Pagán Cartagena v. First Hospital Panamericano
This text of 2013 TSPR 102 (Pagán Cartagena v. First Hospital Panamericano) is published on Counsel Stack Legal Research, covering Supreme Court of Puerto Rico primary law. Counsel Stack provides free access to over 12 million legal documents including statutes, case law, regulations, and constitutions.
Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José Pagán Cartagena, et al
Recurridos Certiorari v. 2013 TSPR 102 First Hospital Panamericano, et al 189 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: CC-2011-706
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Caguas
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Carlos Padilla Vélez Lcdo. Pedro Buso García
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Víctor M. Rivera Torres
Materia: Evidencia- Regla 503 de Evidencia: Alcance del privilegio abogado- cliente en el contexto corporativo.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José Pagán Cartagena, et al.
Recurridos
v. CC-2011-0706 Certiorari
First Hospital Panamericano, et al.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 19 de septiembre de 2013.
El recurso ante nuestra consideración nos
otorga la oportunidad de delimitar el alcance del
privilegio abogado-cliente en el contexto
corporativo. Nos toca resolver si una
conversación sostenida entre un empleado de una
corporación y los abogados de ésta, de cara a una
potencial demanda en contra de la corporación por
parte de terceros, constituye materia
privilegiada en un pleito independiente instado
por el empleado en contra de la corporación, al
amparo de múltiples leyes laborales.
Precisada la controversia pendiente ante
esta Curia, pasemos a esbozar el marco fáctico
pertinente. CC-2011-0706 2
I
El 18 de junio de 2010, el Sr. José Pagán Cartagena
(―señor Pagán Cartagena‖ o ―recurrido‖) presentó una
demanda en contra de su antiguo patrono, la corporación
First Hospital Panamericano, Inc. (―peticionaria‖, ―First
Hospital‖ o ―corporación‖), una entidad dedicada a prestar
servicios hospitalarios a pacientes de salud mental.1 El
señor Pagán Cartagena instó la referida acción legal tras
ser despedido el 23 de junio de 2009, luego de ocupar el
puesto de técnico de salud mental desde el 15 de febrero de
1989.
El recurrido alegó que su despido se debió a las
expresiones que vertió en una reunión sostenida con
determinados empleados de la administración de la
corporación y los abogados de ésta, quienes interesaban
discutir los acontecimientos ocurridos entre el 25 y el 26
de abril de 2009, fecha en la cual una paciente de salud
mental se suicidó en una de las instituciones psiquiátricas
de First Hospital. Los abogados procuraban conversar con el
recurrido por éste haber laborado durante el turno en el
cual ocurrió el lamentable suceso y porque sus funciones
esa noche, alegadamente, consistían en ofrecer rondas de
1 En su demanda, el señor Pagán Cartagena instó causas de acción al amparo de las siguientes leyes laborales: la Ley Núm. 115-1991, 29 L.P.R.A., sec. 194 et seq., según enmendada; la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 185 et seq., según enmendada, conocida como Ley de Despido Injustificado; la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 11 L.P.R.A. sec. 1, et seq., según enmendada, conocida como Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, y el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141. CC-2011-0706 3
vigilancia en las áreas de cuidado intensivo, lugar en el
cual se encontraba internada la paciente indicada.
First Hospital y sus representantes legales buscaban
obtener esta información con anticipación a una potencial
demanda instada por los familiares de la paciente fallecida
en contra de la corporación. El señor Pagán Cartagena alega
que en esta reunión les comunicó a los abogados de First
Hospital que de ser llamado a testificar ante un Tribunal,
de cara a la posible causa de acción mencionada,
testificaría sobre la supuesta negligencia de la
peticionaria en instaurar medidas de seguridad que hubiesen
prevenido el suicidio mencionado.
El 30 de julio de 2010, la corporación contestó la
demanda del recurrido. En su contestación, First Hospital
argumentó que el contenido de la reunión celebrada entre
sus abogados, su personal administrativo y el señor Pagán
Cartagena era materia privilegiada y confidencial, por
motivo del privilegio abogado-cliente, codificado en la
Regla 503 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32
L.P.R.A. Ap. VI, R. 503.
En respuesta, el 13 de octubre de 2010, el recurrido
presentó una moción, en la cual objetó la invocación del
privilegio abogado-cliente, realizada por First Hospital al
contestar la demanda. En lo pertinente, el señor Pagán
Cartagena alegó que el referido privilegio probatorio no
era de aplicación al contenido de la reunión antes
indicada, ya que el recurrido no era un ―cliente‖, según
este término es empleado por la Regla 503 de Evidencia, CC-2011-0706 4
supra. Concretamente, el recurrido citó la decisión del
Tribunal Supremo federal en Upjohn Co. v. U.S., 444 U.S.
383 (1981), para argüir que, en el contexto corporativo, el
concepto ―cliente‖ comprende a los empleados que
representan de forma autorizada al patrono corporativo.
Según el recurrido, las expresiones que vertió en la
reunión no fueron proferidas en representación de la
corporación. Al contrario, alegó que sus palabras fueron
emitidas como testigo de los hechos que condujeron al
suicidio discutido y que los empleados de la administración
que asistieron a la reunión eran los verdaderos
representantes autorizados de First Hospital, y por ello,
los ―clientes‖ contemplados por la Regla 503 de Evidencia,
supra.
El 22 de noviembre de 2010, la corporación se opuso a
la moción del señor Pagán Cartagena. En su oposición, First
Hospital descansó en Upjohn Co. v. U.S., supra, para argüir
que las conversaciones de sus abogados con el recurrido
estaban protegidas por el privilegio abogado-cliente,
aunque el señor Pagán Cartagena no fuese un representante
de la empresa o parte del grupo de empleados encargados de
dirigir las acciones de la corporación ante el
asesoramiento legal de sus abogados (―Control-Group‖).
Luego de examinar los planteamientos de ambas partes,
el 1 de diciembre de 2010, el Tribunal de Primera
Instancia, sin fundamentar su decisión, proveyó No Ha Lugar
a la moción del recurrido que objetaba la invocación por la
corporación del privilegio abogado-cliente, respecto a las CC-2011-0706 5
conversaciones sostenidas entre sus abogados y el
recurrido. El 5 de enero de 2011, el señor Pagán Cartagena
impugnó esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones,
mediante la presentación de una petición de certiorari. El
21 de enero de 2011, First Hospital presentó su oposición
al recurso del recurrido.
Así las cosas, el 31 de marzo de 2011, notificada el 8
de abril de ese año, el foro apelativo intermedio expidió
el recurso de certiorari presentado por el señor Pagán
Cartagena y emitió su dictamen. En éste, el Tribunal a quo
revocó al foro primario y resolvió que no aplicaba el
privilegio abogado-cliente. Según el Tribunal de
Apelaciones, aplicar el privilegio privaría al señor Pagán
Free access — add to your briefcase to read the full text and ask questions with AI
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José Pagán Cartagena, et al
Recurridos Certiorari v. 2013 TSPR 102 First Hospital Panamericano, et al 189 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: CC-2011-706
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Caguas
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Carlos Padilla Vélez Lcdo. Pedro Buso García
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Víctor M. Rivera Torres
Materia: Evidencia- Regla 503 de Evidencia: Alcance del privilegio abogado- cliente en el contexto corporativo.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José Pagán Cartagena, et al.
Recurridos
v. CC-2011-0706 Certiorari
First Hospital Panamericano, et al.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 19 de septiembre de 2013.
El recurso ante nuestra consideración nos
otorga la oportunidad de delimitar el alcance del
privilegio abogado-cliente en el contexto
corporativo. Nos toca resolver si una
conversación sostenida entre un empleado de una
corporación y los abogados de ésta, de cara a una
potencial demanda en contra de la corporación por
parte de terceros, constituye materia
privilegiada en un pleito independiente instado
por el empleado en contra de la corporación, al
amparo de múltiples leyes laborales.
Precisada la controversia pendiente ante
esta Curia, pasemos a esbozar el marco fáctico
pertinente. CC-2011-0706 2
I
El 18 de junio de 2010, el Sr. José Pagán Cartagena
(―señor Pagán Cartagena‖ o ―recurrido‖) presentó una
demanda en contra de su antiguo patrono, la corporación
First Hospital Panamericano, Inc. (―peticionaria‖, ―First
Hospital‖ o ―corporación‖), una entidad dedicada a prestar
servicios hospitalarios a pacientes de salud mental.1 El
señor Pagán Cartagena instó la referida acción legal tras
ser despedido el 23 de junio de 2009, luego de ocupar el
puesto de técnico de salud mental desde el 15 de febrero de
1989.
El recurrido alegó que su despido se debió a las
expresiones que vertió en una reunión sostenida con
determinados empleados de la administración de la
corporación y los abogados de ésta, quienes interesaban
discutir los acontecimientos ocurridos entre el 25 y el 26
de abril de 2009, fecha en la cual una paciente de salud
mental se suicidó en una de las instituciones psiquiátricas
de First Hospital. Los abogados procuraban conversar con el
recurrido por éste haber laborado durante el turno en el
cual ocurrió el lamentable suceso y porque sus funciones
esa noche, alegadamente, consistían en ofrecer rondas de
1 En su demanda, el señor Pagán Cartagena instó causas de acción al amparo de las siguientes leyes laborales: la Ley Núm. 115-1991, 29 L.P.R.A., sec. 194 et seq., según enmendada; la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 185 et seq., según enmendada, conocida como Ley de Despido Injustificado; la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 11 L.P.R.A. sec. 1, et seq., según enmendada, conocida como Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, y el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141. CC-2011-0706 3
vigilancia en las áreas de cuidado intensivo, lugar en el
cual se encontraba internada la paciente indicada.
First Hospital y sus representantes legales buscaban
obtener esta información con anticipación a una potencial
demanda instada por los familiares de la paciente fallecida
en contra de la corporación. El señor Pagán Cartagena alega
que en esta reunión les comunicó a los abogados de First
Hospital que de ser llamado a testificar ante un Tribunal,
de cara a la posible causa de acción mencionada,
testificaría sobre la supuesta negligencia de la
peticionaria en instaurar medidas de seguridad que hubiesen
prevenido el suicidio mencionado.
El 30 de julio de 2010, la corporación contestó la
demanda del recurrido. En su contestación, First Hospital
argumentó que el contenido de la reunión celebrada entre
sus abogados, su personal administrativo y el señor Pagán
Cartagena era materia privilegiada y confidencial, por
motivo del privilegio abogado-cliente, codificado en la
Regla 503 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32
L.P.R.A. Ap. VI, R. 503.
En respuesta, el 13 de octubre de 2010, el recurrido
presentó una moción, en la cual objetó la invocación del
privilegio abogado-cliente, realizada por First Hospital al
contestar la demanda. En lo pertinente, el señor Pagán
Cartagena alegó que el referido privilegio probatorio no
era de aplicación al contenido de la reunión antes
indicada, ya que el recurrido no era un ―cliente‖, según
este término es empleado por la Regla 503 de Evidencia, CC-2011-0706 4
supra. Concretamente, el recurrido citó la decisión del
Tribunal Supremo federal en Upjohn Co. v. U.S., 444 U.S.
383 (1981), para argüir que, en el contexto corporativo, el
concepto ―cliente‖ comprende a los empleados que
representan de forma autorizada al patrono corporativo.
Según el recurrido, las expresiones que vertió en la
reunión no fueron proferidas en representación de la
corporación. Al contrario, alegó que sus palabras fueron
emitidas como testigo de los hechos que condujeron al
suicidio discutido y que los empleados de la administración
que asistieron a la reunión eran los verdaderos
representantes autorizados de First Hospital, y por ello,
los ―clientes‖ contemplados por la Regla 503 de Evidencia,
supra.
El 22 de noviembre de 2010, la corporación se opuso a
la moción del señor Pagán Cartagena. En su oposición, First
Hospital descansó en Upjohn Co. v. U.S., supra, para argüir
que las conversaciones de sus abogados con el recurrido
estaban protegidas por el privilegio abogado-cliente,
aunque el señor Pagán Cartagena no fuese un representante
de la empresa o parte del grupo de empleados encargados de
dirigir las acciones de la corporación ante el
asesoramiento legal de sus abogados (―Control-Group‖).
Luego de examinar los planteamientos de ambas partes,
el 1 de diciembre de 2010, el Tribunal de Primera
Instancia, sin fundamentar su decisión, proveyó No Ha Lugar
a la moción del recurrido que objetaba la invocación por la
corporación del privilegio abogado-cliente, respecto a las CC-2011-0706 5
conversaciones sostenidas entre sus abogados y el
recurrido. El 5 de enero de 2011, el señor Pagán Cartagena
impugnó esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones,
mediante la presentación de una petición de certiorari. El
21 de enero de 2011, First Hospital presentó su oposición
al recurso del recurrido.
Así las cosas, el 31 de marzo de 2011, notificada el 8
de abril de ese año, el foro apelativo intermedio expidió
el recurso de certiorari presentado por el señor Pagán
Cartagena y emitió su dictamen. En éste, el Tribunal a quo
revocó al foro primario y resolvió que no aplicaba el
privilegio abogado-cliente. Según el Tribunal de
Apelaciones, aplicar el privilegio privaría al señor Pagán
Cartagena de información neurálgica para el éxito de su
reclamación laboral en contra de la peticionaria y
violentaría su derecho a tener un acceso adecuado a la
justicia, entre otras consecuencias legales.
Luego de varios trámites interlocutorios,2 el 13 de
septiembre de 2011, First Hospital presentó ante nos una
2 El 25 de abril de 2011, First Hospital presentó una moción de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones. El 13 de julio de 2011, el foro apelativo intermedio declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración indicada. Esta decisión fue notificada a las partes, y su notificación archivada en autos, el 21 de julio de 2011. El término para acudir ante nos, mediante recurso de certiorari, vencía el lunes 22 de agosto de 2011. No obstante, ese día este Tribunal estuvo cerrado por motivo del paso de un fenómeno atmosférico. Ante ello, First Hospital nos presentó su recurso el 23 de agosto de 2011. El 6 de septiembre de ese año, denegamos una moción de First Hospital, en la que solicitó que su recurso del 23 de agosto fuese aceptado con páginas en exceso del límite dispuesto por nuestro ordenamiento. Ante ello, le concedimos un término de cinco días para que volviese a CC-2011-0706 6
petición de certiorari. En ésta, la corporación impugna la
Sentencia del Tribunal a quo y le imputa haber errado por
permitir que el recurrido se valga de información
privilegiada para instar su causa de acción laboral en
contra del patrono. El 9 de diciembre de 2011, esta Curia
expidió el auto presentado. Al cabo de varias órdenes
procesales, el 30 de abril de 2012, la parte recurrida
presentó su alegato en contra de la petición expedida.
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,
procedemos a exponer el marco jurídico aplicable a las
controversias pendientes ante nuestra consideración.
II
Nuestro cuerpo de normas probatorias existe con el
propósito principal de alcanzar ―el descubrimiento de la
verdad en todos los procedimientos judiciales‖. 32 L.P.R.A.
Ap. VI, R. 102. Véase, también, Pueblo v. Fernández
Rodríguez, 183 D.P.R. 770, 784 (2011), citando a, Pueblo v.
De Jesús Delgado, 155 D.P.R 930 (2001). Ante ello, nuestras
Reglas de Evidencia ―están orientadas hacia la admisión
liberal de toda la evidencia pertinente‖ para la adecuada
resolución de una controversia. R. Emmanuelli Jiménez,
Prontuario de derecho probatorio puertorriqueño, San Juan,
Ediciones Situm, pág. 247 (2010).
No obstante, en ocasiones nuestro ordenamiento
evidenciario excluye evidencia pertinente ―por
consideraciones de política pública, para adelantar valores __________________________ presentar su recurso de certiorari en conformidad con el límite de páginas impuesto por nuestro reglamento. First Hospital cumplió con el término impuesto. CC-2011-0706 7
o intereses sociales ajenos o antagónicos a la búsqueda de
la verdad‖. E.L. Chiesa Aponte, Tratado de derecho
probatorio: Reglas de evidencia de Puerto Rico y federales,
República Dominicana, Pub. JTS, Tomo I, págs. 185-186
(2009). Véase, también, Ortiz García v. Meléndez Lugo, 164
D.P.R. 16, 28 (2005). Los privilegios evidenciarios
constituyen una de estas instancias probatorias. Ello,
pues, ―por su naturaleza y función, impiden el
descubrimiento de ciertos actos, hechos o comunicaciones
por existir intereses en conflicto que intervienen con esa
búsqueda exhaustiva de la verdad‖. Pueblo v. Fernández
Rodríguez, supra, pág. 784; Pueblo v. De Jesús Delgado,
supra, pág. 939.
El Prof. Ernesto L. Chiesa abunda sobre lo anterior en
los siguientes términos:
Se estima que el sacrificio de evidencia con claro valor probatorio se justifica para adelantar un alto interés público.... Mientras más alto sea el interés público que se quiere adelantar con el privilegio, mayor será su alcance y menor las excepciones al privilegio. Mientras menor sea el interés público que se quiere adelantar, de menor alcance será el privilegio y más las excepciones.... E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009: Análisis por el Prof. Ernesto L. Chiesa, Pub. JTS, San Juan, págs. 149-150 (2009). Véase, también, Pueblo v. Fernández Rodríguez, supra, pág. 784.
Debido a que los privilegios están reñidos con la
búsqueda de la verdad, la Regla 518 exige que ―las reglas
de privilegios se interpret[e]n restrictivamente en
relación con cualquier determinación sobre la existencia de CC-2011-0706 8
un privilegio‖.3 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 518. Véanse,
también: Pueblo v. De Jesús Delgado, supra, pág. 939;
Pueblo en interés del menor L.R.R., 125 D.P.R. 78, 88
(1989); Lugo Ortíz v. Lugo Ortíz, 85 D.P.R. 862, 871
(1962); Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la
Conferencia Judicial y Notarial, Comité Asesor Permanente
de Reglas de Evidencia, Informe de las Reglas de Derecho
Probatorio, 12 de marzo de 2007, pág. 308. Esta norma
procura ―evitar la extensión indebida de los privilegios‖,
en aras de no atollar la consecución de la verdad en los
procesos judiciales. Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113
D.P.R. 210, 214 (1982). Ante esta exigencia de
interpretación legal, los tribunales vienen obligados a
rechazar cualquier invocación de un privilegio evidenciario
cuando surjan dudas respecto a la presencia de los
requisitos estatutarios exigidos para su existencia. E.L.
Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009: Análisis
por el Prof. Ernesto L. Chiesa, op. cit., pág. 177.
En iguales términos, es imprescindible tener presente
que el peso de demostrar que aplica un privilegio reside en
quien sostiene su existencia, no en la parte contraria. 1
McCormick on Evidence, ed. Kenneth S. Brown, Ed. Thomson-
West, St. Paul, § 73.1, pág. 342 (2006). Los privilegios no
son automáticos; el poseedor del privilegio tiene el deber
de invocarlo de manera fundamentada en el primer momento en
que se intente divulgar la comunicación. 3 J.B. Weinsten &
3 La única excepción a esta norma de hermenéutica reside en aquellos privilegios de rango constitucional. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R.518. CC-2011-0706 9
M.A. Berger, Weinstein‘s Federal Evidence, ed. Joseph M.
McLaughlin, Ed. Mathew Bender, § 503.20[2], págs. 503-62—
503-63. Quien invoca la existencia de un privilegio tiene
el deber de demostrarle al juzgador, con prontitud, todas
las razones que convierten la comunicación en privilegiada.
1 McCormick on Evidence, op. cit., §§ 52 y 73.1, págs. 253
y 342. En ese quehacer, el poseedor del privilegio tiene
que establecer la existencia de los elementos del
privilegio que invoca mediante preponderancia de la prueba.4
Íd., § 6.3.1, pág. 591 y escolio 3.
Teniendo presente los principios generales aplicables
a todo privilegio evidenciario, examinemos en detalle los
contornos jurídicos del privilegio abogado-cliente.
III.
A.
El privilegio abogado cliente es ―el más antiguo de
los privilegios que emanan del derecho común‖ (Pueblo v.
Fernández Rodríguez, supra, pág. 785) y ―el privilegio no
constitucional más sólido de nuestro ordenamiento‖ legal
(R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de derecho probatorio
puertorriqueño, op. cit., pág. 265). La justificación para
la exclusión de evidencia pertinente por motivo de este
privilegio ha variado con el pasar de los años. En sus
orígenes, el privilegio abogado-cliente encontró su
justificación en la protección del honor de un abogado,
4 Según lo hemos expresado en el pasado, preponderancia de la prueba equivale a que se establezcan ―como hechos probados aquéllos que con mayores probabilidades ocurrieron‖. Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 D.P.R. 517, 521 (1980). CC-2011-0706 10
quien juraba a su cliente confidencialidad y lealtad.
Véase, E.J. Imwinkelried, 1-6B The New Wigmore: A Treatise
on Evidence: Evidentiary Privileges, Ed. Aspen Publishers,
Austin, § 2.2, pág. 128 (2010). De tal manera, el
privilegio existía para facultar al abogado con las
herramientas necesarias para poder hacer valer ese código
de honor convenido con su cliente y evitar divulgar las
confidencias de éste. Íd., § 2.3, pág. 136. Es por ello que
el tenedor del privilegio lo era el abogado y era éste el
único que podía invocarlo.5 Íd.
En la actualidad, la razón de ser del privilegio bajo
examen está revestida de un carácter utilitarista. Así, el
privilegio abogado-cliente procura estimular una conducta
social deseada: que el cliente, confiando que sus
comunicaciones gozarán de cierto grado de confidencialidad,
consulte a un abogado para recibir asistencia legal y le
divulgue toda la información necesaria para tales fines.
Véanse: 2 M.H. Graham, Handbook of Federal Evidence: Rules
501-615, Ed. Thomson-West, 2006, § 503:1, pág. 57; Íd., §
2.4, pág. 139; Upjohn Co. v. U.S., supra, pág. 389 (―[The
attorney-client privilege‘s] purpose is to encourage full
and frank communication between attorneys and their clients
and thereby promote broader public interests in the
observance of law and administration of justice.‖); Fisher
5 Hoy día el poseedor del privilegio abogado–cliente lo es el cliente. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009: Análisis por el Prof. Ernesto L. Chiesa, op. cit., pág. 177. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009: Análisis por el Prof. Ernesto L. Chiesa, op. cit., pág. 151. Véase, también, Pueblo v. Fernández Rodríguez, supra, págs. 786-787. CC-2011-0706 11
v. U.S., 425 U.S. 391, 403 (1976) (―As a practical manner,
if the client knows that damaging information could more
readily be obtained from the attorney following disclosure
than from himself in the absence of disclosure, the client
would be reluctant to confide in his lawyer and it would be
difficult to obtain fully informed legal advice.‖)
Específicamente, el privilegio abogado-cliente se
justifica a la luz de tres consideraciones básicas de
política pública. Weinstein‘s Federal Evidence, op. cit., §
503.03[1]; 1 McCormick on Evidence, op. cit., § 87, pág.
387. En primer lugar, se presume que ―el derecho es
complejo y para que los miembros de la sociedad puedan
cumplir con el mismo en el manejo de sus asuntos y en la
disposición de sus controversias, ellos requieren la
asistencia de abogados expertos‖. (Traducción nuestra.) 1
McCormick on Evidence, op. cit., § 87, pág. 387. En segundo
plano, ―un abogado no puede descargar esta función sin el
máximo conocimiento posible respecto a los hechos
relacionados a la situación del cliente‖. (Traducción
nuestra.) Íd. Finalmente, ―no se puede pretender que el
cliente coloque al abogado en plena posesión de los hechos
sin la seguridad de que el abogado no será compelido, sobre
las objeciones del cliente, a revelar las confidencias en
corte‖. (Traducción nuestra.) Íd.
A la luz de estas consideraciones generales, pasemos a
examinar la fuente del privilegio abogado-cliente y los
elementos esenciales que configuran un caso prima facie
para la adecuada invocación del mismo. CC-2011-0706 12
B.
Los privilegios evidenciarios encuentran su génesis en
la Constitución, la ley o en las Reglas de Evidencia.
Pueblo v. Fernández Rodríguez, supra, pág. 783. En el caso
particular del privilegio abogado-cliente, éste nace de la
Regla 503 de nuestras Reglas de Evidencia. De tal manera,
la Regla 503 (b) codifica el privilegio evidenciario
indicado al proveer lo siguiente: ―el o la cliente –sea o
no parte en el pleito o acción- tiene el privilegio de
rehusar revelar, y de impedir que otra persona revele, una
comunicación confidencial entre ella y su abogada o
abogado‖. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 503 (b).
Según lo explica el profesor Rolando Emmanuelli
Jiménez, el privilegio abogado-cliente ―pretende proteger
la confidencialidad de las comunicaciones entre los
abogados, abogadas y sus clientes que estén relacionadas a
alguna gestión profesional y basadas en la confianza de que
no serán divulgadas más allá de lo necesario para llevar a
cabo sus fines‖. R. Emmanuelli Jiménez, Compendio de
derecho probatorio puertorriqueño, Ediciones Situm, San
Juan, pág. 102 (2012). Cónsono con esta explicación, el
profesor Wigmore resumió los elementos esenciales del
privilegio abogado-cliente de la siguiente manera: (1)
cuando se procure un consejo legal de cualquier naturaleza;
(2) de parte de un abogado, actuando en su capacidad como
tal; (3) las comunicaciones hechas relacionadas a ese
propósito; (4) en confidencia; (5) por un cliente; (6)
estarán protegidas permanentemente a sus instancias; (7) de CC-2011-0706 13
ser divulgadas por él o su abogado; (8) excepto cuando haya
renunciado a tal protección. 8 J. Wigmore, Evidence, Ed.
McNaughton § 2292, pág. 554 (1961), según fue citado en E.
Selan Epstein & M.M. Martin, The Attorney-Client Privilege
and the Work-Product Doctrine, American Bar Association,
Litigation Section, págs. 13-14 (1989). Véase, también, 2
Federal Rules of Evidence Manual: Rules 405-608, ed. S.A.
Saltzburg, M.M. Martin & D.J. Capra, Ed. Mathew Bender &
Co., § 501.02[5][b] (2011).
Los tratadistas, al descansar en la definición del
profesor Wigmore, han concluido que no importa cómo se
defina el privilegio abogado-cliente, su contenido se
reduce a proteger aquella comunicación confidencial que
haga un cliente o su representante autorizado a un abogado
con el fin de obtener asistencia legal. Véanse: E. Selan
Epstein & M.M. Martin, op. cit., pág. 14; Weinstein‘s
Federal Evidence, op. cit., § 503.10. Estos son los
elementos esenciales que el poseedor del privilegio
abogado-cliente -privilegio de naturaleza absoluta- debe
probar por preponderancia de la prueba para establecer un
caso prima facie, respecto a la aplicabilidad del
privilegio abogado-cliente. The New Wigmore: A Treatise on
Evidence: Evidentiary Privileges, op. cit., § 6.3, pág.
588. Si así procede, prosperará en su reclamo de que
determinada comunicación no sea divulgada y admitida como
evidencia en un procedimiento judicial. Íd.
Una vez establecido lo anterior, la aplicabilidad del
privilegio sólo podrá ser derrotada si se cumple con una de CC-2011-0706 14
las siguientes condiciones: (1) que el poseedor del
privilegio renunció al mismo, o (2) que aplique alguna de
las excepciones que limitan el alcance de un privilegio
probatorio. Íd. Por el contrario, si los elementos de un
caso prima facie no son establecidos, entonces no cabe
hablar sobre la renuncia de un privilegio o la
aplicabilidad de una excepción a éste.
Nuestras Reglas de Evidencia concuerdan con este
acercamiento. Es por ello que la Regla 503 (a) provee
definiciones claras para los términos abogado, cliente,
representante autorizado y comunicación confidencial, por
éstos constituir el contenido mínimo de un caso prima facie
para la invocación del privilegio abogado-cliente. Además,
nuestro ordenamiento legal también reconoce la posibilidad
de que una parte renuncie de forma tácita o explícita a un
privilegio evidenciario (32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 517), o que
el privilegio no aplique por motivo de una de las
excepciones contenidas en la Regla 503 (c) de nuestra
Reglas de Evidencia (32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 503 (c)).
Examinada la fuente del privilegio abogado-cliente y
los elementos necesarios para un caso prima facie para la
invocación exitosa del privilegio, pasemos a analizar las
definiciones pertinentes al caso de marras que son
provistas por la Regla 503 (c) para los conceptos cliente,
representante autorizado y comunicación confidencial. Ello,
dentro del ámbito corporativo, por ser ese el contexto en CC-2011-0706 15
el cual se desarrollan los hechos ante nuestra
consideración.6
IV.
En primer lugar, la Regla 503 (a) define la voz
cliente como aquella ―[p]ersona natural o jurídica que,
directamente o a través de representante autorizado,
consulta a una abogada o a un abogado con el propósito de
contratarle o de obtener servicios legales o consejo en su
capacidad profesional...‖. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A.
Ap. VI, R. 503 (a) (2). A su vez, esta Regla establece que
el término representante autorizado significará aquella
―[p]ersona facultada para obtener servicios legales o
actuar a base de consejo legal ofrecido, en representación
de la que es cliente. Incluye a una persona que, con el
6 Como cuestión de umbral, es preciso tener presente que el Tribunal Supremo federal ha establecido explícitamente que el privilegio abogado-cliente aplica en el contexto corporativo. Upjohn Co. v. U.S., 449 U.S. 383, 390 (1981), citando a, U.S. v. Louisville & Nashville R. Co., 236 U.S. 318, 336 (1915). Véanse, también: The New Wigmore: A Treatise on Evidence: Evidentiary Privileges, op. cit., § 6.9.1, pág. 865 (―Modernly, there is virtual unanimity that the privilege applies to corporate entities.‖); 1 McCormick on Evidence, op. cit., § 87.1, pág. 392; E. Selan Epstein & M.M. Martin, op. cit., pág. 25 (―There is no longer any question that the attorney client-privilege may be asserted by a corporation or other organization; it is not restricted to individuals.‖); Weinstein‘s Federal Evidence, op. cit., § 503.22 (―... there is overall agreement that corporations as clients are entitled to the benefits of the lawyer-client privilege.‖) Nuestra Regla 503 de Evidencia es cónsona con esta perspectiva y, según lo expresa el informe del Comité Asesor que laboró en su adopción, su contenido codifica la decisión del Tribunal Supremo federal en Upjohn v. U.S., supra, en múltiples aspectos. Informe de las Reglas de Derecho Probatorio, op. cit., pág. 227. De tal manera, es propio concluir que en Puerto Rico las corporaciones tienen derecho a invocar oportunamente el privilegio abogado-cliente. CC-2011-0706 16
propósito de que se brinde representación legal a quien es
cliente, hace o recibe una comunicación confidencial
mientras actúa dentro del alcance de su empleo con el o la
cliente‖. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 503 (a)
(3).
Según se deduce de las definiciones señaladas, un
cliente puede ser una persona natural o una persona
jurídica. A su vez, el cliente puede actuar por sí mismo, o
a través de un representante autorizado. Ahora bien, cuando
el alegado poseedor del privilegio lo constituye una
persona jurídica, como lo es una corporación, existen
consideraciones adicionales que dificultan precisar quién
es el representante autorizado del cliente corporativo para
fines de determinar si aplica o no el privilegio abogado-
cliente.
Estas dificultades surgen de la naturaleza particular
de una entidad corporativa, la cual opera de forma distinta
a un individuo. Weinstein‘s Federal Evidence, op. cit., §
503.22[1]. Contrario a una persona natural, quien
constituye una sola entidad en comunicación directa o
representativa con su abogado, la persona jurídica debe
descansar en sus oficiales y empleados para comunicar a su
representante legal aquellos elementos necesarios para una
asesoría jurídica competente. Véanse: (Citaciones internas
omitidas.) Weinstein‘s Federal Evidence, op. cit., §
503.22[1] (―While an individual client is generally the
sole source of disclosure to an attorney, ‗a corporate
client may employ many spokesmen -from upper management to CC-2011-0706 17
blue collar employees- in order to communicate relevant
information to counsel‘.‖); 1 McCormick on Evidence, op.
cit., § 87.1, pág. 392; J.E. Sexton, A Post-Upjohn
Consideration of the Corporate Attorney-Client Privilege,
57 N.Y.U. L. Rev. 443, 449 (1982).
El Tribunal Supremo federal ha explicado esta
diferencia en los siguientes términos:
Admittedly complications in the application of the privilege arise when the client is a corporation, which in theory is an artificial creature of the law, and not an individual.... In the case of the individual client the provider of the information and the person who acts on the lawyer‘s advice are one and the same. In the corporate context, however, it will frequently be ... [the company‘s employees who] will possess the information needed by the corporation‘s lawyers. (Citaciones internas omitidas.) Upjohn Co. v. U.S., supra, págs. 389-390 y 391.
Ante esta particularidad, los tribunales han
enfrentado la difícil tarea de precisar qué tipo de
empleado o agente está legitimado a ofrecer comunicaciones
en representación de la entidad jurídica, las cuales
ameriten la protección del privilegio bajo examen. Véanse:
2 Federal Rules of Evidence Manual: Rules 405-608, op.
cit., § 501.02[5][g]; E. Selan Epstein & M.M. Martin, op.
cit., pág. 25. Previo a que el Tribunal Supremo federal, en
Upjohn Co. v. U.S., supra, atendiera la interrogante
señalada, existían dos teorías conflictivas que dividían el
criterio de los distintos tribunales federales y estatales
respecto a qué tipo de empleado podía constituir un
representante autorizado de la corporación, cuyas CC-2011-0706 18
comunicaciones fuesen acreedoras de las protecciones
garantizadas por el privilegio abogado-cliente.
Por un lado, una mayoría de los tribunales descansaban
en la prueba del grupo-control (―Control-Group Test‖). Esta
prueba limita el alcance del privilegio abogado-cliente en
el contexto corporativo a las comunicaciones ocurridas
entre los abogados de una corporación y aquellos empleados
u oficiales de ésta que estén en una posición que les
confiera control sobre, o la facultad para participar
substancialmente en, la decisión o el asunto para el cual
se consulta al abogado de la corporación. City of
Philadelphia v. Westinghouse Electric Corp., 210 F.Supp.
483, 485 (E.D.Pa. 1962). Véanse: 2 Handbook of Federal
Evidence: Rules 501-615, op. cit., § 503:3, págs. 102-103;
1 McCormick on Evidence, op. cit., § 87.1, pág. 392;
Weinstein‘s Federal Evidence, op. cit., § 503.22[2][b].
Así, cuando el empleado no pertenece al grupo de
personas encomendadas con la tarea de tomar acción –o
participar en una decisión- a base del consejo legal
provisto por el abogado de la corporación, entonces la
comunicación confidencial sostenida entre el abogado y el
empleado de ésta, sobre el asunto para el cual la
corporación necesita asesoría legal, no se considera
privilegiada, ya que se entiende que el empleado no
representa o personifica a la corporación.
Por otra parte, otros tribunales descartaron la prueba
del grupo-control, prefiriendo en su lugar la prueba de la
materia (―Subject Matter Test‖). Bajo este examen se CC-2011-0706 19
reconoce que las comunicaciones de un empleado constituyen
las expresiones de la corporación, y por ende están sujetas
al privilegio abogado-cliente, si: (1) el empleado, aunque
no sea un miembro del grupo-control de la corporación, hace
una comunicación al abogado de la entidad por instrucciones
de sus superiores; y (2) la materia de esa comunicación
está relacionada a las responsabilidades y tareas asignadas
al empleado. Harper & Row Publishers, Inc. v. Decker, 423
F.2d 487, 491-492 (7mo Cir. 1970); Weinstein‘s Federal
Evidence, op. cit., § 503.22[2][c]; E. Selan Epstein & M.M.
Martin, op. cit., pág. 26 (―The other test focused on the
‗subject matter‘ of the communication, asking whether the
communication was for purpose of seeking and rendering
legal advice to the corporation, whether the communication
was made at the instance of the employee‘s superior, and
whether the subject matter of the communication was within
the scope of the employee‘s duties. If those indicia were
present, courts using the subject matter test tended to
recognize the privilege, regardless of the corporate rank
of the employee making the communication.‖)
La decisión del Tribunal Supremo federal en Upjohn Co.
v. U.S., supra, atendió de forma explícita la divergencia
de estándares antes explicada. En primer lugar, la Corte
federal descartó la prueba del grupo-control como una
alternativa viable al momento de interpretar qué empleado
constituye un representante autorizado para fines de
delimitar el alcance del privilegio abogado-cliente en el
contexto corporativo. Upjohn Co. v. U.S., supra, págs. 390- CC-2011-0706 20
392. El Tribunal federal sostuvo su rechazo de la referida
prueba en función de los propósitos para los cuales existe
el privilegio abogado-cliente.
Específicamente, el Tribunal Supremo de EE.UU.
concibió que limitar el privilegio abogado-cliente a
aquellos miembros de la alta gerencia de una entidad
corporativa que estuviesen a cargo de tomar decisiones para
asuntos por los cuales se consultó al abogado corporativo,
frustra los propósitos perseguidos por este privilegio
envidenciario, a saber: (1) que el abogado pueda ofrecer un
consejo legal informado y competente por causa de que los
empleados que poseen la información le divulgan la misma de
forma cabal por confiar que sus comunicaciones serán
privilegiadas; y (2) que el abogado procure que su cliente
corporativo, al estar más informado del estado de derecho
pertinente, cumpla con las leyes. Upjohn Co. v. U.S.,
supra, págs. 390-393.
En el caso particular del primer propósito pretendido
por el privilegio abogado-cliente –fomentar la comunicación
plena y sincera entre el abogado y el cliente- la Corte
Suprema federal indicó que el examen del grupo-control lo
coarta, ya que: (1) desalienta que los empleados de mediano
y bajo rango de la corporación informen al abogado de ésta,
aquellos hechos necesarios y pertinentes para la
formulación de un consejo legal informado y razonable, por
temor a que sus comunicaciones no sean consideradas como
materia privilegiada; (2) ignora la realidad de que son los
empleados de mediano o bajo rango, y no siempre los CC-2011-0706 21
oficiales y agentes encargados de dirigir las acciones de
la empresa, quienes poseen la información que necesita el
abogado corporativo para una adecuada asesoría legal;7 (3)
coloca al abogado en una disyuntiva peligrosa, pues si
entrevista a los empleados que no poseen la más alta
autoridad, sus comunicaciones no serán privilegiadas, mas
si se limita a sólo entrevistar a los oficiales encargados
de dirigir la empresa, encontrará que éstos no poseen la
información necesaria para determinar cómo ocurrió el
asunto para el cual la entidad jurídica procura asesoría
legal; y (4) prescinde considerar que son los empleados de
mediano y bajo rango, quienes realmente necesitan el
consejo legal adecuado, por ser ellos quienes implementan
día a día la política corporativa. Íd., págs. 390-392.
Respecto al segundo propósito perseguido por el
privilegio abogado-cliente –que el cliente corporativo
7 El Tribunal Supremo federal ha planteado este aspecto en los siguientes términos:
―In the case of the individual client the provider of the information and the person who acts on the lawyer‘s advice are one and the same. In the corporate context, however, it will frequently be employees beyond the control group as defined by the court below –officers and agents responsible for directing the company‘s actions in response to legal advice- who will possess the information needed by the corporation‘s lawyers. Middle-level and indeed lower-level employees can, by actions within the scope of their employment, embroil the corporation in serious legal difficulties, and it is only natural that these employees would have the relevant information needed by corporate counsel if he is adequately to advise the client with respect to such actual or potential difficulties.‖ Upjohn Co. v. U.S., supra, pág. 391. CC-2011-0706 22
cumpla con el Derecho- el Tribunal Supremo federal indicó
que la prueba del grupo-control lo troncha, por no brindar
certeza en torno a qué tipo de comunicaciones serán
privilegiadas. Ante ello, el examen rechazado limita la
voluntariedad de un empleado corporativo para consultar a
su abogado referente a cómo cumplir con el complejo
ordenamiento corporativo. Íd., pág. 393.
Habiendo concluido que la prueba del grupo-control no
es útil para determinar qué tipo de empleado es un
representante autorizado de la corporación para fines del
privilegio abogado-cliente, el máximo foro federal fue
renuente a adoptar un conjunto de normas que gobierne el
alcance del privilegio abogado-cliente en el marco
corporativo. Ello, en virtud de la Regla de Evidencia
federal Núm. 501, la cual establece que el reconocimiento
de un privilegio probatorio debe quedar sujeto a un
acercamiento caso a caso, consistente con los principios
del derecho común, según interpretados por la razón y la
experiencia. Íd., págs. 396-397.
A pesar que el Tribunal federal descartó adoptar un
estándar para casos como el de marras, éste sí sugirió un
análisis semejante en su naturaleza al Subject Matter Test.
Así, concluyó que en el caso que tenía ante su
consideración sí aplicaba el privilegio abogado-cliente, ya
que: (1) las comunicaciones concernidas fueron vertidas por
los empleados de la corporación a su abogado, para el
propósito expreso de asegurar asesoría legal para la
corporación; (2) las comunicaciones estaban relacionadas CC-2011-0706 23
con las funciones y tareas corporativas específicas de los
empleados que manifestaron la comunicación en disputa y
éstos eran conscientes que estaban siendo consultados por
el abogado para que la corporación pudiese ser asesorada; y
(3) las comunicaciones fueron tratadas como confidencial
por la corporación, por instrucciones de los gerentes de la
empresa.8 Íd., págs. 394-395. Véase, también, 1 McCormick on
Evidence, op. cit., § 87.1, pág. 393.
Con esta Opinión en mente, en el 2009 adoptamos
nuestra Regla 503 de Evidencia. En su adopción fuimos
explícitos en codificar lo resuelto en Upjohn Co. v. U.S.,
supra.9 Es por ello que añadimos la definición del término
8 Algunos tratadistas han concluido que la Corte Suprema federal, al resolver Upjohn Co. v. U.S., supra, descansó su decisión en Diversified Indus., Inc. v. Meredith, 572 F.2d 596, 609 (8vo Cir. 1978), una decisión del Octavo Circuito para la Corte Federal de Apelaciones de los EE.UU., la cual adopta una versión modificada del ―Subject Matter Test‖, que concluye que un empleado será un representante autorizado de la corporación, y por ende aplicará el privilegio abogado-cliente, siempre y cuando: (1) la comunicación del empleado fue hecha con el propósito de asegurar consejo legal; (2) el empleado efectuó la comunicación por instrucciones de sus superiores corporativos; (3) sus superiores le pidieron que comunicara la información para asegurar determinado consejo legal a favor de la empresa; (4) la materia de la comunicación se encontraba dentro del ámbito de las funciones y responsabilidades corporativas del empleado; y (5) la comunicación no ha sido diseminada más allá de aquellas personas que, por motivo de la estructura corporativa, deben conocer su contenido. Véanse: Weinstein‘s Federal Evidence, op. cit., § 503.22[4][b]; E. Selan Epstein & M.M. Martin, op. cit., págs. 28-29. 9 Debido a que la decisión del Tribunal Supremo federal en Upjohn Co. v. U.S., supra, no está erguida sobre fundamentos de naturaleza constitucional, la misma no es vinculante para los estados y territorios de la Unión Americana. 1 McCormick on Evidence, op. cit., § 87.1, pág. 393. No obstante, nuestra codificación de este caso en nuestra Regla 503 de Evidencia demuestra la intención CC-2011-0706 24
representante autorizado, por coincidir con el criterio del
Tribunal Supremo federal, a los efectos de que el
privilegio abogado-cliente ―se extiende a conversaciones
entre el abogado o abogada y los representantes y
empleados‖ de la corporación, ―si tales comunicaciones
resultan pertinentes para asesorar al cliente‖. Informe de
las Reglas de Derecho Probatorio, op. cit., págs. 227-228.
Véase, también, R.E. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de
derecho probatorio puertorriqueño, op. cit., pág. 267.
El profesor Ernesto Chiesa confirma lo anterior. Es
por ello que expresa que nuestra Regla 503 (a), al definir
el término representante autorizado, adoptó ―una
interpretación extensiva del concepto ‘cliente‘, compatible
con lo resuelto en Upjohn Co. v. U.S., [supra], en relación
con el alcance de ‘cliente‘ cuando es una corporación‖.
E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009:
Análisis por el Prof. Ernesto L. Chiesa, op. cit., pág.
151. Como resultado de lo anterior, ―[l]a comunicación,
para que sea privilegiada, no tiene que ser entre el
abogado y las altas esferas de la corporación. Es
suficiente con que la comunicación sea con una persona que
tiene información importante para el asesoramiento‖. Íd.
A la luz de todo lo expresado, y en resumidas cuentas,
podemos concluir que en Puerto Rico no aplica el estándar
del grupo-control (“Control Group Test”). Ello, en función
de nuestra codificación expresa del caso Upjohn Co. v.
__________________________ manifiesta de que su contenido aplique en nuestra jurisdicción legal. CC-2011-0706 25
U.S., supra, en nuestra Regla 503 (a). Consecuentemente, el
privilegio abogado-cliente no está limitado a las
comunicaciones vertidas por los oficiales y empleados de
las altas esferas de la corporación encargados de diseñar
la política corporativa. Al contrario, hoy adoptamos el
estándar sugerido en el caso federal nombrado, el cual se
asemeja a la prueba de materia (―Subject Matter Test‖).
Así, un empleado será un representante autorizado del
cliente (la corporación), siempre y cuando: (1) sus
comunicaciones fueron ofrecidas al abogado corporativo para
el propósito expreso de asegurar asesoría legal para la
corporación; (2) las comunicaciones estaban relacionadas
con las funciones y tareas corporativas específicas del
empleado y éste era consciente que estaba siendo consultado
por el abogado para que la corporación pudiese ser
asesorada legalmente; y (3) sus comunicaciones fueron
tratadas de forma confidencial por la corporación, por
instrucciones de los gerentes de la empresa.
Al adoptar expresamente el estándar señalado,
procuramos cumplir con el texto de nuestra Regla 503 (a),
el cual define el término cliente como aquella persona
jurídica que entabla una comunicación confidencial con su
abogado, a través de su representante autorizado. A su vez,
honramos la letra de nuestra Regla 503 (a) (3), la cual
define el término representante autorizado, en lo
pertinente, como aquella persona que, ―con el propósito de
que se brinde representación legal a quien es cliente [(la
corporación)], hace o recibe una comunicación confidencial CC-2011-0706 26
cliente‖. (Énfasis suplido.)
Según se deduce de estas definiciones, encontramos
todos los elementos del estándar que hoy adoptamos. En
primer lugar, el representante autorizado emite su
comunicación con el fin de asegurar una asesoría legal en
beneficio del cliente (la corporación). En segundo plano,
el contenido de la comunicación está dentro del alcance de
las funciones y responsabilidades del empleo del
representante autorizado con la corporación, y son emitidas
para que esta última sea asesorada. Tercero, la
comunicación ha sido tratada –y continúa siendo tratada-
como confidencial por la empresa, porque así lo han
ordenado los superiores corporativos del empleado.
Más aún, el estándar aquí acogido –distinto a la
prueba del grupo-control- cumple con los principios de
política pública, perseguidos por el privilegio abogado-
cliente, según los hemos detallado. Ello, pues, procura
proteger aquellas comunicaciones sostenidas entre el
abogado y los empleados de una empresa, no en función de su
rango corporativo, sino por causa de la relación existente
entre el contenido de la comunicación confidencial, las
responsabilidades corporativas del empleado comunicador y
el interés de sus superiores por que la información que
tenga el empleado llegue a los oídos del abogado, en aras
de garantizar una asesoría legal cabal en beneficio de la
empresa. A su vez, honramos el historial de nuestras Reglas CC-2011-0706 27
de Evidencia y velamos por la vindicación de su letra
clara.
Teniendo claro qué implican los términos cliente y
representante autorizado en el contexto corporativo,
expliquemos el contenido mínimo del requisito de que la
comunicación vertida sea una confidencial.
Según adelantado, para que aplique el privilegio
abogado-cliente respecto a determinada comunicación, el que
invoca el privilegio debe probar, entre otros factores, que
la comunicación fue emitida con carácter confidencial.
Ortiz García v. Meléndez Lugo, supra, pág. 28 (―la
exclusión de prueba basada en los privilegios responde a la
‗confidencialidad ... para proteger al titular del
derecho‘.‖) (Citaciones internas omitidas.) Nuestra Regla
503 (a) (4) define el término comunicación confidencial
como ―[a]quella habida entre una abogada o un abogado y su
cliente en relación con alguna gestión profesional, basada
en la confianza de que no será divulgada a terceras
personas, salvo a aquéllas que sea necesario para llevar a
efecto los propósitos de la comunicación‖. (Énfasis
nuestro.) 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 503 (a) (4).
De esta manera, la definición antes reproducida nos
ilustra ciertos elementos indispensables para que una
comunicación sea confidencial en su naturaleza, a saber:
(1) que ocurra una comunicación entre el abogado y el
cliente; (2) cuyo contenido se relacione a una gestión
profesional (entiéndase, que constituya un asesoramiento CC-2011-0706 28
sobre materia legal); (3) que la comunicación sea divulgada
bajo la creencia o confianza razonable de que no será
divulgada a terceras personas; (4) salvo aquellas personas
que necesitan la información para el más cabal
asesoramiento legal. Véanse: E.L. Chiesa, Reglas de
Evidencia de Puerto Rico 2009: Análisis por el Prof.
Ernesto L. Chiesa, op. cit., pág. 151; R.E. Emmanuelli
Jiménez, Prontuario de derecho probatorio puertorriqueño,
op. cit., pág. 267. Enfoquemos nuestra mirada sobre las
implicaciones jurídicas de estos últimos dos requisitos.
Como norma general, ―[l]a presencia de terceras
personas que nada tienen que ver con el asesoramiento legal
es indicio de que no hay expectativa de confidencialidad‖.
151. Ello, pues, el elemento esencial para la
confidencialidad –sépase, la intención de que la
comunicación no sea divulgada a terceros fuera de la
relación de asesoramiento legal- está ausente. 2 Handbook
of Federal Evidence: Rules 501-615, op. cit., § 503:4,
págs. 124-126 (―Matters intended to be disclosed ... are
not within the privilege.... [I]ntent to disclose is of
critical concern....‖) (Énfasis nuestro.)
El professor Weinstein abunda sobre lo anterior en los
siguientes términos:
The lawyer-client privilege applies only when the communication is confidential. A communication is confidential when the circumstances indicate that it was not intended to be disclosed to third persons other than (1) those to whom disclosure CC-2011-0706 29
is in furtherance of the rendition of legal services to the client, or (2) those reasonably necessary for the transmission of the communication. Confidentiality is defined by the client’s intent. If the client intended the matter to be made public, the requisite confidentiality is lacking, and the privilege does not apply. (Énfasis suplido.) Weinstein‘s Federal Evidence, op. cit., § 503.15 [1] y [2].
Al examinar el texto de la Regla 503 (a) (4),
encontramos que no se considerarán como terceros a los
siguientes sujetos: (1) el abogado, (2) el cliente y (3)
aquellas personas que necesitan la información para el más
cabal asesoramiento legal. Este tercer grupo de personas es
catalogado por la doctrina como los agentes del abogado o
del cliente. Véanse: Weinstein‘s Federal Evidence, op.
cit., § 503.15[3]; 2 Federal Rules of Evidence Manual:
Rules 405-608, op. cit., § 501.02[5][e][i].
En el caso particular del abogado, no serán
considerados como terceros aquellos empleados del abogado
que resultan esenciales para el ofrecimiento de un
asesoramiento legal cabal al cliente. A modo de ejemplo, la
presencia de secretarias, intérpretes, abogados asociados,
paralegales, y otros agentes imprescindibles para adelantar
la gestión de asesoramiento legal perseguida por el
cliente, no destruye el privilegio abogado-cliente.
Weinstein‘s Federal Evidence, op. cit., § 503.15[3].
En iguales términos, el cliente puede descansar en
agentes para comunicarse con el abogado. A esos efectos,
aquellos empleados de una corporación que constituyan
representantes autorizados de ésta, no resultan ser
personas adicionales al abogado y al cliente, cuya CC-2011-0706 30
presencia destruya el carácter privilegiado de la
comunicación. E. Selan Epstein & M.M. Martin, op. cit.,
pág. 43. Ello, pues, la divulgación a estos individuos es
imprescindible para lograr los propósitos del privilegio
abogado-cliente, sépase: (1) la provisión de una asesoría
legal cabal e informada; y (2) que la empresa esté lo
suficientemente informada como para cumplir con las
exigencias del Derecho.
Ahora bien, ¿qué ocurre cuando un agente–
específicamente un representante autorizado del cliente-
quien está legitimado a tener acceso a la comunicación del
cliente para adelantar los propósitos de brindarle asesoría
legal, se ve obligado a utilizar la comunicación para
vindicar sus derechos frente al cliente? ¿Acaso el cliente
puede invocar el privilegio abogado-cliente en contra del
agente, a pesar de que este último participó y conoce el
contenido de la comunicación confidencial? La respuesta es
no.
Como bien explicamos anteriormente, una comunicación
es confidencial porque el poseedor del privilegio tiene la
intención de que su conversación con sus abogados, ya sea
por sí o a través de sus agentes, no sea divulgada a
terceros. Siempre y cuando el cliente tenga la intención y
vele por que un tercero no conozca el contenido de su
comunicación con su abogado, ésta continúa gozando del
manto de la confidencialidad.
No obstante, ya hemos establecido que los agentes del
cliente y del abogado no son terceros para fines de CC-2011-0706 31
determinar si una comunicación es confidencial. Como
resultado, ellos pueden tener acceso al contenido de la
comunicación sin que ésta pierda su carácter de
confidencialidad. Ahora bien, si el abogado o un agente
intentaren divulgar el contenido de la comunicación a un
tercero sin la aprobación del cliente, el cliente puede
invocar oportunamente el privilegio abogado-cliente y
detener tal divulgación.10 Mientras el cliente tenga la
intención de que la comunicación no sea divulgada a
terceros, nadie puede contravenir sus designios.
Sin embargo, cuando un agente –como lo constituye un
representante autorizado- interesa utilizar la comunicación
confidencial para vindicar sus derechos de cara al cliente
en un caso que sólo involucre a estas partes, otro resulta
ser el caso. Ante un escenario como éste, los tratadistas
sostienen que es inaplicable el privilegio abogado-cliente.
Lo anterior se debe a que no existe intención del cliente
de excluir al agente del contenido de la comunicación. 1
McCormick on Evidence, op. cit., § 91.1, pág. 412. En otras
palabras, entre ellos no hay confidencialidad que proteger,
pues no hay terceros ajenos al propósito por el cual se
profirió la comunicación.
Los tratadistas asemejan esta circunstancia particular
a los casos en los cuales dos o más personas consultan a un
abogado de forma conjunta, cada cual teniendo un interés
10 Incluso, ya hemos establecido en el pasado que tal divulgación por parte del abogado puede constituir una violación de los Cánones de Ética Profesional y acarrear serias sanciones disciplinarias. Véase, Pueblo v. Fernández Rodríguez, supra, págs. 791-796 y 807-808. CC-2011-0706 32
particular en algún asunto. (Énfasis suplido.) 1 McCormick
on Evidence, op. cit., § 91.1, pág. 412. (―where a client
calls into the conference with the attorney one of the
client‘s agents, and matters are discussed which bear on
the agent’s rights against the client, it would seem that
in a subsequent controversy between client and agent, the
limitation on the privilege accepted in the joint
consultation cases should furnish a controlling analogy.‖)
Al amparo de esta analogía, cuando un agente del cliente
(i.e. un representante autorizado de una empresa) participa
en una comunicación con el fin de asegurar asesoría legal
para el cliente, la comunicación del agente con el abogado,
aunque conocida por el agente y el cliente, será
confidencial en cualquier controversia que pueda surgir
entre el agente o el cliente, o ambos, frente a un tercero.
Íd., pág. 411. Ahora bien, cuando el agente se encuentre en
la necesidad de vindicar sus derechos frente al cliente,
descansando en el contenido de la comunicación confidencial
que los unió al inicio, el privilegio no aplicará. Íd.,
pág. 411. Ello, pues, ninguno tiene nada que ocultarle al
otro respecto a la comunicación en disputa y, por ende, no
hay una intención de confidencialidad entre ambos. Íd.,
pág. 412.
Encontramos apoyo a nuestra conclusión en otras
decisiones persuasivas vertidas por otras jurisdicciones
sobre este mismo asunto. A manera ilustrativa, en Pagano v.
Ippoliti, 245 Conn. 640 (1998), una corporación contrató a
un empleado llamado Gary Dayton para que se encargara de un CC-2011-0706 33
proyecto de construcción que ésta interesaba materializar.
Para ese propósito el empleado participó en comunicaciones
con los abogados de la corporación en calidad de
representante autorizado de ésta. Luego, entre Dayton y la
corporación surgieron diferencias en cuanto al progreso de
la construcción y el empleado fue despedido. Más adelante,
otro empleado despedido, Jeffrey Pagano, demandó a la
corporación por los mismos fundamentos por los cuales
Dayton fue despedido. En ese pleito, el Tribunal Supremo de
Connecticut expresó que cuando un empleado, como
representante de la corporación, ofrece comunicaciones al
abogado que representa a ésta y luego surge un pleito entre
el empleado y la corporación, en el cual las comunicaciones
son pertinentes, el privilegio abogado-cliente es
inaplicable.11 Íd., págs. 649-650. Sencillamente, los
individuos involucrados en la comunicación no pretendían
esconderse lo comunicado. No hay, pues, comunicación
secreta entre ellos. Íd., pág. 650. Véanse, también: Inter-
Fluve v. Montana Eighteenth Judicial Dist. Court, 327 Mont.
14 (2005); Gottlieb v. Wiles, 143 F.R.D. 241 (D. Colo.
1992).
Al igual que el Tribunal Supremo de Connecticut, la
norma que hoy adoptamos responde al entendido prevenido de
que un representante autorizado y el cliente, en un pleito
instado por aquél contra este último, no tienen nada que
ocultarse o mantener en confidencia respecto a las
11 Claro está, las comunicaciones se mantienen privilegiadas ante terceros. Pagano v. Ippoliti, 245 Conn. 640, 649-650 (1998). CC-2011-0706 34
comunicaciones que ambos vertieron a un abogado con miras a
asegurar asesoría legal para la corporación. Como
resultado, no hay una comunicación confidencial entre
ellos. Consecuentemente, no existen los elementos
necesarios para la invocación exitosa del privilegio
abogado-cliente en contra del representante autorizado.
Habiendo expuesto el marco jurídico aplicable al caso
de autos, pasemos a resolver la controversia ante nuestra
consideración.
V.
En el caso que nos ocupa, First Hospital arguye que
cuando el señor Pagán Cartagena ofreció comunicaciones al
abogado de la corporación, como parte de una investigación
interna en anticipo a un potencial litigio contra los
familiares de la paciente fallecida, y luego instó una
reclamación laboral en contra de la corporación, en la cual
la comunicación es pertinente, el privilegio abogado-
cliente impide que el recurrido se valga de esa
comunicación para establecer su causa de acción laboral. No
le asiste la razón.
Según explicamos anteriormente, el privilegio abogado-
cliente impide que se divulgue una comunicación sostenida
entre un cliente y su abogado, siempre y cuando el que
invoca el privilegio probatorio establezca, por
preponderancia de la prueba, que: (1) un cliente –o su
representante autorizado-;(2) hizo una comunicación
confidencial; (3) a su abogado; (4) con el fin de obtener
asistencia legal. A continuación examinamos si First CC-2011-0706 35
Hospital –la persona jurídica que invoca el privilegio-
probó los elementos mencionados.
De entrada, amerita resaltar que las alegaciones
vertidas por ambas partes en sus respectivos escritos a lo
largo del tracto judicial, establecen que no existe
controversia respecto a que los últimos dos requisitos
exigidos para la existencia del privilegio abogado-cliente
–entiéndase, (3) que una comunicación fue vertida a un
abogado, (4) con el fin de obtener asistencia legal- están
presentes en las conversaciones en disputa. En primer
lugar, First Hospital y el señor Pagán Cartagena reconocen
que los abogados de First Hospital, en su carácter de
asesores legales, se comunicaron con el recurrido. En
segundo plano, ambas partes sostienen que estas
conversaciones ocurrieron para asegurar asesoría legal a
favor de First Hospital, de cara a una potencial demanda en
contra de la peticionaria instada por los familiares de una
paciente fallecida.
Establecido lo anterior, pasemos a analizar si First
Hospital cumplió con los restantes requerimientos para
invocar el privilegio abogado-cliente, a saber: (1) que el
señor Pagán Cartagena es un representante autorizado de la
corporación; y (2) que su comunicación a los abogados del
cliente (First Hospital) fue manifestada de forma
confidencial. Atendamos estas exigencias en el orden
indicado.
Como cuestión de umbral, el privilegio abogado-cliente
sólo puede aplicar cuando su poseedor –el cliente- o CC-2011-0706 36
alguien a su favor, lo invoca oportunamente. De acuerdo a
nuestra exposición del Derecho, un cliente puede ser una
persona natural o jurídica. En el caso de las personas
jurídicas, éstas deben descansar en sus representantes
autorizados –sus empleados u oficiales- para poder obtener
una asesoría legal, ya que éstos son los poseedores de la
información pertinente requerida para tal encomienda. Como
resultado de lo anterior, aunque exista un cliente (la
corporación), las comunicaciones de éste estarán protegidas
por el privilegio abogado-cliente sólo si fueron
manifestadas a través de sus representantes autorizados.
Ahora bien, no todo empleado u oficial corporativo
constituye un representante autorizado de la empresa, cuyas
expresiones confieran al cliente corporativo un derecho a
invocar oportunamente el privilegio abogado-cliente. Según
detallamos anteriormente, y de acuerdo a las expresiones
del Tribunal Supremo federal en Upjohn Co. v. U.S., supra,
las comunicaciones de un empleado u oficial en
representación del cliente corporativo, harán a este último
acreedor de las protecciones garantizadas por el privilegio
indicado, siempre y cuando se pruebe que: (1) las
comunicaciones del empleado fueron ofrecidas al abogado
corporativo con el propósito expreso de asegurar asesoría
legal para la corporación; (2) las comunicaciones estaban
relacionadas con las funciones y tareas corporativas
específicas del empleado y éste era consciente que estaba
siendo consultado por el abogado para que la corporación
pudiese ser asesorada legalmente; y (3) sus comunicaciones CC-2011-0706 37
fueron tratadas de forma confidencial por la corporación,
por instrucciones de los gerentes de la empresa. Apliquemos
este estándar al caso de autos.
En cuanto al primer requisito, ambas partes coinciden
en que en la reunión en cuestión, el empleado realizó
comunicaciones que serían utilizadas por los abogados para
el asesoramiento legal de la corporación. A su vez, las
partes concuerdan que el señor Pagán Cartagena era
consciente que estaba siendo consultado por el abogado para
que la corporación pudiese ser asesorada legalmente. Debido
a la ausencia de controversia al respecto, se puede
concluir que se cumplió con el primer factor.
Concerniente al segundo requisito, concluimos que
ninguna de las partes cuestiona que la comunicación que
sostuvo el señor Pagán Cartagena con los abogados de First
Hospital estuvo relacionada con los deberes y funciones del
primero. Por el contrario, el señor Pagán Cartagena hace
referencia en su alegato a su expediente de personal y a
cómo ―llevó a la atención de la gerencia y de los
psiquiatras las deficiencias y riesgos de seguridad que
estaban ocurriendo‖. Alegato del recurrido, pág. 2.
Asimismo, en la alegación diez de la demanda, el señor
Pagán Cartagena hace un listado de cinco cosas que, a su
entender, constituían deficiencias y riesgos de seguridad
en su trabajo. Apéndice, pág. 25.
Por su parte, en la alegación once de la demanda se
admitió que el señor Pagán Cartagena trabajó el 25 de abril
de 2009 de once de la noche a siete de la mañana en el área CC-2011-0706 38
de intensivo, donde ocurrió el accidente lamentable que da
pie a la reunión posterior. Cónsono con lo anterior, las
alegaciones quince a la diecinueve de la demanda van
dirigidas a establecer que el incidente lamentable que
ocurrió en el área de trabajo del señor Pagán Cartagena se
debió a la negligencia exclusiva de First Hospital. Debido
a la ausencia de controversia sobre este asunto, podemos
decir que se cumplió el segundo factor.
En cuanto al tercer factor establecido en Upjonh Co.
v. U.S., supra, el señor Pagán Cartagena aduce que en esa
reunión con los abogados también habían otras personas, a
saber: ―la Directora de Recursos Humanos, Gerente de
Calidad, entre otros‖. Véase Moción objetando privilegio
abogado-cliente, Apéndice, pág. 32. Además de esas
personas, también se encontraban los otros empleados que
trabajaron el turno. Véanse: Demanda, Alegaciones 20 y 21,
Apéndice, pág. 8, aceptadas en lo aquí pertinente por la
parte demandada en Contestación a Demanda, Apéndice, págs.
20, 51-52.
Sin embargo, a la luz de la doctrina señalada, debemos
concluir que las personas a las que hace referencia el
señor Pagán Cartagena son claramente agentes de la
corporación, necesarios para alcanzar una asesoría legal
competente a favor de First Hospital.
A la luz de todo lo anterior, concluimos que el señor
Pagán Cartagena era un representante autorizado de la
corporación, por entender probados todos los elementos
esbozados en Upjohn Co. v. U.S., supra. Por último, nos CC-2011-0706 39
corresponde resolver en cuanto al privilegio abogado-
cliente si, a su vez, se cumple con el requisito de
confidencialidad.
Según lo reseñado en nuestra discusión legal, cuando
un agente interesa utilizar una comunicación confidencial
para vindicar sus derechos de cara al cliente que
representa, no existe confidencialidad alguna que proteger
entre el representante autorizado y el cliente corporativo.
Ello, pues, el cliente corporativo no tuvo la intención de
excluir a su representante autorizado del contenido de la
comunicación y, por ende, ninguno tiene nada que ocultarle
al otro respecto a la comunicación en disputa. Como
resultado, aunque el cliente puede impedir que su
representante autorizado divulgue el contenido de la
comunicación a terceros ajenos a ella, no puede impedir que
éste utilice el contenido de la misma en una causa de
acción instada por él en contra de la corporación, con el
fin de vindicar sus derechos frente al cliente corporativo.
Ahora bien, somos del criterio que en el pleito que
tenemos ante nuestra consideración, en donde un exempleado
pretende utilizar comunicaciones alegadamente privilegiadas
para fundamentar su causa de acción en contra de First
Hospital, al amparo de múltiples leyes laborales, no cabe
hablar de confidencialidad alguna.
Conforme a lo discutido, concluimos que en el caso de
marras no existe el elemento de confidencialidad, exigido
por nuestro ordenamiento legal, para que un tribunal CC-2011-0706 40
reconozca el privilegio abogado-cliente respecto a
determinada comunicación.
VI.
Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos al
Tribunal de Apelaciones y resolvemos que en el caso de
autos no aplica el privilegio abogado-cliente. Ante ello,
devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para
la continuación de los procedimientos de acuerdo a lo aquí
resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se confirma al Tribunal de Apelaciones y se resuelve que en el caso de autos no aplica el privilegio abogado-cliente. Ante ello, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de acuerdo a lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente con opinión escrita. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón disiente sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José Pagán Cartagena, et al. Certiorari
v. CC-2011-0706 First Hospital Panamericano, et al.
La Jueza Asociada señora PABÓN CHARNECO emitió una Opinión disidente.
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de septiembre de
2013.
La Opinión que emite hoy una Mayoría del
Tribunal se adentra en un mundo imaginario en el
que el texto de las Reglas de Evidencia pasó a un
segundo plano. Ese texto estatutario se sustituyó
por un razonamiento jurídico inventado con el
propósito único de anunciar el resultado específico
al que la Mayoría forzosamente quería llegar. El
proceder que hoy presenciamos es el producto
inevitable que se da cuando, a toda costa, existe
un deseo de llegar a un resultado particular en un
caso sin importar sus consecuencias.
Con este caso, la profesión legal de Puerto
Rico es testigo de un Tribunal al que le resultó CC-2011-0706 2
antipática la aplicación de un privilegio probatorio, a
pesar del lenguaje claro de las Reglas de Evidencia, infra,
y buscó mediante interpretación forzada la manera de no
aplicarlo.
Esta Opinión crea una norma histórica en nuestro
ordenamiento jurídico. Lamentablemente, me temo que será
una norma notoriamente histórica tan pronto los efectos de
lo que hoy se avala comiencen a repercutir en la práctica
de la profesión legal en Puerto Rico. Ante este escenario,
me veo obligada a disentir y exponer los escombros que dejó
en el camino la Mayoría del Tribunal, mientras buscó la
manera de infundirle vida a una ―criatura jurídica‖ que hoy
anuncia y deja libre por nuestro ordenamiento. Esa
criatura, - ―las Reglas de Evidencia vivas‖- ha quedado
libre en nuestro ordenamiento y los estragos que ocasione
están por verse.12
De entrada, es menester mencionar que comparto el
criterio de la Opinión mayoritaria en cuanto a que en
nuestra jurisdicción aplica la norma que el Tribunal
Supremo federal estableció en UpJohn Co. v. United States,
12 Los hechos del caso de autos están adecuadamente resumidos en la Opinión del Tribunal. Sin embargo, debo resaltar que la etapa procesal en la que se encuentra este caso es en extremo temprana. Según consta en autos, la controversia en cuanto a la aplicación del privilegio abogado-cliente surgió durante la etapa de Contestación a la Demanda. No surge de los autos que el Tribunal de Primera Instancia haya realizado alguna vista para dilucidar la reclamación del privilegio probatorio. Me preocupa que la Opinión del Tribunal parece hacer abstracción de este hecho y en ocasiones sugiere que en una Contestación a la Demanda el que reclama un privilegio prácticamente tiene que cumplir con un estándar probatorio que va en contra de la naturaleza de las alegaciones en nuestro ordenamiento de procedimiento civil. CC-2011-0706 3
449 U.S. 383 (1981). En ese caso el más Alto Foro rechazó
el uso del denominado Estándar de Grupo de Control en los
tribunales federales para determinar la aplicación del
privilegio abogado-cliente en el ámbito corporativo. Por
voz del entonces Juez Asociado William Rehnquist, el
Tribunal dictaminó que ese estándar era demasiado
restrictivo y atentaba contra el libre flujo de información
necesario en un ambiente corporativo, particularmente
cuando se trata de la búsqueda de asesoramiento legal. En
palabras del Alto Foro, ―the privilege exists to protect
not only the giving of professional advice to those who can
act on it but also the giving of information to the lawyer
to enable him to give sound and informed advice.‖ Íd pág.
390.
Como correctamente discute la Opinión del Tribunal, no
hay duda de que en nuestra Regla de Evidencia 503, 32
L.P.R.A. Ap.VI R.503, se adoptó el concepto del privilegio
abogado-cliente aplicable al mundo corporativo según se
concibió en UpJohn Co. v. United States, supra. El Comité
Asesor Permanente de Reglas de Evidencia expresó lo
siguiente en cuanto al significado de ―representante
autorizado‖ según aparece en la Regla:
[S]e codificó lo resuelto en el caso Up John Co. v. U.S., donde el Tribunal Supremo Federal resolvió que el privilegio se extiende a conversaciones entre el abogado o abogada y los representantes y empleados del cliente. Esta decisión tiene una importancia fundamental en el ámbito de las corporaciones, ya que extiende el privilegio a los empleados de la corporación si tales comunicaciones resultan pertinentes para asesorar al cliente. Informe de las Reglas de CC-2011-0706 4
Derecho Probatorio, Comité Asesor Permanente de Reglas de Evidencia, págs. 227-228. (Énfasis suplido).
Otros miembros del Comité también han confirmado esta
intención. Así por ejemplo, el profesor Emmanuelli Jiménez
ha hecho constar que la definición de ―representante
autorizado‖ se adoptó precisamente para codificar lo
resuelto en el caso de UpJohn Co. v. United States, supra.
R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio
Puertorriqueño, Ed. Situm, San Juan, 3ra ed., 2010, pág.
267. A la misma conclusión ha llegado el profesor Chiesa
Aponte. E. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto
Rico 2009, Publicaciones J.T.S., 2009, pág. 151.
Tenemos que concluir entonces que la norma establecida
por el Tribunal Supremo federal en UpJohn Co. v. United
States, supra, no es solo compatible con la Regla 503 de
Evidencia, supra, sino que fue la intención expresa del
Comité que redactó la regla codificar lo resuelto en ese
caso.
Sin embargo, a pesar de clarificar que los postulados
de UpJohn Co. v. United States, supra, aplican en nuestra
jurisdicción, la Opinión mayoritaria hace malabares
jurídicos para no aplicar el privilegio abogado-cliente en
el caso de autos. Como veremos a continuación, en este caso
se cumplen todos los requisitos estatutarios para que
aplique el Privilegio Abogado-Cliente que reconoce la Regla
de Evidencia 503, supra. Además, no está presente ninguna CC-2011-0706 5
de las excepciones que se reconocen en esa Regla para
impedir la aplicación del Privilegio.
No obstante, una Mayoría de miembros de este Tribunal
concluye que, de todos modos, el privilegio no aplica. De
entrada, debo confesar que me asombra la extraña lógica que
sustenta los fundamentos que utilizó la Mayoría para llegar
a ese resultado. Y es que esa conclusión se anuncia de una
manera tan apresurada y cortante que hay que releer en
varias ocasiones la Opinión para comenzar a delinear las
razones por las cuales se llegó a la conclusión de que en
este caso no aplica un privilegio a pesar de que todos sus
requisitos se cumplieron. Lamentablemente, eso es lo que
ocurre cuando se construyen teorías ad hoc para resolver
los casos que llegan hasta este tribunal.
Es un principio axiomático de nuestro ordenamiento que
el fin último de los procesos judiciales es la búsqueda y
consecución de la verdad. Precisamente para adelantar ese
fin se codifican en nuestro sistema las Reglas de
Evidencia. Véase Regla 102 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI
R. 102. No obstante, en nuestro ordenamiento también se
reconoce la existencia de diversos intereses que requieren
protección y que, en ocasiones, pueden ser superiores a la
búsqueda de la verdad. La existencia de una serie de
privilegios en el derecho probatorio se sustenta en esa
realidad. CC-2011-0706 6
Como sabemos, un Privilegio es una regla de exclusión
que permite que evidencia que podría ser admisible se
rechace por razones ajenas a la búsqueda de la verdad.
Ortiz v. Meléndez, 164 D.P.R. 16, 28 (2005). A diferencia
de otras reglas de exclusión, en el caso de los privilegios
el valor probatorio de la evidencia sencillamente no se
considera. E. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio,
Pubs. J.T.S., San Juan, T. I, 2005, pág. 186.
Todos los privilegios en nuestro ordenamiento pueden
ser clasificados como absolutos o condicionales. Un
privilegio se denomina absoluto porque una vez se cumplen
los requisitos que lo constituyen, los tribunales carecen
de discreción para obligar a divulgar la información
privilegiada. E. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho
Probatorio, op. cit., pág. 193. Véase también E.J.
Imwinkelreid, The New Wigmore: Evidentiary Privileges, Ed.
Wolters-Luwer, 2da Ed., 2010, pág. 168.13 A contrario
sensu, los privilegios se clasifican como condicionales
porque su aplicación puede ceder ante intereses sociales,
aun cuando se cumpla con los requisitos que lo constituyen.
Según el profesor Chiesa Aponte, ese es el caso de
privilegios como el de información oficial y el de secretos
de negocio. E. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho
Probatorio, op. cit., pág. 193. Este era el esquema en
13 Según el professor Imwinkelreid, ―[t]he term [absolute] means that if (1) the privilege exists, (2) the privilege applies, and (3) there is no applicable exception to its scope, the opposing party cannot defeat the privilege by an ad hoc, case-specific showing of need for the privileged information.‖ E.J. Imwinkelreid, The New Wigmore: Evidentiary Privileges, Ed. Wolters-Luwer, 2da Ed., 2010, págs. 168- 169. CC-2011-0706 7
nuestro ordenamiento, hasta que la Mayoría lo trastocó con
la decisión que hoy emite.
Como sabemos, en nuestro ordenamiento la Regla 503 de
Evidencia, supra, codifica el privilegio abogado-cliente.
El apartado (a) de la regla establece los significados de
los términos claves que son inexorablemente necesarios al
momento de interpretar el alcance del privilegio.
In limine, la Regla 503(a)(1) establece que un
―abogado‖ es una persona autorizada para ejercer la
profesión legal en Puerto Rico o en cualquier otra
jurisdicción. Además, según la propia Regla ―[e]s
suficiente conque [sic] el cliente razonablemente crea que
con quien habla es un abogado, aunque en realidad no lo
sea‖. E. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico
2009, op. cit., pág. 151.
Por su parte, la Regla establece que un ―cliente‖ es
cualquier persona natural o jurídica que consulta a un
abogado ya sea para contratar sus servicios legales o para
obtener consejo en su capacidad oficial. 32 L.P.R.A. Ap. VI
R.503(a)(2).
El aspecto más esencial del privilegio abogado-cliente
se encuentra codificado en la definición de ―comunicación
confidencial‖ que provee la Regla 503(a)(4). Y es en cuanto
a este factor que la Opinión mayoritaria se enreda y crea
un mundo imaginario para decir que en este caso no se
cumplió con esa definición estatutaria. CC-2011-0706 8
Según la Regla 503(a)(4), una comunicación será
confidencial para propósitos de este privilegio si es una
―habida entre una abogada o un abogado y su cliente en
relación con alguna gestión profesional, basada en la
confianza de que no será divulgada a terceras personas,
salvo a aquéllas que sea necesario para llevar a efecto los
propósitos de la comunicación‖. 32 L.P.R.A. Ap. VI
R.503(a)(4) (Énfasis suplido).
De la definición podemos colegir que la comunicación
tiene que ser un asesoramiento legal procurado por el
cliente y tiene que darse con la expectativa de que la
comunicación no será divulgada a terceros, preservando así
su carácter de confidencialidad. Emmanuelli Jiménez, op.
cit., pág. 267. Es decir, es completamente irrelevante para
propósitos de la Regla de Evidencia 503, supra, que el que
comunica la información y el que la recibe conozcan el
contenido de la información. Lo único que tienen que
auscultar los tribunales para determinar si una
comunicación es confidencial para propósitos del privilegio
abogado-cliente es si las partes tomaron medidas para que
lo comunicado no llegue a terceros. Es en ese momento que
la comunicación se convierte en ―confidencial‖ para
propósitos probatorios.
III
Pasemos a determinar entonces si los requisitos para
que se constituya el privilegio abogado-cliente están
presentes en este caso. Como discutimos, nuestro CC-2011-0706 9
ordenamiento requiere que para reconocer la existencia del
privilegio abogado cliente se cumplan los requisitos
siguientes: a) una comunicación confidencial; b) realizada
por un cliente; c) a un abogado para d) obtener
asesoramiento legal.
Primero, debemos determinar si la comunicación se le
llevó a un abogado en la situación ante nos. No hay duda de
ello, ya que la reunión que generó la controversia de autos
se dio ante los abogados que asesoraban a la corporación
First Hospital Panamericano (en adelante First Hospital).
Segundo, debemos auscultar si esa comunicación la hizo
un cliente en este caso. La respuesta a ello es obviamente
en la afirmativa, ya que First Hospital es el cliente de
los abogados que estaban presentes en esa reunión. Como
vimos, nuestra Regla de Evidencia 503, supra, permite que
el cliente sea un ente con personalidad jurídica. Además,
el que realizó la comunicación, el señor Pagán Cartagena,
era un representante autorizado de First Hospital, según
los requisitos de UpJohn Co. v. United States, supra, y
según la conclusión de la Opinión mayoritaria.
Tercero, debemos determinar si la comunicación que el
cliente expresó a los abogados procuraba asesoramiento
legal. De los autos del caso queda claro que eso era así,
ya que a First Hospital le interesaba recibir información
en cuanto a las posibles repercusiones legales de un
incidente ocurrido en sus instalaciones hospitalarias. CC-2011-0706 10
Cuarto, y medular para la controversia de este caso,
debemos determinar si esa comunicación fue confidencial.
Como hemos visto, la Regla de Evidencia 503(a)(4) dispone
que una comunicación será confidencial si las partes que la
expresan desean que esta no sea revelada a terceros.
Repetimos, a terceros. O sea, lo que nuestro ordenamiento
exige es que las partes tomen medidas para que la
información no llegue a entes ajenos a la comunicación. Una
vez se determina que las partes tenían esa intención de
proteger la comunicación, esta adquiere el carácter de
confidencial para propósitos de la Regla 503 de Evidencia,
En el caso de autos esa intención es clara, ya que lo
que se discutió en la reunión entre los abogados de First
Hospital y el recurrido de autos se dio en el contexto de
un asesoramiento ante una posible reclamación judicial. En
todo momento First Hospital ha sostenido que tenía la
intención de proteger de terceros lo que se discutió en esa
reunión y levantó su reclamo de privilegio desde la
Contestación a la Demanda. Además, el recurrido nunca
refutó ese hecho ni nos colocó en posición de determinar
que First Hospital no manejó la comunicación de manera
confidencial. Incluso, la Opinión mayoritaria reconoce este
hecho. Op. del Tribunal, pág. 41.
Ante este cuadro que consta en autos, es forzoso
concluir que se cumplen con todos los requisitos que
nuestro ordenamiento requiere para que se reconozca un CC-2011-0706 11
reclamo de privilegio abogado-cliente. Debemos recordar que
en nuestra jurisdicción el privilegio abogado-cliente es
uno de carácter absoluto, por lo cual una vez se determina
que se cumplen los requisitos para constituirlo, los
tribunales carecen de discreción para negar un reclamo bajo
la Regla de Evidencia 503, supra. E. Chiesa Aponte, Tratado
de Derecho Probatorio, op. cit., pág. 193. Véase además
M.M. Martin, Basic Problems of Evidence, Ed. A.L.I.-A.B.A.,
Philadelphia, 6ta Ed., 1988, págs. 155-156. Tampoco
ostentan discreción para conjurar excepciones ad hoc que no
estén expresamente codificadas en las reglas de evidencia.
Sin embargo, ya vimos que una mayoría de miembros de
este Tribunal concluye que el privilegio abogado-cliente no
aplica en este caso. Para ello, la Mayoría confecciona un
mundo imaginario en donde coexisten dos (2) teorías
mutuamente excluyentes.
Primero, la Opinión Mayoritaria sostiene que el
elemento de confidencialidad no está presente en esa
situación de hechos porque tanto First Hospital como el
recurrido conocen el contenido de lo comunicado. Eso es muy
cierto. El problema es que eso no es lo que determina si
una comunicación es confidencial para propósitos de la
Regla de Evidencia 503, supra. La Mayoría erró porque
aplicó la definición de diccionario de lo que es CC-2011-0706 12
―confidencial‖ a estos hechos, en vez de aplicar el texto
de las Reglas de Evidencia.14
Ciertamente, por lógica y naturaleza humana cuando dos
(2) entes se comunican una expresión, ambos conocen el
contenido de esta: entre ellos no hay secreto. Pero la
Regla de Evidencia 503, supra, establece que para que lo
expresado sea ―confidencial‖ solo se requiere que los dos
(2) entes tomen medidas para que esa expresión no llegue a
oídos de terceros. El hecho de que ambos sepan lo
comunicado no forma parte de la doctrina de derecho
probatorio para determinar que una comunicación es
―confidencial‖.
Otros tribunales no han tenido problemas para
comprender el significado de lo que es ―confidencial‖ para
propósitos del privilegio abogado-cliente. En palabras de
un tribunal de distrito federal:
―Confidential‖ means that the agency official said or wrote something to a lawyer to secure legal advice with the intention that it not be known by anyone other than the lawyer. The information is to be protected if one can say that the person who communicated the information never intended it to be disclosed and, but for its disclosure now, it would never have been known. Evans v. Atwood, F.R.D. 1, 5 (D.D.C. 1999). (Énfasis suplido).
14 Bajo la lógica de la Mayoría, cabe preguntarse para qué se codificó la excepción contenida en la Regla de Evidencia 503(C)(3). Esta establece que un pleito entre el cliente y el abogado en el cual se reclamen violaciones a deberes mutuos en la relación abogado-cliente, el privilegio no aplica. Esta excepción es muy sabia, porque ciertamente lo que se comunicaron el abogado y el cliente es de conocimiento mutuo, así que ―no hay confidencialidad que proteger‖. Pero, ¿para qué hace falta tener esa excepción textualmente en las Reglas de Evidencia, si ahora la Mayoría del Tribunal ha decidido que los privilegios probatorios no aplican cuando ―no haya confidencialidad que proteger‖ en una relación en particular? La norma que pauta este caso convierte a algunas excepciones específicamente codificadas en innecesarias y hasta fútiles. CC-2011-0706 13
Increíblemente, una mayoría de miembros de este Tribunal no
comprendió el significado de ―comunicación confidencial‖ en
el derecho probatorio.
Segundo, y más sorprendente aún, en la misma Opinión
mayoritaria se concluye que lo comunicado por Pagán a los
abogados de First Hospital, en efecto, fue confidencial. Y
es que la Opinión Mayoritaria tiene que concluir eso por
obligación porque la ―confidencialidad‖ de la comunicación
es uno de los factores del test de UpJohn Co. v. United
States, supra. Es decir, no se puede hablar de un
―representante autorizado‖ para propósitos del test
formulado en UpJohn Co. v. United States, supra, si no se
concluye ab initio que una comunicación es confidencial.
Véase J.W. Gergacz, Attorney-Corporate Client Privilege,
Ed. Garland Law Publishing, New York, 2da ed., 1990, pág.
3-13. Es por eso que ―[i]f the communication is
confidential at the time it was made, no other issue of
confidentiality arises in the development of the
privilege.‖ Íd. pág. 3-48. (Énfasis suplido).
El propio estándar de UpJohn Co. v. United States,
supra, que propone la Mayoría requiere que, antes de
concluir que un empleado es un ―representante autorizado‖
de un cliente, hay que auscultar si las ―comunicaciones
fueron tratadas de forma confidencial por la corporación‖.
Op. del Tribunal, pág. 37. (Énfasis suplido).
Asombrosamente, la Mayoría concluye que, en efecto, las
comunicaciones fueron tratadas de forma confidencial por CC-2011-0706 14
First Hospital porque tomó medidas para que no se revelaran
a terceros. Íd. pág. 41. Así que en una misma Opinión, la
Mayoría nos dice paradójicamente que la comunicación objeto
de este caso tiene carácter de confidencialidad, pero que a
la misma vez, no se cumplieron los requisitos de la Regla
de Evidencia 503, supra, para determinar que una
comunicación es ―confidencial‖. Es decir, para la Mayoría,
la comunicación es y no es confidencial. Este razonamiento
es inaudito y, francamente, su lógica se me escapa.
La única forma de explicar este brinco de lógica es si
aceptamos que, para propósitos de la Regla de Evidencia
503, supra, coexisten dos (2) definiciones de ―comunicación
confidencial‖, a pesar de que el propio texto de la Regla
nos provee solo una. Desconozco bajo qué canon de
interpretación estatutaria la Mayoría llegó a ese
resultado, a menos que las Reglas de Evidencia ―vivas‖ que
adopta la Mayoría permitan ese tipo de coexistencia extraña
en una misma Regla.
IV
Pero no nos preocupemos, porque como la Mayoría
reconoce que su mundo está construido sobre bases
frágiles, nos propone entrelíneas una segunda teoría para
no aplicar el privilegio abogado-cliente al caso de autos.
En ese sentido nos sugiere que los hechos de este caso “se
asemejan” a los hechos necesarios para concluir que se
cumplen con los requisitos de la excepción codificada en
la Regla de Evidencia 503(C)(4). Esta establece que cuando CC-2011-0706 15
existen dos (2) clientes conjuntos, ninguno de ellos puede
levantar el privilegio contra el otro en un pleito entre
ellos. Sin embargo, un análisis del texto y la
jurisprudencia de esa excepción al privilegio nos
demuestra la imposibilidad de aplicarlo a este caso.
De entrada, nótese lo bizarro de la teoría de la
Mayoría que estos se ven obligados a conjurar una
excepción a un privilegio a pesar de decirnos, ab initio,
que no se cumplió con uno de los requisitos que lo
constituyen. En teoría, la Mayoría no tendría que hablar
de excepciones a un privilegio porque sencillamente este
último no aplica, según su lógica. Tratar de aplicar una
excepción en esas circunstancias es un non sequitur
palmario. Pero en ese mundo imaginario de la Mayoría
aparentemente existen excepciones para normas que no
aplican.
Pero, para propósitos de este disenso, tratemos de
seguir según las reglas de ese mundo. La excepción de
clientes conjuntos se encuentra codificada en nuestro
ordenamiento en la Regla de Evidencia 503(C)(4). Según
esta, la excepción aplica cuando
[l]a comunicación es pertinente a una materia de común interés para dos o más personas que son clientes de la abogada o del abogado, en cuyo caso una de las personas clientes no puede invocar el privilegio contra las otras. 32 L.P.R.A. Ap. VI. (Énfasis suplido).
Como es evidente, la excepción es clara en cuanto a
que las ―personas‖ que comparten un interés común tienen
que ser clientes de un abogado. Pero como ya hemos visto, CC-2011-0706 16
la propia Regla 503(A)(2) de Evidencia nos impone una
definición de ―cliente‖ la cual es:
Cliente: Persona natural o jurídica que, directamente o a través de representante autorizado, consulta a una abogada o a un abogado con el propósito de contratarle o de obtener servicios legales o consejo en su capacidad profesional. 32 L.P.R.A. Ap. VI. (Énfasis suplido).
Una mera lectura de estas disposiciones es suficiente
para revelar la imposibilidad de la aplicación de esa
excepción a los hechos del caso de autos. Como podemos
observar, en nuestro ordenamiento probatorio el cliente y
el representante autorizado son el mismo ente jurídico.
Por eso no se puede concluir que existen dos (2) entes
distintos cuando se analizan las figuras del
―representante autorizado‖ y el ―cliente‖. En el caso de
autos, el cliente claramente es First Hospital en su
capacidad corporativa y Pagán es un alter ego de First
Hospital en su capacidad de representante autorizado.
Sencillamente, no hay dos (2) clientes por lo cual no
puede aplicar la excepción de clientes conjuntos.
Esta interpretación es cónsona con las decisiones de
otros tribunales que han evaluado la aplicabilidad de esa
excepción a casos corporativos. A manera de ejemplo, en
Milroy v. Hanson, 875 F.Supp. 646 (D. Neb. 1995) un
tribunal de distrito federal rechazó aplicar la excepción
ya que consideró que es ―a fundamental error assuming that
for a corporation there exists a ‗collective corporate
client‘ which may take a position adverse to ‗management‘ CC-2011-0706 17
for purposes of the attorney-client privilege. There is
but one client, and that client is the corporation.‖ Íd.
pag. 649 (Énfasis suplido). Otro caso que rehúsa aplicar
la excepción es Montgomery v. eTreppid Technologies, 548
F.Supp.2d 1175 (2008) en el cual se expresó que ―[i]t
makes sense that the corporation is the sole client. While
the corporation can only communicate with its attorneys
through human representatives, those representatives are
communicating on behalf of the corporation, not on behalf
of themselves as corporate managers or directors.‖ Íd.
pág. 1187. (Énfasis suplido). A la misma conclusión se
llegó en los casos de Bushnell v. Vis Corp., 1996 WL
506914; In re Marketing Investors Corp., 80 S.W.3d 44
(Tex. App. 1998) y Genova v. Longs Peak Emergency
Physicians, P.C. 72 P.3d 454 (Colo. App. 2003).
Ante esta situación, los tribunales deberían estar
atados por el texto de la Regla de Evidencia 503, supra,
la cual curiosamente está ausente del análisis de la
Mayoría al momento de argumentar que la excepción de
clientes conjuntos aplica. Como es evidente, no hay manera
de interpretar razonablemente que en estos casos el
―representante autorizado‖ y la ―corporación‖ son dos (2)
clientes separados a los cuales les puede aplicar la
excepción de clientes conjuntos. Como hemos visto, la
definición de ―cliente‖ que dispone la Regla 503(A)(2) de
Evidencia incluye al representante autorizado y la
excepción de clientes conjuntos aplica solo cuando se CC-2011-0706 18
trate de dos (2) clientes. La Opinión Mayoritaria nos
propone que veamos dos (2) clientes en donde solo hay uno
(1), sin ni siquiera considerar factores como
payment arrangements, allocation of decision making roles, requests for advice, attendance at meetings, frequency and content of correspondence, and the like...In addition, the joint client exception presupposes that communications have been ―made in the course of the attorney's joint representation of a ‗common interest‘ of the two parties.‖...The term ―common interest‖ typically entails an identical (or nearly identical) legal interest as opposed to a merely similar interest... Thus, the proponent of the exception must establish cooperation in fact toward the achievement of a common objective. F.D.I.C. v. Ogden Corp., 202 F.3d 454, 461(1er Cir. 2000)(Citas internas omitidas).
¿Qué tipo de control del caso tenía el empleado Pagán? ¿Le
daba órdenes a los abogados de First Hospital? ¿Era parte
de su compensación laboral el ―compartir‖ representación
legal con el Hospital en casos de reclamación legal? ¿Los
abogados de First Hospital lo representarían en el futuro
pleito en su carácter individual? Pero más importante aún,
y asumiendo que existen dos (2) clientes en este caso,
¿cuál es el interés común que tienen Pagán y First
Hospital? Ciertamente no puede ser sencillamente ―ganar el
caso‖. ¿En realidad existe un interés común entre estos
―dos clientes‖? ¿No serán en realidad intereses
conflictivos los que existen entre ambos? Después de todo,
si Pagán es demandado en su carácter individual, su
defensa ciertamente será que la responsabilidad en daños
de este caso es del patrono y no de él. ¿Eso es un interés
común que activa la excepción de clientes conjuntos? No CC-2011-0706 19
tenemos respuestas claras a estas interrogantes, y la
Mayoría se refugió en el silencio.
Tal vez en reconocimiento de lo forzado de sus
argumentos, lo que en realidad la Mayoría nos está
diciendo es que introdujo en nuestro ordenamiento una
nueva excepción a la Regla de Evidencia 503, supra. Es
decir, de hoy en adelante en pleitos entre el
representante autorizado y una corporación, el privilegio
abogado-cliente sencillamente no aplica. ¿La razón? La
Mayoría sostiene que esa nueva excepción ―se asemeja‖ a la
excepción de clientes conjuntos. Véase Op. del Tribunal
págs. 32-33.
Me resulta difícil comprender cómo este Tribunal
puede literalmente añadir una excepción a un privilegio
probatorio. Con ello se obvian principios básicos de
adjudicación y se trastoca el trabajo legislativo y
académico que conlleva la elaboración de un cuerpo de
Reglas de Evidencia. En muchas situaciones podrían
concebirse razones de política pública por las cuales no
debería aplicar un privilegio. Para ello, en la fase
legislativa del proceso de redacción de las reglas se
realizan estudios y se codifican ciertas excepciones. Es
muy cierto que en ocasiones dos (2) entes en una relación
privilegiada pueden estar en una situación en la que lo
comunicado entre ambos no sea secreto para propósitos de
un pleito. Ciertamente, en ese escenario reconocer un
privilegio probatorio no parecería ser conveniente. Pero CC-2011-0706 20
si se prevé esa situación, el legislador puede codificar
una excepción al privilegio. Precisamente para eso existen
excepciones como las contenidas en las Reglas 504(C)(2) y
en la 503(C)(3), en la cual no se reconoce el privilegio
si se trata de casos en que se reclaman violaciones de
deberes mutuos entre profesionales y sus clientes. En esos
casos ciertamente se necesita escuchar lo que ambos entes
se comunicaron, lo cual no es secreto para ninguno. Pero
la clave es que las excepciones para esas situaciones
están codificadas en las Reglas de Evidencia. Previo a
este caso, en Puerto Rico ningún tribunal podía legislar
una nueva excepción porque se ―asemejara‖ a otra. Ahora
parece que sí. Las Reglas de Evidencia “vivas” corren
libres por nuestro ordenamiento.
Con todo este nudo que ató la Mayoría para no aplicar
un privilegio a una situación que le pareció incómoda, se
culminó avalando un razonamiento que parece decir que
cuando ―algo‖ es y no es, pero se parece lo suficiente a
otro ―algo‖, pues es otro ―algo‖. Lamento que este
Tribunal imponga ese tipo de razonamiento en nuestro
ordenamiento.
V
El problema que permea todo el análisis de la Opinión
Mayoritaria se debe a que falló en reconocer la naturaleza
jurídica de un privilegio absoluto. Como explica el
profesor Imwinkelried, ―[t]he term [absolute] means that
if (1) the privilege exists, (2) the privilege applies, CC-2011-0706 21
and (3) there is no applicable exception to its scope, the
opposing party cannot defeat the privilege by an ad hoc,
case-specific showing of need for the privileged
information.‖ E.J. Imwinkelreid, op. cit., págs. 168-169.
Como vimos, un privilegio condicional es aquel que
puede ceder a consideraciones de política pública, como
por ejemplo, el privilegio de secretos de negocio. Sin
embargo, el privilegio abogado-cliente es uno absoluto,
por lo que a pesar de lo incómodo que parezca aplicar el
privilegio, los tribunales sencillamente no pueden tomar
en consideración razones de política pública para no
aplicarlo. Esas consideraciones existen en la Opinión que
hoy se emite, aunque se tratan de esconder en las
fronteras de su mundo imaginario.
Este caso es ejemplo de la incomodidad que pueden
crear los privilegios en el derecho probatorio. El
reconocimiento de un privilegio conlleva obligatoriamente
que evidencia pertinente y que puede abonar a la búsqueda
de la verdad quede fuera de los tribunales. No obstante,
los tribunales deben ser conscientes que los privilegios
tienen una razón de ser: proteger relaciones que como
sociedad hemos considerado importantes. En el caso de
autos, podría parecer poco simpático determinar que las
discusiones de una reunión que pudieron haber causado el
despido de un empleado queden fuera de los tribunales. No
obstante, una vez se cumplen los requisitos que constituyan CC-2011-0706 22
un privilegio, no teníamos discreción para pasar juicio en
cuanto a las virtudes o defectos de las razones que
sustentan la existencia de ese privilegio.
De hoy en adelante, parece ser que sí existirá esa
discreción. Que no quede duda: hoy el Tribunal Supremo de
Puerto Rico convirtió el texto de la Regla de Evidencia
503, supra, en discrecional. De hoy en adelante, los
reclamos de privilegios no solo serán derrotados invocando
que no se cumplen sus requisitos o que existe una excepción
aplicable, sino que las Reglas de Evidencia ―vivas‖
permiten hacer un llamado a la discreción de los jueces
para que no apliquen los privilegios probatorios cuando los
estimen inconvenientes. Para ello, podrán sentirse en
libertad de crear excepciones ad hoc o, peor aún,
despreciar el texto de las Reglas de Evidencia. Se abrieron
las compuertas; el mundo imaginario en donde se resolvió
este caso pasó ahora a nuestro ordenamiento jurídico. It’s
open season.
Disiento.
Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada
Related
Cite This Page — Counsel Stack
2013 TSPR 102, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/pagan-cartagena-v-first-hospital-panamericano-prsupreme-2013.