EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Yadira Pérez Hernández, Melissa Román Pérez; Suehaze Román Pérez; Robert E. Román Pérez
Peticionarios Certiorari
v. 2021 TSPR 123
Lares Medical Center, Inc; 207 DPR ____ Dra. Fulana de Tal; Aseguradora A, B, C; Hospital John Doe
Recurridos
Número del Caso: CC-2018-438
Fecha: 11 de agosto de 2021
Tribunal de Apelaciones:
Panel XI
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. Richard Schell-Asad
Abogado de la parte recurrida:
Lcdo. José R. Miranda Daleccio
Materia: Daños y Perjuicios-Entre un patrono y su empleado existe una relación de solidaridad propia que se distingue de la solidaridad impropia que de ordinario existe entre los cocausantes de un daño. Por consiguiente, no procede reducir la indemnización imputada a un patrono bajo el Art. 1803 del Código Civil por los actos negligentes de un empleado que no fue traído al pleito.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Yadira Pérez Hernández, Melissa Román Pérez; Suehaze Román Pérez; Robert E. Román Pérez
v. CC-2018-0438
Lares Medical Center, Inc.; Dra. Fulana de Tal; Aseguradora A, B, C; Hospital John Doe
El Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA emitió la Opinión del Tribunal.
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2021.
El presente caso nos permite abundar sobre la doctrina
de solidaridad impropia adoptada en Fraguada Bonilla v.
Hosp. Aux. Mutuo, infra, y reiterada en Maldonado Rivera v.
Suárez y otros, infra, ahora por primera vez en el contexto
de una relación obrero-patronal. Específicamente, debemos
precisar si la doctrina de solidaridad impropia es aplicable
al régimen de responsabilidad presunta por hechos ajenos
establecido por los Arts. 1803 y 1804 del Código Civil,
infra.1 Así, nos corresponde resolver si procede reducir la
indemnización imputada a un patrono por la porción de culpa
correspondiente a un empleado que no fue traído al pleito.
Por los fundamentos expuestos a continuación,
adelantamos que entre un patrono y su empleado existe una
1 Comúnmente conocido como “responsabilidad vicaria”. No obstante, como veremos más adelante, no son lo mismo. CC-2018-0438 2
relación de solidaridad propia que se distingue de la
solidaridad impropia ⎯adoptada en Fraguada Bonilla v. Hosp.
Aux. Mutuo, infra, y reiterada en Maldonado Rivera v. Suárez
y otros, infra ⎯que de ordinario existe entre los
cocausantes de un daño. Por lo tanto, no procede reducir la
indemnización imputada a un patrono bajo el Art. 1803 del
Código Civil, infra, por los actos negligentes de su
empleado que no fue traído al pleito. De esta forma, se
promueve la función del Art. 1803 para que un demandante
agraviado por los actos negligentes de un empleado en el
ejercicio de sus funciones pueda cobrar la totalidad de la
indemnización del patrono. A su vez, se armoniza con la
función del Art. 1804 de permitir que un patrono repita
contra el empleado “lo que hubiese satisfecho”.
Veamos el trasfondo fáctico y procesal que dio lugar a
la presente controversia. Es oportuno puntualizar que los
hechos medulares no están en controversia.
I.
La controversia ante nos se originó como una demanda de
daños y perjuicios bajo el Art. 1802 del Código Civil, infra,
incoada el 5 de noviembre de 2013 en el Tribunal de Primera
Instancia (TPI) por la Sra. Yadira Pérez Hernández y sus dos
hijos, Melisa Román Pérez, Robert E. Román Pérez
(peticionarios), contra Lares Medical Center, Inc. CC-2018-0438 3
(recurrida o LMC).2 En su demanda, los peticionarios
reclamaron el resarcimiento de los daños sufridos por la
desafortunada muerte del Sr. Roberto Román Camacho (señor
Román Camacho) ⎯esposo y padre de los peticionarios⎯ como
resultado de la impericia médica cometida por LMC a través
de su empleada, la Dra. Santos L. Caraballo Rosario (doctora
Caraballo Rosario). Específicamente, adujeron que, en la
madrugada del 26 de noviembre de 2012, el señor Román Camacho
falleció en su hogar luego de ser atendido y dado de alta,
negligentemente, por la doctora Caraballo Rosario en la Sala
de Emergencias del recurrido centro de diagnóstico y
tratamiento. Dicha intervención médica resultó luego de que
el señor Román Camacho manifestara dolores de pecho y una
presión arterial elevada. Cabe resaltar que los
peticionarios no demandaron a la doctora Caraballo Rosario.
El 3 de febrero de 2014, LMC contestó la demanda.3 Por
su parte, arguyó que no se aducía una reclamación contra
ella que ameritara la concesión de un remedio e invocó la
defensa afirmativa de prescripción. Razonó que no actuó
negligentemente con relación al difunto señor Román Camacho
y que tampoco debía responder por los actos de la doctora
Caraballo Rosario.
2 Demanda, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 112-117. 3 Contestación a Demanda, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 118-122. CC-2018-0438 4
El 4 de noviembre de 2015, y a casi tres años de la
muerte del señor Román Camacho, LMC presentó una Demanda
Contra Tercero contra la doctora Caraballo Rosario, para
ejercer una acción de nivelación contingente.4 Es
precisamente durante esta etapa procesal que el 28 de marzo
de 2016 esta Curia emitió su Opinión en el caso de Maldonado
Rivera v. Suárez y otros, infra. Amparándose en esta
jurisprudencia, la doctora Caraballo Rosario presentó una
moción solicitando la desestimación de la Demanda de
nivelación contingente que entabló su patrono contra ella.5
Arguyó que cualquier causa de acción de daños y perjuicios
en su contra había prescrito, razonando que había pasado más
de un año del momento de los hechos sin que dicho término
fuera interrumpido, pues no le habían dirigido reclamación
alguna. Convencido, el foro primario desestimó la acción en
su contra.6
Celebrado el juicio en su fondo entre los peticionarios
y la recurrida, el 22 de febrero de 2017 el foro de instancia
condenó a LMC a pagar la totalidad de los daños sufridos por
los peticionarios.7 Así, determinó que los daños sufridos
por los peticionarios se debieron a un proceso de
diagnóstico insuficiente por parte de la doctora Caraballo
Rosario. Además, concluyó, como cuestión de derecho, que al
4 Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 193. 5 Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 194. 6 Sentencia, Apéndice de la petición de certiorari, págs. 147-155. 7 Sentencia, Apéndice de la petición de certiorari, págs. 54-71. CC-2018-0438 5
momento de los hechos la galena era empleada de LMC, por lo
que este último respondía por los daños causados a los
peticionarios bajo el Art. 1803 del Código Civil, infra.
Inconforme, el 27 de marzo de 2017, LMC acudió al
Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de apelación.8
En este la recurrida le imputó error al foro de instancia
al imponerle responsabilidad en ausencia de prueba en su
contra. Además, adujo que el foro primario erró al no aplicar
Maldonado, infra, para descontar de la totalidad de los
daños la porción correspondiente a la doctora Caraballo
Rosario, por haber prescrito la demanda contra esta.9
El 3 de abril de 2018 el Tribunal de Apelaciones emitió
una Sentencia.10 Primero, determinó que no era necesario
probar la negligencia de LMC ya que, siendo la doctora
Caraballo Rosario su empleada, su culpa como patrono se
presume. Al no haberse rebatido dicha presunción, LMC
respondía a la parte demandante conforme al Art. 1803 del
Código Civil, infra. Sin embargo, por haber prescrito la
acción contra la galena, el foro intermedio ordenó la
celebración de una vista ante el foro inferior para
determinar el porciento de responsabilidad de la doctora y
descontarlo de la totalidad de la compensación otorgada.
Ello basado en Maldonado, infra. 11
8 Apelación, Apéndice de la petición de certiorari, págs. 26-52. 9 Íd, en la pág. 33. 10 Sentencia, Apéndice de la petición de certiorari, págs. 2-25. 11 Íd, en la pág. 24-25. CC-2018-0438 6
Es precisamente sobre esta última parte del dictamen
apelativo que los peticionarios recurren ante nos y mediante
el recurso de autos solicitan que revisemos y revoquemos
parcialmente la sentencia del Tribunal de Apelaciones.
En su escrito, los peticionarios le imputan error al
foro intermedio “al resolver que un patrono demandado puede
deducir de la compensación otorgada al damnificado el
porcentaje de negligencia en que incurrió su empleado”.12 En
síntesis, sostuvieron que el Art. 1803 tipifica un régimen
especial de responsabilidad solidaria entre un patrono y su
empleado cual quedaría desvirtuado de prevalecer la
interpretación del foro apelativo.13
Por su lado, LMC defendió el dictamen recurrido que
ordenó la reducción de la totalidad de los daños la porción
correspondiente a la doctora Caraballo Rosario, por entender
que es la aplicación correcta de la norma de Maldonado,
infra.14
Expedido el auto y con el beneficio de la comparecencia
de todas las partes, procedemos a exponer el marco jurídico
aplicable a la controversia ante nuestra atención.
II.
El Art. 1815 del actual Código Civil de 2020 dispone
que la responsabilidad extracontractual “se determina por
12 Petición de certiorari, pág. 6. 13 Petición de certiorari, pág. 2. 14 Alegato del Recurrido, págs. 255-270. CC-2018-0438 7
la ley vigente en el momento en que ocurrió el acto u omisión
que da lugar a dicha responsabilidad”.15 En este caso, la
muerte del señor Román Camacho, suceso que dio lugar a la
reclamación de autos, aconteció previo a entrar en vigor el
Código mediante la Ley Núm. 55-2020.16 Por lo tanto, no hay
controversia en cuanto a la aplicación de los preceptos del
anterior Código Civil de 1930 (Código Civil) al caso de
marras.17
A. Responsabilidad Civil Extracontractual por Hechos
Propios bajo el Art. 1802.
Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico los
actos y omisiones en que intervenga cualquier género de
culpa o negligencia son fuentes de obligaciones que generan
responsabilidad civil extracontractual.18 Específicamente,
respecto a las obligaciones que se derivan de actos culposos
o negligentes son de particular aplicación los artículos
1802 y subsiguientes del Código Civil.
Primero, el Art. 1802 preceptúa de forma general que
“[e]l que por acción u omisión causa daño a otro,
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar
el daño causado”.19 Para reclamar bajo el Art. 1802 el
resarcimiento de daños y perjuicios sufridos, un demandante
15 31 LPRA sec. 11720. 16 Cabe destacar que dicha ley entró en vigor el 28 de noviembre de 2020, 30 días a de partir de su publicación. 17 31 LPRA sec. 1, et seq. 18 Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992 (derogado). 19 31 LPRA sec. 5141. CC-2018-0438 8
debe establecer: (1) la existencia de un daño real; (2) el
nexo causal entre el daño y la acción u omisión del
demandado; y (3) el acto u omisión cual tiene que ser culposo
o negligente.20 Al examinar estos requisitos, hemos
establecido que la culpa o negligencia consiste en “la falta
del debido cuidado, que a la vez consiste en no anticipar y
prever las consecuencias racionales de un acto, o de la
omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever
en las mismas circunstancias”.21 Más aun, entre dicho acto
culposo o negligente y el daño sufrido debe existir un nexo
causal adecuado. Es decir, “no es causa toda condición sin
la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que
ordinariamente lo produce según la experiencia general”.22
En el supuesto de que los actos u omisiones culposos
de varias personas sean causa adecuada de un daño, todos los
cocausantes responden solidariamente al demandante por la
totalidad de los daños sufridos por él.23 En ese contexto,
en Fraguada, infra, este Tribunal pautó la normativa sobre
los efectos de la solidaridad cuando concurren varios
cocausantes a la obligación de resarcir un daño. Por su
pertinencia, repasemos las doctrinas que subyacen este
precedente.
B. Concurrencia de Pluralidad de Codeudores
20 López y otros v. Porrata Doria y otros, 169 DPR 135, 150 (2006). 21 López y otros v. Porrata Doria y otros, supra, pág. 151. 22 Íd. 23 Szendrey v. Hospicare, 158 DPR 648, 654 (2003). CC-2018-0438 9
Cuando concurre una pluralidad de deudores a una
obligación nuestro Código Civil distingue entre las
obligaciones mancomunadas y las solidarias. En las
obligaciones mancomunadas, cada deudor solamente tendrá que
cumplir la parte de la prestación que le corresponda.24 En
cambio, en una obligación solidaria cada acreedor tiene el
derecho a reclamarle a cualquiera de los deudores la
totalidad de la prestación y cada uno de los deudores está
obligado a realizarla íntegramente.25
En las obligaciones solidarias existe una relación
entre los acreedores y los deudores, llamada la relación
externa, y otra relación entre los deudores solidarios,
llamada la relación interna. En la relación interna, al
pagar uno de los deudores más de la porción que le
correspondía, procede realizar una redistribución del
gravamen entre todos ellos.26 Por lo tanto, una vez un deudor
solidario paga más de la proporción que le corresponde, este
tiene una acción de nivelación o de regreso contra los demás
codeudores al amparo del Art. 1098 del Código Civil.27 Este
derecho, también llamado de contribución o de reembolso, “es
el que tiene un deudor solidario que ha pagado, para recobrar
lo que ha pagado en exceso, en relación con la
24 J. Puig Brutau, Compendio de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1994, Vol. II, pág. 34. 25 J. Puig Brutau, op. cit., pág. 36. 26 J. Puig Brutau, op. cit., pág. 42. 27 31 LPRA sec. 3109 (derogado). CC-2018-0438 10
responsabilidad de los codeudores entre sí”.28 Esta
característica es distintiva de las obligaciones solidarias
ya que en las obligaciones mancomunadas, los deudores solo
responden hasta la porción que les corresponde. Igualmente
distintivo de las obligaciones solidarias es que “[l]a
interrupción de la prescripción aprovecha o perjudica por
igual a todos los acreedores y deudores”.29
Como norma general, en nuestro ordenamiento las
obligaciones se presumen mancomunadas cuando concurren una
pluralidad de deudores. A modo de excepción, una relación
solidaria únicamente existe cuando las partes lo pactan
expresamente o cuando la ley así lo establezca.30
C. Solidaridad en las Obligaciones Extracontractuales
En cuanto a las obligaciones civiles extracontractuales
que surgen de la culpa o la negligencia, nuestro Código
Civil no dispone expresamente si ha de regir la solidaridad
o la mancomunidad. Nuestro Código Civil ⎯al igual que el
Código Español⎯ no señala expresamente esta distinción a
diferencia de la mayor parte de los Códigos Civiles
extranjeros.31 Ante esa laguna, en García v. Gobierno de la
28 C. Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual, 7ma ed., Puerto Rico, 2009, pág. 354. 29 Art. 1874 del Código Civil, 31 LPRA 5304 (derogado). 30 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 380. 31 Para una relación sucinta, véanse, J. Santos Briz, La Responsabilidad por Hecho de Otro Derivada de Acto Ilícito No Penal, en Tratado de Responsabilidad Civil (I. Sierra Gil de la Cuesta, cord.) Bosch, T. II, 2008, p. 670; J.J. Álvarez González, Responsabilidad Civil Extracontractual, 78 (Núm. 2) Rev. Jur. U.P.R. 457, 478 (2009). CC-2018-0438 11
Capital,32 establecimos que los cocausantes de un daño
responden solidariamente ante la persona agraviada al amparo
del Art. 1802 cuando dos (2) o más personas causan un daño
único e indivisible. Posteriormente nuestra jurisprudencia
reiteró y expandió esta normativa.
En Arroyo v. Hospital La Concepción,33 aclaramos que la
no presunción de la solidaridad que dispone el Art. 1090 no
aplica en materia de responsabilidad civil extracontractual.
Más recientemente en García Pérez v. Corp. Serv. Mujer,34
expresamos que la doctrina se inclinaba a reconocer que la
solidaridad en el ámbito extracontractual se derivaba de la
propia ley.35 De esta forma, y apoyada por la doctrina
prevaleciente en el derecho comparado, nuestra
jurisprudencia prácticamente invirtió y estableció la
presunción de solidaridad en el ámbito extracontractual. 36
Esta interpretación judicial prevaleció hasta que en
Fraguada, infra, este Tribunal adoptó parcialmente la
doctrina francesa de la solidaridad, cual distingue entre
la solidaridad propia (perfecta) y la impropia (imperfecta).
Veamos.
32 72 DPR 138, 148-149 (1951). 33 130 DPR 596, 604-605 (1992). 34 174 DPR 138 (2008). 35 García v. Corp. Serv. Mujer, supra, pág. 150. 36 M. Martín-Casals y J. Solé, Multiple Tortfeasors under Spanish Law en: W.V.H. Rogers, Unification of Tort Law: Multiple Tortfeasors, The Hague, Ed. Kluwer Law International, 2004, pág. 189. CC-2018-0438 12
En Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo,37 la parte
demandante no incluyó a un doctor cocausante de su daño en
su demanda original sino hasta seis años después. Esto, pues
según la normativa jurídica vigente, la presentación de su
demanda original contra el hospital interrumpió el término
prescriptivo contra los demás cocausantes. Sin embargo, la
dejadez y abandono que promueve esa norma nos movió a
apartarnos de ella y en vez adoptar la tendencia moderna de
la solidaridad impropia. Así, resolvimos que el demandante
debió reclamarle individualmente al doctor como alegado
cocausante solidario dentro del término prescriptivo de un
año dispuesto en el Art. 1868 de nuestro Código Civil, el
cual comenzó a transcurrir tan pronto conoció el daño, la
identidad del autor y los elementos necesarios para
ejercitar su causa de acción.
Bajo la teoría de la solidaridad impropia adoptada en
Fraguada, supra, en el ámbito extracontractual, los efectos
principales o primarios de la solidaridad se mantienen: un
demandante puede exigir el resarcimiento de la totalidad del
daño a cualquiera de los cocausantes del daño, pues estos
vienen obligados a responder solidariamente. Sin embargo,
en la solidaridad impropia no aplican las disposiciones del
Art. 1874 del Código Civil sobre la interrupción de la
prescripción.38 Es decir, la persona perjudicada tendrá que
37 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012). 38 31 LPRA sec. 5304 (derogado). CC-2018-0438 13
interrumpir el término prescriptivo individualmente
respecto a cada cocausante, pues la interrupción de la
prescripción en la solidaridad impropia no aprovecha o
perjudica por igual a todos los deudores.39 Sobre la
justificación de esta doctrina francesa expresamos lo
siguiente:
Debido a que la solidaridad puede nacer de la ley o de la voluntad de las partes, en Francia se hace una distinción entre los casos de solidaridad perfecta y aquellos en los cuales la solidaridad es imperfecta. La solidaridad es considerada perfecta cuando es “entre varias personas unidas por un interés común, que tienen entre sí relaciones frecuentes o se conocen. En cambio, es imperfecta cuando es establecida mediante ley entre personas que no se conocen, que no son sino codeudores accidentales o cuando sus relaciones son esporádicas. (........) La exclusión de los efectos secundarios de la solidaridad de varios cocausantes de un daño extracontractual se justifica por la ausencia de una comunidad de intereses entre los coobligados. (Énfasis suplido).40
Esta doctrina francesa también fue adoptada en el
ámbito extracontractual por el Tribunal Supremo de España.41
De igual forma, al aprobar el nuevo Código Civil de 2020,
nuestra Asamblea Legislativa codificó en su Art. 1095 los
efectos secundarios de la solidaridad impropia entre los
cocausantes de un daño, adoptada judicialmente en Fraguada,
supra.42
39 Véase, H.M. Brau, El término Prescriptivo y su Interrupción en
Acciones en Daños por Responsabilidad Extracontractual Solidaria en el Derecho Puertorriqueño, 44 (Núm. 2) Rev. C. Abo. P.R. 203, 204-205 (1983). 40 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, págs. 380-381 (Citas
omitidas) (Énfasis suplido). 41 Sentencia del 14 de marzo del 2003 de la Sala Primera de lo Civil. 42 31 LPRA sec. 9054. CC-2018-0438 14
Siguiendo esta nueva normativa, cual requiere
interrumpir los términos prescriptivos de las causas de
acción de daños contra cada cocausante de un daño
individualmente, en Maldonado Rivera v. Suárez y otros,43
resolvimos las implicaciones de cuando prescribe la acción
de daños contra uno de sus cocausantes. Primero, que un
presunto cocausante de un daño no puede acumular al pleito
a otro presunto cocausante contra quien la causa de acción
del demandante prescribió. No obstante, la inacción del
demandante le impediría a ese recuperar del cocausante
demandado la porción correspondiente al cocausante no-
demandado. De forma que habría que descontar la porción de
responsabilidad atribuible al cocausante no-demandado, de
la indemnización total, en perjuicio del demandante y
producto de su incuria.
D. Responsabilidad Civil Extracontractual por Hechos
Ajenos bajo el Art. 1803.
Aunque la obligación de reparar daños generalmente
surge de un hecho propio,44 de manera excepcional nuestro
Código Civil establece varias situaciones en las que ciertas
personas están llamadas a responder por hechos ajenos a sí,
comúnmente conocido como responsabilidad vicaria.45 En lo
pertinente a esta controversia, el Art. 1803 dispone que
43195 DPR 182 (2016). 44Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803, 814 (2006). 45 Por ejemplo, el Art. 1803 dispone que los padres son responsables
de los perjuicios causados por los hijos menores de edad que viven en su CC-2018-0438 15
[l]a obligación que impone [el Art. 1802] es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. (........) Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones. (........) La responsabilidad de que trata esta sección cesará cuando las personas en ella mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. (Énfasis suplido).46
De esta forma el Código Civil responsabiliza a los
patronos por los daños que ocasionen sus empleados en el
ejercicio de su trabajo.47 Sin embargo, el referido artículo
permite al patrono liberarse de esta responsabilidad si
demuestra que empleó toda la diligencia de un buen padre de
familia. Por lo tanto, el Art. 1803 establece una presunción
legal—de que la culpa o negligencia es del patrono por no
ejercer la debida diligencia para evitar el daño ocasionado
por su empleado, salvo se pruebe lo contrario.
Así, la culpa que el Art. 1803 presume tradicionalmente
consiste en la culpa in vigilando, in instruendo o in
eligiendo del patrono.48 Es decir, que, de haber sido el
compañía; los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía; y los maestros o directores de artes y oficios lo son respecto a los perjuicios causados por sus alumnos o aprendices, mientras permanezcan bajo su custodia. No obstante, en esta ocasión nos limitamos a examinar el llamado de los patronos a responder por sus empleados. 46 31 LPRA sec. 5142 (derogado). 47 Por ejemplo, en Roses v. Julia, 67 DPR 518, 527–28 (1947), bajo
la doctrina sentada en Carrasquillo v. American Missionary Association (citas omitidas), establecimos la regla de que cuando un hospital se dedica al cuidado de pacientes, con fines pecuniarios, su dueño es responsable de los daños causados a sus pacientes como consecuencia de la negligencia de sus empleados. 48 Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 907 (2012). CC-2018-0438 16
patrono diligente en vigilar, instruir o escoger a sus
empleados, el daño no hubiese ocurrido. Para activar esta
presunción de culpa del patrono, un demandante debe
establecer prima facie (1) una relación de dependencia entre
el patrono y el empleado, (2) que el empleado actuó en el
desempeño de los ramos de su oficio con el propósito de
servir y proteger los intereses del patrono, y que (3) el
empleado tuvo culpa en el desempeño de esas funciones.49 Por
lo tanto, en las reclamaciones bajo el Art. 1803 en teoría
existen al menos dos responsabilidades independientes: la
del empleado, por su culpa in operando, bajo el Art. 1802,
y la del patrono por su culpa in eligiendo, in instruendo o
in vigilando, bajo el Art. 1803.50
Al ser autónomos los fundamentos de la responsabilidad
del patrono y la de su empleado, el demandante tiene la
opción de presentar su reclamación solamente contra el
patrono, contra el empleado, o contra ambos.51 Después de
todo, el Código Civil faculta a la persona perjudicada a
exigirle el resarcimiento de sus daños no solamente a quien
causa el daño (en este caso, un empleado, bajo el Art. 1802),
49 Hernández Vélez v. Televicentro, supra. Parrilla Báez v. Airport
Catering Services, 133 DPR 263 (1993). 50 C. Zeno Santiago, La responsabilidad civil extracontractual de
los empresarios: Estudio comparado entre España y Puerto Rico, 1ra ed., Madrid, Ed. Dykinson, 2015, págs. 67-68. 51 J. Solé Feliu, La responsabilidad extracontractual del principal
por hechos de sus auxiliares: principios y tendencias, 1ra ed., Madrid, Ed. Reus, 2012, pág. 137. CC-2018-0438 17
sino además a las personas llamadas a responder por él (en
este caso, un patrono, bajo el Art. 1803).
Aunque a la responsabilidad del patrono que se deriva
del Art. 1803 comúnmente se le refiere como responsabilidad
vicaria,52 como mencionamos anteriormente, varios
tratadistas expresan que no es propio referirse así a la
responsabilidad por hechos ajenos, también conocida como
responsabilidad presunta.53
El régimen de responsabilidad presunta, como el del
Art. 1803, se distingue pues retiene la culpa del principal
como fundamento de su responsabilidad. De esta forma, crea
una presunción iuris tantum de la culpa del patrono. Esta
presunción es rebatible mediante prueba de que el patrono
empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para
prevenir el daño.
En cambio, bajo el modelo de responsabilidad vicaria
el patrono es llamado a responder de forma absoluta aun
cuando demuestre que no ha incurrido en culpa o negligencia
propia. Por esto se le refiere como un régimen puro de
responsabilidad de hecho ajeno sin necesidad de que el
52 Véase Núñez v. Cintrón, 115 DPR 598, 613 (1984) (“En virtud del Art. 1803 del Código Civil, equivalente a la responsabilidad vicaria, el incumplimiento de ese deber por el personal del hospital conlleva responsabilidad extracontractual de la institución hospitalaria frente al perjudicado. Roses v. Juliá, 67 D.P.R. 518 (1947).”) (Énfasis suplido). No obstante, esta fugaz mención de la equivalencia de estas figuras jurídicas carece de un análisis jurídico que sustente esa conclusión. 53 C. Moreno de Toro, La responsabilidad civil del empresario por
actos de sus empleados, 1ra ed., Madrid, Ed. CES, 1999, págs. 108-109. Véase además C. Irizarry Yunqué, op. cit., págs. 363-364. CC-2018-0438 18
principal haya sido negligente.54 Este modelo se desarrolló
en el derecho común o consuetudinario, sobre la concepción
de que los actos de los auxiliares son, por extensión, los
actos del principal. Por lo tanto, es justo que se le imponga
responsabilidad al patrono por los actos culposos o
negligentes de sus auxiliares.55 Hoy día, la mayoría de los
estados en los Estados Unidos han creado normas jurídicas
codificando estos supuestos.56 Siguiendo esa tendencia, cabe
puntualizar que el Art. 1540 del nuevo Código Civil de 2020
(análogo al Art. 1803 del Código anterior) adopta este
modelo de responsabilidad vicaria.57
No obstante las diferencias entre ambos modelos, la
justificación de su existencia es sustancialmente igual. En
el derecho civil, además de reconocer la culpa propia del
principal, se reconoce que quien recibe los beneficios debe
soportar los inconvenientes—concepto recogido en la máxima
cuius commoda eius incommoda.58 Mientras, en el derecho
consuetudinario el modelo de responsabilidad vicaria se
justifica al entender que la empresa es quien tiene la
capacidad económica y es quien debe responder por los daños
que causan sus agentes.59
54 J. Solé Feliu, op. cit., pág. 22. 55 Restatement (Second) of Agency: When Master is Liable for Torts of His Servants sec. 219 (1958). 56 C. Zeno Santiago, op. cit., pág. 102. 57 31 LPRA sec. 10805. 58 C. Moreno de Toro, La responsabilidad civil del empresario por actos de sus empleados, 1ra ed., Madrid, Ed. CES, 1999, pág. 166. 59 Restatement (Third) of Torts: Apportionment of Liability sec. 13
(2000). CC-2018-0438 19
E. El Derecho de Repetición bajo el Art. 1804.
Ahora bien, el patrono que haya respondido bajo el Art.
1803 por los actos culposos o negligentes de su empleado
cuenta con un remedio particular conforme al Código Civil.
Así, el Art. 1804 dispone que “[e]l que paga el daño causado
por sus dependientes puede repetir de estos lo que hubiese
satisfecho”.60 Es decir, el Código Civil expresamente
contempla una causa de acción contingente posterior para
recuperar del empleado lo que por culpa de ese respondió.
Dicha acción es análoga a la de nivelación que se le reconoce
a los deudores solidarios para recobrar lo que han pagado
en exceso a su cuota.61
El derecho de nivelación no surge hasta que un codeudor
haya efectuado un pago mayor a la proporción que le
corresponde.62 Sin embargo, el codeudor sujeto al pago puede
presentar una demanda contra tercero como reclamación
contingente.63 Es decir, presentada la reclamación de la
parte demandante contra un deudor solidario, este último
puede presentar una reclamación contra los demás codeudores
⎯contingente a que responde ante los demandantes en mayor
proporción a su propia culpa.64 De esta forma, el derecho de
60 31 LPRA sec. 5143 (derogado). 61 C. Zeno Santiago, op. cit., pág. 71. 62 Íd. 63 Íd. 64 Por ejemplo, en Nuñez v. Cintrón, 115 DPR 598, 620 (1984), este
Tribunal le impuso responsabilidad solidaria al hospital y al médico demandado por su negligencia combinada, haciendo la salvedad que “[e]ste dictamen es sin menoscabo de cualquier acción en nivelación que pudieran los demandados deducir entre sí una vez satisfecha la sentencia.” CC-2018-0438 20
nivelación busca evitar el enriquecimiento injusto, pues
resultaría injusto que “siendo dos (2) o más personas las
causantes de un daño se le permita al demandante, por razón
de parentesco, amistad, colusión, o por cualquier motivo,
que releve a éstas de responsabilidad y dirija la acción
exclusivamente contra otros”.65
En cuanto al término prescriptivo aplicable a esta
acción de repetición, la doctrina se inclina a reconocer que
debe estar sujeto al término general de acciones
personales.66 Y es que esta acción no reclama el cumplimiento
de una obligación que surge de un acto u omisión en que
interviene culpa o negligencia. Por lo tanto, no le es de
aplicación el término prescriptivo dispuesto para las
obligaciones extracontractuales.67 Así, el término
prescriptivo aplicable de acciones personales dependerá de
la ley vigente al momento en que surge el derecho de
repetición. Es decir, bajo el Art. 1864 del Código Civil
anterior, prescribirán con el transcurso del plazo de quince
(15) años desde que se efectúa el pago en mayor proporción
a la culpa propia. Mientras, bajo el nuevo Código Civil de
2020 el plazo de prescripción general para el reclamo de
acciones personales es de cuatro (4) años.68
65 Szendrey v. Hospicare, supra, pág. 654. 66 31 LPRA sec. 5294 (derogado). 67 C. Zeno Santiago, op. cit., pág. 74. 68 Art. 1203 del Código Civil de 2020, 31 LPRA 9495. CC-2018-0438 21
F. La Solidaridad dentro del régimen de Responsabilidad
Civil Extracontractual por Hechos Ajenos bajo el Art.
1803.
Nuestro Código Civil no dispone expresamente si
aquellos llamados a responder por hechos ajenos bajo el Art.
1803 guardan una relación de solidaridad con aquellos por
quienes han de responder. Por lo tanto, y en lo aquí
pertinente, de nuestro ordenamiento jurídico no surge con
claridad si un patrono y un empleado son, en virtud de su
relación contractual preexistente, solidariamente
responsables frente a un tercero bajo el Art. 1803, de la
misma manera que lo serían dos cocausantes independientes
bajo el Art. 1802. Esta es precisamente la controversia
novel que hoy atendemos. Más no somos la primera
jurisdicción en abundar este debate jurídico.
Varios tribunales estatales y federales se han
enfrentado a esta controversia. Aun en jurisdicciones donde
las legislaturas han eliminado o modificado la
responsabilidad solidaria (joint and several liability) en
el ámbito extracontractual sin expresar el impacto que esto
tendría en la responsabilidad vicaria de un patrono por los
actos de sus empleados,69 los tribunales han tendido a
concluir que existe solidaridad entre un patrono y su
empleado. Esto pues no se trata de cocausantes que actúan
69 Íd. CC-2018-0438 22
independientemente sino de una responsabilidad impuesta al
principal a base de la relación que tiene con el causante
del daño.70 El Restatement of Torts lo expresa claramente
cuando resume la norma de responsabilidad vicaria de la
manera siguiente:
”A person whose liability is imputed based on the tortious acts of another is liable for the entire share of comparative responsibility assigned to the other, regardless of whether joint and several liability or several liability is the governing rule for independent tortfeasors who cause an indivisible injury.” (Énfasis suplido).71
Al aprobar el nuevo Código Civil de 2020 nuestra
Asamblea Legislativa expresamente adoptó el modelo de
responsabilidad vicaria concebido por el derecho común.72 De
esta forma, la situación jurídica actual en Puerto Rico se
encuentra igualmente apta para favorecer la solidaridad
dentro de su responsabilidad vicaria. Mientras, aclaramos
el lugar de la solidaridad dentro del régimen de
responsabilidad presunta por hechos ajenos bajo el Art.
1803. En todo caso, debemos seguir remando en la corriente
de la modernidad jurídica.
70 Íd. Véase además The Nonparty Tortfeasor, 23 Mem. St. U. L. Rev.
105, 107 (1992). Rashtian v. BRAC-BH, Inc., 12 Cal.Rptr.2d 411 (Ct.App. 1992); Sieben v. Sieben, 646 P.2d 1036 (Kan. 1982); Clark v. Associates Commercial Corp., 149 F.R.D. 629, 634 (D.Kan. 1993); Kragel v. Wal-Mart Stores, Inc., 537 N.W.2d 699 (Iowa 1995). 71 Restatement (Third) of Torts: Apportionment Liab. § 13 (2000). 72 Artículo 1541, 31 LPRA sec. 10805. CC-2018-0438 23
III.
Del análisis que antecede resulta evidente que la
doctrina de solidaridad, en su vertiente impropia según
adoptada en Fraguada, supra, es inaplicable al régimen de
responsabilidad presunta de los patronos por los actos de
sus empleados bajo el Art. 1803. Por consiguiente, no
procede aplicar su corolario de Maldonado, supra, según
pretende el foro apelativo, para reducir la indemnización
imputada a LMC por la porción correspondiente a la doctora
El régimen de responsabilidad presunta por hechos
ajenos se fundamenta en la existencia de una relación de
dependencia previa entre el patrono y su empleado donde el
empleado, en el desempeño de su oficio, actúa para adelantar
los intereses de su patrono. Es decir, ambos cocausantes
están inexorablemente atados por un interés común y tienen
entre sí relaciones frecuentes. No existe, por lo tanto, la
ausencia de comunidad de intereses que justificó la adopción
de la doctrina de solidaridad impropia en el ámbito
extracontractual en Fraguada, supra, bajo el Art. 1802. Por
el contrario, al interpretar conjuntamente los Arts. 1803 y
1804 del Código Civil, la conclusión más lógica es que la
responsabilidad que surja entre el patrono y el empleado es
una solidaria, más en su vertiente propia. Veamos. CC-2018-0438 24
Primero, es forzoso concluir que los Arts. 1803 y 1804
del Código Civil necesariamente implican los efectos
primarios de la solidaridad. Esto, pues la persona
perjudicada puede exigir el resarcimiento de los daños tanto
al patrono, bajo el Art. 1803, como al empleado, bajo el
Art. 1802, o a ambos. En particular, a pesar de que el Art.
1803 fundamenta la obligación de responder del patrono sobre
su presunta culpa, el Código Civil a su vez no limita la
porción que se le puede exigir a este. Por el contrario, el
Art. 1803 llama al patrono a responder por la totalidad de
los daños ocasionados por su empleado y así contempla la
posibilidad del patrono repetir contra ese la cantidad que
hubiese satisfecho al perjudicado. Este derecho de
repetición necesariamente implica la existencia de una
relación interna que únicamente existe en las obligaciones
solidarias. De lo contrario, una persona perjudicada que
decida ejercer su acción únicamente contra el patrono solo
podrá recibir una indemnización parcial, correspondiente a
la porción de culpa del patrono. Es decir, el patrono
solamente respondería en proporción a su propia culpa y de
ninguna forma estaría respondiendo por los actos de su
empleado. No obstante, esta conclusión daría al traste con
el texto claramente establecido en el Art. 1803. Peor aún,
cuando consideramos las disposiciones del Art. 1804, el
derecho de repetición con el que cuenta el patrono no
serviría fin alguno si bajo el Art. 1803 el patrono nunca
pagaría en exceso a la porción correspondiente a su propia CC-2018-0438 25
culpa. No cabe duda, entonces, que el Art. 1803 del Código
Civil instituye, lógicamente, una relación solidaria entre
un patrono y sus empleados.
Segundo, es menester recordar que el Código Civil
solamente clasifica las obligaciones como mancomunadas o
solidarias de forma que la categorización de la solidaridad
como propia o impropia responde al llamado jurisprudencial
de llenar las lagunas jurídicas. En esta ocasión, al
resolver que los Arts. 1803 y 1804 del Código Civil
establecen una relación solidaria entre un patrono y su
empleado, dicha norma de solidaridad en realidad es una
impuesta por ley. Por consiguiente, también rigen los
efectos secundarios de la solidaridad propia codificados en
el Art. 1091, supra. Es decir, “[l]a interrupción de la
prescripción aprovecha o perjudica por igual a todos los
acreedores y deudores”.73 En lo pertinente a nuestra
controversia, los actos interruptivos del término
prescriptivo realizados contra el patrono o el empleado
perjudican al otro por igual.
Cónsono con lo anterior, cabe acentuar que la Corte
Federal para el Distrito de Puerto Rico ha concluido, en
varias ocasiones, que nuestra decisión en Fraguada, supra,
respecto a la solidaridad impropia, no se extiende al
73 Art. 1874 del Código Civil, 31 LPRA 5304 (derogado). CC-2018-0438 26
régimen de responsabilidad presunta establecido en los Arts.
1803 y 1804 del Código Civil.74
De acuerdo a lo relatado, los peticionarios demandaron
a LMC reclamando el resarcimiento de los daños causados por
los actos negligentes de su empleada, la doctora Caraballo
Rosario. Así, el término prescriptivo contra LMC comenzó a
transcurrir luego de la muerte del señor Román Camacho el
26 de noviembre de 2012. Conforme a esto, los peticionarios
oportunamente presentaron su demanda contra LMC el 5 de
noviembre de 2013, es decir, dentro del término prescriptivo
de un año establecido en el Código Civil. Al estar presentes
los elementos de la solidaridad propia en la relación
obrero-patronal preexistente entre LMC y la doctora
Caraballo Rosario ⎯dentro de la cual como empleada la galena
causó un daño a un tercero en el desempeño de su oficio75
⎯los peticionarios estaban facultados para dirigir su
acción individualmente contra cualquiera de los
solidariamente obligados o ambos ⎯es decir, contra la
doctora Caraballo Rosario, contra LMC, o ambos. De esta
forma, la presentación de la demanda contra LMC a su vez
interrumpió el término prescriptivo contra la doctora
74Véanse Ramírez Ortiz v. Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, 994 F.Supp.2d 218 (D.P.R. 2014); Kenyon v. González del Río, 115 F.Supp.3d 268 (D.P.R. 2015). 75 Según lo concluyó el Tribunal de Primera Instancia y no vemos
razón para pasar juicio sobre esta determinación. CC-2018-0438 27
Ulteriormente, LMC presentó una reclamación contingente
contra la doctora Caraballo Rosario como codeudora
solidaria. Aplicando nuestros pronunciamientos sobre la
solidaridad impropia en Maldonado, supra, el foro de
instancia erróneamente desestimó esta demanda contra tercero
por entender que la acción que tenían los peticionarios
contra la doctora Caraballo Rosario había prescrito. Claro,
esto en ausencia de una expresión previa del Tribunal
Supremo clarificando que la responsabilidad solidaria entre
un patrono y su empleado es propia. Esta aplicación errónea
de la doctrina de solidaridad impropia privó a LMC de su
claro derecho estatutario de repetición del Art. 1804 del
Código Civil, cual pudiera tener el efecto de permitir un
enriquecimiento injusto a favor de la doctora Caraballo
Rosario y que no hay duda tendría un efecto perjudicial
sobre LMC. No obstante, el derecho de LMC de repetir contra
la doctora Caraballo-Rosario bajo el Art. 1804 surgiría a
partir del momento en que LMC pague la indemnización
imputada bajo el Art. 1803. Anterior a eso, y en aras de
fomentar la economía procesal, solo procedería una acción
de nivelación contingente.
Igualmente errada resulta la determinación del foro
apelativo de ordenar reducir el monto que tendría que pagar
LMC a los peticionarios. Esto, pues, en la relación externa
cada deudor solidario responde por la totalidad de la deuda,
y en este caso, el patrono por su empleado, según dispone CC-2018-0438 28
el Art. 1803. La proporción en que cada cocausante solidario
contribuyó a los daños es solamente relevante en la relación
interna entre los cocausantes para propósitos de nivelación
o repetición posterior y, por tanto, es irrelevante para los
peticionarios hacer valer su derecho estatutario a cobrar
de un patrono la totalidad del daño ocasionado por su
empleado. Por lo tanto, en la presente acción, resulta
improcedente celebrar una vista para determinar la porción
de los daños atribuibles a la doctora Caraballo Rosario para
que estos sean descontados de la indemnización impuesta a
LMC. Por el contrario, tal determinación cobraría
importancia únicamente para determinar la cuantía por la que
LMC podría repetir contra la doctora Caraballo Rosario. No
obstante, no es hasta que LMC responda por la totalidad de
los daños que entonces podrá repetir contra la doctora
Caraballo Rosario por la cantidad que pagó en exceso a su
propia culpa, según le faculta el Art. 1804. Al surgir
durante la vigencia del actual Código Civil de 2020, la
acción de repetición estaría sujeta al término prescriptivo
de cuatro (4) años contemplado en el Art. 1203. No es hasta
tal procedimiento que los tribunales deberán determinar la
porción de daños atribuible a cada cocausante, claro está,
si el patrono ejerce esta acción de repetir posteriormente.
IV.
Por los fundamentos antes expuestos, procede revocar la
determinación del Tribunal de Apelaciones en cuanto ordena CC-2018-0438 29
una vista a los fines de determinar la porción de culpa
correspondiente a la Dra. Santos L. Caraballo Rosario ya que
no procede descontar esa porción de la totalidad de la
compensación. Consecuentemente se confirma la sentencia del
Tribunal de Primera Instancia ordenando a la recurrida el
pago de la totalidad de los daños.
Se dictará sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Yadira Pérez Hernández, Melissa Román Pérez; Suehaze Román Pérez; Robert E. Román Pérez
Lares Medical Center, Inc.; Dra. Fulana de Tal; Aseguradora A, B, C; Hospital John Doe
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la que se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, se revoca la determinación del Tribunal de Apelaciones en cuanto ordena una vista a los fines de determinar la porción de culpa correspondiente a la Dra. Santos L. Caraballo Rosario ya que no procede descontar esa porción de la totalidad de la compensación. Consecuentemente se confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia ordenando a la recurrida el pago de la totalidad de los daños.
Notifíquese de inmediato.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco hace constar la expresión siguiente:
“A casi una década de resuelto Fraguada Bonilla u. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012), aún continuamos patinando sobre el camino turbio trazado por la Mayoría al adoptar parcialmente la doctrina de obligaciones in solidum. En aquel caso se concretó un acuerdo transaccional entre la parte demandante y el Hospital demandado, mediante el cual se convino el desistimiento y relevo de la reclamación contra el Hospital. La acción continuó contra los médicos codemandados. Ese tracto conllevó a que se discutiera el efecto interruptor que tenía la presentación de una reclamación al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 5141, sobre el término prescriptivo que corría CC-2018-0438 2
a beneficio de los cocausantes que no fueron demandados dentro del plazo de un (1) año. Empero, no se consideró las implicaciones que tenía lo establecido en el Art. 1803 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 5142, sobre la interrupción de la prescripción.
Reitero que estoy en desacuerdo con que en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, la solidaridad extracontractual de los cocausantes de un daño se hubiera bifurcado en propia (perfecta) e impropia (imperfecta). Sin embargo, estoy conforme con la Opinión emitida hoy por el Tribunal pues, a pesar de que su razonamiento se amolda al precedente sentado en el precitado caso, el resultado alcanzado es el correcto. La Demanda presentada contra un patrono por los actos dañosos cometidos por su empleado en el ejercicio de funciones laborales también interrumpe el término prescriptivo para reclamar contra el empleado".
El Juez Asociado señor Estrella Martínez emite la siguiente expresión de conformidad:
“Estoy conforme con la determinación de este Tribunal por entender que ésta complementa de forma armoniosa el estado de derecho que instauramos en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012). Mediante el dictamen precitado, tomamos el camino de la modernidad y el ejercicio responsable del derecho en los asuntos prescriptivos de responsabilidad extracontractual. Hoy, este Tribunal cumple similar cometido con respecto a un ámbito jurídico distinto, a saber: la responsabilidad de un patrono por los actos de sus empleados, en el que median importantes consideraciones de política pública y que es regulado separadamente en nuestro Código Civil”.
Bettina Zeno González Secretaria del Tribunal Supremo Interina