EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Roberto Rodríguez Ruiz y Erica Ortiz Cancel, por sí y en representación de su hija menor V.R.O y la sociedad legal de Certiorari ganaciales compuesta entre ambos 2007 TSPR 5
Demandantes-peticionarios 169 DPR ____
v.
Hospital San Jorge, Dr. Vigo y la sociedad legal de gananciales compuesta por éste y su esposa Jane Doe, et als
Demandados-recurridos
Número del Caso: CC-2004-383
Fecha: 16 de enero de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan-Panel III
Juez Ponente: Hon. Jorge Segarra Olivero
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Víctor A. García Rodon
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcda. Sigrid López González Lcdo. Pedro J. Landrau López Lcdo. José A. Miranda Daleccio
Materia: Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Roberto Rodríguez Ruiz y Erica Ortiz Cancel, por sí y en representación de su hija menor V.R.O. y la sociedad legal de gananciales compuesta entre ambos Demandantes-peticionarios CC-2004-383 Certiorari
Hospital San Jorge, Dr. Vigo y la sociedad legal de gananciales compuesta por éste y su esposa Jane Doe, et als Demandados-recurridos
Opinión del Tribunal emitida por la JUEZA ASOCIADA FIOL MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2007.
Debemos resolver si los doctores que
participan del programa del Plan de Práctica
Médica Intramural Universitaria (PPIU) del
Recinto de Ciencias Médicas están protegidos por
la inmunidad que otorga el artículo 41.50 del
Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. §
4105 (Supl. 2005), a los médicos que son
empleados del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, sus dependencias e instrumentalidades. Por
las razones que exponemos a continuación,
resolvemos que sí.
I
Los peticionarios, el señor Roberto Rodríguez
Ruiz y la señora Erica Ortiz Cancel presentaron,
por sí y en representación de la sociedad legal de CC-2004-383 2
bienes gananciales compuesta entre ambos y de su hija
menor Vilmary Rodríguez Ortiz, una demanda sobre daños y
perjuicios por impericia médica contra el Hospital San
Jorge, el doctor Juan A. Vigo Prieto y la sociedad legal
de bienes gananciales que éste compone junto a su esposa,
el Centro Médico de Puerto Rico, el Hospital Pediátrico
Universitario, la Universidad de Puerto Rico, y sus
respectivas aseguradoras. En la demanda, los
peticionarios expusieron que su hija, paciente de
hidrocefalia desde su nacimiento, fue atendida y operada
en el Hospital San Jorge de apendicitis; que luego de ser
dada de alta tuvo que ser llevada nuevamente al hospital
en donde se le diagnosticó encefalitis ocasionada por una
infección. Alegan que el caso de su hija le fue referido
en el Hospital San Jorge al doctor Vigo Prieto para una
consulta, y que a instancias de éste la niña fue
trasladada al Hospital Pediátrico Universitario. Según la
demanda, la menor tuvo que esperar tres días en el
Hospital Pediátrico Universitario para ser atendida
adecuadamente. Luego de esos tres días, la menor fue
operada por el doctor Vigo Prieto.
Para la fecha de los hechos, el doctor Vigo Prieto
era catedrático auxiliar de la Universidad de Puerto Rico
del Recinto de Ciencias Médicas. Participaba también del
programa del Plan de Práctica Médica Intramural (PPIU)
del Recinto a través del grupo de neurocirugía,1 Además, tenía
1 Mediante estos programas la facultad y el personal administrativo del Recinto de Ciencias Médicas se organiza en grupos para ofrecer servicios médicos utilizando las facilidades del Recinto. Las ganancias que resultan de este esfuerzo se dividen entre el Recinto y el personal docente y administrativo que participa del programa. El propósito primordial es ofrecerle un incentivo económico al personal docente para que no abandone la cátedra por la CC-2004-383 3
una oficina en el Hospital San Jorge y privilegios para
operar en este hospital. Los peticionarios alegan que la
atención tardía del doctor Vigo Prieto y el traslado de
la niña al Hospital Universitario cuando podía atenderse
en el Hospital San Jorge causaron que ésta sufriera daños
físicos y cerebrales que no padecía anteriormente y que
la afectarán durante toda su vida. Por ello solicitan que
el doctor los indemnice. El doctor Vigo contestó la
demanda; negó esencialmente las alegaciones, y levantó,
en lo pertinente y como defensa afirmativa, que atendió a
la menor Vilmary Rodríguez en el Hospital Pediátrico
Universitario como empleado de la Universidad de Puerto
Rico a través del grupo de neurocirugía del PPIU del
Recinto de Ciencias Médicas y que en ningún momento
intervino con la menor cuando ésta visitó el Hospital
San Jorge.
Luego de esto, el doctor Vigo Prieto presentó una
moción de sentencia sumaria en la que solicitó que se
desestimara la demanda instada en su contra ya que él
estaba cobijado por la inmunidad otorgada por el Artículo
41.50 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. §
4105 (Supl. 2005), a los médicos que son empleados del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias e
instrumentalidades. Los peticionarios se opusieron a la
solicitud de sentencia sumaria. Argumentaron, en primer
lugar, que las alegaciones de la demanda en contra del
doctor Vigo fueron en su carácter como médico del Hospital
San Jorge. También expresaron su interés en conocer el
práctica privada de la Medicina. Para una discusión más profunda sobre los PPIU véase la sección IV de esta opinión. CC-2004-383 4
tipo de relación contractual que mantenían el doctor y la
Universidad de Puerto Rico. Por último, solicitaron que
antes de resolver la moción de sentencia sumaria, se
finalizara el descubrimiento de prueba de modo que se
pudiera aclarar la relación del doctor Vigo Prieto con el
Hospital San Jorge y con la Universidad de Puerto Rico, y
cuál fue su intervención con la paciente en el Hospital
San Jorge. En esencia, los peticionarios plantearon que
existía controversia de hechos y que era necesario
ordenar al doctor Vigo y a la Universidad de Puerto Rico
a que produjeran ciertos documentos que permitieran
evaluar si el doctor estaba protegido por la norma de
inmunidad. 2
En septiembre de 2001, el doctor Vigo Prieto
presentó nuevamente una moción de sentencia sumaria. En
noviembre de ese año, se celebró una vista en la cual se
discutió la solicitud de sentencia sumaria. Luego de la
vista, el tribunal de instancia le concedió un término
adicional a las partes para que finalizaran el descubrimiento de
prueba. Las controversias en cuanto al descubrimiento de
2 En específico los peticionarios deseaban que el el Tribunal le ordenara a los demandados entregarle copia de los siguientes documentos: deposición tomada al doctor Vigo el 29 de agosto de 2001; informe de consulta del Hospital San Jorge del 22 de julio de 1997 en el cual alegadamente hay una anotación que indica que se le dirigió una consulta al doctor Vigo sobre la menor Vilmary Rodríguez Ortiz a las 3:50 pm; historial de pagos hechos por Triple S por servicios prestados para el tratamiento de la niña Vilmary Rodríguez; Normas y Procedimientos del Plan de Práctica Intramural Universitaria; Plan de Práctica Intramural Universitaria; Normas Provisionales Complementarias Especiales al Reglamento para la Creación y Administración de Planes de Práctica Intramural para el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico; Certificación Núm. 124 del período de 1996-1997 aprobada por la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico con el propósito de incluir en el Reglamento General de la Universidad las disposiciones relacionadas con la creación del Plan de Práctica Universitaria Intramural. CC-2004-383 5
prueba continuaron hasta que el Tribunal de Primera
Instancia dictó sentencia sumaria parcial en septiembre
de 2002.3 En ésta, desestimó la demanda en cuanto al
doctor Vigo Prieto, según había resuelto “en corte
abierta” el 22 de mayo de 2001.4
Inconforme con ese dictamen, los peticionarios
acudieron ante el entonces Tribunal de Circuito de
Apelaciones. Los peticionarios entendían que se había
equivocado el Tribunal de Primera Instancia al resolver
que al doctor Vigo Prieto le cobijaba la inmunidad de los
médicos empleados por el Estado, porque existía una
controversia real de hechos sobre si éste había incurrido
3 El 17 de enero de 2002, los apelantes solicitaron nuevamente que se le ordenara a la Universidad de Puerto Rico a que produjera ciertos documentos. El 17 de abril de 2002, la Universidad de Puerto Rico presentó una moción en la que informó que le había enviado a los apelantes los documentos solicitados. El 26 de junio de 2002, en la conferencia con antelación al juicio las partes argumentaron sus posiciones. Además, los peticionarios solicitaron que se les permitiera descubrir prueba en torno a las gestiones del doctor Vigo Prieto en el Hospital San Jorge. Luego de la conferencia con antelación al juicio, el tribunal dispuso que se dejaba sometida la moción del doctor Vigo Prieto en la cual se solicitaba se dictara sentencia sumaria parcial e igualmente el asunto sobre la necesidad de la información que solicitaron los peticionarios. El 19 de agosto de 2002, los peticionarios se opusieron nuevamente a que se dictara sentencia sumaria a favor del doctor Vigo Prieto y solicitaron que no se dictara sentencia hasta tanto se finalizara el descubrimiento de prueba relacionado con: las operaciones realizadas por el doctor Vigo Prieto en el Hospital San Jorge y todo el expediente de facturación de dicho médico, y con el historial de facturación de los planes médicos Triple S y GA Life correspondiente a la paciente Vilmary Rodríguez. Los peticonarios señalaron, además, que interesaban tomarle una deposición al funcionario de la Universidad de Puerto Rico encargado de todo lo relacionado con el Plan de Práctica Intramural. 4 De la minuta del 22 de mayo de 2001 se desprende que el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria en cuanto a la intervención del doctor Vigo Prieto con la menor Vilamry Rodríguez en el Hospital Pediátrico. CC-2004-383 6
en actos u omisiones negligentes como médico del Hospital
San Jorge y si el galeno había actuado como contratista
independiente o como empleado del Hospital Universitario.
El foro apelativo confirmó la sentencia en cuanto a
la inmunidad del doctor Vigo Prieto en su práctica en el
Hospital Pediátrico Universitario y la revocó en cuanto a
su práctica en el Hospital San Jorge. Entendió que la
sentencia de instancia se extendía a las reclamaciones
fundamentadas en la relación del doctor Vigo Prieto con
ese hospital,5 Los peticionarios acuden ante nosotros y
nos señalan que el Tribunal de Apelaciones erró al
confirmar al Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la
extensión de la inmunidad del artículo 41.50 al doctor
Vigo Prieto por sus actuaciones en Hospital Pediátrico
Universitario, cuando existe una controversia de hechos
sobre si al atender a la menor a través del PPIU de
neurocirugía éste lo hizo como contratista independiente
o como empleado de dicho hospital.
Por tanto, debemos resolver si el doctor Vigo Prieto
estaba protegido, mientras atendió a la menor como parte
del grupo de neurocirugía del programa del PPIU del
Recinto de Ciencias Médicas, por la inmunidad que otorga
el artículo 41.50 del Código de Seguros de Puerto Rico,
supra, a los médicos que son empleados del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. Además, debemos resolver si en
efecto el tribunal de primera instancia adjudicó la
5 Esta fue la determinación del Tribunal de Apelaciones, a pesar de que la sentencia del tribunal de instancia debió entenderse que tenía efectos sólo en cuanto a las acciones realizadas por el doctor en el Hospital Pedriático Universitario, según se desprende de la minuta del 22 de mayo de 2001. El juez Negroni Cintrón disintió por
entender que la responsabilidad o la inmunidad del doctor Vigo Prieto no podía ser adjudicada sumariamente. CC-2004-383 7
posible responsabilidad del doctor Vigo Prieto en cuanto
al tratamiento de la menor en el Hospital San Jorge y su
traslado al Hospital Universitario y, de ser así, si
procede adjudicar en torno a dicha responsabilidad de
manera sumaria en esta etapa del procedimiento.
II
En Puerto Rico hemos reconocido desde hace más de
cinco décadas que los médicos que son empleados del
instrumentalidades gozan de inmunidad en pleitos de
impericia profesional relacionados con el desempeño de su
labor. Véase Ley núm. 74 del 30 de mayo de 1976; Lind
Rodríguez v. E.L.A., 112 D.P.R. 67 (1982); Flores Román
v. Ramos González, 127 D.P.R. 601 (1990); Art. 41.50 Cód.
Seg. P.R., 26 L.P.R.A. § 4105 (Supl. 2005). Curiosamente,
esta protección se encuentra regulada en el Código de
Seguros de Puerto Rico y no el Código Civil dentro del
capítulo sobre las obligaciones que nacen de la culpa o
la negligencia. El legislador decidió colocar esta
protección en el mismo artículo que pretende garantizar
que la población puertorriqueña esté protegida en los
casos de impericia médica al exigirle a los médicos que
posean un seguro de responsabilidad profesional. Véase
Exposición de Motivos de la Ley núm. 4 del 30 de
diciembre de 1980. En la actualidad, este artículo del
Código de Seguros provee, en lo pertinente, lo siguiente:
Todo profesional de servicios de salud e institución de cuidado de salud deberá radicar anualmente prueba de su responsabilidad financiera por la cantidad de cien mil (100,000) dólares por incidente o hasta un agregado de trescientos mil (300,000) dólares por año. El Comisionado podrá requerir límites hasta un máximo de quinientos mil (500,000) dólares por incidente médico y un agregado de CC-2004-383 8
un millón (1,000,000) de dólares por año, en los casos de instituciones de cuidado de salud y de aquellas clasificaciones tarifarias de profesionales de servicios de salud dedicados a la práctica de especialidades de alto riesgo…. Están exentos de esta obligación aquellos profesionales de servicios de salud que no ejercen privadamente su profesión y trabajan exclusivamente como empleados de instituciones de cuidado de salud privadas, siempre y cuando estuvieren cubiertos por la prueba de responsabilidad financiera de éstas. También están exentos de esta obligación los profesionales de servicios de salud que presten servicios exclusivamente como empleados o contratistas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumenta- lidades y municipios y que no ejercen privadamente su profesión. Están exentas además las instituciones de cuidado de salud que pertenezcan y sean operadas o administradas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios. . . . . Ningún profesional de servicios de salud podrá ser incluido como parte demandada en una acción civil de reclamación de daños por culpa o negligencia por impericia profesional (malpractice) que cause en el desempeño de su profesión mientras dicho profesional de servicios de salud actúe en cumplimiento de sus deberes y funciones como empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades, El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico y municipios o contratistas de éstos, mientras actúe en cumplimiento de sus deberes y funciones en las áreas de obstetricia, ortopedia, cirugía general o trauma en una instalación médico-hospitalaria propiedad del Estado Libre Asociado, sus dependencias, instrumentalidades y/o municipios, independientemente de si dicha instalación está siendo administrada u operada por una entidad privada. En toda acción civil en que se le reclamen daños y perjuicios a la Universidad de Puerto Rico; en todo caso en que recaiga sentencia por actos constitutivos de impericia médico- hospitalaria (malpractíce) que cometan los empleados, miembros de la facultad, residentes, o estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico o médicos que presten servicios bajo contrato con la Universidad de Puerto Rico en el desempeño de sus tareas institucionales; o cuando recaiga sentencia por actos constitutivos de culpa o negligencia directamente relacionada con la operación por la Universidad de Puerto Rico de una institución de cuidado de la salud, se sujetará a la Universidad de Puerto Rico a los CC-2004-383 9
límites de responsabilidad y condiciones que las secs. 3077 et seq. del Título 32, impone para exigirle responsabilidad al Estado Libre Asociado de Puerto Rico en similares circunstancias. . . . Art. 41.50 Cód. Seg. P.R., supra.6
Nuestra última expresión sobre este artículo en
cuanto a la inmunidad de los médicos que son empleados
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus
dependencias, instrumentalidades y municipios fue en el
caso de Flores Román v. Ramos González, supra. En ese
caso reiteramos la norma que esbozáramos originalmente
en el caso de Lind Rodríguez v. E.L.A., 112 D.P.R. 67
(1982), de que este artículo del Código de Seguros exime
de responsabilidad no sólo a los médicos que trabajan
exclusivamente para el Estado, sino también a los médicos
que al mismo tiempo ejercen la práctica privada mientras
actúan en el cumplimiento de su deber como empleados del
Estado. Establecimos entonces que para ser protegido por
la inmunidad estatutaria se debe ser un profesional en el
cuidado de la salud y los daños ocasionados por su
impericia deben haber surgido mientras actuaba en
cumplimiento de sus deberes y funciones profesionales
como empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
sus dependencias, instrumentalidades y municipios. Flores
Román v. Ramos González, supra en la pág. 606.
Asimismo, determinamos que la inmunidad, además de
proteger a los médicos que ocupan puestos de carrera o de
confianza en el gobierno del E.L.A., puede cobijar a
médicos que tengan contratos con el gobierno. En cuanto
6 Énfasis suplido. Véanse notas 7, 9, 11. CC-2004-383 10
al personal bajo contrato establecimos que hay que
determinar si al causar el daño el médico cumplía las
funciones de un empleado de la agencia y tenía en
realidad las responsabilidades asignadas a un puesto
dentro de la estructura organizativa o si el grado de
control ejercido por el patrono sobre su trabajo era
análogo al de un empleado. Establecimos que estos médicos
están cobijados por la inmunidad si luego de analizar
ciertos factores se determina que la relación del médico
con el gobierno no es de contratista independiente. Los
factores a considerar para saber si alguien es
contratista independiente del gobierno son los
siguientes: 1. la forma en que los servicios fueron
pagados; 2. la inversión en equipo científico y en
facilidades o el grado de dependencia en el equipo
suministrado por el gobierno; 3. si se le requiere un
seguro de responsabilidad profesional; y 4. el grado de
independencia en su juicio profesional. Flores Román v.
Ramos González, supra, en la pág. 609. En cuanto al
factor de grado de independencia en su juicio
profesional, es incuestionable que para que los médicos
ejerzan su labor adecuadamente deben tener el mayor grado
de independencia. Por tanto, este factor no es importante
cuando se trata de profesionales de la salud, así que no
debe ser considerado al momento de determinar si un
médico está protegido por la inmunidad del artículo 41.50
del Código de Seguros, supra.
Lo anterior implica que cuando nos enfrentamos al
caso de un médico que esté trabajando para el gobierno
por contrato, es necesario determinar, en primer lugar,
la naturaleza del vínculo contractual particular. De ello CC-2004-383 11
dependerá si está cobijado por la inmunidad y, por
consiguiente, si procede la desestimación de la demanda
en su contra. Después de todo la inmunidad dispuesta por
ley no es meramente una defensa; se trata más bien de la
inexistencia de una causa de acción. Lind Rodríguez v.
E.L.A., supra en la pág. 69.
Ahora bien, antes de evaluar la relación del doctor
Vigo Prieto con el Recinto de Ciencias Médicas a la luz
de los factores que mencionáramos debemos considerar si
nuestras expresiones en Flores Román v. Ramos González,
supra, continúan vigentes luego de las varias enmiendas
que desde esa opinión ha sufrido el artículo 41.50 del
Código de Seguros.
III
La inmunidad que se recoge hoy en el artículo 41.50
fue incluida en el Código de Seguros de Puerto Rico por
primera vez en 1976, cuando se añadió el Capítulo 41 al
Código. Véase Ley núm. 74 del 30 de mayo de 1976. La
norma se encontraba entonces en el artículo 41.80 que
proveía, al igual que el 41.50 en la actualidad,
esencialmente dos cosas. Primero, que los profesionales
en el cuidado de la salud que no ejercían privadamente su
profesión y prestaban servicios exclusivamente como
empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus
dependencias, instrumentalidades y municipios estaban
exentos de mostrar que tenían un seguro de
responsabilidad. Art. 41.80 Ley núm. 74 del 30 de mayo de
1976. La ley proveía, en segundo lugar, que ningún profesional de
servicios de la salud podía ser incluido como parte demandada en
una acción civil de reclamación de daños por culpa o negligencia
por impericia profesional por actos cometido en el desempeño CC-2004-383 12
de su profesión mientras actuaba en cumplimiento de sus
deberes y funciones como empleado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, sus dependencias,
instrumentalidades y municipios. En otras palabras, estos
profesionales no tenían que adquirir un seguro de
responsabilidad, precisamente porque la ley eliminaba
cualquier causa de acción en su contra.
Esta ley fue enmendada en 1978, pero la inmunidad de
los médicos que son empleados del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y
municipios no fue alterada. Véase Ley núm. 55 del 18 de
julio de 1978. En 1986, se redactó un nuevo Capítulo 41
del Código de Seguros y se derogó el anterior. Véase Ley
núm. 4 del 30 de diciembre de 1986. Este nuevo capítulo
también reconoció la inmunidad de los médicos empleados
del E.L.A., al eximirles de la responsabilidad de
presentar prueba de tener un seguro de responsabilidad y
al disponer expresamente que no podían ser incluidos como
parte demandada en una acción civil de reclamación de
daños por culpa o negligencia por impericia médica.
Además, la ley de 1986 incluyó, entre los que están
exentos de presentar evidencia de tener seguro, a las
instituciones de cuidado de salud que pertenezcan y sean
operadas o administradas por el E.L.A. y a los médicos
que trabajan exclusivamente con instituciones privadas si
éstas los incluyen dentro de sus seguros de
responsabilidad.7 Sin embargo, aunque se les eximió de
presentar prueba sobre el seguro de responsabilidad, no se
7 El texto bajo la ley de 1986 es lo destacado en bastardillas en el texto del artículo actual del artículo 41.50 del Código Seguros en las págs. 7-8. CC-2004-383 13
les eximió de su responsabilidad. Por eso, ninguna de las
instituciones o los médicos añadidos a la exención goza
de inmunidad bajo el nuevo esquema del Código Seguros de
1986.
Esto no representaba problema para aquellos médicos
en la práctica privada que trabajaran exclusivamente para
instituciones privadas, quienes tendrían la cubierta del
seguro de responsabilidad para casos de impericia que
sus
patronos debían obtener a nombre suyo. No obstante, las
instituciones de salud operadas o administradas por el
E.L.A. seguían sujetas a pagar por los daños que fueran
resultado de la impericia de los médicos u otras personas
que trabajaran en sus facilidades.
En 1994, esta situación motivó a los legisladores a
enmendar nuevamente la sección de responsabilidad
financiera del Capítulo 41 del Código de Seguros. Surgió
la preocupación de que la Universidad de Puerto Rico, que
se entendía no estaba cobijada por los límites que impone
la Ley 104 del 29 de junio de 1955, tuviera que responder
por la totalidad de los daños que pudieran causar los
galenos que trabajaban en sus facilidades, quienes, sin
embargo, estaban inmunes a cualquier acción de daños.8 La
8 En la Exposición de Motivos de la Ley núm. 98 del 24 de agosto de 1994 los legisladores expusieron que: La exposición económica ilimitada de la Universidad se torna en extremo onerosa, si consideramos que, a tenor con lo dispuesto en el Artículo 41.050, ningún profesional de servicios de salud podrá ser incluido como parte demandada en una acción civil de reclamación de daños por impericia profesional, mientras actúe en cumplimiento de sus deberes y funciones como empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios. Tal disposición expone a la Universidad de Puerto Rico a tener que responder en forma ilimitada CC-2004-383 14
Ley núm. 98 del 24 de agosto de 1994 sujeta a los límites
de responsabilidad de la Ley 104 toda acción contra la
Universidad de Puerto Rico por daños y perjuicios o
impericia médico-hospitalaria de los empleados, miembros
de la facultad, residentes, o estudiantes del Recinto de
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico o
médicos que presten servicios bajo contrato con la
Universidad de Puerto Rico, en el desempeño de sus tareas
institucionales o por actos de culpa o negligencia
relacionados con la operación de una institución de
cuidado de la salud la Universidad.9
Esta enmienda no cambió la inmunidad de los médicos
que trabajan para el Estado Libre Asociado, por lo cual
nuestros pronunciamientos en Flores Román v. Ramos
González, supra, siguieron vigentes. Es más, esta
por los daños que ocasionen sus empleados inmunizados cuando cometen actos de impericia profesional médico-hospitalaria (malpractice) en el descargo de sus funciones. Idéntica responsabilidad y por los mismos motivos se le impone al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, excepto que, en atención a los dispuesto en la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1995, según enmendada, la responsabilidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se limitó hasta la suma de setenta y cinco mil dólares ($75,000.00) por los daños sufridos por una persona o su propiedad y hasta ciento cincuenta mil dólares ($150,000.00) cuando los daños y perjuicios se le causaron a más de una persona, o cuando sean varias las causas de acción a que tenga derecho un solo perjudicado.
Es justo y conveniente para el interés público extenderle a la Universidad de Puerto Rico la misma limitación de responsabilidad por daños resultantes de culpa o negligencia que al presente existe para beneficio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuando la Universidad presta servicios mediante acuerdo con el Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o en sustitución de dicho Departamento o cuando opera hospitales públicos. CC-2004-383 15
enmienda recogió parte de nuestras expresiones en el caso
de Flores Román v. Ramos González, supra, pues reconoció,
entre las personas que pueden beneficiarse de la
inmunidad, es decir, entre aquellos por cuya impericia
respondería la Universidad de Puerto Rico, a los médicos
bajo contrato con la Universidad dentro del límite que
impone la Ley 104. Se impone esta interpretación de la
enmienda ya que de otra forma habría que considerar a
estos médicos como contratistas independientes. En ese
caso, para que la Universidad respondiera sería necesario
probar que ésta no
le requirió al médico que tomara las medidas de seguridad
necesarias para su práctica o que no ejerció la debida
diligencia en tomar estas medidas. Véase Bonet v.
Municipio de Barcelonesa, 87 D.P.R. 81 (1963);
Barrientos v. Gobierno de la Capital, 97 D.P.R. 552
(1969); López v. Cruz Ruiz, 131 D.P.R. 694 (1992); Pons
Anca v. Engebretson, 2003 TSPR 150. Esta situación, en la
cual la Universidad respondería por las acciones de sus
contratistas independientes, está contemplada en el
tercer escenario que vislumbra la enmienda de 1994, al
establecer que la Universidad estará sujeta a los límites de la
Ley 104 cuando recaiga sentencia por actos constitutivos de culpa o
negligencia directamente relacionados con la operación por parte de
ésta de una institución de cuidado de la salud.
Al mismo tiempo, la enmienda de 1994 arrojó luz sobre
quiénes los legisladores consideran son los profesionales
exentos de cumplir con el deber de evidenciar que poseen
un seguro y quiénes están cobijados por la inmunidad por
9 El texto de esta enmienda es lo destacado en doble subrayado en el texto del artículo actual del artículo 41.50 del Código Seguros en las págs. 7-8. CC-2004-383 16
ser empleados del Estado Libre Asociado. Entre estos
profesionales se encuentran los empleados, miembros de la
facultad, residentes, o estudiantes del Recinto de
Universidad de Puerto Rico en el desempeño de sus tareas
institucionales.10
Aunque la última enmienda que se le hizo al artículo
41.50 no trajo ningún cambio en cuanto al asunto que se
nos plantea en este caso, sí introdujo cambios que
inciden en las normas que expusiéramos en Flores Román
v. Ramos González, supra. En el 2004, los legisladores
preocupados por los efectos que trajo la privatización de
la mayor parte de las facilidades de salud del gobierno y
la posterior recuperación de algunas de éstas, enmendaron
el artículo de responsabilidad financiera para otorgarle
inmunidad en casos de impericia profesional a los
profesionales que prestan ciertos servicios específicos.
Según la enmienda, tienen inmunidad los especialistas en
10 En el informe de la Comisión de lo Jurídico para el Proyecto de la Cámara 3592, que dio paso a la última enmienda que se le hizo al artículo 41.50 del Código de Seguros se señala en el análisis de la medida que:
Actualmente, entre los médicos participantes de esta inmunidad podemos mencionar los que están contratados por el Hospital Universitario de Distrito (UDH), los empleados, miembros de la facultad, residentes o estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, o médicos que presten servicios bajo contrato con la Universidad de Puerto Rico en el desempeño de sus tareas institucionales, todas las profesiones de salud que se desempeñen en las facilidades médico hospitalarias que estén bajo la tutela y administración del Estado Libre Asociado a través del Departamento de Salud y los profesionales de servicios de salud adscritos a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico. CC-2004-383 17
obstetricia, ortopedia, cirugía general y trauma que
prestan servicios exclusivamente en instalaciones médico
hospitalarias propiedad del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades o sus
municipios, independientemente de si la institución es
administrada u operada por alguna empresa privada.
Para lograr esto se hicieron dos cambios al artículo
41.50. El primero fue incluir entre los médicos exentos
de presentar prueba de responsabilidad médica a los
profesionales de la salud que trabajan como contratistas
del Estado Libre Asociado. El segundo fue extender la
inmunidad a los contratistas ya mencionados.11 Estos
profesionales son también los contratistas que están
exentos de presentar la prueba de responsabilidad, en
otras palabras, exentos de tener un seguro personal. Así
lo evidencia la exposición de motivos de la ley y su
historial legislativo.12
11 El texto de esta enmienda es lo destacado en subrayado en el texto del artículo actual del artículo 41.50 del Código Seguros en las págs. 7-8. 12 La Exposición de Motivos de la Ley núm. 228 del 24 de agosto de 2004 deja esto claro al señalar que:
No obstante, para poder reclutar profesionales de la salud que deseen practicar su profesión en las instalaciones propiedad del Estado Libre Asociado, sus instrumentalidades o municipios, entendemos necesario garantizarles la misma protección que recibirían si fuesen empleados del ELA bajo el esquema previo a la década de los 1990. Por ello, debe extendérsele la inmunidad contenida en el Artículo 41.050 del Código de Seguros.
Junto a la presente Ley y mediante legislación separada, se enmendará la Ley Núm. 104, supra, para disponer que el Estado Libre Asociado será responsable por reclamaciones contra profesionales de la salud por impericia médico-hospitalaria por los límites dispuestos en dicha ley cuando estos rindieron sus servicios en las áreas de obstetricia, CC-2004-383 18
ortopedia, cirugía general y trauma exclusivamente en instalaciones de salud propiedad del Estado Libre Asociado, sus instrumentalidades o municipios.
En el informe de la Comisión de lo Jurídico para el Proyecto de la Cámara 3592, que dio paso a la la Ley núm. 228 del 24 de agosto de 2004 se señala en el análisis de la medida que:
Los médicos que son empleados de una administración privada no pueden ser considerados empleados, funcionarios o agentes del Estado Libre Asociado, por lo que no les aplica la inmunidad establecida en el Artículo 41.050. La contratación en este escenario es entre personas particulares: médicos y administración privada. Por esta razón, aún (sic) cuando el Estado Libre Asociado o sus municipios recuperen la posesión de facilidades que en un momento fueron vendidas a entidades privadas, de contratar el ELA o sus municipios con entidades privadas para la administración de las facilidades, los médicos que prestan sus servicios en dichas facilidades vienen obligados a cumplir con la responsabilidad financiera que requiere el Artículo 41.050, y son responsables por los daños y perjuicios causados por impericia médica.
La situación descrita en el párrafo anterior ha resultado en que muchos médicos que previo a la Reforma de Salud prestaban sus servicios exclusivamente en facilidades gubernamentales y estaban cobijados por la inmunidad del estado, se han convertido en empleados o contratistas de privatizadores. Ello los ha obligado a obtener pólizas de seguros de impericia médica y estar sujetos a responsabilidad por impericia médica como cualquier otro médico privado. Esto a su vez ha causado que muchos de estos médicos se rehúsen a prestar sus servicios en facilidades recuperadas por el estado o los municipios, ya que los costos de las pólizas de impericia médica y los riesgos asumidos al brindar servicios en facilidades gubernamentales no son razonables ante los salarios que dichas facilidades pueden pagar. Ante esto, hemos visto una reducción significativa en la disponibilidad de servicios médicos en las facilidades del estado y los municipios, particularmente en las áreas de obstetricia, ortopedia, cirugía general y trauma. Esta Asamblea Legislativa considera que las enmiendas propuestas en el P. de la C. 3592 ayudarán a aliviar la situación presente, y proveerán incentivos para que puedan brindarse nuevamente servicios de salud en las áreas antes mencionadas. CC-2004-383 19
Esta enmienda resulta por tanto, en un cambio
importante a la norma que adoptamos en Flores Román v.
Ramos González, supra. Hoy es posible que un contratista
independiente tenga inmunidad bajo el artículo 41.50 del
Código de Seguros, siempre y cuando sea uno de los
contratistas incluidos en la ley. En conclusión, la norma
vigente para saber si un médico goza de inmunidad contra
demandas por impericia es que si luego de analizar los
primeros tres factores que explicamos en el caso de
Flores Román v. Ramos González, supra,13 se determina que
la relación del médico con el gobierno no es de
contratista independiente, éste estará cobijado por la
inmunidad establecida en el artículo 41.50. Esta
inmunidad también aplicará a aquellos médicos que sean
contratistas de una instalación médico-hospitalaria
propiedad del Estado Libre Asociado, sus dependencias,
instrumentalidades o municipios, sin importar si la
instalación es administrada
....
Es necesario aclarar además que la presente enmienda no tiene el propósito ni el efecto de convertir a los médicos que brindan sus servicios como empleados o contratistas de entidades privadas que contratan la administración de facilidades propiedad de entidades gubernamentales en empleados ni agentes del Estado Libre Asociado ni de sus municipios. Finalmente, se aclara que, en el caso de acuerdos de afiliación entre la Universidad de Puerto Rico e instituciones privadas sin fines de lucro, no se exime de responsabilidad por impericia médica a dichas instituciones privadas cuando el alegado acto de impericia médica es cometido por empleados o agentes que no estén exentos en virtud del Artículo enmendado. 13 1. La forma en que los servicios fueron pagados; 2. La inversión en equipo científico y en facilidades o el grado de dependencia en el equipo suministrado por el gobierno; 3. Si se le requiere un seguro de responsabilidad profesional. CC-2004-383 20
u operada por una entidad privada, exclusivamente en las
especialidades de obstetricia, ortopedia, cirugía general
o trauma. Así que los médicos que trabajen para el Estado
o una entidad del Estado administrada por una entidad
privada en estas cuatro áreas siempre estarán cubiertos
por la inmunidad sean contratistas independientes o no.
Ya que el trabajo del doctor Vigo Prieto como parte
del PPIU del Recinto de Ciencias Médicas a través del
grupo de neurocirugía no está dentro de las cuatro áreas
de trabajo antes mencionadas, nos toca determinar si su
labor bajo el plan equivale a la de un empleado o la de
un contratista independiente. Para esto es necesario
estudiar la estructura y propósito de los PPIU del
Recinto de Ciencias Médicas.
IV
En 1996, los legisladores autorizaron a la
Universidad de Puerto Rico a crear en sus unidades los
Planes de Práctica Intramural Universitaria. Ley núm. 174
del 31 de agosto de 1996, 18 L.P.R.A. § 612 (2002). Entre
los propósitos de la creación de estos planes en los
distintos recintos se encuentra ofrecer a la facultad
opciones de retribución acordes con las realidades
económicas y profesionales de Puerto Rico, crear recursos
económicos adicionales para facilitar el reclutamiento y
la retención del personal docente, fortalecer el
presupuesto institucional, complementar el ingreso del
personal que presta los servicios, así como utilizarlos
de taller de práctica para los estudiantes. Véase
Exposición de Motivos de la Ley núm. 174 del 31 de agosto
de 1996. Al amparo de los Planes de Práctica Intramural
Universitaria las unidades de la Universidad pueden CC-2004-383 21
contratar con personas e instituciones públicas y
privadas, domésticas o extranjeras, para que su personal
les preste servicios. Estos servicios son prestados de
forma voluntaria por el personal docente y pueden darse
durante su horario regular o fuera de éste, sin menoscabo
de su carga académica. Los Planes de Práctica Intramural
Universitaria deben ser autosuficientes. Los fondos que
recauda la Universidad bajo estos planes son considerados
fondos públicos, y son consignados en un fondo especial
en las unidades que los generen. Los fondos que generan
los PPIU se utilizan para sufragar los gastos directos
del programa y para pagar al personal participante.
También se utiliza el dinero para fortalecer otros planes
con menor demanda, para atender gastos no recurrentes
prioritarios dentro de la misma unidad de la Universidad
y para hacer una aportación anual al Fondo General de la
Universidad de Puerto Rico. Ley núm. 174 del 31 de agosto
de 1996. Los contratos hechos al amparo de los PPIU son
otorgados a nombre de la Universidad de Puerto Rico y son
suscritos en representación de ésta por el Rector de la
unidad correspondiente. Artículo XII, Certificación núm.
123 1996-97 de la Junta de Síndicos de la Universidad de
Puerto Rico.
Cada unidad del sistema establece la estructura de
sus PPIU en conformidad con el Reglamento aprobado por la
Junta de Síndicos para esto. Por consiguiente, debemos
estudiar las Normas y Procedimientos del Plan de Práctica
Intramural del Recinto Ciencias Médicas, para analizar si
el doctor Vigo Prieto es un médico cobijado por la
inmunidad del artículo 41.50 a la luz de los factores de
Flores Román v. Ramos González, supra. CC-2004-383 22
Las normas del Recinto de Ciencias Médicas
establecen en cuanto a la utilización y el manejo de
fondos que toda recaudación por servicios prestados bajo
los PPIU se ingresarán a un Fondo Especial que a su vez
tendrá cuentas para cada PPIU del Recinto. Una vez se
ingresan los recaudos por los servicios sólo se
autorizarán desembolsos cuando las cuentas tengan balance
disponible y se hayan cubiertos los gastos de operación
del PPIU. El Departamento de Recursos Fiscales del
Recinto es el encargado de cobrar por los servicios, de
identificar deudores y hacer las gestiones para el
recobro. Luego que se tienen los ingresos netos, éstos
se distribuyen entre el Fondo General, el Fondo
Institucional, el Fondo del Decanato y la Facultad y el
Personal Participante. Estos fondos sirven para
fortalecer el presupuesto de la Universidad de Puerto
Rico, del Recinto de Ciencias Médicas, y de los distintos
decanatos del Recinto. Los fondos que se distribuyen a
los docentes y al otro personal participante se pagan
como honorarios profesionales. Véase Normas y
Procedimientos del Plan de Práctica Intramural
Universitaria del Recinto Ciencias Médicas, págs. 6-
9(1998). Por esta razón, el dinero pagado a los doctores
por los PPIU sujeto a retención se informa en el Formulario
480.6 y los médicos deben cumplir con las leyes fiscales que
afectan a los contratistas independientes. Por otra parte, el
dinero que reciben los profesores por sus servicios no se puede
utilizar para cotizar en el Sistema de Retiro de los Empleados de
la Universidad de Puerto Rico. Sección 100.9.1, Certificación
núm. 124 1996-97 de la Junta de Síndicos de la
Universidad de Puerto Rico. CC-2004-383 23
En otras palabras, los PPIU del Recinto de Ciencias
Médicas funcionan de la siguiente manera. El Recinto
presta sus facilidades y equipo a los médicos para que
rindan servicios a instituciones privadas y públicas. Los
médicos sólo prestan sus servicios. El Recinto se encarga
de manejar todos los asuntos financieros relacionados con
los PPIU. Una vez se obtienen ganancias éstas se
distribuyen entre el Recinto y los médicos. De esta
manera, la Universidad se asegura de mantener a su
facultad y de contar con recursos para sus funciones.
A la luz de este esquema, queda claro que los
servicios no son pagados directamente a los médicos y que
éstos no realizan ninguna inversión en equipo científico y
en facilidades sino que dependen del equipo suministrado
por el gobierno. Por tanto, en cuanto a los dos primeros
factores que debemos considerar bajo la norma de Flores
Román v. Ramos González, supra, los médicos serían
empleados del Recinto para efectos del artículo 41.50 del
En cuanto a si se les requiere un seguro de
responsabilidad profesional a los doctores del PPIU, las
Normas y Procedimientos del Plan de Práctica Intramural
Universitario del Recinto Ciencias Médicas nada disponen.14
Ante esta situación, y considerados el propósito de los
14 Antes de que se enmendara la ley de la Universidad de Puerto Rico para permitir que la Universidad creara los PPIM y que el Recinto creara las Normas y Procedimientos del Plan de Práctica Intramural del Recinto Ciencias Médicas, el recinto de Ciencias Médicas tenía un reglamento para regular los Planes Intramurales de Práctica Médica, un sistema muy parecido al de los PPIM. CC-2004-383 24
PPIU y su funcionamiento, debemos concluir que los médicos son
considerados empleados del Recinto cubiertos entonces
por la institución. Por tanto, para efectos del artículo
41.50 del Código de Seguros deberían ser considerados
como empleados del Recinto y cobijados por la inmunidad
allí establecida.
En este caso, los peticionarios sostienen que el
doctor Vigo Prieto tenía un seguro de impericia
profesional. Sin embargo, aun si este seguro cubriera al
doctor por sus actuaciones en el Recinto y no sólo sus
actuaciones en su práctica privada, esto no impide que al
doctor Vigo Prieto se le extienda la inmunidad dispuesta
por el artículo 41.50. El adquirir un seguro no elimina
la protección contra demandas que provee la ley.
Al evaluar la organización de los PPIU a la luz de
los tres factores de Flores Román v. Ramos González,
supra, debemos colegir que los doctores que prestan
servicios bajo los PPIU son empleados del Recinto de
Ciencias Médicas obijados por la inmunidad del artículo
41.50 del Código de Seguros.
V
Por último, al igual que el Tribunal de Apelaciones,
entendemos que existe una controversia sustancial en
cuanto si el doctor Vigo Prieto tiene alguna relación con
el tratamiento de la menor Vilmary Rodríguez Ortiz en el
Hospital San Jorge. Sin embargo, contrario a ese foro
concluimos que la sentencia del Tribunal de Primera
Instancia no se extendió a esa controversia sino que sus
efectos se limitaron a las acciones realizadas por el
Bajo ese reglamento el Recinto les proveía a los médicos de un seguro médico. CC-2004-383 25
doctor en el Hospital Pedriático Universitario. A eso se
contrae la minuta del 22 de mayo de 2001, a la cual nos
refiere, a su vez, la sentencia de instancia. Ese asunto
no estaba, pues, ante la consideración del foro
apelativo, por lo que encontramos que su decisión de
revocar la sentencia en cuanto a este aspecto fue
innecesaria.
VI
Por todo lo anterior, resolvemos que el Tribunal de
Primera Instancia tuvo razón al resolver que las
actuaciones del doctor Vigo Prieto en el Hospital
Pediátrico Universitario están cobijadas por la inmunidad
del artículo 41.50. Se confirma, por tanto, la decisión
del Tribunal de Apelaciones en cuanto a este aspecto. Se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para
que se dilucide si el doctor Vigo Prieto tiene alguna
relación con el tratamiento de la menor Vilmary Rodríguez
Ortiz en el Hospital San Jorge y se determine la
responsabilidad, si alguna, que por ello le corresponda.
Se dictará sentencia de conformidad.
Liana Fiol Matta Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Roberto Rodríguez Ruiz y Erica Ortiz Cancel, por sí y en representación de su hija menor V.R.O. y la sociedad legal de gananciales compuesta entre ambos Demandantes-peticionarios CC-2004-383 Certiorari
Hospital San Jorge, Dr. Vigo y la sociedad legal de gananciales compuesta por éste y su esposa Jane Doe, et als Demandados-recurridos
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se confirma la decisión del Tribunal de Apelaciones en cuanto a que las actuaciones del doctor Vigo Prieto en el Hospital Pediátrico Universitario están cobijadas por la inmunidad del artículo 41.50 y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se dilucide si el doctor Vigo Prieto tiene alguna relación con el tratamiento de la menor Vilmary Rodríguez Ortiz en el Hospital San Jorge y se determine la responsabilidad, si alguna, que por ello le corresponda.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurre sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Rivera Pérez no interviene y la Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo