Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc.

2018 TSPR 148

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: August 9, 2018
• Docket: CC-2016-28
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ileana Rodríguez García

Recurrida Certiorari

v. 2018 TSPR 148

Universidad Carlos Albizu, Inc. 200 DPR ____

Peticionaria

Número del Caso: CC-2016-28

Fecha: 9 de agosto de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. José González Nogueras Lcdo. Jorge Pizarro García

Abogadas de la parte recurrida:

Lcda. Judith Berkan Lcda. Mary Jo Méndez Vilella.

Materia: Derecho Procesal Civil: Procedencia de una moción de sentencia sumaria. Obligaciones y Contratos: Eficacia de una resolución unilateral de un contrato de empleo por tiempo definido en virtud del lenguaje convenido por las partes mediante una cláusula resolutoria unilateral.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Recurrida

v. Núm. CC-2016-0028 Universidad Carlos Albizu, Inc.

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2018.

En esta ocasión, nos corresponde evaluar la eficacia

de una resolución unilateral de un contrato de empleo por

tiempo definido en virtud del lenguaje convenido por las

partes mediante una cláusula resolutoria unilateral. La

controversia ante nuestra consideración, además, nos

brinda la oportunidad de examinar la procedencia de un

dictamen sumario en un pleito en el que ambas partes

circunscribieron sus respectivas solicitudes de sentencia

sumaria a la interpretación de ciertas disposiciones

contractuales en el contexto de una relación laboral.

I.

El 18 de junio de 2007, la Universidad Carlos Albizu,

Inc. (UCA) suscribió un contrato de empleo con la Dra.

Ileana Rodríguez García (doctora Rodríguez), mediante el

cual ésta fue nombrada Presidenta de dicha institución

educativa por un término de tres años. Posteriormente, el

1 de diciembre de 2010, las partes suscribieron un segundo

contrato de empleo (Contrato) por tiempo definido para que

la doctora Rodríguez continuara fungiendo como Presidenta CC-2016-0028 2

de la UCA. Específicamente, respecto a la vigencia de

dicha relación contractual, la cláusula segunda del

Contrato dispuso lo siguiente:

Este Contrato de Empleo estará vigente desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2013, con revisión en esta fecha y extensión automática por dos (2) años adicionales hasta el 30 de septiembre de 2015, sujeto a las disposiciones sobre terminación de esta relación contractual, las cuales se detallan más adelante en este Contrato.

En cuanto a las disposiciones atinentes a la

terminación de la relación contractual aludidas, la

cláusula decimoquinta del Contrato estableció lo

siguiente:

Este Contrato de Empleo terminará inmediatamente con el retiro, renuncia o abandono de su empleo por parte de la PRESIDENTA, así como con la muerte ó declaración de incapacidad mental de ésta. Además, este Contrato podrá ser terminado por cualquiera de las PARTES previa notificación escrita a la otra parte con al menos noventa (90) días de antelación a la fecha de terminación, sin la necesidad de que ninguna de las Partes tenga justa causa para tal terminación.

Además de estas causales para la terminación de la

relación contractual entre las partes, el Contrato

contempló la no renovación de la misma al disponer lo

siguiente en la cláusula decimosexta:

La notificación de no renovación de este Contrato de Empleo será emitida mediante correo certificado a la dirección postal especificada en la cláusula anterior, en o antes de noventa (90) días previos a la terminación de este Contrato. En ausencia de dicha notificación, este Contrato de Empleo será renovado automáticamente por términos de un mes, hasta tanto las PARTES acuerden suscribir un nuevo contrato o la UNIVERSIDAD notifique sobre su intención de no renovación, a tenor con lo dispuesto en la oración anterior, lo que ocurra primero. CC-2016-0028 3

Por último, las partes acordaron en la cláusula

decimoséptima del Contrato que los términos y condiciones

contenidos en éste constituirían la totalidad de éstos y

el único acuerdo entre las partes. Asimismo, se pactó en

la referida cláusula que “[c]ualquier enmienda

subsiguiente a la fecha de vigencia de este Contrato

deberá constar por escrito y estar firmada por ambas

partes”. En cuanto a cualquier potencial conflicto entre

disposiciones reglamentarias de la UCA y las cláusulas

contractuales pactadas, las partes convinieron mediante la

cláusula décimo octava del Contrato que “es la intención

de las partes que prevalezca lo dispuesto en este Contrato

de Empleo”.

Así las cosas, el 27 de junio de 2013, el Presidente

de la Junta de Síndicos de la UCA, Sr. Jaime Pla Cortés

(señor Pla Cortés), envió una misiva por correo

certificado a la doctora Rodríguez en la que expresó lo

Sirva la presente para notificarle que, a tenor con lo dispuesto en su Contrato de Empleo con la Universidad Carlos Albizu, suscrito allá para el 1ro de diciembre de 2010, estamos ejerciendo nuestro derecho a no renovar automáticamente el término de su Contrato que vence el próximo 30 de septiembre de 2013. Nuestra decisión obedece a que la evaluación que, por parte de la Junta, al presente se está llevando a cabo aún está en curso y una vez concluya la misma estaremos en posición de tomar una decisión. Entendemos que esta evaluación pudiera concluir en o antes del 30 de septiembre de 2013, pero de extenderse le estamos notificando que su contrato de empleo se estará renovando automáticamente de mes a mes hasta tanto se tome una decisión y lleguemos a un acuerdo para la CC-2016-0028 4

extensión de su contrato o la no renovación del mismo.1

El 26 de septiembre de 2013, el señor Pla Cortés, a

nombre de la Junta de Síndicos, envió una segunda misiva a

la doctora Rodríguez. En ésta, informó que luego de la

notificación previa descrita en el contrato, se había

tomado la decisión de no renovar el mismo. Sin embargo, se

le indicó en esa comunicación que la Junta de Síndicos

tenía interés en entablar conversaciones conducentes a

forjar una nueva relación contractual. La doctora

Rodríguez, por su parte, ripostó que la Universidad no

tenía un derecho a no renovar el Contrato, puesto que la

extensión de dos (2) años del mismo operaría de forma

automática, según el lenguaje pactado con relación a la

vigencia de la relación contractual. Así, la doctora

Rodríguez indicó que el Contrato estaba vigente hasta el

30 de septiembre de 2015.2

Luego de varias comunicaciones entre las partes

respecto a la capacidad de la UCA de no renovar el

Contrato y la extensión automática del mismo, el 9 de

enero de 2014, la Junta de Síndicos se reunió para

discutir el asunto. Ese mismo día, y con efectividad al

día 15 de enero de 2014, el señor Pla Cortés envió a la

1 Este documento obra en los autos originales pero no se utilizó como exhibit en los escritos presentados por las partes ante el foro primario. 2 Ninguna de las comunicaciones habidas entre las partes

obra en el expediente. Tampoco se utilizaron como exhibits en las respectivas solicitudes de sentencia sumaria presentadas ante el foro primario. Su contenido se consigna en la sentencia del Tribunal de Apelaciones, en la que se advierte que “los extractos citados surgen de los escritos estipulados y presentados por las partes ante el tribunal apelado”. Sentencia del TA, en la pág. 6. CC-2016-0028 5

doctora Rodríguez una carta de despido en la que aludió a

diferencias irreconciliables en la interpretación del

Contrato suscrito entre las partes. De esta manera,

culminó de manera definitiva la relación contractual entre

la UCA y la doctora Rodríguez.

El 28 de marzo de 2014, la doctora Rodríguez presentó

una querella al amparo de la Ley de procedimiento sumario

de reclamaciones laborales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de

1961, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq., ante el Tribunal de

Primera Instancia. Mediante ésta, alegó que la UCA había

incumplido con los términos del Contrato. Además, solicitó

que le liquidaran las vacaciones acumuladas.

Oportunamente, la UCA contestó la querella y negó las

alegaciones en ella contenidas. En esencia, arguyó que

había cumplido con las disposiciones relacionadas con la

terminación unilateral del Contrato y había notificado

adecuada y oportunamente a la doctora Rodríguez sobre su

decisión de no renovarlo.

Luego de varios trámites procesales, la doctora

Rodríguez solicitó al foro primario que dictara sentencia

sumaria a su favor. En su solicitud, expuso que no

existían hechos materiales en controversia y que se

trataba de un asunto de estricto Derecho que requería la

interpretación de las cláusulas contractuales en cuestión.

Adujo que el término del contrato era de cinco (5) años,

puesto que la cláusula relacionada con la vigencia del

mismo establecía que la extensión a cinco (5) años sería

automática. Por tal razón, solicitó que se le compensara CC-2016-0028 6

por el periodo en el que el Contrato hubiese estado

vigente a no ser por el incumplimiento por parte de la UCA

con las disposiciones del mismo. En específico, la doctora

Rodríguez solicitó al foro primario que ordenara a la UCA

resarcir los salarios y beneficios a los que hubiese

tenido derecho a partir del 15 de enero de 2014 y hasta el

30 de septiembre de 2015. En su solicitud, la

representación legal de la doctora Rodríguez planteó que

el Contrato era uno de adhesión y que, consiguientemente,

cualquier ambigüedad en su lenguaje debía interpretarse a

su favor.

La UCA, por su parte, se opuso a la solicitud

presentada y solicitó que se dictara sentencia sumaria a

su favor. Según arguyó, el despido de la doctora Rodríguez

se había hecho conforme a las cláusulas contractuales

relacionadas con la terminación unilateral de la relación

de empleo. Acompañó su oposición con los Estatutos de la

Universidad para señalar que el término de la presidencia

no podía exceder tres (3) años, por lo que la contención

de la doctora Rodríguez de que el término del Contrato era

de cinco (5) años era improcedente. Según sostuvo, la

notificación sobre no renovación cursada a la doctora

Rodríguez el 27 de junio de 2013 tuvo el efecto de

terminar la relación contractual entre las partes, puesto

que mediante la misma se le informó que el Contrato no

estaría sujeto a la extensión automática efectiva el 30 de

septiembre de 2013. CC-2016-0028 7

Evaluados los argumentos de las partes, así como las

cláusulas contractuales en controversia, el Tribunal de

Primera Instancia dictó sentencia sumaria parcial a favor

de la doctora Rodríguez.3 Al así proceder, declaró con

lugar la causa de acción de incumplimiento contractual y

ordenó a la UCA pagar a la doctora Rodríguez la cantidad

de $398,161.87 por los salarios no devengados, y $59,724

por concepto de honorarios de abogado. El foro primario

concluyó que la fecha de terminación del Contrato suscrito

entre las partes era el 30 de septiembre de 2015, y no el

30 de septiembre de 2013 como arguyó la UCA. Así, razonó

que surgía con “meridiana claridad que el único término

definido, contratado y pactado por las partes para la

terminación y ante el cual le otorga a la doctora

Rodríguez su única expectativa de continuidad en el empleo

era el 30 de septiembre de 2015”. Ap. en la pág. 119.

Ello, puesto que la vigencia de la relación contractual,

según pactada por las partes, se extendería

automáticamente por dos (2) años a la fecha de expiración

del primer término de tres (3) años.4

Inconforme con la determinación del Tribunal de

Primera Instancia, la UCA presentó un recurso de apelación

ante el Tribunal de Apelaciones. Allí, planteó que el foro

3 Durante el trámite del litigio, las partes llegaron a una transacción que puso fin a la causa de acción sobre liquidación de vacaciones. Véase Ap. en la pág. 47. 4 El dictamen del Tribunal de Primera Instancia, además,

distinguió el término “extensión” del término “renovación” y abundó en el uso del cualitativo “automática”. De esta manera, concluyó que esos términos “no son sinónimos ni se pueden usar indistintamente. Así, con la extensión automática se alarga lo que ya existe, con una renovación se crea algo nuevo”. CC-2016-0028 8

primario había errado al interpretar el Contrato de tal

manera que la vigencia del mismo fuese de cinco (5) años y

al imponerle honorarios de abogado por temeridad.

El foro apelativo intermedio confirmó el dictamen

recurrido, si bien bajo otros fundamentos. En concreto, el

Tribunal de Apelaciones concluyó que, al no haberse

suscrito un nuevo contrato de empleo entre las partes

efectivo a partir del 1 de octubre de 2013, y en atención

a que la doctora Rodríguez continuó fungiendo como

Presidenta, la extensión automática de dos (2) años surtió

efecto. Razonó ese foro apelativo, además, que “de ninguna

manera, la Universidad puede recurrir a la notificación de

no renovación de la cláusula decimosexta realizada el 27

de junio de 2013, para invocar la terminación al amparo de

la cláusula decimoquinta”. Ello, puesto que se trataba de

dos disposiciones contractuales independientes con

consecuencias distintas para las partes.5 Al así proceder,

el foro apelativo intermedio reconoció la validez de la

cláusula resolutoria en cuestión pero concluyó que la UCA

5 La Hon. Migdalia Fraticelli Torres emitió un Opinión Disidente en la que expresó que el mecanismo de sentencia sumaria no era el adecuado para disponer de la controversia entre las partes. Según indicó en su disenso, la sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia omitió una discusión relacionada con la cláusula de resolución unilateral contenida en el Contrato y no identificó adecuadamente la existencia de una controversia de hechos relacionada con la interpretación de dicha cláusula. En esencia, sostuvo que debía dirimirse en un juicio en su fondo si la UCA cumplió con el protocolo establecido para la resolución unilateral del Contrato. Además, la Jueza intimó que, en este caso, cabía la posibilidad de que se hubiese concretado una novación contractual, por lo que era indispensable evaluar la intención de las partes y los actos coetáneos y posteriores de éstas mediante la celebración de un juicio en su fondo. CC-2016-0028 9

no había ejercitado adecuadamente su derecho bajo ésta,

puesto que la remoción sin justa causa de la Presidenta de

la Universidad, conforme a los estatutos, requería el voto

mayoritario de la Junta de Síndicos. Razonó, además, que

la extensión automática de dos (2) años pactada

contractualmente había surtido efecto, toda vez que la

doctora Rodríguez continuó fungiendo como Presidenta de la

Universidad luego de la expiración del primer término de

vigencia contractual.

A diferencia del Tribunal de Primera Instancia, el

Tribunal de Apelaciones expuso que procedía interpretar el

Contrato suscrito entre las partes como uno de adhesión,

por lo que su lenguaje “confuso y hasta incompatible entre

sí” debía interpretarse a favor de la doctora Rodríguez, a

quien consideró la parte más débil. La reconsideración fue

declarada no ha lugar.

Insatisfecha con el dictamen del Tribunal de

Apelaciones, la UCA recurrió ante este Tribunal mediante

un recurso de certiorari. Mediante éste, planteó que los

foros recurridos habían errado al concluir que el Contrato

de empleo suscrito con la doctora Rodríguez no había sido

resuelto conforme a las cláusulas contractuales sobre

terminación aplicables. La UCA expuso que la notificación

de no renovación que le fue cursada a la doctora Rodríguez

el 27 de junio de 2013, 95 días antes a la fecha de

expiración del término de vigencia del Contrato, había

cumplido con la cláusula decimoquinta sobre terminación.6

6 Los errores planteados fueron los siguientes: CC-2016-0028 10

Además, señaló que, dentro del contexto de la revisión de

un dictamen sumario, el Tribunal de Apelaciones había

presumido hechos de manera improcedente.

El 29 de abril de 2016 este Tribunal expidió el auto

solicitado y, consiguientemente, las partes presentaron

sus respectivos alegatos. Así las cosas, la doctora

Rodríguez compareció y argumentó ante este Tribunal que la

UCA había incumplido con los términos del Contrato al

terminar la relación laboral antes de la fecha dispuesta

para ello; a saber, el 30 de septiembre de 2015. Sostuvo

que la extensión era una automática y que la notificación

de no renovación no tuvo el efecto de terminar la relación

laboral puesto que la misma tenía un término de cinco (5)

años.

La UCA, por su parte, insiste en que ejerció su

derecho a la resolución unilateral del Contrato sin justa

causa conforme al lenguaje pactado por las partes. Así,

indica que, en la medida en que este Tribunal considere

que la notificación del 27 de junio de 2013 fue eficaz, el

Contrato con la doctora Rodríguez quedó válidamente sin

efecto. Explica que una lectura integrada de las cláusulas

1. Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al concluir que la notificación para dar por terminado el Contrato de Empleo de la doctora Rodríguez fue inadecuada al ignorar ciertas disposiciones del Contrato y no interpretar las cláusulas del mismo en conjunto. 2. Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al presumir ciertas aseveraciones fácticas que resultan improcedentes dentro del marco procesal de una sentencia sumaria. 3. Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al concederle a la doctora Rodríguez el remedio de salario y beneficios por el plazo de dos años. CC-2016-0028 11

contractuales en cuestión apuntan a que es irrelevante si

dicha notificación se hizo al amparo de la cláusula

decimoquinta (terminación) o la decimosexta (no

renovación), puesto que el propio contrato supeditaba la

vigencia de la relación contractual a las disposiciones

sobre terminación. Según arguye, ambas cláusulas versan

sobre la terminación de la relación contractual,

independientemente del título de éstas. Bajo ese

fundamento, solicita a este Tribunal que revoquemos los

dictámenes recurridos. En la alternativa, plantea que la

cuantía otorgada a la doctora Rodríguez debe reducirse

para que únicamente esté obligada a resarcirle por un

término de noventa (90) días luego del 9 de enero de 2014,

fecha en la que le envió la carta de despido efectivo el

15 de enero del 2014.

Evaluados los argumentos de las partes, así como los

documentos que obran en el expediente y las respectivas

solicitudes de sentencia sumaria presentadas por las

partes ante el foro primario, estamos en posición de

resolver. Para ello, conviene examinar, en primera

instancia, los aspectos procesales del presente pleito y

la procedencia de un dictamen sumario para disponer del

mismo. Ello, en virtud del señalamiento de error de la UCA

con relación a la asunción, por parte del Tribunal de

Apelaciones, de ciertas aseveraciones fácticas que, según

alega, requerirían la celebración de una vista en su

fondo.

II. CC-2016-0028 12

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de sentencia

sumaria procura, ante todo, aligerar la tramitación de

aquellos casos en los cuales no existe una controversia de

hechos real y sustancial que exija la celebración de un

juicio en su fondo. Véase Ramos Pérez v. Univisión, 178

D.P.R. 200 (2010). La Regla 36 de las Reglas de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 36, rige el

proceso mediante el cual cualquiera de las partes en un

pleito puede solicitar al tribunal que dicte sentencia

sumaria a su favor. Cuando cualquier parte reclamante

solicite que el pleito sea resuelto por la vía sumaria,

deberá demostrar en su solicitud, “la inexistencia de una

controversia sustancial de hechos esenciales y

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier

parte de la reclamación”. 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 36.1,

36.2. La Regla 36.3 de Procedimiento Civil detalla el

procedimiento que deben seguir las partes al momento de

solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor. A

esos efectos, establece que una solicitud al amparo de

ésta deberá incluir: (1) una exposición breve de las

alegaciones de las partes;(2) los asuntos litigiosos o en

controversia;(3) la causa de acción, reclamación o parte

respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria;(4)

una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados

de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los

cuales no hay controversia sustancial, con indicación de

los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u CC-2016-0028 13

otra prueba admisible en evidencia donde se establecen

estos hechos, así como de cualquier otro documento

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente

del tribunal;(5) las razones por las cuales debe ser

dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable, y

(6) el remedio que debe ser concedido. 32 L.P.R.A. Ap. V.

R. 36.3. Presentada una solicitud de sentencia sumaria,

la parte que se opone a la concesión de la misma también

deberá cumplir con ciertos requisitos preceptuados en la

referida regla y deberá argumentar el derecho aplicable a

la controversia, ya sea para que el pleito no sea resuelto

por la vía sumaria, o para que se dicte sentencia sumaria

a su favor. Es decir, el hecho de que una parte solicite

sentencia sumaria no implica que la misma debe ser

resuelta a su favor. Esto es así porque la sentencia

sumaria “puede dictarse a favor o en contra del

promovente, según proceda en derecho”. Audiovisual Lang.

v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563, 575 (1997).

El criterio rector, pues, al momento de considerar la

procedencia de un dictamen sumario, es que no haya

controversia sobre los hechos esenciales y pertinentes,

según alegados por las partes en sus respectivas

solicitudes y/o oposiciones, y que sólo reste aplicar el

Derecho. Véanse Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197

D.P.R. 656, 661 (2017); Reyes Sánchez v. Eaton Electrical,

189 DPR 586, 594–595 (2013); SLG Zapata-Rivera v. J.F.

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González

Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). En ausencia de una CC-2016-0028 14

controversia de hechos materiales discernible,

corresponderá a los tribunales aplicar el Derecho y

resolver conforme al mismo. En ocasiones anteriores, al

evaluar la procedencia de un dictamen al amparo de la

Regla 36, hemos concluido que “la regla no excluye tipos

de casos y realmente puede funcionar en cualquier contexto

sustantivo”. Ramos Perez, supra, en la pág. 220.

En el presente caso, tanto la doctora Rodríguez como

la UCA solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que

dictara sentencia sumaria a su favor y circunscribieron

sus respectivos petitorios a una interpretación del

Derecho aplicable; esto es, el Contrato de empleo suscrito

entre ellas. De hecho, el único documento que acompañó la

Solicitud de Sentencia Sumaria de la doctora Rodríguez fue

el propio Contrato. En su oposición, la UCA únicamente

presentó una declaración jurada y los estatutos de la

Universidad para rebatir la contención de la doctora

Rodríguez sobre la vigencia de la relación contractual.

Los foros recurridos, al interpretar el lenguaje

contractual en cuestión, se ciñeron a los hechos

propuestos por la doctora Rodríguez y admitidos por la UCA

relacionados con la terminación del empleo de la primera.7

7 Como se indicó, aunque bajo fundamentos distintos, ambos foros concluyeron que la UCA incumplió con las disposiciones contractuales relacionadas con la resolución unilateral de la relación contractual. Salvo la Opinión Disidente de la Hon. Migdalia Fraticelli Torres, ninguno de los dictámenes de los foros recurridos aluden a la posibilidad de que, en este caso, haya operado la novación, ya sea en su modalidad extintiva o modificativa. Dado que la UCA no planteó este argumento en ninguno de los escritos que presentó, no nos corresponde, como foro revisor, evaluarlo en sus méritos. CC-2016-0028 15

Al interpretar estas cláusulas, ambos foros

recurridos determinaron que la UCA había incumplido con

las disposiciones contractuales atinentes a la terminación

de empleo de la doctora Rodríguez. Como se adelantó, de

una parte, el foro primario concluyó que el término de

vigencia del Contrato era de cinco (5) años, conforme a la

extensión automática pactada. De otra parte, el Tribunal

de Apelaciones concluyó que, si bien el término de

vigencia original era de tres años, la UCA incumplió con

los protocolos pactados para resolver unilateralmente la

relación contractual bajo la cláusula decimoquinta del

Contrato.

Examinados los documentos de autos, así como las

partes, coincidimos con los foros recurridos en que, de

los hechos, según expuestos por las partes, no surgía una

controversia material que imposibilitara un dictamen

sumario. Más bien, la controversia trabada requería

interpretar el lenguaje contractual y dirimir las

consecuencias jurídicas de los hechos, por lo que el uso

del mecanismo de sentencia sumaria en este caso era

adecuado. Aclarado este asunto, procede evaluar la

interpretación que hicieran los foros recurridos de las

cláusulas contractuales en cuestión. Veamos.

III.

Bajo la teoría general de obligaciones y contratos,

las partes contratantes “pueden establecer los pactos,

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, CC-2016-0028 16

siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral, ni

al orden público”. Cód. Civ. PR art. 1207, 31 L.P.R.A.

Sec. 3372. Este articulado recoge el principio de la

autonomía de la voluntad o libertad de contratación que

rige en nuestra jurisdicción. A tenor con este principio,

las partes se obligan a todos los extremos de lo pactado

siempre que ello sea conforme a la ley, la moral y el

orden público. Este vínculo contractual tiene sus límites

en la voluntad expresa de las partes y, claro está, en

todo aquello que sea derivado de las expectativas

razonables de lo que la buena fe dicta respecto a la

relación contractual.

Véase PaineWebber Inc. of Puerto Rico v. Service Concepts,

Inc., 151 D.P.R. 307, 311 (2000).

Una vez las partes acuerdan esos pactos, cláusulas y

condiciones mediante un contrato, están obligadas a

cumplir con las mismas. Esto es así porque “[l]as

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de

ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al

tenor de los mismos”, Cód. Civ. PR art. 1044, 31 L.P.R.A.

Sec. 2994. Este principio de pacta sunt servanda impone a

las partes contratantes la exigencia de cumplir con lo

pactado pues supone la inalterabilidad de los acuerdos

contenidos en el contrato.

En el pasado, hemos reconocido la validez de la

inclusión de cláusulas resolutorias unilaterales en los

contratos, determinando que las mismas no contravienen lo

dispuesto en el Artículo 1208 del Código Civil, 31 CC-2016-0028 17

L.P.R.A. sec. 3373 (“La validez y el cumplimiento de los

contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los

contratantes”.). Específicamente, hemos resuelto que las

cláusulas que permiten la terminación de una relación

contractual conforme a la voluntad de cualquiera de las

partes están en perfecta armonía con el principio de pacta

sunt servanda. Véase Flores v. Municipio de Caguas, 114

D.P.R. 521, 528, 529 (1983). En ese contexto, hemos

establecido que la prohibición de que el cumplimiento de

un contrato quede al arbitrio de una de las partes no

impide que los contratantes incluyan cláusulas que

permitan la terminación de la relación contractual a base

de la voluntad de cualquiera de ellas. Véanse Casanova

Díaz v. Puerto Rican–American Insurance Company, 106

D.P.R. 689, 695 (1978); Figueroa Piñero v. Miranda &

Eguía, 83 D.P.R. 554, 555–557 (1961); Arecibo Motors Co.

v. Caribe Motors Corp., 60 D.P.R. 401, 407, 409 (1942).

La validación jurisprudencial de las cláusulas

resolutorias –unilaterales y bilaterales- da cuenta de la

distinción que existe entre la validez de un contrato y su

duración. En efecto, en Flores v. Municipio, supra,

reconocimos que “una cosa es que una parte tenga la

facultad de decidir si el contrato existe o no, si está

obligada o no lo está, y otra que exista un contrato

válido cuyo término dependa exclusivamente de la voluntad

de una de las partes”. Id. en la pág. 528.

Consiguientemente, aclaramos que la prohibición contenida

en el Artículo 1208 del Código Civil “sólo alcanza al CC-2016-0028 18

primero de estos supuestos. En cuanto al segundo, la

obligación contraída subsiste con todos sus efectos

legales hasta que la parte así facultada decida ponerle

fin”. Id.

La interpretación por parte de los tribunales de este

tipo de cláusulas resolutorias, como ocurre con cualquier

otro tipo de cláusula contractual, se rige por lo

dispuesto en el Artículo 1233 del Código Civil, el cual

preceptúa que “[s]i los términos de un contrato son claros

y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se

estará al sentido literal de sus cláusulas”. 31 L.P.R.A.

sec. 3471. De otra parte, el referido artículo establece

que “[s]i las palabras parecieren contrarias a la

intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta

sobre aquéllas”. Id. Cónsono con este articulado, evaluar

la claridad de un contrato presupone concordar su letra

con la intención de las partes. Véase Marcial v. Tomé, 144

D.P.R. 522 (1997). Este proceso de análisis requiere una

“valoración de las palabras y de la congruencia que con la

voluntad guardan”. Id. (citando a S. del 9 de diciembre de

1965, Núm. 5603, XXXII (Vol. II) Repertorio de

Jurisprudencia 3433).

En el presente caso, las partes suscribieron una

cláusula resolutoria que le brindaba a ambas la

oportunidad de resolver el Contrato sin justa causa en

cualquier momento durante la vigencia de la relación

contractual. El ejercicio de ese derecho, conforme al

texto de la cláusula decimoquinta del Contrato, sólo CC-2016-0028 19

requería “previa notificación escrita a la otra parte con

al menos noventa (90) días de antelación a la fecha de

terminación”. Es decir, en virtud de este precepto

contractual, tanto la doctora Rodríguez como la UCA podían

resolver unilateralmente la relación contractual siempre y

cuando notificaran a la otra parte esta determinación

noventa días antes de la fecha en la que se proponían

terminar la misma. A todas luces, y contrario a lo que

argumenta la doctora Rodríguez en sus escritos, este

derecho podía ejercitarse en cualquier momento y no

únicamente noventa (90) días antes de la fecha de

terminación pactada en la cláusula sobre vigencia

contractual. Ciertamente, esta interpretación haría de la

cláusula una completamente superflua.

La inclusión en el Contrato de empleo suscrito entre

la partes de esta cláusula resolutoria es completamente

válida y cónsona con la jurisprudencia anteriormente

reseñada. Corresponde entonces determinar si la UCA

resolvió unilateralmente la relación de empleo conforme a

lo expresamente pactado en el Contrato o si, por el

contrario, incumplió con los términos del mismo y,

consecuentemente, debe resarcir a la doctora Rodríguez por

los salarios y beneficios dejados de percibir a partir de

la fecha en la que la UCA finalmente dio por terminada la

relación contractual; esto es el 15 de enero de 2014. Este

análisis requiere una lectura integrada de las cláusulas

aplicables y las consecuencias de cada una en lo que CC-2016-0028 20

respecta la vigencia del Contrato y la terminación del

mismo.8

IV.

A.

El Contrato suscrito entre la doctora Rodríguez y la

UCA contemplaba varias maneras en que la relación

contractual podría culminar. En primer lugar, el Contrato

podía terminar inmediatamente con el retiro, renuncia o

abandono de su empleo por parte de la doctora Rodríguez,

así como con la muerte o declaración de incapacidad de

ésta. En segundo lugar, el Contrato le confirió a la UCA

el derecho a dar por terminada la relación laboral con la

doctora Rodríguez en cualquier momento, sin previo aviso y

de manera inmediata en caso de violación por parte de ésta

a las normas éticas aplicables a su profesión, negligencia

crasa en el cumplimiento de sus deberes o si ésta era

acusada, se declaraba culpable o era sentenciada por la

comisión de algún delito a nivel estatal o federal.

Tercero, el Contrato también contempló distintas

instancias que constituirían justa causa para la remoción

inmediata de la doctora Rodríguez. Expresamente se

dispone, sin embargo, que cualquier caso de terminación

por justa causa requeriría el voto mayoritario de la Junta

de Síndicos.

8 Coincidimos con la parte peticionaria en lo atinente a la improcedencia de interpretar el Contrato suscrito entre las partes como uno de adhesión cuando, en el contexto particular de un dictamen sumario, no se ha pasado prueba sobre ese aspecto de la relación contractual. No obstante, el ámbito de la revisión judicial abarca el resultado y no los fundamentos, por lo que prescindimos de una discusión exhaustiva sobre este asunto. CC-2016-0028 21

Según se desprende de lo anterior, las partes

pactaron distintas razones por las cuales la relación

contractual podría terminar -por justa causa- previo a que

venciera el término de vigencia del Contrato. Todas estas

causales están contenidas en la cláusula decimoquinta, la

cual también recoge la cláusula resolutoria unilateral sin

justa causa, otra manera en la que la relación contractual

podía terminar. Esta cláusula resolutoria, como se

adelantó, permitía a las partes dar por terminada la

relación contractual sin justa causa para ello, siempre y

cuando mediara notificación adecuada. La consecuencia

inmediata del ejercicio del derecho conferido a las partes

mediante esa cláusula es que serían puestas en aviso sobre

la terminación de la relación contractual con noventa (90)

días de antelación. Una vez transcurrido ese término, la

relación contractual terminaría.

La última -y más natural o evidente- manera en la que

sería efectiva la terminación de la relación contractual

entre la doctora Rodríguez y la UCA sería por el

transcurso del término de vigencia pactado. En cuanto a

esto, la cláusula segunda del Contrato estableció que el

mismo estaría vigente hasta el 30 de septiembre de 2013,

“con revisión en esta fecha y extensión automática por dos

(2) años adicionales hasta el 30 de septiembre de 2015”.

Este término, a su vez, estaría “sujeto a las

disposiciones sobre terminación de esta relación

contractual”, las cuales fueron discutidas en los párrafos

que preceden. CC-2016-0028 22

Las partes interpretan esta cláusula relativa a la

vigencia del Contrato de maneras distintas. La doctora

Rodríguez, por su parte, estima que la extensión de la

relación contractual operaría de forma automática, por lo

que la fecha real de terminación del Contrato era el 15 de

septiembre de 2015. La UCA, sin embargo, considera que la

extensión no estaba supuesta a operar automáticamente y

que, dado que la vigencia del Contrato estaba subordinada

a las disposiciones sobre terminación, al informar a la

doctora Rodríguez su intención de no renovar

automáticamente el mismo –esto es, no extenderlo hasta el

30 de septiembre de 2015- ejercitó su derecho a la

resolución unilateral pactada en la cláusula decimoquinta

del Contrato. Apoyan esta contención con el hecho de que

la notificación de no renovación se hizo con noventa y

cinco (95) días de anticipación al 30 de septiembre de

2013.

Recordemos que, en lo atinente a la no renovación de

la relación contractual transcurrida su vigencia, el

Contrato establecía, en su cláusula decimosexta, que “[l]a

notificación de no renovación de este Contrato de Empleo

será emitida mediante correo certificado . . . en o antes

de noventa (90) días previos a la terminación de este

Contrato”. La cláusula también establece que, “[e]n

ausencia de dicha notificación” el Contrato sería renovado

automáticamente por términos de un mes, hasta tanto las

partes acordaran suscribir un nuevo contrato o la UCA CC-2016-0028 23

notificara sobre su intención de no renovar el mismo

conforme al protocolo establecido para ello.

De una lectura integrada de esta cláusula del

Contrato referente a la notificación de la no renovación

surge con meridiana claridad que la misma es completamente

distinguible de la cláusula que enumera las causales para

la terminación de la relación contractual. Esta realidad

ciertamente derrota la contención de la UCA a los efectos

de que “resulta irrelevante si la notificación del 27 de

junio de 2013 se hizo al amparo de la cláusula

decimoquinta o decimosexta del Contrato”. Certiorari, en

la pág. 10. A todas luces, las consecuencias jurídicas del

ejercicio de las obligaciones contenidas en cada cláusula

son distintas: mientras que una notificación de

terminación al amparo de la cláusula decimoquinta pondría

fin a la relación contractual entre las partes en

cualquier momento, una notificación al amparo de la

cláusula decimosexta derivaría en el fin de la relación

contractual en la fecha pactada contractualmente, puesto

que ésta no estaría sujeta a renovación.

Conviene destacar, además, que el lenguaje claro del

Contrato únicamente contempla la renovación automática de

la relación contractual por términos sucesivos de un mes

en ausencia de una notificación sobre la no renovación del

Contrato.9 En esa eventualidad, como se indicó, la

cláusula decimosexta estableció que la renovación

9 Como se relató en la relación de hechos, en este caso, la renovación mensual automática surtió efecto a pesar de que se le notificó a la doctora Rodríguez la no renovación. CC-2016-0028 24

automática se extendería hasta tanto las partes acordaran

suscribir un nuevo contrato o, en la alternativa, hasta

que la UCA notificara su intención de no renovar el mismo,

conforme a los requisitos sobre la notificación de no

renovación expuestos en esa misma cláusula.10

B.

Ahora bien, la obligación de notificar la no

renovación del Contrato dispuesta en la cláusula

decimosexta es contingente a la fecha de terminación de la

relación contractual. Como se adelantó, las partes

divergen en su interpretación sobre la duración del

Contrato en cuestión y el significado de los términos

“extensión automática” contenidos en la cláusula segunda

de éste. Tal y como interpretaron los foros recurridos,

las palabras “extensión” y “renovación” ciertamente no son

sinónimos. Un examen de sus distintas acepciones apuntan a

que una extensión presupone una continuidad temporal; esto

es, ”ocupar cierta cantidad de tiempo, durar”. Diccionario

de la lengua española, Real Academia Española, Vol. I

(22da ed. 2001), en la pág. 1024. En contraste, la palabra

“renovación” presupone una sustitución o un

restablecimiento; “[s]ustituir una cosa vieja, o que ya ha

servido, por otra nueva de la misma clase”, o “hacer como

10 De este lenguaje contractual surge que una vez se activara la renovación automática de mes a mes que operaría ante la ausencia de una notificación de no renovación y en el caso en que las partes no acordaran una nueva relación contractual, la doctora Rodríguez permanecería en su posición por un término mínimo de noventa (90) días. CC-2016-0028 25

de algo nuevo, o volverlo a su primer estado”. Id., Vol.

II, en la pág. 1945.

Del lenguaje contractual pactado surge que la

cláusula segunda sobre la vigencia del Contrato sólo

hace referencia al término extensión, mas no así al

término renovación. El uso del calificativo

“automática”, además, denota que la intención de las

partes era que la extensión surtiera efectos sin que

fuese necesario un acto afirmativo ulterior, es decir

“sin necesidad de la intervención directa del

interesado”. Si bien la cláusula alude a una “revisión

en esta fecha”, el uso de la conjunción “y” permite

colegir que, del lenguaje pactado, no surge que las

partes condicionaron la ocurrencia de un evento al otro

sino más bien la concurrencia de ambos en una fecha en

particular: el 30 de septiembre de 2013. Correspondía a

la UCA, según se obligó, revisar el Contrato el 30 de

septiembre de 2013. El incumplimiento por parte de la

UCA con esa obligación no puede, bajo ninguna

circunstancia, excluir la ocurrencia de un evento

independiente: la extensión de la vigencia de la

Debido a que lo que se pactó en la cláusula segunda

fue una “extensión automática” del término de vigencia

del Contrato y no una “renovación automática” del

Contrato en sí, la intención de no renovación por parte

de la UCA cursada el 27 de junio de 2013 no tuvo el

efecto de terminar la relación contractual habida entre CC-2016-0028 26

las partes. Mucho menos cuando la doctora Rodríguez

continuó fungiendo como Presidenta de la Universidad

hasta el 15 de enero de 2014. 11 Conviene señalar que, en

el primer Contrato de empleo suscrito en el 2007, las

partes no acordaron una extensión automática. No

obstante, sí pactaron una disposición similar a la

contenida en la cláusula decimosexta del Contrato

suscrito en el 2010 que imponía a la UCA la obligación

de notificar la no renovación de la relación contractual

con treinta (30) días de anticipación. En ese primer

contrato, sin embargo, no se pactó la renovación

automática de mes a mes que sí se pactó en la cláusula

decimosexta del segundo Contrato y la cual surtiría

efecto en ausencia de una notificación de no renovación.

Ciertamente, la inclusión de estas cláusulas en ambos

contratos responde a un reconocimiento implícito de una

expectativa de renovación. Más aún, cuando en el segundo

Contrato se incluyó la renovación automática culminada

la fecha de vigencia de la relación contractual si no se

11 Resulta preciso advertir que, tanto en su solicitud de sentencia sumaria como en el recurso de certiorari presentado ante este Tribunal, la UCA acomodaticiamente omite este hecho tan crucial sobre la permanencia de la doctora Rodríguez como Presidenta luego del 30 de septiembre de 2013 y hasta el 15 de enero de 2014. De esta manera, induce a error a este Foro al sostener que la notificación de no renovación fue eficaz y, en virtud de ella, “el Contrato de la doctora Rodríguez quedó entonces válidamente sin efecto”. Certiorari, en la pág. 11. Asimismo, la UCA solamente alude al contenido de la carta cursada el 27 de junio de 2013 en el que se le indica a la doctora Rodríguez que la Universidad está ejerciendo su derecho a no renovar automáticamente el Contrato. No obstante, omite el resto de la comunicación, en la que se le informa que el mismo sería renovado automáticamente por términos de un mes. CC-2016-0028 27

le notificaba a la doctora Rodríguez con noventa (90)

días de antelación que no se renovaría el mismo.

En el segundo Contrato suscrito, las partes muy

bien pudieron haber sujetado la extensión a la

concreción de la revisión de los términos del Contrato,

cualesquiera que fuesen. Igualmente, pudieron haber

sustituido la palabra “extensión” por “renovación”, dado

que por primera vez se acordó una renovación automática

de mes a mes vencido el término de vigencia contractual.

No lo hicieron. Por el contrario, pactaron la extensión

automática de la vigencia del Contrato y la renovación

automática de mes a mes únicamente cuando no se le

notificara a la doctora Rodríguez que el Contrato no

sería renovado transcurrida su vigencia.

Los hechos reseñados evidencian palmariamente que, en

este caso, no se configura ninguno de los escenarios

descritos en la cláusula decimosexta sobre no renovación

y/o renovación automática. Esto es así puesto que: (1) la

doctora Rodríguez sí fue notificada de la intención de la

UCA de no renovar su Contrato; (2) a pesar de esa

notificación, la UCA le indicó que trabajaría de mes a

mes, hasta tanto ocurriera la revisión pactada o se

determinara que el Contrato no sería renovado; (3)la UCA

nunca envió otra notificación de no renovación una vez la

doctora Rodríguez continuó fungiendo como Presidenta por

términos sucesivos de un mes hasta que, el 9 de enero de

2014, le envió una carta de despido que puso fin a la CC-2016-0028 28

relación contractual entre las partes con tan sólo cinco

(5) días de notificación.

A fin de cuentas, aún si equiparáramos los términos

“renovación” y “extensión”, la notificación cursada el 27

de junio de 2013 no tuvo el efecto de terminar la relación

contractual entre las partes efectivo el 30 de septiembre

de 2013 como sostiene la UCA. Por el contrario, mediante

esa notificación se le indicó a la doctora Rodríguez que

el Contrato se estaría renovando automáticamente de mes a

mes, algo que únicamente podía ocurrir, según los términos

del Contrato, en la eventualidad en que la UCA no

notificara oportunamente su decisión de no renovar el

mismo. La pretensión de la UCA es que hagamos caso omiso

al lenguaje contractual pactado en la cláusula decimosexta

y determinemos que la notificación de no renovación tuvo

el efecto dar por terminada la relación contractual, a

pesar de que la doctora Rodríguez continuó sus labores

como Presidenta por más de tres meses luego del 30 de

septiembre de 2013.

De otra parte, los hechos tampoco evidencian que la

UCA haya ejercido su derecho a terminar unilateralmente la

relación contractual al amparo de la cláusula decimoquinta

del Contrato. Según discutido, conforme al texto de esta

cláusula resolutoria, la UCA debía notificar, con noventa

(90) días de antelación, su intención de dar por terminada

la relación contractual. Este derecho podía ejercitarse en

cualquier momento, por lo que la fecha de vigencia del

Contrato resulta inmaterial al momento de determinar si se CC-2016-0028 29

ejerció adecuadamente. En este caso, sin embargo, en la

carta del 27 de junio de 2013 no se le indicó a la doctora

Rodríguez que la relación contractual terminaría, sino que

la misma se renovaría de mes a mes hasta tanto se

completara la revisión del Contrato y se llegara a una

determinación con relación a su extensión o no renovación.

Posteriormente, cuatro (4) días antes del 30 de septiembre

de 2013, la UCA le indicó a la doctora Rodríguez que no

renovaría su Contrato.

Finalmente, mediante carta fechada el 9 de enero de

2014, la UCA le informó a la doctora Rodríguez que su

último día como Presidenta de la Universidad sería el 15

de enero de 2014. Sólo mediante esta última carta la UCA

pudo haber ejercido su derecho a resolver unilateralmente

el Contrato sin justa causa al amparo de la cláusula

decimoquinta sobre terminación. Sin embargo, dado que

estableció como fecha de terminación el 15 de enero de

2014, incumplió con el requisito de notificación previa de

noventa (90) días pactada contractualmente. Justamente en

reconocimiento de este incumplimiento, la UCA nos

solicita, como remedio en la alternativa, que reduzcamos

la cuantía concedida a la doctora Rodríguez a los salarios

y beneficios que hubiese devengado por un término de

noventa (90) días a partir del 9 de enero de 2014. La

solicitud de ese remedio ignora la razón de ser de este

tipo de cláusulas, máxime en el contexto de un contrato de

empleo. La función del término de noventa (90) días es

proveer a ambas partes un periodo de tiempo razonable para CC-2016-0028 30

ajustarse a las consecuencias de la resolución

contractual. Así, lo que se persigue es garantizar el

cumplimiento con el requisito de notificación previa y no

establecer un referente cuantificable para resarcir al

perjudicado por un incumplimiento con dicho término.

V.

Por los fundamentos que anteceden, concluimos que el

Tribunal de Apelaciones no erró al determinar que la UCA

incumplió con las disposiciones contractuales relacionadas

con la terminación del Contrato. Consiguientemente,

tampoco erró al confirmar la cuantía correspondiente a los

salarios y beneficios que no fueron devengados por la

doctora Rodríguez a partir del 15 de enero de 2014 como

consecuencia del incumplimiento contractual por parte de

la UCA. Una interpretación cabal de las cláusulas

contenidas en el Contrato suscrito entre las partes

demuestra, sin lugar a dudas, que la UCA no ejerció su

derecho a la resolución unilateral pactada de manera

eficaz. Por tal razón, confirmamos el dictamen recurrido.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. Núm. CC-2016-0028

Universidad Carlos Albizu, Inc.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 9 de agosto de 2018.

Por los fundamentos que anteceden, concluimos que el Tribunal de Apelaciones no erró al determinar que la Universidad Carlos Albizu, Inc. (UCA), incumplió con las disposiciones contractuales relacionadas con la terminación del Contrato. Consiguientemente, tampoco erró al confirmar la cuantía correspondiente a los salarios y beneficios que no fueron devengados por la doctora Rodríguez a partir del 15 de enero de 2014 como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la UCA. Una interpretación cabal de las cláusulas contenidas en el Contrato suscrito entre las partes demuestra, sin lugar a dudas, que la UCA no ejerció su derecho a la resolución unilateral pactada de manera eficaz. Por tal razón, confirmamos el dictamen recurrido.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Estrella Martínez no intervinieron. La Juez Asociada señora Pabón Charneco no interviene.

Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo