Ms Distributors, LLC. v. Rodriguez Centeno, Jose Luis

• Court: Tribunal De Apelaciones De Puerto Rico/Court of Appeals of Puerto Rico
• Decided: March 19, 2025
• Docket: KLCE202500178
• Status: Published

Opinion

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL ESPECIAL1

MS DISTRIBUTORS, LLC Certiorari procedente del Peticionario Tribunal de Primera Instancia, Sala v. Superior de Aibonito KLCE202500178 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ Caso Núm. CENTENO; YVONNE GISSELLE CO2022CV00197 OTERO; SOCIEDAD DE BIENES GANANCIALES RODRÍGUEZ- Sobre: OTERO; SYNERGY FACTORY Solicitud de LLC, ET. AL. Interdicto Preliminar y Recurridos Permanente al amparo de la Ley de Secretos Comerciales, y otras causas de acción relacionadas Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez2, el Juez Bonilla Ortiz, y el Juez Pagán Ocasio.

Bonilla Ortiz, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico a 19 de marzo de 2025.

Comparece ante este foro, Synergy Factory, LLC

(Synergy o parte peticionaria) y nos solicita que

revisemos una Orden notificada por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito, el 23 de

enero de 2025. En virtud de esta, el foro primario le

impuso una sanción de $200.00 a Synergy. Ello por

incomparecencia de su representante legal a la

Conferencia Inicial celebrada el 23 de enero de 2025.

Por los fundamentos que se exponen a continuación

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari.

I.

1 OAJP-2021-086 del 4 de noviembre de 2021. 2 Mediante Orden Administrativa OATA-2024-014, se designa al Juez Juan R. Hernández Sánchez, en sustitución de la Jueza Birriel Cardona, quien dejó de ejercer funciones como Jueza del Tribunal de Apelaciones.

Número Identificador RES2025 ______________ KLCE202500178 2

El 16 de junio de 2022, MS Distributors LLC presentó

una Demanda sobre solicitud de interdicto provisional ex

parte, preliminar y permanente al amparo de la Ley Núm.

80-2011 intitulada Ley para la Protección de Secretos

Comerciales e Industriales de Puerto Rico, 10 LPRA sec.

4131, et seq., violaciones al deber de fiducia de un

oficial corporativo al amparo de la Ley Núm. 164–2009

también conocida como Ley General de Corporaciones, 14

LPRA sec. 3501, et. seq., incumplimiento de contrato,

daños, interferencia culposa de terceros, y violaciones

al Art. 2.15 de la Ley Núm. 4-2017, intitulada Ley de

Transformación y Flexibilidad Laboral, 29 LPRA sec.

122n, en contra de Synergy y otros.3

Tras varios trámites procesales, el 4 de octubre de

2024, el foro primario notificó una Orden en la cual

señaló la Conferencia Inicial para el 8 de noviembre de

2024, de manera presencial.4 Así las cosas, el 25 de

octubre de 2024, Synergy presentó su Moción Sobre

Transferencia de Vista.5 Mediante esta, indicó que para

la fecha señalada para la Conferencia Inicial estaría

fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Por lo cual,

solicitó la transferencia de la vista para el 22 de

noviembre de 2024, 21, 23 o 24 de enero de 2025, fechas

hábiles para los representantes legales de todas las

partes. Cónsono con lo anterior, el 7 de noviembre de

2024, el foro primario notificó una Orden, en la cual

dispuso lo siguiente:

Ha Lugar, se reseñala Conferencia Inicial para el jueves, 23 de enero de 2025 a las 9:00am presencial.6

3 Demanda, entrada núm. 1 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). 4 Orden, Anejo IV, págs. 10-12 del apéndice del recurso. 5 Moción Sobre Transferencia de Vista, Anejo V, págs. 13-14 del apéndice del recurso. 6 Orden, VI, pág. 15 del apéndice del recurso. KLCE202500178 3

Posteriormente, el 22 de enero de 2025, la parte

recurrida presentó una Moción Urgente Solicitando Orden

para Poder Comparecer por Videoconferencia.7 En esencia,

alegó que la vista era sobre el estado de los

procedimientos, por lo que entendió que se llevaría a

cabo mediante videoconferencia. Además, arguyó que

había programado otros compromisos profesionales en el

municipio de Ponce en la tarde. En virtud de lo

anterior, solicitó que la Conferencia Inicial se llevase

a cabo mediante videoconferencia, puesto que los

representantes legales de las partes estaban distantes

del municipio de Aibonito.

Atendida la moción, el 22 de enero de 2025, el foro

primario emitió una Orden mediante la cual declaró No Ha

Lugar la Moción Urgente Solicitando Orden para Poder

Comparecer por Videoconferencia.8 Asimismo, expresó lo

siguiente:

No ha lugar, la conferencia inicial se reseñaló el 7 noviembre de 2024 y se informó que sería de manera presencial, entrada [202], reiterado el 20 de noviembre de 2024 [205]. Haga los arreglos correspondientes.

Por su parte, el 22 de enero de 2025, el Lcdo. Luis

Rodríguez López (licenciado Rodríguez), representante

legal de Synergy, presentó una Moción Sobre Conferencia

Inicial de Mañana.9 En síntesis, esbozó que por

confusión entendió que la Conferencia Inicial era

mediante videoconferencia. No obstante, manifestó que

tenía una cita médica a las 10:30 am en el municipio de

San Juan, por lo que la co-abogada de Synergy, la Lcda.

Gladys Sánchez Norat (licenciada Sánchez), quien residía

7 Moción Urgente Solicitando Orden para Poder Comparecer por Videoconferencia, Anejo VII, págs. 16-17 del apéndice del recurso. 8 Orden, Anejo VIII, pág. 18 del apéndice del recurso. 9 Moción Sobre Conferencia Inicial de Mañana, Anejo IX, págs. 19-20 del apéndice del recurso. KLCE202500178 4

en Florida, estaba disponible para comparecer a la vista

en representación de estos. En virtud de lo anterior,

solicitó se celebrara la Conferencia Inicial mediante

videoconferencia, puesto que no podían comparecer de

manera presencial. Así las cosas, el 23 de enero de

2025, el foro primario notificó una Orden en la cual

declaró No Ha Lugar la Moción Sobre Conferencia Inicial

de Mañana.10 A su vez, manifestó que dicha moción

incumplió con la Regla 8.5 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 8.5.

Celebrada la vista el 23 de enero de 2025, el foro

primario indicó que, la parte recurrida presentó una

moción en la cual solicitó que se convirtiera dicha vista

a videoconferencia.11 Sin embargo, aclaró que, la moción

fue declarada No Ha Lugar, toda vez que la solicitud fue

tardía y el caso de epígrafe era del 2022. De igual

forma, señaló que recibió una moción del representante

legal de Synergy, el licenciado Rodríguez informando que

se le imposibilitaba presentarse a la vista. No

obstante, declaró la moción No Ha Lugar, puesto que el

caso había tenido varios señalamientos de vistas y,

estos se habías suspendido. Asimismo, sostuvo que la

vista fue señalada con mucho tiempo. Finalmente,

reiteró que la moción no cumplió con la Regla 8.5 de

Procedimiento Ciivil, supra.

Durante la vista, la representante legal de M S

Distributors expresó que tenía preocupación en cuanto a

la licenciada Sánchez, puesto que no surgía del récord

que se hubiera unido a la representación de Synergy.

Adicionalmente, esbozó que le resultó difícil poder

10 Orden, Anejo X, pág. 21 del apéndice del recurso. 11 Minuta, Anejo XI, págs. 22-23 del apéndice del recurso. KLCE202500178 5

identificarla en el registro único de abogados, porque

el número de RUA que se incluyó en la moción no era el

correcto. Por tanto, solicitó al Tribunal identificar

el estatus de la licenciada Sánchez. En lo pertinente,

el foro primario indicó lo siguiente:

Luego de verificar el estatus de la Lic. Sánchez, se emite orden para que en el término de 3 días la Lic. Gladys Sánchez Norat aclare su estatus como abogada en la jurisdicción de Puerto Rico y como abogada del caso si es que va a asumir representación legal. En cuando a Synergy Factory LLC, se le impone al Lic. Luis M. Rodríguez López una sanción de $250 por su incomparecencia a la vista de hoy, ya que la moción radicada no cumple con la regla y tampoco es justificada, ya que este señalamiento fue hecho con antelación suficiente.

Cónsono con lo anterior, el 27 de enero de 2025, el

foro primario notificó una Orden en la cual le impuso a

Synergy una sanción de $200.00 a pagarse en diez (10)

días, toda vez que su representante legal no compareció

a la vista señalada para el 23 de enero de 2025.12

Reiteró que, la moción presentada por el licenciado

Rodríguez no cumplió con la Regla 8.5 de Procedimiento

Civil, supra. Por último, ordenó a la licenciada Sánchez

a informar su estatus en la jurisdicción de Puerto Rico

y como abogada del caso en el término de tres (3) días.

A su vez, reséñalo la Conferencia Inicial para el 5 de

marzo de 2025 a las 11:00 am, de manera presencial.

Inconforme, el 4 de febrero de 2025, Synergy

presentó su Moción de Reconsideración.13 En síntesis,

argumentó que la licenciada Sánchez estaba disponible

para comparecer a la vista y sustituir al licenciado

Rodríguez, por lo que este no solicitó la transferencia

12 Orden, anejo I, págs. 1-2 del apéndice del recurso. 13 Moción de Reconsideración, anejo II, págs. 3-8 del apéndice del recurso. Synergy acompañó dicha moción con una excusa médica. KLCE202500178 6

o suspensión de esta. Admitió que, cometió un error

humano, de buena fe y subsanable al anotar que la vista

era por videoconferencia. Sostuvo que, su intención

nunca fue dilatar los procesos ni desobedecer al

Tribunal. Reafirmó que, al no solicitar la

transferencia o suspensión de la vista, no era necesario

consultar con los representantes legales de las otras

partes y proveer fechas alternas conforme a la Regla

8.5, supra. Por tanto, razonó que no procedía la

imposición de la sanción, puesto que la asistencia a una

cita médica era una causa justificada para solicitar la

comparecencia mediante videoconferencia. En virtud de

lo anterior, solicitó se dejase sin efecto la sanción

impuesta.

Así las cosas, el 5 de febrero de 2025, el foro

primario notificó una Orden en la cual indicó lo

La solicitud de comparecer por videoconferencia fue declarada No ha lugar, como bien reza la regla 37.2 citada en su moción.

"De todas las partes estar de acuerdo y a discreción del juez o jueza, esta, podrá celebrarse mediante conferencia telefónica, videoconferencia o cualquier otro método electrónico a distancia que garantice la simultaneidad del proceso."

La sanción impuesta fue por la incomparecencia injustificada a la vista. Se le conceden cinco (5) días a partir de esta notificación para pagar la misma.14

Aún inconforme, el 21 de febrero de 2025, la parte

peticionaria presentó el recurso de certiorari que nos

ocupa y señaló los siguientes errores:

Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia a negar la solicitud de comparecencia mediante video conferencia a la Conferencia Inicial alegando que dicha

14 Orden, anejo III, págs. 8-9 del apéndice del recurso. KLCE202500178 7

solicitud incumplió con la Regla 8.5 de Procedimiento Civil

Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia al determinar que la incomparecencia del Lcdo. Luis Manuel Rodríguez López a la Conferencia Inicial fue injustificada e imponer sanción de $200.00 a Synergy por dicha incomparecencia.

El 4 de marzo de 2025, emitimos una Resolución

mediante la cual concedimos quince (15) días a la parte

recurrida para comparecer por escrito a presentarnos su

postura. Transcurrido el referido término, la parte

recurrida no compareció. Así declaramos perfeccionado

el recurso de epígrafe y procedemos a disponer de la

cuestión planteada, sin necesidad de trámites

ulteriores.

II.

-A-

El auto de certiorari es el recurso extraordinario

mediante el cual un tribunal de jerarquía superior puede

revisar, a su discreción, una decisión de un tribunal

inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto

Rico, Inc. y otros, 212 DPR 194 (2023). Véase, además:

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821

(2023); 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205 DPR 163, 174

(2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).

En particular, es un recurso mediante el cual se solicita

la corrección de un error cometido por un foro inferior.

Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues,

la determinación de expedir o denegar un recurso de

certiorari está enmarcada en la discreción judicial.

800 Ponce de León Corp. v. AIG, supra. No obstante, la

discreción judicial para expedir o no el auto de

certiorari solicitado no ocurre en un vacío ni en KLCE202500178 8

ausencia de unos parámetros. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, supra.

A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, limita la autoridad de este

Tribunal de Apelaciones para revisar las órdenes y

resoluciones interlocutorias que dictan los tribunales

de instancia por medio del recurso discrecional del

certiorari. Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478,

486-487 (2019). En lo pertinente, la precitada

disposición reglamentaria, supra, dispone que:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.

Si ninguno de esos elementos está presente en la

petición ante la consideración del Tribunal, procede

abstenerse de expedir el auto, de manera que se continúen

los procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el

Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl.

News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service

Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). KLCE202500178 9

Con el fin de que podamos ejercer de una manera

sensata nuestra facultad discrecional de entender o no

en los méritos de los asuntos que son planteados mediante

el recurso, la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA

Ap. XXII-B, señala los criterios que debemos considerar

al atender una solicitud de expedición de un auto de

certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez,

supra. En lo pertinente, la precitada disposición

reglamentaria dispone lo siguiente:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una orden de mostrar causa:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

Nótese que, distinto al recurso de apelación, el

auto de certiorari, por ser un recurso discrecional,

debemos utilizarlo con cautela y por razones de peso.

Pueblo v. Díaz de León, supra, pág. 918. KLCE202500178 10

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado

que la discreción significa poder para decidir en una u

otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios

cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR

559, 580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334

(2005). El adecuado ejercicio de la discreción judicial

está “inexorable e indefectiblemente atado al concepto

de la razonabilidad”. Pueblo v. Ortega Santiago, 125

DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal apelativo no

intervendrá con las determinaciones discrecionales de un

tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones

emitidas por este último sean arbitrarias o en abuso de

su discreción. Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág.

581; SLG Flores, Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008).

III.

En síntesis, la parte peticionaria alega que el

foro primario erró al negar la solicitud de

comparecencia mediante video conferencia a la

Conferencia Inicial alegando que dicha solicitud

incumplió con la Regla 8.5 de Procedimiento Civil,

supra. A su vez, aduce que el foro primario incidió al

determinar que la incomparecencia del licenciado

Rodríguez a la Conferencia Inicial fue injustificada e

imponer sanción de $200.00 a Synergy por dicha

incomparecencia.

Ahora bien, examinado el recurso de certiorari en

conjunto con los escritos que obran en el expediente, a

tenor con los criterios esbozados tanto en la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, y los de la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra,

concluimos que este caso no amerita nuestra intervención

en esta etapa. En este sentido, es norma reiterada que KLCE202500178 11

los foros revisores no intervendremos con las

determinaciones de los tribunales revisados, a menos que

estas sean contrarias a derecho o exista un abuso de

discreción. A tales efectos, el peticionario no

demostró que el foro primario haya aplicado el derecho

incorrectamente, abusado de su discreción o alguna otra

razón para justificar nuestra intervención. Por lo

cual, procede denegar el recurso de certiorari.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS la

expedición del auto de certiorari.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones