Roig Pou Y Otros v. Registro Demográfico De Puerto Rico

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: September 20, 2019
• Docket: CC-2018-637
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rafael L. Roig Pou y otros

Ex parte Certiorari Peticionarios 2019 TSPR 181 v. 203 DPR ____ Registro Demográfico de Puerto Rico

Agencia Recurrida

Número del Caso: CC-2018-0637

Fecha: 20 septiembre de 2019

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón – Carolina, Panel VII

Abogado de la parte peticionaria:

Lcdo. Diego J. Loinaz Martín

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Isaías Sánchez Báez Procurador General

Lcdo. Pedro A. Vázquez Montijo Subprocurador General

Lcda. Miriam Álvarez Archilla Procuradora General Auxiliar

Materia: Sentencia con Opiniones de Conformidad

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ex parte

Peticionarios CC-2018-0637 Certiorari

v.

Registro Demográfico de Puerto Rico

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de septiembre de 2019.

Examinada la petición de certiorari, presentada en el caso de epígrafe, se expide el auto solicitado y se dicta Sentencia mediante la cual revocamos la Resolución del Tribunal de Apelaciones emitida el 13 de junio de 2018, notificada el 14 de junio de 2018.

En consecuencia, autorizamos la solicitud de modificación de apellidos presentada por el Sr. Rafael Luis Roig Pou y la Sra. Ana Servanda Moyka Fleytas. Ordenamos al Registro Demográfico de Puerto Rico a interponer un guion entre los apellidos paterno y materno de los menores Carlos Daniel Roig Moyka y Rafael Andrés Roig Moyka, de modo que lean “Carlos Daniel Roig-Moyka” y “Rafael Andrés Roig-Moyka”, respectivamente. Además, autorizamos a que se expidan sus certificados de nacimiento conforme a la modificación anterior.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión de Conformidad. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió una Opinión de Conformidad a la cual se unieron la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión de Conformidad a la cual se unieron la Jueza Presidenta Oronoz Rodríg uez,la CC-2018-0637 2

Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez.

José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rafael L. Roig Pou y otros Ex parte Peticionarios v. CC-2018-0637 Registro Demográfico de Puerto Rico Agencia Recurrida

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión de conformidad.

Hoy rechazamos una interpretación del Art. 31 de

la Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, infra,

que imposibilitaba que unos padres unieran mediante un

guion los apellidos paterno y materno de sus hijos.

Estoy conforme con esta determinación. Sin embargo, me

expreso por separado pues este Tribunal debió, además,

atender el planteamiento constitucional que adujeron

los peticionarios, a saber: que su derecho fundamental

a la intimidad impedía que el Estado regulara el nombre

y apellido que dieron a sus hijos pues no existía un

interés gubernamental apremiante que lo autorizara. A

continuación, detallo los hechos que dieron lugar a

este caso. CC-2018-0637 2

I

En junio de 2017, los esposos Rafael Luis Roig Pou y Ana

Servanda Moyka Fleyta (los esposos o peticionarios)

presentaron una petición ante el Tribunal de Primera

Instancia para solicitar que se les permitiera modificar los

apellidos de sus hijos menores de edad de forma que el

apellido paterno “Roig” y el apellido materno “Moyka” se

unieran mediante un guion para formar un solo apellido: “Roig-

Moyka”. Lo anterior, al amparo del procedimiento que

instituye el Art. 31 de la Ley del Registro Demográfico de

Puerto Rico, Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, 24 LPRA

sec. 1231, para cambiar, adicionar o modificar un nombre o

apellido. En lo pertinente, este dispone:

El cambio, adición o modificación de nombre o apellido sólo podrá hacerse a instancia del interesado, quien deberá presentar ante cualquier Sala del Tribunal de Distrito la oportuna solicitud, expresando bajo juramento los motivos de su pretensión, acompañada de la prueba documental pertinente en apoyo de su solicitud. Copia de la solicitud y de toda la prueba documental le será remitida al Ministerio Fiscal simultáneamente con su radicación.

Transcurridos diez (10) días desde la remisión y notificación al Ministerio Fiscal, sin que éste haya formulado objeción alguna, el tribunal entenderá y resolverá los méritos de la petición sin necesidad de celebrar vista o discrecionalmente podrá celebrar vista de estimarlo procedente y dictará el auto que proceda. El auto en que se autorice el cambio, adición o modificación de nombre o apellido se inscribirá en el antiguo Registro Civil mediante anotación extendida al margen de la inscripción de nacimiento del interesado y al margen de la partida de su matrimonio. El cambio, adición o modificación de nombre o apellido se verificará en el Registro General Demográfico tachando en el certificado de nacimiento y en la certificación de la celebración del matrimonio del interesado el nombre o apellido CC-2018-0637 3

sustituido y consignando el nuevo nombre o apellido autorizado por el tribunal. Las tachaduras se harán de modo que siempre pueda leerse el nombre o apellido suprimido.1

Como se aprecia, esta disposición recoge los requisitos

para solicitar un cambio de nombre o apellido en nuestra

jurisdicción. Estos son: (1) que el cambio lo solicite la

parte interesada; (2) que presente la solicitud en un Tribunal

de Primera Instancia; (3) que en esa solicitud se expresen

bajo juramento los motivos en los que se funda, y (4) que

someta para el examen del tribunal aquella prueba documental

que resulte pertinente y apoye su solicitud. Íd.

Aunque los esposos cumplieron cabalmente con estos

requisitos,2 el Registro se opuso. Primero, arguyó que la Ley

del Registro Demográfico, supra, no autoriza cambios a

nombres o apellidos salvo en circunstancias excepcionales.3 A

esos efectos, enumeró aquellas circunstancias que, en su

opinión, permitirían el cambio. Entre estas, identificó la

acción de impugnación de paternidad o maternidad, los

procedimientos de adopción y las solicitudes dirigidas

únicamente a corregir errores en las constancias del

Registro.4

En segundo lugar, el Registro planteó que aceptar la

modificación que solicitaron los padres implicaría crear un

nuevo apellido, lo cual “rompe todo tracto exacto y perfecto

1 Art. 31 de la Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, 24 LPRA sec. 1231, según enmendada. 2 Petición, Apéndice, pág. 44; Moción de Errata y Solicitud de Enmienda a

Petición, Apéndice, pág. 72. 3 Moción Informativa, Apéndice, págs. 68-69. 4 Íd., pág. 69. CC-2018-0637 4

que deben tener los asientos registrales”, ya que en el

certificado de nacimiento de los menores constaría un

apellido “totalmente diferente al de sus padres”.5 El Registro

añadió que, de autorizarse la modificación, no sabría si

ubicar el “nuevo apellido” en el encasillado paterno o materno

del formulario.6 Incluso, el Registro alegó que la solicitud

debería denegarse puesto que “la Ley del Registro Demográfico

no reconoce o menciona el uso de símbolos o caracteres […] en

la creación de nombres o apellidos” y que lo contrario

redundaría en la inscripción de “nombres extravagantes”, lo

cual está expresamente prohibido por el Art. 19 de la Ley del

Registro Demográfico, 24 LPRA sec. 1133.7 Cabe destacar que –

bajo la facultad que le concede el Art. 31, supra– el

Ministerio Público compareció en apoyo del Registro.8

Así, el Tribunal de Primera Instancia acogió los

argumentos que esbozó el Registro y denegó la Petición.

Inconformes, los peticionarios acudieron al Tribunal de

Apelaciones mediante una petición de certiorari, pero este

se negó a expedir el recurso. Posteriormente, denegó

una solicitud de reconsideración. Finalmente, los

esposos recurrieron ante este Tribunal y, en reconsideración,

5 Moción Informativa, Apéndice, pág. 70. 6 Íd. 7 Réplica a Moción de Errata y Solicitud de Enmienda a Petición, Apéndice,

pág. 77. Posteriormente, en una comparecencia ante este Tribunal, el Registro indicó que su posición se fundamenta en el imperativo de “no acceder a peticiones frívolas ni caprichosas, sobre cambios en el Registro Demográfico”. Escrito Mostrando Causa, pág. 7. 8 Moción Informativa, Apéndice, pág. 132 (“El Ministerio Público coincide

con lo expresado por la Asesora Legal del Registro Demográfico […]. Lo solicitado por la parte Peticionaria constituiría la creación de un nuevo apellido compuesto, del cual no hay un tracto registral”.). CC-2018-0637 5

expedimos el recurso de certiorari que presentaron.

II

Con sabiduría, este Tribunal -de manera unánime, aunque

por fundamentos distintos- siguió el único curso de acción

que autoriza el Derecho: revocar la Resolución que emitió el

Tribunal de Apelaciones y permitir que se modifique el

apellido de dos menores según lo solicitaron sus padres.

No cabe duda de que el Registro y los foros recurridos

añadieron requisitos para modificar un nombre o apellido que

el Art. 31 de la Ley del Registro Demográfico, supra, no

contempla. Debe quedar claro que una solicitud de cambio de

nombre o apellido no está supeditada a que exista un error en

el Registro o que esté presente alguna circunstancia

“excepcional”, como dictaminó el foro primario. Reitero, el

estatuto no lo exige.9

Ahora bien, distinto al parecer de varios miembros de

esta Curia, la negativa de los tribunales recurridos a

autorizar el cambio de apellido no se circunscribió a una

interpretación errada, y por demás restrictiva, del Art. 31

la Ley del Registro Demográfico, supra. Una lectura de la

posición del Registro permite identificar argumentos que

atañen a aspectos prácticos y operacionales sobre el

funcionamiento del Registro Demográfico. En vista de que el

9“El Juez es un intérprete, y no un creador. Su facultad de interpretación adquiere relevancia cuando del estatuto surgen varios significados probables que suministran un margen adecuado para selección judicial, pero si el lenguaje es tan inequívoco que postula un solo significado, un sentido cabal de humildad y autodisciplina judicial requiere la aplicación de la voluntad legislativa”. Clínica Juliá v. Sec. de Hacienda, 76 DPR 509, 521 (1954). CC-2018-0637 6

estatuto autoriza al Estado a levantar objeciones de tal

naturaleza,10 procedía que este Tribunal atendiera los

planteamientos del Estado de manera cabal y definitiva.

Precisaba examinar, por ejemplo, interrogantes como:

¿Hasta qué punto el Estado puede regular, limitar o prohibir

los nombres y apellidos que los padres dan a sus hijos? ¿Es

suficiente con que el Estado aduzca consideraciones prácticas

o de funcionamiento operacional para sostener una denegatoria

de cambio de nombre o apellido? ¿Puede el Estado denegar una

petición de cambio de nombre o apellido por entender que es

“frívola” o “caprichosa”, o por entender que resultaría en un

“nombre extravagante”?

Nuestra Constitución, en su Artículo II, sección 8, nos

ofrece dirección para atender tales interrogantes. Dispone

que “[t]oda persona tiene derecho a protección de ley contra

ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida

privada o familiar”. Const. ELA, Art. II, sec. 8.11 Resolvimos

al respecto, que el derecho a la intimidad es uno fundamental

que, en esta jurisdicción, aplica ex proprio vigore, por lo

que no se requiere legislación para exigir su cumplimiento.

10 “Transcurridos (10) días desde la remisión y notificación, sin que [el Ministerio Público] haya formulado objeción alguna, el tribunal entenderá y resolverá los méritos de la petición sin necesidad de celebrar vista […]”. Art. 31, supra. 11 El Tribunal Supremo federal reconoce, además, que existe un derecho

constitucional fundamental a la intimidad, aunque al amparo del debido proceso de ley sustantivo. Véase Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 US 833, 851 (1992) (“These matters, involving the most intimate and personal choices a person may make in a lifetime, choices central to personal dignity and autonomy, are central to the liberty protected by the Fourteenth Amendment. At the heart of liberty is the right to define one’s own concept of existence, of meaning, of the universe, and of the mystery of human life. Beliefs about these matters could not define the attributes of personhood were they formed under compulsion of the State.”) (Énfasis suplido). CC-2018-0637 7

P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR 328 (1983). En apego a la

disposición constitucional, este Tribunal, así como el

Tribunal Supremo federal, reconocen que el derecho

constitucional a la intimidad prohíbe que el Estado se

inmiscuya en las decisiones que toman los padres sobre la

crianza de sus hijos en ausencia de un interés gubernamental

apremiante. Rexach v. Ramírez Vélez, 162 DPR 130 (2004);

Troxel v. Granville, 530 U.S. 57 (2000); Pierce v. Society of

Sisters, 268 U.S. 510 (1925); Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390

(1923). Al respecto, expresamos:

En la sociedad democrática organizada alrededor de los derechos fundamentales del hombre, el Estado ha de reducir a un mínimo su intervención con sensitivas urdimbres emocionales como lo son las relaciones de familia. La intromisión en la vida privada sólo ha de tolerarse cuando así lo requieran factores superantes de salud y seguridad públicas o el derecho a la vida y a la felicidad del ser humano afectado.12

Sin duda, seleccionar el nombre de sus hijos es una

decisión trascendental para todo padre o madre,13 y está

ligada entrañablemente al proceso de crianza y formación de

estos. Henne v. Wright, 904 F.2d 1208, 1217 (8th Cir. 1990)

(C.J. Arnold, opinión concurrente en parte y disidente en

parte) (“The right to name one’s child seems to me, if

anything, more personal and intimate, less likely to affect

people outside the family, than the right to send the child

12García Santiago v. Acosta, 104 DPR 321, 324 (1975). 13Véase Carlton F.W. Larson, Naming Baby: The Constitutional Dimensions of Parental Naming Rights, 80 Geo. Wash. L. Rev. 159, 161–62 (2011) (“The importance of this legal regime can scarcely be overstated: the selection of a child's name, which he or she will likely bear for the rest of his or her life, is one of the most significant decisions parents will ever make.”). CC-2018-0637 8

to a private school, Pierce v. Society of Sisters, 268 U.S.

510, 45 S.Ct. 571, 69 L.Ed. 1070 (1925), or to have the child

learn German, Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390, 43 S.Ct. 625,

67 L.Ed. 1042 (1923).”).14 Por tanto, el Registro se equivoca

cuando afirma que “[c]laramente el nombre y apellidos de una

persona es lo menos íntimo que puede tener”.15 La constancia

de un nombre y un apellido como un dato público no descarta

que su selección constituye una decisión sumamente privada e

íntima que se toma en el seno familiar.

La falta de disponibilidad de encasillados en cierto

formulario, la opinión sobre el buen o mal gusto de cierta

combinación de apellidos, o asuntos vinculados a la

conveniencia administrativa o modus operandi de los

funcionarios del Registro son argumentos que jamás

constituyen intereses apremiantes capaces de derrotar el

ejercicio de derechos fundamentales y las prerrogativas que

se derivan de ellos, como lo es la facultad de los padres a

escoger los nombres de sus hijos. Véase Carlton F.W. Larson,

Naming Baby: The Constitutional Dimensions of Parental Naming

Rights, 80 Geo. Wash. L. Rev. 159, 183 (2011) (“Justifications

based on administrative convenience and bookkeeping

requirements will be unavailing under strict scrutiny.”).

14 Incluso, no debe descartarse que otros derechos constitucionales fundamentales también estén implicados en la decisión de escoger el nombre y apellidos de los hijos. “The question could well be analyzed as a First Amendment issue. What I call myself or my child is an aspect of speech. When the State says I cannot call my child what I want to call her, my freedom of expression, both oral and written, is lessened”. Henne v. Wright, 904 F.2d 1208, 1216 (8th Cir. 1990) (C.J. Arnold, opinión concurrente en parte y disidente en parte). Véase Larson, supra, pág. 181(“Naming a child […] is a deeply expressive act”). 15 Escrito Mostrando Causa, pág. 14. CC-2018-0637 9

Este Tribunal, como cuestión de hecho, eximió al Estado

(Registro) de su obligación de demostrar que su intromisión

en el derecho fundamental de los padres promovía un interés

gubernamental apremiante. Ello preocupa, pues la Mayoría

sugiere que la procedencia de un cambio de nombre o apellido

descansa enteramente en la discreción del Juez que viene

llamado a sopesar los méritos de la solicitud. Tal

interpretación se aparta de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico y de la Constitución federal, las

cuales limitan significativamente el poder del Estado para

regular la facultad de los padres de escoger los nombres de

sus hijos.

En fin, sostengo que la deferencia que exige la regla de

autolimitación judicial “termina cuando se evidencia que el

Estado quebrantó la Constitución”. AMPR v. Sist. Retiro

Maestros IV, 190 DPR 854, 878 (2014). Lo contrario supondría

una abdicación de nuestro deber elemental de salvaguardar los

derechos civiles de los ciudadanos frente al Estado. Íd.16

Hemos tomado otro camino, pero al hacerlo, permitimos que el

Estado vulnere un derecho fundamental en nuestro

ordenamiento: el derecho a la intimidad. Este Tribunal debió

inclinar la balanza hacia un curso de acción que protegiera

de frente, y sin ambages, este derecho. Perdimos una gran

oportunidad.

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta

16No podemos perder de vista que la regla de autolimitación judicial que se invoca para soslayar el análisis constitucional en este caso está basada en criterios de prudencia, por lo que da margen al uso de discreción por parte de los tribunales en circunstancias apropiadas. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rafael L. Roig Pou y otros Ex parte

Peticionarios

v. CC-2018-0637

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES a la cual se unieron la Jueza Asociada señora PABÓN CHARNECO y el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN

Un análisis estatutario de la Ley del Registro

Demográfico de Puerto Rico, Ley Núm. 24 de 22 de

abril de 1931, 24 LPRA sec. 1041 et seq., demuestra

que esta provee el proceso para el cambio de apellido

solicitado por la parte peticionaria. Por eso, estoy

conforme con revocar mediante sentencia la

resolución del Tribunal de Apelaciones y ordenar el

cambio de apellido en el Registro Demográfico.

El Sr. Rafael Luis Roig Pou y la Sra. Ana

Servanda Moyka Fleytas presentaron una petición

sobre ad perpetuam rei memoriam ante el Tribunal de CC-2018-0637 2

Primera Instancia, con el propósito de modificar los

apellidos de sus hijos. Se ampararon en el procedimiento

dispuesto por el Art. 31 de la Ley del Registro Demográfico,

supra, 24 LPRA sec. 1231. Solicitaron que se unieran mediante

un guion los apellidos paterno y materno de sus hijos.

El Registro Demográfico se opuso al cambio y el tribunal

declaró no ha lugar la petición. Entendió que la petición

sobre ad perpetuam rei memoriam no era la adecuada para el

cambio solicitado y que las constancias del Registro solo

podían ser enmendadas a manera de excepción. El foro

apelativo denegó revisar.

Una simple lectura del Art. 31 revela que este permite

tanto la corrección de errores en el certificado como el

cambio de nombres y apellidos a instancia de la persona

interesada. Para el cambio de nombres y apellidos, la ley no

requiere que existan circunstancias extraordinarias ni justa

causa.

Citaremos el artículo en toda su extensión para ilustrar

nuestro planteamiento:

El Secretario de Salud preparará, hará imprimir y facilitará a los encargados de registros todos los libros, impresos y formas que han de usarse para inscribir los nacimientos, casamientos y defunciones que ocurran o se celebren en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o que fueren necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta parte, y preparará y distribuirá aquellas instrucciones detalladas que no estén en conflicto con las disposiciones de esta parte y que pudieran ser necesarias para la aplicación uniforme de la misma para el mantenimiento de un perfecto sistema de registro; y para tales fines no podrán usarse otros libros, impresos y formas que aquellos que suministre el Secretario de Salud. Dicho Secretario hará que los certificados que se reciban CC-2018-0637 3

mensualmente en su Departamento procedentes de los encargados de registros sean examinados cuidadosamente y requerirá la información adicional que sea necesaria en aquellos que aparezcan incompletos o defectuosos, para lo cual toda persona que tenga conocimiento de hechos concernientes a cualquier nacimiento, casamiento o defunción, estará obligada a suministrar dicha información, cuando a ello sea requerida por el Secretario de Salud en persona o por medio de su representante acreditado, por correo, o por conducto del Registrador del distrito; Disponiéndose, que las omisiones o incorrecciones que aparezcan en cualquier certificado antes de ser registrado en el Departamento de Salud podrán ser salvadas insertando las correcciones o adiciones necesarias en tinta roja en dicho certificado, pero luego de haber sido archivado en el Departamento de Salud, no podrá hacerse en los mismos rectificación, adición ni enmienda alguna que altere sustancialmente el mismo, sino en virtud de orden del Tribunal de Distrito, cuya orden, en tal caso, será archivada en el Departamento de Salud haciendo referencia al certificado a que corresponda; Disponiéndose, sin embargo, que cuando el reconocimiento de un hijo natural se hiciere en documento público o en una declaración jurada bastará la presentación de dicho documento o declaración para que el encargado del Registro Demográfico proceda a inscribir el mismo, y a ese efecto, se llenará el correspondiente certificado de inscripción; Disponiéndose, además, que en caso de que el nacimiento de tal hijo hubiera sido previamente inscrito se llevará al certificado los datos adicionales que resulten de tal reconocimiento. Para obtener dicha orden deberá presentar el interesado una solicitud a la Sala del Tribunal de Distrito de su domicilio, exponiendo bajo juramento su pretensión y formulándola debidamente acompañada de la prueba documental pertinente en apoyo de su solicitud. Copia de la solicitud y de toda la prueba documental le será remitida al Ministerio Fiscal simultáneamente con su radicación quien deberá formular su posición dentro del término de diez (10) días. Transcurridos diez (10) días desde la remisión y notificación al Ministerio Fiscal sin que éste haya formulado objeción alguna, el tribunal entenderá y resolverá los méritos de la petición sin necesidad de celebrar vista, o discrecionalmente podrá celebrar vista de estimarlo procedente y dictará el auto que proceda. CC-2018-0637 4

El auto en que se autorice la rectificación o enmienda de un asiento en el antiguo Registro Civil se inscribirá mediante anotación extendida en debida forma al margen de la inscripción rectificada. La rectificación, adición o enmienda de un certificado ya archivado en el Registro General Demográfico se hará insertando en él las correcciones, adiciones o enmiendas autorizadas por el tribunal. Las tachaduras que fueren necesarias se harán de modo que siempre se pueda leer la palabra tachada. El cambio, adición o modificación de nombre o apellido sólo podrá hacerse a instancia del interesado, quien deberá presentar ante cualquier Sala del Tribunal de Distrito la oportuna solicitud, expresando bajo juramento los motivos de su pretensión, acompañada de la prueba documental pertinente en apoyo de su solicitud. Copia de la solicitud y de toda la prueba documental le será remitida al Ministerio Fiscal simultáneamente con su radicación. Transcurridos diez (10) días desde la remisión y notificación al Ministerio Fiscal, sin que éste haya formulado objeción alguna, el tribunal entenderá y resolverá los méritos de la petición sin necesidad de celebrar vista o discrecionalmente podrá celebrar vista de estimarlo procedente y dictará el auto que proceda. El auto en que se autorice el cambio, adición o modificación de nombre o apellido se inscribirá en el antiguo Registro Civil mediante anotación extendida al margen de la inscripción de nacimiento del interesado y al margen de la partida de su matrimonio. El cambio, adición o modificación de nombre o apellido se verificará en el Registro General Demográfico tachando en el certificado de nacimiento y en la certificación de la celebración del matrimonio del interesado el nombre o apellido sustituido y consignando el nuevo nombre o apellido autorizado por el tribunal. Las tachaduras se harán de modo que siempre pueda leerse el nombre o apellido suprimido. Art. 31, 24 LPRA sec. 1231 (énfasis nuestro).

Cuando se aprobó la Ley del Registro Demográfico en

1931, el Art. 31 era, en esencia, lo que es ahora el primer

párrafo de dicho artículo, con excepción de la parte sobre

el reconocimiento de un hijo natural, que se añadió mediante

enmienda algunos años después. Ley Núm. 117 de 12 de mayo de CC-2018-0637 5

1943, 1943 Leyes de Puerto Rico 349-351. El Art. 31 explicaba

las funciones del entonces Comisionado de Sanidad para

mantener los registros de nacimientos, casamientos y

defunciones. Además, establecía que los errores en

certificados que no habían sido registrados se podían

corregir, pero que luego de archivado en el Registro,

cualquier rectificación, adición o enmienda que alterara

sustancialmente el certificado, requería hacerse mediante

orden de un tribunal.

No existía un estatuto que autorizara el cambio de

nombres o apellidos. Este Tribunal se enfrentó a ese

obstáculo en 1946 cuando una señora solicitó el cambio de su

apellido mediante una información ad perpetuam rei memoriam.

Ex Parte Pérez Hernández, 65 DPR 938 (1946). Dijimos

entonces: “Ni en la Ley de Registro Civil de 1911, ni en la

Ley del Registro Demográfico de 1931 que vino a sustituirle,

ni en ninguna otra ley, se autoriza procedimiento alguno para

cambiar nombres o apellidos, en el registro civil de ayer o

en el registro demográfico de hoy”. Íd., pág. 942.

En aquel caso, se aprobó la información ad perpetuam

rei memoriam solicitada. La peticionaria solo quería

perpetuar el hecho de que siempre le habían conocido por

Romana Torres, y no por Romana Pérez. Ese hecho resultaba de

la prueba, y no había evidencia de que el cambio perjudicara

a alguna persona. Sin embargo, comentamos que a “la

Legislatura incumbe actuar para corregir lo que entendemos

es un defecto en nuestra legislación. Debe existir un CC-2018-0637 6

procedimiento sencillo para autorizar o reconocer el cambio

de nombres y apellidos en casos adecuados, como existe en

los estados de la Unión americana, y como existía en Puerto

Rico bajo la soberanía española”. Íd., pág. 943.

En 1950, la Asamblea Legislativa atendió esta

preocupación y enmendó la ley para, entre otras cosas,

“establecer el procedimiento para la rectificación, adición

o enmienda de las inscripciones” y para “establecer el

procedimiento para el cambio de nombre o apellido”. Ley Núm.

119 de 26 de abril de 1950, 1950 Leyes de Puerto Rico 305.

La enmienda al Art. 31 estableció un proceso para obtener la

orden del tribunal necesaria para la rectificación, adición

o enmienda de certificados ya registrados. Así, se aclaró la

parte de la ley que había creado confusiones en el pasado.17

También, la enmienda estableció un procedimiento para el

cambio, adición o modificación de apellidos. Es decir, la

17 En las Actas de la Cámara de Representantes, vemos el siguiente comentario del representante Arcilio Alvarado al proyecto de ley que luego se convirtió en la enmienda de 1950:

En Puerto Rico antes de que se resolviese por el Tribunal Supremo el caso de Ex Parte Pérez se tramitaban en las cortes de distrito unos expedientes de In (sic) Perpetuam Memoriam para corregir errores de nombre en las personas y hacer que se facilitara la expresión de la realidad en el Registro Demográfico. El caso del Supremo produjo cierta confusión y hace que sea difícil actualmente el trámite de los procedimientos. Esos procedimientos se llevan a cabo partiendo de disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española y, aplicando esa Ley en forma técnica, es que el Supremo ha resuelto que hay ciertas cosas que no se pueden tramitar como se venían tramitando. Es conveniente y necesario que haya un procedimiento oficialmente conocido, del cual se pueda depender para hacer estas correcciones. Este proyecto tiende a corregir esa situación estableciendo el procedimiento. Si se aprueba, entonces sabremos qué es lo que hay que hacer para corregir en el Registro Demográfico una dificultad o un error de nombre en la persona. Actas de la Cámara de Representantes, 17ma Asamblea Legislativa, Segunda Sesión Ordinaria, 1950, pág. 643. CC-2018-0637 7

enmienda de 1950 tuvo principalmente dos propósitos: (1)

establecer un proceso para la corrección de errores y (2)

establecer un proceso para cambio de nombre.

Más adelante, se enmendó nuevamente el Art. 31 para

“acelerar el trámite judicial en la obtención de autos,

providencias y decretos en casos ex parte de cambios y

modificaciones en los asientos y actas en los registros

demográficos”. Exposición de motivos, Ley Núm. 204 de 23 de

julio de 1974, 1974 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 110. La

enmienda le concedió un término de diez días al Ministerio

Fiscal para formular su posición respecto a los cambios

solicitados. De no hacerlo, se dispuso que el tribunal

procedería a resolver. El texto añadido por la enmienda se

escribió dos veces en el Art. 31, una vez luego del párrafo

que dispone el proceso para la corrección de errores y otra

vez luego del párrafo que dispone el proceso para cambios de

nombre y apellido. Ello abona a nuestra conclusión de que el

Art. 31 no se limita a la corrección de errores.

En este caso, el Tribunal de Apelaciones erró al evaluar

la solicitud del matrimonio Roig Pou y Moyka Fleytas como si

se tratase de la corrección de un error. El Art. 31 (en la

parte que hemos enfatizado en negritas) establece un

procedimiento para solicitar el cambio de nombre y apellidos.

Se trata de un proceso bastante sencillo. En síntesis, la

parte interesada presenta su solicitud ante el Tribunal de

Primera Instancia, junto con los motivos de su pretensión.

Luego, el juez le concede un término al Ministerio Fiscal CC-2018-0637 8

para presentar sus objeciones, si alguna, y hecho eso,

resuelve los méritos de la petición. Adviértase que los

últimos dos párrafos del Art. 31, que es la parte que nos

compete, no requieren circunstancias excepcionales ni

justificación válida para realizar un cambio de nombre o

apellido. Por lo tanto, las objeciones del gobierno no pueden

ir dirigidas a que el tribunal prohíba lo que la ley permite

ni a exigir lo que la ley no requiere. Por eso, el campo de

discreción del tribunal para denegar la solicitud de cambio

de nombre o apellido es limitado.

Lo discutido anteriormente es suficiente para resolver

el caso mediante una sentencia sencilla, como hemos hecho.

Sin embargo, una minoría de este Tribunal opina que era

necesario evaluar el ángulo constitucional de la

controversia. Los tribunales deben evitar cuestiones

constitucionales si el caso puede ser resuelto por otros

motivos. R. E. Bernier y J. A. Cuevas Segarra, Aprobación e

interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San

Juan, Publicaciones JTS, 1987, págs. 328-329. “Es bien

conocida la norma de que los tribunales no deben abordar

planteamientos de índole constitucional cuando se puede

disponer del caso en armonía con los intereses del apelante

y en consonancia con los mejores fines de la justicia”.

Pueblo ex rel M.G.G., 99 DPR 925, 927 (1971). CC-2018-0637 9

En Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521,

540-541 (1993), reiteramos esa norma de autolimitación

judicial, y dijimos que:

En Ashwander v. Valley Authority, 297 U.S. 288, 345 (1936), el Juez Brandeis sentó las pautas adoptadas posteriormente por el propio Tribunal Supremo federal para decidir si debe considerar o no cuestiones constitucionales que le han sido planteadas. Señaló:

“... The Court will not pass upon a constitutional question although properly presented by record, if there is also present some other ground upon which the case may be disposed of. This rule has found most varied application. Thus, if a case can be decided on either of two grounds, one involving a constitutional question, the other a question of statutory construction or general law, the Court will decide only the latter. Ashwander v. Valley Authority, supra, pág. 347.

Nosotros hemos adoptado ésta y las demás limitaciones señaladas en Ashwander v. Valley Authority, supra. Molina v. C.R.U.V., 114 D.P.R. 295, 324 (1983); Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 728 (1982); Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772, 783-784 (1968); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 596-598 (1958). En estos casos hemos reiterado la norma de que los tribunales no deben pasar juicio sobre la constitucionalidad de las leyes cuando se puede resolver el caso con arreglo a otros criterios y fundamentos. Particularmente en Pacheco v. Srio. Instrucción Pública, 108 D.P.R. 592, 601 (1979), dijimos que los tribunales no entrarán a determinar la validez constitucional de una ley si en el caso existen otros planteamientos no constitucionales, a base de los cuales se podría dictar sentencia. En vista de esta clara y conocida doctrina establecida sobre abstención judicial, una vez el tribunal de instancia decidió varios planteamientos jurídicos ordinarios a favor de la Facultad, Inc., no había necesidad de dilucidar la cuestión constitucional que le fuera planteada y debió abstenerse de hacerlo. CC-2018-0637 10

Este es otro caso donde aplica esa norma saludable de

autolimitación. El Art. 31, supra, atiende la controversia y

provee el remedio que aquí se solicita.

III

Como último señalamiento, vale mencionar que la parte

peticionaria identificó incorrectamente su petición como una

ad perpetuam rei memoriam. La información ad perpetuam cabe

para perpetuar cualquier hecho, con tal de que no resulte en

perjuicio a una persona cierta y determinada. Ex Parte Pérez,

supra, pág. 943. “Dentro de los estrechos límites de la

información ad perpetuam no cabe una orden disponiendo el

cambio de un nombre o apellido. Todo lo que cabe es una

providencia que disponga se perpetúe el testimonio”. Íd.,

pág. 941. Lo correcto, según el marco legal vigente, es

solicitar un cambio de nombre al amparo del Art. 31 de la

Ley del Registro Demográfico, supra. Sin embargo, el nombre

no hace la cosa. “Cualquier defecto en la denominación del

pleito o en la súplica del remedio, no será óbice para que

el tribunal conceda el remedio que proceda de acuerdo con

las alegaciones y la prueba”. Regla 71 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V.

La parte peticionaria hizo una petición válida al amparo

del Art. 31 y así debió considerarse. Procede declararla con

lugar y ordenar el cambio de apellido en el Registro

Demográfico.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ, a la cual se unen la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ, la Juez Asociada señora RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

En esta ocasión, corresponde a este Tribunal determinar si,

conforme a nuestro ordenamiento jurídico, procedía que los foros

recurridos denegaran la solicitud presentada por los padres de

unos menores de edad, quienes únicamente interesan consolidar

los apellidos de sus hijos mediante la inclusión de un guion

entre sus apellidos paterno y materno. Toda vez que este Foro

respondió en la negativa, estoy conforme con lo hoy dictaminado.

La importancia de este reclamo amerita exponer el cuadro

fáctico y procesal en el que se suscitó la controversia ante

nuestra consideración, así como el Derecho que gobierna la

misma. CC-2018-0637 2

El 2 de junio de 2017, el Sr. Rafael Luis Roig Pou y la Sra.

Ana Servanda Moyka Fleytas (peticionarios o esposos Roig-Moyka)

presentaron una Petición sobre ad perpetuam rei memoriam ante

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Allí

informaron ser los padres de los menores Carlos Daniel Roig

Moyka y Rafael Andrés Roig Moyka, un par de gemelos que nacieron

en San Juan, Puerto Rico, el 25 de febrero de 2003. Amparados

en el procedimiento para el cambio, adición o modificación de

nombre o apellidos estatuido en el Artículo 31 de la Ley del

Registro Demográfico de Puerto Rico, infra, los peticionarios

manifestaron su deseo de consolidar los apellidos de sus hijos

mediante un guion entre éstos, de modo que leyeran “Carlos

Daniel Roig-Moyka” y “Rafael Andrés Roig-Moyka”.18

Sin embargo, el 28 de junio de 2017, el Registro Demográfico

de Puerto Rico (Registro Demográfico) se opuso a lo solicitado.

Según adujo, el mecanismo establecido en el Artículo 31

de la Ley del Registro Demográfico, infra,está disponible

exclusivamente para corregir los errores que puedan

existir en un certificado de nacimiento. Sobre el

particular, el Registro Demográfico argumentó que acceder a lo

18Aunquelos esposos Roig-Moyka intitularon su petición como una de ad perpetuam rei memoriam, lo que realmente solicitaron fue la modificación de los apellidos de sus hijos al amparo del Art. 31 de la Ley del Registro Demográfico, 24 LPRA sec. 1231. No obstante, ese error de modo alguno incide en los méritos sustantivos de su pedido, pues, en nuestra jurisdicción, es norma trillada que el nombre no hace la cosa. Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 DPR 545, 567 (2009); Meléndez Ortiz v. Valdejully, 120 DPR 1, 24 (1988); Comisión Servicio Público v. Tribl. Superior, 78 DPR 239 (1955). CC-2018-0637 3

solicitado por los peticionarios equivaldría a adscribirle un

lenguaje liberal y expansivo a la Ley del Registro Demográfico,

infra, que resultaría incompatible con lo resuelto por una

Mayoría de este Tribunal en Delgado, Ex parte, 165 DPR 170

(2005).

Por último, el Registro Demográfico argumentó que el cambio

peticionado daría al traste con las constancias registrales

existentes, pues entendía que el mismo presupondría la creación

de un nuevo apellido que resultaría distinto al de los esposos

Roig-Moyka. Sobre el particular, el Registro Demográfico expresó

que:

[L]o solicitado es usar la unión de dos apellidos mediante símbolos o caracteres para crear uno nuevo para el cual no se justifica procedencia alguna [.] Aquí no hay un tracto registral del cual surja este nuevo apellido. La creación de este nuevo apellido rompe con todo tracto exacto y perfecto que deben tener los asientos registrales. Estamos ante la disyuntiva de saber si este nuevo apellido se colocaría en el encasillado paterno o materno [.] Una vez roto ese tracto [,] el mismo certificado de nacimiento se contradeciría de su propia faz, esto porque los menores constarían con un apellido totalmente diferente al de sus padres.19

En respuesta, los peticionarios argumentaron que el procedimiento

dispuesto en el Artículo 31 de la Ley del Registro Demográfico, infra,

se puede invocar para tramitar, aparte de cambios de naturaleza

correctiva, otros tipos de modificaciones, siempre que la alteración

solicitada no presuponga un cambio real y sustancial en las

constancias registrales. A tono con ello, arguyeron que la

unión del apellido paterno y materno de sus hijos por un guion

no constituía un cambio sustancial, pues de ninguna manera

19Moción informativa, apéndice del certiorari, pág. 70. CC-2018-0637 4

suprimía la información que ya constaba en el Registro

Sin embargo, el 19 de diciembre de 2017, el Tribunal de

Primera Instancia denegó la solicitud de los esposos Roig-

Moyka. Aludiendo al texto del Artículo 31 de la Ley del

Registro Demográfico, infra, y lo resuelto en Delgado, Ex

parte, 165 DPR 170 (2005), el foro primario razonó que un

cambio, adición o modificación de un nombre o apellido debía

responder a la corrección de un error u otras circunstancias

excepcionales, y que los peticionarios no habían demostrado

tener una justificación válida para ello. Además, entendió que

el cambio solicitado redundaría en la creación de un nuevo

apellido, por lo que se trataba de un cambio sustancial que no

estaba permitido por ley.

Oportunamente, los esposos Roig-Moyka solicitaron la

reconsideración del dictamen. Entre sus planteamientos,

argumentaron que si bien en Delgado, Ex parte, supra, este

Tribunal no había autorizado el cambio de sexo en un

certificado de nacimiento, sí permitió el cambio de nombre del

peticionario en dicho caso. Además, contrario a lo ocurrido en

Delgado, Ex parte, supra, arguyeron que la denegatoria del

cambio de apellido solicitado incidía sobre su derecho

constitucional a la vida privada y familiar.20 Aun así, la

reconsideración fue denegada.

20Solicitud de reconsideración, apéndice del certiorari, pág. 90. CC-2018-0637 5

Ante ese cuadro, los peticionarios presentaron un recurso

de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Allí

argumentaron que el foro primario erró al condicionar la

autorización del cambio solicitado a la existencia de una

circunstancia extraordinaria. Ello así, pues adujeron que tal

conclusión no encontraba apoyo estatutario, ni

jurisprudencial. Luego de varios incidentes procesales, el 13

de junio de 2018, el foro intermedio denegó expedir el auto

solicitado.

Posteriormente, los peticionarios solicitaron

reconsideración y trajeron a la consideración del Tribunal de

Apelaciones lo resuelto en abril de 2018 por la Corte de

Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en

Arroyo González v. Rosselló Nevares, 305 F. Supp. 3d 327 (D.

PR 2018). Ello, a fin de invitar a dicho foro a tener presente

que las conclusiones de derecho elaboradas en Delgado, Ex

parte, supra, fueron el producto de un análisis estrictamente

estatutario bajo la Ley del Registro Demográfico, infra, y no

abordaron un ángulo constitucional.21 El foro apelativo

intermedio no reconsideró.

21En Arroyo-González v. Rosselló-Nevares, 305 F. Supp. 3d 327 (D. PR 2018), la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico atendió una controversia relacionada a la constitucionalidad de la prohibición de cambio de sexo en el certificado de nacimiento de varios peticionarios. Ese foro invalidó tal prohibición, disponiendo en parte que:

The Supreme Court recognizes that ‘a constitutional right to privacy is now well established’. The majority opinion in Delgado, Ex parte, 165 DPR 170 CC-2018-0637 6

De ese modo, los peticionarios recurrieron ante este

Tribunal. Entre sus señalamientos, plantearon que los foros

inferiores erraron al razonar que la inclusión de un guion

entre los apellidos de sus hijos debía responder a

circunstancias extraordinarias. Además, argumentaron que estas

decisiones se abstrajeron de considerar los derechos

constitucionales invocados.

El 28 de enero de 2019, una Mayoría de este Tribunal expidió

en reconsideración el auto solicitado. Perfeccionado el mismo

y contando con la comparecencia de todas las partes, abordemos

el derecho aplicable a la presente controversia.

A.

La Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, 24 LPRA sec.

1041 et seq., creó un Registro General Demográfico en el

Departamento de Salud de Puerto Rico con el propósito de

registrar, coleccionar, custodiar, preservar, enmendar y

certificar hechos vitales de las personas que nacen en Puerto

Rico. 24 LPRA sec. 1042(1). De ese modo, se reconoce que su

finalidad es servir de instrumento de constatación para quienes

entran en contacto con las personas registradas.

Delgado, Ex parte, supra, pág. 187. Entre los expedientes

(2005), which defendants relied on in their opposition, is limited to the statutory interpretation of the Demographic Registry Law of Puerto Rico . . . and does not supersede this fundamental constitutional right. (Citas omitidas). Íd., pág. 332. CC-2018-0637 7

vitales contemplados por esa ley se encuentran los certificados

de nacimiento. 24 LPRA sec. 1042(10).

Las controversias relacionadas al cambio de apellidos en

el certificado de nacimiento, si bien escasas, han sido

examinadas anteriormente por este Tribunal. En Ex Parte Pérez,

65 DPR 938 (1946), este Foro atendió el caso de la Sra. Romana

Pérez, quien solicitó cambiar su apellido inscrito por

“Torres”. Ello así, pues a pesar de que su apellido paterno

inscrito coincidía con el de su padre “legítimo”, Luis Pérez,

ésta quería cambiar su apellido a “Torres”, que era por el

cual la conocían. No obstante, tras examinar de modo

restrictivo el lenguaje original de la Ley del Registro

Demográfico, supra, este Tribunal concluyó que en Puerto Rico

no existía un estatuto que autorizara el cambio de apellidos

en nuestros registros. Íd., pág. 942. De ese modo, reconocimos

que incumbía a la Asamblea Legislativa corregir lo que

catalogamos como “un defecto en nuestra legislación”, mediante

la promulgación de “un procedimiento sencillo para autorizar

o reconocer el cambio de nombres y apellidos”. Íd., pág. 943.

Eventualmente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm.

119 de 26 de abril de 1950, en la cual se modificó el lenguaje

del Artículo 31 de la Ley del Registro Demográfico, 24 LPRA

sec. 1231, a los fines de instituir un procedimiento para

cambiar, adicionar o modificar un nombre o apellido, sujeto a

lo siguiente:

[E]l cambio, adición o modificación de nombre o apellido sólo podrá hacerse a instancia del interesado, quien deberá presentar ante cualquier CC-2018-0637 8

Sala del Tribunal de Distrito la oportuna solicitud, expresando bajo juramento los motivos de su pretensión, acompañada de la prueba documental pertinente en apoyo de su solicitud. Copia de la solicitud y de toda la prueba documental le será remitida al Ministerio Fiscal simultáneamente con su radicación.

Transcurridos diez (10) días desde la remisión y notificación al Ministerio Fiscal, sin que éste haya formulado objeción alguna, el tribunal entenderá y resolverá los méritos de la petición sin necesidad de celebrar vista o discrecionalmente podrá celebrar vista de estimarlo procedente y dictará el auto que proceda. El auto en que se autorice el cambio, adición o modificación de nombre o apellido se inscribirá en el antiguo Registro Civil mediante anotación extendida al margen de la inscripción de nacimiento del interesado y al margen de la partida de su matrimonio. El cambio, adición o modificación de nombre o apellido se verificará en el Registro General Demográfico tachando en el certificado de nacimiento y en la certificación de la celebración del matrimonio del interesado el nombre o apellido sustituido y consignando el nuevo nombre o apellido autorizado por el tribunal. Las tachaduras se harán de modo que siempre pueda leerse el nombre o apellido suprimido.

En lo que concierne a los aspectos de suficiencia de la

solicitud para el cambio, adición o modificación de un nombre

o apellido, surge del texto anterior que la parte interesada

debe “[e]xpresa[r] bajo juramento los motivos de su

pretensión” y “acompaña[r] la prueba documental pertinente en

apoyo de su solicitud”. Íd. En ninguna parte del texto se

sujeta el procedimiento en cuestión a que exista -ni mucho

menos se demuestre- una circunstancia excepcional. Más

importante aún, el estatuto tampoco limita el uso de este

procedimiento exclusivamente a la corrección de errores en el

nombre o apellido. Nuestros pronunciamientos tampoco han

resuelto lo contrario. CC-2018-0637 9

En Delgado, Ex parte, supra, una Mayoría de este Tribunal,

reconociendo la existencia del procedimiento para el cambio de

nombre autorizado por la Ley del Registro Demográfico, supra,

revocó la determinación del Tribunal de Apelaciones de dejar

sin efecto el cambio de nombre –de “Alexis” a “Alexandra”- en

el certificado de nacimiento de la parte peticionaria. Lo

anterior, toda vez que este Foro concluyó que la parte había

cumplido “con todos los requisitos exigidos por la Ley del

Registro para autorizar un cambio de nombre”. (Énfasis

suplido). Íd., pág. 194. Asimismo, es de notar que en aquel

caso la solicitud de cambio de nombre no se fundamentó en la

necesidad de corregir un error material u objetivo en el

certificado de nacimiento de la parte peticionaria. Más bien,

la solicitud obedeció al deseo de que su certificado de

nacimiento reflejara el nombre por el cual se sentía

identificado y deseaba ser llamado.

Asimismo, un examen armonioso del resto de nuestro

ordenamiento jurídico disipa cualquier duda de que los cambios

de nombres o apellidos en un certificado de nacimiento

requieran demostrar la existencia de circunstancias

excepcionales o errores en el mismo. Así, por ejemplo, mediante

la Ley de asuntos no contenciosos ante notario, Ley Núm. 282-

1999, 4 LPRA secs. 2155-2166, la Asamblea Legislativa autorizó

la competencia concurrente de los notarios para conocer y tramitar,

entre otros asuntos, los procedimientos de corrección de actas CC-2018-0637 10

que obren en el Registro Demográfico y de los cambios de

nombres y apellidos. 4 LPRA sec. 2155(5).

A esos efectos, la Regla 125 del Reglamento Notarial de

Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV, establece que toda persona

interesada en cambiar su nombre o apellidos, según constan

inscritos en el Registro Demográfico, podrá tramitar el cambio

a través de un notario. Entre los cambios autorizados, se

encuentran:(1) sustituir un nombre por otro; (2) añadir un

nombre al que se tiene; (3) variar el nombre en grado tal que

afecte la manera de pronunciarlo; (3) eliminar o sustituir un

apellido, y (4) corregir un alegado error en los apellidos

inscritos. Íd. Como se puede apreciar, la corrección de errores

en el certificado de nacimiento no es la única razón reconocida

para modificar un apellido.

B.

Por otro lado, y como bien apuntan los peticionarios, no

podemos obviar que la controversia ante nos también presenta

un matiz constitucional.22 De hecho, el asunto de si el derecho

constitucional a la crianza y la toma de decisiones en el

ámbito familiar protege la prerrogativa de los padres y las

madres de escoger o cambiar los nombres y apellidos de

sus hijos e hijas ha sido estudiado extensamente.

Véanse: C. F. W. Larson, Naming Baby: The

Constitutional Dimensions of Parental Naming Rights, 80

22Tal y como señalan los peticionarios en su Moción de Reconsideración, en Delgado, Ex parte, supra, este Tribunal no tuvo ante sí un planteamiento de índole constitucional. CC-2018-0637 11

Geo. Wash. L. Rev. 159 (2011); J. S. Kushner, The Right to

Control One’s Name, 57 UCLA L. Rev. 313 (2009); B. S. Seng,

Like Father, Like Child: The Right of Parents in their

Children’s Surname, 70 Va. L. Rev. 1303 (1984).

En esa dirección, la Carta de Derechos de la Constitución

de Puerto Rico establece la inviolabilidad de la dignidad del

ser humano como principio de interpretación cardinal para

todos los derechos reconocidos en ella. Art. II, Sec. 1, Const.

ELA, LPRA, Tomo I; Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 143 (2004).

De ese modo, “[l]a dignidad humana se constituye así como punto

de referencia o valor jurídico supremo dentro del orden

constitucional”. Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177

DPR 893, 944 (2010) (Rodríguez Rodríguez, J., Opinión de

Conformidad). Es con ese preámbulo que nuestra Carta de

Derechos consagra el derecho fundamental a la intimidad y la

protección contra ataques abusivos a la honra, la reputación

y la vida privada o familiar. Art. II, Sec. 8, Const. ELA,

supra.

Al interpretar este conjunto de normas constitucionales,

hemos resuelto que el Estado tiene una doble función en

proteger los mismos: (1) “abstenerse de actuar de manera tal

que se viole el ámbito de autonomía e intimidad individual” y

(2) “actuar afirmativamente en beneficio del individuo”.

Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, supra, pág. 910,

citando a Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 DPR

178, 201 (1998). En cuanto al derecho a la intimidad, en

reiteradas ocasiones hemos expresado que este derecho se CC-2018-0637 12

lesiona, “entre otras instancias, cuando se limita la facultad

de un individuo de tomar decisiones personales, familiares o

íntimas”. Siaca v. Bahía Beach Resort, 194 DPR 559, 585 (2016),

citando a Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra,

pág. 202. Véanse: Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová,

supra; Pueblo v. Duarte Mendoza, 109 DPR 596 (1980); Figueroa

Ferrer v. ELA, 107 DPR 250 (1978).

Asimismo, este Tribunal ha reconocido que los padres y las

madres tienen un derecho fundamental a criar, cuidar y

custodiar a sus hijos, protegido tanto por la Constitución de

Puerto Rico como por la Constitución de Estados Unidos. Rexach

v. Ramírez, supra, pág. 148. Al delinear los contornos de este

derecho, hemos indicado que la zona de intimidad que cubre las

relaciones familiares responde a que éstas desempeñan un rol

cultural determinante en la transmisión de tradiciones y

creencias entre las generaciones. Íd., pág. 146, citando a

Roberts v. United States Jaycees, 468 US 609, 618-620 (1984).

Finalmente, adviértase que la prerrogativa de los padres y

las madres de tomar decisiones respecto a sus hijos e hijas

está reconocida como un derecho fundamental en el ordenamiento

constitucional federal. Véanse: Washington v. Glucksberg, 521

US 702, 720 (1997); Santosky v. Kramer, 455 US 745, 753 (1982);

Quillioin v. Walcott, 434 US 246, 255 (1978); Cleveland Board

of Education. v. LaFleur, 414 US 632, 639-640 (1974). A la luz

de esta normativa constitucional, varios tribunales federales

han reconocido específicamente el derecho de los padres a

escoger el apellido de sus hijos sin la intromisión arbitraria CC-2018-0637 13

del estado. A modo de ejemplo, véanse: Jech v. Burch, 466 F.

Supp. 714 (D. Haw. 1979); Sydney v. Pingree, 564 F. Supp. 412

(S.D. Fla. 1983). Véase, además: L. A. Foggar, Parents’

Selection of Children’s Surnames, 51 Geo. Wash. L. Rev. 583

(1983).

Expuesto el marco legal del caso, examinemos la

controversia que nos ocupa conforme al mismo.

En este caso, el Registro Demográfico arguye que el

procedimiento establecido en el Artículo 31 de la Ley del

Registro Demográfico, supra, no estaba disponible para los

peticionarios. Ello, en la medida en que éstos no basaron su

solicitud en la corrección de un error, ni articularon la

existencia de alguna otra “circunstancia excepcional” que

legitimara su pedido. Lo anterior, insiste el Registro

Demográfico, es cónsono con el tratamiento restrictivo que

este Tribunal ha dado a la Ley del Registro Demográfico, supra.

No podemos estar de acuerdo.

El argumento del Registro Demográfico, según avalado por

los foros inferiores, carece del contexto necesario. No existe

duda de que este Tribunal ha interpretado restrictivamente la

Ley del Registro Demográfico, supra, en atención a su

importancia socio-jurídica. Precisamente, ha sido a la luz de

estas consideraciones que este Tribunal ha rehusado acceder a

cambios que no han sido autorizados expresamente por la

Asamblea Legislativa. CC-2018-0637 14

No obstante, hay que tener presente que el procedimiento

para cambiar, adicionar o modificar un apellido está

autorizado expresamente por la Ley del Registro Demográfico,

supra. Más importante aún, el mismo no exige que se demuestren

los criterios insistidos por el Registro Demográfico. Es

decir, el lenguaje del Artículo 31 de la Ley del Registro

Demográfico, supra, no limita el procedimiento allí instituido

a la corrección de errores en los certificados de nacimientos.

Desde luego, la conclusión anterior no dispone de la

controversia. Aún establecido que los peticionarios podían

solicitar el cambio o modificación de los apellidos de sus

hijos por motivos no correctivos, lo cierto es que la mera

presentación de su solicitud no garantiza que sea autorizada.

En todo caso, la decisión recae en el juicio del tribunal,

quien debe justipreciar los méritos de la solicitud. Además,

es menester tener presente el derecho que la propia ley le

reconoce al Estado de intervenir en el procedimiento para

formular las objeciones que entienda procedentes. Por tanto,

el desenlace de este caso debe ser el resultado de la

contraposición de los méritos de la solicitud presentada por

los peticionarios a la luz de las objeciones formuladas por el

Registro Demográfico.

De un lado de la balanza están los intereses de los

peticionarios, quienes solo pretendían modificar los

certificados de nacimiento de sus hijos a los fines exclusivos

de unir por un guion sus apellidos paterno y materno

para que leyeran “Roig -Moyka”. De entrada, éstos CC-2018-0637 15

expresaron bajo juramento que la solicitud se hacía “[d]e

buena fe, sin la intención de evadir deudas o compromisos de

índole alguna y sin visos de ilegalidad de cualquier tipo”.23

Más bien, la solicitud se basó en el interés del matrimonio de

preservar el uso del apellido materno. Distinto a los foros

inferiores, nuestro análisis no toma livianamente el valor de

los motivos articulados por los esposos Roig-Moyka. La

consolidación de los apellidos paterno y materno mediante la

inclusión de un guion es un uso y costumbre legalmente aceptado

a nivel mundial.24

Más importante aún, los foros inferiores fallaron en

siquiera tener presente que la prerrogativa de los

peticionarios de modificar los apellidos de sus hijos está

protegida constitucionalmente. Como vimos, la Constitución de

Puerto Rico protege el derecho de los peticionarios de tomar

decisiones personales e íntimas dentro de su seno familiar,

y lo mismo ocurre bajo la Constitución de Estados

23Véase, Petición, apéndice del certiorari, pág. 45. Junto a ésta, los peticionarios también anejaron los documentos de apoyo siguientes: (1) copia de sus tarjetas de identificación (licencia de conducir); (2)copia de su certificado de matrimonio; (3) copia de sus certificados de nacimiento respectivos y los de ambos menores; (4) certificación negativa de antecedentes penales; (5) certificación negativa de deuda de pensión alimentaria; (6) certificación negativa de deuda con el Departamento de Hacienda; (7) certificación negativa de deuda con el Centro de Recaudaciones de Ingresos, y (8) certificación negativa de quiebra.

24Incluso, en Estados Unidos ha cobrado auge la práctica entre familias latinas de procurar tal cambio en aras de preservar el apellido materno. Véase en general: Y. M. Cherena Pacheco, Latino Surnames: Formal and Informal Forces in the United States Affecting the Retention and Use of the Maternal Surname, 18 T. Marshall L. Rev. 1 (1992). CC-2018-0637 16

Unidos. Lo solicitado por los esposos Roig-Moyka y los motivos

para ello, se resguarda perfectamente dentro del marco de

intimidad protegido por nuestro andamiaje constitucional. En

fin, estamos ante una decisión que estriba indudablemente en

la esencia propia del derecho de los peticionarios a criar a

sus hijos y a escoger cómo llamarlos.

Ante esta multiplicidad de consideraciones, el Registro

Demográfico aún insiste en que tiene razones de peso para

oponerse al cambio solicitado por los esposos Roig-Moyka. Un

examen minucioso y desapasionado de las mismas nos lleva a

concluir que ninguna justifica denegar lo solicitado por los

esposos Roig-Moyka. Así, por ejemplo, el Registro Demográfico

plantea que lo solicitado por los peticionarios equivale a la

creación de un “nuevo apellido” que suprimiría el tracto

familiar que el certificado de nacimiento de los menores

pretende publicar. Específicamente, arguye que sus

certificados de nacimiento se “impugnaría[n] de su propia faz”

porque estos aparentarían tener un apellido “totalmente

diferente al de sus padres”. Empero, resulta en extremo difícil

concebir cómo lo solicitado suprime o de modo alguno varía los

datos ya existentes en el certificado de nacimiento de ambos

menores. De haber sido autorizado el cambio, el dato registral

en cuestión hubiera permanecido igual: que Carlos Andrés

“Roig-Moyka” y Carlos Daniel “Roig-Moyka” son hijos de Rafael

Luis Roig y Ana Servanda Moyka. CC-2018-0637 17

Como segundo argumento, el Registro Demográfico también

plantea que por “Roig-Moyka” ser a un “solo apellido”, esto

crearía un disloque en la medida en que no sabrían en cuál

encasillado de sus constancias Registrales colocar el mismo;

si en el encasillado del apellido paterno o materno de los

menores. Este planteamiento -de naturaleza puramente

administrativa- también es insuficiente para validar la

pretensión del Estado, pues existen alternativas para acomodar

el cambio solicitado, sin tener que prohibirlo.

A modo de ejemplo y sin intención de ser exhaustivo,

entiendo que el Registro Demográfico bien puede expedir los

certificados de nacimiento de los menores con los nombres

“Carlos Andrés Roig-Moyka” y “Carlos Daniel Roig-Moyka” y

hacer las anotaciones correspondientes en los asientos

registrales para consignar el acto de consolidación

autorizado. Igualmente, el Registro Demográfico puede

adicionar un nuevo encasillado en sus registros para

identificar propiamente aquellos apellidos paterno y materno

que han sido consolidados, como se pretende en este caso.

Como reclamo final, el Registro Demográfico también

invita a que se confirme lo resuelto por los foros

inferiores, trayendo a la consideración de este Tribunal

que “[h]oy podrá ser un guion, mañana podría ser la fusión

de apellido y pasado mañana podría ser cambiar totalmente

el apellido sin justificación, porque así lo decida la CC-2018-0637 18

persona”.25 Igualmente, sostiene que autorizar el cambio

“[p]odría provocar que se permita el abuso indiscriminado del

mecanismo de cambio de nombre y apellido” y que ello a su vez

“[p]rovocaría que se pueda prestar el cambio de nombre para

fraude”.26 En fin, que acceder a lo solicitado por los

peticionarios “[a]tentaría contra la buena marcha del

ordenamiento jurídico y la estabilidad social, política,

económica y judicial del país”.27

Este razonamiento, que no es otra cosa que la enumeración

de un desfile de calamidades y teorías apocalípticas, es falaz

y no convence. Si bien este Tribunal viene llamado a tomar

estos planteamientos con seriedad, también lo debe hacer con

sentido común y reconociendo las garantías discutidas que

amparan a los peticionarios. De ese modo, es de observar que

el razonamiento propuesto por el Registro Demográfico resulta

en extremo especulativo y se aparta absurdamente del cambio

particular solicitado en este caso. Más curioso aún, es

evidente que el mismo ignora e incluso contradice lo que el

propio Registro Demográfico acepta y defiende: que el éxito de

toda solicitud para el cambio, adición o modificación de un

nombre o apellido está guiado por el juicio del

tribunal y por el insumo de las objeciones que en su

día -y de así entenderlo - el Estado pueda presentar.

25Escrito Mostrando Causa, pág. 2.

26Íd.

27Íd. CC-2018-0637 19

En ese sentido, no debe existir duda de que cada caso habrá de

ser juzgado bajo sus propias circunstancias.

IV

En fin, el derecho a solicitar la consolidación de los

apellidos paterno y materno de una persona por motivos no

correctivos está, como cuestión de Derecho, autorizada por el

Art. 31 de la Ley del Registro Demográfico, supra. No obstante,

el éxito de esa solicitud está condicionado al juicio del

tribunal, quien, conforme al mencionado artículo, habrá de

justipreciar las razones detrás de la solicitud y las

objeciones que el Estado pueda formular.

Cuando una de las ramas de gobierno vulnera o ignora

derechos constitucionales, no aquilatar y ser garantes de esos

derechos individuales en virtud de la regla de autolimitación

judicial equivale a dar un remedio, en ocasiones, limitado. Es

decir, cuando una rama de gobierno se inmiscuye indebidamente

con la Constitución, un fundamento puramente estatutario puede

ser insuficiente para restituir el sano balance de poderes. En

este caso, la solución judicial adecuada y completa ameritaba

adentrarnos en la esfera constitucional como garantes de las

libertades individuales. Así lo advertí en Roig Pou y otros v.

Reg. Demográfico, res. el 15 de noviembre de 2018, 2018 TSPR

184. La tendencia de este Tribunal de evitar adentrarnos en esas

esferas del Derecho obvía que la mayor deferencia que debe

exhibir la Rama Judicial es al Pueblo. CC-2018-0637 20

En este caso, la razón de los peticionarios en querer

consolidar los apellidos paterno y materno de sus hijos obedece

a su decisión de preservar el uso del apellido materno. Lo

anterior, como parte de sus prerrogativas constitucionalmente

protegidas de tomar decisiones íntimas y personales en el seno

familiar respecto a sus hijos. Esas justificaciones pesan. Y

como ninguna de las objeciones formuladas por el Estado logró

mover la balanza en favor de su postura, estoy conforme con lo

resuelto por este Tribunal.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado