EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Oficina de Ética Gubernamental Certiorari Querellante-Recurrida 2003 TSPR 70 v. 159 DPR ____ Julio Román González
Querellado-Peticionario
Número del Caso: CC-2001-51
Fecha: 1 de mayo de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon. José M. Aponte Jiménez
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Israel Roldán González
Abogadas de la Parte Recurrida: Lcda. Gretchen Camacho Rossy Lcda. Wanda Torres Velázquez
Materia: Revisión Judicial de Resolución Administrativa
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. CC-2001-51 2
Oficina de Ética Gubernamental
Querellante recurrida
v. CC-2001-51
Julio Román González
Querellado peticionario
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora NAVEIRA DE RODÓN
San Juan, Puerto Rico a 1 de mayo de 2003
El señor Julio Román González, ex Alcalde
del Municipio de Aguada (en adelante
Municipio), nos solicita que revisemos una
Resolución emitida por el Tribunal de Circuito
de Apelaciones (en adelante Tribunal de
Circuito) mediante la cual confirmó una
Resolución de la Oficina de Ética Gubernamental
(en adelante O.E.G.) en la que se le impuso una
multa de diez mil dólares ($10,000.00) por
haber infringido el Art. 3.3(b) de la Ley Ética
Gubernamental, 3 L.P.R.A. § 1823, más mil
dólares ($1,000.00) por concepto de honorarios
de abogado. CC-2001-51 3
Examinemos los hechos que dieron lugar a la presente
controversia.
I
El peticionario fue Alcalde del Municipio desde enero
de 1976 hasta enero de 2001 y al mismo tiempo presidió el
Comité Local del Partido Nuevo Progresista en Aguada (en
adelante Comité). Sus funciones como Alcalde comprendían la
dirección, administración, fiscalización y participación en
las decisiones del Municipio. Entre marzo de 1990 y octubre
de 1994, el Municipio contrató al señor Orlando Vega Ramos,
haciendo negocios como Taller Vega y como Electric &
Refrigeration Services, para que prestara servicios de
construcción, electricidad y refrigeración.1 El
peticionario tenía la facultad de autorizar los contratos y
los pagos por los servicios prestados por el señor Vega
Ramos.
A finales de 1991, el peticionario, señor Román
González, en su carácter de Presidente del Comité, solicitó
al señor Vega Ramos una cotización para la instalación de un
acondicionador de aire en la oficina del Comité. El
entonces Alcalde, señor Román González, autorizó y ordenó la
compra de un acondicionador de aire de cien (100) toneladas
y dos (2) consolas, una de tres (3) toneladas y la otra de
1 Así surge de la prueba estipulada consistente de quince (15) cheques emitidos por el Municipio a favor del señor Vega Ramos, Taller Vega o Electric & Refrigeration Services, facturas, solicitudes de compra, órdenes y comprobantes de desembolsos. CC-2001-51 4
dos (2) toneladas, que fueron instaladas en el Comité. El
precio del equipo era aproximadamente tres mil dólares
($3,000.00). Dos (2) años más tarde, el 18 de noviembre de
1993, el señor Vega Ramos compró al Comité, por dos mil
quinientos dólares ($2,500.00), las mismas unidades de
acondicionadores de aire que le había vendido en 1991. El
peticionario intervino en estas negociaciones autorizando la
transacción en su carácter de Presidente del Comité a través
de una carta fechada 18 de noviembre de 1993.
El 6 de marzo de 1998 la O.E.G. presentó una querella
contra el entonces Alcalde, señor Román González,
imputándole haber actuado en contravención al Art. 3.3(b) de
la Ley de Ética Gubernamental, supra, y al Art. 12(c) del
Reglamento de Ética Gubernamental, Reglamento Núm. 4327 de
20 de noviembre de 1992 (en adelante Reglamento de Ética).
En síntesis, se imputó al señor Román González haber
contratado en su carácter privado, fungiendo como Presidente
del Comité, con el señor Vega Ramos durante el período en el
cual este último mantuvo relaciones de negocios con el
Municipio y el peticionario, en sus funciones como Alcalde,
tenía la facultad de decidir e influir en las decisiones del
Municipio respecto al otorgamiento de contratos.
Luego de haberse celebrado la vista evidenciaria
adjudicativa, la Oficial Examinadora rindió un Informe en el
cual determinó que el peticionario había incurrido en dos
(2) violaciones al Art. 3.3(b) de la Ley de Ética
Gubernamental, supra. Recomendó la imposición de una multa CC-2001-51 5
de cinco mil dólares ($5,000.00) por cada infracción para un
total de diez mil dólares ($10,000.00). El Director
Ejecutivo de la O.E.G., Lcdo. Hiram R. Morales Lugo, acogió
en su totalidad el referido Informe e impuso al
peticionario, señor Román González, una multa de diez mil
dólares ($10,000.00) más mil dólares ($1,000.00) por
concepto de honorarios de abogado.
El señor Román González solicitó reconsideración ante
la O.E.G., pero ésta fue denegada. Inconforme con dicha
determinación, solicitó su revisión ante el Tribunal de
Circuito. Adujo que los hechos no configuraron una
violación a la Ley de Ética Gubernamental; que la multa
impuesta era excesiva; que no actuó con temeridad; y que la
agencia había notificado su resolución fuera de término, por
lo cual ésta carecía de validez. Luego de varios incidentes
procesales, el foro apelativo denegó el recurso de revisión.
Así las cosas, el señor Román González acudió ante nos
mediante un recurso de certiorari. Alegó que erró el
Tribunal de Circuito:
[A]l resolver que la O.E.G. no erró al concluir que los hechos probados configuran y sostienen una violación al Artículo 3.3(b) de la Ley de Ética Gubernamental y determinar que no es una defensa disponible al [peticionario] el haber realizado las contrataciones en cuestión en representación de una persona jurídica.
[A]l determinar la inexistencia de elementos que indiquen que las multas administrativas impuestas al Sr. Román González son arbitrarias, injustificadas, excesivas y en proporción injusta con los hechos del presente caso. CC-2001-51 6
[A]l determinar que no incidió la Oficina de Ética Gubernamental al imponerle honorarios por temeridad al [peticionario].
[A]l determinar que la Oficina de Ética Gubernamental notificó dentro del término.
II
Por estar íntimamente relacionados, analizaremos
conjuntamente los dos (2) primeros señalamientos de error
que versan sobre la infracción al Art. 3.3(b) de la Ley de
Etica Gubernamental, supra, y la razonabilidad de las multas
impuestas.
A. Infracción al Art. 3.3(b) de la Ley de Ética Gubernamental
En primer lugar, debemos resolver si el peticionario
infringió el Art. 3.3(b) de la Ley de Ética Gubernamental,
supra. De entrada debemos reiterar que aunque los
tribunales deben concederle gran deferencia a las decisiones
administrativas, las conclusiones de derecho de las agencias
son revisables en todos sus aspectos. Éstas serán
sostenidas por el foro judicial siempre que sean razonables
y cónsonas con el propósito del legislador. Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de
agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. § 2175; Rivera
Concepción v. A.R.P.E., res. el 29 de septiembre de 2000,
152 D.P.R. _____ (2000), 2000 T.S.P.R. 143, 2000 J.T.S. 155;
T-JAC v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70 (1999); Reyes CC-2001-51 7
Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 94 (1997);
Fuertes v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 (1993); Murphy
Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975).
Examinemos la interpretación que hizo la O.E.G. del
Art. 3.3(b) para determinar si debe ser sostenida a la luz
de la norma antes expuesta. El Art. 3.3(b) establece:
Ningún funcionario o empleado público aceptará un empleo o relaciones contractuales de negocio, con una persona, negocio o entidad que esté reglamentada por o que haga negocios con la agencia gubernamental para la cual él trabaja cuando el funcionario o empleado público participe en las decisiones institucionales de la agencia o tenga facultad para decidir o influenciar las actuaciones oficiales de la agencia que tengan relación con dicha persona, negocio o entidad.2
En Oficina de Ética Gubernamental v. Cordero Santiago,
res. el 22 de agosto de 2001, 154 D.P.R. _____ (2001), 2001
T.S.P.R. 118, 2001 J.T.S. 119, señalamos que “el propósito
principal de la Ley de Ética Gubernamental es combatir y
ciertamente, prevenir la corrupción en el gobierno, la
2 Es menester señalar que el Art. 3.3(b) fue enmendado mediante la Ley Núm. 150 de 22 de diciembre de 1994 y actualmente dispone:
Ningún funcionario o empleado público aceptará un empleo o mantendrá relaciones contractuales de negocio con una persona, negocio o entidad que esté reglamentada por o que haga negocios con la agencia gubernamental para la cual él trabaja cuando el funcionario o empleado público participe en las decisiones institucionales de la agencia o tenga facultad para decidir o influenciar las actuaciones oficiales de la agencia que tengan relación con dicha persona, negocio o entidad. (Énfasis suplido.)
Sin embargo, para la adjudicación de la presente controversia es necesario referirnos a la versión anterior de la Ley por ser la vigente al momento de los hechos. CC-2001-51 8
conducta ilegal de los empleados públicos, el abuso de poder
y el ejercicio de influencias indebidas por parte de los
funcionarios de gobierno”. Para cumplir cabalmente con este
propósito, la O.E.G. aprobó el Reglamento de Ética que
especifica con mayor detalle el alcance de las disposiciones
de la Ley. Oficina de Ética Gubernamental v. Cordero
Santiago, supra. De acuerdo con el Art. 2 del Reglamento de
Ética, “[e]s esencial que los funcionarios y empleados del
servicio público mantengan principios del más alto grado de
honestidad, integridad, imparcialidad y conducta para
garantizar el debido funcionamiento de las instituciones
gubernamentales y conservar la confianza de los ciudadanos
en su gobierno”.
Para cumplir el propósito de la Ley de Ética
Gubernamental, el Art. 3.3(b) prohíbe la contratación entre
un funcionario público y una persona o entidad privada que a
su vez mantenga relaciones contractuales con la agencia
donde trabaja dicho funcionario. Por su parte, el Art.
12(c) del Reglamento de Ética dispone:
Ningún funcionario o empleado público, en su carácter privado, ya sea personalmente o a través de una sociedad, asociación, comité, agrupación o persona jurídica, podrá celebrar un contrato con una persona natural o jurídica con la cual la agencia gubernamental para la cual trabaja mantiene relaciones contractuales de negocio, si dicho funcionario o empleado público, como parte de sus funciones oficiales, participó sustancialmente en la otorgación de las mismas.
De esta forma, el recién citado Art. 12(c) del Reglamento de
Ética provee una guía sobre el alcance del Art. 3.3(b) de la CC-2001-51 9
Ley. Del texto de dichas normas se colige que está
prohibida la contratación entre el funcionario, por sí o a
través de una corporación o entidad privada,3 y una entidad
que a su vez mantenga relaciones contractuales con la
agencia donde trabaja el funcionario.
Además, abonando a la interpretación de las
disposiciones de la Ley, el Art. 6 del Reglamento de Ética
establece que los servidores públicos evitarán “tomar
cualquier acción, esté o no específicamente prohibida por el
Reglamento, que pueda resultar en o crear la apariencia de:
(1) usar las facultades de su cargo, propiedad o fondos
públicos para un fin privado”. Por otro lado, el Art. 8(c)
del Reglamento prohíbe que un funcionario público utilice
“los deberes y facultades de su cargo [y] la propiedad o
fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para
él, para algún miembro de su unidad familiar, [y] para
cualquier otra persona, negocio o entidad, ventajas,
beneficios, privilegios, salvo que esté autorizado, expresa
o implícitamente por ley”. (Énfasis suplido.)
3 Del conjunto de las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental, así como de su Reglamento y propósito, surge que las prohibiciones van dirigidas a la contratación entre un funcionario y una entidad privada que sea contratista de la agencia para la cual trabaja el funcionario. Estas prohibiciones no se extienden a la contratación entre una entidad privada y varias agencias gubernamentales. Así, por ejemplo, varios organismos administrativos podrían unirse para realizar contratos con el mismo suplidor privado de manera que obtengan mejores precios para beneficiar al erario público. Las prohibiciones establecidas en la Ley de Ética y su Reglamento tampoco se extienden a la contratación entre entidades gubernamentales. CC-2001-51 10
Es a la luz de las anteriores disposiciones que debemos
interpretar el alcance del Art. 3.3(b) de la Ley teniendo
como principio rector que tanto la Ley de Ética
Gubernamental como su Reglamento cumplen el propósito de
prohibir que los funcionarios públicos hagan uso de sus
cargos para la obtención de ventajas indebidas, es decir,
buscan evitar la corrupción en los distintos niveles del
servicio público y en las múltiples manifestaciones en las
que ésta puede tener lugar.
Para que la O.E.G. pueda imputar una violación al
Art.3.3(b) de la Ley de Ética Gubernamental será necesario
que concurran los siguientes elementos: (a) que se trate de
un funcionario o empleado público; (b) que esté facultado
para influir o decidir en las decisiones de la agencia
respecto a una persona, negocio o entidad privada o que
participe en tales decisiones; (c) que dicha persona,
negocio o entidad esté reglamentada por o haga negocios con
la agencia para la cual dicho empleado o funcionario público
trabaja; y (d) que el empleado o funcionario público, por sí
o a través de una corporación o entidad privada, contrate
con la persona, negocio o entidad. La agencia deberá
demostrar los recién mencionados elementos para imputar
prima facie una violación al Art. 3.3(b).
Una vez satisfecho este peso inicial de la prueba, el
funcionario debe tener la oportunidad de probar que su
conducta no redundó en ventajas indebidas, corrupción,
beneficios personales o en beneficios para alguna entidad CC-2001-51 11
privada relacionada con él o en abuso de poder, para que
pueda ser eximido de la imposición de sanciones. Esta
defensa ayuda a evitar que las imputaciones de violaciones
éticas se conviertan en procedimientos que sirvan para
solapar discrímenes políticos, que atenten innecesariamente
contra la reputación de los funcionarios públicos y que
constituyan una persecución desenfocada de los problemas
reales de corrupción que afectan al servicio público.
También el funcionario debe tener la oportunidad de probar,
como defensa, que la transacción alegadamente contraria a la
ética gubernamental es una razonable a la luz de la
totalidad de las circunstancias. Sin pretender hacer una
enumeración exhaustiva, para que prospere esta defensa el
funcionario debe aportar evidencia tendente a demostrar que
la transacción llevada a cabo con la entidad privada es una
usual de acuerdo con el tipo de negocios que realiza dicha
entidad y, además, debe ofrecer prueba sobre la
razonabilidad de las condiciones de la contratación.
Cuando un empleado viole las disposiciones del Art.
3.3(b) y éste no pueda probar que su conducta no iba
dirigida a obtener algún beneficio económico o que la
transacción no es razonable, la O.E.G. podrá imponer las
sanciones administrativas contempladas en la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme, supra, 3 L.P.R.A. §
2201.4 Por otro lado, cuando se demuestre que el
4 Las sanciones administrativas consistirán en una multa que no excederá de cinco mil dólares ($5,000.00). Esta sanción aplicará una vez la agencia demuestre un caso prima CC-2001-51 12
funcionario público se benefició económicamente, o que se
benefició alguna entidad privada relacionada con él, o que
tenía la intención de obtener estos beneficios, aunque sus
planes se vieran frustrados, la O.E.G. podrá imponer las
sanciones civiles establecidas en la Ley de Ética
Gubernamental, 3 L.P.R.A. § 1828(b)(3).5
Examinemos los hechos de autos para determinar si la
O.E.G. logró establecer una violación prima facie al Art.
3.3(b). Para el momento en que ocurrieron los hechos el Sr.
Julio Román González era Alcalde del Municipio de Aguada,
por lo cual era un funcionario público, según dicho término
está definido en el Art. 1.2 de la Ley de Ética
Gubernamental, supra, 3 L.P.R.A. § 1802.6 Además, el señor
Román González admitió en su contestación a la querella7 que
dentro de sus funciones como Alcalde tenía la facultad de
facie de violación al Art. 3.3(b) y donde haya ausencia de prueba de que el funcionario no se benefició económicamente con la contratación. 5 El funcionario público deberá pagar al Estado una suma equivalente al triple del beneficio económico obtenido o previsto. Además, de encontrarse culpable al funcionario por infringir el Art. 3.3(b), se le podrán imponer sanciones penales. En estos casos tiene que mediar algún beneficio económico y, además, demostrar que ha infringido intencionalmente la Ley de Ética Gubernamental. La penalidad establecida es un año de reclusión o multa de dos mil dólares ($2,000.00) o ambas penas a discreción del tribunal. 3 L.P.R.A. § 1828(a)(1). 6 La citada disposición define funcionario público como “aquellas personas que ocupan cargos o empleos en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que están investid[a]s de parte de la soberanía del Estado, por lo que intervienen en la formulación e implantación de la política pública”. 7 Fechada 12 de marzo de 1998. CC-2001-51 13
influir en las decisiones institucionales del Municipio ya
que supervisaba, administraba y autorizaba todos los
desembolsos de los fondos municipales. Además, el señor
Vega Ramos, proveedor de los acondicionadores de aire para
el Comité, también mantenía relaciones contractuales con el
Municipio.
Por otro lado, el señor Román González, fungiendo como
Presidente del Comité, una entidad privada, llevó a cabo dos
(2) contratos con el señor Vega Ramos: uno para la
adquisición de unos acondicionadores de aire para el Comité
por el precio de tres mil dólares ($3,000.00); y otro,
efectuado dos (2) años después, mediante el cual el señor
Vega Ramos readquirió el mencionado equipo por el precio de
dos mil quinientos dólares ($2,500.00). Como podrá
observarse, la O.E.G. logró establecer los elementos para
imputar una violación prima facie al Art. 3.3(b).
El peticionario aduce que su conducta no está proscrita
por la referida disposición ya que llevó a cabo los
contratos en su carácter de Presidente del Comité, una
entidad privada. No le asiste la razón. Como previamente
reseñamos, el propósito de la Ley de Ética Gubernamental es
prevenir la corrupción en el gobierno, la conducta ilegal,
el ejercicio de influencias indebidas y el abuso de poder
por parte de los funcionarios públicos. Oficina de Ética
Gubernamental v. Cordero Santiago, supra. A tales fines se
prohíbe la contratación entre los funcionarios y las CC-2001-51 14
entidades privadas que mantienen relaciones contractuales
con la agencia donde laboran.
La referida prohibición se extiende no solamente a las
contrataciones en el carácter personal de los funcionarios,
sino a aquellas que éste hace a través de entidades
privadas, tales como una asociación, corporación, junta,
comité o comisión. Entendemos que no puede ser otra la
interpretación que debemos hacer del Art. 3.3(b) a la luz de
la Ley, su propósito y el Reglamento de Ética.8 Una
interpretación menos restrictiva atentaría contra el
propósito de la legislación y la tornaría inefectiva, ya que
cualquier funcionario podría utilizar como subterfugio una
transacción a través de una entidad privada, fuere ésta una
corporación, sociedad, junta, comité o comisión, para
ejercer una influencia indebida en la contratación y obtener
algún beneficio económico por vías inapropiadas.
Ahora bien, el señor Román González actuó en
contravención al Art. 3.3(b) de la Ley de Ética
Gubernamental al contratar en dos (2) ocasiones con el señor
Vega Ramos mientras este último mantenía contratos con el
Municipio del cual el señor Román González era Alcalde.
El peticionario aduce como defensa que no se benefició
económicamente de las transacciones y que la O.E.G. no
8 Tener que descorrer el velo corporativo para poder imputar una violación ética a un funcionario público trastocaría irremediablemente el andamiaje que pretende evitar y penalizar la corrupción en el país. Debe recordarse que en muchos casos los actos contrarios a la ética en el servicio público ocurren a través de los CC-2001-51 15
controvirtió esta alegación. Los hechos ante nuestra
consideración, según la prueba que obra en el expediente,
son que el precio del equipo era de tres mil dólares
($3,000.00) y esa fue la cantidad que el Comité pagó en el
primer contrato autorizado por el peticionario. Dos (2)
años más tarde el señor Vega Ramos readquirió el mismo
equipo por el precio de dos mil quinientos dólares
($2,500.00), es decir, con una diferencia de quinientos
dólares ($500.00) del precio original.
Ante estos hechos, le correspondía al ex Alcalde, señor
Román González, como parte de su defensa, probar que la
adquisición e instalación de un acondicionador de aire de
cien (100) toneladas y dos (2) consolas, una de tres (3)
toneladas y otra de dos (2), por la cantidad de tres mil
dólares ($3,000.00), era una transacción de negocios
razonable, de las que usualmente lleva a cabo el señor Vega
Ramos en su negocio Taller Vega o Electric & Refrigeration
Services. Para poder prevalecer en su defensa, también
tenía que probar que la transacción del señor Vega Ramos de
comprar de vuelta el acondicionador de aire que le había
vendido al señor Román González era una transacción usual en
su negocio y que el precio de dos mil quinientos dólares
($2,500.00) era uno razonable, o sea, que un equipo de la
naturaleza del adquirido por el Comité, con dos (2) años de
uso, normalmente deprecia sólo quinientos dólares ($500.00).
partidos políticos, que tienen personalidad jurídica propia. P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590, 595 (1978). CC-2001-51 16
En otras palabras, la prueba sobre la razonabilidad de
la transacción le correspondía al funcionario, en este caso
al ex Alcalde, señor Román González. Si no fue razonable la
transacción, entonces tenemos que concluir que el ex
Alcalde, fungiendo como Presidente del Comité, utilizó su
posición e influencia para obtener beneficios de un
contratista que hacía negocios con el Municipio, para la
entidad privada que presidía, el Comité. Un funcionario
público puede levantar como defensa ante una imputación de
violación ética el no haberse beneficiado, directa o
indirectamente, de la transacción, pero para prevalecer
tiene que presentar prueba de este hecho.
Aunque el peticionario alegó que no se benefició
económicamente con la transacción, no presentó prueba para
sostener su defensa. Cabe señalar, además, que del
expediente tampoco surge la razonabilidad de las
transacciones entre el Comité y el señor Vega Ramos.9 A la
luz del análisis anterior, resolvemos que el peticionario
incurrió en dos (2) violaciones al Art. 3.3(b) de la Ley de
Ética Gubernamental, supra, por ende, debemos determinar si
las multas impuestas fueron irrazonables.
B. Razonabilidad de las multas
9 Es menester recordar que la Ley de Ética Gubernamental no sólo proscribe el beneficio económico que el funcionario derive para sí, sino el que obtenga directa o indirectamente para un miembro de su familia o para una entidad o asociación, conforme el Art. 3.2(c) de la Ley de Ética Gubernamental, supra, 3 L.P.R.A. § 1822, y el Art. 12(c) del Reglamento de Ética. CC-2001-51 17
Reiteradamente se ha validado la facultad de las
agencias para imponer multas o penalidades por la violación
a las leyes o a los reglamentos que se les ha delegado
implementar. Pérez v. Cooperativa de Cafeteros de P.R., 103
D.P.R. 555 (1975). La Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme, supra, 3 L.P.R.A. § 2201, establece que las
agencias podrán imponer multas que no excederán de cinco mil
dólares ($5,000.00) por cada violación a las leyes que éstas
administran. Además, el Art. 3.8 de la Ley de Ética
Gubernamental, supra, faculta a la O.E.G. para imponer
sanciones de naturaleza civil y penal por violaciones
éticas.
Al ejercer su función revisora respecto a las sanciones
impuestas por una agencia administrativa, los tribunales han
reconocido gran discreción a las agencias en la selección de
las medidas impuestas para cumplir con el propósito de la
legislación cuya administración e implantación se les ha
delegado. Las sanciones impuestas por la agencia serán
sostenidas siempre que los organismos actúen dentro del
marco de su conocimiento especializado y de la ley.
Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Antilles Ins. Co.,
145 D.P.R. 226, 234 (1998). En tales casos la revisión
judicial no será para determinar si la sanción guarda
proporción con la conducta por la cual se impone o si es
demasiado fuerte. Id. “Esta evaluación corresponde hacerla
a la propia agencia, que por su experiencia especializada es CC-2001-51 18
quien está en la mejor posición para conocer los efectos de
una violación a los intereses protegidos y cuya agencia, al
mismo tiempo asegura cierto grado de uniformidad y
coherencia en la imposición de sanciones”. Id.
Siempre que la sanción administrativa esté basada en
evidencia sustancial, no constituya una actuación ultra
vires y tenga una relación razonable con los actos que se
quiere prohibir, los tribunales deben sostenerla. Assoc.
Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 439
(1997). Al imponer la sanción al peticionario por haber
incurrido en violaciones éticas, nos dejamos guiar por el
criterio de la O.E.G. y lo avalamos. Por lo tanto, el
segundo error no fue cometido.
III
El peticionario plantea como tercer error que no
procedía la imposición de honorarios de abogado porque no
actuó temerariamente. La conducta alegadamente temeraria
consistió en sus incomparecencias a algunos señalamientos y
solicitudes de cambios de fecha de la vista adjudicativa por
compromisos previos de la representación legal del
peticionario.
La imposición de honorarios de abogado por temeridad
tiene el propósito de penalizar “al litigante perdidoso que
por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en
una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra CC-2001-51 19
parte, innecesariamente a asumir las molestias, gastos,
trabajo e inconvenientes de un pleito”. Domínguez Vargas v.
Great American Life Assurance Company of Puerto Rico, Inc.,
res. el 12 de julio de 2002, 157 D.P.R. _____ (2002), 2002
T.S.P.R. 104, 2002 J.T.S. 110.
Existirá temeridad cuando: (1) en la contestación a la
demanda se niegue responsabilidad, pero ésta se acepte
posteriormente; (2) la parte demandada se defienda
injustificadamente de la acción; (3) se crea que la cantidad
reclamada es exagerada y esa sea la única razón para
oponerse a los reclamos del demandante y no admitir
responsabilidad, pudiendo limitar la controversia a la
fijación de la cantidad reclamada; (4) el demandado se
arriesgue a litigar un caso del que se surja a todas luces
su responsabilidad; y (5) cuando se niegue un hecho cuya
certeza le consta a quien hace la alegación. Blas Toledo v.
Hospital Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 336 (1998); Fernández v.
San Juan Cement Co., Inc. 118 D.P.R. 713, 718-719 (1987).
El grado o intensidad de la conducta temeraria o frívola es
el factor determinante para fijar la cuantía de los
honorarios de abogado.
La conducta del señor Román González no tuvo el
objetivo de defenderse obstinadamente, y sin fundamentos, de
la acción administrativa, sino que consistió en solicitudes
de cambios a los señalamientos de la conferencia con
antelación a la vista adjudicativa. En total hubo cinco (5)
solicitudes de cambios, tres (3) de las cuales fueron CC-2001-51 20
presentadas por la respresentación legal del peticionario,
Lcdo. Israel Roldán González, debido a compromisos
profesionales previos; y dos (2) solicitadas por la O.E.G.10
No debemos penalizar al peticionario por una conducta que no
se llevó a cabo con la intención de levantar defensas
injustificadas o de entorpecer las funciones adjudicativas
de la O.E.G., particularmente cuando la propia agencia
también solicitó cambios en los señalamientos. En el
presente caso a lo sumo debemos instar a la representación
legal del peticionario a ser más cuidadoso en lo sucesivo de
aceptar gestiones profesionales que congestionarán su
calendario e impedirán la prestación de una representación
adecuada.11 Resolvemos que no procede la imposición de
honorarios de abogado al peticionario, por ende, el tercer
error fue cometido.
IV
Finalmente, el peticionario aduce que la O.E.G. emitió
y notificó su Resolución pasado el término dispuesto en ley,
por lo cual ésta carece de validez.
10 Así consta en la notificación de la Oficial Examinadora de 23 de febrero de 1999. 11 Canon 18 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Aunque al representante legal del peticionario se le impuso una sanción económica por no someter a tiempo el informe de la conferencia con antelación a la vista adjudicativa, tal conducta no es atribuible al peticionario, sino a la irresponsabilidad y falta de competencia del licenciado Roldán González. CC-2001-51 21
La Sec. 3.14 de la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme, supra, 3 L.P.R.A. § 2164, establece que las
agencias deben emitir sus órdenes o resoluciones finales por
escrito:
[D]entro de noventa (90) días de concluida la vista o después de la radicación de las propuestas determinaciones de hechos y conclusiones de derecho....
. . . .
La agencia deberá notificar a las partes la orden o resolución a la brevedad posible, por correo y deberá archivar en autos copia de la orden o resolución final y de la constancia de la notificación. Una parte no podrá ser requerida a cumplir con una orden final a menos que dicha parte haya sido notificada de la misma. (Énfasis suplido.)
Por otro lado, el Art. 30 de las Reglas de Procedimientos
para Vistas Adjudicativas de la O.E.G., Reglamento Núm. 4749
de 4 de septiembre de 1992, establece que “dentro de los
noventa (90) días después de concluida la vista, la orden o
resolución deberá ser emitida por escrito....”
En Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos v. Elías,
144 D.P.R. 483, 494-495 (1997), resolvimos que los términos
establecidos en la Sec. 3.14 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme, supra, son directivos y no
jurisdiccionales. Dicho de otra forma, tales términos son
de cumplimiento estricto. Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C.
Borinquen, res. el 9 de septiembre de 1999, 149 D.P.R. _____
(1999), 99 T.S.P.R. 136, 99 J.T.S. 141. No obstante, la
ampliación de dichos términos sólo ocurrirá en
circunstancias excepcionales o por renuncia de las partes. CC-2001-51 22
El término directivo de noventa (90) días es aplicable
a la emisión de la resolución por parte de la agencia. Ni
la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme ni las
Reglas de Procedimiento para Vistas Adjudicativas de la
O.E.G. establecen un término para la notificación de la
Resolución. La Sec. 3.14 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme, supra, se limita a indicar que la
notificación de la resolución debe llevarse a cabo a la
brevedad posible. La Ley permite que las agencias
notifiquen sus determinaciones dentro de un término
razonable, que puede ser dentro de los noventa (90) días con
los que cuenta para emitir su resolución o después de
transcurrido el referido término. Exigirles a las agencias
que notifiquen sus resoluciones dentro de rígidos límites de
tiempo sería prácticamente imposible debido a la congestión
de trabajo que éstas tienen.12 Por otro lado, debe tomarse
en consideración que en ocasiones los organismos
administrativos enfrentan escasez de recursos humanos y
económicos.
En virtud de lo anterior, resolvemos que la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme, supra, faculta a las
agencias para notificar sus decisiones dentro de un término
razonable, aunque hayan transcurrido los noventa (90) días
de carácter directivo con los que cuentan para tomar su
decisión. Ahora bien, para determinar si la agencia
12 Igual ocurre en los tribunales donde el volumen de casos ha acarreado un retraso en la mayoría de las salas del país. CC-2001-51 23
notificó su determinación dentro de un término razonable,
será necesario atender a las circunstancias particulares de
cada caso, tomando en consideración el tiempo transcurrido
desde que se emitió la decisión hasta que ésta fue
notificada y el daño que haya ocasionado la tardanza a la
parte adversamente afectada por la decisión administrativa.
Mediante el análisis de la totalidad de las circunstancias
de cada caso protegemos a las partes de actuaciones
administrativas arbitrarias.
¿Notificó la O.E.G. su resolución al señor Román
González dentro de un término razonable? Nuestra respuesta
es en la afirmativa. En el presente caso, la vista
adjudicativa se llevó a cabo el 2 de febrero de 2000 y la
Resolución fue emitida el 2 de mayo del mismo año, es decir,
el día número ochenta y nueve (89) desde la celebración de
la vista. La O.E.G. emitió su resolución oportunamente,
pero la notificó al peticionario el 8 de mayo de 2000, a los
seis (6) días de haberla emitido.
Entendemos que seis (6) días es un término razonable
para la notificación, en particular si atendemos al
propósito de ésta que es poder requerirle a la parte
afectada que cumpla con la determinación de la agencia.
Véanse Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, supra,
3 L.P.R.A. § 2164; Colón Torres v. Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados, 143 D.P.R. 119 (1997). Además, mediante la
notificación de la resolución administrativa la parte CC-2001-51 24
adversamente afectada adviene en conocimiento de su derecho
a solicitar reconsideración o revisión, según sea el caso.
La notificación llevada a cabo el 8 de mayo de 2000,
seis (6) días después de haberse emitido la Resolución de la
O.E.G., no afectó al peticionario en el ejercicio de sus
derechos para solicitar reconsideración y revisión judicial.
De hecho, éste solicitó reconsideración ante la O.E.G. y
posteriormente acudió al Tribunal de Circuito mediante
recurso de revisión. A la luz de lo anterior, resolvemos
que la Resolución de la agencia fue emitida y notificada
dentro del término establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme y las Reglas de Procedimientos para
Vistas Adjudicativas de la O.E.G.
Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el
dictamen del Tribunal de Circuito y la Resolución de la
Oficina de Ética Gubernamental que encontró incurso al señor
Julio Román González en violaciones al Art. 3.3(b) de la Ley
de Ética Gubernamental, no obstante, revocamos la imposición
de honorarios de abogado.
MIRIAM NAVEIRA DE RODÓN Jueza Asociada CC-2001-51 25
v. CC-2001-51 Julio Román González
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, se dicta sentencia y se confirma el dictamen del Tribunal de Circuito y la Resolución de la Oficina de Ética Gubernamental que encontró incurso al señor Julio Román González en violaciones al Art. 3.3(b) de la Ley de Ética Gubernamental, no obstante, se revoca la imposición de honorarios de abogado.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera Pérez disiente sin Opinión escrita. El Juez Asociado señor Corrada del Río no intervino.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo