Pueblo v. Vélez Rodríguez

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: September 14, 2012
• Docket: CC-2011-1032
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

EL Pueblo de Puerto Rico

Recurrido Certiorari

v. 2012 TSPR 139

María B. Vélez Rodríguez 186 DPR ____

Peticionaria

Número del Caso: CC-2011-1032

Fecha: 14 de septiembre de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Utuado

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcda. Wanda T. Castro Alemán Sociedad para Asistencia Legal

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Luis Román Negrón Procurador General

Materia: Procedimiento Criminal – Regla 35: Contenido y redacción de la acusación.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Recurrido

v. CC-2011-1032 Certiorari

María B. Vélez Rodríguez

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a de 14 de septiembre de 2012.

En esta ocasión nos corresponde determinar

si el Ministerio Público puede incluir, en el

pliego acusatorio, citas textuales en primera

persona de testigos potenciales. Contestamos en la

negativa.

I.

El Ministerio Público presentó una denuncia

contra la Sra. María B. Vélez Rodríguez

(peticionaria) por infracción al Art. 3.3

(maltrato por amenaza) de la Ley Núm. 54 de 15 de CC-2011-1032 2

agosto de 1989, “Ley para la Prevención e Intervención con

la Violencia Doméstica”.1 Una vez se determinó causa

probable para acusar, el Ministerio Público presentó la

correspondiente acusación. Dicha acusación dispuso lo

siguiente:

La referida acusada, MAR[Í]A B. V[É]LEZ RODR[Í]GUEZ, allá en o para el 3 de MARZO de 2011, en Adjuntas, PUERTO RICO, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, amenazó con causarle daño determinado, a C[Á]NDIDO BERIO RODR[Í]GUEZ, quien es su compañero consensual, consistente los hechos en que le manifestó: “QUE ME IBA A MATAR DONDE ME VIERA Y TE VOY A PERSEGUIR HASTA DARTE DOS PUÑALADAS. LUEGO ALLÍ MISMO ME DIJO, SÁTIRO, CABRÓN, ME CAGO EN TU MADRE, NO TE VAYAS A QUEDAR DONDE TU DUERMES, PORQUE TE VOY A PUÑALEAR LA ESPALDA”. Sintiendo el perjudicado temor por su vida.2 (Énfasis suplido.)

El día señalado para la lectura de acusación, la

representación legal de la peticionaria solicitó en la

vista la desestimación del caso. Arguyó que en la

acusación sometida no prevalecía el Art. 3.3 de la Ley

Núm. 54. Luego de examinar los planteamientos de las

partes, el Tribunal de Primera Instancia acogió –en corte

abierta- la solicitud de la defensa y ordenó al Ministerio

Público enmendar el pliego acusatorio en un término de 5

días o de lo contrario desestimaría el caso. Inconforme,

el Ministerio Público presentó una moción de

reconsideración en la que señaló, principalmente, que la

acusación cumplía con los requisitos constitucionales y

1 8 L.P.R.A. sec. 633. 2 Apéndice del certiorari, pág. 73. CC-2011-1032 3

estatutarios. Es decir, que la acusación contenía una

exposición narrativa corta de los hechos esenciales

constitutivos del delito imputado, cumplía con la

notificación suficiente al acusado y le protegía contra la

doble exposición.

Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia

ratificó su decisión original y declaró no ha lugar la

solicitud de reconsideración antedicha. La ilustrada sala

de primera instancia concluyó lo siguiente:

Concluimos pues, que el estilo en adoptar expresiones en primera persona de testigos potenciales puede provocar confusión al juzgador de los hechos. Colocaría también al Ministerio Público en una situación de vulnerabilidad ante la posibilidad de no probar hechos concretos alegados en la acusación que confundan al juzgador y acarreen un desvar[í]o en la justicia. A nuestro juicio se hace innecesario información no requerida por la acusada y que no cumple con el propósito de la Regla 39 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico. Nótese que la acusada no solicitó información adicional y/o pliego de especificaciones al amparo de las Reglas de Procedimiento Criminal. . . . . . . . Por lo que resolvemos que la forma en que está redactada y la utilización de la citación literal de declaraciones de la parte perjudicada, nos expone material irrelevante, innecesario y expuesto de manera perjudicial tanto para la acusada como para el Ministerio Público. Por lo tanto, concedemos un término de cinco (5) días improrrogables al Ministerio Público para someter la enmienda a la acusación.

Inconforme con esa decisión, el Ministerio Público

acudió al Tribunal de Apelaciones mediante una petición de

certiorari en la que arguyó que la actuación del foro

primario fue ultra vires. Alegó que la información CC-2011-1032 4

adicional o las citas textuales de la declaración jurada

de la alegada víctima del delito imputado que obran en el

pliego acusatorio, no perjudican a la peticionaria. El

Ministerio Público sostuvo, además, que la acusación en

cuestión cumplió con los requisitos de informar a la

peticionaria del delito por el que será procesada, así

como que la misma consigna todos los elementos de ese

delito.

El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de

certiorari y emitió una sentencia en la que revocó la

decisión del Tribunal de Primera Instancia. El foro

apelativo intermedio concluyó que la acusación cumple con

las exigencias y requisitos de nuestro ordenamiento al

informar adecuadamente a la peticionaria del delito que se

le imputa. De igual forma, el Tribunal de Apelaciones

sostuvo que el Ministerio Público detalló con claridad

todos los elementos del delito imputado, por consiguiente,

la acusación es conforme a derecho.

Insatisfecha por tal proceder, la Sociedad para

Asistencia Legal (S.A.L.) presentó oportunamente ante este

Tribunal una Petición de certiorari y una “Moción al

amparo de la Regla 50 del Reglamento del Tribunal

Supremo”, en representación de la peticionaria. Arguyó, en

síntesis, que la citación expresa en el pliego acusatorio

de una parte de la declaración jurada del perjudicado

lacera los derechos constitucionales de la acusada,

privándole del debido proceso de ley y de un juicio justo.

Asimismo, señaló que tal actuación también evade la CC-2011-1032 5

prohibición de la Regla 140 de Procedimiento Criminal para

que no se lleven declaraciones juradas al salón de

deliberaciones del jurado. La S.A.L. argumentó, además,

que las expresiones incluidas en la acusación son

inflamatorias y tienen un efecto perjudicial para la

peticionaria.

Así las cosas, expedimos el recurso de certiorari,

por lo que la peticionaria, así como el Procurador

General, presentaron sus respectivos alegatos. Con el

beneficio de ambas comparecencias procedemos a resolver.

II.

A. La acusación

Es altamente conocido que en nuestro ordenamiento

procesal penal el derecho de un acusado a la debida

notificación de los cargos presentados en su contra es de

rango constitucional. Ello se desprende de la Enmienda

Sexta de la Constitución federal3 y de la Sec. 11 del Art.

II de nuestra Constitución que dispone, en lo pertinente,

que “[e]n todos los procesos criminales, el acusado

disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser

notificado de la naturaleza y causa de la acusación

recibiendo copia de la misma…”.4 (Énfasis suplido.) Ese

mandato constitucional, se desprende a su vez, del debido

proceso de ley consagrado en la Enmienda Quinta de la

3 Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1. 4 Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Véase Pueblo v. Montero Luciano, 169 D.P.R. 360, 372 (2006). CC-2011-1032 6

Constitución federal,5 así como en la Sec. 7 del Art. II de

la nuestra,6 y que exige que el acusado esté informado

adecuadamente de la naturaleza y extensión del delito

imputado. El mecanismo que tiene el Ministerio Público

para cumplir con esa obligación de notificación es el uso

de la acusación o denuncia (pliego acusatorio) y que a su

vez, el Ministerio Público está obligado a entregar al

acusado una copia.

En cuanto a la acusación -que es el mecanismo

aplicable a los delitos graves- la Regla 34(a) de

Procedimiento Criminal la define como la “alegación

escrita hecha por un fiscal al Tribunal de Primera

Instancia en la cual se imputa a una persona la comisión

de un delito”.7 La Regla 35 de Procedimiento Criminal,8 por

su parte, dispone los elementos que toda acusación debe

contener. A esos efectos, el inciso (c) de la regla

antedicha dispone que la acusación deberá contener:

(c) Una exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier persona de inteligencia común. Las palabras usadas en dicha exposición se interpretarán en su acepción usual en el lenguaje corriente, con excepción de aquellas palabras y frases definidas por ley o por la jurisprudencia, las cuales se interpretarán en su significado legal. Dicha exposición no tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas en la ley, y podrá emplear otras que tuvieren el mismo

5 Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1. 6 Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. 7 34 L.P.R.A. Ap. II. 8 Íd. CC-2011-1032 7

significado. En ningún caso será necesario el expresar en la acusación o denuncia presunciones legales ni materias de 9 conocimiento judicial.

Conforme a la doctrina establecida, esos requisitos,

de rango constitucional y estatutario, se cumplen con una

acusación que incluya una exposición de los hechos

esenciales constitutivos del delito, redactada en lenguaje

sencillo, claro y conciso para que cualquier persona de

inteligencia común pueda entenderla.10 Por consiguiente,

para que el Ministerio Público pueda cumplir con lo

anterior no se le exige ningún lenguaje estereotipado o

técnico en su redacción ni el uso estricto de las palabras

dispuestas en el estatuto, solo se le exige que el

contenido exponga todos los hechos constitutivos del

delito.11 De esa forma, “la función de la acusación o

denuncia es crucial para el acusado pues, por virtud de

ella, el acusado conoce los hechos que se le imputan, de

suerte que pueda preparar su defensa conforme a ellos”.12

En las situaciones en las que un acusado considere

que hace falta más información en la acusación, puede

solicitar un “pliego de especificaciones”. El tipo de

información adicional que se solicita tiene que

relacionarse con hechos o detalles que, aunque no sean

9 Íd. 10 Pueblo v. Montero Luciano, supra, pág. 373; Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989). 11 Pueblo v. Montero Luciano, supra; Pueblo v. Calviño Cereijo, 110 D.P.R. 691, 693-694 (1981). 12 Pueblo v. Montero Luciano, supra. CC-2011-1032 8

hechos esenciales constitutivos del delito, ayudan a

clarificar la denuncia o acusación.13 No obstante, el

pliego de especificaciones no es un derecho absoluto sino

una facultad puramente discrecional del tribunal.14 El

mismo procede, “cuando la justicia así lo requiera; esto

es, cuando la información que se solicita, en la opinión

del tribunal, sea necesaria para que el acusado pueda

defenderse adecuadamente en el proceso judicial a que el

Estado lo somete”.15

Por otro lado, cuando la acusación, la denuncia o un

escrito de especificaciones adolece de algún defecto de

forma o sustancial, la Regla 38 de Procedimiento Criminal,

34 L.P.R.A. Ap. II, dispone con gran liberalidad que el

tribunal podrá permitir las enmiendas que sean necesarias

para subsanarlo. La Regla 36 de Procedimiento Criminal,

íd., establece que el defecto de forma será aquel que no

perjudica los derechos sustanciales del acusado. Ante esas

circunstancias, el tribunal podrá permitir en cualquier

momento las enmiendas necesarias para subsanar dicho

defecto de forma.16 Una vez rendido el veredicto del jurado

o el fallo del tribunal, en ausencia de enmienda, el

defecto, imperfección u omisión se entenderá subsanado.17

13 Pueblo v. Canino Ortiz, 134 D.P.R. 796, 812 (1993). 14 Íd. 15 Íd., pág. 813. 16 34 L.P.R.A. Ap. II R. 38 (a). 17 Íd. CC-2011-1032 9

En cambio, el defecto sustancial “es el que

perjudica los derechos sustanciales del acusado, bien

porque le impide preparar adecuadamente su defensa o

porque, sencillamente, tiene el efecto de insuficiencia de

la acusación o denuncia”.18 Cuando la acusación o denuncia

adolece de un defecto sustancial, el tribunal en el cual

se ventilare originalmente el proceso podrá permitir, en

cualquier momento antes de la convicción o absolución del

acusado, las enmiendas necesarias para subsanarlo.19 En los

casos que traten de una acusación el acusado tendrá

derecho a que se celebre un nuevo acto de lectura de

acusación.20

III.

En el caso de autos, el delito que se imputa en la

acusación es el de maltrato mediante amenaza del Art. 3.3

de la Ley Núm. 54, supra. Ese delito es definido como,

[t]oda persona que amenazare a su cónyuge, ex cónyuge, a la persona con quien cohabita o con quien haya cohabitado o con quien se sostiene o haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija, con causarle daño determinado a su persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro, incurrirá en delito grave de cuarto grado en su mitad superior.

La acusación, por su parte, dispuso lo siguiente:

18 E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. Forum, 1995, Vol. III, pág. 120. 19 34 L.P.R.A. Ap. II R. 38 (b). 20 Íd. CC-2011-1032 10

La referida acusada, MAR[Í]A B. V[É]LEZ RODR[Í]GUEZ, allá en o para el 3 de MARZO de 2011, en Adjuntas, PUERTO RICO, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, amenazó con causarle daño determinado, a C[Á]NDIDO BERIO RODR[Í]GUEZ, quien es su compañero consensual, consistente los hechos en que le manifestó: “QUE ME IBA A MATAR DONDE ME VIERA Y TE VOY A PERSEGUIR HASTA DARTE DOS PUÑALADAS. LUEGO ALLÍ MISMO ME DIJO, SÁTIRO, CABRÓN, ME CAGO EN TU MADRE, NO TE VAYAS A QUEDAR DONDE TU DUERMES, PORQUE TE VOY A PUÑALEAR LA ESPALDA”. Sintiendo el perjudicado temor por su vida.

Al examinar la acusación, a la luz de los requisitos

establecidos en la doctrina, podemos notar que esta es

suficiente y refleja todos los elementos esenciales del

delito imputado. En lo particular, la acusación expresa

claramente una conducta delictiva constitutiva de amenazar

a una pareja consensual con causarle daño determinado a su

persona. Sin embargo, la peticionaria alega que las

expresiones utilizadas en la acusación son innecesarias e

inflamatorias y, por ende, deben ser eliminadas. No le

asiste la razón.

El argumento principal de la peticionaria se

sustenta en la Regla 7(d) de Procedimiento Criminal

federal que dispone lo siguiente:

Upon the defendant‟s motion, the court may strike surplusage from the indictment or information.

En términos generales, en la jurisdicción federal se

ha considerado como “surplusage” cualquier hecho o

circunstancia que no es un elemento necesario del delito CC-2011-1032 11

imputado en el pliego acusatorio21 o aquellas alegaciones

que, aun si fueran eliminadas del pliego acusatorio, no

afectarían su suficiencia.22 El propósito de la regla

citada es proteger al acusado de alegaciones de hechos

inmateriales o irrelevantes.23 Ejemplo de ello son las

situaciones en las que en el pliego acusatorio se hace

referencia innecesaria al color de piel u origen del

acusado o la víctima con el propósito de estimular el

interés del jurado.24

Como parte del desarrollo de la doctrina, hay

tribunales que han utilizado lo que se conoce como el

“conjunctive test”, el cual sostiene que para que una

información se considere “surplusage” no solo tiene que

ser innecesaria (o inmaterial), sino que también tiene que

ser perjudicial para el acusado.25 Es decir, no se

entenderá como “surplusage” aquella información que,

aunque sea irrelevante, no perjudique al acusado y

viceversa.26

No obstante, la doctrina federal actual es sumamente

liberal en cuanto a permitir en el pliego acusatorio

información más allá de la mínima necesaria. Incluso, hay

21 U.S. v. Garrison, 168 F. Supp. 622, 624 (E.D. Wis. 1958); State v. Finnegan, 244 Iowa 166 (1952). 22 Mathews v. U.S., 15 F.2d 139 (C.C.A. 8th Cir. 1926). 23 C.A. Wright & A.D. Leipold, Federal Practice and Procedure, 4ta ed., Ed. Thomson-West, 2008, pág. 641. 24 Íd. 25 Íd., págs. 643-646. 26 U.S. v. Hedgepeth, 434 F.3d 609 C.A.3 (pa.) 2006, cert. denied 126 S.Ct. 2055, 547 U.S. 1144, 164 L.Ed.2d 807. CC-2011-1032 12

tribunales que han permitido mantener en la acusación

aquella información que aunque no es esencial a los cargos

imputados, sí es relevante o pertinente a la evidencia que

el Ministerio Público presentará en el juicio.27 De igual

forma, hay decisiones judiciales que han denegado eliminar

información relacionada con el origen o color de piel

aunque sea perjudicial, ello si dicha información es

relevante con el delito imputado.28

Ahora bien, contrario a lo dispuesto en la Regla

7(d) de Procedimiento Criminal federal, en nuestras Reglas

de Procedimiento Criminal no existe disposición análoga.

