Meléndez Vega v. El Vocero De Puerto Rico

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: July 3, 2013
• Docket: AC-2007-66 AC-2007-67 CC-2007-827
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

IRIS MELÉNDEZ VEGA

APELADA

v.

EL VOCERO DE PUERTO RICO, INC.; CARIBE INTERNATIONAL NEWS CORP.; GASPAR ROCA; JOSÉ A. PURCELL Y OTROS

APELANTES

APELADA Apelación v. Certiorari

EL VOCERO DE PUERTO RICO, INC. 2013 TSPR 81 Y OTROS

MARTHA MARRERO DE RAMOS 189 DPR ____

APELANTE

PETICIONARIA

EL VOCERO DE PUERTO RICO, INC. Y OTROS

RECURRIDOS

Número del Caso: AC-2007-66 AC-2007-67 CC-2007-827

Fecha: 3 de julio de 2013

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

AC-2007-66

Abogado de la parte Apelante:

Lcdo. Francisco Ortiz Santini

Abogados de la parte Apelada:

Lcda. Maricarmen Ramos De Szendrey Lcdo. José Álvarez González AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 2

AC-2007-67

Lcdo. José J. Nazario de la Rosa

Abogada de la parte Apelada:

Lcda. Maricarmen Ramos De Szendrey

CC-2007-827

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcda. Maricarmen Ramos de Szendrey Lcdo. José Julián Álvarez González

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Miguel Negrón Matta

Materia: Daños y Perjuicios estándar de revisión en casos de difamación; Procedimiento Civil – Regla 64: sustitución de juez durante juicio.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

IRIS MELÉNDEZ VEGA Apelación

v. Núm.: AC-2007-0066

EL VOCERO DE PUERTO RICO, INC.; CARIBE INTERNATIONAL NEWS CORP.; GASPAR ROCA; JOSÉ A. PURCELL Y OTROS

APELANTES Consolidado con

Apelación IRIS MELÉNDEZ VEGA

v. Núm.: AC-2007-0067

MARTHA MARRERO DE RAMOS

APELANTE Consolidado con

Certiorari IRIS MELÉNDEZ VEGA

PETICIONARIA Núm.: CC-2007-0827 v.

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de julio de 2013.

Hoy resolvemos por primera vez, desde la

incorporación de New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S.

254 (1964), a nuestra doctrina de difamación, que un

funcionario público probó adecuadamente que la prensa

escrita obró con malicia real al publicar aseveraciones AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 2

difamatorias en su contra. Es decir, con un grave

menosprecio de si lo divulgado era cierto o no.

De otra parte, a través del proceso judicial se

generaron una serie de controversias novedosas de índole

procesal y sustantiva que igualmente nos vimos precisados

a atender en estos recursos. Así pues, aplicamos a la

situación del presente caso los criterios establecidos en

la Regla 64 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III,

R. 64 (2001) (Regla 64 de Procedimiento Civil),1 para la

sustitución de un juez una vez comenzado un juicio.

También fijamos el estándar de revisión apropiado en casos

de difamación de un funcionario público. Por último, y no

menos importante, delimitamos el alcance del privilegio de

una comunicación difamatoria hecha en un procedimiento

autorizado en ley cuando las comunicaciones también son

vertidas a los medios públicos.

I

El 3 de septiembre de 1990 la Lcda. Iris Meléndez

Vega (licenciada Meléndez o la fiscal Meléndez) fue

designada Directora del Centro Metropolitano de

Investigaciones y Denuncias (C.M.I.D.) del Departamento de

Justicia. Para entonces, y desde noviembre de 1987, la

Sra. Martha Marrero Rivera (señora Marrero) se desempeñaba

como Secretaria Legal I del Director y Subdirector del

C.M.I.D. Basado en la capacidad demostrada por la señora

1 En vista de que los hechos del presente caso ocurrieron previo al 1 de julio de 2010, aplicaremos las Reglas de Procedimiento Civil de 1979. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 3

Marrero para ejercer sus funciones, a ésta se le había

delegado ciertas labores administrativas que no le

correspondían a su puesto. Inclusive, se había tramitado

una recomendación para cambiar su puesto a Secretaria

Legal II. No obstante, debido a que el cambio no se pudo

realizar en aquel entonces a causa de las finanzas del

Departamento de Justicia, quedó pendiente su

reclasificación.

Cuando la licenciada Meléndez fue nombrada Directora

del C.M.I.D., decidió retener a la señora Marrero como su

secretaria. Transcurrido un tiempo, la licenciada

Meléndez se percató de que existía cierta tensión entre la

señora Marrero y otros funcionarios del C.M.I.D., por lo

que decidió limitar las responsabilidades de la señora

Marrero a aquellas que le correspondían a su puesto de

Secretaria Legal I. Estos cambios internos representaron

para la señora Marrero un tipo de descenso, por lo que no

estuvo conforme con los mismos.

Según se desprende de los autos del caso, la relación

laboral Directora-Secretaria se fue deteriorando

marcadamente, hasta que la señora Marrero eventualmente se

trasladó fuera del C.M.I.D. en el mes de junio de 1991.

Las versiones de ambas funcionarias difieren en cuanto a

los motivos de dicho traslado: por un lado, la señora

Marrero sostiene que se trasladó fuera del C.M.I.D. por

ser víctima de hostigamiento sexual de parte de la

licenciada Meléndez, mientras que ésta niega que dicho AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 4

hostigamiento haya ocurrido, a la vez que aduce que la

señora Marrero era una empleada difícil de complacer.

Luego de presentar una querella por alegado

hostigamiento sexual en contra de la licenciada Meléndez

ante el fiscal Pedro Goyco Amador (fiscal Goyco), Director

de la Oficina de Investigación y Procesamiento Criminal

del Departamento de Justicia, la señora Marrero ofreció su

versión sobre este asunto a un periodista de El Vocero, el

Sr. José A. Purcell (señor Purcell). Con la información

brindada, el 5 de noviembre de 1991 El Vocero publicó en

primera plana una noticia donde se reportaba que la

licenciada Meléndez había hostigado sexualmente a su ex-

secretaria y que altos funcionarios del Departamento de

Justicia habían tratado de ―amapuchar‖ la querella. Ese

escrito fue el primero de una serie de cuarenta y tres

(43) artículos publicados durante veintitrés (23) meses

por dicho rotativo que giraron en torno a este tema.

La subsiguiente investigación de la querella de

hostigamiento sexual por el Departamento de Justicia desde

noviembre de 1991 hasta junio de 1992, la cual contó con

más de veintidós (22) declaraciones juradas, exoneró a la

licenciada Meléndez y concluyó que los incidentes de

hostigamiento sexual imputados por la señora Marrero nunca

ocurrieron.

A base de las múltiples publicaciones de El Vocero,

el 19 de junio de 1992 la licenciada Meléndez instó en el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, una AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 5

Demanda en daños y perjuicios por difamación en contra de

la señora Marrero, el señor Purcell, Caribbean

International News Corp., El Vocero de Puerto Rico, Inc.

(El Vocero) y el Sr. Gaspar Roca (señor Roca), entonces

Presidente y Director del diario.2 Posteriormente, se

enmendó la Demanda para incluir al Lcdo. Héctor Santiago

Rivera (licenciado Santiago Rivera), representante legal

de la señora Marrero, por éste enviar varias

comunicaciones alegadamente difamatorias al entonces

Secretario de Justicia, Hon. Jorge Pérez Díaz (Secretario

de Justicia), que luego fueron objeto de varios artículos

por parte de El Vocero. En síntesis, la licenciada

Meléndez alegó en su Demanda que lo diseminado era falso y

que todos los demandados lo publicaron a sabiendas de su

falsedad o con grave menosprecio de si era falso o no,

causándole daños a su reputación y graves angustias

mentales.

La señora Marrero, la prensa y el licenciado Santiago

Rivera aducen que lo publicado por ellos era cierto. La

prensa argumenta, en la alternativa, que aunque no fuera

cierto no obró con malicia real porque su fuente principal

era la señora Marrero, quien merecía entera credibilidad.

El licenciado Santiago Rivera alega, por su parte, que lo

expresado por él era privilegiado por ser expresiones

hechas durante un procedimiento autorizado por ley.

2 Nos referiremos al señor Purcell, Caribbean International News Corp., El Vocero y el señor Roca conjuntamente como ―la prensa‖. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 6

El juicio en su fondo, el cual duró un total de

noventa y un (91) días, estuvo plagado de varios retrasos

y paralizaciones. Véase Meléndez v. Caribbean Int‘l.

News, 151 D.P.R. 649 (2000); In re Marchand Quintero, 151

D.P.R. 973 (2000). Después de presidir el juicio durante

cincuenta y cuatro (54) días, el Juez Superior Víctor

Rivera González (Juez Rivera González) se retiró de la

judicatura en diciembre de 2000. Tras revisar las

transcripciones de toda la prueba presentada hasta el

momento, para comienzos del año 2002 el Juez Luis Roque

Colón (Juez Roque Colón) continuó a cargo del juicio.

Pasados casi doce (12) años desde el inicio del caso, el 1

de marzo de 2004 el Tribunal de Primera Instancia dictó

Sentencia3 mediante la cual declaró Con Lugar la Demanda

contra todos los demandados por estos haber obrado con

malicia real al difundir las falsas alegaciones de

hostigamiento sexual. Ordenó el pago de daños ascendentes

a un millón ochocientos quince mil dólares ($1,815,000.00)

por angustias mentales y daños a la reputación de la

licenciada Meléndez, más cien mil dólares ($100,000.00) en

concepto de honorarios de abogado por temeridad, con

intereses legales sobre ambas cuantías al cinco por ciento

(5%) desde la fecha de la presentación de la Demanda,

hasta la fecha en que se dictó la Sentencia.

3 El 15 de marzo de 2004 el Juez Luis Roque Colón emitió una Resolución Enmendando Sentencia. Por medio de ésta enmendó el último párrafo de la Sentencia dictada condenando además a los demandados al pago de intereses legales sobre la cuantía de la Sentencia, desde la radicación de la Demanda hasta la fecha en que se dictó la Sentencia. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 7

Inconformes, todos los demandados acudieron ante el

Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación del

dictamen del Tribunal de Primera Instancia. El tribunal

apelativo intermedio mediante Sentencia de 28 de febrero

de 2007 confirmó al foro de instancia en aquella parte de

la Sentencia apelada en que se le impuso a la señora

Marrero y a la prensa la obligación de indemnizar a la

licenciada Meléndez, así como en el monto de daños

asignados por el tribunal juzgador. Sin embargo, revocó

la determinación de responsabilidad civil en cuanto al

licenciado Santiago Rivera por dos (2) razones: (1) sus

comunicaciones no cumplían con el requisito de referencia

específica a la licenciada Meléndez y (2) el letrado

estaba cobijado por el privilegio de comunicaciones hechas

en el curso de un procedimiento autorizado en ley.

Ante este Tribunal comparecen todas las partes,

excepto el licenciado Santiago Rivera. Consolidamos los

recursos de la señora Marrero, la prensa y la licenciada

Meléndez, todos acogidos como recursos de certiorari.4 Como

cuestión de umbral, la señora Marrero adujo que erró el

Tribunal de Primera Instancia al continuar el juicio ante

el Juez Roque Colón y violentó su derecho a un debido

proceso de ley al dictar Sentencia valiéndose de una

transcripción de varios testimonios, los cuales no

presenció. Argumentó, además, que erró el Tribunal de

4 Ver nuestras Resoluciones con fecha de 9 de noviembre de 2007 en los recursos AC- 2007-0066 y AC-2007-0067, y de 13 de diciembre de 2007 en el recurso CC-2007-0827. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 8

Apelaciones en su análisis de la Regla 64 de Procedimiento

Civil, la cual rige la sustitución de un juez.5

5 Los siete (7) errores alegados por la señora Marrero leen como sigue:

Erraron el Tribunal Superior de San Juan y el Tribunal de Apelaciones al dictar sentencia contra la apelante Marrero Rivera, valiéndose de una transcripción de aproximadamente cinco mil páginas, sin el beneficio de examinar y escuchar directamente testimonios cruciales en un caso de difamación y libelo por la publicación en la prensa de una querella de hostigamiento sexual; todo ello en violación a la cláusula de debido proceso de ley, al derecho al careo y confrontación de las partes y en menoscabo de la función judicial de adjudicar la credibilidad de los testigos cuya supremacía se concretiza en el derecho a tener un día en corte. En particular, el análisis de la Regla 64 de Procedimiento Civil –que permite discrecionalmente y por excepción utilizar un récord o transcripción por [un] Juez que sustituya a otro– expuesto por el Tribunal de Apelaciones, es contrario a las normas constitucionales aplicables a un caso de libelo y calumnia; particularmente cuando la credibilidad de los testigos está en controversia.

Erró el Tribunal de Apelaciones al brindar total deferencia al tribunal de instancia en la evaluación de la prueba y concluir que ―no nos corresponde sustituir las determinaciones de hechos que formuló el T.P.I. por unas, que cuanto más, reflejarían una posibilidad alterna en cuanto a la interpretación de la prueba‖, en contravención al mandato constitucional de realizar una evaluación independiente de la totalidad del récord en los casos de libelo; y al evaluar ―los restantes señalamientos de error a base del cuadro fáctico plasmado en la sentencia del foro apelado.‖

Erraron el Tribunal Superior de San Juan y el Tribunal de Apelaciones al declarar con lugar la demanda contra la apelante Marrero Rivera, en contravención a la inmunidad que le cobijaba por haber presentado una querella por hostigamiento sexual ante el Departamento de Justicia y la Unidad Anti-discrimen, a tenor con la Ley Núm. 17 del 22 de abril de 1988 (prohibiendo el hostigamiento sexual), 29 L.P.R.A. §155 et seq[.] y sin examinar la prueba presentada para sostener sus alegaciones en violación a la cláusula de debido proceso de ley.

Erraron el Tribunal Superior de San Juan y el Tribunal de Apelaciones al declarar con lugar la demanda contra la apelante Marrero Rivera e imponerle responsabilidad en daños por las publicaciones e información diseminada por el periódico El Vocero en la que ésta no tuvo ningún control, participación o poder decisional, así como por daños causados por terceros mediando actos independientes.

Erraron el Tribunal Superior de San Juan y el Tribunal de Apelaciones en la apreciación de la prueba al declarar con lugar la demanda contra la apelante Marrero Rivera fundado en que ―se demostró la existencia de una causa de acción por libelo‖, cuando a la luz de la totalidad de la prueba no se establecieron los hechos constitutivos de falsedad, ni se demostró la existencia de malicia real.

Erraron el Tribunal Superior de San Juan y el Tribunal de Apelaciones al conceder daños y cuantías exageradas – de naturaleza punitiva– no sostenidas por la prueba testifical y en ausencia total de prueba pericial; con el agravante de que la apelada Iris Meléndez Vega optó por sustraer del juicio la prueba médica en su poder sobre su condición, tratamiento médico e impacto que tuvieron en su persona las publicaciones de prensa objeto de controversia, y al concluir que hubo daños a la reputación en contravención a la prueba desfilada.

Erraron el Tribunal Superior de San Juan y el Tribunal de Apelaciones al imponer honorarios de abogado por temeridad a la apelante Martha Marrero Rivera; cuando ésta ejerció las defensas que el ordenamiento constitucional le confiere ante una reclamación de libelo frívola que se instó como represalia por haber presentado una querella por hostigamiento sexual contra la Fiscal Iris Meléndez Vega.

(Énfasis en original). AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 9

Como próximo señalamiento de error, la señora Marrero

y la prensa6 plantearon que erró el Tribunal de Apelaciones

al no efectuar una evaluación independiente de la prueba

en un pleito de difamación, donde la licenciada Meléndez

tenía que probar malicia real con prueba clara y

convincente.

Del mismo modo, y en cuanto a los méritos de la

Sentencia recurrida, la señora Marrero refutó que

procediera la acción en su contra, basándose en los

siguientes tres (3) argumentos: (1) que estaba cobijada

por el privilegio de comunicaciones hechas en un

procedimiento autorizado por ley, dado que había

presentado una querella por hostigamiento sexual en el

Departamento de Justicia; (2) que no se le podía imponer

responsabilidad por las publicaciones de El Vocero, por no

haber tenido participación o control en las mismas; y (3)

que la totalidad de la prueba no establecía falsedad, ni

la existencia de malicia real.

La prensa por su parte alegó, en términos generales,

que el Tribunal de Apelaciones no aplicó las normativas

6 Los cuatro (4) errores alegados por la prensa son los siguientes:

Erró el Tribunal de Apelaciones al ignorar su deber de efectuar una evaluación independiente de la prueba, en un pleito en que la apelada tiene que probar malicia real con prueba clara y convincente.

Erró el Tribunal de Apelaciones al no aplicar las normativas constitucionales y jurisprudenciales que, en protección de los derechos fundamentales de libertad de prensa y expresión, han desarrollado tanto este Tribunal como el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, al amparo del Artículo II, [S]ección 4, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América.

Erró el Tribunal de Apelaciones al reconocerle a la apelada la existencia de daños compensables y al valorar los mismos de manera exagerada y punitiva.

Erró el Tribunal de Apelaciones al imponerle al apelante el pago de honorarios de abogado en concepto de temeridad. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 10

constitucionales relativas a la protección de los derechos

fundamentales a la libertad de prensa y de expresión.

Específicamente, argumentó que faltaba evidencia

demostrativa de malicia real; que gozaba del privilegio

del informe justo y verdadero; y que el Tribunal de

Apelaciones no revisó adecuadamente cada artículo

impugnado por la licenciada Meléndez para aseverar que

eran de índole difamatoria.

Ambas partes sostuvieron que los daños concedidos a

la licenciada Meléndez eran exagerados y de naturaleza

punitiva, y que la imposición de honorarios de abogado por

concepto de temeridad fue errónea.

Por otro lado, la licenciada Meléndez señaló dos (2)

errores relacionados a la exoneración de responsabilidad

del licenciado Santiago Rivera por el Tribunal de

Apelaciones:

Erró el [Tribunal de Apelaciones] al resolver que [le] asiste a Santiago Rivera el privilegio de comunicación por un abogado en un procedimiento autorizado por ley.

Erró el [Tribunal de Apelaciones] al resolver que la prueba contra Santiago Rivera no satisface el requisito de referencia a la demandante.

Evaluados los recursos, acordamos expedir. Tras

analizar todos los escritos ante nuestra consideración,

así como el derecho aplicable, procedemos a resolver las

controversias presentadas. Atenderemos las mismas en el

siguiente orden. Descartaremos, primero, la controversia

inicial planteada por la señora Marrero referente a la

sustitución del juez de instancia. Próximo, discutiremos AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 11

las controversias relacionadas al estándar de revisión

apelativa exigido en un caso de difamación. Tercero y

cuarto, evaluaremos la responsabilidad del licenciado

Santiago Rivera a la luz del privilegio estatutario

extendido a comunicaciones difamatorias hechas en el

transcurso de un procedimiento autorizado por ley y el

requisito de referencia específica. Continuamos al

analizar si la señora Marrero y la prensa incurrieron en

difamación de la licenciada Meléndez, atendiendo a las

defensas planteadas por cada una. Finalmente, revisaremos

la cuantía de los daños y la imposición de honorarios

adjudicada por el tribunal sentenciador.

II

SUSTITUCIÓN DE UN JUEZ DURANTE UN JUICIO YA INICIADO

La señora Marrero refuta el análisis expuesto por el

Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones

sobre lo apropiado que pueda resultar sustituir a un juez

en medio de un juicio en su fondo, conforme a la Regla 64

de Procedimiento Civil. Argumenta que se le violentó el

debido proceso de ley, ya que el Juez Roque Colón sólo

consideró una transcripción de los testimonios de varios

testigos que desfilaron ante el Juez Rivera González en la

primera fase del juicio para llegar a su determinación de

credibilidad, factor definitivo en este caso de difamación

donde la veracidad de las expresiones está en juego. La AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 12

señora Marrero solicita, por tanto, que ordenemos la

celebración de un nuevo juicio.

Por primera vez tenemos la oportunidad de expresarnos

sobre el procedimiento de sustitución de un juez tal como

lo disponen las Reglas de Procedimiento Civil. La Regla

64 de dicho cuerpo legal, tal como estuvo en vigor para la

fecha del juicio en el caso de autos, exponía:

Si por razón de muerte, enfermedad, o por cualquier otra razón, un juez no pudiere continuar entendiendo en un asunto, otro juez podrá actuar en su lugar; pero si éste se convenciere de que no puede desempeñar dichos deberes, sin la celebración de un nuevo juicio sobre todos o parte de los hechos o sin oír nuevamente a algún testigo, podrá tomar las medidas que fueren necesarias para resolver el pleito.

32 L.P.R.A. Ap. III, R. 64 (2001) (énfasis nuestro).7

El tratadista de derecho procesal civil J.A. Cuevas

Segarra manifiesta que de dicha disposición legal se

desprende que ―[e]s discrecional del nuevo magistrado

determinar si debe celebrar un nuevo juicio sobre todos o

parte de los hechos‖, pero advierte que ―[n]o es una

invitación a la relitigación de los asuntos que ya han

sido determinados por otro juez‖. J.A. Cuevas Segarra,

Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones

J.T.S., 2000, T. II, pág. 1137.

7 La nueva Regla 64 de Procedimiento Civil de 2009 es casi idéntica a la anterior. Esta provee lo siguiente:

Si por razón de muerte, enfermedad, retiro o por cualquier otra razón, un juez o jueza no puede continuar entendiendo en un asunto, otro juez o jueza podrá actuar en su lugar, pero si de haber comenzado o concluido el juicio, se convence de que no puede desempeñar dichos deberes, sin la celebración de un nuevo juicio sobre todos o parte de los hechos o sin oír nuevamente a algún testigo, podrá tomar las medidas que sean necesarias para resolver el pleito.

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 64 (2010) (énfasis nuestro). AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 13

Cuando se adoptó la Regla 64 de Procedimiento Civil

en el año 1979,8 su contenido tenía una similitud

sustancial a la Regla 63 de Procedimiento Civil federal

(Regla 63), la cual, para ese entonces, disponía:

If by reason of death, sickness, or other disability, a judge before whom an action has been tried is unable to perform the duties to be performed by the court under these rules after a verdict is returned or findings of fact and conclusions of law are filed, then any other judge regularly sitting in or assigned to the court in which the action was tried may perform those duties; but if such other judge is satisfied that he cannot perform those other duties because he did not preside at the trial or for any other reason, he may in his discretion grant a new trial.

Fed. R. Civ. P. 63, 28 U.S.C. App. (1937) (énfasis

nuestro).

Es menester señalar que, en aquel momento, la regla

federal era más restrictiva que la nuestra al limitar la

posibilidad de sustituir un juez en la etapa final del

litigio de un caso, es decir, sólo después de que el juez

original hubiese expuesto sus determinaciones de hechos y

derecho. La antes mencionada condición para la

sustitución de un juez no se reflejó en nuestra regla

correspondiente, sino que ésta le delega al juez sustituto

la discreción de determinar si puede desempeñar los

deberes envueltos en la continuación de un caso comenzado

bajo otro juez, independientemente de cuáles sean esos

deberes y el momento en que ocurre la sustitución.

En el año 1991, la regla federal se enmendó

sustancialmente por primera vez desde el año 1937,

8 Regla 64 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 64 n. (2001). AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 14

incorporando nuevas medidas y obligaciones para los jueces

sustitutos:

If a trial or hearing has been commenced and the judge is unable to proceed, any other judge may proceed with it upon certifying familiarity with the record and determining that the proceedings in the case may be completed without prejudice to the parties. In a hearing or trial without a jury, the successor judge shall at the request of a party recall any witness whose testimony is material and disputed and who is available to testify again without undue burden. The successor judge may also recall any other witness.

Fed. R. Civ. P. 63, 28 U.S.C. App. (2006).9 La nueva regla

federal ahora facilita la sustitución de un juez en

cualquier fase de un juicio si el nuevo juez certifica, no

sólo que está familiarizado con el récord, sino también

que el continuar el caso bajo su intervención no le

resultará perjudicial a parte alguna. En un caso sin

jurado, el juez sustituto siempre estará obligado, si una

parte así lo desea, a llamar a declarar nuevamente a

aquellos testigos que estén disponibles y cuyos

testimonios sean materiales y estén en disputa.

Las notas del Advisory Committee on Rules de la regla

federal enmendada explican, de este modo, el propósito del

cambio:

….

The former rule made no provision for the withdrawal of the judge during the trial, but was

9 La Regla 63 federal también sostuvo cambios estilísticos en el año 2007:

If a judge conducting a hearing or trial is unable to proceed, any other judge may proceed upon certifying familiarity with the record and determining that the case may be completed without prejudice to the parties. In a hearing or a nonjury trial, the successor judge must, at a party's request, recall any witness whose testimony is material and disputed and who is available to testify again without undue burden. The successor judge may also recall any other witness.

Fed. R. Civ. P. 63, 28 U.S.C.A. (2008). AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 15

limited to disqualification after trial. Several courts concluded that the text of the former rule prohibited substitution of a new judge prior to the points described in the rule, thus requiring a new trial, whether or not a fair disposition was within reach of a substitute judge….

The increasing length of federal trials has made it likely that the number of trials interrupted by the disability of the judge will increase. An efficient mechanism for completing these cases without unfairness is needed to prevent unnecessary expense and delay. To avoid the injustice that may result if the substitute judge proceeds despite unfamiliarity with the action, the new Rule provides, in language similar to Federal Rule of Criminal Procedure 25(a), that the successor judge must certify familiarity with the record and determine that the case may be completed before that judge without prejudice to the parties. This will necessarily require that there be available a transcript or a videotape of the proceedings prior to substitution….

Fed. R. Civ. P. 63, 28 U.S.C. App. (1991) (énfasis

nuestro; citas internas omitidas).

De esta manera, el cambio flexibilizó la sustitución

de un juez antes de que se terminase un juicio si éste,

por alguna razón, se encuentra imposibilitado de continuar

a cargo de los procedimientos – siempre y cuando se sigan

los criterios implantados para asegurar que el proceso sea

justo para las partes. Por tanto, la regla federal

refleja la preferencia de evitar el comienzo de un nuevo

juicio, a menos que sea necesario. Esta consideración

tiene especial significado cuando, tomando en cuenta las

circunstancias particulares del caso, el juez sustituto

está preparado para disponer del asunto, mientras que un

nuevo juicio crearía una demora onerosa.

Nuestra Regla 64 de Procedimiento Civil, sin embargo,

no presentaba estas barreras procesales y desde su inicio AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 16

lograba el mismo fin que su contraparte federal al

facilitar la sustitución de un juez después de comenzado

un juicio. Dicha visión más liberal constituye un

mecanismo eficiente para continuar con el desarrollo y

progreso de un juicio largo que se ha visto interrumpido

por razón de que un juez no ha podido cumplir con sus

deberes hasta la resolución final del caso. La regla se

diseñó con las salvaguardas necesarias para proteger

contra la injusticia que pueda resultar si un juez no

familiarizado con el caso procede a emitir una sentencia.

Para ello provee mecanismos para que el nuevo juez tome el

curso de acción que, en su discreción, estime necesario

para disponer adecuadamente del pleito, incluyendo ordenar

la celebración de un nuevo juicio sobre parte o todos los

hechos, u oír nuevamente a algún testigo declarar.

Ahora bien, aunque un juez sucesor tiene plena

autoridad de resolver un caso heredado, lo cierto es que

no tiene la preparación adecuada para evaluar la

credibilidad de testigos que no presenció declarar, aunque

tenga una transcripción completa del testimonio. En

nuestro ordenamiento judicial le asignamos mayor

deferencia al tribunal de instancia en cuanto a su

apreciación de la prueba precisamente porque estuvo en

mejor posición para aquilatar la prueba testifical, ya que

tuvo la oportunidad de oír y ver el comportamiento del

testigo de manera directa. Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 17

780, 815 (2002); Hernández v. San Lorenzo Const., 153

D.P.R. 405, 425 (2001). Teniendo en cuenta que la

adjudicación de hechos no es tarea fácil o sencilla, y que

es una labor llena de elementos subjetivos,10 si un juez

sustituto no tuvo el beneficio de escuchar a un testigo

declarar y reaccionar bajo juramento, sino que simplemente

leyó una transcripción de dicho testimonio, su

determinación de credibilidad no es merecedora de esa

deferencia.

José Cuevas Segarra afirma que un juez sustituto ―no

está en condiciones de pasar credibilidad sobre testigos

que no ha escuchado‖. Cuevas Segarra, op. cit., pág.

1137. Más bien, lo importante ―es determinar si la falta

de contacto del nuevo juez con la prueba desfilada lo

coloca en una condición incapaz de desentrañar la verdad

del cúmulo de ésta‖. Íd. págs. 1137-1138. Véase Trib.

Exam. Méd. v. Cañas Rivas, 154 D.P.R. 29, 45 (2001)

(―Determinamos que en procedimientos disciplinarios en los

cuales existan importantes cuestiones de credibilidad, no

debe el juzgador de los hechos aceptar que el caso sea

sometido a base de una transcripción de la prueba de los

testimonios pertinentes. De ordinario, el juzgador de los

hechos debe recibir directamente los testimonios referidos

para poder aquilatar su valor de manera óptima.‖ (Nota al

calce omitida)).

10 R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, San Juan, Publicaciones J.T.S., 1987, pág. 218. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 18

De igual manera, el Advisory Committee on Rules de la

Regla 63 federal enmendada distingue entre la capacidad de

un juez sustituto de llegar a una determinación de hechos

basada en prueba que nunca escuchó versus poder sopesar la

credibilidad de un testigo que no tuvo presente ante sí.

The revised [rule] authorizes the substitute judge to make a finding of fact at a bench trial based on evidence heard by a different judge. This may be appropriate in limited circumstances. First, if a witness has become unavailable, the testimony recorded at trial can be considered by the successor judge pursuant to F.R.Ev. 804, being equivalent to a recorded deposition available for use at trial pursuant to Rule 32. For this purpose, a witness who is no longer subject to a subpoena to compel testimony at trial is unavailable. Secondly, the successor judge may determine that particular testimony is not material or is not disputed, and so need not be reheard. The propriety of proceeding in this manner may be marginally affected by the availability of a videotape record; a judge who has reviewed a trial on videotape may be entitled to greater confidence in his or her ability to proceed.

The court would, however, risk error to determine the credibility of a witness not seen or heard who is available to be recalled….

nuestro; citas internas omitidas). Véase Patelco Credit

Union v. Sahni, 262 F.3d 897, 906 (9th Cir. 2001) (―[T]he

successor judge may examine the trial transcript as if it

were ‗supporting affidavits‘ for summary judgment purposes

and enter summary judgment if no credibility

determinations are required.‖) (citando 12 Moore’s Federal

Practice sec. 63.05[3] (3d ed. 1999)); Mergentime Corp. v.

WMATA, 166 F.3d 1257 (D.C. Cir. 1999); Henry A. Knott Co.

v. Chesapeake & Potomac Tel. Co., 772 F.2d 78, 85 (4th

Cir. 1985) (―A hearing de novo before a new successor AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 19

master or before the district court must be conducted if

the case requires the trier of fact to make credibility

determinations concerning the testimony of witnesses;

otherwise the parties[‘] right to a full due process

hearing would be severely undercut.‖).

En el caso de autos, el juicio tardó ocho (8) años en

iniciarse ante el Juez Rivera González.11 Se desfiló

extensa prueba testifical durante cincuenta y cuatro (54)

días,12 hasta que el Juez Rivera González se retiró de la

judicatura en diciembre del 2000. El 26 de marzo de 2001

el caso le fue asignado al Juez Roque Colón, quien

rápidamente celebró una vista para acordar un plan de

trabajo para la resolución del caso.13 Posteriormente, y

con el beneficio de haber analizado en su totalidad la

transcripción de la prueba presentada ante el juez

anterior, el Juez Roque Colón quedó convencido de que

podía continuar con los procedimientos sin necesidad de

iniciar un nuevo juicio.14 No obstante, aclaró que ―[s]i

para la adjudicación final del caso, nos convenciéramos de

que fuera necesario oír nuevamente parte del testimonio de

alguno de los testigos ya presentados así lo

11 La Demanda se presentó el 19 de junio de 1992, y el juicio comenzó el 19 de junio de 2000.

12 Los declarantes ante el Juez Rivera González incluyeron a los siguientes testigos: el Lcdo. Luis Rivera Martínez, la Lcda. Zenaida Acosta Ronda, el Secretario de Justicia, la señora Marrero, la Sra. Sonia Palacios de Miranda, el fiscal Goyco, y la fiscal Norma Lora Longoria (fiscal Lora).

13 Orden del Tribunal de Primera Instancia (J. Roque Colón) de 30 de marzo de 2001; Resolución del Tribunal de Primera Instancia (J. Roque Colón) de 10 de enero de 2002.

14 Resolución del Tribunal de Primera Instancia (J. Roque Colón) de 10 de enero de 2002. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 20

determinaremos oportunamente‖.15 Al reafirmar dicha

decisión en reconsideración, el Juez Roque Colón se

cercioró que cumplía con el objetivo de garantizar una

solución rápida y económica del caso, apoyándose en los

recursos provistos por las Reglas de Procedimiento Civil,

y que al así proceder no se le violaba el debido proceso

de ley a ninguna de las partes envueltas.16

El juicio continuó durante treinta y siete (37) días

adicionales, durante los cuales se terminó de presentar la

prueba de la licenciada Meléndez, incluyendo su

testimonio, así como la mayoría de la prueba de los

demandados. Destacamos que el Juez Roque Colón tuvo la

oportunidad de ver y escuchar a la señora Marrero

testificar en vivo durante dos (2) días, tiempo que

consideramos suficiente para poder apreciar su

credibilidad por sí mismo.

Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones

correctamente concluyó que el Juez Roque Colón cumplió con

las exigencias de la Regla 64 de Procedimiento Civil sin

que se violase el debido proceso de ley de ninguna de las

partes. Ciertamente, la regla no exige la celebración de

un nuevo juicio en todas las ocasiones en que se sustituye

un juez. Por el contrario, le delega al juez sustituto la

autoridad para determinar el curso adecuado a seguir para

15 Íd.

16 Resolución del Tribunal de Primera Instancia (J. Roque Colón) de 8 de febrero de 2002, pág. 4. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 21

la más efectiva y justa disposición de un caso. El Juez

Roque Colón actuó razonablemente al continuar los

procedimientos tomando el lugar de su antecesor y

reservándose el derecho de llamar nuevamente a cualquier

testigo, de estimarlo necesario.17 Con su determinación,

el juez sustituto logró un balance apropiado entre

permitir la continuación de un juicio ya bastante

aplazado, y velar porque no se llegara a una conclusión

equivocada o parcial.

Además, el Juez Roque Colón no transgredió la Regla

64 de Procedimiento Civil, según argumenta la señora

Marrero, al valerse únicamente de una transcripción para

sopesar la credibilidad de ésta frente a la de la

licenciada Meléndez, quien el juzgador escuchó y vio

testificar de principio a fin. La señora Marrero falla al

no reconocer que el Juez Roque Colón tuvo la oportunidad

de verla y escucharla directamente y comprobar su

veracidad. Durante el tiempo que la señora Marrero estuvo

sentada como testigo ante el Juez Roque Colón, éste la vio

y oyó declarar sobre varios incidentes ocurridos entre

ella y la licenciada Meléndez, incluyendo los eventos del

21 de diciembre de 1991 que consistieron en la entrega por

su parte de un regalo conteniendo ropa interior y

maquillaje a la licenciada Meléndez - su supuesta

hostigadora - y el alegado agarre de su glúteo por dicha

17 Resultó ser innecesario llamar nuevamente a aquellos testigos que el Juez Roque Colón no escuchó, ya que la credibilidad de éstos no fue determinante para llegar a una adjudicación final. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 22

fiscal. Cabe señalar, además, que los fiscales Goyco y

Lora, quienes se presentaron como testigos en la primera

fase del juicio, fueron llamados a testificar por segunda

vez ante el juez sustituto a petición de los demandados.

Claramente, el Juez Roque Colón no estuvo limitado a una

lectura fría de la transcripción para llegar a la

conclusión determinante de que la señora Marrero no le

merecía credibilidad.

Por lo tanto, concluimos que el juez sustituto sí

estaba capacitado para desempeñar los deberes inherentes

de presidir la continuación del juicio y adjudicar la

credibilidad de la señora Marrero sin violarle el debido

proceso de ley. No fue erróneo continuar con el juicio de

la manera en que se hizo.

III

ESTÁNDAR DE REVISIÓN EN CASOS DE DIFAMACIÓN

A. BREVE RESUMEN DE LOS ELEMENTOS DE DIFAMACIÓN DE UN OFICIAL PÚBLICO

La protección contra ataques abusivos a la honra y

reputación emana del Artículo II, Sección 8 de la

Constitución de Puerto Rico, además de lo provisto por el

Artículo 1802 de nuestro Código Civil, según modificado

por la doctrina constitucional federal. Colón, Ramírez v.

Televicentro de P.R., 175 D.P.R. 690, 705-706, 726 AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 23

(2009).18 De esta protección surge la causa de acción de

difamación, la cual envuelve la difícil tarea de balancear

el alcance de la libertad de expresión y el derecho a la

intimidad, ambos valores reconocidos como de alta

jerarquía e interés público en nuestro ordenamiento

jurídico. Giménez Álvarez v. Silén Maldonado, 131 D.P.R.

91, 97-98 (1992). Como es sabido, la doctrina de

difamación se divide en dos (2) vertientes, cada una con

sus respectivas exigencias constitucionales, de acuerdo a

si el demandante es clasificado como funcionario o figura

pública, o como persona privada.

De entrada, observamos que en el caso de autos no

existe controversia sobre la clasificación de la

licenciada Meléndez como funcionaria pública. Nos consta

que dicha designación es una adecuada tomando en cuenta la

posición de alta jerarquía de la licenciada Meléndez

dentro del Departamento de Justicia. Véanse, por ejemplo,

Soc. de Gananciales v. López, 116 D.P.R. 112, 115-116

(1985); Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 75, 85 (1966) (―[T]he

‗public official‘ designation applies at the very least to

those among the hierarchy of government employees who

have, or appear to the public to have, substantial

18 Nuestra jurisprudencia recoge varias fuentes de protección contra la difamación en Puerto Rico: el Artículo II, Sección 8 de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo I (2008); la Ley de Libelo y Calumnia, 32 L.P.R.A. sec. 3141 et seq. (2004) (Ley de Libelo y Calumnia); y el Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141 (1990). Giménez Álvarez v. Silén Maldonado, 131 D.P.R. 91, 97-98 (1992); Villanueva v. Hernández Class, 128 D.P.R. 618, 640 (1991) (añadiendo el Artículo II, Sección 4 de la Constitución de Puerto Rico como un precepto constitucional contra expresiones difamatorias). AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 24

responsibility for or control over the conduct of

governmental affairs.‖ (Nota al calce omitida)).

En New York Times Co. v. Sullivan, supra, el Tribunal

Supremo Federal detalló el equilibrio constitucionalmente

exigido en casos de difamación de un funcionario público,

a fin de salvaguardar los derechos conflictivos que

protegen a cada parte.19 En síntesis, para un funcionario

público prosperar en un caso de difamación tiene que

probar, mediante prueba directa o circunstancial,20 que la

expresión difamatoria es falsa, se publicó a sabiendas de

que era falsa o con grave menosprecio de si era falsa o

no, es decir, con malicia real, y que dicha publicación le

causó daños reales. Garib Bazain v. Clavell, 135 D.P.R.

475 (1994); Villanueva v. Hernández Class, 128 D.P.R. 618,

642 (1991); García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174,

178 (1978); New York Times Co. v. Sullivan, supra, págs.

279-280. Otro requisito de rango constitucional es que la

expresión se refiera a la persona del demandante de modo

particular, criterio conocido en el Derecho Común como ―of

and concerning the plaintiff”. Colón, Ramírez v.

Televicentro de P.R., supra, págs. 720, 726; Soc. de

Gananciales v. El Vocero de P.R., 135 D.P.R. 122, 128-133

19 Dado que ―en Puerto Rico son obligatorias las interpretaciones del Tribunal Supremo Federal sobre la relación entre la libertad de expresión y el derecho al honor o la reputación, en cuanto están basadas en la Constitución federal…‖, el estándar definido en New York Times Co. v. Sullivan, 376 D.P.R. 254 (1964), rige en nuestro ordenamiento legal. Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R., 175 D.P.R. 690, 705-706 (2009) (citando a Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 (1977)); y Villanueva v. Hernández Class, supra, pág. 641.

20 Harte-Hanks Communications v. Connaughton, 491 U.S. 657, 667-668 (1988). AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 25

(1994); New York Times Co. v. Sullivan, supra, págs. 288-

292.

Para establecer malicia real en el caso de difamación

de un funcionario público se requiere, además, un quantum

de prueba más oneroso. La figura pública tiene que probar

malicia real de manera clara, robusta y convincente.

Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R., supra, pág. 708;

Villanueva v. Hernández Class, supra, pág. 643; New York

Times Co. v. Sullivan, supra, págs. 285-286. De esta

manera, no basta con una afirmación generalizada de que el

demandado obró con malicia real, sino que tiene que

establecerse con hechos específicos. García Cruz v. El

Mundo, Inc., supra, pág. 180. Vale recalcar, también, que

la suficiencia de prueba para establecer malicia real es

una cuestión estrictamente de derecho.21 Colón, Ramírez v.

Televicentro de P.R., supra, pág. 725; Villanueva v.

Hernández Class, supra, págs. 644-645; Harte-Hanks

Communications v. Connaughton, 491 U.S. 657, 685 (1988).

En Giménez Álvarez v. Silén Maldonado, supra, pág.

98, expresamos que la elevada exigencia de prueba protege

en mayor grado la libertad de expresión y tiene el

―resultado práctico de… establecer un tipo de privilegio

21 Actualmente existe debate sobre si el quantum de prueba necesario para probar el elemento de falsedad lo es la preponderancia de la prueba o mediante prueba clara y convincente. En Harte-Hanks Communications v. Connaughton, supra, pág. 661 n. 2, el Tribunal Supremo Federal negó pronunciarse en cuanto a dicha discusión. Véanse D. A. Elder, Defamation: A Lawyer‘s Guide, Deerfield, Illinois, Clark Boardman Callaghan, 1993, págs. 7-81 y 7-82 (―Curiously and anomalously, the [Supreme] Court [of the United States] has also intimated that it has taken no position on the debate as to what evidentiary standard a public plaintiff must meet in proving falsity.‖); R.A. Smolla, Smolla and Nimmer on Freedom of Speech, Minnesota, West, 2011, Vol. 3, pág. 23-124 (―There is an ongoing debate over whether a plaintiff‘s burden of proving falsity includes a requirement that falsity be proven with ‗clear and convincing evidence‘ or merely a ‗preponderance of the evidence[‘].‖). En esta ocasión tampoco encontramos necesario expresarnos en cuanto a ese punto. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 26

limitado a favor de quien hace la expresión‖. Véase,

además, Villanueva v. Hernández Class, supra, págs. 641-

642 n. 13 (donde se expresó que desde New York Times Co.

v. Sullivan, supra, se ha desarrollado ―una protección

constitucional más amplia… al amparo de los derechos de

libertad de expresión y de prensa y a expensas del derecho

a la intimidad…‖. (Citas omitidas)). Con esto en mente,

no es sorprendente que desde nuestra adopción de New York

Times Co. v. Sullivan, supra, no hayamos emitido opinión

mayoritaria alguna donde reconozcamos que un funcionario

público logró probar malicia real adecuadamente.

B. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL RÉCORD

Pasamos ahora a contestar la controversia planteada

ante nos sobre el adecuado estándar de revisión apelativa

en un caso de difamación de un funcionario público.

En New York Times Co. v. Sullivan, supra, luego de

pautar la nueva doctrina que rige en casos de difamación

de un funcionario o figura pública, el Tribunal Supremo

Federal se expresó sobre su función revisora por ser un

Foro apelativo y declaró:

[T]he rule is that we examine for ourselves the statements in issue and the circumstances under which they were made to see whether they are of a character which the principles of the First Amendment, as adopted by the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment, protect…. We must make an independent examination of the whole record … so as to assure ourselves that the judgment does not constitute a forbidden intrusion on the field of free expression.

Íd. pág. 285 (énfasis nuestro; citas, comillas y nota al

calce omitidas). AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 27

Luego, en Bose Corp. v. Consumers Union of U.S.,

Inc., 466 U.S. 485, 501 (1984), el Tribunal Supremo

Federal se reafirmó, elevando la norma de evaluación

independiente en el contexto de difamación de un

funcionario público a grado constitucional: ―[T]he rule of

independent review assigns to judges a constitutional

responsibility that cannot be delegated to the trier of

fact, whether the factfinding function be performed in the

particular case by a jury or by a trial judge‖. Enfatizó

la importancia de dicha función revisora como sigue:

The requirement of independent appellate review reiterated in New York Times Co. v. Sullivan is a rule of federal constitutional law…. It reflects a deeply held conviction that judges—and particularly Members of this Court—must exercise such review in order to preserve the precious liberties established and ordained by the Constitution. The question whether the evidence in the record in a defamation case is of the convincing clarity required to strip the utterance of First Amendment protection is not merely a question for the trier of fact. Judges, as expositors of the Constitution, must independently decide whether the evidence in the record is sufficient to cross the constitutional threshold that bars the entry of any judgment that is not supported by clear and convincing proof of “actual malice.”

Íd. págs. 510-511 (énfasis nuestro). Aclaró, también, que

una evaluación independiente no equivale a un examen de

novo de toda la prueba, sino que requiere el repaso

únicamente de aquellas porciones del récord que estén

relacionadas al elemento de malicia real. Íd. n. 31.

Dicha evaluación independiente puede producir la

invalidación de una determinación de malicia real hecha

tanto por un jurado, véase New York Times Co. v. Sullivan,

supra, pág. 286, como por un juez de instancia, véase Bose AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 28

Corp. v. Consumers Union of U.S., Inc., supra, págs. 511-

512, si la misma no está sustentada suficientemente en los

hechos contenidos en el récord.

Este estándar de revisión, aunque ciertamente más

riguroso que la regla que impera en nuestra jurisdicción

de la no intervención con la apreciación de la prueba por

los tribunales de instancia a menos que sea claramente

errónea,22 no es incompatible con la norma de deferencia

hacia el foro primario en cuanto a determinaciones de

credibilidad de los testigos, tal como mencionáramos

anteriormente. El Tribunal Supremo Federal armonizó estas

dos (2) pautas, en el contexto de las Reglas de

Procedimiento Civil Federal, de la siguiente manera:

[Federal Rule of Civil Procedure] 52(a) commands that ―due regard‖ shall be given to the trial judge‘s opportunity to observe the demeanor of the witnesses; the constitutionally based rule of independent review permits this opportunity to be given its due.

Bose Corp. v. Consumers Union of U.S., Inc., supra, págs.

499-500. El Tribunal Supremo Federal señaló con

aprobación que el foro apelativo intermedio en Bose Corp.

v. Consumers Union of U.S., Inc., supra, rehusó cuestionar

las determinaciones de credibilidad del juez de instancia,

dejando para el juzgador de hechos evaluar el peso que

ameritaba el demeanor de los testigos. Íd. pág. 500.

22 Véase Regla 43.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 43.2 (2001); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 D.P.R. 420, 433 (1999) (―un foro apelativo no puede descartar y sustituir por sus propias apreciaciones, basadas en un examen del expediente del caso, las determinaciones tajantes y ponderadas del foro de instancia….‖ (Citando a López Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., 142 D.P.R. 857 (1997)). AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 29

El Tribunal Supremo Federal volvió a atender este

asunto en Harte-Hanks Communications v. Connaughton,

supra, confrontando directamente la pregunta de cómo debe

evaluarse independientemente un récord que contiene

testimonios orales conflictivos, además de una

determinación de credibilidad - situación similar al caso

de autos. Citando Bose Corp. v. Consumers Union of U.S.,

Inc., supra, y New York Times Co. v. Sullivan, supra, el

Tribunal reiteró:

In determining whether the constitutional standard has been satisfied, the reviewing court must consider the factual record in full. Although credibility determinations are reviewed under the clearly-erroneous standard because the trier of fact has had the opportunity to observe the demeanor of the witnesses… the reviewing court must examine for itself the statements in issue and the circumstances under which they were made to see whether they are of a character which the principles of the First Amendment protect….

Harte-Hanks Communications v. Connaughton, supra, pág. 688

(énfasis nuestro; citas, comillas, corchetes, elipsis y

nota al calce omitidas). Como parte de su análisis,

señaló que el mero hecho de que el jurado encontrara que

una versión de los hechos merecía credibilidad, mientras

que la otra versión – la que se publicó por el periódico

demandado – era falsa, no constituía de por sí prueba

clara y convincente de que el periódico actuó con malicia

real. Íd. pág. 681. Sin embargo, después de revisar

mesuradamente la totalidad del récord, y a base de los

hechos que el jurado tuvo que haber aceptado como ciertos

para llegar a su veredicto, junto con la prueba no AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 30

controvertida, el Tribunal Supremo Federal encontró que,

efectivamente, se había probado malicia real. Íd. págs.

689-691.23

El tratadista Rodney A. Smolla describe el

procedimiento establecido por el Tribunal Supremo Federal

de la siguiente manera:

In engaging in its own independent review of the record, the Court held, it would confine itself to only those issues that the jury must have found in order for it to return a verdict. When those findings are considered along with the undisputed evidence, the Court held, the conclusion that actual malice existed was supported by clear and convincing evidence.

R.A. Smolla, Law of Defamation, 2da ed., Minnesota, West,

2011, Vol. 2, pág. 12-77 (énfasis en original).24

En fin, del marco delineado por la jurisprudencia del

más alto Foro Federal se desprende que los tribunales

apelativos vienen obligados a sopesar por sí mismos, a

través de una evaluación independiente de la prueba, si se

estableció malicia real de manera clara y convincente en

casos de difamación de un funcionario público. La única

23 Véase, además, Sujyot S. Patel, Harte-Hanks Communications, Inc. v. Connaughton: The Application of the New York Times Standard, 16 Ohio N.U. L. Rev. 725, 733-735 (1989) (―In addressing the correct standard of review to be applied, the [Supreme] Court held that in libel cases concerning public figures, a dual standard of review should be applied. First, the credibility determinations of the jury should be reviewed using the clearly erroneous standard. Second, the Court should make an independent assessment of the statements in issue to determine whether they are protected by the first amendment.‖ (Nota al calce omitida)).

24 Para una crítica de este estándar de revisión establecido por el Tribunal Supremo Federal, véase Elder, op. cit., págs. 4-5 (―The well-ensconced concept of independent appellate review remains somewhat unclear as to the scope of appellate review. The Supreme Court dealt with the issue in Harte-Hanks Communications, Inc. v. Connaughton in an extremely ambiguous if not ambivalent way, leaving the issue open for likely scrutiny in the future.‖ (Énfasis en original)); Paul D. Driscoll, The Scope of Independent Appellate Court Review in Public Person Libel Cases, 14 Loy. L.A. Ent. L.J. 257, págs. 274-275 (1993-1994) (―What is unclear is what level of discretion appellate courts have in weighing the evidence once the jury has made factual findings based on credibility.‖); R.A. Smolla, Law of Defamation, 2da ed., Minnesota, West, 2011, Vol. 2, pág. 12-76.29 (The Supreme Court‘s opinion in Harte-Hanks has ―thrown the current status of the Bose doctrine into an even greater state of confusion‖ and done ―little to clarify the scope of the Bose standard‖.); S. S. Patel, supra. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 31

deferencia reservada para el juzgador de los hechos en

dicha tarea está atada a las determinaciones de

credibilidad de los testigos, como fuera determinado en

Bose Corp. v. Consumers Union of U.S., Inc., supra, y

Harte-Hanks Communications v. Connaughton, supra. Paul D.

Driscoll, The Scope of Independent Appellate Court Review

in Public Person Libel Cases, 14 Loy. L.A. Ent. L.J. 257,

274 (1993-1994) (―[T]he Harte-Hanks decision makes clear

that lower court findings of fact anchored in credibility

determinations must be accepted unless clearly

erroneous….‖ (Énfasis en original)). Sin embargo, esas

determinaciones de credibilidad no obligan al resultado

final del tribunal revisor, sino que se consideran en

unión con el resto de la prueba.

Si bien es cierto que en nuestras opiniones hemos

aludido indirectamente al estándar de revisión plasmado

por el Tribunal Supremo Federal,25 en ninguna hasta ahora

hemos definido o delineado de manera directa el mandato

constitucional de evaluación independiente de toda la

prueba.26 Hoy llenamos ese vacío.

25 Véase, por ejemplo, Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 D.P.R. 37, 41 n. 2 (1988) (donde establecimos que mientras el análisis de la prueba testifical y documental en un caso de libelo sigue la norma de deferencia hacia los foros de instancia en cuanto a las determinaciones de hechos, lo mismo no es cierto para determinaciones mixtas de hechos y de derecho, tales como si las publicaciones fueron negligentes, falsas o maliciosas).

26 La única excepción a tomar en consideración es la opinión disidente del Juez Asociado señor Rivera Pérez en Krans Bell v. Santarrosa, 172 D.P.R. 731, 750 (2007), donde éste reconoció que ―bajo el palio de nuestra Constitución y de la Constitución federal, estamos obligados a realizar un examen independiente de toda la evidencia para determinar si el dictamen apelado constituye o no una intervención indebida en el ámbito de la libertad de expresión‖. (Énfasis en original y nota al calce omitida). Notablemente, sin embargo, el Juez Rivera Pérez no citó caso alguno resuelto por este Foro para sustentar este estándar de revisión, esto por la obvia razón de que no se había adoptado de manera expresa en nuestra jurisprudencia. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 32

En el caso de autos, la señora Marrero y la prensa

alegan que el Tribunal de Apelaciones ignoró su deber de

realizar una evaluación independiente de la totalidad del

récord para comprobar que se probó malicia real con prueba

clara y convincente. Además, argumentan que dicho foro

erróneamente optó por brindarle deferencia a las

determinaciones de hechos del Tribunal de Primera

Instancia, contraviniendo de esta manera un mandato

constitucional. La prensa específicamente aduce que el

Tribunal de Apelaciones no cumplió con su deber, toda vez

que ignoró la prueba eximente de malicia real que le

trajeron a su atención.27 Por otro lado, la señora Marrero

basó su argumento en que el Tribunal de Apelaciones

describió su función revisora conforme la regla general de

concederle al Tribunal de Primera Instancia gran

deferencia en cuanto a las determinaciones de hechos.

Debido a que los apelantes no probaron que medió

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, el Tribunal de

Apelaciones explicó que no le ―correspon[día] sustituir

las determinaciones de hechos que formuló el [Tribunal de

Primera Instancia] por unas que, cuando más, reflejarían

una posibilidad alterna en cuanto a la interpretación de

la prueba del caso‖, y concluyó que, por lo tanto,

evaluaría los señalamientos de error ―a base del cuadro

fáctico plasmado en la sentencia del foro apelado‖. Sin

27 La prensa también argumentó que el Tribunal de Apelaciones erróneamente limitó su ámbito de revisión al sostener que el Tribunal de Primera Instancia estaba en una mejor posición que el foro apelativo intermedio para evaluar la prueba testimonial. Atenderemos este señalamiento más adelante. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 33

embargo, contrario a lo que alega la señora Marrero, en su

contexto este pasaje revela que el Tribunal de Apelaciones

se estaba refiriendo únicamente a su revisión de la

determinación del Tribunal de Primera Instancia a los

efectos de que la señora Marrero mintió, hecho que tenía

como base testimonios encontrados. En el párrafo justo

antes del pasaje objetado por la señora Marrero, el

Tribunal de Apelaciones resumió que ―ante el [Tribunal de

Primera Instancia] – y, en específico, ante el Juez Roque

Colón – [se] desfiló aquella prueba testifical necesaria

para que el foro sentenciador dictaminara sobre cuál de

las versiones conflictivas de las partes le merecía

credibilidad‖. El Tribunal de Apelaciones no erró al

conceder tal deferencia. Por cierto, más adelante el foro

apelativo intermedio afirmó su ―obligación de

cerciorar[se] de que la malicia real del demandado surja

claramente de los autos‖, indicando el estándar de

revisión adecuado.

Sin embargo, irrespectivamente del resultado de la

evaluación independiente del Tribunal de Apelaciones, en

calidad de foro revisor tenemos nuestro propio deber de

determinar si a base del voluminoso expediente de autos

sobresale prueba clara y convincente de malicia real. Con

el beneficio de la guía expuesta en Harte-Hanks

Communications v. Connaughton, supra, brindaremos la

debida deferencia a las determinaciones de credibilidad

del Tribunal de Primera Instancia por éstas no ser AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 34

claramente erróneas. Conjuntamente con los hechos no

controvertidos, examinaremos si las circunstancias que

rodearon las alegadas expresiones difamatorias realmente

carecen de la protección constitucional que normalmente

poseerían.

Aclaradas las controversias procesales presentadas en

los recursos, atenderemos la aplicabilidad del privilegio

estatutario del cual gozan las comunicaciones hechas en el

curso de un procedimiento autorizado en ley antes de

evaluar los méritos de la acción por difamación en lo

referente a las tres (3) partes demandadas.

IV

PRIVILEGIO DE COMUNICACIONES VERTIDAS COMO PARTE DE UN PROCEDIMIENTO AUTORIZADO POR LEY

En Giménez Álvarez v. Silén Maldonado, supra, págs.

98-100, notamos que la doctrina que rige en materia de

difamación, en el interés de llegar a un balance justo

entre los derechos constitucionales que se encuentran en

juego, establece ciertas exigencias que tienden a crear

mayores protecciones hacia la libertad de expresión en

contraposición al derecho a la intimidad. Íd. pág. 98.

Destacamos, dentro de dicha tendencia, el privilegio

limitado reconocido por algunos tribunales a favor de

quien hace la expresión en el contexto de un procedimiento

judicial.

Una de las situaciones en las que generalmente se reconoce inmunidad es durante los procedimientos judiciales. La inmunidad no se limita a las AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 35

expresiones que pueda efectuar un juez, sino que incluye las expresiones de los testigos y de los abogados. Debido al interés público en la administración de la justicia y en permitir un amplio y libre acceso a los tribunales, la inmunidad se extiende también a lo expresado con relación a la controversia, ya sea a través de las alegaciones, en declaraciones juradas o en corte abierta….

Íd. págs. 98-99 (citas omitidas).

En Puerto Rico, este privilegio está recogido

estatutariamente en la Sección 4 de la Ley de Libelo y

Calumnia, 32 L.P.R.A. sec. 3144 (2004) (Ley de Libelo y

Calumnia), la cual establece que ―[n]o se tendrá por

maliciosa, ni como tal se considerará la publicación que

se hace en un procedimiento legislativo, judicial, u otro

procedimiento cualquiera autorizado por la ley‖.28 De este

pasaje surge la protección que brindamos a toda expresión

vertida en el curso de un procedimiento de carácter legal,

aunque sea falsa o difamatoria. Notablemente, el estatuto

no distingue entre diferentes categorías de oradores, sino

que ofrece una protección global para todo lo allí

expresado.

Este privilegio aplica a toda comunicación necesaria,

habitual o útil en la preparación o desarrollo de un caso

pendiente. D.A. Elder, Defamation: A Lawyer‘s Guide,

Deerfield, Illinois, Clark Boardman Callaghan, 1993, pág.

2-73. Por cierto, una demanda y las manifestaciones allí

incluidas constituyen una publicación en el contexto de un

procedimiento judicial, por lo que no se tendrán por

28 Para propósitos de esta Opinión, adoptamos la frase ―procedimiento legal‖ en lugar de privilegio judicial para referirnos al conjunto de procedimientos señalados bajo la Sección 4 de la Ley de Libelo y Calumnia, 32 L.P.R.A. sec. 3144 (2004). AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 36

maliciosas, siempre y cuando guarden algún tipo de

relación con el asunto en controversia. Giménez Álvarez

v. Silén Maldonado, supra, págs. 99-100. Sin este

privilegio, los abogados estarían expuestos a causas de

acción por difamación por cualquier expresión hecha en el

curso de la representación de sus clientes que resultara

ser falsa.29 Ello tendría el efecto probable de obligar

una litigación amplia y vigorosa por temor a luego ser

perseguido con un pleito de libelo. Igualmente,

representaría un conflicto con su deber ético de hacer

todo lo posible para lograr que se imparta justicia.

Smolla, Law of Defamation, op. cit., págs. 8-9. A la

larga, la cautela ejercida en el proceso de escoger cuáles

casos aceptar también afectaría el libre acceso del

público a los tribunales.

Esta norma está recogida por la regla mayoritaria en

el Derecho Común estadounidense, resumida de la siguiente

manera:

Under the undoubted consensus view of the authorities an attorney is absolutely privileged30 as to defamatory statements during civil, criminal and administrative quasi-judicial proceedings in the conduct of the litigation and for any defamation contained in pleadings or petitions, motions, briefs, communiques and other documents filed therein which have some relation to the proceedings…. This protection for attorney advocates reflects the public policy that it is essential that attorneys be free to

29 El Tribunal de Apelaciones tenía esto presente al advertir que sin el privilegio, un abogado que descarga su responsabilidad de representar la posición de su cliente, que no necesariamente refleja la suya, estaría a la ―merced de ser penalizado[] por ejercer su deber de defender celosamente la posición de un representado que no resultó favorecido en algún proceso‖.

30 Cabe señalar que en Puerto Rico este privilegio es uno condicional y no absoluto. Caraballo v. P.R. Ilustrado, Inc., 70 D.P.R. 283 (1949). Véase también Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734, 739 (1975) (un ―privilegio restringido‖). AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 37

act on their own best judgment in prosecuting or defending without fear of later having to defend a civil action for defamation….

Elder, op. cit., págs. 2-70 a 2-72 (comillas, elipsis y

notas al calce omitidas; nota al calce nuestra); Smolla,

Law of Defamation, op. cit., págs. 8.1-8.2.

En el caso de autos, el licenciado Santiago Rivera

cursó cinco (5) cartas31 al entonces Secretario de Justicia

durante el curso de la investigación instada por el

Departamento de Justicia sobre el alegado hostigamiento

sexual del que fue víctima la señora Marrero. Estas

cartas falsamente imputaron conducta ilícita por parte de

varios empleados de dicha entidad, alegando que estos se

organizaron con el propósito de encubrir información para

que la licenciada Meléndez saliera favorecida en la

investigación instada en su contra.32 Posteriormente, el

licenciado Santiago Rivera le relató el contenido de las

cartas al señor Purcell para que se publicaran en varios

reportajes de El Vocero. De esta manera, el licenciado

Santiago Rivera se convirtió en una fuente de la prensa,

supliendo material para generar la publicación de más

artículos relacionados al alegado encubrimiento de la

querella por hostigamiento sexual presentada por su

clienta.

Contrario al Tribunal de Primera Instancia, el

Tribunal de Apelaciones resolvió que bajo la Sección 4 de

31 Éstas se enviaron los días 15 de noviembre, 5 de diciembre (dos (2) cartas ese día) y 30 de diciembre de 1991, y el 16 de marzo de 1992.

32 Varios testimonios luego desmintieron esas aseveraciones. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 38

la Ley de Libelo y Calumnia ―[t]oda vez que las cartas en

cuestión fueron remitidas como parte del proceso que

llevaba a cabo el Secretario de Justicia en el descargo de

su deber legal de investigar la querella de la señora

Marrero, el [licenciado] Santiago Rivera no puede ser

demandado por las expresiones vertidas en ellas‖.

Diferimos de dicha determinación en vista de la totalidad

de los hechos.

Indudablemente, la investigación interna ejecutada

por el Departamento de Justicia sobre los alegados actos

de hostigamiento sexual representa un ―procedimiento

autorizado por la ley‖. Véase 29 L.P.R.A. sec. 155

(2009); Smolla, Law of Defamation, op. cit., sec. 8:15;

Elder, op. cit., págs. 2-33 – 2-36. También es evidente

que las cartas se enviaron al Secretario de Justicia con

la intención de que formaran parte del expediente del

procedimiento en curso, y que la información comunicada a

través de las mismas guardaba una relación directa con el

asunto en controversia. Por lo tanto, dado que se

reunieron todos los elementos que fundamentan el

mencionado privilegio judicial, las expresiones del

licenciado Santiago Rivera contenidas en las cartas

dirigidas al Secretario de Justicia, efectivamente,

gozaban de la inmunidad estatutaria contra un pleito de

difamación.33

33 Cabe señalar que la licenciada Meléndez, igualmente, destacó en su alegato que no demandó al licenciado Santiago Rivera por haber cursado las cartas difamatorias al Secretario de Justicia, sino por haberlas enviado a la prensa. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 39

Sin embargo, el licenciado Santiago Rivera no se

limitó a expresar sus aseveraciones dentro de la esfera de

la investigación interna del Departamento de Justicia,

sino que deliberadamente tomó acciones para que el

contenido de las cartas fuera difundido al público a

través del periódico. De aquí surge la interrogante ante

nos: bajo estas circunstancias, ¿las expresiones siguen

gozando de la inmunidad que adquirieron por formar parte

de un procedimiento autorizado por ley? La determinación

del Tribunal de Apelaciones y los argumentos expuestos por

el licenciado Santiago Rivera contestan en la afirmativa,

mientras que la licenciada Meléndez argumenta en la

negativa.

Aunque esto representa una controversia novedosa ante

este Foro, no lo es en otras jurisdicciones. Según el

tratadista David Elder, existe una distinción importante

entre el hecho de que un abogado se comunique directamente

con la prensa en relación a un procedimiento pendiente, y

el que la prensa, por su propia cuenta, decida publicar

información ya presentada en el curso de un procedimiento

legal.

The cases have almost universally found that oral and written publications to the media preliminary to, during the course of, or following a judicial proceeding or a filing therein are not within the sphere of activities which judicial immunity was designed to protect but are made to a mere concerned observer having no sufficient connection to the proceedings and whose receipt thereof does not enhance the judicial function. As to attorneys, these extrajudicial reiterations do not constitute actions of an attorney while performing his functions as such and are inconsistent with AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 40

ethical duties imposed on him or her as a member of the bar….

[However, t]he … privilege is not forfeited by the mere fact that the filer of a document has a mere intent, hope or expectation that the media will republish it, or because the press does in fact report such a filing. Some affirmation by defendant other than the initial, absolutely privileged publication is required. Of course, another privilege may apply to subsequent dissemination of judicial or quasi-judicial determinations….

Elder, op. cit., págs. 2-87 – 2-91 (comillas y citas

omitidas); Smolla, Law of Defamation, op. cit., sec. 8:17.

Véase Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734, 739

(1975) (citando a Quiñones v. J.T. Silva Banking &

Commercial Co., 16 D.P.R. 696 (1910)) (―Se pierde la

inmunidad si… el actor le imparte publicidad excesiva al

asunto; o si el actor se mueve por motivos impropios….

[Pero e]l hecho de que otras personas escuchen o lean

incidentalmente una comunicación hecha de modo razonable

no anula el privilegio….‖ (Citas internas omitidas)).

Resolvemos hoy que, aunque a una expresión se le haya

extendido inmunidad por haberse ofrecido como parte de un

procedimiento legal, ello no garantiza que la misma

expresión sea privilegiada en subsiguientes publicaciones

hechas fuera del foro que está atendiendo el asunto

pendiente. Wagner v. Miskin, 660 N.W.2d 593 (N.D. 2003);

World Wrestling Federation Intertainment v. Bozell, 142

F.Supp.2d 514, 534 (S.D.N.Y. 2001). Opinamos, además, que

comunicaciones hechas a la prensa por un abogado, una

parte, un testigo u otro participante en un proceso legal

nunca forman parte de un procedimiento legal. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 41

Conversaciones con la prensa no comprenden una publicación

que se hace en un procedimiento legislativo, judicial u

otro procedimiento cualquiera autorizado por la ley, tal

como lo expresamente requerido por la Sección 4 de la Ley

de Libelo y Calumnia. Por el contrario, son comentarios

realizados en un espacio que abarca más allá de lo que

rodea un procedimiento legal y que no merecen tratamiento

preferente ante una acción de difamación.

Encontramos que esta delimitación no sólo concuerda

con la interpretación literal de la Sección 4 de la Ley de

Libelo y Calumnia, sino que también preserva los fines del

privilegio sin ampliarlo a un extremo que facilita la

perpetuación de declaraciones difamatorias.

Específicamente, queremos evitar una situación como la que

tenemos presente, donde una publicación falsa, pero

privilegiada, hecha en el transcurso de un procedimiento

legal sea repetida ilimitadamente, maculando el prestigio

y reputación de una persona que se encuentra sin remedio

para los daños sufridos.

Cabe señalar que nuestra determinación de ninguna

manera restringe el derecho de libertad de palabra de

cualquier abogado, parte o testigo cuando estén fuera del

contexto de un procedimiento legal en curso. Éstos siguen

poseyendo el derecho de expresarse como y a quien quieran.

La regla que hoy adoptamos simplemente establece que si

proceden a discutir el tema objeto del procedimiento legal

a terceros que se encuentran fuera del mismo, no podrán AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 42

subsiguientemente invocar este privilegio en ese ámbito.

Véase Smolla, Law of Defamation, op. cit., pág. 8-15.

Así pues, al comunicarse con un reportero de El

Vocero, a diferencia de las cartas que envió al Secretario

de Justicia, el licenciado Santiago Rivera no estaba

preparando, desarrollando, ni avanzando los intereses de

su clienta, la señora Marrero, dentro de los parámetros de

un procedimiento legal. Por consiguiente, erró el

Tribunal de Apelaciones al encontrar que las expresiones

que el licenciado Santiago Rivera prestó al señor Purcell

estaban protegidas bajo el privilegio de una comunicación

hecha en un procedimiento autorizado en ley.

De igual manera, la señora Marrero tampoco está

cobijada bajo este privilegio legal. Aun asumiendo,

arguendo, que la señora Marrero se querelló verbalmente

con el fiscal Goyco en su primera reunión con éste el 19

de junio de 1991, de su alegato y testimonio surge una

larga lista de personas a quienes la señora Marrero les

comentó su difícil relación con la licenciada Meléndez,

con ejemplos específicos de cómo su jefa se dirigía hacia

ella, antes de esa fecha. Esto es, previo a que se

hubiese iniciado un procedimiento autorizado en ley. Por

lo tanto, forzosa es la conclusión de que a esas

expresiones difamatorias ciertamente no se les puede

extender el privilegio legal.

Aun si designamos el 15 de octubre de 1991, fecha en

que el fiscal Goyco recibió por primera vez una queja AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 43

escrita por la señora Marrero, como el inicio del

procedimiento legal en torno a la investigación de

hostigamiento sexual, ésta tampoco gozaría del privilegio.

Poco después de cursar la carta, la señora Marrero

consintió a una entrevista con el señor Purcell, quien le

informó que interesaba reportar sobre el asunto en el

periódico. En esa reunión, la señora Marrero le relató al

periodista detalles de varios incidentes no incluidos en

su carta al fiscal Goyco. Sus extensas y voluntarias

comunicaciones con el señor Purcell sirvieron de fuente

principal para la serie de artículos de El Vocero. No se

hicieron como parte del procedimiento legal que apenas

comenzaba. Por tanto, las expresiones de la señora

Marrero tampoco encuentran inmunidad bajo el privilegio

legal y están sujetas al escrutinio que conlleva una

demanda por difamación.

V

FALTA DE REFERENCIA ESPECÍFICA A LA DEMANDANTE

Enfocándonos una vez más en las expresiones del

licenciado Santiago Rivera dirigidas al Secretario de

Justicia, que luego fueron publicadas por El Vocero, la

próxima controversia plantea si éstas cumplieron con el

requisito de referencia específica a la persona de la

licenciada Meléndez. Como mencionáramos anteriormente, es

un prerrequisito de dimensión constitucional y piedra

angular de todo pleito de difamación que las

manifestaciones alegadamente difamatorias identifiquen AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 44

específicamente al reclamante. Colón, Ramírez v.

Televicentro de P.R., supra, págs. 720-721; Soc. de

Gananciales v. El Vocero de P.R., supra, pág. 128; New

York Times Co. v. Sullivan, supra, pág. 288. ―En el

umbral de cada acción por difamación, la parte demandante

tiene que demostrar que en algún sentido definitivo y

directo es la persona contra quien la expresión

difamatoria se dirige, esto es, tiene que probar que es

quien sufre el daño a su reputación.‖ Colón, Ramírez v.

Televicentro de P.R., supra, pág. 722 n. 28 (citando

Smolla, Law of Defamation, op. cit.). Este criterio

limita el derecho a demandar a aquellos que realmente son

objeto directo de críticas e impide reclamaciones por

difamación vicaria. Soc. de Gananciales v. El Vocero de

P.R., supra, págs. 128-129.

Cabe señalar que este requisito no exige que el

demandante sea mencionado por nombre y apellido, ni

tampoco que cada lector reconozca que el demandante es el

objeto de difamación. Colón, Ramírez v. Televicentro de

P.R., supra, pág. 722 n. 28; Elder, op. cit., págs. 1-136.

En su lugar, se mide el cumplimiento del elemento de

identificación personal de acuerdo a lo que los receptores

de la noticia razonablemente entendieron,

irrespectivamente de si la asociación que la audiencia

hace con el demandante fue intencional o no. Colón,

Ramírez v. Televicentro de P.R., supra, pág. 722 n. 28

(citando Smolla, Law of Defamation, op. cit.). AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 45

A través de su carta fechada el 15 de noviembre de

1991 dirigida al Secretario de Justicia, el licenciado

Santiago Rivera comunicó que su clienta había recibido

información sobre la celebración de dos (2) reuniones

distintas en las que estuvieron presentes varios fiscales,

pero sin mencionar la participación de la licenciada

Meléndez en ellas.34 Indicó que el propósito de las mismas

fue discutir los hechos concernientes a la querella de

hostigamiento sexual sometida por la señora Marrero y las

versiones que debían sostener al respecto. Sugirió que

estas reuniones tenían ―el propósito de encubrir,

distorsionar, sugerir o acomodar testimonios que [iban] a

ser eventualmente vertidos, bajo juramento,‖ que

presentaban una interferencia indebida con la

investigación, y ―que su propósito [era] evitar que aflore

la verdad de lo ocurrido‖. También indicó que los

fiscales Goyco, José Santiago Martínez (fiscal Santiago

Martínez) y Emilio Duprey Tacaronte (fiscal Duprey),

además de la Sra. Luz E. Machuca y otros funcionarios de

la Fiscalía de San Juan, tenían ―conocimiento directo de

los hechos que motivan la investigación en proceso‖.

Luego, en su carta de 16 de marzo de 1992, indicó que su

clienta sentía que el Departamento de Justicia ―se propone

34 Los participantes nombrados en la carta fueron la Sra. Luz E. Machuca (señora Machuca), el fiscal José A. Santiago Martínez (fiscal Santiago Martínez), el fiscal Paquito Rivera, y ―otros fiscales‖. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 46

encubrir y exonerar la actuación ilegal‖ del fiscal Goyco

y la licenciada Meléndez, entre otros.35

El Tribunal de Apelaciones concluyó que estas

declaraciones no sustentaban la responsabilidad civil del

licenciado Santiago Rivera. Explicó su razonamiento de la

siguiente manera:

… Según lo ha sostenido la demandante desde los comienzos del pleito, la responsabilidad civil del letrado por los daños que sufrió la Lcda. Meléndez surge de las expresiones vertidas en varias cartas que éste remitió al Secretario de Justicia. En esas misivas, alegó que funcionarios de dicha agencia pretendían encubrir el hostigamiento sexual del que alegadamente fue víctima su cliente y procurar así que la Lcda. Meléndez saliera airosa de la investigación interna. Además, señaló que el proceso estaba viciado de tal manera que perjudicaba los intereses de su cliente.

Pero aun si la información vertida en esas cartas fuera falsa y difamatoria, y el Lcdo. Santiago conociese de su falsedad, ello sería insuficiente en derecho para responsabilizarle por los daños sufridos por la apelada. Al referirse a las gestiones que alegadamente hicieron funcionarios del Departamento de Justicia para procurar que la Lcda. Meléndez fuera exonerada por la agencia, el Lcdo. Santiago le[s] imputó conducta ilícita a personas que no son parte en este pleito.

… Conforme a la doctrina de referencia específica, aun si asumiéramos, arguendo, que las alegaciones del Lcdo. Santiago Rivera de que compañeros de la Lcda. Meléndez hicieron gestiones ilícitas para procurar que ésta saliera favorecida del proceso investigativo de la agencia fueron falsas, difamatorias, y hechas con malicia real, la apelada no tendría una causa de acción por dichas imputaciones. Toda vez que los funcionarios a los que se refieren las mismas no forman parte de este pleito, no procede compeler al Lcdo. Santiago a reparar daño alguno.

Sentencia del Tribunal de Apelaciones, págs. 52-53.

35 No discutiremos el contenido de las otras tres (3) cartas intercambiadas, por éstas no incluir alegaciones referentes a la licenciada Meléndez ni al tema del supuesto ―amapucho‖. En la segunda y tercera carta, ambas del 5 de diciembre de 1991, ni siquiera se encuentra el nombre de la licenciada Meléndez. El propósito del segundo mensaje era pedir que la Lcda. Zenaida Acosta fuera relevada de su función de investigar la querella porque representaba un conflicto de intereses, mientras que la tercera sólo pedía que se le proveyera a la señora Marrero una copia de su declaración jurada. La cuarta carta de 30 de diciembre de 1991 se refería al comportamiento de la fiscal Felícita Jomp Vázquez. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 47

La licenciada Meléndez disputa esta determinación,

razonando que ―no es posible imputar un encubrimiento sin

que exista referencia a los hechos y al sujeto protegido‖.

Arguye que el licenciado Santiago Rivera sí se refería a

ella directamente dado que ―imputarle a una persona que

otras personas se confabulan para ‗amapuchar‘ [su

investigación]… es idéntico a decir que la persona

imputada cometió los hechos por los que se le investiga‖.

La licenciada Meléndez entiende, además, que su caso

es análogo al de González Martínez v. López, 118 D.P.R.

190 (1987), donde el demandado declaró, entre otras cosas,

que ―[e]l señor Alcalde de Aguada [le] tendría que dar los

planos de la casa de su mamá en la Calle San Narciso

porque eso es obra de su gobierno‖. Íd. pág. 193.

Confirmamos en ese caso que la madre del Alcalde de

Aguada, la demandante, poseía capacidad jurídica para

instar su acción contra el declarante, pues se le había

imputado directa y falsamente que adquirió su casa con

fondos públicos. Íd. pág. 197. Aunque la aparente

intención de la recriminación fue hacerle daño al Alcalde

de Aguada, también se perjudicó personal y específicamente

la reputación, integridad y honradez de la madre de éste.

A pesar de sus intentos, la licenciada Meléndez no

nos convence de que los hechos de su recurso son

semejantes a los de González Martínez v. López, supra. En

ese caso, el mensaje que claramente se transmite es que la

señora González Martínez vive en una residencia construida AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 48

ilícitamente, la cual fue construida gracias a su hijo, el

Alcalde de Aguada. Indudablemente, esa expresión se

refería directamente a la persona de la demandante. En

comparación, una lectura de la carta del licenciado

Santiago Rivera desglosa los supuestos esfuerzos

realizados por un grupo de funcionarios del Departamento

de Justicia para intervenir en la investigación de la

querella presentada por la señora Marrero. El enfoque de

esa comunicación fue el hecho de que varios empleados

estaban deliberadamente afectando la pureza de la

investigación interna en curso. La licenciada Meléndez no

fue incluida en la lista de nombres como partícipe en el

esquema. Tampoco se hicieron aseveraciones afirmativas

sobre la culpabilidad de ésta de haber hostigado a la

señora Marrero. Por ende, ni la licenciada Meléndez, ni

las imputaciones de la señora Marrero – que constituyen la

médula de la presente Demanda – figuraron como objeto

directo de las reclamaciones incluidas en las cartas del

licenciado Santiago Rivera. El nombre de la licenciada

Meléndez se mencionó por el solo hecho de que la

comunicación era pertinente a la investigación que se

cursaba sobre su alegado comportamiento hacia la señora

Marrero. Únicamente una inferencia tenue e incierta

llevaría a un lector a suponer que lo que el licenciado

Santiago Rivera realmente estaba insinuando era que el

hecho de que sus compañeros fiscales estuviesen AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 49

conspirando entre ellos significaba que la licenciada

Meléndez ciertamente hostigó a su secretaria.

La presencia de un nombre en una expresión, sin más,

no es suficiente para sustentar que la misma constituye

una referencia a dicha persona que genere reparación de

daño. Estas circunstancias no satisfacen adecuadamente la

doctrina de referencia específica. No encontramos

prudente flexibilizar este requisito de rango

constitucional, el cual busca velar por que cada acción

por difamación sea una realmente personal y no

fundamentada en manifestaciones no específicas, que los

reclamantes subjetivamente entienden que los perjudican.

Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R., supra, págs. 721-

723.

Por lo tanto, encontramos que el Tribunal de

Apelaciones llegó a la conclusión correcta en cuanto a la

falta de responsabilidad del licenciado Santiago Rivera

por sus comunicaciones a El Vocero, dado que las mismas no

se referían específicamente a la licenciada Meléndez.36

36 Ahora bien, no cabe duda de que en Puerto Rico la doctrina de ―of and concerning the plaintiff” no impide el ejercicio de una causa de acción instada por terceros por los daños sufridos por éstos a causa de la difamación de otro, siempre que la publicación identifique personalmente a quien por cuya difamación éstos reclaman. Soc. de Gananciales v. El Vocero de P.R., 135 D.P.R. 122 (1994). Ésta es una causa de acción contingente a la causa de acción principal que tiene el difamado. Íd. pág. 135. Sin embargo, en el presente caso la licenciada Meléndez no planteó este fundamento alternativo, ni presentó prueba de daños sufridos a raíz de los comentarios que implicaban la alegada conducta ilícita de sus compañeros en el Departamento de Justicia. Por lo tanto, no nos ha colocado en una posición apropiada para aplicar la norma de Soc. de Gananciales v. El Vocero de P.R., supra, a este caso. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 50

VI

MALICIA REAL

Atenderemos ahora las expresiones alegadamente

difamatorias de la señora Marrero y de la prensa.

Indudablemente, desde lo resuelto en New York Times Co. v.

Sullivan, supra, se han fortalecido las garantías

constitucionales de libertad de expresión y de prensa, ya

que ―no es difamatoria la publicación, en el ejercicio de

dicha[s] libertad[es], de un informe falso o de

comentarios injustificados concernientes a la conducta

oficial de un funcionario público, a menos que la

información fuere publicada a sabiendas de que era falsa o

con grave menosprecio de si era falsa o no‖. García Cruz

v. El Mundo, Inc., supra, pág. 178 (citando Torres Silva

v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 (1977)). Bajo ese marco

legal, tenemos el deber de verificar si, de nuestro examen

independiente del récord, surge evidencia clara y

convincente de que la licenciada Meléndez probó la

existencia de malicia real de parte de la señora Marrero y

la prensa.

A. LAS PUBLICACIONES DE LA SEÑORA MARRERO

VERSIÓN DE LOS HECHOS DE LA SEÑORA MARRERO

La señora Marrero testificó que desde su primera

visita al C.M.I.D., la licenciada Meléndez comenzó a

hacerle observaciones que la hacían sentir incómoda, tales

como lo lindo que tenía su pelo y los troncos de piernas AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 51

que tenía, que le gustaba verla maquillada y arreglada, y

que no se debía poner su chaqueta porque se veía

―chulísima‖ sin ella puesta. En una ocasión le preguntó

qué hacía para enchular a los hombres. Expresó también

que en varias ocasiones la licenciada Meléndez le tocaba

el pelo y a veces le acariciaba el cuello. Testificó que

este tipo de comportamiento duró desde septiembre de 1990

hasta después de abril de 1991.

Relató, además, que el 21 de diciembre de 1990, día

de la fiesta de Navidad del Departamento de Justicia, ella

y su compañera de trabajo, la Sra. Mayda Alicea (señora

Alicea), le regalaron a su jefa un juego de ropa interior

– un ―set‖ de ―panties y brasier‖ – y maquillaje. La

señora Marrero testificó que la licenciada Meléndez les

dijo que tendría que guardarlo para una ocasión especial,

mirándola fijamente al decirlo. También alegó que ese

mismo día, mientras sacaba fotocopias al mediodía, la

licenciada Meléndez se le acercó por detrás y le agarró

una nalga, comentando que estaba engordando.

Otro supuesto incidente ocurrió en abril de 1991, en

la Semana de las Secretarias. Las señoras Marrero y

Alicea salieron a almorzar con el fiscal Rafael A. Díaz

Díaz (fiscal Díaz) y no regresaron a la oficina hasta

tarde. La señora Marrero cuenta que la licenciada

Meléndez las regañó por la tardanza, dando puños en el

escritorio, e hizo comentarios aludiendo a que la demora AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 52

se debió a una relación íntima entre ellas y el fiscal

Díaz.

Ante esta situación, la señora Marrero indicó que,

para fines de mayo de 1991, le informó todo lo sucedido al

Lcdo. Roberto Buono Grillasca (licenciado Buono) cuando

éste le preguntó sobre su relación con la licenciada

Meléndez. Éste corroboró que la señora Marrero le

describió los comentarios de la licenciada Meléndez sobre

lo lindo que tenía el pelo, lo guapa que era y que una vez

le agarró la nalga. Fue el licenciado Buono quien le

sugirió a la señora Marrero que lo que ella le relataba

era hostigamiento sexual.

La señora Marrero también testificó que le expresó a

los fiscales Santiago Martínez y Duprey, entre otros,37

sobre la situación hostil que estaba pasando con la

licenciada Meléndez y los actos de hostigamiento sexual.

VERSIÓN DE LOS HECHOS DE LA LICENCIADA MELÉNDEZ Y OTROS

La licenciada Meléndez, por su parte, negó que

hubiese tocado a la señora Marrero, y mucho menos de la

forma en que ella lo describió. Testificó, además, que

jamás se hubiera dirigido verbalmente a la señora Marrero

de esa manera porque no es su estilo de ser ni hablar.

La licenciada Meléndez describió en su testimonio que

la señora Marrero y su compañera de trabajo, la señora

37 A la pregunta de con qué fiscal había hablado de su caso antes del 5 de noviembre de 1991, la señora Marrero contestó: el fiscal José Gilot Robledo, el fiscal Paquito Rivera, el fiscal Santiago Martínez, y el fiscal Goyco. También mencionó haber hablado con las señoras Machuca, Mayda Alicea (señora Alicea) y Elba Mejías Muñiz (señora Mejías). AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 53

Alicea, tenían una mala relación con el resto del personal

de la oficina, al extremo de que el personal de Secretaría

evitaba pasar frente el escritorio de la señora Marrero

para de esa manera no tener ningún contacto con ella.

El Lcdo. Luis Rivera Martínez (licenciado Rivera

Martínez), Subdirector del C.M.I.D., testificó que había

conflictos y diferencias bastante marcadas entre las

empleadas, y que ―se maltrataban a veces hasta

verbalmente‖.

La fiscal Lora también corroboró que el ambiente en

el C.M.I.D. era hostil entre las taquígrafas y la señora

Marrero.

Aunque varios de los anteriores directores del

C.M.I.D. testificaron en cuanto al excelente trabajo de la

señora Marrero,38 la licenciada Meléndez sintió que ésta

demostraba cierta resistencia hacia ella desde su llegada

al C.M.I.D. porque representaba una figura de autoridad a

la que tenía que responder. La licenciada Meléndez supuso

que a la señora Marrero no le agradó que la hubiese

despojado de varias responsabilidades administrativas que

había adquirido bajo el director anterior que le daban

―cierta autoridad sobre el resto de los empleados‖.

Describió que la señora Marrero resentía que se le dieran

instrucciones, contestándole ―que no la ajorara‖, y que

38 Éstos incluyeron al fiscal Roberto González Rivera, el fiscal Osvaldo Rivera Maldonado, y el fiscal Santiago Martínez. El Lcdo. Roberto Buono Grillasca (licenciado Buono) también declaró en cuanto a la excelente capacidad de la señora Marrero como secretaria. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 54

también tenía que tolerar sus ―actitudes arrogantes,

llegadas tarde, palabras duras de parte de ella a veces

hacia mí, a veces hacia otro personal‖.

Un ejemplo de la insubordinación que demostraba la

señora Marrero ocurrió el mismo 21 de diciembre de 1990,

fecha de la fiesta de Navidad del Departamento de

Justicia. Ese día, las señoras Marrero y Alicea llegaron

tarde al trabajo porque se habían ido a arreglar por la

mañana. Después de llamarles la atención por la tardanza,

al mediodía la licenciada Meléndez le pidió a la señora

Marrero que terminara de preparar un memorando que estaba

pendiente. La señora Marrero se molestó y le dijo que el

memorando no tenía ninguna urgencia dado que ya habían

cesado las funciones de la Oficina Central del

Departamento de Justicia por las actividades de la fiesta

navideña. Al comentarle de forma inmadura a la señora

Alicea que ya no podría ir a la fiesta debido al trabajo

asignado, la licenciada Meléndez le dijo que no se

preocupara por lo pedido y que se fuera a la actividad.

En cuanto al regalo de Navidad de ropa interior que

recibió de la señora Marrero, la licenciada Meléndez

testificó que le sorprendió mucho porque en su opinión no

era usual para una mujer hacer este tipo de regalo a otra

mujer. Admitió que probablemente dijo algo sinónimo a lo

expresado por la señora Marrero, de que lo guardaría para

usarlo en una ocasión especial, pero sin el comentario

adicional de ―aunque tenga que esperar‖ como relató el AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 55

periódico y sin mirar a la señora Marrero de la manera que

ésta lo describió.

También negó que agarrara el glúteo de la señora

Marrero. En su lugar, la licenciada Meléndez recuerda que

ese día le comentó a la señora Marrero que su falda estaba

demasiada apretada e inapropiada para el trabajo.

El ―incidente mayor‖ para la licenciada Meléndez

sucedió la Semana de las Secretarias en abril de 1991, día

en que las señoras Marrero y Alicea llegaron tarde de su

almuerzo con el fiscal Díaz. La licenciada Meléndez

testificó que la reacción de la señora Marrero al

reprocharle por la tardanza en regresar a la oficina fue

explosiva, y que fue ésta quien dio puños en el escritorio

y se puso histérica. Declaró que ese suceso, además de

otros incidentes y actitudes arrogantes por parte de la

señora Marrero, le restaron su confianza en ella y la

motivaron a empezar a indagar sobre la posibilidad de

transferirla fuera del C.M.I.D.

La licenciada Meléndez indicó que le habló a su

amigo, el licenciado Buono, sobre las dificultades que

tenía con su secretaria y que éste ofreció conversar con

la señora Marrero para solucionar el problema, lo cual

hizo. El licenciado Buono testificó que nunca le informó

a la licenciada Meléndez los detalles de lo que la señora

Marrero le había relatado, los cuales le sorprendieron

grandemente, y rehusó declarar en el juicio si le creyó a

la señora Marrero o no. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 56

Por otro lado, el fiscal Santiago Martínez negó que

la señora Marrero le mencionara algo relacionado al

alegado hostigamiento sexual, aunque sí recuerda que le

había comentado que tenía problemas con su supervisora.

Otro hecho relevante es que antes de irse de

vacaciones en mayo o junio de 1991,39 la licenciada

Meléndez le impartió instrucciones al Subdirector del

C.M.I.D. para que no recomendara que la plaza de la señora

Marrero fuera reclasificada a Secretaria Legal II porque

no le parecía que ésta mereciera el ascenso. Por otro

lado, durante el juicio también se leyó para el récord una

sección de la deposición de la madre de la señora Alicea,

donde ésta declaró que la señora Marrero le había dicho

que no soportaba a la licenciada Meléndez y le declaró: ―A

nombre de Martha Marrero, la Fiscal no va a seguir siendo

Fiscal y me la va a tener que pagar como Martha Marrero

que me llamo‖.

EL TRASLADO Y SECUELA

Del conjunto de testimonios presentados durante el

juicio constan los siguientes eventos. El 7 de junio de

1991 la señora Marrero visitó la oficina del fiscal Goyco

para solicitar un traslado, preferiblemente a la Fiscalía

de San Juan, porque no se sentía a gusto trabajando con la

licenciada Meléndez.

39 Del testimonio de la licenciada Meléndez se desprende que ésta no recordaba la fecha exacta de cuándo se fue de vacaciones y aproximó que fue entre estos dos (2) meses. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 57

La señora Marrero admitió que en esa ocasión no le

mencionó que fuese víctima de hostigamiento sexual por su

supervisora, sino que le indicó al fiscal Goyco que la

licenciada Meléndez no le daba crédito por su trabajo y le

hacía críticas injustas. Además, se quejó de que la

fiscal no quería ayudarla con la reclasificación de su

posición a Secretaria Legal II, la cual pagaba mejor.

Luego, el 19 de julio de 1991 la señora Marrero

volvió a la oficina del fiscal Goyco y éste le notificó

que la licenciada Meléndez estaba de acuerdo con el

traslado dado los problemas de trabajo que tenían. De

acuerdo al testimonio de la señora Marrero, fue entonces

que le informó al fiscal Goyco del hostigamiento sexual.

Alegó que el 2 de agosto de 1991 el fiscal Goyco le pidió

que le entregara una solicitud de traslado por escrito,

pero sin mencionar en este documento sus verdaderas

razones para ello, es decir, el hostigamiento sexual.

El 5 de agosto de 1991, aunque fechada 2 de agosto,

la señora Marrero le llevó al fiscal Goyco su solicitud

por escrito, la cual no contenía referencia alguna a que

la licenciada Meléndez la hostigaba sexualmente. Para el

12 de agosto de 1991 la señora Marrero comenzó a laborar

en las oficinas de la Fiscalía de San Juan. Aunque tenía

la expectativa de trabajar directamente para el fiscal

Duprey, no había una plaza disponible en esa oficina, por

lo que fue asignada a otra área de trabajo que no era de

su agrado. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 58

El próximo día, 13 de agosto de 1991, el programa de

televisión ―La Condesa del Bochinche‖ difundió que una

secretaria del C.M.I.D. había sido trasladada a las

oficinas de la fiscalía ubicada en el Centro Judicial de

San Juan (Centro Judicial) tras ser víctima de

hostigamiento sexual por parte de una fiscal de alta

jerarquía. Al enterarse de lo propagado, la licenciada

Meléndez se alarmó pensando que la noticia se refería a

ella dado que no había otra mujer de alta jerarquía en el

C.M.I.D., por lo que se comunicó con el fiscal Goyco. Sin

embargo, éste le informó que la señora Marrero nunca le

había hablado de hostigamiento sexual como razón para

solicitar el traslado.

Al conocer lo anunciado por televisión y oír los

rumores en los pasillos del Centro Judicial, el señor

Purcell, periodista de El Vocero, llamó al fiscal Goyco

para confirmar si era cierta la información difundida. El

fiscal Goyco le explicó que sí había trasladado a una

secretaria fuera del C.M.I.D., pero negó que fuera por

razones relacionadas a hostigamiento sexual.

Posteriormente, el 19 de agosto de 1991 la señora

Marrero le pidió al fiscal Goyco que la reinstalara en su

puesto original en el C.M.I.D., lo cual le fue negado.

Luego, la señora Marrero visitó la Unidad Anti-Discrimen

del Departamento del Trabajo, pero no formalizó una

querella oficial ante esa agencia. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 59

El 15 de octubre de 1991 el fiscal Goyco recibió una

carta de la señora Marrero, fechada el 1 de octubre de ese

mismo año, en la cual manifestó que se había querellado

con él en contra de la licenciada Meléndez por

hostigamiento sexual en dos (2) ocasiones anteriores, y

que nada se había hecho al respecto. También expresó que

él le había pedido que solicitara el traslado de su lugar

de trabajo sin aludir a sus razones verdaderas para ello,

en el interés de evitar perjudicar a la licenciada

Meléndez. En su carta, la señora Marrero no hizo

referencia concreta alguna a un acto o evento de

hostigamiento sexual en particular.

En su respuesta del 17 de octubre de 1991, el fiscal

Goyco negó que la señora Marrero le hubiese comunicado

verbalmente sus quejas de hostigamiento sexual y que él le

pidiera que no las incluyera en su solicitud de traslado.

También le informó a la señora Marrero que le solicitaría

al Secretario de Justicia una investigación sobre las

imputaciones de hostigamiento sexual hechas en contra de

la licenciada Meléndez, además de una investigación

separada relacionada a la conducta libelosa de la señora

Marrero al hacer las recriminaciones difamatorias en

contra de él.

El domingo 3 de noviembre de 1991 el señor Purcell

entrevistó a la señora Marrero por varias horas en su

hogar. Ésta le habló con mucha particularidad sobre todos

los incidentes ocurridos entre ella y la licenciada AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 60

Meléndez, sin dejar fuera detalles gráficos del supuesto

hostigamiento sexual.40 Esa amplia entrevista sirvió de

fuente principal para la serie de artículos que comenzaron

a publicarse en El Vocero a los dos (2) días.

El próximo día, 4 de noviembre, la señora Marrero se

reportó al Fondo del Seguro del Estado por su condición

emocional. Testificó, sin embargo, que ya para entonces

estuvo recibiendo tratamiento médico privado y tomando

medicamentos para ayudar a controlar su estado emocional,

el cual le impedía realizar sus labores.

En esa misma fecha, aunque recibida por la señora

Marrero el 14 de noviembre del mismo año, la Unidad Anti-

Discrimen del Departamento del Trabajo le envió a la

señora Marrero una carta con instrucciones de cómo

someterles una querella escrita, la cual casualmente no

fue presentada por ésta sino hasta el 3 de enero de 1992.41

El Subsecretario de Justicia ordenó que se realizara

una investigación interna de la querella para determinar

si las alegaciones de hostigamiento sexual de la señora

Marrero eran meritorias. La señora Marrero ofreció una

declaración jurada para dicha pesquisa, junto con la de

otros veintiún (21) declarantes. Sin embargo, la señora

Marrero no compareció a la vista informal citada para que

la licenciada Meléndez se enfrentara con la prueba, y se

40 El señor Purcell lo describió como una ―kilométrica entrevista de cuatro o cinco horas‖.

41 Esta querella luego fue desistida voluntariamente por la señora Marrero, supuestamente para poder proseguir en el tribunal federal. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 61

negó a firmar su propia declaración jurada aduciendo que

no la firmaría sin que primero se le proveyera una copia.

La investigación de la querella culminó el 4 de junio de

1992, con la determinación final de que las alegaciones de

hostigamiento sexual de la señora Marrero eran falsas.42

En cuanto a la prueba pericial considerada en el

juicio, la defensa de la señora Marrero presentó dos (2)

peritos para probar la veracidad de lo alegado por su

clienta. La siquiatra Dra. Cynthia Casanova Pelosi

(doctora Casanova) concluyó que para la fecha de su

examen, el 24 de marzo de 1992, la señora Marrero sufría

de un trastorno post traumático y depresión mayor a

consecuencia de ser hostigada sexualmente. Sin embargo,

en su contrainterrogatorio admitió que no era usual que

una víctima de hostigamiento sexual discutiera el asunto

sufrido con un periodista y que para la misma época la

señora Marrero podría haber estado afectada emocionalmente

por otras circunstancias, incluyendo el hecho de que a su

esposo se le estaba investigando criminalmente.

La señora Marrero también se sometió a una prueba de

polígrafo el 27 de abril de 1996, dirigida por el

poligrafista Dr. David Raskin (doctor Raskin). Las cuatro

42 A base de dicha determinación, la señora Marrero fue despedida de su puesto en el Departamento de Justicia. Sin embargo, después de presentar un recurso legal que se resolvió a su favor, ésta fue reinstalada en el año 1993 a su posición de Secretaria Legal I adscrita a la Secretaría Auxiliar de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia por el entonces Secretario de Justicia, Lcdo. Pedro Pierluisi.

De otra parte, en febrero de 1992, la señora Marrero instó un procedimiento judicial en el tribunal federal en contra del Departamento de Justicia, la licenciada Meléndez y el fiscal Goyco a causa del alegado hostigamiento sexual y supuesto encubrimiento de la querella por funcionarios de dicho departamento. Sin embargo, el caso inicialmente fue desestimado por el foro federal por razones procesales, mientras que el subsiguiente caso fue desistido voluntariamente por la señora Marrero en cuanto a la licenciada Meléndez. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 62

(4) preguntas de la prueba, contestadas por la señora

Marrero en la afirmativa, fueron las siguientes:

1) ¿Antes de julio de 1991, discutió usted con Santiago Martínez su inquietud de que Iris Meléndez podría haberla hostigado sexualmente?

2) ¿Le sugirió Santiago Martínez a usted que se comunicara con César Matos sobre su inquietud de que Meléndez la había hostigado sexualmente?

3) ¿Discutió usted con Goyco en julio y agosto de 1991 su solicitud de traslado debido a que Meléndez la había hostigado sexualmente?

4) ¿Le dijo Goyco a usted que no mencionara hostigamiento sexual en su solicitud por escrito para traslado?

El doctor Raskin interpretó los resultados como noventa

por ciento (90%) indicativos de que la señora Marrero

contestó verazmente. Informe pericial doctor Raskin,

Recurso - El Vocero, Ap. 1211-1213.

En vista de la prueba mayormente testimonial, el

Tribunal de Primera Instancia tuvo que sopesar cuál

versión de los hechos era más creíble. A la luz de toda

la evidencia – resumida por el Tribunal de Primera

Instancia en más de sesenta y seis (66) páginas – el foro

primario resolvió que la señora Marrero tenía ―un plan

concertado de hacer todo lo posible por mancillar y

desacreditar la reputación de la [f]iscal Meléndez‖, y que

sus imputaciones de hostigamiento sexual no tuvieron una

base que las respaldara. Sentencia del Tribunal de

Primera Instancia, pág. 91. Añadió que ―las motivaciones

alternas y el patrón de conducta desafiante y temerario

por parte de la [señora] Marrero… no sólo le restan AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 63

credibilidad, sino que también nos permite ver la

intención directa de difamar sin importar las

consecuencias‖. Sentencia del Tribunal de Primera

Instancia, pág. 92.

Por entender que los apelantes no mostraron prejuicio

o parcialidad de parte del juzgador, el Tribunal de

Apelaciones le otorgó deferencia al Tribunal de Primera

Instancia en cuanto a su determinación, fundamentada a

base de los testimonios recibidos, de que la señora

Marrero mintió acerca de las imputaciones de hostigamiento

sexual. En cuanto a la prueba pericial, conforme la regla

general esbozada en López v. Dr. Cañizares, 163 D.P.R.

119, 135-136 (2004), el Tribunal de Apelaciones la evaluó

por sí mismo y concluyó que ―adolec[ía] de deficiencias

que le resta[ban] peso en contraposición con el resto de

la prueba del caso‖. Sentencia del Tribunal de

Apelaciones, pág. 40. Por lo tanto, afirmó que la señora

Marrero publicó sus imputaciones de hostigamiento sexual a

sabiendas de su falsedad.

De nuestro análisis del expediente, concordamos con

el resultado del Tribunal de Primera Instancia y el

Tribunal de Apelaciones: la licenciada Meléndez probó

clara y convincentemente que la señora Marrero tuvo

conocimiento de la falsedad de sus imputaciones

difamatorias y las publicó a sabiendas de dicha falsedad.

Si bien es cierto que el trasfondo procesal del

juicio en el caso de autos es uno fuera de lo común, no AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 64

cabe duda que el Juez Roque Colón ciertamente pudo

apreciar la credibilidad de los testigos que proveyeron

sus extensos testimonios ante él. Tampoco hay reparo en

cuanto al hecho de que la señora Marrero declaró ante el

Juez Roque Colón durante dos (2) días. Igualmente, el

fiscal Goyco y la fiscal Lora fueron llamados a testificar

nuevamente durante la segunda fase del juicio. Como

pronunciamos anteriormente, esto le dio la oportunidad al

magistrado de aquilatar la credibilidad de estos

testimonios. El Juez Roque Colón estuvo en una mejor

posición para sopesar la prueba oral que un tribunal

apelativo obrando con sólo una transcripción silenciosa.

Estamos de acuerdo con la observación del Tribunal de

Apelaciones de que ―toda vez que la prueba de un caso debe

evaluarse en conjunto, resulta evidente que un juez que,

si bien no presidió el juicio durante los noventa y un

(91) días que duró el mismo, sí recibió prueba durante

treinta y siete (37) de éstos[,] está en mejor posición

que este Tribunal para formular las correspondientes

determinaciones de hechos‖. Sentencia del Tribunal de

Apelaciones, págs. 32-33.

A la luz de nuestra discusión sobre el estándar de

revisión apelativa adecuada en casos de difamación de una

figura pública, aun desempeñando un examen independiente

de la prueba, las determinaciones de credibilidad no se

descartarán a menos que sean claramente erróneas. Harte-

Hanks Communications v. Connaughton, supra, pág. 688. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 65

Nada nos lleva a opinar que se cometió tal error en el

juicio ante nuestra consideración. Por lo tanto, le

brindamos deferencia a la determinación de instancia

relativa a que la señora Marrero mintió al formular sus

imputaciones de hostigamiento sexual en contra de la

Asimismo, la abrumadora cantidad de prueba oral

desmintiendo a la señora Marrero y exponiendo su

hostilidad hacia la licenciada Meléndez supera las

contribuciones que la prueba pericial hace en favor de la

señora Marrero. Es regla bien conocida en nuestra

jurisdicción que la presencia de prueba pericial no obliga

a éste o a cualquier tribunal a decidir un caso conforme

lo sugerido por los peritos. Culebra Enterprises Corp. v.

E.L.A., 143 D.P.R. 935, 952 (1997); Díaz García v. Aponte

Aponte, 125 D.P.R. 1, 13 (1989).

Según nuestro parecer, el peso del informe pericial

de la doctora Casanova fue mitigado dado que ésta llegó a

su conclusión tomando como ciertas las alegaciones de la

señora Marrero. Ello sin haber hablado con la licenciada

Meléndez y sin haber revisado las transcripciones de las

deposiciones de las otras partes, tal como había

solicitado. En cambio, el juzgador de los hechos sí pudo

formar su opinión relativa a la falta de credibilidad de

la señora Marrero con información suplida por todas las

partes y no sólo a base de un punto de vista parcial. La

doctora Casanova tampoco descartó la posibilidad de que AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 66

los rasgos depresivos que le diagnosticó a la señora

Marrero fueran causados por otros factores personales y no

por los supuestos incidentes de hostigamiento que

describió.

Por otro lado, las preguntas del doctor Raskin no

inquirieron directamente sobre los alegados hechos de

hostigamiento sexual. Más bien, las preguntas

suministradas apuntaron hacia si la señora Marrero le

informó o no al fiscal Santiago Martínez y/o al fiscal

Goyco que se sentía hostigada sexualmente por su

supervisora. Informe pericial doctor Raskin, Recurso - El

Vocero, Ap. 1211 (―The purpose of the examination was to

assess her credibility with regard to her allegations that

she reported that she had been sexually harassed by her

supervisor District Attorney IRIS D. MELÉNDEZ VEGA.‖

(Énfasis nuestro)). Sin embargo, según notamos

anteriormente, el enfoque del presente caso está centrado

sobre si la licenciada Meléndez fue difamada al ser

acusada de cometer actos de hostigamiento sexual dirigidos

a su ex-secretaria; no los alegados actos de encubrimiento

de la querella. Además, tal como estableció el Tribunal

Supremo Federal en U.S. v. Scheffer, 523 U.S. 303, 309

(1998), nos consta que pruebas de esta índole, es decir,

poligráficas, resultan ser poco confiables.

Resulta también curioso que la señora Marrero hubiese

declarado en la investigación del Departamento de Justicia

que más de treinta (30) personas tenían conocimiento AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 67

personal del hostigamiento, pero en el juicio instado en

su contra no pudo presentar testigo alguno que corroborara

el alegado comportamiento ilícito de la licenciada

Meléndez. La única excepción fue la Sra. Elba Mejías

Muñiz (señora Mejías), taquígrafa que trabajaba en el

C.M.I.D. y amiga de la señora Marrero, quien testificó que

una vez oyó cuando la licenciada Meléndez le dijo a la

señora Marrero que no se debía poner su chaqueta porque se

veía ―sexy‖ sin ella. Sin embargo, los abogados de la

licenciada Meléndez impugnaron a esta testigo exitosamente

al confrontarla con las declaraciones que realizó en su

deposición donde confesó que su conocimiento de los hechos

era basado enteramente en lo que la señora Marrero le

relataba.43

Tampoco podemos obviar la prueba presentada relativa

a la animosidad que la señora Marrero albergaba en contra

de la licenciada Meléndez.44 Sin lugar a dudas, la señora

Marrero fue excelente trabajadora bajo la dirección de los

43 La señora Mejías también testificó que en una ocasión en febrero de 1991 la licenciada Meléndez le pidió que se quedara hasta tarde para terminar de transcribir unas declaraciones de testigos que se iban a juramentar el próximo día, y que mientras hacía el trabajo pedido, la fiscal se le presentó en la oficina vestida en ropa interior para decirle lo contenta que estaba con su trabajo. No obstante, sólo le informó de este incidente a su esposo, a la señora Marrero y a una tal Loyda. La licenciada Meléndez negó que esto ocurriera. Resulta curioso, sin embargo, que aunque la señora Marrero tuvo conocimiento de dicho incidente para febrero de 1991 – el cual es sumamente pertinente a sus propias alegaciones de hostigamiento sexual de parte de la licenciada Meléndez – el suceso no tuvo despliegue alguno en la serie del periódico objeto de esta causa de acción que abarcó desde noviembre de 1991 hasta septiembre de 1993. Lo imputado por la señora Mejías en contra de la licenciada Meléndez no se anunció sino hasta su deposición tres (3) años más tarde.

44 Harte-Hanks Communications v. Connaughton, supra, pág. 668 (―Although courts must be careful not to place too much reliance on such factors, a plaintiff is entitled to prove the defendant‘s state of mind through circumstantial evidence,… and it cannot be said that evidence concerning motive or care never bears any relation to the actual malice inquiry.‖ (Citas internas omitidas)); Smolla, Smolla and Nimmer on Freedom of Speech, op. cit., pág. 23-21 (―While ill-will malice may not be equivalent to actual malice, it is nonetheless a factor that may be considered in determining whether actual malice exists.‖). AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 68

anteriores jefes del C.M.I.D., pero su disposición hacia

la licenciada Meléndez resultó ser todo lo contrario. El

hecho de que sus responsabilidades fueran disminuidas y

que la fiscal no la recomendara para el ascenso de

posición laboral evidencian un posible motivo para

difamarla intencionalmente.

Por consiguiente, tomando en cuenta que el Tribunal

de Primera Instancia no le dio credibilidad a la señora

Marrero, pero sí a la licenciada Meléndez; la tensión que

marcaba la relación profesional entre ellas, así como la

de la señora Marrero con el resto del personal del

C.M.I.D.; y en vista de todas las circunstancias que

rodean las falsas expresiones en el caso de autos,

confirmamos que se probó malicia real por parte de la

señora Marrero de manera clara y convincente. Debido a

que las alegaciones falsas se referían a la licenciada

Meléndez de manera específica, ocasionándole daños a su

reputación, según explicamos más adelante, resolvemos que

la causa de acción por difamación en contra de ésta se

concretó.

Cabe señalar también que, contrario a lo que alega la

señora Marrero como planteamiento de error, no se le

impuso responsabilidad por las publicaciones e información

diseminada por El Vocero, de las cuales obviamente no tuvo

control, participación o poder decisional. Más bien, la

señora Marrero responde ante la licenciada Meléndez

únicamente por lo que ella misma comunicó a las diferentes AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 69

personas con quien discutió los hechos falsos. No cabe

duda de que, a base de la evidencia creíble en el récord,

la señora Marrero difamó a la licenciada Meléndez.

B. LAS PUBLICACIONES DE LA PRENSA

La prensa, por su parte, critica la poca profundidad

en que se adentraron el Tribunal de Primera Instancia y el

Tribunal de Apelaciones en los extensos hechos presentados

durante el transcurso del largo juicio. Señala que esto

denota la falta de prueba demostrativa de malicia real.

También argumenta que ambos foros recurridos incumplieron

con su deber revisor al analizar la serie de artículos de

manera generalizada y englobada en lugar de aquilatar cada

uno de los cuarenta y tres (43) artículos individualmente

para determinar si cumplían con los elementos jurídicos

necesarios para ser difamatorios. Además, reclama estar

cobijada bajo el privilegio del informe justo y verdadero.

Veamos.

Conforme indicamos anteriormente, en calidad de foro

revisor nos toca realizar una evaluación independiente de

la prueba presentada ante el Tribunal de Primera Instancia

para determinar si el señor Purcell y El Vocero

efectivamente obraron con malicia real en su vertiente de

obrar con un grave menosprecio de si lo publicado era

falso o no al diseminar las imputaciones de la señora

Marrero de ser víctima de hostigamiento sexual por parte

de la licenciada Meléndez. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 70

En St. Amant v. Thompson, 390 U.S. 727 (1968), el

Tribunal Supremo Federal estableció algunas guías amplias

para determinar lo que constituye actuar con grave

menosprecio, tal y como es requerido en el ámbito de la

difamación:

[R]eckless conduct is not measured by whether a reasonably prudent man would have published, or would have investigated before publishing. There must be sufficient evidence to permit the conclusion that the defendant in fact entertained serious doubts as to the truth of his publication. Publishing with such doubts shows reckless disregard for truth or falsity and demonstrates actual malice.

Íd. pág. 731. Véase Harte-Hanks Communications v.

Connaughton, supra, págs. 666, 688; Rosenblatt v. Baer,

supra, pág. 84.

Jurisprudencialmente incorporamos ese concepto a

nuestro ordenamiento legal de la siguiente manera:

No puede establecerse el grave menosprecio a que alude la norma, a menos que la prueba sostenga una determinación de que el demandado albergaba un alto grado de conciencia de la probable falsedad…. Es imprescindible que el demandado en efecto abrigue serias dudas sobre la certeza de la publicación…. Se ha resuelto que aun prueba de mala voluntad u odio no satisface de por sí el grado constitucionalmente requerido de la prueba de malicia…. Se ha resuelto también que el ‗grave menosprecio‘ a que alude la norma no se mide por lo que un hombre razonablemente prudente hubiese publicado o hubiese investigado antes de la publicación. Tiene que existir prueba suficiente que permita concluir que el demandado abrigaba serias dudas sobre la certeza de la información….

García Cruz v. El Mundo, Inc., supra, págs. 180-181

(citas, comillas y elipsis omitidas). Véase Garib Bazain

v. Clavell, supra, pág. 484. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 71

Ahora bien, esto no significa que un demandado puede

asegurarse un resultado favorable en un pleito de

difamación con simplemente testificar que creyó en la

veracidad y certeza de lo publicado. Es deber del

juzgador de los hechos determinar la buena fe del

demandado al momento de éste publicar. St. Amant v.

Thompson, supra, pág. 732. Véase R.A. Smolla, Smolla and

Nimmer on Freedom of Speech, Minnesota, West, 2011, Vol.

3, págs. 23-22 – 23-23 (―It is a fundamental axiom of

defamation law that actual malice is often proven by

circumstantial evidence and that mere protestations of

good faith by a defendant do not preclude establishing

actual malice through other inferential or circumstantial

proof.‖).

En aras de asistir a los tribunales de instancia en

el proceso de sopesar prueba relevante a la cuestión de

grave menosprecio, el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos ha señalado varios ejemplos donde la evidencia

circunstancial podría resultar suficientemente poderosa

para refutar la alegada buena fe del declarante. Éstos

son: cuando hay evidencia de que la información fue

fabricada por la persona que lo publicó o se basó

enteramente en una fuente anónima; cuando las alegaciones

son tan inherentemente improbables que sólo una persona

temeraria las pudo haber publicado; o cuando existen

razones obvias para dudar de la veracidad del informante o AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 72

la precisión de la información suplida.45 St. Amant v.

Thompson, supra, pág. 732. Véase García Cruz v. El Mundo,

Inc., supra, pág. 181 (―[L]a información puede ser tan

inherentemente improbable que tan solo una persona

temeraria pueda decidir difundirla. Pueden existir

también razones obvias para dudar de la veracidad de la

fuente.‖ (Citas internas omitidas)). Véase, además, Krans

Bell v. Santarrosa, 172 D.P.R. 731, 732-757 (2007)

(Opinión disidente Juez Asociado señor Rivera Pérez).

Por otro lado, es regla bien establecida por el

Tribunal Supremo Federal que la falta de investigación

antes de publicar, sin más, no es suficiente para

establecer malicia real, aunque una persona prudente lo

hubiera hecho. Harte-Hanks Communications v. Connaughton,

supra, pág. 688; St. Amant v. Thompson, supra, pág. 733.

Véase Elder, op. cit., pág. 7-141.

Sin embargo, prueba de que quien publicó la

información evitó intencionalmente auscultar información

de otras fuentes que contradicen la versión publicada, sí

podría demostrar malicia real en algunas circunstancias.

45 St. Amant v. Thompson, 390 U.S. 727, 732 (1968) (nota al calce omitida):

The finder of fact must determine whether the publication was indeed made in good faith. Professions of good faith will be unlikely to prove persuasive, for example, where a story is fabricated by the defendant, is the product of his imagination, or is based wholly on an unverified anonymous telephone call. Nor will they be likely to prevail when the publisher‘s allegations are so inherently improbable that only a reckless man would have put them in circulation. Likewise, recklessness may be found where there are obvious reasons to doubt the veracity of the informant or the accuracy of his reports. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 73

Harte-Hanks Communications v. Connaughton, supra, pág. 692

(cita omitida). Véase Elder, op. cit., pág. 7-117 (A

―publication may suffice to show knowing or reckless

disregard of falsity where the nature of the known

contradictory or refutatory evidence is such as to suggest

that defendant‘s information was quite probably in

error‖.). Véase, además, Cabrero v. Zayas, 167 D.P.R.

766, 777 (2006) (Sentencia) (Opinión de conformidad de la

Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez).

En Harte-Hanks Communications v. Connaughton, supra,

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ilustró cómo un

conjunto de prueba circunstancial puede dar lugar a una

inferencia de malicia real. En ese caso, el periódico

demandado recibió información de una tal Alice Thompson

quien alegaba que Daniel Connaughton, candidato para juez

municipal, le había ofrecido recompensas a ella y a su

hermana por cooperar en una investigación sobre la

conducta ilícita de un empleado de su rival electoral.

Después de recibir dicha información, los reporteros del

periódico entrevistaron al señor Connaughton y todos los

demás testigos de la conversación entre éste y la

informante, excepto a la hermana de la señora Thompson.

Todos rotundamente negaron lo imputado por la señora

Thompson. No obstante, el rotativo decidió publicar lo

alegado por ésta. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 74

El Tribunal Supremo Federal resolvió que los

siguientes factores, junto con la determinación unánime de

credibilidad dada por el jurado a la versión de los hechos

ofrecida por el señor Connaughton, eran indicativos de

malicia real. Encontró sospechoso que se entrevistaran a

todos los testigos del evento menos a la hermana de la

señora Thompson, quien representaba la única persona sin

interés en proteger la imagen del señor Connaughton y

quien hubiera podido confirmar las imputaciones. Los seis

(6) testigos, excluyendo la señora Thompson y su hermana,

corroboraron la versión pautada por el señor Connaughton,

negando que se ofrecieran recompensas de clase alguna. El

periódico tampoco escuchó las grabaciones de la

conversación entre la señora Thompson y el señor

Connaughton para verificar si lo imputado era o no cierto.

Por último, el Foro máximo dedujo que el editorial que se

publicó el día antes de recibir las negaciones de lo

relatado por la señora Thompson – el cual aludía a futuras

noticias concernientes a la integridad de los candidatos –

fue indicativo de la decisión inequívoca del demandado de

publicar las imputaciones difamatorias, sin importar la

falta de corroboración. Harte-Hanks Communications v.

Connaughton, supra, págs. 681-685. El Tribunal Supremo

determinó que, ante la totalidad de la prueba, se tomaron

decisiones deliberadas para no adquirir conocimiento que

llevara a confirmar la probable falsedad de lo informado.

Íd. pág. 692. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 75

Pasando al caso de autos, el Tribunal de Primera

Instancia concluyó que la prensa no mostró un mínimo de

interés en cotejar la veracidad de la información que

publicó concerniente a la licenciada Meléndez, a la vez

que encontró que la ―confiabilidad de las fuentes

principales, la [señora] Marrero y el [licenciado]

Santiago Rivera, era sumamente cuestionable‖. Sentencia

del Tribunal de Primera Instancia, pág. 88. En cuanto al

señor Roca, el entonces Presidente de El Vocero, encontró

que éste tuvo participación activa en las publicaciones y

permitió que se publicaran las falsedades al no exigir

corroboración. En apelación, el tribunal apelativo

intermedio confirmó que la licenciada Meléndez probó

―clara y convincentemente que el [señor] Purcell rehusó

intencionalmente obtener información que contradecía las

alegaciones de la [señora] Marrero‖. Sentencia del

Tribunal de Apelaciones, pág. 52.

La prensa difiere de dichas determinaciones. Plantea

que ambos tribunales obviaron cierta prueba indicativa de

la veracidad de las alegaciones de la señora Marrero y que

el señor Purcell no estaba obligado a entrevistar a la

licenciada Meléndez o a dudar de las alegaciones aportadas

por su informante, la propia víctima del hostigamiento

sexual, frente a las negaciones de terceros sobre los

supuestos actos impropios de la licenciada Meléndez. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 76

Nuestro examen de la prueba presentada durante el

largo juicio, la cual guarda semejanzas notables al cuadro

fáctico de Harte-Hanks Communications v. Connaughton,

supra, nos convence que las circunstancias atinentes a la

decisión de la prensa de publicar los artículos

difamatorios fue una revestida de malicia real. Veamos.

En su deposición, el señor Purcell indicó que la

primera vez que supo del traslado de una secretaria del

C.M.I.D., que luego se enteró era la señora Marrero,

debido al supuesto hostigamiento sexual fue el 13 de

agosto de 1991 vía conversaciones con diversos

funcionarios en el Centro Judicial, quienes comentaban

sobre lo anunciado ese día en ―La Condesa del Bochinche‖.

Dijo que varios fiscales,46 alguaciles y secretarias le

habían informado que la señora Marrero les indicó haberse

quejado al fiscal Goyco por el hostigamiento sexual. No

obstante, el señor Purcell tuvo que admitir que estos

informantes nunca le confirmaron que la vieron acudir al

fiscal Goyco. También testificó que desde que oyó los

rumores por los pasillos del Centro Judicial implicando a

la licenciada Meléndez con lo informado en el programa de

televisión, lo dio por cierto.47 Nos llama la atención que

46 Curiosamente, todos los fiscales que nombró como fuentes niegan haberle suplido información, incluyendo los fiscales Santiago Martínez y Paquito Rivera.

47 Dep. Purcell, 4 oct. 1995, pág. 138:

Pregunta: Nunca se planteó que nada de eso fuese cierto? Respuesta: No, no, no, yo, yo tan pronto me entero de, de todo esto, estoy convencido de que esto era cierto y luego el tiempo me dio la razón,…. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 77

el señor Purcell llegó a esta conclusión operando

puramente a base de rumores y sin haber hablado con la

señora Marrero o la licenciada Meléndez.

Posteriormente, el señor Purcell llamó al fiscal

Goyco para verificar si lo comentado era cierto. Este

último negó que el traslado de la secretaria hubiese sido

motivado por hostigamiento sexual. Sin embargo, el señor

Purcell testificó que no le creía al fiscal Goyco dado el

historial entre ellos y por toda la otra información que

ya había recibido de terceros.

A mediados del mes de agosto de 1991, armado con esa

pesquisa limitada, redactó y sometió a El Vocero un

artículo exponiendo como ciertos los rumores de que la

directora del C.M.I.D. había hostigado sexualmente a su

secretaria. El señor Purcell testificó que en ese momento

se sentía bastante seguro de que estaba publicando

información veraz y nunca consideró la posibilidad de que

la existencia de una querella fuese falsa.48

48 Dep. Purcell, 4 oct. 1995, págs. 129-130:

Pregunta: Contempló usted la posibilidad de que no hubiese una querella radicada? Respuesta: No, señora, no tengo por qué dudar si algunos fiscales y otra gente me dice que ya ella le ha dicho que ha estado en conversación con Goyco desde junio, no tengo por qué negarlo….

Respuesta: Digo, por qué no creerlo, perdone. Pregunta: A ese momento el señor Goyco se lo ha negado y usted ha rechazado la negativa del señor Goyco por las razones que nos dio ahorita? Respuesta: Sí, señora. Eso es lo que hace que no se publique este primer artículo. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 78

En ese mismo mes de agosto, el señor Purcell también

tuvo una conversación con la fiscal Lora sobre el supuesto

hostigamiento sexual. Ella le indicó que no podía ser

cierto que la licenciada Meléndez hubiese hostigado a su

ex-secretaria y que él debía entrevistarla si interesaba

conocer lo que realmente sucedió. Sin embargo, el señor

Purcell declinó la invitación de hablar con la licenciada

Meléndez.49 La actitud del señor Purcell en ese momento y

el hecho de que escribió un borrador sin corroboración

sustantiva alguna del hostigamiento sexual demuestran que

no estaba dispuesto a recibir información que lo llevara a

cuestionar la veracidad de lo que hasta ese momento eran

rumores.

Transcurridos varios días y al percatarse de que no

se había publicado su borrador, el señor Purcell llamó a

las oficinas de El Vocero para indagar al respecto.

Testificó en su deposición que, siendo un periodista de

una larga carrera, naturalmente quería que todo lo que él

escribiera se publicara y entendía que el artículo estaba

listo para imprimirse. Eventualmente, el señor Roca le

informó que el borrador se había referido a la División

Legal porque se trataba de un asunto delicado. Los

49 La fiscal Lora testificó que la conversación con el señor Purcell transcurrió de la siguiente manera:

Yo le dije: ―¿Pero tú hablaste eso con Iris o con Martha?‖ Me dijo que no, que él no sabía quién era Martha. Entonces yo le dije quien era Martha…. Entonces le dije: ―Pero habla con Iris.‖ Y me dice: ―Yo no tengo nada que hablar con Iris sobre eso. Yo sé que lo que me dijeron es cierto.‖ Yo dije: ―Pero es que tú no puedes creer una cosa tan ilógica como esa. Tú sabes muy bien que eso no puede ser.‖ Y me dijo: ―No, eso es cierto‖. … [É]l dijo que a él le había parecido raro de primera intención.

Trans. 20 dic. 2000, pág. 348. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 79

abogados del periódico le informaron al señor Purcell que

no aprobaron la publicación del artículo dado que el

fiscal Goyco negaba que hubiese una querella de

hostigamiento sexual, pero le advirtieron, ―si investigas

y consigues corroboración, hablamos entonces‖. A base de

ello, el señor Purcell se ―dedi[có] de lleno, a partir de

agosto, hasta noviembre‖ a conseguir la corroboración

necesaria.

En el curso de su búsqueda, el señor Purcell volvió a

entrevistar al fiscal Goyco el 17 de octubre de 1991,

justo después de que éste recibió la carta de la señora

Marrero donde ésta solicitó una investigación sobre la

conducta impropia de la licenciada Meléndez. En esa

reunión, el fiscal Goyco le mostró al señor Purcell la

respuesta que le estaba cursando a la señora Marrero,

donde negaba que tuviera conocimiento previo de las

alegaciones en contra de la licenciada Meléndez.

Posteriormente, el 3 de noviembre de 1991 el señor

Purcell finalmente logró entrevistar por varias horas a la

señora Marrero. La encontró, en su opinión, coherente y

creíble. A los dos (2) días, El Vocero publicó el primer

artículo de la serie divulgando las alegaciones

difamatorias de la señora Marrero en contra de su ex-

supervisora.

Por otro lado, es curioso que el señor Roca, quien

era el único supervisor del señor Purcell y quien decidía

qué se publicaba en el periódico, nunca le pidió a éste AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 80

que le proveyese corroboración de lo alegado en sus

escritos. Esto, cuando apenas cuatro (4) meses antes no

permitió la publicación del primer borrador del señor

Purcell porque su contenido era ―delicado‖ por tratarse de

hostigamiento sexual. Después de todo, como señaló el Sr.

Cruz Roqué Vicens (señor Roqué), jefe de redacción de El

Vocero, de ser falso lo difundido, dada la naturaleza de

la noticia, le podía causar daños permanentes a la

licenciada Meléndez. Sin embargo, del testimonio se

desprende que la revisión editorial de lo redactado por el

señor Purcell el día 4 de noviembre de 1991 se hizo ese

mismo día y sin que mediara otro documento o prueba que no

fuese dicho escrito.

De sus mínimos esfuerzos investigativos,50 claramente

surge que el señor Purcell sólo estaba interesado en

corroborar lo que él ya daba por cierto. Es decir, que la

señora Marrero se trasladó del C.M.I.D. por ser víctima de

hostigamiento sexual de su supervisora, la licenciada

Meléndez. Resulta curioso que casi inmediatamente después

de hablar con la señora Marrero – a sólo dos (2) días – se

publicó el primer artículo de lo que se convirtió en una

larga serie. Aparentemente, la investigación del señor

Purcell cesó del todo en cuanto habló con la alegada

50 El señor Purcell resumió que para el artículo del 5 de noviembre de 1991, el primero de la serie, sólo había hablado con la señora Marrero, el fiscal Goyco, y el licenciado Buono, aunque este último negó haber hablado con él. No estimó necesario para su investigación periodística dedicarle tiempo para hablar con las demás personas mencionadas en su primer borrador. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 81

víctima.51 Así pues, la prensa estaba satisfecha con

publicar la versión de su fuente principal, la señora

Marrero, y no encontró necesario cotejarla con otras

fuentes que pudieran tener conocimiento directo de los

eventos. El único seguimiento que el señor Purcell hizo

con respecto a la noticia consistió de sus conversaciones

con el licenciado Santiago Rivera mientras se desarrollaba

la investigación interna de la querella dentro del

Departamento de Justicia y se iniciaba el pleito instado

por la señora Marrero en el tribunal federal.52 Nos parece

que la decisión de la prensa de publicar se hizo en

ausencia de apreciación alguna de las circunstancias que

rodeaban sus únicas fuentes.

El récord nos convence de que habían indicaciones

suficientes para dudar de la veracidad de su informante

principal. Por ejemplo, la señora Marrero le aconsejó al

señor Purcell que no debía molestarse en hablar con su

compañera de trabajo, la señora Alicea, porque ésta

51 Dep. Purcell, 4 oct. 1995, págs. 117-118:

Pregunta: Cuál, perdóneme, señor Purcell … cuál es el tiempo que se dedicó de lleno para investigar esto? …. Respuesta: Ah, sí, desde que el licenciado Marchand me notifica que no me puede autorizar la publicación, eso debe ser a mediados de agosto, 18, 19, 20, no puedo precisar, licenciada. …. Hasta el 5 de novi‘ … bueno, no, yo escribo el 4 y se publica 5.

52 Véase lo indicado en las notas al calce número 41 y 42, supra. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 82

negaría haber presenciado los actos de hostigamiento por

miedo a represalias en su trabajo. La señora Alicea se

llevaba bien con la señora Marrero y la pudo haber

desmentido – lo cual eventualmente hizo – sin el pretexto

de que quería favorecer a la licenciada Meléndez. Esta

instrucción de la señora Marrero y la omisión de la prensa

de hablar con la señora Alicea es conducta similar a la de

la informante y el periódico en Harte-Hanks Communications

v. Connaughton, supra, factor que causó incredulidad para

el máximo Foro federal. Esto debió de haber levantado

sospechas y llevar al señor Purcell a cotejar la veracidad

y credibilidad de la información suplida por su informante

antes de aceptar ciegamente su versión de los hechos. Sin

embargo, en lugar de comparar notas con otras fuentes que

pudieran haber clarificado lo que realmente provocó el

traslado de la señora Marrero, inclusive entrevistar

aquellas personas señaladas por la propia señora Marrero

que alegadamente tenían conocimiento personal del

hostigamiento sexual – tal como se hizo en Harte-Hanks

Communications v. Connaughton, supra – el señor Purcell

recopiló en sus reportajes todo lo informado por la señora

Marrero y su representante legal, el licenciado Santiago

Rivera.53 Aunque éstos ciertamente tenían un interés

53 Aunque los artículos de El Vocero incluyeron la negación del fiscal Goyco de que hubo hostigamiento sexual, este hecho no necesariamente atempera el cálculo de malicia real. Harte-Hanks Communications v. Connaughton, supra, págs. 680-681 (notando que el artículo difamatorio también incluía la negación del difamado y su versión contraria de los hechos). AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 83

personal en confirmar lo imputado, el señor Purcell rehusó

considerar la posibilidad de que le estuviesen mintiendo.54

Otra indicación de la falta de credibilidad de la

señora Marrero surge de las múltiples negaciones que

recibió el señor Purcell antes de comenzar y durante la

publicación de la serie.55 Inicialmente, el fiscal Goyco y

la fiscal Lora lo negaron. Luego, a raíz de la primera

publicación de 5 de noviembre de 1991, muchas personas

―desde los de mantenimiento hasta jueces del apelativo‖ le

expresaron dudas sobre lo relatado. Inclusive, se

organizó una conferencia de prensa en apoyo de la

licenciada Meléndez el mismo 5 de noviembre de 1991, la

cual el señor Purcell rápidamente abandonó cuando la

señora Alicea le negó lo que la señora Marrero le había

54 En cuanto a la señora Alicea, el señor Purcell expresó lo siguiente:

Pregunta: Se planteó usted la posibilidad, don José, de que fuese que lo iba a negar porque en efecto no había ocurrido? Respuesta: No, no, no me interesaba eso.

Dep. Purcell, 4 oct. 1995, pág. 192.

55 Véase Elder, op. cit., pág. 7-139 (―[A] reporter is not compelled to accept [a plaintiff‘s] denials as determinative or to accept them over apparently believable accusations…. However, such denials, although not decisive either way, are at least evidence to be considered on the issue of constitutional actual malice and may, together with other factors, be highly probative of actual malice.‖ (comillas y notas al calce omitidas)). Véase, también, Smolla, Smolla and Nimmer on Freedom of Speech, op. cit., págs. 23-24:

A person who is the subject of a story being investigated will often strongly deny the defamatory charges…. Such a denial may or may not impact on the actual malice calculus, depending on the circumstances. If the denial is of a kind that would plausibly induce subjective doubt, then the denial may be a factor that can be used to construct a case for the existence of actual malice, for once a publisher has reasons to doubt the accuracy of a story, the publisher must act reasonably to dispel those doubts prior to publishing….

(Énfasis nuestro). AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 84

informado. A pesar de no haberle hecho caso a las

negaciones y/o dudas antes de publicar el primer artículo,

por lo menos lo debió de haber tomado en cuenta para los

siguientes reportajes redactados. Sin embargo, el señor

Purcell testificó que no le llamó la atención ni le dio

importancia56 y siguió publicando la serie de artículos.

Aparenta ser que el señor Purcell estaba dedicado a

hacer lo necesario para que se publicara lo que relató en

el borrador que escribió en agosto de 1991, incluyendo

56 Dep. Purcell, 4 oct. 1995, pág. 79:

Pregunta: Que si a usted le llamó la atención que todas estas personas desde mantenimiento hasta jueces del apelativo, le preguntaran que si esto, refiriéndose a los artículos que nos tienen aquí, era cierto? Respuesta: No me llamó la atención. No.

Dep. Purcell, 4 oct. 1995, pág. 84:

Pregunta: A usted no le preocupaba que si eran muchas las que estaban negando, eso para su función periodística era importante? Respuesta: No, señora. Yo no ando recogiendo encuestas …

Dep. Purcell, 4 oct. 1995, págs. 85-87:

Pregunta: Unjú. Y lo que quiero tener claro, señor Purcell, es por qué usted entendía que los que les estaban diciendo que esto no era cierto, a esos usted no tenía que prestarle mucha atención? ….

Respuesta: Yo los escucho a todos por igual… Pregunta: Anjá. Respuesta: Escuchaba a los que me decían que dudaban de que doña Iris y también escuchaba a los otros. Pregunta: Unjú…? Respuesta: No usé sus opiniones para nada de mis artículos; entonces lo que hice fue atenderlos por cortesía porque no usé nada de sus revelaciones, de sus opiniones para mis artículos, eso está claro. Pregunta: Entonces, señor Purcell… Respuesta: Diga. Pregunta: La pregunta es si entiende usted que para su función periodística es importante prestarle atención a los que le están diciendo que es falsa la publicación? Respuesta: Je, je, nadie me ha dicho que era falsa, eso lo dice usted y aún asumiendo de que me dijeran, mira, José, yo creo que eso es falso… Pregunta: Unjú… Respuesta: …eso a mí no me interesaba, como no me interesaba los que me dijeran que sí que era lesbiana. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 85

intencionalmente evitar toparse con información que lo

llevaría a cuestionarse la veracidad de lo alegado. Véase

Harte-Hanks Communications v. Connaughton, supra, pág.

684; Smolla, Smolla and Nimmer on Freedom of Speech, op.

cit., págs. 23-25 (―[E]vidence of a preconceived story

line may be probative of actual malice….‖).

Contrario a Harte-Hanks Communications v.

Connaughton, supra, donde se confrontó a la persona objeto

de las imputaciones falsas, en el caso de autos ni

siquiera se le dio una oportunidad a la licenciada

Meléndez de ofrecer su versión de los hechos a la prensa.

Esto tiende a indicar que no sólo hubo una falta de

investigación adecuada, sino que la prensa quería evitar

enterarse de información que la pondría en una posición

comprometedora.

Por todo lo anterior, concluimos que la licenciada

Meléndez probó clara y convincentemente que la prensa

actuó con un grave menosprecio de si la información

publicada en cuanto a su persona era o no falsa. Ello no

sólo en cuanto al primer artículo, sino a través del

tiempo que se prolongó la serie aquí reclamada.

VII

ANÁLISIS DE LAS PUBLICACIONES

La prensa argumenta que los tribunales recurridos

interpretaron nuestra directriz en Meléndez v. El Vocero AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 86

de Puerto Rico, 144 D.P.R. 389 (1997), erradamente y no

revisaron cada artículo de la serie objeto del litigio

individualmente. En esa ocasión, reconocimos que la

demanda en controversia presentó una sola causa de acción

por la serie de artículos difamatorios publicados por la

prensa. Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, supra,

págs. 392-393. Explicamos entonces que la licenciada

Meléndez reclamó ―por una única causa de acción, al pedir

indemnización, no por los daños de cada publicación

aisladamente, sino por los efectos acumulativos de todas

las publicaciones tomadas en conjunto. Esta causa de

acción es evidentemente diferente a la de reclamar daños

por cada artículo publicado, en cuyo caso cada uno de

ellos constituiría una causa de acción separada‖.

Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, supra, pág. 397.

Reconocimos, por lo tanto, que existen dos (2)

alternativas para caracterizar la causa de acción. Se

pueden reclamar daños por cada artículo publicado por

separado, o se puede demandar a base del efecto global de

una serie de artículos.

Irrespectivamente del tipo de reclamación, un

demandante siempre vendrá obligado a probar en cada caso

todos los requisitos correspondientes a la causa de acción

por difamación. Es decir, tendrá que establecer que las

expresiones objeto del pleito son falsas; se refieren AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 87

específicamente a su persona; se hicieron con malicia

real, en el caso de figuras públicas, y le causaron daños.

Es importante destacar que la mera mención de la

existencia de una querella por hostigamiento sexual en

contra de la licenciada Meléndez no constituye difamación,

como tampoco lo son publicaciones que sólo reportan sobre

el estatus del trámite de la correspondiente investigación

dentro del Departamento de Justicia. El hecho de que se

haya presentado una querella en contra de la licenciada

Meléndez; que la misma se haya investigado

administrativamente; y que luego sirviera de base para

varios pleitos en el foro federal y estatal resulta

verdadero e irrefutable. Por lo tanto, si los reportajes

se limitaran a proveer esa información, quedarían

protegidos.

Sin embargo, en este caso nos enfrentamos a una serie

de artículos difamatorios, que fueron publicados con grave

menosprecio de si lo aseverado era verdadero o no y se

referían específicamente a la licenciada Meléndez,

causándole daños a su reputación. Véase St. Amant v.

Thompson, supra; Harte-Hanks Communications v.

Connaughton, supra. Veamos.

En la primera publicación de la serie de El Vocero,

correspondiente al 5 de noviembre de 1991, el titular en

la portada leía, en parte, ―Hostigaba secretaria en la

oficina‖. A continuación, el artículo presentó una larga AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 88

descripción de las acusaciones falsas y difamatorias de la

señora Marrero en contra de la licenciada Meléndez.57

El próximo día, 6 de noviembre de 1991, el periódico

aludió a ―la terrible situación que [la señora Marrero]

vivía por el hostigamiento sexual constante de parte de la

fiscal Meléndez‖.

Seguidamente, el artículo publicado el 7 de noviembre

de 1991 nuevamente recalcó algunos de ―los serios

57 Citamos directamente a El Vocero: ….

Alega Mart[h]a que decidió acudir a Goyco para pedir el traslado debido a la tremenda presión que recibía de la fiscal Meléndez porque no cedía a sus acercamientos sexuales y las insinuaciones que la fiscal le hacía constantemente….

Aseguró Mart[h]a a EL VOCERO que sus angustias con la fiscal Meléndez comenzaron desde que la fiscal llegó al Centro de Denuncias en septiembre pasado. ―La cogió conmigo desde el principio‖, dijo la atribulada mujer, madre de tres niños. Días después de asumir su puesto como directora, la fiscal Meléndez le dijo a Mart[h]a que le ―encantaba su pelo, que era muy bonito para jugar con el‖ y de inmediato le metió la mano por debajo del cabello y le ―acarició la nuca, apretándola y haciéndole cosquillas‖. Segundos más tarde volvió al ataque la fiscal Meléndez y le ―sobó el cuello‖ a la vez que le expresó ―tienes un pelo muy bello, precioso‖.

A partir de ese momento, Mart[h]a asegura que se percató de las intenciones de la fiscal, que no perdía tiempo en hostigarla y decirle lo bonita que era, las ―troncos de piernas que se gasta‖ y la pregunta de todos los días, ―¿Qué haces tú para que los machos se enchulen de ti?‖

[E]l 21 de diciembre del 90 … a las 11:30 AM al momento de Mart[h]a estar sacando unas copias en la máquina que está en el pasillo frente a su oficina, la fiscal Meléndez se acercó y le ―agarró la nalga derecha‖ y le comentó, ―estás engordando, mama‖. Afirmó Mart[h]a que la fiscal Meléndez se pasaba todo el tiempo hablándole de la belleza de su cuerpo, de las combinaciones de ropas que hacía y le advertía constantemente que nunca se le presentara sin maquillarse porque, ―a mi me gusta verte bien arreglada y pintada‖.

Otras de las muchas insinuaciones que la fiscal Meléndez le hizo a Mart[h]a fue cuando la secretaria le dio su regalo de Navidad, consistente en un juego de ropa íntima y que al agradecerle el obsequio, la fiscal dijo, ―esto está muy lindo pero es para ponérmelo en una ocasión especial aunque tenga que esperar‖.

La gota que colmó la copa sucedió en marzo de este año en ocasión de estar Mart[h]a archivando en su oficina. Dijo que la fiscal Meléndez se acercó sigilosamente, se paró detrás de ella y después de quitarse los zapatos, y expandir las piernas hacia el lado, como es su costumbre, se llevó las manos a la cintura y le comentó, ―que chula te ves en esa ropa, que buena estás‖. Mart[h]a dijo que se había quitado el ―blazer‖ para estar más cómoda y se quedó con una blusa sin mangas, exponiendo los hombros. Dijo que cuando quiso ponerse el ―blazer‖, la fiscal Meléndez le dijo, ―no, no lo hagas que te ves bien sexy así‖….

Recurso - licenciada Meléndez, Apéndice 86. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 89

incidentes con la Fiscal, incluso las ‗caricias al

cabello, los sobos a la nuca y las flores que le echaba

constantemente a las piernas y a su cuerpo‘‖, además del

―comentario que hizo la fiscal Meléndez sobre el regalo

del juego de ropa íntima… que ‗este regalo es para

ponérmelo en una ocasión especial, aunque tenga que

esperar‘‖. Incluyó, también, el hecho de que la señora

Alicea, supuesta testigo de varios de los incidentes de

hostigamiento, negaba haber presenciado los alegados

eventos ―por estar atemorizada por la fiscal Meléndez,

debido a que si dice la verdad sería objeto de represalias

o despido‖.

La semana siguiente, el 13 de noviembre de 1991, El

Vocero volvió a recoger todos los detalles del alegado

hostigamiento antes publicados, añadiendo comentarios

adicionales.58 Luego, el artículo de 15 de noviembre de

1991 describió la supuesta reacción tempestuosa de la

58 El artículo, en su parte pertinente, expuso lo siguiente:

Pero Martha notaba el progreso de los acercamientos porque ya la Fiscal no sólo le decía cositas, sino que le pasaba las manos por los hombros, le cogía las manos ligeramente y le hablaba con voz suave y melosa….

Entiende Martha que la situación se convirtió en intolerable, al comenzar el mes de diciembre del ‗90…. Dijo la querellante que también fue criticada por Iris, que le censuró el uso de una pantalla que alegadamente no le pegaba con una hebilla de pelo que Martha llevaba recogiéndose el cabello.

Señaló la perjudicada que transcurrieron varios segundos antes de que la Fiscal le soltara la nalga, pero mientras le hizo la observación de la gordura, la Fiscal movió su mano varias veces, ―como tanteando la masa que agarraba‖….

Recurso - licenciada Meléndez, Ap. 94. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 90

licenciada Meléndez cuando las señoras Marrero y Alicea

regresaron tarde después de almorzar con el fiscal Díaz.59

Dentro del mismo mes, para el 27 de noviembre de

1991, El Vocero falsamente publicó, además, que la

licenciada Meléndez ―puso a disposición del [S]ecretario

de Justicia, Lcdo. Jorge Pérez Díaz, su puesto de Fiscal

Jefe del Centro, como resultado de la controversia

existente con la radicación de una querella por

hostigamiento sexual de parte de su ex secretaria Martha

Marrero de Ramos‖, pero que la renuncia fue rechazada por

el Secretario debido a consideraciones legales dado que la

licenciada Meléndez estaba bajo investigación

administrativa.

Pasados unos meses, el 11 de febrero de 1992 El

Vocero diseminó que, según la señora Marrero, ―la fiscal

Meléndez Vega comenzó una campaña de comentarios negativos

contra Martha, que hacían patente una supuesta intención

de destruirla, por sus negativas ante los ilegales avances

sexuales‖.

El reportaje de 25 de enero de 1993 incluyó

alegaciones infundadas de la señora Marrero de que la

Directora de la C.M.I.D. ―ha[bía] seguido incurriendo en

59 El artículo, en su parte pertinente, dispuso:

Dijo Martha, que su jefa se puso histérica y como siempre hacía dio puños sobre su escritorio al tiempo que les insinuó que se habían ido para otro lugar en vez de almorzar. Cuando Martha le salió al paso por las inferencias que hacía en su regaño, la Fiscal les dijo que ella conocía muy bien al [fiscal] Díaz y de que era capaz de llevarlas a algún lugar en la carretera de Caguas….

Recurso - licenciada Meléndez, Apéndice 96. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 91

conducta similar, parecida o relacionada con diferentes

personas, algunas de [é]stas supervisadas por la fiscal

Meléndez y otras civiles que han generado querellas contra

ella en el Departamento de Justicia‖.

Los artículos de la serie no sólo entraron en los

detalles de lo que la señora Marrero sostuvo falsamente

referente a los supuestos actos de hostigamiento sexual de

la licenciada Meléndez, sino que intentaban reforzar las

declaraciones de la secretaria a través de expresiones

que: exaltaban lo detallada que había sido la declaración

de la secretaria y el daño psicológico que había sufrido;

desacreditaban a quienes desmentían la historia;

manifestaban que estaban presionando a empleados del

Departamento de Justicia para apoyar a la fiscal Meléndez;

aseguraban que habían interferencias indebidas con la

investigación administrativa, que todo estaba orquestado

para encubrir el hostigamiento y que el resultado de la

investigación era de esperarse porque siempre se favoreció

a la fiscal Meléndez; indicaban que habían muchos testigos

que hablarían sobre el hostigamiento y que quienes daban

versiones diferentes a las de la señora Marrero lo hacían

por temor a represalias; señalaban que a la secretaria se

le hacía difícil conseguir abogado porque todos temían una

venganza de parte del Departamento de Justicia por ir

contra la fiscal Meléndez y que no le querían entregar

documentos que necesitaba para presentar su caso;

excusaban las desestimaciones de las demandas de la AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 92

secretaria contra la fiscal Meléndez; criticaban la forma

en que la fiscal Meléndez se estaba relacionando con su

personal luego de la querella; informaban que no era la

primera vez que una empleada se querellaba contra ella;

afirmaban que en el Departamento de Justicia estaban

acosando a la secretaria y a su esposo, y expresaban que

los fiscales estaban jugando con el proceso investigativo

y las posibilidades de transigir los pleitos.

Dado el tipo de causa de acción de este caso, no se

pueden atender los artículos de manera aislada. La serie

de artículos relacionados con la querella por

hostigamiento sexual debe verse como un conjunto.

Asimismo, aunque no todos los artículos de la serie

relatan los hechos de hostigamiento que se determinó que

eran falsos, todos hacen referencia a la querella de

hostigamiento sexual e incluyen el nombre completo, el

puesto y en ocasiones la foto de la fiscal Meléndez. La

mayoría de los artículos de la serie están identificados

en el titular con frases como ―caso hostigamiento contra

la fiscal‖, ―querella hostigamiento fiscal‖ y ―fiscal

acusada por hostigamiento sexual‖. Esa identificación

refiere a las historias que describen el hostigamiento

publicadas anteriormente por el periódico, las cuales

nunca fueron desmentidas en el diario. Un lector común

asocia las historias de seguimiento sobre el

encubrimiento, las irregularidades en la investigación y

las demandas con las primeras noticias sobre los avances AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 93

sexuales de la fiscal Meléndez contra su secretaria y sus

abusos de poder. Como mencionamos anteriormente, el

requisito de referencia específica se mide de acuerdo a lo

que los receptores de la noticia razonablemente

entendieron, irrespectivamente de si la asociación que la

audiencia hace con el demandante fue intencional o no.

Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R., supra, pág. 722 n.

28.

Por otro lado, es menester considerar el rol del

privilegio estatutario del informe justo y verdadero que

protege a la prensa. Además de la inmunidad emergente de

la Sección 4 de la Ley de Libelo y Calumnia atinente a

comunicaciones hechas en un procedimiento legislativo,

judicial u otro autorizado por la ley, según discutida

anteriormente, el mismo cuerpo legal establece que ―[n]o

se presumirá que es maliciosa la publicación que se hace …

[e]n un informe justo y verdadero de un procedimiento

judicial, legislativo u oficial, u otro procedimiento

cualquiera, o de algo dicho en el curso de dichos

procedimientos‖. 32 L.P.R.A. sec. 3144 (2004).

A diferencia de la plena protección ofrecida a las

expresiones hechas durante y como parte de un

procedimiento legal, el privilegio condicional del reporte

o informe justo y verdadero aplica a las recopilaciones de

lo allí ocurrido que se hacen para el beneficio de la

ciudadanía a través de los medios. Este privilegio se

asienta en la idea de que el reportero actúa como AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 94

sustituto del público en la observación de un evento.

Villanueva v. Hernández Class, supra, pág. 648; Caraballo

v. P.R. Ilustrado, Inc., 70 D.P.R. 283, 288-289 (1949).

Del texto estatutario resaltan dos (2) requisitos

necesarios para configurar el privilegio del informe justo

y verdadero. Primero, el reporte tiene que ser justo en

cuanto al objeto de información. Es decir, debe capturar

lo acontecido tomando en consideración el probable efecto

que su presentación tendrá en la mente de un lector y

oyente promedio. Segundo, lo publicado tiene que ser

cierto y reflejar, sustancialmente, lo verdaderamente

expresado o acontecido en el procedimiento llevado a cabo.

Villanueva v. Hernández Class, supra, págs. 647-648. Este

privilegio abriga, inclusive, la difusión de una expresión

falsa o difamatoria si ésta es relatada justa y

verdaderamente. Íd. pág. 648.

Si bien es cierto que este privilegio ha sido

reconocido como uno de los más importantes para la

protección de la prensa contra ataques de libelo,

Villanueva v. Hernández Class, supra, pág. 649, no es

menos cierto su aplicabilidad restringida. Acevedo v.

Western Digital Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452, 462 (1996);

Caraballo v. P.R. Ilustrado, Inc., supra, págs. 288, 290.

Si se redacta un relato parcializado y subjetivo de lo

acontecido, y se prueba que el demandado divulgó la

información maliciosamente con ánimo prevenido, con el fin

de causar daño, o conociendo la falsedad de la AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 95

información, el privilegio no entrará en juego.60

Villanueva v. Hernández Class, supra, págs. 648-649.

Véase Elder, op. cit., pág. 3-56; Smolla, Law of

Defamation, op. cit., secs. 8:61 – 8:65, 8:75.

Como la prensa actuó con malicia real al publicar

esta serie de noticias difamatorias, no cualifica para la

protección ofrecida bajo el privilegio de un informe justo

y verdadero.

Luego de una minuciosa lectura de la serie de

publicaciones en el caso de autos a la luz de las

consideraciones antes expuestas, encontramos que ésta es

difamatoria. La serie de artículos ciertamente le dio

extensa cobertura a la investigación de la licenciada

Meléndez por hostigamiento sexual y otros asuntos

tangenciales durante más de un (1) año. La fiscal

Meléndez presentó su Demanda por ―una sola causa de

acción, por los daños causados por la serie de artículos‖.

Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, supra, págs. 392-393

(énfasis en el original). Las angustias mentales y los

daños a la reputación reclamados responden al resultado

que tuvo la diseminación continua y constante de

expresiones que aseveraban que el hostigamiento se llevó a

cabo y que esos hechos se estaban tratando de ignorar

mediante el encubrimiento y las estrategias legales. Por

60 El peso de la prueba respecto al abuso de este privilegio recae sobre el demandante y deberá ser probado con evidencia independiente de la misma publicación. Cortés Portalatín v. Hau Colón, supra, pág. 740; Romany v. El Mundo, Inc., 89 D.P.R. 604, 616 (1963); Smolla, Law of Defamation, op. cit., págs. 8-52. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 96

lo tanto, para determinar los daños causados por la

difamación, debemos considerar el efecto acumulativo de

todas las publicaciones vistas como un conjunto.

VIII

DAÑOS

y la prensa argumentan que los daños concedidos a la

licenciada Meléndez no están sostenidos por la evidencia

sometida en el juicio, toda vez que no se presentó prueba

pericial de sus daños morales. Plantean, igualmente, que

la valoración de los daños es exagerada, al punto de ser

punitiva. Según detallamos a continuación, coincidimos

que las sumas otorgadas por el Tribunal de Primera

Instancia resultan ser excesivas, por lo que ameritan ser

reducidas.

―[R]eiteradamente hemos establecido que los

tribunales apelativos no deben intervenir con la

estimación de los daños que realicen los tribunales de

instancia a menos que las cuantías concedidas sean

ridículamente bajas o exageradamente altas…‖. S.L.G. v.

F.W. Woolworth & Co., 143 D.P.R. 76, 83 (1997) (énfasis

nuestro y citas omitidas). Además, la norma le impone a

la parte que solicita la modificación de los daños la

obligación de ―demostrar la existencia de las

circunstancias que hacen meritorio que se modifiquen‖.

Íd. (citas omitidas). Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-

Vincéns, 179 D.P.R. 774 (2010); Sagardía de Jesús v. Hosp. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 97

Aux. Mutuo, 177 D.P.R. 484, 509-510 (2009); Vázquez

Figueroa v. E.L.A., 172 D.P.R. 150, 157-158 (2007) (no se

puede ―reducir la cuantía concedida a una cifra irrisoria

que no guarda ninguna proporción con los daños sufridos‖);

S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 D.P.R. 614, 623, 630

(2002) (―el peticionario deberá demostrar pasión,

prejuicio, error manifiesto o parcialidad por parte del

foro recurrido al momento de hacer las [estimaciones de

los daños]‖ (citas omitidas)); Nieves Cruz v. U.P.R., 151

D.P.R. 150, 170 (2000); Blás v. Hosp. Guadalupe, 146

D.P.R. 267, 339 (1998); Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116

D.P.R. 443, 451-452 (1985).

Por otro lado, hemos reconocido que ―[a]unque la

valoración de los daños puede generar múltiples criterios,

lo cierto es que la decisión debe descansar – dentro de lo

posible – en el juicio del juzgador de instancia, quien

tuvo la oportunidad de ver la prueba de cerca y de

examinar la credibilidad de los testigos‖. Vázquez

Figueroa v. E.L.A., supra, pág. 157.

Al impartir daños, un tribunal juzgador debe tener

como su norte la siguiente cautela:

Conceder cuantías insuficientes en concepto de daños tiene el efecto de aminorar la responsabilidad civil a la que debe estar sujeta el causante del daño, mientras que conceder daños exagerados conlleva un elemento punitivo, no reconocido por nuestro ordenamiento. Por lo tanto, al adjudicar la cuantía, el tribunal debe procurar alcanzar una razonable proporción entre el daño causado y la indemnización otorgada…. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 98

Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 D.P.R. 408, 430 (2005) (cita

omitida); S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, supra, pág.

628.

Una manera de velar el que los daños atribuidos sean

razonables es comparar con las sumas de reclamaciones

previas donde concurren condiciones parecidas, siempre que

las indemnizaciones sean ajustadas al valor presente.

Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 D.P.R. 889

(2012); Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vincéns, supra,

págs. 785-786 (citando A.J. Amadeo Murga, El Valor de los

Daños en la Responsabilidad Civil, San Juan, Ed. Esmaco,

1997, Tomo I).

[S]i bien es cierto que no existen dos (2) casos exactamente iguales y que cada caso es distinguible según sus propias circunstancias, a los fines de determinar si la valorización de los daños en un caso específico es o no adecuada, ciertamente resulta de utilidad examinar las cuantías concedidas por este Tribunal en casos similares anteriores….

Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vincéns, supra, pág. 785

(corchetes y comillas omitidas) (citando S.L.G. v. F.W.

Woolworth & Co., supra, págs. 81-82). Advertimos, no

obstante, que luego de la valoración económica, venimos

obligados a examinar las circunstancias particulares del

litigio para asegurarnos de que se amerita la cuantía

concedida. Véase Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-

Vincéns, supra, pág. 786.

En casos de difamación, particularmente, una

consideración que se tiene que tomar en cuenta al momento

de imponer daños es asegurar que no se crea un efecto AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 99

disuasivo sobre la libertad de expresión, especialmente en

cuanto a asuntos de interés público. Pérez v. El Vocero

de P.R., supra, pág. 442.

En Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R., supra,

pág. 712, confirmamos la pauta esbozada en Soc. de

Gananciales v. El Vocero de P.R., supra, págs. 127-128, a

los efectos de que una acción de difamación al amparo del

Artículo 1802 del Código Civil, supra, es más abarcadora

que una acción bajo la Ley de Libelo y Calumnia. Ello,

porque permite que la persona perjudicada, además de ser

compensada por la lesión causada a su reputación y a sus

relaciones en la comunidad, también sea resarcida por

otros daños, tales como sus angustias mentales.

A pesar de que ―la determinación o cuantificación de

daños morales, tarea que ha sido descrita como uno de los

desafíos más delicados que plantea hoy la tarea judicial,

no debe descansar en datos materiales y prueba puramente

objetiva…‖, el demandante sí ―debe proveer evidencia que

sustente que realmente quedó afectado en su salud,

bienestar y felicidad….‖ Rivera v. S.L.G. Díaz, supra,

págs. 431-432 (citas y comillas omitidas). Asimismo,

hemos señalado que ―[d]e ordinario, una reclamación en

concepto de angustias mentales requiere la presentación de

prueba pericial y documental, tanto para probar la validez

de la reclamación como para que la parte adversa pueda

defenderse adecuadamente‖. Berríos v. González, 151

D.P.R. 327, 345 (2000). AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 100

Precisa mencionar, también, que en Puerto Rico rige

la regla de la publicación única, donde la extensión del

agravio, así como la distribución y circulación del

rotativo, son elementos valorativos del daño. Díaz

Segarra v. El Vocero, 105 D.P.R. 850 (1977).

En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia

encontró que la licenciada Meléndez sufrió angustias

mentales a consecuencia de las publicaciones de El Vocero,

al igual que daños a su reputación personal. La fiscal

testificó en el juicio que el 5 de noviembre de 1991 se

iba a romper en pedazos de la agonía y que ―no podía ni

hablar, no podía levantar la voz porque [se] sentía… que

[la] habían matado‖.61 También describió lo difícil e

incómodo que le resultó el tener que enfrentar y explicar

la situación a su madre y a su hermano. A base de las

publicaciones, su tío le pidió que no lo acompañara más a

eventos sociales. Otro suceso que le causó gran angustia

fue un día que llegó a su edificio de residencia y se

encontró con un grupo de vecinos que se burlaban de ella.

Asimismo, la licenciada Meléndez indicó que tenía

dificultades para dormir, se sentía ansiosa y estaba

obsesionada con leer todos los diarios por temor a

encontrarse con otro artículo más. Sufrió de depresión al

punto de contemplar quitarse la vida y tuvo que acudir a

un sicólogo y a una siquiatra para ayuda profesional.

61 Trans. 21 marzo 2002, pág. 78. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 101

El grave efecto que las publicaciones tuvieron sobre

el estado emocional de la licenciada Meléndez y su forma

de ser fue corroborado por el licenciado Rivera Martínez,

quien la describió como deprimida, siempre encerrada en su

oficina, poco comunicativa, y que compartía muy poco con

las personas. Igualmente, la fiscal Lora testificó que

durante ese periodo de tiempo la autoestima de la

licenciada Meléndez estuvo muy baja, que ésta se

encontraba avergonzada y tuvo que buscar ayuda

profesional.

Según relató la licenciada Meléndez, como parte de

sus labores entraba en contacto a menudo con personas que

investigaba. En una ocasión, le preguntaron

irrespetuosamente si era la misma persona acusada de

hostigamiento sexual. Sentía temor de que los miembros

del jurado de los casos criminales que trabajaba la

reconocieran por las fotos publicadas en El Vocero y que

eso influenciara en sus evaluaciones laborales. También

estaba consciente de que la querella, al igual que los

comentarios cuestionando su orientación sexual, eran temas

de alto interés que se discutían por todo el Centro

Para calcular los daños, el Tribunal de Primera

Instancia usó como guía el promedio de daños concedidos en

tres (3) casos anteriores cuyo elemento común era que se

trataban de pleitos donde un miembro de la profesión legal AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 102

había sido difamado.62 El valor actualizado de la cantidad

promedio para diciembre de 2003 resultó ser ciento setenta

y dos mil setenta y cinco dólares ($172,075.00).63 Sin

embargo, el tribunal de instancia encontró necesario

aumentar esa cifra ―considerablemente‖ en vista de las

circunstancias particulares del caso de autos, tales como

el número de publicaciones, la duración y el despliegue

que se le dio a la serie de artículos en primera plana del

periódico, y el efecto acumulativo que éstas tuvieron

sobre la condición emocional de la licenciada Meléndez.

En vista de ello, el Tribunal de Primera Instancia

hizo tres (3) valoraciones distintas en su adjudicación a

favor de la licenciada Meléndez. El foro primario estimó

los daños causados por la primera publicación de El Vocero

en quinientos quince mil dólares ($515,000.00), mientras

que los daños atribuibles al efecto cumulativo del resto

de la serie se adjudicaron en un millón cincuenta mil

dólares ($1,050,000.00). Concedió otros doscientos

cincuenta mil dólares ($250,000.00) por daños a la

reputación de la licenciada Meléndez, para un total de un

millón ochocientos quince mil dólares ($1,815,000.00),

además de intereses legales al cinco por ciento (5%) desde

62 Éstos fueron Benet v. Hernández, 22 D.P.R. 494 (1915) (daños de dos mil dólares ($2,000.00) a un abogado); Rivera v. Martínez, 26 D.P.R. 760 (1918) (daños de tres mil dólares ($3,000.00) a un juez); Franco v. Martínez, 29 D.P.R. 237 (1921) (daños de cinco mil un dólares ($5,001.00) a un abogado-notario). Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, págs. 96-98. Los tres (3) casos fueron resueltos antes de la doctrina de difamación establecida en New York Times Co. v. Sullivan, supra.

63 El Tribunal de Primera Instancia basó este cálculo en la fórmula propuesta por A.J. Amadeo Murga en El Valor de los Daños en la Responsabilidad Civil, San Juan, Ed. Esmaco, 1997, Tomo I. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, págs. 95-96, 98 n. 144. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 103

la fecha en que se presentó la Demanda hasta la fecha en

que se dictó la Sentencia.

El Tribunal de Apelaciones confirmó los daños

otorgados por el Tribunal de Primera Instancia en su

totalidad por entender que la señora Marrero y la prensa

no habían fundamentado adecuadamente que la indemnización

asignada fuese arbitraria o excesivamente alta. Habiendo

examinado rigurosamente la evidencia en autos, y a pesar

de que reconocemos que una serie de publicaciones falsas

tiene un impacto más devastador y perjudicial en la

reputación de la persona objeto de la difamación que una

noticia aislada, concluimos que la suma de los daños

conferidos en el presente caso resulta demasiado alta.

En primer lugar, la concesión de más de quinientos

mil dólares ($500,000.00) en daños por el primer artículo

de la serie resulta improcedente porque la causa de acción

presentada es por el efecto de la serie de artículos, no

de cada artículo. En vista de que la Demanda no reclamaba

daños por ―cada publicación aisladamente, sino por los

efectos acumulativos de todas las publicaciones tomadas en

conjunto‖, en Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, supra,

pág. 397, no encontramos razón por la cual fijar una

compensación por separado para cada artículo difamatorio.

En segundo lugar, aunque el razonamiento del Tribunal

de Primera Instancia de actualizar los daños concedidos en

pleitos anteriores por difamación aparenta ser bueno en

teoría, resultó ser impráctico e imposible en su AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 104

aplicación para este caso en particular. Los dictámenes

sobre los cuales el tribunal sentenciador descansó no

sirven de guía apta para ese fin. Además, nuestra

jurisprudencia no apunta a un caso similar que se pudiera

utilizar como punto de partida para estimar los daños

adecuados cuando se difama un funcionario público, debido

a que no hemos tenido la oportunidad desde lo resuelto en

New York Times Co. v. Sullivan, supra, hasta hoy, para

declarar meritoria una demanda por difamación presentada

por una figura pública en contra de los medios.

También notamos que no existe evidencia en los autos

de que las publicaciones de El Vocero afectaron el rango

laboral de la licenciada Meléndez u ocasionaron

disminución de su salario de forma alguna. De hecho, la

licenciada Meléndez fue renominada y confirmada a su cargo

de fiscal en el año 1991. Continuó manejando casos de

alto interés público y gozando de su posición como

Directora del C.M.I.D. hasta el año 1995, cuando se

trasladó a la Fiscalía de Caguas. Luego, pasó a ser

Directora de la División para Combatir el Crimen

Organizado y, eventualmente, Fiscal Auxiliar II en la

Fiscalía de Bayamón.

Por último, según consta en el récord, la licenciada

Meléndez nunca presentó prueba pericial en cuanto a sus

angustias mentales y el tiempo que duraron. Aunque ese

tipo de evidencia no es un requisito indispensable, su

ausencia dificulta precisar la magnitud del impacto AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 105

emocional que sostuvo, y alegadamente continúa sintiendo,

debido a los eventos aquí involucrados.

En vista de todo lo anterior, resolvemos que, el

Tribunal de Primera Instancia erró al calcular que el

valor actualizado de los daños sufridos por la licenciada

Meléndez asciende a un millón ochocientos quince mil

dólares ($1,815,000.00).64 Recalcamos que el criterio que

debe guiar a un juez a la hora de fijar el resarcimiento

debido es la razonabilidad. Sagardía de Jesús v. Hosp.

Aux. Mutuo, supra, págs. 509-510. La aplicación de dicho

criterio nos lleva a modificar el dictamen recurrido, a

los efectos de reducir los daños adjudicados.

Hemos descartado por completo la suma concedida

exclusivamente por la primera publicación de El Vocero de

5 de noviembre de 1991 puesto que, a base de lo antes

explicado, resulta improcedente. Ahora bien, en cuanto al

impacto negativo que la serie difamatoria tuvo sobre la

reputación de la licenciada Meléndez, cabe notar que la

integridad y honradez de la fiscal como mujer y como

funcionario público, así como su orientación sexual,

fueron altamente discutidos en la esfera pública durante

los meses que El Vocero le dio extensa cobertura a las

acusaciones infundadas de hostigamiento sexual de la

señora Marrero. Considerando la totalidad de las

64 En el caso de Krans Bell v. Santarrosa, supra, se le concedieron al demandante, una figura pública, daños ascendentes a ciento ochenta mil dólares ($180,000.00) cuando el programa de televisión SuperXclusivo anunció falsamente que ―sostenía una relación extramarital con una mujer a quien le compró un apartamento, unas joyas y un vehículo de motor‖. Íd. pág. 734 (nota al calce omitida). AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 106

circunstancias presentes en este caso, estimamos que la

suma de doscientos cincuenta mil dólares ($250,000.00)

adjudicada por el foro de instancia por daños a la

reputación de la licenciada Meléndez es adecuada.

Próximo, aun tomando en cuenta las consecuencias

emocionales que alteraron la vida de la licenciada

Meléndez como resultado de las publicaciones difamatorias

en controversia, las cuales se encuentran ampliamente

sostenidas por el testimonio en el récord, pesa en nuestro

ánimo la falta de prueba pericial en cuanto al impacto

prolongado alegado. Por lo tanto, disminuimos el valor de

las angustias mentales sufridas por ella a cien mil

dólares ($100,000.00).

A base de todo lo anterior, opinamos que la cantidad

total de trescientos cincuenta mil dólares ($350,000.00)

en el caso de autos representa una suma razonable.65 Véase

Vázquez Figueroa v. E.L.A., supra, pág. 158.

IX

TEMERIDAD Y HONORARIOS

Por último, tanto la señora Marrero como la prensa

impugnan la determinación de temeridad e imposición de

honorarios en su contra según consignado por el Tribunal

de Primera Instancia.

65 Cabe señalar que junto al pago de intereses post sentencia, habiéndose emitido dictamen el 15 de marzo de 2004, es decir, hace ya unos nueve (9) años atrás, el monto de la Sentencia a ser satisfecha aumentará aún más. Véase Regla 44.3(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.3 (2001); C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. 299, 343, 349-350 (2011). AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 107

La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.

Ap. III, R. 44.1(d) (2001) (Regla 44.1(d) de Procedimiento

Civil),66 establece que en la eventualidad de que una parte

haya procedido con temeridad o frivolidad durante el

trámite judicial, el tribunal sentenciador deberá

imponerle el pago de una suma por concepto de honorarios

de abogado que el juzgador entienda correspondan a tal

conducta. Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 D.P.R.

503, 519-520 (2010).

Por lo tanto, si en la discreción del tribunal de

instancia se determina que hubo temeridad, a tenor con la

Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil es mandatorio imponer

honorarios. P.R. Oil v. Dayco, 164 D.P.R. 486, 511

(2005); Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 334 (citando

Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713,

717-719 (1987)). Sólo se intervendrá con dicha

determinación si media un claro abuso de esa discreción.

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra, pág. 520;

S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R. 843, 866

(2008); P.R. Oil v. Dayco, supra, pág. 511.

Para cuantificar los honorarios a ser impuestos

conforme nuestro ordenamiento – a diferencia del método

adoptado en el foro federal que equipara la cuantía de

honorarios concedidos a los que efectivamente fueron

66 Véase nota al calce número 1. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 108

pagados por la parte victoriosa a su representante legal –

nuestra Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil exige que se

―le imponga a [la] parte [temeraria], como sanción, una

suma de dinero por concepto de honorarios que corresponda

a esa conducta temeraria o frívola observada por ella;

esto es, al grado, o intensidad, de tal conducta‖.

Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 D.P.R. 724,

738 (1990) (énfasis suprimido).

Esta Curia ha expresado que el concepto de temeridad

es amplio. Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 334. La

conducta temeraria se ha descrito como aquella que

―prolonga innecesariamente o que obliga que la otra parte

incurra en gestiones evitables…‖, Marrero Rosado v.

Marrero Rosado, 178 D.P.R. 476, 504 (2010) (citando a Elba

A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294, 329 (1990)), así como

―una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que

afecta el buen funcionamiento y la administración de la

justicia‖, P.R. Oil v. Dayco, supra, págs. 510-511 (nota

al calce omitida). Véase, además, S.L.G. Flores-Jiménez

v. Colberg, supra, pág. 866; Domínguez v. GA Life, 157

D.P.R. 690, 706 (2002); Blás v. Hosp. Guadalupe, supra,

págs. 334-337.

En innumerables ocasiones hemos señalado, sin

embargo, que ―[l]a temeridad es improcedente en aquellos

litigios que envuelven planteamientos complejos y

novedosos aun no resueltos en nuestra jurisdicción…‖, así AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 109

como ―cuando la parte concernida responde a lo que resulta

ser una apreciación errónea del derecho…‖ o una

―desavenencia honesta‖ en cuanto a la aplicación del

derecho, especialmente cuando no existan precedentes

vinculantes. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185

D.P.R. 880 (2012) (citando Santiago v. Sup. Grande, 166

D.P.R. 796, 821 (2006); Oliveras, Inc. v. Universal Ins.

Co., 141 D.P.R. 900, 936 (1996)). Santos Bermúdez v.

Texaco P. R., Inc., 123 D.P.R. 351 (1989). Así pues, en

C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. 299, 349 (2011), declinamos

conferir los honorarios por temeridad solicitados toda vez

que el litigante perdidoso estaba justificado en apelar ya

que esbozó una controversia resuelta vía opinión por

primera vez en ese caso.

encontró que la señora Marrero y la prensa fueron

temerarias al prolongar innecesariamente los

procedimientos del pleito, afectando de este modo el buen

funcionamiento de la administración de la justicia. El

juzgador concluyó que ―los demandados incurrieron en

conducta o actuación obstinada, contumaz, temeraria o

frívola al radicar una serie de mociones y recursos cuya

improcedencia era clara, cuyo propósito fue dilatar los

procedimientos‖. Sentencia del Tribunal de Primera

Instancia, pág. 102. En consecuencia, y en consideración

de los factores establecidos en Corpak, Art Printing v. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 110

Ramallo Brothers, supra, impuso el pago de cien mil

dólares ($100,000.00) por concepto de honorarios de

abogado, además de intereses legales al cinco por ciento

(5%) desde la fecha de la presentación de la Demanda hasta

la fecha en que se dictó la Sentencia. El foro apelativo

intermedio confirmó dicha determinación, y resolvió que el

Tribunal de Primera Instancia no abusó de su discreción ya

que había base suficiente en el expediente para concluir

que los apelantes habían sido temerarios durante el

trámite de su caso.

Diferimos de la determinación de temeridad del

tribunal primario y consideramos que el juez de instancia

no ejerció su discreción debidamente. Si bien es cierto

que los procedimientos del litigio se extendieron

prolongadamente – no se puede negar este hecho dado que la

Demanda se presentó en junio de 1992 y la Sentencia no se

emitió hasta marzo de 2004, es decir, casi doce (12) años

más tarde - no encontramos que la dilación fue provocada

por los demandados intencional o estratégicamente. Por el

contrario, varias de las interrupciones ocurridas a través

del largo trayecto judicial fueron justificadas.

Previo a comenzar el juicio, surgieron un total de

veintisiete (27) incidentes apelativos. Mediante estos

recursos, iniciados tanto por la licenciada Meléndez como

los demandados, se presentaron varias controversias

novedosas, al punto que en dos (2) ocasiones estimamos

necesario expresarnos en torno a ellas. Véase Meléndez v. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 111

Caribbean Int‘l. News, supra; Meléndez v. El Vocero de

Puerto Rico, supra. Posteriormente, luego de

transcurridos cincuenta y cuatro (54) días del juicio, se

reasignó el caso al Juez Roque Colón quien, a su vez,

necesitó tiempo adicional para familiarizarse

adecuadamente con el récord y los testimonios vertidos

durante el juicio. Este último imprevisto representó otra

complicación sustancial, aunque inevitable, en el trayecto

procesal del caso que retrasó su resolución por más de un

año.

La demora ocasionada por estos eventos ciertamente no

puede ser imputada a los demandados como fundamento de su

alegada temeridad. Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co.,

supra, pág. 936. Es menester recordar que ―no puede

penalizarse a un litigante que utiliza las vías judiciales

para vindicar un derecho por el simple hecho de no haber

prevalecido en su acción‖. Santos Bermúdez v. Texaco P.

R., Inc., supra, pág. 355. Abogar fielmente las defensas

o teorías de ley que amparan un representado en un caso

complejo, como lo es éste, no equivale a actuar de manera

frívola o contumaz.

Concluimos, por lo tanto, que la conducta de la

señora Marrero y de la prensa no cabe dentro del concepto

de temeridad tal como éste ha sido desarrollado en nuestra

jurisdicción. Por ende, los honorarios de abogado y el

interés legal pre sentencia concedidos por el Tribunal de

Primera Instancia son improcedentes. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 112

X

Por las razones antes expuestas, reducimos el monto

de los daños concedidos por angustias mentales y daños a

la reputación de la licenciada Meléndez a trescientos

cincuenta mil dólares ($350,000.00). De otra parte,

eliminamos la concesión de honorarios de abogado, así como

los intereses legales pre sentencia, toda vez que no se

obró con temeridad. Así modificada, se confirma la

Sentencia recurrida.

Se dictará Sentencia de conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. Núm.: AC-2007-0066 EL VOCERO DE PUERTO RICO, INC.; CARIBE INTERNATIONAL NEWS CORP.; GASPAR ROCA; JOSÉ A. PURCELL Y OTROS

APELANTES Consolidado con Apelación IRIS MELÉNDEZ VEGA

APELADA Núm.: AC-2007-0067 v.

PETICIONARIA Núm.: CC-2007-0827

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 2

presente Sentencia, reducimos el monto de los daños concedidos por angustias mentales y daños a la reputación de la Lcda. Iris Meléndez Vega a trescientos cincuenta mil dólares ($350,000.00). De otra parte, eliminamos la concesión de honorarios de abogado, así como los intereses legales pre sentencia, toda vez que no se obró con temeridad. Así modificada, se confirma la Sentencia recurrida.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo, Interina. La Jueza Asociada señora Fiol Matta hace constar las siguientes expresiones:

Estoy conforme con la Opinión, excepto en cuanto a la cuantía por daños otorgada a la fiscal Iris Meléndez Vega y a la eliminación de los honorarios de abogado concedidos por temeridad. Entiendo que la Opinión elabora correcta y cabalmente los fundamentos para las determinaciones relacionadas con la sustitución del juez de primera instancia, con la deferencia que concedió el Tribunal de Apelaciones a las determinaciones de credibilidad del foro inferior, con la responsabilidad del licenciado Héctor Santiago Rivera, con el análisis de la serie de artículos como un conjunto y con la conclusión de que la parte demandante probó que la parte demandada actuó con malicia real al difamar a una figura pública. No obstante, no encuentro base para alterar la suma de $1,050,000.00 concedida por el Tribunal de Primera Instancia y confirmada por el Tribunal de Apelaciones para compensar las angustias mentales sufridas por la fiscal Meléndez Vega a causa de la publicación de la serie de noticias, ni para revocar la concesión de honorarios por temeridad.

La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre en parte y disiente en parte con opinión escrita. El Juez Presidente señor Hernández Denton y la Jueza Asociada señora Pabón Charneco no intervienen. El Juez Asociado señor Martínez Torres inhibido.

Camelia Montilla Alvarado Secretaria del Tribunal Supremo, Interina EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. AC-2007-0066

El Vocero de Puerto Rico, Inc.; Caribe International News Corp.; Gaspar Roca; José Consolidado con A. Purcell y Otros

v. AC-2007-0067

Martha Marrero de Ramos Consolidado con

v. CC-2007-0827

Opinión concurrente y disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 3 de julio de 2013

Concurro con la Opinión que emite en el día de hoy

este Tribunal por entender correcta la determinación con

respecto a las controversias sobre la sustitución del

juez de primera instancia, la responsabilidad del AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 2

licenciado Héctor Santiago Rivera y la conclusión de que

en este caso se probó la difamación de la demandante con

malicia real por parte de los demandados. No obstante,

disiento de la reducción sustancial de la suma de daños

concedidos a la Fiscal Meléndez y de la eliminación de

los honorarios concedidos por temeridad bajo el pretexto

de que la cuantía otorgada aumentará debido a los

intereses postsentencia.

A continuación repasamos el derecho aplicable y los

criterios que consideramos deben tomarse en cuenta al

analizar una causa de acción por los daños acumulativos

de la publicación de una serie de artículos difamatorios

y la valorización de estos daños.

Los hechos que generaron la controversia ante

nosotros están adecuadamente resumidos en la Opinión del

Tribunal, por lo tanto sólo resaltaré aquellos detalles

que justifican que la cuantía de daños no sea disminuida

arbitrariamente.

La licenciada Iris Meléndez Vega (fiscal Meléndez)

fue designada Directora del Centro Metropolitano de

Investigaciones y Denuncias (C.M.I.D) del Departamento de

Justicia el 3 de septiembre de 1990. En el puesto de

Secretaria Legal I del Director o Directora del C.M.I.D.

se desempeñaba la demandada, señora Martha Marrero

Rivera. La fiscal Meléndez decidió retener a la señora

Marrero como secretaria para no crear ningún tipo de AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 3

ansiedad entre los empleados por hacer cambios de

personal, descartando la idea de reclutar a alguien de

confianza para el puesto de secretaria.

Con el pasar del tiempo, según las determinaciones

de hechos del Tribunal de Primera Instancia, la relación

laboral entre la fiscal Meléndez y la señora Marrero

comenzó a generar fricciones por varios incidentes de

insubordinación protagonizados por la secretaria. En

junio de 1991, la señora Marrero fue trasladada, primero

destacada en la oficina central del Departamento de

Justicia y luego en la Fiscalía de San Juan. Como

detalla la Opinión del Tribunal, los motivos del traslado

contrastan entre sí: según la Fiscal Meléndez, el

traslado ocurrió debido a desavenencias en la relación

laboral; mientras que la señora Marrero afirma que

solicitó el traslado del C.M.I.D. por ser víctima de

hostigamiento sexual por parte de la Fiscal.

Posterior al traslado, la señora Marrero presentó

una querella contra la Fiscal Meléndez por alegado

hostigamiento sexual que fue desestimada. Al mismo

tiempo, la señora Marrero sostuvo una entrevista con el

señor José A. Purcell (señor Purcell), donde le ofreció

su versión de los hechos que alegadamente culminaron en

su traslado. A partir de esta entrevista, la señora

Marrero, el señor Purcell, El Vocero de Puerto Rico, Inc.

(El Vocero) y el licenciado Héctor Santiago Rivera

(licenciado Santiago Rivera), llevaron a cabo continuas AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 4

acciones difamatorias que consistieron en una serie de

artículos publicados en el periódico El Vocero durante

veintitrés (23) meses y cinco (5) cartas dirigidas al

Secretario de Justicia, pero divulgadas a la prensa.

Comenzando el 5 de noviembre de 1991, el periódico

El Vocero inició una serie de publicaciones relacionadas

a la Fiscal Meléndez y a la falsa imputación de

hostigamiento sexual por su secretaria en el C.M.I.D., la

señora Marrero. La mayoría de estas publicaciones fueron

redactadas por el señor Purcell, empleado de El Vocero

que entrevistó y fundamentó sus publicaciones en la

versión de los hechos de la señora Marrero.

Culminado el proceso administrativo de la

investigación sobre la querella presentada por la señora

Marrero en el Departamento de Justicia y varios

procedimientos judiciales instados por ésta, el 19 de

junio de 1992 la Fiscal Meléndez presentó la demanda de

difamación que hoy resolvemos contra El Vocero de Puerto

Rico Inc., Caribbean International News Corp., Gaspar

Roca, José A. Purcell, Martha Marrero de Ramos y la

sociedad integrada por ésta y su esposo. Poco después,

enmendó su demanda para incluir al licenciado Héctor

Santiago Rivera, representante legal de la señora

Luego de un lento, dilatado y accidentado proceso

ante dos jueces en el Tribunal de Primera Instancia, cuyo

detalle se encuentra resumido por la Opinión del AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 5

Tribunal, casi 12 años después de presentada la demanda,

el foro de instancia ordenó a todos los codemandados a

compensar a la Fiscal Meléndez por los daños ocasionados

al difundir falsas alegaciones de hostigamiento sexual

mediando malicia real. A la vez, estimó los daños en un

millón ochocientos quince mil dólares ($1,815,000.00) en

angustias mentales y daños a su reputación. Además,

impuso cien mil dólares ($100,000.00) a la parte

demandada en honorarios de abogado por haber litigado con

temeridad, e intereses legales sobre ambas cuantías al

cinco por ciento (5%), desde la fecha de la presentación

de la demanda hasta que se dictó Sentencia.

En desacuerdo con el dictamen, los demandados

recurrieron al Tribunal de Apelaciones. En una Sentencia

emitida el 28 de febrero de 2007, el foro apelativo

intermedio confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera

Instancia con respecto a la responsabilidad de la señora

Marrero y la prensa,67 pero revocó la responsabilidad del

licenciado Santiago Rivera.

Inconformes, todas las partes excepto el licenciado

Santiago Rivera, recurren ante nosotros.

A

Continuamente se ha reconocido que a partir de 1952

―[l]a fuente principal de la protección contra injurias

67 Al igual que la Opinión del Tribunal, nos referimos al señor Purcell, Caribbean International News Corp., El Vocero y el señor Roca conjuntamente como ―la prensa‖. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 6

es... la Constitución‖. Cortés Portalatín v. Hau Colón,

103 D.P.R. 734, 738 (1975); véase Colón Pérez v.

Televicentro, 175 D.P.R. 690, 704-705 (2009); Ojeda v. El

Vocero, 137 D.P.R. 315, 327 (1994); Clavell v. El Vocero

de P.R., 115 D.P.R. 685, 690 (1984). Esta protección

surge de la Sección 8 de la Carta de Derechos, que

reconoce a toda persona la ―protección de ley contra

ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida

privada o familiar‖. Const. P.R., Art. II, Sec. 8.68 Sin

embargo, al existir un interés social y constitucional de

protección a la libertad de prensa con el fin de

―promover la discusión franca y vigorosa de los asuntos

públicos‖, Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R.

415, 420 (1977), la protección del ciudadano contra la

publicación difamatoria genera un conflicto entre dos

valores fundamentales que requiere de un análisis

cauteloso. Giménez Álvarez v. Silén Maldonado, 131

D.P.R. 91 (1992).

En esencia el análisis va a depender de si el

demandante es funcionario o figura pública, con un grado

de exigencias constitucionales más fuertes, o si el

68 Por otro lado, también se ha reconocido que la acción por difamación o libelo en nuestra jurisdicción tiene tres (3) fuentes: la propia Sección 8 del Art. II; la Ley de Libelo y Calumnia, Ley de 19 de febrero de 1902, 32 L.P.R.A. sec. 3141 et seq. y el Art. 1802 de nuestro Código Civil. Sin embargo, la Ley de Libelo y Calumnia sólo aplica ―en cuanto es compatible con la Constitución‖. Cortés Portalatín, 103 D.P.R. en la pág. 738. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 7

demandante es considerado una persona privada, en cuyo

caso se aplicaría un criterio más laxo. En Torres Silva

v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 (1977), incorporamos en

nuestro ordenamiento el análisis constitucional

establecido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

en New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964),

con respecto al funcionario público o figura pública.

Véase Colón Pérez, 175 D.P.R. en la pág. 706.

En este caso no existe controversia entre las partes

de clasificar a la Fiscal Meléndez como funcionaria

pública,69 clasificación que opinamos correcta. Sin

embargo, la Opinión del Tribunal carece de una discusión

sobre el concepto de funcionario público el cual acarrea

una menor protección del individuo frente a publicaciones

difamatorias a los ciudadanos. Es apropiado en este caso

discutir el alcance del término funcionario público,

cuyos límites se ―rige[n] por consideraciones de índole

constitucional‖ y que el ―hecho de ser ‗funcionario‘ o

‗empleado‘ para otros propósitos jurídicos no es

pertinente‖. Soc. de Gananciales v. López, 116 D.P.R.

112, 114-115 (1985). Por lo tanto, antes de discutir el

criterio necesario para reconocer la causa de acción por

69 En el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio, la Fiscal Meléndez expone como parte de su teoría del caso que: ―Por ser funcionaria pública, para prevalecer en este caso la aquí demandante tiene que probar, con prueba clara y convincente, que las publicaciones se hicieron con ‗malicia real‘, esto es, con conocimiento de su falsedad, o con grave menosprecio respecto a si eran falsas o no‖. Apéndice del recurso CC-2007-827 en la pág. 843. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 8

difamación según New York Times v. Sullivan, es necesario

establecer los límites de la clasificación de funcionario

público.

En Soc. de Gananciales v. López, 116 D.P.R. 112

(1985), adoptamos la dirección propuesta por el Tribunal

Supremo federal en Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 75

(1966). En este caso, luego de reconocer que en New York

Times v. Sullivan se había pospuesto esa discusión para

otra ocasión,70 se discutieron los dos principios que

motivaron la creación de la clasificación. En primer

lugar, se reconoció que existe: ―a profound national

commitment to the principle that debate on public issues

should be uninhibited, robust and wide open‖, y que por

tanto ese debate podría incluir ataques poco placenteros

a funcionarios públicos. Id. en la pág. 85. En este

sentido, se reconoce que existe tanto un fuerte interés

en el debate de asuntos públicos como en debatir sobre

aquellas personas que se encuentran en una posición

suficientemente importante para influenciar los asuntos

públicos. Id. Por lo tanto, concluye que la

clasificación de funcionario público aplica ―at the very

least to those among the hierarchy of government

employees who have, or appear to the public to have,

substantial responsibility for or control over the

conduct of governmental affairs‖. Id.

70 Véase Rosenblatt, 383 U.S. en la pág. 85; Sullivan, 376 U.S. en la pág. 727 n.23. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 9

Sin embargo esto sólo presenta un criterio para la

aplicación de la clasificación como funcionario público.

En Rosenblatt se provee un segundo factor que limita el

alcance de la clasificación, descrito de la siguiente

forma: ―[w]here a position in government has such

apparent importance that the public has an independent

interest in the qualifications and performance of the

person who holds it, beyond the general public interest

in the qualifications and performance of all government

employees‖. Id. en la pág. 86 (énfasis nuestro). Con

respecto a estos empleados públicos, se exige el

cumplimiento de los dos elementos que motivaron New York

Times v. Sullivan y por tanto el estándar para reconocer

la causa de acción por difamación requiere malicia real.

Este segundo criterio permite hacer un balance adecuado

entre la protección a la libertad de prensa y el interés

que posee la sociedad en proteger la reputación de un

individuo.

Por otro lado, es necesario resaltar, como lo hizo

el Tribunal Supremo federal, que el requisito de malicia

real no debe aplicar simplemente porque la publicación

difamatoria sobre un empleado de gobierno haya atraído el

interés público. Id. en la pág. 86 n.13. ―La posición

del empleado debe ser tal que invite el escrutinio

público y la discusión de la persona que la ocupe‖. Soc.

de Gananciales, 116 D.P.R. en la pág. 116. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 10

Según el profesor David A. Elder, el análisis

establecido en Rosenblatt ha sido ―grossly interpreted,

flagrantly misaplied or blatantly ignored‖ tanto por las

cortes federales como estatales. David A. Elder,

Defamation: A Lawyer’s Guide Sec. 5:1, 5-12 (1993). A

fin de aplicar de forma adecuada este criterio, este caso

nos permite delimitar la aplicabilidad del requisito de

malicia real, al menos respecto a los abogados que

laboran para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Resalta el profesor Elder que no debe haber duda de que

abogados de tanto el gobierno federal como estatal que

poseen poder decisional o de creación de política pública

y un control sustancial sobre aspectos importantes del

sistema judicial deben ser clasificados como funcionarios

públicos. David A. Elder, Defamation, Public Officialdom

and the Rosenblatt v. Baer Criteria – A Proposal for

Revivification: Two Decades After New York Times Co. v.

Sullivan, 33 Buff. L. Rev. 579, 673 (1984)(―Clearly,

federal or state legal counsel with substantial control

over important aspects of the judicial system and

significant decision-making or policy-making imput...are

fairly deemed ‗public officials‘‖).

En Puerto Rico esto incluye necesariamente al

Secretario de Justicia, al Fiscal General, al Procurador

General y a los Fiscales de Distrito. Sin embargo, es

necesario analizar la Ley Orgánica del Departamento de

Justicia para determinar si la Fiscal Meléndez, como AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 11

Directora del C.M.D.I. ocupa una posición que ―invite el

escrutinio público y la discusión de la persona que lo

ocupe‖. Soc. de Gananciales, 116 D.P.R. en la pág. 116.

Mientras, cualquier otro abogado que es simplemente

compensado con fondos gubernamentales no debe

considerarse funcionario público para efectos de requerir

malicia real. A menos de que la parte demandada pueda

demostrar que ―particular functions and responsibilities

of such an attorney qualify him as a ‗public official‘

through a fact-intensive delineation of his authority.‖

Elder, supra, pág. 675.

B

En New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254

(1964) se estableció el análisis aplicable a la causa de

acción de libelo. El Tribunal Supremo federal determinó

que ―la publicación de un informe falso o comentarios

injustificados relacionados a la conducta oficial de un

funcionario público están inmunes de reclamaciones de

libelo y gozan de un privilegio restringido‖. Torres

Silva, 106 D.P.R. en la pág. 421. Ese privilegio se

pierde cuando la información divulgada haya sido falsa y

su publicación se haya hecho con conocimiento de que era

falsa o con un grave menosprecio de su falsedad. Id.

Este requisito es el que New York Times v. Sullivan

definió como ‗malicia real‘. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 12

Por lo tanto, en casos que impliquen a un

funcionario público, los elementos de la causa de acción

de difamación consisten en probar mediante prueba directa

o circunstancial que: (a) la información difamatoria es

falsa, (b) que se publicó a sabiendas de que era falsa o

con grave menosprecio de si era falsa o no; y (c) que se

causaron daños reales. Garib Bazain v. Clavell, 135

D.P.R. 475, 482 (1994); Villanueva v. Hernández Class,

128 D.P.R. 618, 642-643 (1991); Torres Silva, 106 D.P.R.

en la pág. 427. Además, según resuelto por New York

Times v. Sullivan, y adoptado por este Tribunal

anteriormente, es requisito constitucional la existencia

de identificación específica, Colón Pérez, 175 D.P.R. en

la pág. 722, conocido en el derecho norteamericano como

el requisito de ―of and concerning the plaintiff.‖ New

York Times v. Sullivan, 376 U.S. en las págs. 290-292.

Este requisito ―consiste en que para que se resuelva a su

favor una demanda por difamación, la parte demandante

debe probar que las manifestaciones alegadamente

libelosas o calumniosas se refería específicamente a su

persona‖. Colón Perez, 175 D.P.R. en la pág. 720.

Con respecto a la malicia real, ésta requiere de

prueba clara, robusta y convincente. Id. en la pág. 725;

Clavell v. El Vocero, 115 D.P.R. en la pág. 696; New York

Times v. Sullivan, 376 U.S. en las págs. 285-286. Esto

quiere decir que ―la parte reclamante deb[e] señalar

hechos que, de ser creídos, demuestr[an] que la persona AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 13

demandada abrigaba serias dudas sobre la certeza de la

publicación‖. Colón Pérez, 175 D.P.R. en la pág. 708. En

otras palabras, no se trata de evaluar si una persona

razonablemente prudente hubiera publicado o investigado

un poco más antes de publicar la información falsa, sino

que ―[t]iene que existir ‗prueba suficiente que permita

concluir que el demandado abrigaba serias dudas sobre la

certeza de la información‘‖. García Cruz v. El Mundo, 71 Inc., 108 D.P.R. 174, 181 (1978). Finalmente, la

suficiencia de la prueba presentada para sustentar la

malicia real es una cuestión estrictamente de derecho

debido al interés protegido por el requisito de malicia

real. Colón Pérez, 175 D.P.R. en la pág. 725; Harte-Hanks

Communications, Inc. v. Connaughton, 491 U.S. 657, 685

(1989).

C

En el caso ante nosotros ya habíamos reconocido que

la demandante había decidido ―demandar por una única

71 Es importante resaltar que el concepto de malicia real no tiene que ver con la intención del demandante en publicar información difamatoria, sino con el conocimiento que tuvo en el momento de la publicación. Según hemos expresado anteriormente: ―Quien se expresa con malicia real lo hace a sabiendas de que los hechos imputados son falsos o con grave menosprecio a la verdad, incurriendo en el susodicho menosprecio quien se expresa albergando serias dudas con respecto a la veracidad de los hechos imputados‖. Cabrero v. Zayas, 167 D.P.R. 766, 779 (2006) (Sentencia)(Rodríguez Rodríguez, J., Op. Conformidad). El concepto de malicia real ―es una figura subjetiva‖, donde se debe probar, no que el demandado debió actuar como una persona normal hubiera actuado, sino que actuó con conocimiento de la ausencia de la verdad en su publicación. Id. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 14

causa de acción, al pedir indemnización, no por los daños

de cada publicación aisladamente, sino por los efectos

acumulativos de todas las publicaciones en conjunto‖.

Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, 144 D.P.R. 389, 397

(1997) (énfasis nuestro). Esta causa de acción,

concluimos en aquella ocasión, ―es evidentemente

diferente a la de reclamar daños por cada artículo

publicado, en cuyo caso cada uno de ellos constituiría

una causa de acción separada‖. Id. Por ende, esta causa

de acción requiere de un análisis distinto a la causa de

acción por cada publicación, pero deberá contener

criterios similares de suerte que se garantice un

adecuado balance entre el derecho a la intimidad de la

demandante y el derecho a la libertad de expresión del

demandado. No podemos atender la controversia ante

nosotros mediante un análisis individual de cada

artículo, ya que ―[l]a acción ante nos es por los daños

causados por el efecto acumulativo de la serie de

artículos‖. Id. en la pág. 398 (énfasis nuestro). Ésta

requiere de un análisis global de la serie de artículos

publicados junto a un análisis según los criterios de una

publicación difamatoria.

En nuestro dictamen anterior no discutimos si esta

causa de acción requería un análisis distinto a aquellas

en que se reclama por cada publicación como causas de

acción independientes, pues este asunto no estuvo ante

nuestra consideración, y lo cierto es que no nos hemos AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 15

expresado sobre cómo se debe probar esta causa de acción.

Debido a la clara diferencia entre reclamar por los daños

de una publicación y reclamar por el efecto acumulativo

de una serie de artículos, ciertamente el análisis no

puede ser el mismo. Pasemos entonces a considerar cuáles

deben ser estos requisitos.

Para definir lo que constituye una serie de

artículos y determinar si constituyen una publicación

difamatoria debemos comenzar con lo obvio, qué significa

―una serie‖. La Real Academia Española define el vocablo

serie como un ―[c]onjunto de cosas que se suceden unas a

otras y que están relacionadas entre sí‖. Real Académica

Española, Diccionario de la lengua española 2053, T. II

(22da ed. 2001). Por lo tanto, una serie de artículos

consiste de un conjunto de publicaciones sucesivas

relacionadas al mismo tema. En el caso de alegarse que

los artículos son difamatorios, la serie debe referirse a

la misma persona. En este sentido, para efectos de la

causa de acción por difamación, definiremos serie de

artículos difamatorios como un conjunto de publicaciones

que consiste de tres o más artículos,72 publicados en

fechas distintas, relacionadas al mismo tema y persona,

dentro de un periodo de tiempo determinado que refleje un

72 Nos parece razonable definir serie como tres (3) artículos o más, ya que la publicación de una cantidad menor de artículos no presenta un interés de continuidad sobre el tema o la persona sobre quien se publica la información. En estos casos sólo estaría disponible una causa de acción por cada publicación difamatoria. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 16

patrón o consistencia y que en conjunto publican una

información falsa, hacen una referencia específica a la

parte demandante, son publicados con malicia real y

generaron daños.

Ahora bien, esto no quiere decir que cada uno de los

artículos tiene que ser difamatorio por sí solo. Por ser

la causa de acción dirigida al efecto acumulativo de

todos los artículos en conjunto, al evaluar la prueba

presentada se debe considerar el efecto que tiene la

insistente publicación de información falsa, con grave

menosprecio de si era falsa o no. En este sentido, es

irrelevante determinar el número de artículos

difamatorios, si en efecto todos los artículos publicados

vinculan a la demandante continuamente con aquellos

artículos que, analizados de forma independiente, son

difamatorios. Al ser una causa de acción distinta, los

tribunales vienen obligados a evaluar todos los

requisitos antes mencionados, pero tomando la serie como

un conjunto. De lo contrario, no existiría diferencia

alguna entre presentar una reclamación por cada uno de

los artículos y presentar la causa de acción reconocida

por este Tribunal en etapas anteriores de este caso.

Véase Meléndez v. El Vocero, 144 D.P.R. 389 (1997).73 Es

73 En aquella ocasión claramente distinguimos la causa de acción separada por cada artículo publicado de la causa de acción por el efecto acumulativo de una serie de artículos. Con respecto a la figura de prescripción expresamos que: ―No puede haber, pues ‗prescripción‘ de alguno de esos artículos porque lo que puede prescribir AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 17

evidente que reclamar los daños por los efectos

acumulativos de una serie de artículos difiere de

reclamar por los daños generados por cada uno de ellos.

Id. en la pág. 397.

Es necesario aclarar que el efecto de este análisis

propuesto no sanciona expresiones protegidas bajo nuestra

Constitución o la de Estados Unidos, ya que, probada la

malicia real de las publicaciones, el derecho a la

libertad expresión no permite la continuidad de la

publicación de información falsa. Aquellos artículos que

contengan expresiones protegidas no se tomarán en cuenta

para el efecto acumulativo, a menos que contengan una

referencia específica de continuidad a los artículos

difamatorios. De esta forma se salvaguarda el derecho a

la libertad de expresión y se limita cualquier efecto de

autocensura. Colón Pérez, 175 D.P R. en la pág. 703;

Pérez v. El Vocero, 149 D.P.R. 427, 442 (1999). Por lo

tanto, el análisis del efecto acumulativo de una serie de

artículos es sui generis y consiste en evaluar la serie

de artículos publicados en fechas distintas, que se

refieren a un mismo tema y persona, en conjunto a los

requisitos jurisprudenciales de una publicación

difamatoria, excluyendo sólo los artículos que contengan

es la causa de acción, no un elemento de ésta‖. Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, 144 D.P.R. en la pág. 398 (énfasis nuestro). No podemos evaluar de manera independiente cada uno de los artículos, cuando anteriormente reconocimos que sólo constituyen un elemento de la causa de acción por el efecto acumulativo de una serie. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 18

expresiones protegidas sin la intención de proveerle

continuidad a anteriores publicaciones difamatorias.

Apliquemos el marco jurídico expuesto a la

controversia ante nosotros. Del expediente del caso se

desprende que por veintitrés (23) meses El Vocero

publicó, de manera consistente y habitual, cuarenta y

tres (43) artículos cuyo tema constante fue la Fiscal

Meléndez y las falsas imputaciones de hostigamiento

sexual por parte de la señora Marrero. Según se definió

anteriormente, nos encontramos ante una serie de

artículos difamatorios.

La Fiscal Meléndez trabajó como abogada en el

Departamento de Justicia desde que fue admitida a la

profesión. Su primer nombramiento como Fiscal Auxiliar

ocurrió en 1979, ascendiendo por los distintos niveles

jerárquicos del ministerio público hasta recibir en 1991

la designación de Fiscal Especial General.74 Es este

nombramiento que debemos analizar para determinar si es

acertado o no denominar a la Fiscal Meléndez como

funcionaria pública y aplicar los requisitos de New York

Times v. Sullivan.

La Ley Orgánica del Departamento de Justicia, Ley

Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 3 L.P.R.A. secs. 291-

74 La Fiscal Meléndez fue designada por el entonces gobernador Rafael Hernández Colón. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 19

296f (Ley Núm. 205), establece las funciones y deberes

del Secretario de Justicia, de los otros funcionarios y

empleados del Departamento y, además, provee la

organización interna necesaria para que el Secretario

pueda cumplir con sus funciones constitucionales

indispensables. Asimismo, la Ley Núm. 205 crea los

cargos particulares de Fiscal General de Puerto Rico y

Procurador General, con sus respectivos deberes y

funciones. 3 L.P.R.A. secs. 293v; 294k. Finalmente,

establece las distintas categorías de fiscales y

procuradores que componen la mayoría de los empleados del

Departamento. Estos últimos, según la Ley Núm. 205,

estaban subcategorizados en: Fiscales Especiales

Generales, Fiscales de Distrito, Fiscales Auxiliares III,

Fiscales Auxiliares II, Fiscales Auxiliares I,

Procuradores de Asuntos de Familia y Procuradores de

Asuntos de Menores.75 Todas estas posiciones requieren

del nombramiento por el Gobernador o Gobernadora de

Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado. 3

L.P.R.A. sec. 294q. Ciertamente, todos deben ser

abogados admitidos a la profesión por el Tribunal Supremo

de Puerto Rico y gozar de ―buena reputación moral,

intelectual y profesional‖. 3 L.P.R.A. sec. 294s. Sin

75 El Plan de Reorganización Núm. 5 de 2011 sustituyó ―Fiscales Especiales Generales‖ con ―Fiscales Auxiliares IV‖, ―Fiscales de Distrito‖ con ―Fiscales Auxiliares‖ y ―Fiscal General‖ con ―Jefe de Fiscales‖. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 20

embargo, existe diferencia entre los años de experiencia

profesional requerida para sus nombramientos.

En el caso de los Fiscales Especiales Generales,

Fiscales de Distrito y Fiscales Auxiliares III, se

requería por lo menos seis (6) años de experiencia

profesional. Los Fiscales Auxiliares III, Procuradores

de Asuntos de Menores y de Familia requerían cuatro (4)

años de experiencia profesional y los Fiscales Auxiliares

I sólo requerían de un (1) año de experiencia.76 Esta

diferencia se sustenta esencialmente en las funciones y

deberes particulares reconocidos a los Fiscales

Especiales Generales y a los Fiscales de Distrito.

Según la Ley Núm. 205, los Fiscales Especiales

Generales tenían:

[A]demás de los deberes, poderes, obligaciones y autoridad que la ley confiere a los Fiscales de Distrito...los siguientes [deberes y funciones]: (a) Supervisar y dirigir las divisiones y unidades especializadas en el área criminal o en cualquier área del Departamento que el Secretario determine. (b) Investigar los asuntos penales, civiles y administrativos que el Secretario o el Fiscal General le encomiende y representar a estos funcionarios ante las agencias gubernamentales en la vista de cualquier causa.

76 Con las enmiendas del Plan de Reorganización Núm. 5 de 2011 los años de experiencia profesional requeridos son los siguientes: Fiscal de Distrito: Diez (10) años de experiencia profesional; Fiscal Auxiliar IV: Ocho (8) años de experiencia profesional; Fiscal Auxiliar III: Seis (6) años de experiencia profesional; Fiscal Auxiliar II: cuatro (4) años de experiencia profesional; Fiscal Auxiliar I: Dos (2) años de experiencia profesional; Procuradores de Asuntos de Menores y Procuradores de Asuntos de Familia: Cuatro (4) años de experiencia profesional. 3 L.P.R.A. sec. 2942s. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 21

(c) Actuar como representante del Pueblo de Puerto Rico, en cualquier caso penal o civil en el Tribunal de Primera Instancia. 3 L.P.R.A. sec. 294z.77

Como puede apreciarse, al redactar la Ley Núm. 205

el legislador estableció una diferenciación marcada entre

los requisitos, deberes y funciones del Secretario o la

Secretaria de Justicia, el Procurador o la Procuradora

General, el o la Fiscal General, los o las Fiscales de

Distrito y los y las Fiscales Especiales Generales y los

demás fiscales.78 En particular, se le encomendó a los

Fiscales Especiales Generales ―supervisar y dirigir‖

divisiones y unidades especializadas del Departamento de

Justicia. Evidentemente, estos deberes adicionales al

77 El artículo 75 de la Ley establece que las funciones y deberes de Fiscal de Distrito son las siguientes: (a) Supervisar el personal adscrito a la fiscalía. (b) Asignar los casos e investigaciones correspondientes entre los fiscales bajo su supervisión. (c) Velar porque los asuntos propios de la fiscalía se conduzca de manera eficiente y expedita. (d) Recomendar al Fiscal General y al Secretario cualquier movimiento del personal adscrito que se estime propio hacer, así como solicitar recursos adicionales que se entiendan necesarios para el mejor funcionamiento de la fiscalía. (e) Realizar las funciones y deberes ordinarios de fiscal y cualquier otra tarea o encomienda que tenga a bien asignarle el Fiscal General o el Secretario. 3 L.P.R.A. 295 78 Fiscales Auxiliares III, II y I; Procurador de Menores y Procurador de Familia. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 22

cargo de Fiscal Especial General incentivan a un

―escrutinio público y la discusión de la persona que lo

Por lo tanto, la clasificación de funcionario público, en

el caso del Departamento de Justicia incluye a los

siguientes funcionarios: Secretario o Secretaria de

Justicia, Procurador o Procuradora General, Fiscal

General, Fiscales de Distrito y Fiscales Especiales

Generales. En el caso ante nosotros, al momento de los

hechos la Fiscal Meléndez poseía un nombramiento de

Fiscal Especial General, encargada de dirigir el

C.M.I.D., con la consecuencia de ser clasificada como

funcionaria pública y, por lo tanto con una protección

limitada frente a publicaciones difamatorias.79

Determinada su clasificación como funcionaria

pública, procede analizar si la información difamatoria

es falsa, si se publicó con malicia real y si le causó

daños reales a la demandante.

En este aspecto concurro con el análisis de la

Opinión del Tribunal. Del examen independiente del

expediente en el caso ante nosotros surge la falsedad de

79 Esta clasificación la reconocemos y ―la hacemos con pleno conocimiento de sus consecuencias”. Según reconocimos en Cabrero v. Zayas, ―la discusión en los medios de nuestro país, no menos que en sus cafetines, hogares y foros afines, puede ser cruel en demasía. Tal es el precio de la igualdad y la libertad política, valores que subyacen la normativa constitucional en materia de difamación‖. Cabrero v. Zayas, 167 D.P.R. en la pág. 788 AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 23

la información publicada y contiene evidencia clara y

convincente de la existencia de malicia real por parte de

la señora Marrero y El Vocero. No es necesario repetir

la prueba testimonial y la serie de contradicciones que

llevaron al Tribunal de Primera Instancia a determinar

que ―la señora Marrero tenía ‗un plan concertado de hacer

todo lo posible por mancillar y desacreditar la

reputación de la [f]iscal Meléndez‘‖. Opinión del

Tribunal, en la pág. 63. Esta determinación fue

confirmada por el Tribunal de Apelaciones que resaltó que

la señora Marrero ―publicó sus imputaciones de

hostigamiento sexual a sabiendas de su falsedad‖. Id. en

la pág. 64. De la misma manera, concurro con la

exposición y determinación de la Opinión del Tribunal con

respecto a las publicaciones de la prensa. El expediente

de este caso muestra que ―había[] indicaciones

suficientes para dudar de la veracidad de [la] informante

principal‖ de la prensa. Id. en la pág. 82. Además, como

se resalta la Opinión del Tribunal:

[E]n el caso de autos ni siquiera se le dio la oportunidad a la licenciada Meléndez de ofrecer su versión de los hechos a la prensa. Esto tiende a indicar que no sólo hubo una falta de investigación adecuada, sino que la prensa quería evitar enterarse de información que la pondría en una posición comprometedora. Id. en la pág. 86.

Cabe resaltar, que la Fiscal Meléndez probó la

existencia de malicia real por parte de la prensa, ―no

sólo en cuanto al primer artículo, sino a través del AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 24

tiempo que se prolongó la serie aquí reclamada‖. Id.

(énfasis nuestro).

Con respecto al requisito constitucional de

referencia específica, un análisis integral de los

cuarenta y tres (43) artículos publicados por El Vocero

nos lleva a concluir que la serie de artículos publicados

se refieren constantemente a la demandante. El elemento

constante de la serie de artículos publicados es la

controversia generada alrededor de unas imputaciones

falsas de hostigamiento sexual. En vista de que la

causa de acción presentada por la Fiscal Meléndez está

dirigida a los daños generados por el efecto acumulativo

de la serie de artículos, el requisito de referencia

específica debe satisfacerse con los artículos analizados

en conjunto.

Evaluados los artículos contenidos en el expediente,

encontramos que en todos y cada uno de los artículos que

componen la serie de publicaciones del periódico El

Vocero se hace referencia específica al nombre de la

Fiscal Meléndez.80 Por otro lado, una mayoría de las

80 Según hemos reconocido anteriormente, el requisito de referencia específica no exige que la publicación difamatoria haga mención directa al nombre de la persona que presenta su causa de acción. Más bien, existe referencia específica cuando una publicación difamatoria ―identifica específicamente al sujeto demandante cuando la audiencia o los receptores, correcta o erróneamente, pero AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 25

publicaciones contiene como parte de su titular, y

resaltadas en letras engrandecidas, las palabras: acoso

sexual, hostigamiento o caso hostigamiento, aun cuando su

contenido se refería a aspectos procesales de la

investigación o procedimientos judiciales. La única

intención que se puede inferir del uso continuo de estas

palabras en los artículos que hacen referencia a la

Fiscal Meléndez era mantener vivo el vínculo entre ésta y

las falsas acusaciones de hostigamiento. Finalmente, en

el periodo de veintitrés (23) meses en que se publicó la

serie de artículos, El Vocero incluyo la fotografía de la

Fiscal Meléndez en ocho (8) ocasiones, con clara

intención de mantener relacionada a la demandante con los

hechos e imputaciones de hostigamiento publicados en la

serie de artículos.

Por lo tanto, existe una clara referencia específica

a la demandante durante todo el periodo de publicación de

la serie de artículos en controversia.

Nos resta analizar los daños concedidos a la Fiscal

Meléndez, reducidos por la Opinión del Tribunal.

Reiteradamente hemos expresado que ―los foros apelativos

no debe[mos] intervenir con la apreciación de la prueba y

la determinación de daños que realice un tribunal de

instancia, salvo que ésta sea exageradamente alta o

razonablemente, así lo comprenden‖. Colón Pérez v. Televicentro de P.R., 175 D.P.R. 690, 722 n.28. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 26

ridículamente baja‖. Rodríguez Ramos v. Hospital Dr.

Susoni Inc., 2012 T.S.P.R. 150, en la pág. 23, 186 D.P.R.

___ (2012) (Rodríguez Rodríguez, J., Op. Concurrente y

Disidente). Sin embargo, hoy una mayoría de este

Tribunal ignora las determinaciones del tribunal de

instancia, y sin ofrecer mayor explicación en cuanto a su

metodología, reduce sustancialmente los daños concedidos.

El juez de instancia fundamentó su determinación de

los daños otorgados basándose en la práctica doctrinal de

―utilizar como guía o punto de partida las sumas

concedidas... en casos similares‖. Sentencia del

Tribunal de Primera Instancia, en la pág. 95 (citando a

Vázquez v. Woolworth & Co., 143 D.P.R. 76 (1997). Esta

práctica ha sido reiterada en innumerables ocasiones,

incluso tan reciente como el pasado mes de octubre en

Rodríguez v. Hospital Dr. Susoni Inc., 2012 T.S.P.R. 150

en la pág. 11. (Opinión del Tribunal). Sin embargo, para

una mayoría de este Tribunal hoy esta práctica parece

insuficiente.

El juez sentenciador utilizó como guía tres casos

similares para comenzar su análisis al valorizar los

daños ocasionados a la Fiscal Meléndez. La similitud de

los casos presentados con el caso ante nosotros consiste

en que éstos fueron procedimientos en los que se les

concedió indemnización a miembros de la profesión legal

una vez probada la causa de acción por libelo.

Ciertamente, este Tribunal nunca había resuelto una AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 27

controversia donde se satisficieran todos los requisitos

de una causa de acción de libelo bajo los criterios de

New York Times v. Sullivan, por lo tanto no existe un

precedente puntual con respecto a la valorización de

daños. Pero esto no quiere decir que debemos ignorar

indemnizaciones avaladas por este Tribunal en

controversias que tengan características similares. El

examinar cuantías concedidas en casos anteriores,

―[a]demás de constituir un punto de partida...reduce el

margen de arbitrariedad implícito en la valorización de

un daño no pecuniario‖. Id. en la pág. 23 (Rodríguez

Rodríguez, J., Op. Concurrente y Disidente).

Según resolvimos en Herrera, Rivera v. S.L.G

Ramírez-Vicéns, 179 D.P.R. 774 (2009), una vez se

identifican casos anteriores similares y las cuantías

concedidas, lo que procede es ajustarlas a su valor

presente. Rodríguez v. Hospital Dr. Susoni Inc., 2012

T.S.P.R. 150, en la pág. 23, 186 D.P.R. ___ (2012)

(Rodríguez Rodríguez, J., Op. Concurrente y Disidente).

En Rodríguez v. Hospital Dr. Susoni Inc. una mayoría de

este Tribunal decidió alterar el análisis originalmente

adoptado por esta Curia en Herrera, Rivera y formular uno

distinto. A pesar de disentir por el cambio de

metodología adoptado,81 procede que analicemos los hechos

en este caso conforme a lo que la mayoría dictaminó en

81 Véase Rodríguez v. Hospital Dr. Susoni Inc., 2012 T.S.P.R. 150, 186 D.P.R. ___ (2012) (Rodríguez Rodríguez, J., Op. Concurrente y Disidente). AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 28

Rodríguez v. Hospital Dr. Susoni Inc. Así, una vez se

realizan los ―cálculos, la cuantía resultante debe ser

analizada a la luz de las circunstancias particulares del

caso considerado ante el Tribunal‖. Herrera, Rivera, 179

D.P.R. en la pág. 786. Sólo se debe intervenir ―con la

indemnización concedida...cuando, tomando en cuenta las

concesiones por daños en casos similares anteriores

actualizadas al momento de la sentencia, y a la luz de

las circunstancias particulares del caso ante la

consideración del Tribunal, la cuantía concedida se

desvía manifiestamente de lo que sería una indemnización

razonable por ser ‗ridículamente baja o exageradamente

alta‘‖. Id. en las págs. 786-787.

Veamos el análisis del tribunal primario. El juez

de instancia identificó tres casos donde se concedía

cierta indemnización en casos de libelo a miembros de la

profesión legal. Los casos son: Benet v. Hernández, 22

D.P.R. 494 (1915); Rivera v. Martínez, 26 D.P.R. 760

(1918) y Franco v. Martínez, 29 D.P.R. 237 (1921). En

promedio, la compensación otorgada en los casos fue de

$3,333.00. Utilizando la fórmula propuesta por el

tratadista Amadeo Murga en su obra El Valor de los Daños

en la Responsabilidad Civil, esta compensación tendría un

valor, a diciembre de 2003, de $172,075.00.82

82 El cómputo llevado a cabo por el juez de instancia fue el siguiente: AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 29

Una vez actualizada la compensación de casos

similares, el juez de instancia procedió a resaltar

características del caso ante su consideración, según la

evidencia presentada, que justifican aumentar

considerablemente la compensación. Expuso el juez que

―[e]n el caso de autos debemos considerar las

circunstancias particulares tales como, el número de

publicaciones realizadas por el periódico (43), el efecto

cumulativo que éstas tuvieron en la mente y la conciencia

de la víctima (efecto sicológico), la duración o tiempo

de las publicaciones,‖ entre otros factores. Sentencia

del Tribunal de Primera Instancia, en la pág. 99 (énfasis

nuestro). Además, reconoció que se tienen que ―valorar

separadamente los daños a la reputación del daño por

Fórmula: $3,333 x 7.40 = $24,664.00 $24,664 .43 = $57,358.00 $57,358 x 300 = $172,075.00

Donde: $3,333.00 = al promedio de las compensaciones otorgadas en casos similares durante los años 1915, 1918 y 1921.

7.40 = al promedio del valor adquisitivo del dólar durante los años 1915, 1918 y 1921.

.43 = al poder adquisitivo del dólar a diciembre del año 2003.

300 = al % de aumento del nivel de vida en el año base 1940.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, en la pág. 98 n. 144. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 30

angustias mentales lo que implica una mayor compensación

de daños en general‖.83 Id.

Con esto en mente, el juez valoró los daños causados

por la primera publicación en $515,000.00. Con respecto

al efecto acumulativo de las otras cuarenta y dos (42)

publicaciones, concedió $1,050,000.00 y finalmente valoró

los daños causados a la reputación de la Fiscal Meléndez

en $250,000.00, para una totalidad de daños de

$1,815,000.00. Id.

Esta valorización de los daños fue confirmada por el

Tribunal de Apelaciones luego de estudiar la evidencia

presentada durante el juicio por la Fiscal Meléndez.

Luego de destacar ciertas partes del testimonio, el

tribunal concluyó que ―los apelantes no han traído a la

atención de este Tribunal circunstancia alguna que

evidencie que el foro apelado fue arbitrario y trasgredió

los límites de su función de estimar el valor de la

compensación a la que vienen obligados los apelantes‖.84

83 Nos dice el tratadista Amadeo-Murga que: Los daños a la reputación son una partida de daño moral separada de los de las angustias mentales en los casos en que esta pérdida tiene lugar y hay prueba de la misma. Se compensa la pérdida de la estimación por parte de otros lo que es distinto y separado de nuestra propia reacción y sufrimiento ante la difamación o el libelo y aun ante la pérdida de la estimación por parte de otros. Antonio J. Amadeo-Murga, El valor de los daños en la responsabilidad civil 181 (2da ed. 2012). 84 El panel de Tribunal de Apelaciones estuvo integrado por: la Jueza Rodríguez Oronoz, como Jueza Ponente; la AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 31

Sentencia del Tribunal de Apelaciones, en la pág. 59.

Tomando en consideración que la demandante en este

caso presentó su causa de acción dirigida a pedir

indemnización por los efectos acumulativos de todas las

publicaciones en conjunto, no se debe otorgar la partida

de daños concedida por la primera publicación. Por otro

lado, considerando que el juez de instancia siguió la

práctica doctrinaria para valorar los daños ocasionados a

la Fiscal Meléndez, ciertamente una tarea ―difícil y

angustiosa, debido a que no existe un sistema de

computación que permita llegar a un resultado exacto‖,

Rodríguez v. Hospital Dr. Susoni Inc., 2012 T.S.P.R. 150,

en la pág. 23 (Rodríguez Rodríguez, J., Op. Concurrente y

Disidente), no debemos intervenir con la discreción,

razonabilidad y apreciación de la prueba de quien tiene

―un vínculo más cercano con la prueba testifical del caso

y todos los componentes que lo rodean‖. Id. Por lo

tanto, eliminaría la compensación concedida por los daños

de la primera publicación y sólo ajustaría la

compensación por el efecto acumulativo de la serie de

publicaciones para que considere la primera publicación

dentro de la misma.

Ahora bien, han transcurrido nueve (9) años desde

que el Tribunal de Primera Instancia emitió la sentencia

en la que declaró con lugar la causa de acción de la

Jueza Bajandas Vélez y la actual Jueza Asociada del Tribunal Supremo señora Pabón Charneco. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 32

demandante. Ante la arbitraria reducción de la

valorización de los daños por parte de una mayoría de

este Tribunal, es necesario hacer un análisis de

actualización en la valorización de los daños al año

corriente para mostrar la categórica subvaloración de los

daños sufridos por la funcionaria pública.

Utilizando los tres casos similares señalados por el

Tribunal de Primera Instancia, los valores actualizados85

de cada uno, según la fórmula establecida por una mayoría

de este Tribunal en Rodríguez v. Hospital, son:

$22,758.62,86 $22,862.06,87 y $32,592.7288 respectivamente.

En promedio se otorgó $26,071.33 en daños por un sólo

85 Debido a la falta de estadísticas sobre Puerto Rico para los años anteriores al 1941, hemos decidido utilizar el valor del poder adquisitivo del dólar del consumidor en Estados Unidos para calcular la actualización. Reconocemos que el valor del poder adquisitivo del dólar del consumidor en Puerto Rico para los mismos años podría variar. Sin embargo ante la falta de una fuente confiable de estadística para esos años, preferimos utilizar un dato comparable. Por otro lado, decidimos utilizar el valor del poder adquisitivo del dólar para el año 2012 en el ajuste por inflación por ser el último año natural del que se posee estadística revisada. 86 Benet v. Hernández, 22 D.P.R. 494 (1915). El valor adquisitivo del dólar para el 1915 es $9.90, que se multiplican por los $2,000.00 que se otorgaron como compensación para luego dividirlo entre $0.87. Este ajuste por inflación representa la cifra de $22,758.62. 87 Rivera v. Martínez, 26 D.P.R. 760 (1918). El valor adquisitivo del dólar para el 1918 es $6.63, que se multiplican por los $3,000.00 que se otorgaron como compensación para luego dividirlo entre $0.87. Este ajuste por inflación representa la cifra de $22,862.06. 88 Franco v. Martínez, 29 D.P.R. 237 (1921). El valor adquisitivo del dólar para el 1921 es $5.67, que se multiplican por los $5,001.00 que se otorgaron como compensación para luego dividirlo entre $0.87. Este ajuste por inflación representa la cifra de $32,592.72. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 33

acto de difamación, y en sólo uno de los casos por una

publicación en un periódico. Por lo tanto, el efecto

negativo en la conciencia de la víctima y su reputación

ciertamente eran menores a los acaecidos en el caso ante

nosotros.

Vista la marcada diferencia con respecto al número

de publicaciones, el tiempo de duración de la actuación

difamatoria y el hecho de que en este caso hubo más de

una actuación difamatoria, la cantidad anterior debe ser

aumentada considerablemente. La prueba presentada y

creída tanto por el Tribunal de Primera Instancia como

por el Tribunal de Apelaciones demuestra los daños que le

causaron las publicaciones a la Fiscal Meléndez tanto en

su vida personal y familiar, como profesional. Según

concluye el Tribunal de Apelaciones, ―el foro

sentenciador tuvo ante sí la prueba testimonial necesaria

sobre el efecto traumático que causó en la Lcda. Meléndez

toda esa experiencia‖. Sentencia del Tribunal de

Apelaciones, en la pág. 57.

Tomando en cuenta las indemnizaciones actualizadas

en casos similares y la causa de acción presentada por la

Fiscal Meléndez, procede otorgar una cantidad que refleje

el valor de los daños por el efecto acumulativo de la

publicación de cuarenta y tres (43) artículos de

periódico, algunos con retrato de la demandante, otros en

portada y todos con referencia constante a las falsas

acusaciones por hostigamiento sexual. Vista la cantidad AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 34

otorgada por el Tribunal de Primera Instancia y

reconociendo que tal foro se encuentra en una mejor

posición para aquilatar el testimonio presentado,

considero que al eliminar la cantidad otorgada por sólo

el primer artículo difamatorio e integrarlo al análisis

del efecto acumulativo de la serie, se deben valorizar

los daños en no menos de $1,100,000.00.

En el pasado, vimos que se ha otorgado en promedio

$26,071.33 por un acto difamatorio probado ante un

Tribunal. En este caso hubo constantes actuaciones

difamatorias, incluyendo cuarenta y tres (43)

publicaciones en un periodo de veintitrés (23) meses en

un periódico de circulación general en Puerto Rico. Sin

llevar a cabo un análisis individual de cada una de las

publicaciones, podríamos equiparar cada publicación a una

actuación difamatoria por mantener la continuidad de la

publicación de información falsa. Si dividimos la

cantidad de $1,100,000.00 entre esas cuarenta y tres (43)

publicaciones, en promedio cada publicación, generó un

daño de $25,581.40. Por lo tanto, en comparación con la

valorización de los daños otorgados en el pasado por este

Tribunal una vez probada una actuación difamatoria, vemos

que el valor del daño por efecto acumulativo que

proponemos otorgar es jurídicamente y metodológicamente

razonable. Aplicando este análisis, reducimos los

márgenes de arbitrariedad que genera la reducción sin

discusión de la Opinión del Tribunal. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 35

Por otro lado, una mayoría del Tribunal decide dejar

sin efecto la decisión del Tribunal de Primera Instancia

de conceder honorarios de abogados luego de determinar

que la parte demandada actuó con temeridad en la

litigación del caso. Como resalta la Opinión del

Tribunal, la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. III, R. 44.1(d) (2001), dispone para la

otorgación de estos honorarios en aquel procedimiento

donde ―una parte haya procedido con temeridad o

frivolidad durante el trámite judicial‖. Opinión del

Tribunal, en la pág. 114. Por otro lado, ―hemos indicado

que un litigante actúa con temeridad cuando con

‗terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra

parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos,

trabajo e inconvenientes de un pleito‘‖. Flores Berger v.

Colberg y otros, 173 D.P.R. 843, 866 (2008). Igualmente,

―la determinación de temeridad es de índole discrecional,

por lo que sólo debemos intervenir con ella cuando nos

enfrentemos a un caso de abuso de discreción‖. Id. Colón

Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 D.P.R. 170 (2008);

P.R. Oil v. Dayco, 164 D.P.R. 486 (2005).

Incluso, este Tribunal reconoció en Blas v. Hospital

Guadalupe, varias de las situaciones en las que existe

temeridad, a saber: AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 36

(1) contestar una demanda y negar responsabilidad total, aunque se acepte posteriormente; (2) defenderse injustificadamente de la acción; (3) creer que la cantidad reclamada es exagerada y que sea esa la única razón que se tiene para oponerse a las peticiones del demandante sin admitir francamente su responsabilidad, pudiendo limitar la controversia a la fijación de la cuantía a ser concedida; (4) arriesgarse a litigar un caso del que se desprendía prima facie su responsabilidad, y (5) negar un hecho que le conste es cierto a quien hace la alegación. Blas v. Hospital Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 335-336

(1998).

Discutido el derecho, considero inapropiada la

intervención de este Tribunal con la discreción del foro

de instancia. El Tribunal de Primera Instancia, al

determinar que hubo actuación temeraria por la parte

demandante, justificó su conclusión en que ―los

demandados incurrieron en conducta o actuación obstinada,

contumaz, temeraria o frívola al radicar una serie de

mociones y recursos cuya improcedencia era clara, [y]

cuyo propósito fue dilatar los procedimientos‖. Sentencia

del Tribunal de Primera Instancia, en la pág. 102.

(énfasis nuestro). Ciertamente este Tribunal ha

reconocido que no procede la determinación de temeridad

―cuando lo que se plantea ante el tribunal de instancia

son planteamientos complejos y novedosos que no han sido

resueltos en nuestra jurisdicción‖. Santiago v. Sup.

Grande, 166 D.P.R. 796, 821 (2006). Pero esa no es la

situación en este caso. La doctrina y el requisito de

malicia real establecida en New York Times v. Sullivan AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 37

fue adoptada por este Tribunal desde Torres Silva, 106

D.P.R. 415 (1977), por lo tanto no nos encontramos ante

una controversia novedosa no resuelta.

Reconociendo la discreción del Tribunal de Primera

Instancia y ante falta de prueba sobre abuso de

discreción por ese foro, no procede la eliminación de

honorarios de abogado impuestos por temeridad.

Finalmente, el procedimiento legal que genera la

Opinión que hoy emite este Tribunal comenzó hace más de

veinte años. A todas luces, refleja una contravención al

principio inmerso en nuestras Reglas de Procedimiento

Civil de garantizar ―una solución justa, rápida y

económica en todo procedimiento‖. Regla 1 de las de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.1 (énfasis

nuestro). Como si la ardua, extensa y tortuosa

litigación junto a los años de espera por un resultado

favorable fuera poco, hoy una mayoría de este Tribunal,

aunque resuelve que tanto la señora Martha Marrero de

Ramos y la prensa difamaron la buena reputación de la

fiscal Iris Meléndez Vega con imputaciones falsas de

alegados hechos de hostigamiento sexual, reduce los daños

concedidos sin mucha explicación y descartando el

análisis llevado a cabo por el Tribunal de Primera

Instancia. Anticipando el cuestionamiento de la

reducción, nos alerta que no debemos preocuparnos ya que

―el monto de la Sentencia a ser satisfecha aumentará aún AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 38

más‖89 por los intereses postsentencia. Regla 44.3(a) de

las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.3.

Esto, sin embargo, no justifica la reducción de los daños

sufridos en este caso.

La imposición de intereses a partir del dictamen de

una sentencia que ordene el pago de dinero es parte de la

política pública establecida por nuestro ordenamiento

jurídico desde principios de siglo. Más aún, este

Tribunal constantemente ha dicho ―que estos intereses

forman parte integrante de la sentencia dictada y que

pueden ser recobrados aun cuando no se mencionen en la

misma‖. Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467,

469 (1982). Aún más reciente, interpretando la Regla

44.3, expresamos que es ―mandatorio que un tribunal, al

dictar sentencia en la que ordena la entrega de dinero,

imponga el pago de interés al tipo legal sobre la cuantía

de la sentencia, sin excepción de clase alguna‖. Vélez

Cortés v. Baxter 179 D.P.R. 455, 480 (Rodríguez

Rodríguez, J., Op. Conformidad). Por tanto, es

irrelevante para la valorización de los daños ocasionados

a la demandante si la cuantía que en su día pueda

recobrar aumenta o no por los intereses postsentencia.

En fin, concurro con la determinación de la Opinión

del Tribunal con respecto a las controversias sobre la

sustitución del juez de primera instancia, la

89 Opinión del Tribunal, en la pág. 114 n. 66. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 39

responsabilidad del licenciado Héctor Santiago Rivera y

la conclusión de que en este caso se probó la difamación

de la Fiscal Meléndez por parte de los demandados con

malicia real. Además, concurro con la determinación de

que el análisis que se tiene que llevar a cabo cuando se

presente una causa de acción por el efecto acumulativo de

una serie de publicaciones difamatorias, las

publicaciones tienen que estudiarse en conjunto y no de

manera individualizada.

Ahora bien, disiento de la disminución arbitraria en

más de cinco veces la cuantía otorgada por el Tribunal de

Primera Instancia sin mayor discusión y la eliminación de

los honorarios de abogado por temeridad. Como se puede

apreciar de los cómputos presentados anteriormente, al

actualizar las indemnizaciones otorgadas en los casos

similares resaltados al valor del dólar para el año 2012,

la cantidad a otorgarse aún sería inferior a la otorgada

por el Tribunal de Primera Instancia en el 2004. La

reducción de los daños a la suma de $350,000.0090 que

confiere una mayoría de este Tribunal no es más que un

vilipendio a los daños sufridos por la demandante por las

actuaciones mal intencionadas, poco profesionales e

90 Si valoramos que los daños otorgados por la mayoría son los que debieron otorgarse al emitirse la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el 2004, entonces, al menos, debería actualizarse al valor del dólar al día de hoy. El valor adquisitivo del dólar para el 2004 es $1.13, que se multiplican por los $350,000.00 otorgados por la mayoría de este Tribunal como compensación para luego dividirlo entre $0.87. Este ajuste por inflación representa la cifra de $454,597.70. AC-2007-0066, AC-2007-0067, CC-2007-0827 40

insolentes de los demandados en este caso. Por lo tanto,

lo que procede es tomar en consideración los precedentes

de indemnizaciones por difamación a miembros de la

profesión legal, atemperarlos por inflación y evaluar el

efecto acumulativo del daño generado a la demandante. Por

consiguiente, eliminaría los daños otorgados por el foro

de instancia por la primera publicación y lo integraría

al análisis del efecto de la serie, otorgando una suma

total de $1,100,000.00 con respecto al efecto acumulativo

de las publicaciones. Igualmente, confirmaría la cuantía

de $250,000.00 otorgada por los daños causados a la

reputación de la demandante. Finalmente, procede

confirmar al Tribunal de Apelaciones en su determinación

de que no se probó abuso de discreción por parte del foro

primario al momento de conceder los honorarios por

temeridad y conceder los intereses postsentencia desde la

presentación de la demanda.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada