íd. CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 44
la certificación emitida por la CEE el 1 de junio de 2021,
la cual, a quien figuró como candidato en la elección
especial, le exigió exclusivamente el cumplimiento del
Artículo 10.11 del Código Electoral, supra.22
Por el contrario, muy distinto es el caso de una
persona electa por nominación directa, máxime cuando en
nuestra jurisdicción no hay obligación de presentar
previamente un formulario y cumplir con procedimientos para
garantizar que, una vez electa, la persona cumple con los
requisitos dispuestos en el ordenamiento para determinada
posición electiva. Igualmente, así lo refleja la
certificación de la CEE, la que, como expresamos, exige que
la persona electa por nominación directa cumpla con el
supra, y con los Artículos 7.2 y 10.11 del Código Electoral,
supra.23
Ante esa realidad, sostener la Sentencia recurrida
conlleva al absurdo de que los funcionarios electorales
tengan que certificar a ciegas a una persona que no
necesariamente cumple con requisitos sustantivos básicos
para ejercer el cargo y con el agravante de que,
posteriormente, éstos no tengan legitimación activa para
cuestionarlo. Esta interpretación textualista extrema se
22Véase,Apéndice de certiorari, Apelación de Sentencia del 2 de julio de 2021, Certificación, págs. 267- 268.
23Íd. CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 45
aleja de los propósitos de la pureza electoral, conlleva
suprimir deberes ministeriales de los componentes de la CEE
y nos conduce al absurdo de que si candidatos inverosímiles
como, por ejemplo, Mickey Mouse o un menor de quince (15)
años, obtuvieran la primera posición por nominación directa
en una elección, la CEE tendría que irresponsablemente
certificarlos y nadie más podría cuestionarlo, con
excepción de “otro candidato”.
El Código Electoral vigente ciertamente no pudo prever
la posibilidad de que una persona fuera electa por
nominación directa, por lo que no contempla el sistema de
filtros y calificación previo a la elección que se impone
al resto de los candidatos. Ante esa laguna, tenemos que
impartir una interpretación razonable y armoniosa, de tal
forma que no se produzca un resultado absurdo o contrario
a la intención o propósito primordial de garantizar la
pureza de los procesos electorales. PNP v. Comité PNP Gurabo
I, 197 DPR 541, 542 (2017) (Estrella Martínez, J., Voto
particular disidente); Rosado Molina v. ELA y otros, 195
DPR 581 (2016); IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184
DPR 712, 740 (2012).
Ante ese cuadro, el razonamiento del foro recurrido,
así avalado implícitamente por una mayoría de una Sala
Especial de Verano de este Tribunal, sencillamente efectúa
una interpretación que se aleja de la Ley para crear la
Delegación Congresional, supra, y que limita indebidamente
el ámbito administrativo de la CEE y la jurisdicción de los CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 46
tribunales para proveer un remedio adecuado, completo y
oportuno. Lo anterior, a pesar de que existe una
interpretación más armoniosa y compatible con el Derecho
Electoral. Con este proceder, no se protegió el interés
público ni los derechos de los electores que votaron por
candidatos que cumplían con la totalidad de los requisitos
al momento de la elección.
Por tanto, procedía que el Tribunal de Apelaciones
concluyera que la controversia sí estaba madura, y, en
consecuencia, analizara si el exgobernador Rosselló Nevares
cumplió con el requisito de ser residente de Puerto Rico o
Washington, D.C, al momento de la elección. Adelantamos que
no. Veamos.
En este caso, no está en disputa que el Querellado
reside en Virginia desde el 2019 y que, desde entonces, no
ha regresado a Puerto Rico.24 En consideración a lo anterior,
hay que descartar la posibilidad de que éste haya cumplido
con el requisito de residencia por razón de que no ha tenido
presencia física en Puerto Rico. Por consiguiente, se debe
auscultar si, al 16 de mayo de 2021, fecha de la elección
especial, el Querellado residía en Washington, D.C.
Según surge de las determinaciones del Tribunal de
Primera Instancia, “[p]ara la fecha de la elección especial
de delegados al Congreso, 16 de mayo de 2021, el querellado
24Véase, Apéndice de certiorari, Sentencia, Determinaciones de hechos número ocho (8) y nueve (9) pág. 238. CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 47
tampoco residía en Washington. Según su testimonio “‘no
tenía donde quedarse en Washington’”.25 Es decir, al 16 de
mayo de 2021, fecha de la elección especial, el Querellado
no tenía presencia física en Puerto Rico ni en Washington,
D.C.26 Esto, pues, según la prueba desfilada en la vista
evidenciaria celebrada el 28 de junio de 2021, el Querellado
residía y se encontraba físicamente en Virginia al momento
en que se celebró la elección especial en Puerto Rico.27
Ahora bien, el Querellado testificó que el 1 de junio
de 2021, alquiló una residencia en Washington, D.C.28 No
obstante, según se explicó, tal fecha no es la determinante
para satisfacer el requisito. Conforme se estableció en el
Acápite II(B), es improcedente brindar un trato dispar o
más favorable a un delegado electo que figuró como un
candidato vis a vis un delegado electo por nominación
directa, o viceversa. Por tanto, el delegado electo por
nominación directa, igualmente, venía obligado a cumplir
con tales requisitos al momento de la elección.
A los delegados que figuraron en la papeleta se les
exigió que, como condición para ser certificados como
25Véase, Apéndice de certiorari, Sentencia, Determinación de hecho número cuarenta y uno (41), pág. 240.
26Íd., Determinaciones de hechos número cuarenta y tres (43) y cuarenta y cuatro (44).
27Íd., Determinación de hecho número cuarenta y cinco (45).
28Íd., Determinación de hecho número cuarenta y dos (42). CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 48
candidatos, cumplieran con todos los requisitos del
supra. Esto incluyó ser residentes de Puerto Rico o
Washington, D.C. No obstante, la elección de un delegado
por nominación directa no implica que éste pueda satisfacer
tardíamente los requisitos al momento de jurar al cargo,
según planteó el Querellado. Tampoco luego de que la CEE
emitiera el certificado de elección, tal y como concluyó el
Tribunal de Apelaciones. En cambio, y según se precisó en
el Acápite II(C), en el caso de un funcionario electo por
nominación directa, éste debe satisfacer los requisitos al
momento de la elección, a saber: el 16 de mayo de 2021.
Ello, pues, como cuestión de hermenéutica jurídica y a tenor
con lo resuelto por este Tribunal en Tonos Florenzán v.
Bernazard, supra, no se justifica el cumplimiento de los
requisitos en un momento posterior.
Como se aprecia, el requisito de residencia no puede
tratarse como uno proforma, sino que, más bien, constituye
un ingrediente de carácter sustantivo que impide que
candidatos potenciales, aun si cumplieran con los otros
requisitos que impone el Artículo 8 de la Ley para crear la
Delegación Congresional, supra, sean inelegibles para
ocupar el cargo electoral si no son residentes de Puerto
Rico o Washington, D.C. Esto, máxime, cuando no existe duda
de la validez de los requisitos de residencia y domicilio
que se establecen regularmente a cualquier persona que CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 49
potencialmente ocupará un cargo en el servicio público.29
Ello, sobre todo, cuando, como discutimos, la exigencia
dual de residencia y domicilio es germana con otras
disposiciones que establecen requisitos sustantivos para la
ocupación de un cargo en el servicio público.
En fin, reafirmo que, en primer lugar, el Tribunal de
Primera Instancia contaba con la jurisdicción para atender
los méritos de la controversia y descalificar al
exgobernador Rosselló Nevares como candidato electo al
puesto de delegado congresional. En segundo lugar, procedía
confirmar la descalificación del Querellado por no reunir
los requisitos dispuestos por el Artículo 8 de la Ley para
crear la Delegación Congresional, supra. La controversia
aquí planteada exigía que este Tribunal así lo declarara.
Toda vez que una mayoría de una Sala Especial de Verano de
este Tribunal optó por tomar una ruta contraria a la que
requería la fiel aplicación del Derecho y, con ello,
implícitamente avaló el criterio desacertado del Tribunal
de Apelaciones, disiento.
V
Nuestro ordenamiento jurídico electoral exige que se
brinde un trato igualitario en cuanto a los requisitos que
deben cumplirse para ocupar un cargo público, sin distinción
de la forma en que la persona fue electa. En este caso,
ello sólo se lograría con una interpretación armoniosa y
29Véase, Acápite II(D). CC-2021-0459 cons. con CC-2021-473 50
razonable que no sea contraria ni menoscabe la intención y
el texto de la ley. Al no adoptarse este curso de acción,
el pilar del trato igualitario que sostiene al Derecho
Electoral ha sido socavado al permitir un tratamiento
preferente y desigual en esta controversia.
Por todo lo anterior, hubiese expedido el recurso de
certiorari ante nuestra consideración, revocado al Tribunal
de Apelaciones y, en su lugar, confirmado el dictamen del
Tribunal de Primera Instancia.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado
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