Por tanto, no hay un mandato expreso, como lo es a nivel

de la jurisdicción federal, que permita eliminar

información superflua (“surplusage”) del pliego

acusatorio. Además, el caso de autos no es el idóneo para

considerar la adopción de una postura análoga a la

federal. Nos explicamos.

El delito que se imputa en la acusación es el de

amenaza, por lo que consideramos que no es incorrecto que

el Ministerio Público brinde detalles en la descripción de

la conducta imputada. Las palabras soeces y aquellas que

constituyen la amenaza no son irrelevantes o inflamatorias

para ese delito. Así, pues, no estamos ante una situación

en la cual las palabras pudieran catalogarse de superfluas

o deban ser eliminadas. Es axiomático que una acusación

27 U.S. v. Yeaman, 987 F.Supp. 373 (E.D. Pa. 1997); U.S. v. Caruso, 948 F. Supp. 382, 392 (D.N.J. 1996). 28 Wright, op. cit., pág. 641. CC-2011-1032 13

que imputa este tipo de delito pueda contener los detalles

germanos a la conducta imputada. Por consiguiente, el

Ministerio Público podía utilizar ese tipo de información

en la acusación, la cual, como ya mencionamos, cumple con

la norma general sobre suficiencia y es cónsono con la

liberalidad de esa normativa. Recordemos que lo importante

es que se cumpla con las garantías mínimas requeridas por

la doctrina. Es decir, establecer todos los elementos

esenciales del delito imputado en lenguaje sencillo, claro

y conciso para que cualquier persona de inteligencia común

pueda entenderla.29

El Ministerio Público tiene discreción para decidir

la conveniencia de brindar información adicional a la

mínima requerida. Ante eso, el Procurador General expresó

en su alegato que “[l]a mayor especificidad en lo alegado

lo que hace es limitar al Ministerio Fiscal en relación

con la pertinencia de la prueba de cargo, pues ésta debe

ir dirigida a lo alegado en la acusación”.30 Y por tanto,

“[s]i la acusación solo alegara que la acusada amenazó al

perjudicado con causarle daño a su persona o a sus bienes,

el Ministerio Fiscal podría presentar cualquier

evidencia”.31

De esa forma, como el Ministerio Público no está

obligado a abundar en la acusación más allá de lo mínimo

29 Pueblo v. Montero Luciano, supra, pág. 373; Pueblo v. Flores Betancourt,supra. 30 Alegato del Procurador General, pág. 10. 31 Íd. CC-2011-1032 14

requerido,32 tampoco se le prohíbe hacerlo. En

consecuencia, contrario a lo resuelto por el Tribunal de

Primera Instancia, y como muy bien resolvió el Tribunal de

Apelaciones, el contenido de la información en la

acusación no es material irrelevante ni innecesario.

IV.

El Tribunal de Apelaciones solo limitó su análisis a

un examen de suficiencia de la información contenida en el

pliego acusatorio, sosteniendo así que la acusación

cumplió a cabalidad con la normativa vigente. Por ende,

revocó la determinación del foro primario de que se

enmendara la acusación. Sin embargo, nuestro análisis en

este caso no debe limitarse meramente a la adjudicación

sobre suficiencia. Ello, porque la controversia principal

del caso de autos no está centrada en la suficiencia de la

acusación (contenido), sino en la forma en que se brindó

la información en esta y los efectos perjudiciales que

puede acarrear a todas las partes. Precisamente, la

controversia gira en torno al uso de una cita directa de

la declaración jurada del perjudicado para describir la

conducta delictiva que se imputó a la señora Vélez

Rodríguez en la acusación presentada en su contra. Es

decir, la pregunta que nos resta por hacer es la

siguiente, ¿cuáles son los efectos, si alguno, del uso de

citas directas de declaraciones juradas en una acusación?

Los efectos son varios, veamos.

32 Ello es distinto, claro está, cuando aplica lo relacionado con los pliegos de especificaciones. CC-2011-1032 15

A.

En primer lugar, la peticionaria nos señala que la

transcripción parcial de una declaración jurada en la

acusación constituye una forma del Ministerio Público para

evadir el cumplimiento con la Regla 140 de Procedimiento

Criminal. Asimismo, arguye que esa actuación viola su

derecho a un juicio justo, así como al debido proceso de

ley.

La Regla 140 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.

Ap. II, dispone que “[a]l retirarse a deliberar, el jurado

deberá llevarse consigo todo objeto o escrito admitido en

evidencia, excepto las deposiciones”. Al interpretar el

término “deposiciones” este Tribunal lo amplió para

incluir tanto la confesión o admisión escrita de un

acusado, así como las declaraciones juradas de los

testigos.33 Precisamente, en Pueblo v. Ramos Cruz, 84

D.P.R. 563, 571 (1962), sostuvimos que la prohibición de

que el jurado lleve consigo las declaraciones escritas –en

este caso la confesión escrita del acusado- se sustenta en

“que es injusto para el acusado, que el jurado tenga ante

sí un documento escrito que puede leer y releer cuantas

veces le plazca…, mientras que de la prueba desfilada en

el juicio en su defensa, el jurado sólo tiene el recuerdo

de lo que declararon los testigos”. Lo anterior se

sustenta en el hecho de que “normalmente tiene más fuerza

33 Véanse: Pueblo v. Ramos Cruz, 84 D.P.R. 563 (1962); Pueblo v. Couret Martínez, 89 D.P.R. 57 (1963); Pueblo v. Martínez Díaz, 90 D.P.R. 467 (1964); Pueblo v. García García, 98 D.P.R. 822 (1970) (Transcripciones). CC-2011-1032 16

el documento escrito que se tiene ante la vista, que el

recuerdo de un testimonio oral”.34 Esta norma fue aplicada

de igual forma a la declaración jurada de un testigo en el

caso de Pueblo v. Martínez Díaz, 90 D.P.R. 467 (1964).

Es evidente que la norma prevaleciente prohíbe que

este tipo de documentos sean entregados al jurado para la

deliberación. No obstante, la doctrina ha reconocido que

aun cuando esos documentos sean entregados al jurado, ello

no anula automáticamente el veredicto y habrá que

determinar si fue un error perjudicial para el acusado.35

Ahora bien, entre los documentos que el jurado se

lleva al proceso de deliberación, está el pliego

acusatorio. Por consiguiente, al examinar los hechos del

caso ante nuestra consideración, resulta claro que la

práctica del Ministerio Público de citar expresamente

porciones de la declaración jurada del perjudicado

contraviene la doctrina antes expuesta, en la situación de

que la peticionaria decida hacer uso de su derecho a

juicio por jurado. Asimismo, una práctica como la aquí

utilizada por el Ministerio Público tiene el efecto de

evadir subrepticiamente la prohibición de que las

declaraciones juradas –escritas- sean consideradas por el

jurado en el proceso de deliberación, al introducirlas a

través del pliego acusatorio. Ello, no solo violaría la

Regla 140 de Procedimiento Criminal, sino que además,

34 Pueblo v. Ramos Cruz, supra, pág. 571. 35 Íd.; Pueblo v. Couret Martínez, supra; Pueblo v. Martínez Díaz, supra; Pueblo v. García García, supra. CC-2011-1032 17

laceraría los derechos de la peticionaria y pudiera

ocasionar en su día la anulación de un veredicto, en casos

en los que se considere como un error perjudicial. Así,

pues, le asiste la razón a la peticionaria.

En segundo lugar, avalar la práctica del Ministerio

Público de citar textualmente porciones de una declaración

jurada permitiría que en el juicio la alegada víctima o un

testigo -de quiénes se hayan obtenido la declaración

jurada o el testimonio que se cita en la acusación-

declare de forma diferente o con menos detalles que lo

contenido en el pliego acusatorio. Ante esas

circunstancias, el uso de las citas directas en la

acusación abre las puertas a la posibilidad de que el

jurado utilice esas citas para corroborar o, más aún,

complementar o ampliar algún testimonio. Dicha práctica,

incluso sería igual o adversamente mayor en los escenarios

en los que un testigo o la alegada víctima ni siquiera se

sienten a declarar. En esos casos, la deliberación del

jurado puede mancillarse con información de carácter

testimonial que no fue considerada en el juicio, lacerando

así los derechos constitucionales del acusado. Ello, en

primer lugar, porque “el acusado tiene un derecho

constitucional –debido proceso de ley y juicio por jurado

imparcial- a que el jurado delibere con base en la prueba

y no con base en información que no fue considerada en el

juicio”.36 En segundo lugar, porque el jurado estaría

36 E.L. Chiesa, op. cit., Vol. II, pág. 343. CC-2011-1032 18

considerando citas de un testimonio sustantivo que

constituye prueba de referencia y que el acusado pudiera

no haber tenido la oportunidad de contrainterrogar.

No ignoramos el argumento de que la acusación no

constituye prueba. Por lo tanto, puede plantearse que las

instrucciones al jurado –que son una de las medidas

cautelares para preservar el proceso como uno justo e

imparcial- subsanan los posibles efectos perjudiciales

antedichos. Ello, porque el Ministerio Público tendrá que

probar más allá de duda razonable las alegaciones

específicas que se imputan en la acusación. Sin embargo,

consideramos que en este tipo de casos la instrucción al

jurado de que la acusación no constituye prueba, no es

suficiente para evitar un perjuicio indebido a la

peticionaria. En este caso la enmienda a la acusación

sería una medida cautelar superior a la instrucción.

Debemos notar que no estamos ante una acusación

típica en la que el Ministerio Público relata los detalles

de la conducta imputada de delito en tercera persona

gramatical. En ese escenario, más allá de los detalles que

puedan brindarse, quien lee la acusación puede comprender

razonablemente que quien está “hablando” o “describiendo

la conducta” en la acusación es un ente externo, o sea, el

Ministerio Público. Las acusaciones típicas que se

presentan a diario en nuestros tribunales se redactan en

tercera persona gramatical y reflejan claramente las

alegaciones del Ministerio Público. CC-2011-1032 19

Por el contrario, cuando la acusación se redacta con

porciones en primera persona gramatical, como la aquí en

cuestión, cualquier lector razonable puede notar que el

que está “declarando” es un sujeto activo o pasivo del

suceso que originó el procedimiento penal. Es decir, un

sujeto separado y diferente del Ministerio Público.

Claramente, el lector puede percatarse que lo expresado no

son alegaciones del Ministerio Público, sino de alguien

más. Ese tipo de redacción por parte del Estado es una

práctica innecesaria y altamente sospechosa porque abre

las puertas a la confusión y al uso indebido de prueba

testimonial por parte del jurado (juzgador). Hoy son dos

oraciones; mañana, tal vez, será media página de

expresiones en primera persona gramatical, que fueron

parte de una declaración jurada, y que estarían

disponibles en medio de un cuarto de deliberación. El que

no haya límites en la cantidad de información permitida en

una acusación no significa que estemos obligados a avalar

la práctica de citar literalmente porciones de

declaraciones juradas o declaraciones de carácter

testimonial.

B.

Por otro lado, no debemos pasar por alto que la

práctica de citar expresamente las declaraciones juradas o

testimonios de algún testigo o víctima podría perjudicar,

a su vez, al Ministerio Público. Por esa razón, la Jueza

del Tribunal de Primera Instancia, Hon. Sandra Y. Gil de

Lamadrid, reconoció sabiamente en su Resolución que “el CC-2011-1032 20

estilo en adoptar expresiones en primera persona de

testigos potenciales puede provocar confusión al juzgador

de los hechos”. Ello, porque esa práctica crea la

posibilidad de que no se prueben los hechos concretos

alegados en la acusación, lo que colocaría al Ministerio

Público en una situación de vulnerabilidad, e igualmente

puede confundir al juzgador y acarrear un desvarío en la

justicia. Dicha práctica le impone la carga al Ministerio

Público de que su testigo declare lo que inicialmente se

citó, para no tener que enmendar la acusación. Incluso, en

casos de testimonios altamente disímiles, la credibilidad

del testigo podría lacerarse injusta e incorrectamente.

El Procurador General, por su parte, señaló que el

uso de comillas en las expresiones de la peticionaria no

implica un vicio en la acusación, ya que estas no aluden

expresamente a una declaración jurada. Sin embargo, acepta

que esas comillas “indican que esas fueron palabras

textuales de la acusada”. Es decir, no hay duda de que la

cita es parte del testimonio del perjudicado. El

Procurador General añade que esa cita es una alegación y

no es evidencia, por lo que estará obligado a presentar en

el juicio la prueba correspondiente. Está en lo correcto,

no obstante, ignora que el asunto problemático no está en

el contenido o lo alegado, sino en la forma en cómo se

brinda.

Asimismo, al examinar el efecto adverso, si alguno,

que sufriría el Ministerio Público con la prohibición del

uso de citas directas en la acusación, la respuesta es: CC-2011-1032 21

prácticamente ninguno. El Ministerio Público solo tendría

que enmendar la acusación y redactar la acusación en

tercera persona gramatical.

C.

Vale señalar que contrario a lo solicitado por la

peticionaria, aquí no estamos ante un asunto que amerite

la desestimación de la acusación. En la etapa de los

procedimientos en el que se encuentra el caso de autos, el

mecanismo de citar literalmente las declaraciones del

alegado perjudicado en la acusación constituye solo un

defecto de forma.37 Así, el tribunal puede permitir las

enmiendas que sean necesarias para subsanarlo y con ello

se evitaría cualquier efecto perjudicial y sustancial a

los derechos de la peticionaria. En el caso de autos, lo

que corresponde es una mera enmienda a la acusación para

volver a redactar dos oraciones. Evidentemente, lo

anterior no acarrea una carga onerosa ni un problema

sustancial para el Ministerio Público.

D.

Por último, es necesario que atendamos el

señalamiento de la opinión disidente dirigido a resaltar

que en Pueblo v. Ayala García, Op. de 13 de julio de 2012,

2012 T.S.P.R. 120, 186 D.P.R. __ (2012), la acusación allí

utilizada manifestaba el uso de unas declaraciones entre

37 Es importante señalar que incluso en la jurisdicción federal en los casos en los que se ha determinado que existe “surplusage” en la acusación, lo que corresponde es una enmienda a la acusación y no su desestimación. Es doctrina firmemente establecida que ese tipo de error no conlleva la desestimación de la acusación. Véase, Wright, op. cit., pág. 641. CC-2011-1032 22

comillas análogas a las de este caso. Con ello intenta

crear una aparente inconsistencia de este Tribunal al

expresar que “a ningún miembro de este Foro le causó

sospecha la redacción de esa acusación”.38 No obstante, la

Opinión disidente pasa por alto que la controversia que

hoy resolvemos (el uso de una cita literal de carácter

testimonial en la acusación) no fue parte de la

controversia en Ayala García.

En Ayala García, la controversia se centró en

resolver “si el delito de maltrato contenido en la Ley

para la Prevención e Intervención con la Violencia

Doméstica, Ley 54 de 1989, es uno menor incluido en el de

maltrato mediante amenaza que tipifica esa ley”.39

Asimismo, examinamos si se justificaba “dejar en libertad

a una persona acusada por maltratar a su pareja debido a

que se le sentenció por un delito distinto al imputado,

aunque se probó que había cometido aquel por el cual se le

acusó”.40 Es decir, es evidente que la controversia del

caso de autos no estuvo ante la consideración de este

Tribunal en Pueblo v. Ayala García, íd.

Otro aspecto que merece nuestra atención es el

argumento de que nuestra decisión en el caso de autos

“revoca” el caso de Pueblo v. Calviño Cereijo, 110 D.P.R.

38 Opinión disidente, pág. 15. 39 Pueblo v. Ayala García, Op. de 13 de julio de 2012, 2012 T.S.P.R. 120, 186 D.P.R. __ (2012). 40 Íd. CC-2011-1032 23

691 (1981).41 Nada puede estar más lejos de la verdad. En

Calviño Cereijo, íd, se cuestionó el contenido de dos

acusaciones por tentativa de asesinato (se alegaba que no

imputaban delito) porque estas no señalaban expresamente

que el asesinato no se consumó por razones ajenas a la

voluntad de los acusados. Los acusados pretendían que

ambas acusaciones utilizaran literalmente la expresión del

Art. 26 del Código Penal de 1974 de que, “[e]xiste

tentativa cuando la persona realiza acciones o incurre en

omisiones inequívocamente dirigidas a la ejecución de un

delito, el cual no se consuma por circunstancias ajenas a

su voluntad”. (Énfasis nuestro).

En esa ocasión, resolvimos que el Ministerio Público

no tenía que “emplear estrictamente las palabras usadas en

la ley”, por lo que podía “emplear otras que tengan el

mismo significado”.42 A esos efectos es que reconocimos que

el Ministerio Público no tiene por qué seguir un lenguaje

estereotipado, técnico o talismánico.43 Por consiguiente,

salta a la vista que, contrario a lo expresado por la

disidencia, lo resuelto en el caso de autos no trastoca la

norma establecida en Calviño Cereijo.

V.

En el caso de autos realizamos un balance de

intereses entre: el pobre valor procesal del mecanismo del

Ministerio Público de utilizar citas directas de

41 Opinión disidente, pág. 14. 42 Pueblo v. Calviño Cereijo, 110 D.P.R. 691, 693-694 (1981). 43 Íd., pág. 694. CC-2011-1032 24

testimonios en la acusación y el impacto casi inexistente

en sus funciones, versus el riesgo de causar un perjuicio

indebido a la peticionaria, confusión o desorientación del

jurado, así como el riesgo de presentación innecesaria de

prueba. Al así hacerlo, es forzoso concluir que la balanza

se inclina a favor de la protección de los derechos de la

peticionaria a un debido proceso de ley y a un juicio

justo. Lo correcto es que el Ministerio Público enmiende

la acusación y reformule el lenguaje, de manera tal que no

haga referencia a citas literales de carácter testimonial

del alegado perjudicado.

Así, en armonía con lo antes resuelto, revocamos la

sentencia del Tribunal de Apelaciones y, reinstalamos la

orden del Tribunal de Primera Instancia que le concede al

Ministerio Público un término de 5 días improrrogables

para someter la enmienda a la acusación, y así, elimine la

citación literal de las declaraciones de la parte

perjudicada.

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2012.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones y, se reinstala la orden del Tribunal de Primera Instancia que le concede al Ministerio Público un término de 5 días improrrogables para someter la enmienda a la acusación, y así, elimine la citación literal de las declaraciones de la parte perjudicada.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió Opinión Disidente a la cual se une la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2011-1032 María B. Vélez Rodríguez

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES a la cual se une la Jueza Asociada señora PABÓN CHARNECO.

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2012.

No puedo suscribir la Opinión rígida que emite

el Tribunal en el día de hoy. Por un lado, la

Opinión resuelve con honestidad intelectual que el

contenido de la relación de hechos alegados en la

acusación en controversia es relevante, necesario y

no inflamatorio. Opinión del Tribunal, págs. 9-13.

Sin embargo, a renglón seguido, la Opinión del

Tribunal, pág. 17, concluye que una acusación no se

debe redactar en primera persona gramatical porque

“la deliberación del jurado puede mancillarse con

información de carácter testimonial que no fue

considerada en el juicio, lacerando así los CC-2011-1032 2

derechos constitucionales del acusado”. Es innecesario

enmendar una acusación por el delito de maltrato mediante

amenaza, Art. 3.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de

1989, conocida como Ley para la Prevención e Intervención

con la Violencia Doméstica, 8 L.P.R.A. sec. 632, porque se

redactó en “primera persona gramatical” y no en “tercera

persona gramatical” como ordena la Opinión del Tribunal,

por primera vez en nuestra historia. Op. del Tribunal,

pág. 20. Al contrario, opino que el Ministerio Público

brindó una relación de hechos completa en la acusación e

imputó todos los elementos del delito. Fundamentándome en

lo que señalo a continuación, disiento firmemente, pero

con mucho respeto, de la Opinión del Tribunal.

Los hechos de este caso se encuentran bien resumidos

en la Opinión del Tribunal y no hace falta repetirlos en

este disenso. Lo único que intereso recalcar es el texto

de la acusación en controversia, que es el siguiente:

La referida acusada, MARIA B. VELEZ RODRIGUEZ, allá en o para el día 3 de MARZO de 2011, en Adjuntas, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, amenazó con causarle daño determinado, a CANDIDO BERIO RODRIGUEZ, quien es su compañero consensual, consistente los hechos en que le manifestó “QUE ME IBA A MATAR DONDE ME VIERA Y TE VOY A PERSEGUIR HASTA DARTE DOS PUÑALADAS. LUEGO ALLÍ MISMO ME DIJO, SÁTIRO, CABRÓN, ME CAGO EN TU MADRE, NO TE VAYAS A QUEDAR DONDE TU DUERMES, PORQUE TE VOY A APUÑALEAR LA ESPALDA”. Sintiendo el perjudicado temor por su vida. (Énfasis nuestro.) Apéndice, pág. 73. CC-2011-1032 3

I

A. Como señala el Prof. Chiesa Aponte, el “término

acusación adolece, en nuestro derecho procesal penal, de

ambigüedad; el término se utiliza en dos sentidos

distintos, esto para mentar dos conceptos”. E.L. Chiesa

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados

Unidos, Editorial Forum, 1993, Vol. III, sec. 24.1, pág.

139. Por un lado, se utiliza el término para referirse “al

documento que contiene las imputaciones de delito y que

constituye el conjunto de alegaciones del Ministerio

Fiscal, base para las alegaciones del acusado y la

celebración de procedimientos posteriores, incluyendo el

juicio”. Íd. (Énfasis nuestro.)

En ese sentido amplio, “la acusación es el „pliego

acusatorio‟ que contiene las imputaciones del Pueblo

contra el acusado, independientemente de la naturaleza del

delito imputado (grave o menos grave) y de la sección del

Tribunal de Primera Instancia ante el cual se halle

pendiente el caso”. Íd. En un sentido técnico, cabe

distinguir la acusación de la denuncia. En la primera, se

imputa generalmente un delito grave, mientras que en la

segunda se imputa siempre un delito menos grave. Véase,

Regla 34 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En

la discusión que procede, se utiliza el término

“acusación” en su acepción amplia. CC-2011-1032 4

A través de los siglos, la naturaleza de lo que

constituye una acusación ha evolucionado. N. Hollander y

otros, Wharton´s Criminal Procedure, 14 ed., Thomson

Reuters, 2002, Vol. 1, sec. 5:1. Originalmente, una

acusación era suficiente si en ella meramente se alegaba

algo tan sencillo como que “alguien se robó un caballo”.

Íd. Sin embargo, debido a que en el sistema inglés el

derecho consuetudinario era el que definía los delitos y

le imponía penas severas, varias cortes comenzaron a

imponer reglas técnicas para proteger a los acusados de

ambigüedad o falta de precisión en la definición de

delitos. Véase, en general, F. Warthon, Criminal Pleading

and Procedure, 9 ed., Philadelphia, Kay and Brother, 1889.

Ese diseño procesal rígido requería una declaración

completa de los hechos alegados y las teorías legales

subyacentes. Lo anterior tenía como fin proteger a los

acusados de la multiplicación arbitraria de ofensas, de la

extensión de la ley penal mediante legislación judicial y

de la arbitrariedad de la Corona en el ejercicio del

poder. United States v. Wydermyer, 51 F. 3d 319, 324 (2do

Cir. 1995); W.S. Holdsworth, A History of English Law, 3ra

Ed., 1923, pág. 623.

En ese entonces, errores técnicos en las acusaciones

podían resultar en desestimaciones de casos o en la

revocación de convicciones. N. Hollander y otros, op cit.,

sec. 5:1. No obstante, en la era de los códigos penales y

de las reglas sobre la suficiencia y peso de la prueba CC-2011-1032 5

esas justificaciones de rigidez técnica en la revisión de

acusaciones ha desaparecido. United States v. Wydermyer,

supra, pág. 324.

En la época moderna, la revisión sobre la suficiencia

de una acusación se enfoca en los siguientes aspectos: (1)

el derecho del acusado a ser informado de la naturaleza de

los cargos en su contra, según contemplado en la Sexta

Enmienda de la Constitución Federal y el Art. II, Sec. 11

de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A. Tomo I; (2) el

derecho constitucional en la jurisdicción federal en

ciertos casos a ser procesado por una acusación que pase

el cedazo de un gran jurado, Russell v. United States, 369

U.S. 749, 760-761 (1962) y; (3) el derecho constitucional

a no ser procesado dos veces por el mismo delito, según

vislumbrado en la Sexta Enmienda de la Constitución

Federal y el Art. II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto

Rico, L.P.R.A. Tomo I.

Aunque ya no existen las reglas de rigidez que

gobernaban siglos atrás, en ocasiones no presentar con

suficiente especificidad los hechos que se imputan en una

acusación puede causar la revocación de una convicción. Lo

expuesto anteriormente se puede apreciar con claridad si

se analiza lo resuelto en Russell v. United States, supra.

Allí, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió

que una acusación basada en negarse a contestar las

preguntas de una comisión del Congreso, 2 U.S.C. sec. 192, CC-2011-1032 6

era insuficiente si no se alegaba específicamente el tema

de preguntas que se negó a contestar el acusado. Íd.,

págs. 763-764, 768. La decisión de ese Foro se sustentó en

que uno de los elementos del delito que se imputó requería

que la información fuera pertinente. Íd. En ese caso no

bastó alegar en la acusación que el acusado se negó a

contestar ante el Congreso “preguntas pertinentes”. Era

necesario abundar en la pertinencia del tema de las

preguntas, lo que no ocurrió. Íd. Sobre la importancia de

que una acusación contenga todos los elementos del delito

imputado véanse, además, United States v. Cruikshank, 95

U.S. 542 (1875); State v. Shirley, 89 P. 3d. 649 (Kansas

2004).

Claro está, la especificidad de hechos en cada

acusación dependerá del delito imputado. N. Hollander, op

cit., sec. 5:11. En suma, podemos concluir que toda

acusación tiene que incluir información suficiente para

establecer el qué, quién, cómo y dónde del delito

imputado. Íd.; W. LaFave, J. Israel y otros, Criminal

Procedure, 3ra. Ed., Thomson West, 2007, Vol. 5, Sec.

19.3(b), págs. 276-285.

Sin embargo, en ocasiones el Ministerio Público puede

redactar en la acusación hechos irrelevantes y

perjudiciales al acusado. Cuando eso ocurre en la

jurisdicción federal, la Regla 7 de Procedimiento Criminal

federal permite al abogado de la defensa presentar una CC-2011-1032 7

moción para eliminar ese material irrelevante y

perjudicial. En particular, la Regla 7(d) de Procedimiento

Criminal federal dispone en lo que nos ocupa: “Upon the

defendant´s motion, the court may strike surplusage from

the indicment or information”. La jurisprudencia de los

tribunales federales en torno a la citada Regla 7, íd.,

expresa con claridad que solo las alegaciones irrelevantes

y perjudiciales pueden ser eliminadas al amparo de la

Regla 7, íd. United States v. Hedgepeth, 434 F. 3d 609

(3er Cir. 2006); United States v. Giampa, 904 F. Supp. 235

(D.N.J. 1995); United States v. Giovanelli, 747 F. Supp.

875 (S.D.N.Y. 1989); Drawnow v. United States, 307 F.2d

545 (8vo Cir. 1962). Véase, además, C.A. Wright y A.D.

Leipold, Federal Practice and Procedure, 4ta ed., Thomson-

West, 2008, sec. 128, pág. 641.

Incluso, como señala con sinceridad la Opinión

mayoritaria, pág. 11, hay tribunales que han permitido en

la acusación información que aunque no es esencial a los

cargos imputados sí es relevante a la evidencia que el

Ministerio Público presentará en el juicio. United States

v. Yeaman, 987 F. Supp. 373 (E.D. PA. 1997); United States

v. Caruso, 948 F. Supp. 382 (D.N.J. 1996).

B. Por su parte, en nuestro ordenamiento jurídico la

Regla 34 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II,

dispone que la primera alegación de parte del Pueblo será

la acusación. La Regla 35 de Procedimiento Criminal, 34 CC-2011-1032 8

L.P.R.A. Ap. II, regula el contenido de la acusación. En

lo concerniente, ese precepto indica:

La acusación y la denuncia deberán contener: ........ (c) Una exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier persona de inteligencia común. Las palabras usadas en dicha exposición se interpretarán en su acepción usual en el lenguaje corriente, con excepción de aquellas palabras y frases definidas por ley o por la jurisprudencia, las cuales se interpretarán en su significado legal. Dicha exposición no tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas en la ley, y podrá emplear otras que tuvieren el mismo significado. En ningún caso será necesario el expresar en la acusación o denuncia presunciones legales ni materias de conocimiento judicial. Íd. (Énfasis nuestro.)

Dicho de otro modo, el inciso (c) de la Regla 35 de

Procedimiento Criminal, íd., requiere que toda acusación:

(1) incluya todos los elementos del delito imputado; (2)

en un lenguaje al alcance de la comprensión del ciudadano

promedio. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 144.

Esencialmente, la Regla 35 de Procedimiento Criminal, íd.,

responde al derecho constitucional de todo acusado “a ser

notificado de la naturaleza y causa de la acusación”,

según lo establece el Art. II, Sec. 11 de la Constitución

de Puerto Rico. Véase, Pueblo v. Montero Luciano, 169

D.P.R. 360, 372 (2006). Por eso, si una acusación no CC-2011-1032 9

imputa delito, la Regla 64(a) de Procedimiento Criminal,

34 L.P.R.A. Ap. II, permite que se desestime.

Sobre el particular, mencionamos en Pueblo v. Calviño

Cereijo, 110 D.P.R. 691, 693-694 (1981), que “[l]as

acusaciones y las denuncias deben informar a los acusados

de qué se les acusa, pero no es para ello necesario seguir

ningún lenguaje estereotipado o talismánico”. (Énfasis

nuestro.) Por su parte, el Prof. Chiesa Aponte ha

mencionado que “la suficiencia de una acusación se evalúa

en forma liberal en cuanto al lenguaje utilizado en la

imputación del delito, aunque en forma rigurosa en cuanto

a la necesidad de imputar todos los elementos del mismo”.

Chiesa Aponte, op. cit., pág. 149. Ahora, la Opinión del

Tribunal invierte ese análisis en su ponencia. Interpreta

de forma laxa la necesidad de imputar todos los elementos

del delito, pero de forma rigurosa el lenguaje utilizado

en la acusación.

Debido a la importancia de que se señalen todos los

elementos del delito en una acusación, en Pueblo v.

González Olivencia, 116 D.P.R. 614 (1985), nos vimos

obligados a reducir una sentencia de quince a seis años de

prisión. Lo hicimos porque en la acusación no se alegó un

elemento del delito que hubiere agravado la pena. Íd.,

pág. 617. Véase, además, Pueblo v. Narváez Narváez, 122

D.P.R. 80 (1988).

En la acusación que nos ocupa se imputa el delito de

maltrato mediante amenaza, según tipificado en el Art. 3.3 CC-2011-1032 10

de la Ley Núm. 54, supra. Ese precepto dispone lo

§ 633 Maltrato mediante amenaza

Toda persona que amenazare a su cónyuge, ex cónyuge, a la persona con quien cohabita o con quien haya cohabitado o con quien sostiene o haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija, con causarle daño determinado a su persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro, incurrirá en delito grave de cuarto grado en su mitad superior.

El tribunal podrá imponer la pena de restitución, además de la pena de reclusión establecida. (Énfasis nuestro.)

Como se aprecia, el sujeto activo de ese delito es la

persona que amenaza a su cónyuge, excónyuge, persona con

quien cohabite o con quien haya cohabitado, persona con

quien sostenga o haya sostenido una relación consensual o

la persona con quien haya procreado un hijo o hija. La

conducta que prohíbe el Art. 3.3, íd., es amenazar a una

persona con causarle un daño determinado a su persona o

los bienes apreciados por esta.

En general, el delito de amenaza “es la expresión

intencional de que se llevará a cabo determinada intención

delictiva o daño contra otra persona”. D. Nevares Muñiz,

Código Penal de Puerto Rico, 5 ed., San Juan, Instituto

para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2012, pág. 252. De CC-2011-1032 11

esa forma, para que se configure ese delito es necesario

que “la amenaza llegue al conocimiento del amenazado y

sienta la aprehensión o el temor propio de la amenaza”. D.

Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 6 ed., San

Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc.,

2010, pág. 305.

II

Con mucho respeto, me parece que la Opinión del

Tribunal incurre en un gran error conceptual que lo lleva

a concluir de forma errada en este caso: le atribuye valor

evidenciario a una acusación. En particular, la Opinión

del Tribunal, pág. 17, indica que “la deliberación del

así los derechos constitucionales del acusado”.

Sin embargo, un análisis histórico de lo que

constituye una acusación, además de un análisis integrado

de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, obligan a

concluir que la acusación no es otra cosa que una

alegación que hace el Ministerio Público en la que informa

a una persona de qué se le acusa. De hecho, la Opinión del

Tribunal, pág. 17, concluye con candidez que “la acusación

no constituye prueba”. Evidentemente, todos los hechos que

el Ministerio Público consigna en una acusación necesitan

ser probados más allá de duda razonable en el proceso

penal. Pueblo v. García Colón I, 182 D.P.R. 129, 174-176

(2011); Pueblo v. Lugo, Rivero y Almodóvar, 121 D.P.R. CC-2011-1032 12

454, 472 (1988); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645,

652 (1986). Sin embargo, no podemos aplicarle a una

acusación las Reglas de Evidencia. Si eso hiciéramos,

procedería entonces desestimar todas las acusaciones

porque en ellas se vierte prueba de referencia

inadmisible. Regla 804 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI.

Es decir, el Ministerio Público hace una relación de

hechos de los cuales no tiene conocimiento personal.

Incluso, la Regla 47 de Procedimiento Criminal, 34

L.P.R.A. Ap. II, permite al Ministerio Público que haga

una alegación con relación a cualquier documento, sin que

sea necesario incluirse una copia de todo o de parte del

mismo.

En virtud de lo anterior, en nuestro esquema procesal

penal se le imparten unas instrucciones al jurado. En

ellas, se le explica que, como muy bien indica la Opinión

del Tribunal, la acusación no constituye prueba, sino que

es una alegación que hace el Ministerio Público. En

particular, el Proyecto de Libro de Instrucciones al

Jurado de 2008, pág. 2, confeccionado por el Secretariado

de la Conferencia Judicial,44 indica que los miembros del

jurado:

No pueden tener prejuicio alguno contra el acusado [la acusada] por el hecho de que haya sido arrestado [arrestada] o detenido [detenida], porque esta acusación haya sido

44 El documento se puede acceder en el siguiente enlace: http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/conferencia/manual- instrucciones-jurado-septiembre-2008.pdf. (Última visita el 29 de agosto de 2012). CC-2011-1032 13

presentada en su contra, o porque sea sometido [sometida] a juicio. Ninguna de estas circunstancias es evidencia de su culpabilidad. Ustedes no pueden inferir o especular que por razón de dichas circunstancias o por alguna de ellas es más probable que el acusado [la acusada] sea culpable o no culpable.

Más adelante, el Proyecto abunda al respecto:

Al comenzar el juicio, se le dará lectura formal a la acusación. Recordamos a las damas y caballeros del Jurado que la acusación no es evidencia y por sí sola no demuestra que el acusado [la acusada] cometió el delito que se le imputa. Es con la prueba que presentará el Ministerio Fiscal, y que sea admitida durante el juicio, que ustedes determinarán si el delito fue cometido o si el Ministerio Fiscal probó o no, más allá de duda razonable, todos los elementos del delito.

........

Como se les instruyó previamente, la acusación por sí sola no es prueba de que se cometió delito. La ley presume que el acusado [la acusada] _________________es inocente del(de los) delito(s) mencionado(s) en la acusación. En todos los casos criminales aplica el principio fundamental establecido en la Constitución de Puerto Rico de que el acusado [la acusada] es inocente, a no ser que se pruebe lo contrario. Esta presunción de inocencia acompañará al acusado [a la acusada] _________________ durante todo el juicio, y hasta el momento en que ustedes rindan su veredicto.

Proyecto de Libro de Instrucciones al Jurado de 2008, íd., págs. 12, 13. CC-2011-1032 14

Opino que esa instrucción es más que suficiente para

evitar un perjuicio indebido al acusado. Afirmar lo

contrario implicaría resolver que un jurado no puede

entender un principio de derecho que está firmemente

arraigado en nuestra jurisdicción, a saber, el mandato

constitucional que garantiza al acusado la presunción de

inocencia y exige que toda convicción esté sostenida con

evidencia más allá de duda razonable. Pueblo v. García

Colón I, supra; Pueblo v. Lugo, Rivero y Almodóvar, supra.

De igual forma, no podemos olvidar que el delito que

se imputa en el pliego acusatorio que nos ocupa es el de

maltrato mediante amenaza, Art. 3.3. de la Ley Núm. 54,

supra. Para auscultar si en efecto se configuró una

amenaza, hay que saber cuál fue la expresión en particular

que alegadamente manifestó el sujeto activo al sujeto

pasivo del delito. Así, resulta espinoso concebir cómo el

Ministerio Público puede alegar en la acusación el

elemento del daño determinado a la persona o los bienes

apreciados por ésta sin colocar la frase que manifestó el

sujeto activo. Por esa razón, la Opinión del Tribunal,

pág. 13, tuvo que concluir con integridad intelectual que

el contenido de la acusación “no es material irrelevante

ni innecesario”. Y es que en este caso el Ministerio

Fiscal no expuso la frase en controversia por alguna razón

maquiavélica. Simplemente, el Ministerio Público se

aseguró de cumplir con el derecho constitucional que tiene

todo acusado a conocer la naturaleza del delito por el CC-2011-1032 15

cual se le acusa, además de asegurarse que no se le está

procesando dos veces por el mismo delito. En ese sentido,

el caso es sencillo: la acusación por amenaza tiene que

decir cuál es la amenaza alegada.

Una consecuencia adversa de este caso, es que se

revoca con mucho disimulo nuestra decisión en Pueblo v.

Calviño Cereijo, supra. Digo esto porque ahora le exigimos

al Ministerio Fiscal que utilice un lenguaje talismánico,

ya que todas las acusaciones se deben redactar en tercera

persona gramatical. Pero como ya hemos señalado a la

saciedad, ese nuevo requisito responde a un error

conceptual. Se le aplican a una acusación las Reglas de

Evidencia aunque eso no procede. Francamente, no creo que

para determinar si una persona es culpable del delito que

se le imputa, un jurado delibere sobre si la acusación se

redactó en primera o tercera persona gramatical. No es

necesario utilizar un lenguaje talismánico. Pueblo v.

Calviño Cereijo, supra. Tampoco es convincente la

distinción que hace la Opinión del Tribunal entre el

contenido y la forma de una acusación. En el pasado, hemos

tenido que dilucidar la suficiencia de acusaciones

redactadas en una forma casi idéntica. De hecho, para

muestra un botón basta.

Aún no se ha secado la tinta de nuestra decisión en

Pueblo v. Ayala García, Op. de 13 de julio de 2012, 2012

T.S.P.R. 120, 2012 J.T.S. 133, 186 D.P.R. __ (2012). En CC-2011-1032 16

ese caso, la acusación imputó el mismo delito que nos

ocupa. La acusación indicaba:

El referido imputado, Abraham Ayala García, allá en o para el día 29 de abril de 2008, en Río Grande, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, violó el Art. 3.3 de la Ley 54, consistente (sic) en que el aquí imputado amenazó a la Sra. Moraima Vázquez Cotto, persona con quien convivió y han procreado dos hijos. Consistente (sic) en que le manifestó “te voy a joder, eres una puta, cabrona, donde te coja te voy a joder”. Sintiendo ésta temor por su vida. Alegando la víctima que tiene miedo porque siempre anda sola con sus hijos.

Como se aprecia, en ese caso el Ministerio Público

también colocó entre comillas la frase que manifestó el

sujeto activo al sujeto pasivo del delito, como es la

práctica forense. Es razonable concluir que ese enunciado

entre comillas provino de una declaración jurada. Sin

embargo, a ningún miembro de este Foro le causó sospecha

la redacción de esa acusación. Incluso, a base de esa

acusación encontramos culpable al señor Ayala García de

quebrantar el Art. 3.3 de la Ley Núm. 54, supra. Nos

preguntamos: ¿esa acusación sobreviviría el análisis

rígido que adopta la Opinión del Tribunal en el día de

hoy?

Como señala la Opinión del Tribunal, esa no era la

controversia central de ese caso. Y es que no había forma

de que lo fuera. Como señalé en el comienzo de este CC-2011-1032 17

disenso, esta es la primera vez en nuestra historia -y en

la historia de jurisdicciones análogas a las nuestra- que

castigamos al Ministerio Público por colocar en la

acusación uno de los elementos del delito que se imputa.

Ahora bien, aunque la controversia en Pueblo v. Ayala

García, supra, no era idéntica, la realidad es que sí

tuvimos que analizar con mucho cuidado la acusación que

presentó el Ministerio Público.

III

Otro fundamento que utiliza la Opinión del Tribunal

para justificar su proceder es la Regla 140 de

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, que dispone

que “[a]l retirarse a deliberar, el jurado deberá llevarse

consigo todo objeto o escrito admitido en evidencia,

excepto las deposiciones”. Al interpretar esa regla, la

Opinión del Tribunal, pág. 16, concluye que la práctica

del Ministerio Público de citar expresamente porciones de

la declaración jurada del perjudicado la contraviene.

Fundamenta su conclusión en que esa práctica “evade

subrepticiamente la prohibición de que las declaraciones -

juradas escritas- sean consideradas por el jurado en el

proceso de deliberación, al introducirlas a través del

pliego acusatorio”. Opinión del Tribunal, pág. 16. Esa

conclusión es incorrecta. Nunca antes hemos impedido al

fiscal imputar cuál fue la amenaza que a su juicio

constituye un delito. CC-2011-1032 18

En Pueblo v. Ramos Cruz, 84 D.P.R. 563, 571 (1962),

decidimos que era injusto para un acusado que el jurado se

llevara al salón de deliberación una confesión escrita del

acusado. En Pueblo v. Martínez Díaz, 90 D.P.R. 461 (1964),

sostuvimos lo mismo en cuanto a una declaración jurada

completa de un testigo. Como se puede apreciar, se

quebranta la Regla 140 de Procedimiento Criminal cuando el

Jurado se retira a deliberar y se lleva consigo una

confesión escrita o la declaración completa de una

testigo. Eso no ocurre en este caso.

De igual forma, nuestros pronunciamientos posteriores

en Pueblo v. Vega Román, 92 D.P.R. 677 (1965); Pueblo v.

Colón Rivera, 93 D.P.R. 852 (1967); Pueblo v. Denis

Rivera, 98 D.P.R. 704 (1970) y; Pueblo v. García García,

98 D.P.R. 827 (1970), revelan que la Regla 140, supra,

entra en escena una vez culmina el desfile de prueba y el

jurado se retira a deliberar. En este caso, todavía no

sabemos tan si quiera si la acusada va a ejercer su

derecho a juicio por jurado. Así pues, me parece que el

planteamiento de la defensa, que acoge la Opinión del

Tribunal con beneplácito, es incierto y especulativo.

Por otro lado, en el caso que nos ocupa, se trata de

dos oraciones que recogen la frase que constituye la

amenaza propiamente. Sobre el particular, la Opinión del

Tribunal, pág. 19 señala que “[h]oy son dos oraciones;

mañana, tal vez, será media página de expresiones en

primera persona gramatical, que fueron parte de una CC-2011-1032 19

declaración jurada, y que estarían disponibles en medio de

un cuarto de deliberación”. Con mucho respeto, me parece

que la Opinión del Tribunal busca resolver un caso que no

tiene ante su consideración. En este caso no se trata de

media ni de una página de una declaración jurada. Nos

enfrentamos a una acusación que solo busca recoger lo que

alegadamente el sujeto activo del delito le dijo al sujeto

pasivo, porque eso es lo que constituye el delito. Sin

embargo, vale cuestionarse: ¿podrá existir algún caso en

que una persona amenace a otra de una forma tan prolongada

que sea necesario utilizar media página o una completa

para poder describir adecuadamente en que consistió ese

elemento del delito? Responder en la afirmativa no es

descabellado. Pero al parecer, la Opinión del Tribunal no

contempla esa posibilidad.

Ahora bien, si intentamos unificar lo resuelto en

Pueblo v. Ayala García, supra, con lo que hoy se resuelve,

parece que no se vulnera la Regla 140 de Procedimiento

Criminal, supra, si la cita directa de una declaración

jurada ocupa menos de dos oraciones en una acusación. Pero

si ocupa dos o más oraciones, se vulnera la Regla

referida.

De igual forma, al momento de emitir su decisión,

este Foro tiene que ser consciente de las consecuencias de

su actuación. En este caso, la solución es enmendar la

acusación y redactarla en tercera persona gramatical

porque el juicio no ha comenzado, como indica la Opinión CC-2011-1032 20

del Tribunal, págs. 20-21. No obstante, ¿qué va a ocurrir

en otros casos en que el juicio ya comenzó? ¿Va a aplicar

a esos casos la decisión del Tribunal? ¿Habrá algún

impedimento bajo la cláusula de doble exposición para

procesar nuevamente en esos casos? En suma, no comprendo

por qué es necesario utilizar un análisis tan tieso a la

hora de analizar una acusación como la que nos ocupa.

IV

La obligación de probar lo alegado en la acusación es

del Ministerio Público. Mientras más detalles alegue, más

es lo que tiene que probar. De lo contrario, el jurado no

hallará culpable al acusado de los cargos que carezcan de

prueba para sustentarlos. En fin, el perjuicio que alega

el acusado es imaginario.

Por los fundamentos antes expuestos, disiento

respetuosamente de la decisión de este Tribunal de ordenar

al Ministerio Público que enmiende en cinco días la

acusación en este caso y la redacte en tercera persona

gramatical. Por el contrario, confirmaría la decisión del

Tribunal de Apelaciones que revocó la resolución del foro

primario y resolvió que la acusación en controversia está

redactada correctamente.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado