José C. Lloréns v. Rafael Arribas

2011 TSPR 204

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: December 20, 2011
• Docket: CC-2009-497
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José C. Llorens, et al. Recurridos Certiorari v. 2011 TSPR 204 Rafael Arribas, Jr., et al. peticionarios 184 DPR ____

Pharmaceutical Developers, Inc. Parte Interventora Peticionaria

Número del Caso: CC-2009-497

Fecha: 20 de diciembre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan, Panel III

Juez Ponente: Hon. Bruno E. Cortés Trigo

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Fernando J. Gierbolini Lcda. Nilda M. Joglar Irizarry

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Roberto Boneta Lcdo. Ernesto Blanes

Materia: Petición de Disolución Corporativa (Artículo 9.03 de la Ley General de Corporaciones)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José C. Llorens, et al. Recurridos

v. Certiorari

Rafael Arribas, Jr., et al. CC-2009-497 Peticionarios

Pharmaceutical Developers, Inc. Parte Interventora Peticionaria

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de diciembre de 2011.

Este caso nos brinda la oportunidad de analizar

la figura de la “empresa común” o “joint venture”

establecida por la Ley General de Corporaciones de

1995. En particular, interpretaremos por primera

vez el artículo 9.03 de dicha Ley que provee para

la disolución de corporaciones compuestas por dos

accionistas que por partes iguales se dedican a la

realización de una empresa común. Por las razones

que ofrecemos a continuación, confirmamos la

determinación del Tribunal de Apelaciones. CC-2009-497 2

I.

El 2 de agosto de 2006, el señor José C. Lloréns

presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia

contra el señor Rafael Arribas al amparo del artículo 9.03

de la Ley General de Corporaciones de 1995, solicitando la

disolución de la corporación Pharmaceutical Generics

Developers, Inc. (PGD).1 Lloréns y Arribas son los únicos

accionistas de PGD y cada uno posee el 50 por ciento de las

acciones de dicha corporación. PGD es una corporación que

se dedica a la venta y distribución de productos

farmacéuticos genéricos. Según Llorens, entre él y Arribas

existen diferencias significativas que provocan un tranque

que impide la operación de la empresa, por lo que procede

la disolución del ente corporativo conforme al artículo

9.03.2

Lloréns solicitó que se dictase sentencia sumaria a su

favor, argumentando que no había controversia real sobre

los siguientes hechos materiales: (1) que PGD es una

corporación organizada bajo las leyes de Puerto Rico, (2)

que Arribas y él son los únicos accionistas de PGD, cada

cual con el 50 por ciento de las acciones y (3) que existen

desavenencias entre ellos que han provocado un tranque

1 Igualmente presentó, como exige el artículo 9.03, un Plan de Disolución Corporativa. 2 Originalmente, la demanda fue presentada a nombre del señor Lloréns y de PGD. Posteriormente, el señor Lloréns solicitó que se enmendara la demanda a los fines de eliminar a PGD como parte demandante y convertirla en parte demandada. Por su parte, PGD solicitó intervención en el pleito, lo que fue autorizado por el foro de instancia. CC-2009-497 3

insalvable.3 Por su parte, Arribas y PGD sostienen que el

artículo 9.03 no aplica a PGD en la medida que ésta no

podía considerarse una “empresa común”,4 uno de los

requisitos para que se pueda poner en vigor dicho artículo.

Por tanto, solicitaron la desestimación de la demanda por

no justificarse la concesión de un remedio. De igual forma,

la parte demandada se opuso a la moción de sentencia

sumaria presentada por Lloréns alegando que, de aplicar el

artículo 9.03, había controversia real sobre varios hechos

que considera materiales; entre estos: (1) si Arribas fue

empleado de Lloréns, (2) la cantidad de capital aportado

por cada uno cuando se incorporó PGD, (3) si existen

controversias insalvables entre los accionistas, (4) si PGD

está actualmente operando, (5) las razones para el alegado

tranque y (6) si PGD se creó como una corporación para una

sola transacción o gestión comercial.5

El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la

moción de sentencia sumaria presentada por Lloréns por

entender que había controversia sobre hechos materiales del

caso. De igual forma, declaró sin lugar la moción de

desestimación presentada por Arribas y PGD. Si bien

3 Lloréns también alega que esas desavenencias provocaron su renuncia como director y oficial de PGD. 4 Como veremos, el artículo 9.03 de la Ley General de Corporaciones únicamente aplica a corporaciones cuyos accionistas se dedican al logro de una empresa común. 5 Esta última controversia es exclusivamente de derecho y es una reafirmación de la alegación de la parte demandada de que el artículo 9.03 no es aplicable, por lo cual sostiene no se justifica la concesión de un remedio y procede la desestimación de la demanda. CC-2009-497 4

coincidió con la parte demandada en que PGD no era una

corporación dedicada a una empresa común y, por ende, la

controversia no estaba contemplada por el artículo 9.03, el

foro de instancia concluyó que, bajo el estándar de una

moción de desestimación en la que se argumenta que no se

configura una causa de acción que justifique la concesión

de un remedio, el caso debía continuar, ya que Lloréns

podía tener derecho a otro remedio en ley que no fuera el

establecido en el artículo 9.03.6

Ambas partes acudieron al Tribunal de Apelaciones.

Lloréns alegó que procedía dictar sentencia sumaria y la

disolución de PGD, conforme al artículo 9.03 de la Ley

General de Corporaciones. A su vez, Arribas y PGD alegaron

que, una vez resuelto que el artículo 9.03 no aplicaba, se

debió haber desestimado el caso, ya que la solicitud de

disolución se fundamentaba en dicha disposición. Tras

consolidar ambos recursos, el foro apelativo revocó al

Tribunal de Primera Instancia.

Según el Tribunal de Apelaciones, no había

controversia real en cuanto a los hechos materiales del

caso. Concluyó de entrada que la única controversia de

hechos respecto a la acción al amparo del artículo 9.03 de

la Ley General de Corporaciones se centraba en el requisito

de que la corporación se dedique al logro de una empresa

6 En particular, el foro de instancia hizo referencia a la disolución de una corporación compuesta por dos accionistas con igual cantidad de acciones, como remedio en equidad reconocido en Epstein v. F & F Mortgage Corp., 106 D.P.R. 211 (1977). CC-2009-497 5

común (“joint venture”).7 El Tribunal de Apelaciones razonó

que hay dos posibles definiciones de lo que constituye una

empresa común bajo el artículo 9.03. Una posible definición

es que la corporación se crea para efectuar únicamente una

sola transacción comercial. La segunda posibilidad, de

corte más amplio, incluye aquellas entidades que se dedican

a un negocio continuo que trasciende una única transacción,

como sucede en el caso de PGD que se dedica a la venta de

productos farmacéuticos. El foro apelativo acogió la

segunda alternativa,8 al razonar que la decisión en Planned

Credit of P.R., Inc. v. Page,9 limitando la “empresa común”

a la realización de “una sola transacción”, no rige en la

presente situación pues ese caso fue resuelto antes de que

la Ley General de Corporaciones de 1995 codificara dicha

figura por primera vez. Según el Tribunal de Apelaciones,

la interpretación ofrecida por Arribas y PGD “conllevaría

llegar al resultado irrazonable de que la intención

7 El foro intermedio no encontró controversia en cuanto a los siguientes hechos materiales (1) que la corporación está organizada con arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, (2) que tiene sólo 2 accionistas, cada uno de los cuales posee el 50 por ciento de las acciones de la misma, y (3) que hay desavenencia en torno a la deseabilidad de continuar tal empresa común. 8 El foro apelativo también recurrió a la jurisprudencia del estado de Delaware, de donde se importó nuestra Ley General de Corporaciones de 1995, y los elementos allí identificados de lo que constituye una empresa común. Según el Tribunal de Apelaciones, la definición adoptada se asemeja más a los fallos de los tribunales de Delaware sobre qué constituye una empresa común. En particular, el foro apelativo notó que en dicha jurisdicción se ha rechazado la interpretación de que un “joint venture” se limita a una sola transacción comercial. 9 103 D.P.R. 245 (1975). CC-2009-497 6

legislativa fue promulgar una disposición tan limitada que

aplica solamente a corporaciones organizadas para efectuar

una única transacción comercial”.10 Al no haber controversia

de que PGD era una corporación dedicada únicamente a la

venta y distribución de farmacéuticos genéricos, y que los

demás hechos controvertidos por la parte demandada no están

relacionados con los requisitos del artículo 9.03, el

Tribunal de Apelaciones dictó sentencia sumaria ordenando

la disolución de PGD y devolvió el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que continuara con el proceso

establecido en el artículo 9.03.

Inconformes, Arribas y PGD presentaron un recurso de

certiorari ante este Tribunal. En su petición, se reafirman

en que PGD es un negocio que lleva a cabo múltiples

gestiones comerciales y tiene una existencia continua, por

lo cual no constituye una empresa común según la definición

adoptada en Planned Credit y no puede disolverse siguiendo

el procedimiento pautado en el artículo 9.03. Además,

alegan que el foro apelativo erró al ordenar sumariamente

la disolución de PGD pues ese no era el procedimiento

dispuesto por dicho artículo.

Arribas y PGD nos refieren a nuestra decisión en

Planned Credit, que, según exponen, definió los contornos

de la “empresa común” como una entidad que realiza una

única transacción y tiene un fin específico y restringido,

por lo que no puede tener naturaleza continua. Por tanto,

sostienen que el Tribunal de Apelaciones erró al recurrir a

10 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, p. 12. CC-2009-497 7

la normativa de Delaware para adoptar una definición

distinta y más abarcadora de dicha figura. Según los

peticionarios, PGD no es una empresa común porque se dedica

al negocio de venta y distribución de farmacéuticos

genéricos a perpetuidad y no a un fin específico y

restringido, es decir, a una sola transacción. En

particular, alegan que la definición amplia adoptada por el

Tribunal de Apelaciones convierte en una empresa común a

toda corporación regular compuesta por dos accionistas que

sean dueños, cada cual, del 50 por ciento de las acciones.

Arguyen que, en ese caso, no tendría sentido el artículo

9.03. Por tanto, Arribas y PGD plantean que cuando la

Asamblea Legislativa hizo mención a la “empresa común” en

el artículo 9.03, sin ofrecer una definición estatutaria de

dicha figura, adoptó la definición provista en Planned

Credit. Finalmente, los peticionarios alegan que los

Artículos de Incorporación de PGD ni siquiera la limitan a

la venta y distribución de medicamentos genéricos, sino que

la corporación puede dedicarse a cualquier actividad

lícita. Según su criterio, esto impide que pueda

catalogársele como empresa común dedicada a una sola

transacción o, incluso, a una sola gestión comercial.11

En la alternativa, Arribas y PGD insisten en que, aun

siendo aplicable el artículo 9.03, la sentencia sumaria es

improcedente, pues hay controversia en cuanto a los

11 No obstante, no hay controversia alguna de que, en la práctica, PGD se dedica única y exclusivamente a la venta y distribución de farmacéuticos genéricos. Todos los documentos presentados por ambas partes sostienen esta determinación. CC-2009-497 8

siguientes hechos: (1) la existencia de diferencias

insalvables entre Lloréns y Arribas, (2) si PGD se

encuentra actualmente operando, (3) las razones para el

alegado tranque y (4) si PGD se creó como una corporación

para una sola transacción comercial o gestión comercial.12

Según Arribas, si se decide aplicar el artículo 9.03, lo

que correspondería sería devolver el caso al foro de

instancia para la celebración de una vista en la que se

diluciden los hechos señalados. Los peticionarios sostienen

que cuentan con varias defensas afirmativas que impiden la

disolución sumaria de PGD. En particular, aducen que la

petición de disolución constituye un incumplimiento de los

deberes de fiducia de Lloréns hacia PGD.13 De igual forma,

Arribas y PGD alegan que Lloréns tiene otra corporación que

es competidora de PGD y no se debe permitir que éste logre

la disolución de PGD para engrosar las arcas corporativas

de su otra empresa.14

Por su parte, Lloréns alega que procede la disolución

de PGD pues están presentes todos los elementos y se han

cumplido todos los pasos requeridos por el artículo 9.03.

Sostiene que PGD debe considerarse una empresa común,

12 Como adelantáramos, este último hecho alegadamente en controversia es una reafirmación de la posición de Arribas y PGD de que el artículo 9.03 no es de aplicación a PGD. 13 Incluso, Arribas presentó una demanda contra Lloréns por un alegado incumplimiento con su deber de fiducia que causó daños a PGD. KAC 2006-4735 (901). 14 Arribas y PGD sostienen que según la normativa de Delaware, este tipo de defensa en particular se ha utilizado para declarar sin lugar una petición de disolución. CC-2009-497 9

incluso bajo la definición de Planned Credit, pues nuestra

decisión en ese caso realmente no limita la empresa común a

una sola transacción. En particular, alega que en aquel

caso nos equivocamos al traducir el término “single

business enterprise”, utilizado en la doctrina de los

Estados Unidos, como “una sola transacción”. Lloréns

sostiene que PGD cae bajo la categoría de un “single

business enterprise”, ya que se dedica únicamente a la

venta y distribución de farmacéuticos genéricos.15 Arguye,

además, que si las corporaciones dedicadas al logro de una

empresa común tienen, por definición, que dedicarse a “una

sola transacción”, el procedimiento de disolución provisto

por el artículo 9.03 sería innecesario porque no habría

nada que disolver, como tampoco se daría una desavenencia

entre los accionistas sobre la continuación de unas

operaciones que, por definición, nunca serían continuas. En

la alternativa, alega que aun si no aplica el artículo

9.03, procede la disolución de PGD como remedio en equidad,

según nuestras expresiones en Epstein v. F & F Mortgage

Club.16

15 De igual forma, se sostiene en que no estamos obligados por la definición adoptada en Planned Credit, pues éste se resolvió previo a la aprobación de la Ley General de Corporaciones. Lloréns insiste en que debemos interpretar la figura de “empresa común” al palio de la normativa de Delaware de donde se importó textualmente nuestro artículo 9.03. Según el recurrido, en Delaware se aplica la sección análoga al artículo 9.03 a negocios en marcha y no meramente a entidades que llevan a cabo una sola transacción. 16 106 D.P.R. 211 (1977). CC-2009-497 10

En cuanto a la sentencia sumaria, Lloréns alega que el

artículo 9.03 es, precisamente, un procedimiento sumario de

disolución de una corporación. Por tanto, una controversia

de hecho será material a una demanda bajo el artículo 9.03

si versa sobre uno de los cuatro requisitos enumerados en

dicho estatuto, a saber: si PGD es una corporación

organizada bajo las leyes de Puerto Rico, si está compuesta

por dos accionistas cada uno con el 50 por ciento de las

acciones, si se dedica al logro de una empresa común y si

existen desavenencias entre éstos sobre la deseabilidad de

descontinuar las operaciones. Por tanto, Lloréns concluye

que cualquier controversia sobre las razones para las

desavenencias es impertinente. De igual forma, como no hay

controversia de hecho sobre las operaciones de PGD, sólo

resta estimar, como cuestión de derecho, si dichas

operaciones caen bajo el significado de “empresa común”. De

estimarse que PGD es una empresa común, procede su

disolución inmediata. El 11 de diciembre de 2009

expedimos el auto de certiorari. Las partes han comparecido

y pasamos a resolver.

II.

El artículo 9.03 de la Ley General de Corporaciones de

1995 establece un mecanismo expedito para la disolución de

corporaciones dedicadas a una empresa común compuestas por

dos accionistas con igual cantidad de acciones:

Disolución de una corporación de empresa común de dos accionistas.

a) Si los accionistas de una corporación organizada con arreglo a las leyes del CC-2009-497 11

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que tenga sólo dos (2) accionistas, cada uno de los cuales posea el cincuenta por ciento (50%) de las acciones de la misma, se dedicasen al logro de una empresa común (joint venture), y si tales accionistas no pudiesen llegar a un acuerdo en torno a la deseabilidad de descontinuar tal empresa común y para disponer de los activos utilizados en dicha empresa, cualquiera de dichos accionistas podrá radicar en el Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior) una petición en la que consigne que desea descontinuar tal empresa común y disponer de los activos utilizados en tal empresa de acuerdo con el plan que ambos accionistas acuerden; o que, si no pudiesen ambos accionistas acordar dicho plan, la corporación queda disuelta. La petición deberá acompañarse con una copia del plan de descontinuación y distribución que se propone y una certificación que haga constar que copias de tal petición y plan se han remitido por escrito al otro accionista y a los directores y oficiales de la corporación. La petición y la certificación serán suscritas y autenticadas según las disposiciones del art. 703 de esta ley.

b) Salvo en el caso en que ambos accionistas presenten ante el Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior), dentro de tres (3) meses a partir de la fecha de la radicación de la petición, una certificación simultáneamente suscrita y autenticada en donde declaren que han acordado un plan, o una modificación del mismo, y presenten, dentro de un (1) año a partir de la fecha de radicación de tal petición, una certificación suscrita y autenticada en donde declaren que la distribución dispuesta por tal plan se ha completado, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior) podrá disolver la corporación y podrá administrar y liquidar sus negocios mediante la designación de uno o más síndicos o administradores judiciales con todas las facultades y títulos de un síndico o CC-2009-497 12

administrador judicial designado según el artículo 9.09 de esta ley…17

Como se desprende de lo anterior, para que un tribunal

pueda ordenar la disolución de una corporación bajo el

artículo 9.03 tienen que darse los siguientes elementos:

(1) que se trate de una corporación organizada con arreglo

a las leyes de Puerto Rico, (2) que tenga sólo dos

accionistas, cada uno con el cincuenta por ciento de las

acciones, (3) que se dedique al logro de una empresa común

y (4) que haya un desacuerdo entre los accionistas sobre la

deseabilidad de descontinuar tal empresa común. Es decir,

el artículo 9.03 no aplica a toda corporación compuesta por

dos accionistas en la que cada uno posee la mitad de las

acciones. Hace falta que dicha corporación se dedique a

lograr una “empresa común”. Sin embargo, en ninguna otra

parte de la Ley se hace referencia al concepto de empresa

común. Tampoco hay una definición estatutaria de esta

figura.

17 14 L.P.R.A. § 3003 (derogado) (Énfasis suplido). La Ley General de Corporaciones de 2009, Ley 164 de 16 de diciembre de 2009, 14 L.P.R.A. §§ 3502-4066, derogó la Ley General de Corporaciones de 1995. No obstante, en cuanto al proceso de disolución de una corporación dedicada a una empresa común, la nueva ley de corporaciones preservó el mecanismo dispuesto en la ley anterior. Incluso, mantuvo su misma designación (artículo 9.03, 14 L.P.R.A. § 3703). La única diferencia entre ambos artículos es la adición en la nueva ley de una frase introductoria en el artículo 9.03 que permite a los accionistas pactar, ya sea en el certificado de incorporación o mediante acuerdo escrito a esos efectos, que no será aplicable dicho artículo. Como veremos, este cambio responde al desarrollo de la normativa sobre derecho corporativo en el estado de Delaware. Por tanto, la solución de esta controversia es idéntica bajo la Ley General de Corporaciones de 1995 como la de 2009. CC-2009-497 13

Con la aprobación de la Ley General de Corporaciones

de 1995 se codificó por primera vez el concepto de “empresa

común” en nuestro ordenamiento, se le dio forma corporativa

y se adoptó un mecanismo estatutario para la disolución de

una corporación dedicada a una empresa común. Previo a

ello, nuestra jurisprudencia ya había analizado, por

separado, tanto la figura de la empresa común como la

disolución de corporaciones compuestas por dos accionistas

por partes iguales.18 Sin embargo, precisamente porque son

decisiones anteriores a la aprobación del estatuto que

venimos llamados a interpretar hoy, tenemos que evaluar y

sopesar ambas opiniones con mucha cautela.

En Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, al discutir

la figura de la sociedad, analizamos la “empresa común” en

su manifestación no corporativa.19 Reconociendo que “a veces

resulta difícil distinguir entre una sociedad y una empresa

común”, en dicho caso resolvimos que la característica

18 Hasta ahora, nuestra jurisprudencia no había discutido la interacción entre la figura de la empresa común y la disolución de una corporación compuesta por dos accionistas por partes iguales. Por el contrario, las habíamos analizado separadamente: Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, supra (empresa común) y Epstein v. F & F Mortgage Corp., supra (disolución de una corporación compuesta por dos accionistas). 19 A partir de 1995 y para efectos del artículo 9.03, la Asamblea Legislativa dio forma corporativa al concepto de empresa común. Esta distinción es significativa, ya que el análisis en Planned Credit se basó en que la figura de la sociedad es más formal que la de la empresa común. Pero, al recibir forma corporativa en la Ley General de Corporaciones de 1995, la “empresa común corporativa” asumió una estructura jurídica con mayores formalidades y protecciones que la sociedad. Por tanto, no podemos confundir la empresa común en su forma no-corporativa con la empresa común que asume la forma corporativa al amparo de la Ley General de Corporaciones. CC-2009-497 14

esencial de la empresa común es que se trata de “una

operación limitada a una sola transacción [… y] [n]o se

trata de una asociación convenida para operaciones diversas

y de naturaleza continua, sino con un fin específico y

restringido”.20

A primera vista, el dedicarse únicamente a una sola

transacción parecería ser una limitación inherente a la

figura de la empresa común. Sin embargo, como

adelantáramos, esta definición se limita a la empresa común

en su modalidad no-corporativa. Además, una mirada más

profunda a nuestras expresiones en Planned Credit

contradice una visión tan estrecha de la empresa común, aún

en su modalidad no-corporativa. Revisando esas expresiones,

nos topamos con que la interrogante que confrontamos en ese

caso era si una relación comercial particular entre las

partes constituía una sociedad o una empresa común, pues,

como hemos señalado, la ley de corporaciones vigente en

aquel entonces no reconocía que una empresa común pudiese

tener una modalidad corporativa. Por tanto, al analizar la

distinción entre una sociedad y una empresa común,

abordamos esta segunda figura partiendo de su naturaleza

informal, carente de personalidad jurídica y demás

características inherentes a un ente corporativo. En

resumidas cuentas, la empresa común de Planned Credit es

distinta a la entidad corporativa reconocida en el artículo

9.03.

20 Id., pp. 250-251 (Énfasis suplido). CC-2009-497 15

Para interpretar nuestras expresiones en Planned Credit

debemos recurrir a las fuentes doctrinales y normativas en

las cuales descansamos, en particular la discusión del

tratadista Rowley y su discusión sobre la figura de la

empresa común en su modalidad no corporativa.21 Este

tratadista reconoce que la figura de la empresa común no

permite una definición satisfactoria,22 pero ofrece la

siguiente definición: “An association of two or more

persons to carry out a single business enterprise for

profit”.23 La Opinión en Planned Credit tradujo esta

definición y citando como autoridad a Rowley, definió la

empresa común como: “una operación limitada a una sola

transacción”.24 Resulta evidente el error, pues “single

business enterprise” trasciende los límites de una sola

transacción. Por eso, la traducción correcta del enunciado

de Rowley es: “Una asociación de dos personas o más para

llevar a cabo una empresa de un solo negocio para obtener

21 Rowley on Partnership, Vol. 2, 1960 ed. 22 Id, § 52.2, p. 464. “The relationship of a joint adventure does not readily admit a short and satisfactory definition. The determination of the existence of a joint adventure must depend in each case on its particular facts […] Numerous definitions of a joint adventure have nevertheless been promulgated”. Lo que es más, Rowley explica que, precisamente, la principal fuente de controversias en casos de empresas comunes es si existe tal empresa. “In probably a majority of all reported cases and definitely a majority of the earlier cases concerned with joint adventures, the existence of the relationship was a matter disputed by the parties and determined by the court, or a conclusion by the court without any such claim by any of the parties”. Id, p. 475. 23 Id. (Énfasis suplido). 24 Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, supra, p. 250. CC-2009-497 16

ganancia”. De esa manera, la empresa común no corporativa

se asemeja a una sociedad, pero limitada en su alcance y

duración.25 Igualmente, sus elementos fundamentales son el

compartir tanto las ganancias y las pérdidas, como el

control de la empresa.26

Rowley descarta expresamente la limitación de la

empresa común a una sola transacción: “[A] joint adventure

is usually, but not necessarily, limited to a single

transaction”.27 Es decir, una empresa común puede estar

dedicada a una sola transacción, pero no tiene por qué

limitarse a ello. Pero incluso en los casos de empresas

dedicadas a una sola transacción, dicha transacción no

tiene que ser de duración corta, sino que puede tardarse

años en concluir.28 Por tanto, la característica esencial de

la empresa común no es que la gestión se dedique a una sola

transacción. Por el contrario, el elemento fundamental de

la empresa común es que tenga un objetivo o fin específico.

Por su parte, el profesor Díaz Olivo discute la figura

de la empresa común al abordar el proceso de disolución

bajo el artículo 9.03. En ese contexto, el profesor propone

lo siguiente:

25 Id, pp. 464-465. 26 Id, p. 475. 27 Id, p. 482 (Énfasis suplido). 28 Id, pp. 482-483. “The single transaction or venture that is the subject matter of the relationship may not be brief in duration. It may take years to terminate […] [T]he duration of the venture […] is […] seldom a given or stated period of time”. CC-2009-497 17

Una empresa común es la realización de una operación comercial específica llevada a cabo por dos o más personas. Los empresarios para esta operación o actividad aportan dinero, propiedad, conocimientos o servicios y comparten entre sí las ganancias y el riesgo de la gestión. La figura de la empresa común guarda gran similitud con la sociedad, con la diferencia de que ésta se organiza para operar un negocio de forma continua, mientras que la empresa común lo hace para llevar a cabo una sola transacción o gestión comercial”.29

Es evidente que en este comentario Díaz Olivo no se

refiere a la empresa común que asume forma corporativa,

sino a la que guarda similitud con la sociedad, es decir,

la que estudiamos en Planned Credit. Sin embargo, sus

expresiones reconocen que, aún en ese caso, si bien una

empresa común puede dedicarse únicamente a una sola

transacción, también puede dedicarse a realizar una gestión

u operación comercial, lo que supone una relación de

negocios que trasciende la mera transacción. También surge

del comentario del profesor Díaz Olivo que el elemento

fundamental de la empresa común es que los esfuerzos de la

empresa estén dirigidos hacia la obtención de un fin

específico previamente identificado por sus integrantes.

Hemos visto que el artículo 9.03 de nuestra Ley General

de Corporaciones reconoce la empresa común en su modalidad

corporativa dentro del marco de una corporación compuesta

únicamente por dos accionistas por partes iguales. Nuestra

jurisprudencia ha atendido la problemática de la disolución

de este tipo de corporación cuando se produce un tranque

irremediable entre sus accionistas. En Epstein v. F & F

29 C. Díaz Olivo, Corporaciones, Publicaciones Puertorriqueñas, 2005, pp. 248-249 (Énfasis suplido). CC-2009-497 18

Mortgage Corp., al confrontar la realidad de que el

demandado y el demandante poseían las acciones de ambas

corporaciones por mitad, reconocimos que “[n]inguno de

ellos tiene el control necesario para hacer determinaciones

unilaterales. Los conflictos existentes entre ellos parecen

insalvables. No parecería justo que no hubiera un medio

para zanjar sus posiciones encontradas sin que continuaran

indefinidamente atados en la indivisión por la mera ficción

corporativa”.30 Dado que la ley de corporaciones de 1956,

vigente en ese momento, no proveía para la disolución de

una corporación en esas circunstancias, recurrimos a la

equidad pautada en el artículo 7 del Código Civil y

ordenamos la disolución del ente corporativo.31

Como explica el profesor Negrón Portillo, “[l]a

situación planteada en el caso Epstein fue atendida por la

nueva Ley General de Corporaciones [de 1995]”.32 No

obstante, como hemos visto, la Ley General de Corporaciones

de 1995, al igual que la de 2009, únicamente provee para la

disolución judicial cuando las corporaciones compuestas por

dos accionistas, cada cual con igual cantidad de acciones,

se dedican a una empresa común. Es para esos casos que

habrá que recurrir al proceso establecido en el artículo

9.03 de la Ley General de Corporaciones. Cuando no aplique

30 Epstein v. F & F Mortage Corp., supra, p. 217 (Énfasis suplido). 31 Id, p. 221. 32 L.M. Negrón Portillo, Derecho Corporativo Puertorriqueño, 2da ed., Ed. Situm, 1996, p. 396. CC-2009-497 19

este artículo, es decir, cuando no se trate de una empresa

común, se recurrirá a la doctrina de Epstein.

Si bien Planned Credit y Epstein facilitan nuestra

interpretación del artículo 9.03 de la Ley General de

Corporaciones,33 resultan insuficientes. Por un lado,

Planned Credit contiene una definición, que ya hemos

precisado, de la figura de la empresa común no corporativa.

Por otra parte, Epstein atiende la disolución forzosa de

corporaciones compuestas únicamente por dos accionistas por

partes iguales. Cada uno atiende una vertiente de la

situación aquí planteada, pero ninguno de los dos nos

brinda la solución en su totalidad. Por eso, en el contexto

de una empresa común en forma de corporación, según

establecido por la Ley General de Corporaciones, el propio

estatuto nos obliga a auscultar otras fuentes. A la misma

vez, el desarrollo histórico de la figura de la empresa

común también requiere que actualicemos nuestro análisis

realizado en 1975.

III.

La Ley General de Corporaciones de 1995 es una

traducción de la Ley General de Corporaciones de Delaware.

En particular, nuestro artículo 9.03 es un calco de la

sección 237 de dicha ley.34 Durante la consideración del

33 En particular, tras haberse aclarado que nuestras expresiones en Planned Credit no limitaron la figura de la empresa común, incluso en su forma no corporativa, a una sola transacción comercial. 34 8 Del. C. § 273. Dicha sección dispone, en lo pertinente, como sigue: CC-2009-497 20

Proyecto del Senado 1122, que eventualmente se convertiría

en la Ley 144, el Informe de la Comisión de Reformas

Gubernamentales de dicho foro legislativo estableció

expresamente el mandato legislativo en cuanto a la

interpretación de la Ley General de Corporaciones:

Al tomar este camino, expresamos aquí con meridiana claridad la intención legislativa de que, a efectos de la interpretación de esta ley, se utilicen como guías los preceptos y normas desarrolladas por la jurisprudencia interpretativa del estado de Delaware.35

Por eso, ante el silencio legislativo sobre la

definición de una empresa común en el contexto corporativo,

Dissolution of joint venture corporation having 2 stockholders

(a) If the stockholders of a corporation of this State, having only 2 stockholders each of which own[s] 50% of the stock therein, shall be engaged in the prosecution of a joint venture and if such stockholders shall be unable to agree upon the desirability of discontinuing such joint venture and disposing of the assets used in such venture, either stockholder may, unless otherwise provided in the certificate of incorporation or in a written agreement between the stockholders, file with the Court of Chancery a petition stating that it desires to discontinue such joint venture and to dispose of the assets used in such venture in accordance with a plan to be agreed upon by both stockholders or that, if no such plan shall be agreed upon by both stockholders, the corporation be dissolved…”.

(Énfasis suplido). 35 Comisión de Reformas Gubernamentales del Senado de Puerto Rico, Informe sobre el P. del S, 1122, p. 9 (Énfasis suplido). El informe expresó: “El proyecto sigue de cerca la legislación corporativa del estado de Delaware que, a través de los años se ha caracterizado por contar con una legislación corporativa abarcadora y de avanzada”. Id., p. 8. CC-2009-497 21

debemos recurrir a la normativa de Delaware, tanto

estatutaria como jurisprudencial.

En cuanto al proceso de disolución corporativa

establecido en el artículo 9.03, el informe legislativo

indica que: “se dispone para la disolución de una

corporación con relativa facilidad, tanto bajo

circunstancias especiales como en casos de tranques de

corporaciones con sólo dos accionistas, como en

circunstancias ordinarias cuando los accionistas decidan

poner fin a las actividades corporativas”.36 Por tanto,

también existe un mandato legislativo de interpretar el

artículo 9.03 de la Ley General de Corporaciones de manera

que facilite la disolución de una corporación cuando se

produzca un tranque entre dos únicos accionistas o cuando

así lo soliciten los accionistas en situaciones

ordinarias.37 Por su parte, la Ley General de Corporaciones

de 2009, que como hemos visto mantuvo intacto, en lo

pertinente, el artículo 9.03, también preservó la cercanía

entre nuestro esquema estatutario y el desarrollo normativo

en Delaware en el área de derecho corporativo. En

particular, se reafirma la identidad entre nuestro artículo

9.03 y su análogo en la ley de Delaware (sec. 273) sobre la

36 Id, p. 11. Esto es cónsono con la intención legislativa en cuanto a la Ley General de Corporaciones en su totalidad: “[U]no de sus objetivos principales [es] facilitar el tráfico mercantil”. Id, p. 8. 37 Véase Informe de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico sobre el P. del S. 124. En dicho Informe, se explica que la nueva Ley General de Corporaciones es producto de los cambios que sufrió la ley de corporaciones de Delaware. CC-2009-497 22

disolución de corporaciones dedicadas a una empresa común

compuesta por dos accionistas con igual cantidad de

acciones.38

Lo anterior es cónsono con expresiones previas de este

Tribunal sobre los beneficios de recurrir a la normativa de

Delaware para analizar nuestros esquemas estatutarios sobre

derecho corporativo. En D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y

otro,39 reconocimos que la Ley General de Corporaciones de

1956 entonces vigente se fundamentaba en la Ley General de

Corporaciones del estado de Delaware y, por eso, otorgamos

valor ilustrativo y persuasivo a las interpretaciones que

los tribunales del estado de Delaware, al igual que otras

jurisdicciones, hayan dado a las secciones correspondientes

de la Ley General de Corporaciones de ese estado.40 Se trata

de un desarrollo normativo en el derecho de corporaciones

en Puerto Rico que por más de cincuenta años ha emulado la

normativa de Delaware.41

A.

38 Id, p. 25. 39 132 D.P.R. 905, 915 (1993). 40 Id, pp. 915-916, citando a Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576, 588 (1983), Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 607 (1983), Pueblo v. Zavala, 78 D.P.R. 484, 488 (1955) y Corretjer v. Tribunal de Distrito, 72 D.P.R. 754, 760 (1951). 41 Lo anterior no significa que quedemos obligados por la normativa de Delaware, ya sea estatutaria o jurisprudencial. Al fin y al cabo, la interpretación de las leyes en nuestra jurisdicción le compete a este Tribunal. No obstante, en la medida en que dicha normativa es persuasiva e ilustradora, y se acople a nuestra realidad, la acogeremos. CC-2009-497 23

Conforme al mandato legislativo y nuestra

jurisprudencia, examinemos la jurisprudencia interpretativa

de los tribunales de Delaware. Al hacerlo, nos detendremos

no sólo en las decisiones del Tribunal Supremo de esa

jurisdicción, sino en las de los “Courts of Chancery”, que

son tribunales de equidad a los cuales la Ley de

Corporaciones de Delaware les encomienda atender los casos

al amparo de su sección 273, análoga a nuestro artículo

9.03.42 El Tribunal Supremo de Delaware ha analizado la

figura de la empresa común en dos casos principales, J. Leo

Johnson v. Carmer,43 resuelto en 1959, y Warren v.

Goldfinger, Inc., resuelto en 1980.44 En J. Leo Jonhson v.

Carmer, el Tribunal Supremo de Delaware ofreció la

siguiente definición inicial:

Generally, courts have not laid down any very certain definition of what constitutes a joint adventure, nor have they established very fixed or certain boundaries thereof, contenting themselves in determining whether the facts of a particular case constitute the relationship of joint adventure. […]

A joint adventure has been broadly defined as an enterprise undertaken by several persons jointly to carry out a single business enterprise.

42 La Ley General de Corporaciones de Delaware tampoco ofrece una definición estatutaria de la figura de la empresa común. Las expresiones del Tribunal Supremo de Delaware son escasas, aunque, como veremos, altamente ilustrativas. Por tanto, recurriremos a éstas en primera instancia. En segunda instancia, analizaremos algunas expresiones de los tribunales de equidad (“Courts of Chancery”). 43 156 A.2d 499 (1959). 44 414 A.2d 507 (1980). CC-2009-497 24

De lo anterior surgen dos asuntos de interés. En primer

lugar, lo difícil que ha sido definir de manera concreta y

precisa qué es una empresa común. En segundo lugar, que el

Tribunal Supremo de Delaware emplea la misma definición que

da el tratadista Rowley, fuente principal utilizada en

Planned Credit. Ya hemos visto que, según Rowley, un

“single business enterprise” o empresa dedicada a un solo

negocio no necesariamente se limita únicamente a una sola

transacción comercial.

En Warren v. Goldfinger Bros., Inc., el Tribunal

Supremo de Delaware, consciente de la insuficiencia de la

definición adoptada en J. Leo Johnson, adoptó unos

criterios para determinar si se está ante una empresa

común. Estos son:

(1) Una comunidad de intereses en el cumplimiento de un propósito común; (2) Control o derecho de control conjunto; (3) Un interés propietario conjunto sobre el asunto sustantivo; (4) Un derecho a compartir las ganancias; (5) Un deber de compartir las pérdidas en las que se pueda incurrir.45

Además del Tribunal Supremo del estado, los “Courts of

Chancery” de Delaware han publicado opiniones de valor

persuasivo en torno a la empresa común, interpretando y

aplicando los pronunciamientos del Tribunal Supremo en J.

Leo Johnson y Warren. Precisamente, muchos de los casos

relacionados a esta figura se dan en el contexto de

45 414 A.2d 507, 509 (1980): “(1) a community of interest in the performance of a common purpose, (2) joint control or right of control, (3) a joint proprietary interest in the subject matter, (4) a right to share in the profits, (5) a duty to share in the losses which may be sustained”. CC-2009-497 25

peticiones de disolución al amparo de la sección 273 de la

ley de corporaciones de Delaware, análoga a nuestro

artículo 9.03, en los cuales deben intervenir, por mandato

legislativo, estos tribunales de equidad.

Al igual que en Puerto Rico, en Delaware la figura de

la empresa común, originalmente, estaba fuera del modelo

corporativo. En Sheppard v. Carey,46 resuelto en 1969, el

tribunal definió la empresa común no corporativa de la

siguiente manera:

A joint venture is an association of persons with intent, by way of contract, express or implied, to engage in and carry out a single business adventure for joint profit, for which purpose they combine their efforts, property, money, skill, and knowledge, but without creating a partnership in the legal or technical sense of the term, or a corporation, and they agree that there shall be a community of interest among them as to the purpose of the undertaking.47

De lo anterior surgen tres asuntos. En primer lugar, se

descarta la definición estrecha de “una sola transacción”

para caracterizar la empresa común y se repite el concepto

de “la empresa de un solo negocio” (“single business

enterprise”). En segundo lugar, se reafirma el que las

definiciones iniciales de la figura de la empresa común se

referían a ésta en su modalidad no corporativa, por lo cual

resultan insuficientes para definir a la empresa común que

asume la forma corporativa. Por último, la definición

adoptada en Sheppard v. Carey reafirma que la

característica principal de la empresa común es la

46 254 A.2d 260 (1969) (Énfasis suplido). 47 Id, citando a 30 Am. Jur., §2 Joint Adventures. CC-2009-497 26

precisión y especificidad respecto al tipo de gestión

comercial que llevaría a cabo, en contraposición a una

entidad que no tiene un objetivo específico en su

operación. Esta descripción de la empresa común como una

entidad con una vida dinámica y compleja, que trasciende la

mera transacción única, ha sido desarrollada por los

tribunales de equidad de Delaware.48 De acuerdo a estas

decisiones, la determinación de si una entidad particular

es una empresa común dependerá de los hechos relacionados a

su funcionamiento y no de que en el certificado de

incorporación se haya mencionado que, en efecto, se estaba

estableciendo una empresa común.49 De igual forma, como

hemos visto, lo que se requiere bajo nuestro artículo 9.03

es que la corporación se dedique a una empresa común, no

que haya sido incorporada para esos fines.

En Wah Chang & Ref. Co. of Am. v. Cleveland Tungstan

Inc.,50 el Court of Chancery se enfrentó a un caso similar

al de autos. Insistiendo en la naturaleza expedita del

proceso de disolución bajo la sección 273, el tribunal

reconoció que no había una definición estatutaria del

concepto de empresa común y que la amplia definición

48 In re Arthur Treacher‟s Fish & Chips, 1980 Del. Ch. LEXIS 489 (1980, no publicada). “In addition, joint ventures have historically been concerned with more than just one business transaction, being for the most part involved in the acquisition and running of a complex business”. (Énfasis suplido). En este caso, se trataba de una empresa dedicada a la operación de varios restaurantes. El tribunal resolvió que se trataba de una empresa común. 49 In re McKinney-Ringham Corp., 1998 Del. Ch. LEXIS 34 (1998), p. 6. 50 1996 Del. Ch. LEXIS 102. CC-2009-497 27

ofrecida por el Tribunal Supremo de Delaware en J. Leo

Johnson y Warren requería un análisis caso a caso para

determinar si una entidad en particular es una empresa

común.51 En Wah Chang, la parte demandada alegó, de manera

idéntica a la peticionaria en el caso de autos, que a la

empresa cuya liquidación se solicitó no le aplicaba la

sección 273 porque operaba de manera continua. En

particular, igual que en nuestro caso, allí se argumentó

que si se resolvía que una empresa de operación continua y

compleja podía ser catalogada como una empresa común,

virtualmente toda empresa compuesta por dos accionistas por

partes iguales sería una empresa común, restándole eficacia

a dicha figura.52 El Tribunal de Wah Chang rechazó esa

argumentación.53

51 Id, pp. 9-10. 52 “Respondents argue that every close corporation with only two shareholders might be classified as a joint venture if the Court does not require „something more‟ when finding that parties created a joint venture”. Id, p. 12. La parte demandada argumentó que ese „algo más‟ era que la empresa se dedicara únicamente a un solo negocio (“single business”). En este caso, la corporación objeto de controversia se dedicaba a muchos negocios distintos (“several lines of business”). 53 Lo que es más, el tribunal propuso que una correcta definición del concepto de “single business entrerprise”, incluso, no se limita a una empresa que se dedique a un solo tipo de negocio. Por el contrario, el Court of Chancery resolvió que una empresa común podía dedicarse a múltiples tipos de negocios (“several lines of business”). Id, pp. 13-14. Este fallo es consecuencia del rechazo expreso del tribunal a la definición de empresa común como algo limitado a una sola transacción (“one business transaction”):

Respondent‟s attempt to persuade the Court that a joint venture may involve only one line of business fails. No authority supports such a CC-2009-497 28

En conclusión, la normativa de Delaware en torno a lo

que constituye una empresa común es consistente con

nuestras expresiones en Planned Credit, según las

clarificamos hoy. Aunque se trata de una figura que no

permite una definición exacta, se requiere, como mínimo,

una definición que cubra una gama amplia de gestiones

comerciales.54 Para ello debemos analizar cómo se ha

atendido el proceso de disolución de estas empresas en

Delaware y cómo ha evolucionado la figura de la empresa

común, particularmente cuando se adopta una forma

corporativa.

limited and narrow definition of a joint venture. The statute itself does not define joint venture, and it would be inappropriate to rewrite the statute to include such a limitation. Although the definition in J. Leo Johnson states that a joint venture involves a „single business enterprise‟, often joint ventures are highly intricate relationships that consist of „more than just one business transaction‟ and often involve the acquisition and operation of a complex entity.

Id, p. 14. La lógica detrás de esta determinación es que, como la característica fundamental de la empresa común es que sus objetivos estén claramente definidos y precisados, no importa la naturaleza de ese objetivo, su complejidad o multiplicidad. Esta visión no es compartida de manera unánime por los Courts of Chancery. No obstante, aquellos que han requerido „algo más‟ tampoco han adoptado definiciones tan estrictas como las propuestas aquí. Véase In re Coffee Associates, Inc., 1993 De. Ch. LEXIS 263 (1993). 54 Por ejemplo, en In re Food Ingredients Int‟l, Inc., 2010 De. Ch. LEXIS 233 (2010), se resolvió que una corporación cuya operación principal era la importación, procesamiento, venta y distribución de ingredientes y preparativos de comida era una empresa común. CC-2009-497 29

B.

El Tribunal Supremo de Delaware ha sido parco en sus

expresiones sobre el proceso de disolución establecido en

la sección 273 de la ley de corporaciones de ese estado,

que es análogo al proceso contemplado en el artículo 9.03

de nuestra Ley General de Corporaciones. Más bien, se ha

dejado el desarrollo de la normativa, nuevamente, a los

Courts of Chancery. En Giuricich v. Emtrol Corp.,55 el alto

foro de ese estado resolvió que el propósito de la sección

273 es “crear un remedio más liberal y rápidamente

disponible en situaciones de tranques entre accionistas [en

corporaciones compuestas por dos accionistas en partes

iguales]”.56 El Tribunal resolvió que no hacía falta

demostrar que no ordenar la disolución de la corporación

causaría un daño irreparable. Es decir, pautó una regla

general que favorece la aplicación de la sección 273 y la

disolución de corporaciones que cumplan con sus requisitos.

Los Courts of Chancery de Delaware han suplido la

normativa específica sobre la aplicación de la sección 273

dentro del marco de las expresiones amplias del Tribunal

Supremo de esa jurisdicción. Como vimos, son cuatro los

requisitos para disolver una corporación bajo la sección

273: que se trate de una corporación organizada con arreglo

a las leyes de la jurisdicción, que ésta esté compuesta por

dos accionistas por partes iguales, que se dedique al logro

de una empresa común y que exista una desavenencia entre

55 449 A.2d 232 (1982). 56 Id, p. 238. CC-2009-497 30

los accionistas sobre la deseabilidad de descontinuar la

empresa común. De éstos, los que más discusión han generado

han sido los requisitos relacionados con los elementos

esenciales de la empresa común y el control equitativo por

los accionistas, en parte, porque es relativamente fácil

demostrar que la corporación fue organizada con arreglo a

las leyes de la jurisdicción y que hay desavenencia entre

los accionistas.57 También ha sido objeto de discusión el

nivel de discreción que tiene un Tribunal para rehusar

aplicar la sección 273, así como las defensas disponibles

tanto a la corporación cuya disolución se solicita como al

accionista que se opone a la disolución.58

La sección 273 de la ley de corporaciones de Delaware,

al igual que nuestro artículo 9.03, dispone que, una vez

57 Sobre este último, es evidente que si uno de los accionistas pide la disolución de la corporación y el otro se opone, existe una desavenencia entre éstos sobre la deseabilidad de continuar con la empresa común. Véase In re Venture Advisers, Inc., 1988 De. Ch. LEXIS 151 (1988). 58 Cabe destacar que la interacción entre los requisitos de que la corporación se dedique a lograr una empresa común y que esté compuesta por dos accionistas por partes iguales ha desatado discusión en Delaware sobre cuál de éstos es el elemento fundamental para efectos de la sección 273. Las expresiones de algunos Courts of Chancery dan a entender que el elemento esencial de esta sección es que la corporación esté compuesta por dos accionistas por partes iguales y no que sea una empresa común. En ese sentido, se asemeja más a las situaciones que atendimos en Epstein. Véase In re Arthur Treacher‟s Fish & Chips, supra, pp. 11- 12. Véase, además, In re Bay Surgical Servs., 2002 Del. Ch. LEXIS 158 (2002). En este último caso, si bien se insiste en que es insuficiente demostrar que se trata de una corporación compuesta por dos accionistas por partes iguales, sin más, -es decir, que hace falta que se dedique a lograr una empresa común-, el Tribunal apunta hacia una definición amplia de la empresa común e insiste en la importancia del control conjunto. CC-2009-497 31

cumplidos los requisitos allí establecidos, el tribunal

“podrá” ordenar la disolución de la corporación. Los

tribunales de Delaware han interpretado que de esa forma se

les otorga discreción para, en determinados casos, rechazar

una petición de disolución.59 Ahora bien, tal discreción es

altamente limitada y estrecha.60 Es decir, como regla

general, una vez cumplidos los cuatro requisitos

establecidos, lo que procede bajo la ley de Delaware es

ordenar la disolución de la corporación. Además, esta

discreción judicial está estrechamente atada a las defensas

que pueden invocar el accionista demandado o la propia

corporación que es eje de controversia, defensas que

también están fuertemente limitadas.

En In re Magnolia Clinical Research, Inc.,61 para

evitar la disolución de la corporación, el accionista

demandado levantó varias defensas muy similares a las

presentadas en el caso de autos. En particular, alegó que

el peticionario había presentado la solicitud de disolución

para beneficiarse personalmente de unas oportunidades de

negocio que le hubiesen correspondido a la corporación en

59 Véase Fulk v.Wash Serv. Assocs., 2002 Del. Ch. LEXIS 78 (2002), p. 32; In re De. Bay Surgical Servs., supra, p. 7; In re Arthur Treacher‟s Fish & Chips, Inc., 386 A.2d 1162, 1166 (1978). 60 En In re McKinney-Ringham Corp., supra, el Court of Chancery hizo énfasis en que la sección 273 establece un derecho estatutario a solicitar la disolución. Id, pp. 14- 15. Por tanto, la discreción que ofrece la palabra “podrá” en cuanto a la facultad del tribunal de ordenar la disolución, debe construirse estrechamente (“very narrowly”). Id, p. 16. 61 2000 Del. Ch. LEXIS 5 (2000). CC-2009-497 32

caso de que ésta no se disolviese. También alegó que el

peticionario había faltado a su deber de fiducia para con

la corporación. Ninguna de las defensas prosperó porque el

accionista tenía a su haber la posibilidad de demandar al

peticionario en daños por esas causas. El tribunal resolvió

que las defensas alegadas no impedían la disolución

corporativa bajo la sección 273. A igual conclusión se

llegó en In re Data Processing Consultants, Ltd., donde se

reconoció, además, que el fraude o la ilegalidad sí pueden

derrotar la petición de disolución.62 De igual forma, en In

re McKinney-Ringham Corp., supra, se limitó el

requerimiento de buena fe en la petición de disolución a

que se tratara de una solicitud bona fide, es decir, que el

peticionario verdaderamente quiera la disolución y no se

utilice la petición como una táctica para obtener

concesiones del demandado o molestarlo.63

En conclusión, vemos en la sección 273 de la Ley de

Delaware un mecanismo expedito para la disolución de una

corporación compuesta por dos accionistas por partes

iguales. También podemos observar en la jurisprudencia y

decisiones de los tribunales de esa jurisdicción una fuerte

tendencia a favor de ampliar la definición de “empresa

62 1987 Del. Ch. LEXIS 519 (1987). 63 “[The exercise of] [s]uch discretion is limited to a determination of whether or not a bona fide inability to agree exists between the two shareholders […], if it so finds, the petitioner is entitled to the relief provided by the statute […] [W]here the facts support a genuine dispute over the desirability of continuing the business enterprise as a joint venture, the inquiry ends”. Id, pp. 16-18 (Énfasis suplido). CC-2009-497 33

común” para cubrir, no solamente las entidades dedicadas a

una sola transacción, sino las empresas continuas de uno o

varios negocios. De igual forma, se desprende que una vez

se presenta la petición de disolución y se cumplen los

requisitos establecidos por ley, el tribunal debe ordenar

la disolución de la corporación, excepto en casos de fraude

o ilegalidad. Por ello, las defensas de una falta al deber

de fiducia o que la intención del demandante sea

aprovecharse personalmente de oportunidades de negocios que

de otra manera le corresponderían a la corporación, aunque

pueden dar base a reclamaciones civiles válidas, son

impertinentes a la demanda de disolución y deben

dilucidarse en un procedimiento civil ordinario e

independiente.

C.

Hasta aquí nos ha traído el repaso de la ley y la

jurisprudencia del estado de Delaware que hemos hecho en

cumplimiento con el mandato legislativo. Hemos constatado

que el desarrollo de la “empresa común” en esa jurisdicción

ha evolucionado de un origen informal en el que se

asemejaba a la figura de la sociedad, a una versión de la

figura jurídica de la corporación. Este desarrollo ha

incidido en la definición de este concepto y de sus

elementos constitutivos. A la luz de dicho desarrollo, la

definición que podemos llamar “clásica” de la empresa

común, además de servir de guía, resulta una definición

mínima de esa figura en el contexto corporativo. En segundo

lugar, es menester señalar que aun esa definición mínima CC-2009-497 34

rechaza la visión estrecha de la empresa común como una

entidad dedicada únicamente a lograr una sola transacción

comercial.

Examinemos ahora brevemente cómo los tratadistas del

derecho de corporaciones norteamericano han atendido esta

figura, tanto en su versión no corporativa como en la

corporativa. El tratadista Fletcher limita su discusión a

la versión no corporativa de la empresa común. Lo que es

más, establece que ésta es incompatible con la

corporación.64 No obstante, aun en el marco de esta

modalidad limitada de la empresa común, Fletcher no la

limita a “una sola transacción”, sino que la describe como

una “empresa única”.65 Otros tratadistas reconocen que, si

bien la figura de la empresa común era incompatible en sus

orígenes con la forma corporativa, eso ha cambiado:

A rather modern device is a joint venture whose members are two or more business enterprises, corporate or otherwise. Many of these have been in the oil, chemical, electronic, and atomic fields. The resulting enterprise – although loosely called a joint venture- might be incorporated. In such a case the resulting enterprise is a corporation, governed by corporation law, called a „joint venture corporation‟.66

O‟Neal y Thompson discuten este desarrollo corporativo

de la figura de la empresa común. Al igual que los

64 Fletcher Cyclopedia Corporations, Vol. 1, § 23, p. 40 (“unincorporated business”); Vol. 8, § 3997.10, p. 349 “[A] joint venture may not be carried on by individuals through a corporate form; the two forms of business are mutually exclusive”. 65 (“Single enterprise”), Id, Vol. 1, § 23 p. 40. 66 H.G. Henn & J. R. Alexander, Laws of Corporations, 3rd ed, West, St. Paul, Minn, 1983, p. 108. (Énfasis suplido). CC-2009-497 35

tratadistas Henn y Alexander, éstos explican que el

propósito de la empresa común corporativa originalmente era

el permitir que una persona natural y una persona jurídica

pudieran embarcarse en una actividad comercial específica

de manera conjunta.67 También sirvió para permitir que se

pudiesen llevar a cabo proyectos que conllevasen grandes

inversiones así como riesgos elevados de pérdidas y

fracaso. En estos casos, se recurría a esta figura como

mecanismo para compartir gastos y distribuir el riesgo

entre los participantes.68 En particular, O‟Neal y Thompson

hacen hincapié en la diferencia entre la empresa común no

corporativa y aquella que adopta la forma de corporación:

[T]he term „joint venture‟ is somewhat misleading because the operations have a permanency and are conducted with a formality not generally associated with joint ventures as that term is often used in the context of unincorporated business associations.69

Finalmente, O‟Neal y Thompson explican la interacción

entre la empresa común, la transacción única y la empresa

de un solo negocio:

A joint venture is usually said to be limited to a single transaction or a series of transactions; but, if the undertaking on which the joint adventurers embark is an extensive one, the venture may continue for a number of years.70

67 F. O‟Neal & R. B. Thompspon, O‟Neal and Thompson‟s Close Corporations and LLCs, Vol. I, § 1:7, West, 2010, p. 1-22. Véase H.G. Henn & J. R. Alexander, Op.Cit., p. 108. 68 F. O‟Neal & R. B. Thompspon, Op.Cit, p. 1-23. 69 Id, pp. 1-23 a 1-24. En este sentido, nos dicen los tratadistas, una empresa común no incorporada se asemeja a una sociedad, tal y como resolvimos en Planned Credit. Id, n. 13. 70 Id, n. 13 (Énfasis suplido). CC-2009-497 36

Es decir, estos tratadistas descartan también la visión

estrecha de la empresa común como una entidad de naturaleza

sencilla que únicamente se dedica a una sola transacción

comercial y que conlleva, necesariamente, una duración

ínfima.

IV.

Ante los desarrollos normativos y doctrinales que se

han producido desde nuestra decisión en Planned Credit,

particularmente la adopción de la Ley General de

Corporaciones de 1995, venimos obligados a profundizar en

nuestra interpretación de la figura de la empresa común,

ahora en su modalidad corporativa. Por un lado, la

definición de Planned Credit, según la hemos explicado en

esta Opinión, resulta insuficiente para abarcar la

totalidad de las entidades cubiertas por el artículo 9.03.

Pero, por otro lado, constituye el mínimo sustantivo de

dicha definición. Por tanto, resolvemos que, como mínimo,

una empresa común es aquélla que se dedica a un solo

negocio, que si buen puede tratarse de una sola transacción

comercial, no necesariamente tiene que serlo. Más aún, el

concepto de “un solo negocio” debe interpretarse de manera

amplia y se refiere más bien a que la empresa tiene que

dedicarse a un negocio específico y definido,

independientemente de su complejidad o duración.

Para determinar si están ante una empresa común en el

contexto particular del artículo 9.03 de la Ley General de CC-2009-497 37

Corporaciones, los tribunales deberán analizar la situación

a la luz de los siguientes factores:

(1) Si existe una comunidad de intereses en el cumplimiento de un propósito común;

(2) Si hay un control o derecho de control conjunto;

(3) Si hay un interés propietario conjunto sobre el asunto sustantivo, es decir, que ambos accionistas aporten, ya sea con su industria, capital o de alguna otra manera, al logro del fin común;

(4) Si existe el derecho a compartir las ganancias;

(5) Si existe el deber de compartir las pérdidas en las que se pueda incurrir.

Por otra parte, la clasificación de una corporación

como empresa común no dependerá necesariamente de lo que

disponga su certificado de incorporación. Por el contrario,

se trata de una determinación de derecho que dependerá de

la evidencia que se someta en el caso particular. Lo

fundamental será si dicha corporación en realidad se dedica

a una empresa común, no si se incorporó a esos fines. Dado

que la definición que adoptamos hoy es amplia y general, la

determinación de si una corporación en particular se dedica

a lograr una empresa común requerirá un análisis caso a

caso.

En la situación particular de una petición de

disolución bajo el artículo 9.03, el elemento fundamental a

considerar será si se trata de una corporación compuesta

por dos accionistas por partes iguales. De ser así, se

analizará de manera liberal si el objetivo comercial de la CC-2009-497 38

entidad es el logro de una empresa común. Si este análisis

lleva a concluir que no se está ante una empresa común, los

tribunales de instancia deberán resolver la controversia al

amparo de nuestras expresiones en Epstein. Si se concluye

que, efectivamente, se trata de una empresa común,

resolverán acorde al artículo 9.03 de la Ley General de

Corporaciones.

El artículo 9.03 establece los cuatro requisitos que

deben cumplirse para disolver una corporación que se dedica

al logro de una empresa común. Una vez se cerciore que la

corporación cuya disolución se solicita efectivamente es

una empresa común y que se cumplen los demás requisitos, el

tribunal ordenará la disolución de la entidad corporativa.

La discreción de los tribunales para negarse a dictar dicha

orden es extremadamente limitada. Si la parte demandada, ya

sea el otro accionista o la propia corporación, reclama que

el accionista peticionario ha faltado a sus deberes de

fiducia, que responde en daños ante la corporación o

incluso que solicita la disolución para adelantar sus

propios intereses comerciales, ello será impertinente al

proceso bajo el artículo 9.03. El Tribunal de Primera

Instancia solamente deberá asegurarse que la solicitud de

disolución sea bona fide, es decir, que realmente se

pretenda la disolución.71 Una vez llega a esa conclusión, si

71 De igual forma, no procederá la disolución si se demuestra la existencia de fraude o alguna otra ilegalidad. CC-2009-497 39

se cumplen los demás elementos del artículo 9.03, el

tribunal ordenará la disolución de la corporación.

En el caso de autos, no hay controversia de que PGD es

una corporación organizada con arreglo a las leyes de

Puerto Rico y está compuesta por dos accionistas, titulares

cada uno del 50 por ciento de las acciones. De igual forma,

no hay controversia en cuanto al hecho de la desavenencia

entre los accionistas; la causa de la misma es inmaterial.

Además, no hay controversia en cuanto a que el peticionario

es sincero en su deseo de disolver la corporación de la que

es accionista. Finalmente, tampoco hay controversia de que

PGD se dedica únicamente a la venta y distribución de

medicamentos genéricos. Es decir, es una corporación

dedicada a lograr una empresa común.

Al no haber controversia real sobre los hechos

materiales, entiéndase, sobre los elementos dispuestos por

el artículo 9.03 de la Ley General de Corporaciones, lo que

corresponde es ordenar la disolución de la corporación

demandada y continuar con el procedimiento establecido en

dicho artículo. Por eso, no erró el Tribunal de Apelaciones

al revocar al foro de instancia y dictar sentencia sumaria

disolviendo la corporación.72

72 La Regla 36.1 de Procedimiento Civil de 2009 permite a la parte reclamante en una demanda solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. V R. 36.1; véase Ramos Pérez v. Univisión, 2010 T.S.P.R. 15, p.8. La sentencia sumaria es un mecanismo procesal disponible para resolver controversias en donde no se requiere la celebración de un juicio. Id. La parte que promueve la sentencia sumaria debe establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe controversia sustancial sobre algún CC-2009-497 40

Por las razones anteriormente expuestas, se confirma

la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el

caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación

de procedimientos compatibles con esta Opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

Liana Fiol Matta Jueza Asociada

hecho material. Por su parte, un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. Id. Además, la controversia sobre el hecho material tiene que ser real. Es decir, cualquier duda no es suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria. La parte demandante puede prevalecer por la vía de sentencia sumaria “si presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos indispensables de su causa de acción”. Id., p. 11 (Énfasis suplido). En cambio, la parte demandada puede derrotar la moción de tres maneras diferentes: (1) si establece una controversia real de hechos sobre uno de los elementos de la causa de acción de la parte demandante; (2) si presenta prueba que apoye una defensa afirmativa, o (3) si presenta prueba que establezca una controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados que presentó la parte demandante. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José C. Lloréns, et al. Recurridos

Pharmaceutical Developers, Inc. Parte Interventora Peticionaria

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se confirma la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de forma compatible con esta Opinión.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió una Opinión disidente a la cual se une el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no interviene.

Larissa Ortiz Modestti Secretaria del Tribunal Supremo, Interina EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José C. Lloréns, et. al.

Recurridos

v. CC-2009-497

Rafael Arribas, Jr., et. al.

Peticionarios

Pharmaceutical Developers, Inc.

Parte Interventora Peticionaria

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES a la que se une el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN

Entiendo que la definición de joint venture que hoy

acoge la mayoría de este Tribunal trastoca el esquema de

disolución de corporaciones que dispuso la Ley General de

Corporaciones de 1995, Ley 144-1995, aplicable a este caso.

Por eso, disiento respetuosamente.

Darle al término joint venture o empresa común el amplio

significado que propone la mayoría de este Tribunal tiene

el efecto de hacer aplicable el procedimiento de disolución

expedito que proveía el Art. 9.03, 14 L.P.R.A. sec. 3003, a CC-2009-497 2

cualquier corporación cuya titularidad recaiga en dos

accionistas en partes iguales. El Art. 9.03, supra, era una

excepción y como tal, debe reservarse para casos

excepcionales. Debe limitarse a aquellas empresas cuyas

operaciones no tengan la intención de ser continuas.

I

Pharmaceutical Generic Developers, Inc. (PGD) es una

corporación regular con fines de lucro que se registró en el

Departamento de Estado de Puerto Rico el 21 de abril de 1998.

La corporación se dedica a la venta de productos

farmacéuticos genéricos. Desde sus inicios contó con los

señores José C. Lloréns y Rafael Arribas como sus dos únicos

accionistas.

Al cabo de algunos años, afloraron diferencias entre

ambos. Esa situación desembocó en que el Sr. Lloréns

renunciara como oficial y director de PGD. Desde entonces no

se han celebrado juntas de accionistas para elegir nuevos

directores, por lo que el Sr. Arribas ha estado en control de

la junta de directores desde entonces.

El 2 de agosto de 2006 el Sr. Lloréns solicitó la

disolución de la corporación ante el Tribunal de Primera

Instancia, al amparo del Art. 9.03 de la Ley General de

Corporaciones de 1995, supra. Este artículo provee un

procedimiento de disolución expedito para las empresas

comunes que pertenezcan a dos accionistas en partes iguales. CC-2009-497 3

Oportunamente, el Sr. Arribas se opuso a la disolución.

Argumentó que procedía la desestimación de la demanda porque

PGD no es una empresa común y, por consiguiente, la demanda

no justificaba la concesión de un remedio. Mientras, PGD

solicitó intervenir en el proceso.

Luego de varios trámites procesales, y oposiciones de

ambas partes a los escritos de la otra, el 16 de septiembre

de 2008 el Tribunal de Primera Instancia emitió una

resolución en la que, a pesar de que descartó la aplicación

del Art. 9.03, supra, por entender que PGD no era una empresa

común, se negó a desestimar la demanda. Entendió meritorio

dilucidar ciertos hechos que estaban en controversia ante la

posibilidad de que existiera un remedio en la ley o en los

principios de equidad que atendieran los reclamos del Sr.

Lloréns.

Inconformes, ambas partes presentaron recursos de

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Sr. Lloréns

señaló que el Tribunal de Primera Instancia erró al no

aplicar el Art. 9.03 de la Ley General de Corporaciones,

supra. Por otro lado, el Sr. Arribas se mostró conforme con

la determinación de inaplicabilidad de esa disposición porque

alega que PGD no era una empresa común. No obstante, señaló

que erró el tribunal al no desestimar la demanda porque el

demandante no tiene una reclamación que justifique un

remedio. CC-2009-497 4

El Tribunal de Apelaciones revocó. Concluyó que el Art.

9.03, supra, era aplicable a PGD, amparándose en la evolución

que ha tenido el concepto de joint venture en la

jurisprudencia de Delaware, que favorece su aplicación a

empresas que se dedican a más de una sola transacción.

Nuevamente en desacuerdo, el Sr. Arribas y PGD comparecen

ante nos mediante recurso de certiorari. Insisten en que el

concepto de joint venture no abarca las operaciones de PGD.

Oportunamente, el Sr. Lloréns se opuso a la expedición del

auto. El 11 de diciembre de 2009 lo expedimos. La opinión

mayoritaria confirma al Tribunal de Apelaciones.

II-A

La Ley General de Corporaciones de Puerto Rico de 1995

atendía la disolución de las corporaciones en diferentes

capítulos, en atención al tipo de corporación de que se

tratara. Por ejemplo, el Capítulo 9, 14 L.P.R.A. secs. 3001 y

ss, atendía la disolución de la corporación general; el Art.

14.17, 14 L.P.R.A. sec. 3217, aplicaba a la disolución de las

corporaciones íntimas; y los Arts. 19.47 y 19.48, 14 L.P.R.A.

secs. 3997 y 3998, versaban sobre la disolución de las

corporaciones de responsabilidad limitada. CC-2009-497 5

El Art. 9.03, supra, trataba sobre la disolución de las

corporaciones de empresa común cuya titularidad recayera en

dos accionistas en partes iguales73. Este artículo disponía:

Art. 9.03 Disolución de una corporación de empresa común de dos accionistas.

(a) Si los accionistas de una corporación organizada con arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado, que tenga sólo dos (2) accionistas, cada uno de los cuales posea el cincuenta por ciento (50%) de las acciones de la misma, se dedicasen al logro de una empresa común (joint venture), y si tales accionistas no pudiesen llegar a un acuerdo en torno a la deseabilidad de descontinuar tal empresa común y para disponer de los activos utilizados en dicha empresa, cualquiera de dichos accionistas podrá radicar en el Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior) una petición en la que consigne que desea descontinuar tal empresa común y

73 El Art. 9.03 de la Ley General de Corporaciones vigente, Ley 164-2009, es muy similar a su predecesor: Sec. 3703. Disolución de una corporación de empresa común de dos accionistas (a) Excepto que el certificado de incorporación o un acuerdo escrito entre los accionistas disponga otra cosa, si los accionistas de una corporación organizada con arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado, que tenga sólo dos (2) accionistas, cada uno de los cuales posea el cincuenta por ciento (50%) de las acciones de la misma, se dedicasen al logro de una empresa común (joint venture), y si tales accionistas no pudiesen llegar a un acuerdo en torno a la deseabilidad de descontinuar tal empresa común y para disponer de los activos utilizados en dicha empresa, cualquiera de dichos accionistas podrá radicar en el Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior) una petición en la que consigne que desea descontinuar tal empresa común y disponer de los activos utilizados en tal empresa de acuerdo con el plan que ambos accionistas acuerden; o que, si no pudiesen ambos accionistas acordar dicho plan, la corporación queda disuelta. La petición deberá acompañarse con una copia del plan de descontinuación y distribución que se propone y una certificación que haga constar que copias de tal petición y plan se han remitido por escrito al otro accionista y a los directores y oficiales de la corporación. […] CC-2009-497 6

disponer de los activos utilizados en tal empresa de acuerdo con el plan que ambos accionistas acuerden; o que, si no pudiesen ambos accionistas acordar dicho plan, la corporación queda disuelta. La petición deberá acompañarse con una copia del plan de descontinuación y distribución que se propone y una certificación que haga constar que copias de tal petición y plan se han remitido por escrito al otro accionista y a los directores y oficiales de la corporación.[…] El estatuto no ofrecía una definición de lo que es una

empresa común o joint venture. Sin embargo, atendimos ese

concepto en Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, 103 D.P.R.

245 (1975), antes de que se aprobara la Ley General de

Corporaciones de 1995, supra. En ese caso señalamos que se

trataba de “una operación limitada a una sola transacción”.

Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, supra, pág. 251. “No se

trata de una asociación convenida para operaciones diversas y

de naturaleza continua, sino una con un fin específico y

restringido”. Íd. (Énfasis suplido.)

El profesor Carlos Díaz Olivo explica que el propósito

del Art. 9.03, supra, es romper el tranque que pudiera existir

cuando una empresa común tiene dos accionistas en partes

iguales, y evitar así la necesidad del consentimiento unánime

de los accionistas. C.E. Díaz Olivo, Corporaciones, Colombia,

Publicaciones Puertorriqueñas, 2005, pág. 248. Define el

término de empresa común en este contexto como

la realización de una operación comercial específica llevada a cabo por dos o más personas. Los empresarios para esta operación o actividad aportan dinero, propiedad, conocimientos o CC-2009-497 7

servicios y comparten entre sí las ganancias y el riesgo de la gestión. La figura de la empresa común guarda gran similitud con la sociedad, con la diferencia de que ésta se organiza para operar un negocio de forma continua, mientras que la empresa común lo hace para llevar a cabo una sola transacción o gestión comercial. (Énfasis suplido.)

Díaz Olivo, op cit., págs. 248-249.

El Art. 9.03, supra, era homólogo a la Sec. 273 de la Ley

General de Corporaciones de Delaware, 8 Del. C. 1953, según

enmendada. Esta tampoco define lo que es un joint venture.

La aplicación que ha dado la jurisprudencia de Delaware a

esta sección de su Ley General de Corporaciones se ha

catalogado como “inconstante”, en parte, por la ausencia en la

ley de una definición de lo que es un joint venture o empresa

común. 2-38 Delaware Corporation Law and Practice Sec. 38.04

(2010) [LEXIS].

Los orígenes del joint venture en Estados Unidos se

encuentran en la jurisprudencia, no en la ley. Los primeros

casos que mencionan el concepto de gestiones conjuntas de

negocios en Estados Unidos datan del siglo XIX. S.A., Joint

Venture or Partnership, 18 Fordham L. Rev. 114 (1949).

Hourquebie et al. v. Girard, 12 F. Cas. 593, 596 (1808),

fue uno de esos casos pioneros. Utilizó el concepto para

describir un acuerdo de negocios en que los participantes

compartían los riesgos y las pérdidas de una inversión.

Estaba claro que esa gestión de negocios finalizaría en

cuanto terminara el asunto para el que se habían unido los CC-2009-497 8

inversionistas, que no era una operación de carácter

continuo. “[H]abía un interés conjunto en una sola gestión,

que terminaría, y terminó, con la venta de los vinos”.

Hourquebie et al. v. Girard, supra, pág. 596. (Traducción

nuestra.)

En Delaware, estado cuya legislación corporativa ha

copiado nuestra jurisdicción desde 1956, se comenzó a

mencionar el concepto de “joint venture” en Wightman v. San

Francisco Bay Toll-Bridge Co., 16 Del. Ch. 200 (1928). Aunque

la opinión de la Corte de Cancillería de Delaware (Court of

Chancery of Delaware) -tribunal de primera instancia

especializado en casos corporativos- no entró a definir qué

era un joint venture, se refirió a una corporación que se

creó específicamente para construir un puente de peaje.

Nuevamente se trataba de una gestión de negocios particular,

con un fin previsible.

A partir de ese momento continuó el uso del término para

diferentes tipos de negocios con un fin específico y término

previsible. Por ejemplo, la creación de una corporación cuyo

propósito era obtener la concesión de una farmacia durante

cinco años, Shore v. Union Drug Co., 18 Del. Ch. 74 (1931); y

para el desarrollo de bienes raíces, como en Greer v. Moore,

19 Del. Ch. 281 (1933), y Garber v. Whittaker, 6 W.W. Harr.

272 (1934). En Greenbaum v. Keil, 30 Del. Ch. 425 (1948), se CC-2009-497 9

aplicó el término a una corporación creada para comprar y

desarrollar unos terrenos en particular.

No fue hasta 1950 que el Tribunal Supremo de Delaware

definió joint venture o empresa común. En Hannigan v. Italo

Petroleum Corp. of America, 45 Del. 593 (1950), ese foro

catalogó el tipo de negocio en controversia como una especie

de sociedad, creada para la consecución de una transacción de

un solo negocio (single business transaction). El Tribunal

Supremo de Delaware extrajo esas características del joint

venture del Vol. 48 del Corpus Juris Secundum. Véase,

Hannigan v. Italo Petroleum Corp. of America, supra, pág.

607.

En Pan Am. Trade & Inv. Corp. v. Commercial Metals Co.,

33 Del. Ch. 425 (1953), la Corte de Cancillería amplió la

definición. Precisó que joint venture es un tipo de negocio

en que las partes involucradas combinan su propiedad, dinero,

habilidades y conocimiento para generar ganancias. Para

llegar a esa definición, la corte se fundamentó en casos de

diferentes jurisdicciones de Estados Unidos, además del

Corpus Juris Secundum, American Law Report y American

Jurisprudence. Pan Am. Trade & Inv. Corp. v. Commercial

Metals Co., supra, págs. 427-428.

Dos años más tarde, el Tribunal Supremo de Delaware

validó esa definición. En Consolidated Fisheries Co. v.

Consolidated Solubles Co., 35 Del. Ch. 125 (1955), se CC-2009-497 10

recurrió nuevamente a fuentes secundarias de derecho para

reiterar que en un joint venture las partes combinan su

propiedad, dinero, esfuerzos y habilidades o conocimientos

para llevar a cabo una transacción de un solo negocio (single

business transaction). Ese mismo foro reiteró sus

pronunciamientos en J. Leo Johnson, Inc. v. Dana E. Carmer,

156 A.2d 499 (Del. 1959). En ese caso también se descansó en

jurisprudencia de diferentes estados.

Además de la definición ya provista en sus precedentes

judiciales, el Tribunal Supremo de Delaware acogió en Warren

v. Goldinger Bros., Inc., 414 A. 2d 507 (Del. 1980), cinco

elementos por los que generalmente se reconoce un joint

venture, para elaborar su definición. Estos elementos son:

(1) la existencia de una comunidad de intereses para alcanzar

un propósito común; (2) control conjunto o derecho conjunto;

(3) interés propietario conjunto; (4) derecho a compartir las

ganancias; y (5) una responsabilidad de compartir las

pérdidas. Warren v. Goldinger Bros., Inc., íd., pág. 509. Al

analizar la aplicación que la jurisprudencia de Delaware ha

hecho de estos elementos, los tratadistas entienden que ha

sido “inconstante” y “problemática”. 2-38 Delaware

Corporation Law and Practice, supra.

La opinion no publicada en In Re Arthur Treacher s Fish

& Chips, 180 Del. Ch. LEXIS 489 (1980), adoptó la definición

de joint venture elaborada en los precedentes judiciales de CC-2009-497 11

la jurisdicción. Pero, además, añadió que históricamente el

uso del concepto no se había limitado a empresas que

realizaran una sola transacción, sino que se había aplicado a

negocios que involucraban la adquisición y operación de

negocios complejos. Para sustentar tal aseveración, el

tribunal citó Consolidated Fisheries Co. v. Consolidated

Solubles Co., supra.

Si bien es cierto que en Consolidated Fisheries Co. v.

Consolidated Solubles Co., supra, se trataba de la

construcción y operación de una planta para procesar los

desechos de otra fábrica, el contrato establecía un término

de diez años para la empresa. Consolidated Fisheries Co. v.

Consolidated Solubles Co., supra, pág. 129. En contraste, In

Re Arthur Treacher´s Fish & Chip, supra, trataba de una

corporación que adquirió y operaba varios restaurantes, sin

que se mencionara que el acuerdo entre las partes tuviera una

terminación previsible. Al aplicar la figura del joint

venture en este contexto, el tribunal determinó que para

activar el procedimiento de disolución expedita de la Sec.

273 bastaba hacer una determinación bona fide sobre la

inhabilidad de los accionistas para llegar a acuerdos.

Trece años después, en In Re Coffee Associates, 1993

Del. Ch. LEXIS 263 (1993), otra opinión no publicada, la

Corte de Cancillería señaló que la mera intención de las

partes en crear una comunidad de intereses no es suficiente CC-2009-497 12

para que se constituya una empresa común pues, si fuera así,

“cualquier corporación íntima en que los accionistas entren

en un acuerdo podría ser una empresa común”. In Re Coffee

Associates, supra. (Traducción nuestra.) La cancillería

desfavoreció esa interpretación.

Luego de ese razonamiento, la Corte de Cancillería de

Delaware retomó el concepto de empresa común de In Re Arthur

Treacher´s Fish & Chips, supra. En Wah Chang Smelting & Ref.

Co. of Am. v. Cleveland Tungsten, 1996 Del. Ch. LEXIS 102

(1996), la corte reiteró que las empresas comunes no se

tenían que limitar a una sola línea de negocios. Aplicó la

figura a un acuerdo para construir y operar una planta para

manufacturar productos de tungsteno. Sin embargo, el caso

tampoco discutió nada acerca de la intención de las partes

involucradas en operar el negocio de forma continua o

perpetua. La corte aplicó la Sec. 273 y disolvió la

corporación.

Los tratadistas entienden que la determinación de la

Corte de Cancillería en Wah Chang Smelting & Ref. Co. of Am.

v. Cleveland Tungsten, supra, estuvo influenciada por el

hecho de que en los documentos corporativos uno de los

accionistas se refería a la corporación como un joint

venture. Aunque la Corte de Cancillería reconoció en In re

McKinney-Ringham Corp., 1998 Del. Ch. LEXIS 34 (1998), que

para aplicar el concepto no es requisito una designación CC-2009-497 13

explícita de que se trata de un joint venture, los

tratadistas entienden que la denominación como tal en los

documentos de negocios es un factor “controlante” a la hora

de su aplicación. Delaware Corporation Law and Practice,

supra.

Si bien es cierto que en la jurisprudencia estudiada, la

Corte de Cancillería de Delaware llegó a aplicar el concepto

de joint venture a empresas con operaciones aparentemente

continuas, no se consideró esa característica a profundidad.

Sin embargo, para los tratadistas esa característica es una

de las determinantes a la hora de identificar una empresa

común.

La definición de empresa común que proveen los

tratadistas resulta más armoniosa que la que desglosa la

jurisprudencia de Delaware. Fletcher define la empresa común

como una asociación de dos o más personas en una sola empresa

para generar ganancias. “Los principios legales que gobiernan

las sociedades generalmente gobiernan las empresas comunes,

porque las empresas comunes son, esencialmente, sociedades

para realizar una sola empresa”. 1 Fletcher Cyclopedia of the

Law of Corporations Sec. 23, págs. 40-41. (Traducción

Por su parte, Rowley indicó que la definición más

promulgada de una empresa común es aquella en que dos o más

personas buscan, conjuntamente, una ganancia de un negocio, CC-2009-497 14

sin que haya propiamente una designación de sociedad o

corporación. 2 Rowley on Partnership Sec. 52.2, pág. 464

(1960). La otra definición más citada, según Rowley, apunta a

que es una asociación de dos o más personas para llevar a

cabo una empresa de un solo negocio (single business

enterprise). Añade que “frecuentemente se dice que una

empresa común es un tipo de sociedad limitada, no en el

sentido legal, sino en su alcance y duración”. Rowley on

Partnership, op. cit., págs. 464 y 465. (Énfasis suplido y

traducción nuestra.)

La naturaleza de una empresa común es tal que raras veces existe por un período fijo de tiempo. Su objetivo no es realizar un negocio por un determinado número de meses o años, sino concluir de manera exitosa y rentable, una transacción particular o una serie de transacciones. Así, generalmente se sostiene que una empresa común continúa hasta que se cumple su propósito o definitivamente se determina que su propósito no puede cumplirse. (Énfasis suplido.)

Rowley on Partnership, op. cit., Sec. 52.36, pág. 509. (Traducción nuestra.)

Este tratadista añade que existe una excepción aparente

al principio general de la duración limitada de las empresas

comunes, que se recoge en un grupo de casos que contemplan

empresas continuas, que terminan a voluntad de las partes

luego de una notificación razonable. Sin embargo, el

tratadista entiende que no existe tal excepción, sino que

estos casos, sencillamente, no tratan de joint ventures o

empresas comunes. “Propiamente clasificados y caracterizados, CC-2009-497 15

estas no constituyen, sin embargo, una excepción. Estos

negocios continuos deben considerarse como asociaciones y no

como empresas comunes”. Rowley on Partnership, op. cit., Sec.

52.36, pág. 510. (Traducción nuestra.)

Rowley no está solo en su apreciación sobre la exclusión

de negocios perpetuos de la definición de empresa común. Esta

postura también la avalan otros tratadistas. Henn y Alexander

señalan que la empresa común se diferencia de otros tipos de

negocios en que se trata de dos o más personas que se unen

para llevar a cabo un negocio particular y se disuelve una vez

finaliza ese negocio. Para ellos, una empresa común es un tipo

de asociación temporera. H.G. Henn y J.R. Alexander, Laws of

Corporations, 3ra ed., Minnesota, West Publishing, 1983, Sec.

49, pág. 105 y 106. Véase, además, H.G. Reuschlein y W.A.

Gregory, Agency and Partnership, 1ra ed., EE.UU., West

Publishing Co., 1979, pág. 442; J.W. Barlett, Venture Capital:

Law, Business Strategies, Investment Planning, 1ra ed.,

EE.UU., John Wiley & Sons Inc., 1988, Sec. 3.5, pág. 38.

Como puede observarse, en un esfuerzo por lograr una

definición satisfactoria de lo que es una empresa común, se

denota una tendencia por compararla con la figura de la

sociedad, con la que guarda muchas similitudes. Sin embargo,

la figura del joint venture puede ir acompañada de una

estructura corporativa. Esta tendencia no es nueva y las

características del joint venture no tienen que alterarse por CC-2009-497 16

su incorporación. En Delaware se ha visto esta combinación de

figuras, al menos, desde 1928 en Wightman v. San Francisco Bay

Toll-Bridge Co., supra.

Algunos tratadistas reconocen que la coexistencia de

ambas figuras es confusa, por las diferencias en el grado de

formalidad que conlleva cada una y las consecuencias sobre la

responsabilidad de los socios, quienes pasan a ser accionistas

cuando se opta por la incorporación. Incluso, reconocen que el

uso del término corporación de empresa común puede resultar

confuso, porque se utiliza para empresas cuya gestión de

negocios se puede extender por muchos años. 1 O Neal and

Thompson s Close Corporations and LLCs: Law and Practice, Sec.

1:7. Véase, además, H.G. Henn y J.R. Alexander, op. cit., Sec.

50, pág. 108.

Sin embargo, para Fletcher la figura corporativa no

excluye necesariamente la empresa común. “Una corporación y

una empresa común pueden coexistir como dos entidades legales

distintas, y bajo cada una, las partes pueden adquirir

diferentes derechos y obligaciones.” Fletcher Cyclopedia of

the Law of Corporations, op. cit., Sec. 3997.10, págs. 347-48.

(Traducción nuestra.)

Para Rowley, una vez se incorpora una empresa común, las

partes se convierten en accionistas u oficiales de la

corporación y la relación debe regirse por la ley de CC-2009-497 17

corporaciones aplicable. Rowley on Partnership, op. cit., Sec.

52.36, pág. 510.

O Neal y Thompson añaden que una empresa común es un tipo

de corporación íntima. Es decir, es una empresa que tiene

pocos accionistas, quienes usualmente no planean vender sus

acciones a personas extrañas a la corporación, se consideran a

sí mismos como socios en una empresa de alcance limitado y

usualmente interesan desviarse del patrón de administración

corporativa tradicional. O Neal and Thompson s Close

Corporations and LLCs: Law and Practice, op. cit.

Ante este panorama, podemos resumir que una empresa común

es un negocio en el que dos o más personas jurídicas combinan

su propiedad, dinero, esfuerzos, habilidades y conocimientos

para llevar a cabo una gestión de negocios, cuya complejidad

puede acarrear más de una transacción, pero que no tiene la

intención de operar de forma continua, sino hasta que culmine

la gestión de negocios para la que se unieron.

B

El Capítulo 14 de la Ley General de Corporaciones de

1995, 14 L.P.R.A. secs. 9.01 y ss., sobre la venta de activos

y disolución, proveía otro mecanismo para poner fin a las

corporaciones regulares. Se trata del Art. 9.05, 14 L.P.R.A.

sec. 3005. En ese artículo, la junta de directores de la

corporación era el organismo que iniciaba el proceso de

disolución con la aprobación de una resolución por parte de la CC-2009-497 18

mayoría absoluta de sus integrantes. Los accionistas tenían

que aprobar esa determinación posteriormente.

La Ley General de Corporaciones de 1995 no contenía una

disposición específica que proveyera para la disolución de la

corporación a petición de alguno de los accionistas por

encontrarse la entidad en una situación de tranque. Díaz

Olivo, op cit., pág. 246.

Pero, aparte de la disolución, la Ley General de

Corporaciones daba a los tribunales otros poderes para manejar

situaciones de tranque entre accionistas de una corporación

regular. El Art. 7.16, 14 L.P.R.A. sec. 2916, disponía:

Artículo 7.16 Nombramiento de administrador judicial o síndico de una corporación en caso de empate o por otra causa

A. A petición de cualquier accionista, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior) podrá nombrar a una o más personas como administrador o administradores judiciales y, si la corporación está insolvente, como síndico o síndicos, de cualquier corporación, cuando:

1. En cualquier reunión de elecciones de directores haya un empate entre los accionistas de manera que no se puedan elegir los sucesores de los directores cuyos términos han vencido o vencieran antes de la elección de sus sucesores; o

2. Los asuntos de la corporación estén sufriendo daños irreparables o estén bajo amenaza de sufrir los mismos debido al empate entre los directores en cuanto a la administración de los asuntos de la corporación de que no se pudiera obtener la votación necesaria para actuar de parte de la junta de directores y los accionistas no pueden poner fin al empate; o CC-2009-497 19

3. La corporación haya abandonado sus negocios y no haya tomado las medidas necesarias para disolver, liquidar o distribuir sus activos dentro de un plazo razonable.

B. Un administrador judicial nombrado al amparo de este artículo estará autorizado para continuar con los asuntos de la corporación y no para liquidar los mismos ni para distribuir sus activos, salvo cuando el tribunal ordene otra cosa o en los casos que surjan según el párrafo (3) del inciso (A) de este artículo, o el párrafo (2) del inciso (A) del Artículo 14.15 de esta Ley. (Énfasis suplido)

Este artículo era idéntico a la Sec. 226 de la Ley

General de Corporaciones de Delaware de 1953, según

enmendada, 8 Del.C.1953, sec. 226. En Giuricich v. Emtrol

Corp., 449 A.2d 232 (Del. 1982), el Tribunal Supremo de

Delaware ordenó la designación de un administrador al amparo

de la sección equivalente a la 7.16(a)(1), supra. Había un

tranque entre los únicos dos accionistas y uno de ellos

controlaba la junta de directores. Como cada uno era dueño

del 50% de las acciones no podían elegir una nueva junta.

El tribunal resolvió que fue un “abuso de discreción y

error” de la Corte de Cancillería negar el nombramiento de un

administrador bajo la Sec. 226(a)(1), supra. Concluyó que no

aplicar esa sección era dejar sin remedio ni recurso al

accionista que se quedaba sin representación en la junta de

manera perpetua por la distribución de las acciones en partes

iguales. “Este resultado no fue deseado bajo la Sec.

226(a)(1) y no debe permitirse”. Giuricich v. Emtrol Corp.,

supra, pág. 240. (Traducción nuestra.) CC-2009-497 20

Así, se ordenó la designación de un administrador

judicial imparcial y de probado trasfondo en negocios, cuyas

actuaciones vinculaban a los oficiales y directores de la

corporación. No podía ser accionista ni acreedor de la

corporación. El tribunal le confirió poder para intervenir en

decisiones en la junta de directores, llamar a reuniones de

la junta de directores o de los accionistas. Giuricich v.

Emtrol Corp., supra, pág. 240.

De igual modo, en Miller v. Miller, 2009 Del. Ch. LEXIS

16, una opinión no publicada, la Corte de Cancillería de

Delaware asignó un administrador para otra corporación cuya

titularidad se dividía, en partes iguales, entre dos hermanos

y sus descendientes. No se ponían de acuerdo en cuanto a cuál

debía ser el futuro de la corporación.

La Corte de Cancillería enumeró que los poderes del

administrador serían resolver los tranques entre los

directores, los tranques operacionales, participar como

director en caso de que alguno de sus accionistas se quedara

sin la debida representación de sus intereses en la junta de

directores y resolver el tranque en torno al futuro de la

corporación. Miller v. Miller, supra.

Por otro lado, nuestro Art. 7.16(b), supra, señalaba que

el administrador designado por el tribunal estaba autorizado

para continuar con los asuntos de la corporación, pero no

para liquidarla ni distribuir sus activos. Sin embargo, en CC-2009-497 21

ese mismo párrafo se establecía como excepción que el

tribunal hubiere dado instrucciones en contrario.

El artículo encontraba su equivalente en la Sec. 226(b)

de la Ley General de Corporaciones de Delaware. La Corte de

Cancillería de ese estado ha validado la designación de un

administrador para liquidar una corporación. En los casos

Bentas v. Haseotes, 769 A. 2d 70 (Del. Ch. 2000) y 2003 Del.

Ch. LEXIS 24, la Corte de Cancillería designó un

administrador para que resolviera un tranque entre los

directores. En el primero de los casos, el 769 A. 2d 70,

instruyó al administrador que explorara todas las

alternativas que pudieran resultar en una solución al tranque

entre los accionistas. En la secuela de ese caso, 2003 Del.

Ch. LEXIS 24, avaló el plan que presentó el administrador

para subastar los activos, pero se consideraron alternativas

como dividir la corporación y su venta.

C

El Art. 14.17 de la Ley General de Corporaciones de

Puerto Rico de 1995, 14 L.P.R.A. sec. 3217, atendía la

disolución de las corporaciones íntimas. Una corporación

íntima es una corporación con 35 accionistas o menos, cuyas

acciones son de transferencia limitada y no pueden venderse en

oferta pública. Art. 14.03, 14 L.P.R.A. sec. 3203.

Bajo la Ley General de Corporaciones de 1995, el Tribunal

de Primera Instancia podía ordenar la disolución de una CC-2009-497 22

corporación íntima por un tranque entre los accionistas o

directores sobre cómo conducir los negocios de la corporación.

Art. 14.17, 14 L.P.R.A. sec. 3217. Sin embargo, antes de

recurrirse a la disolución por esta razón, se debía ir primero

a los remedios que proveen los Arts. 14.15 y 14.16, 14

L.P.R.A. secs. 3215 y 3216. Es decir, debía haber fracasado la

designación de un administrador judicial, un síndico o

director provisional.

Así pues, los tribunales deben ser “cautelosos y

restrictivos” al ejercer su poder de disolución de una

corporación íntima, porque esa acción representa la

eliminación de un negocio y, por consiguiente, de su valor

económico. Díaz Olivo, op cit., pág. 343.

Para que a una corporación le aplique el Capítulo 14 de

la Ley General de Corporaciones, 14 L.P.R.A. sec. 3201 y ss.

(corporaciones íntimas), tenía que hacer constar en su

certificado de incorporación que cumplía con los requisitos y

su interés de que se le considerara como corporación íntima.

Arts. 14.01 y 14.03, 14 L.P.R.A. secs. 3201 y 3203.

III

Una ley debe interpretarse considerando todas sus partes,

como conjunto, y no tomando aisladamente sus párrafos,

secciones o incisos. Cirino v. Fuentes, 91 D.P.R. 608, 616

(1964); Central Coloso v. Descartes, 74 D.P.R. 481, 485

(1953). El propósito de este principio fundamental de CC-2009-497 23

interpretación estatuaria es, por un lado, aclarar

ambigüedades y, por otro, hacer de la ley un todo armónico y

efectivo. Así se procura que haya constancia y que todas las

partes del estatuto tengan efecto. R.E. Bernier y J.A. Cuevas

Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto

Rico, 2da ed., San Juan, Publicaciones J.T.S., 1987, pág. 315.

Cuando el legislador incluye unas palabras en un artículo

de la ley, “esas palabras tienen su significado. Esas palabras

revelan una intención manifiesta”. Belaval v. Todd, 24 D.P.R.

26, 39 (1916). Debemos hacer todos los esfuerzos para darle

efectividad a todo lo que el legislador expresa en una ley.

Las palabras no están en la ley por mero azar o por

improvisación, sino que están allí por alguna razón. R.E.

Bernier y J.A. Cuevas Segarra, op cit., pág. 316.

La Ley General de Corporaciones no puede ser la

excepción. Cada capítulo y cada artículo debe evaluarse en su

contexto y en atención a los demás capítulos y artículos. Al

mismo tiempo, cada palabra utilizada en la ley debe tener un

significado que ayude a interpretar la ley como el todo

armónico que es.

El Art. 9.03, supra, establece desde su título que trata

sobre la disolución de una corporación de empresa común de dos

accionistas. Si el legislador hubiera querido incluir dentro

de ese artículo a cualquier corporación de dos accionistas, no

hubiera especificado que el artículo es aplicable a una CC-2009-497 24

“corporación de empresa común”. Como las palabras que utiliza

el legislador dentro de una ley están allí por alguna razón,

es una conclusión inescapable que quería decir algo más.

Tenemos que interpretar a qué se refería cuando especificó que

aplica a corporaciones de empresa común.

La Ley General de Corporaciones de 1995, al igual que la

Ley de Corporaciones de Delaware que tomó como modelo, está

huérfana de una definición de lo que es una empresa común o

joint venture. Sin embargo, este Tribunal ya había utilizado

el término en Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, supra. En

esa ocasión, se utilizó el término para referirse a una

operación limitada a una sola transacción, no a operaciones

diversas ni de naturaleza continua. Planned Credit of P.R.,

Inc. v. Page, supra, págs. 250-251.

Esta definición se extrajo de tratadistas como Rowley

quien, como vimos, también apunta a que un joint venture tiene

una duración y alcance limitados. Rowley on Partnership, op.

cit., Sec. 52.2, págs. 464 y 465. Este interpreta que la

vigencia de una empresa común continúa hasta que cumple su

propósito o se determina que no puede cumplirse. Rowley on

Partnership, op. cit., Sec. 52.36, pág. 509. Más aún, enfatiza

en que aquella jurisprudencia que trata a empresas de

operaciones continuas como joint ventures es errada, ya que

entiende que son más bien otras formas de hacer negocios. Para

Rowley, el que un negocio sea por tiempo indefinido excluye la CC-2009-497 25

posibilidad de un joint venture. Rowley on Partnership, op.

cit., Sec. 52.36, pág. 510.

En el aspecto de la no continuidad de la empresa común,

la definición de Planned Credit es cónsona con la que habían

adoptado la Corte de Cancillería y el Tribunal Supremo de

Delaware hasta ese momento. La diferencia entre ambas estriba

en si una empresa común se limita a una sola transacción o

puede dedicarse a más de una. Esa diferencia aparente bien

pudiera derivarse de las dificultades en la traducción de los

conceptos.

La opinión mayoritaria concentra su análisis en que una

empresa común se puede dedicar a más de una transacción, a lo

que no nos oponemos siempre y cuando las transacciones estén

vinculadas a una misma gestión de negocios. Incluso, esa

gestión puede tomar muchos años en completarse.

Sin embargo, el análisis de la mayoría no profundiza

sobre el aspecto de la intención de continuidad en las

operaciones de la empresa. La jurisprudencia de Delaware

tampoco se ha adentrado a analizar ese aspecto, sobre el que

sí se han expresado claramente los tratadistas. Estos

descartan las operaciones continuas como parte del concepto de

empresa común.

El hecho de que una corporación de empresa común pueda

dedicarse a un negocio que conlleve transacciones complejas,

como ha interpretado la jurisprudencia de Delaware y hoy CC-2009-497 26

adopta la mayoría, no puede significar que la empresa tenga la

intención de realizar el mismo tipo de transacción de forma

continua o perpetua. Un joint venture no puede tener la

intención de operar por tiempo ilimitado aunque pueda llevar a

cabo una gestión de negocio que conlleve años en completarse.

Lo contrario la convertiría en corporación regular sin ninguna

particularidad adicional, y vaciaría de significado la frase

“empresa común” que dispuso el legislador en el Art. 9.03,

De lo contrario, ¿para qué el legislador iba a

especificar que el Art. 9.03, supra, aplicaba a las

corporaciones de empresa común, si quería incluir a todas las

corporaciones compuestas por dos accionistas con

participaciones iguales? Ese significado ignora la intención

manifiesta del legislador.

Por estas razones opino que la definición que debemos dar

al término joint venture hoy día no tiene que distanciarse de

Planned Credit en el aspecto de la no continuidad del negocio.

Es una sola gestión de negocios, cuya complejidad puede

abarcar más de una transacción, mientras estén

interrelacionadas, pero que no tiene el propósito de ser una

operación continua. La empresa tiene que culminar cuando

finalice la gestión que se acordó entre las partes.

Somos conscientes de que el Informe de la Comisión de

Reforma Gubernamental del Proyecto del Senado 1122, que CC-2009-497 27

produjo eventualmente la Ley General de Corporaciones de 1995,

instruye a que se utilicen los preceptos y las normas que haya

desarrollado la jurisprudencia del estado de Delaware

alrededor de su Ley General de Corporaciones. Comisión de

Reformas Gubernamentales del Senado de Puerto Rico, Informe

sobre el P. del S. 1122, p. 9. El mandato del legislador es

que utilicemos el desarrollo de la Ley General de

Corporaciones de Delaware como guía. Sin embargo, la

jurisprudencia de Delaware no nos ofrece mucha luz para

analizar los hechos de este caso, pues no ha analizado el

aspecto de la continuidad del negocio. En contraste, nuestra

jurisprudencia sí lo hizo en Planned Credit, caso que sí nos

ofrece luz al respecto. No vemos razón para distanciarnos de

esa definición.

PGD es una corporación que se dedica a la venta y

distribución de productos genéricos. De ninguna parte del

expediente surge que sus accionistas tenían la intención de

finalizar operaciones con la consecución de algún evento. Sus

operaciones consistían en un mismo tipo de transacción, de

forma continua. Eso la excluye del concepto de corporación de

La opinión del Tribunal reconoce que el Art. 9.03, supra,

no debe aplicar a toda corporación compuesta por dos

accionistas. Sin embargo, la interpretación que hace de lo que

es una empresa común tiene como resultado lo que quiere CC-2009-497 28

evitar. Ello se evidencia en que la mayoría aplicaría esa

disposición al caso de Epstein v. F.&F. Mortgage Corp., 106

D.P.R. 211 (1977), que trataba sobre dos corporaciones

regulares de operaciones continuas, dedicadas a la industria

hipotecaria. En ese caso, este Foro accedió a la disolución

bajo el principio de equidad, pues las diferencias

irreconciliables entre los dos únicos accionistas amenazaban

con llevar las corporaciones al fracaso.

Además, la opinión mayoritaria da a entender que el hecho

de que se incluyera el concepto de joint venture en el Art.

9.03, supra, equivale a codificar la figura y darle forma

corporativa. Entendemos que esa interpretación es equivocada.

El concepto de joint venture nació mucho antes de que se

aprobara la Ley General de Corporaciones de Delaware de 1953.

Lo que hizo el estatuto fue integrar a su legislación

corporativa el concepto que ya habían desarrollado los

tribunales. Si el legislador hubiera querido alterar el

significado de empresa común que había elaborado la

jurisprudencia, hubiera provisto una definición para ello

dentro del mismo estatuto.

Más aún, las empresas comunes existían y seguirán

existiendo más allá de la Ley General de Corporaciones. El

hecho de que se incluya dentro de la Ley General de

Corporaciones para atender el caso particular de las empresas

comunes que adquieren forma corporativa no excluye que puedan CC-2009-497 29

existir joint ventures bajo otras formas de hacer negocios,

como una sociedad, por ejemplo.

La mayoría distingue entre la empresa común y la

corporación de empresa común, como si ello cambiara la esencia

del joint venture. La única diferencia que la incorporación

produce es dotar al negocio de los beneficios que provee la

ley corporativa a sus accionistas, como los límites en la

responsabilidad que asumen por sus negocios. Precisamente, es

ese uno de los aspectos principales que discuten los

tratadistas al analizar la combinación de ambas figuras.

La opinión del Tribunal añade que la Ley General de

Corporaciones que existía cuando se resolvió Planned Credit no

contemplaba que la empresa común pudiera tener forma

corporativa. Sin embargo, el mero hecho de que se considerara

aplicar la figura a ese caso es evidencia de que sí era

posible, aunque no estuviera expresamente dispuesto en la ley.

Por último, la opinión mayoritaria entiende que la

definición que adoptamos en Planned Credit of P.R. no nos ata

porque el caso se resolvió antes de que se aprobara la Ley

General de Corporaciones de 1995. Sin embargo, en el aspecto

del tiempo limitado de operación de la empresa común, esa

definición es cónsona con la que todavía avalan los

tratadistas expertos en la materia.

Una interpretación integrada de la Ley General de

Corporaciones de 1995 también nos lleva al mismo resultado. CC-2009-497 30

Además de que, como mencionamos, interpretar el joint venture

como una empresa con operaciones continuas vaciaría esa frase

de significado en el Art. 9.03, supra, debemos mirar a los

otros artículos de la ley.

El Capítulo 14, supra, permite la disolución de una

corporación íntima en caso de tranque, pero solo luego de un

procedimiento en el que se hagan unos esfuerzos por salvarla.

Es decir, la disolución no es la primera alternativa para esos

casos.

El Art. 7.16, supra, permite confeccionar un remedio

similar al de las corporaciones íntimas en caso de que haya un

tranque en una corporación regular, que pertenezca a dos

accionistas en partes iguales. Ese artículo faculta al

Tribunal de Primera Instancia a designar un administrador

judicial si algún accionista lo solicita. Ese administrador

puede, incluso, asumir la función de un síndico y liquidar la

corporación si el Tribunal de Primera Instancia le confiere

ese poder expresamente. Aunque disolver y liquidar son

conceptos distintos, en este tipo de caso se llegaría a un

resultado parecido pues la disolución de la corporación

conlleva su liquidación.

Si, luego de descartar la aplicación del Art. 9.03,

supra, para empresas comunes, analizamos el procedimiento para

disolver una corporación íntima y la alternativa del Art.

7.16, supra, para la corporación regular, vemos que la Ley CC-2009-497 31

General de Corporaciones no obliga a dos accionistas en partes

iguales a permanecer en un negocio continuo en contra de su

voluntad. Para ellos también existen remedios.

Sin embargo, ese remedio no puede ser la disolución

expedita como primera alternativa. La ley establece unos

mecanismos que intentan resolver el tranque primero y salvar

la corporación. Esta interpretación, entendemos, es más

cónsona con el espíritu de la ley. Me parece que el que los

tribunales disuelvan de forma expedita corporaciones

productivas, que estimulan la economía, no ayuda a “promover

la expansión del sector empresarial y agilizar el movimiento

de capital en la economía”, propósito expreso de la Ley

General de Corporaciones de 1995, según su Exposición de

Motivos.

Visto de esa forma, se hace evidente que el Art. 9.03,

supra, para la disolución expedita de empresas comunes, es una

excepción. No puede estar disponible para todas las

corporaciones de dos accionistas que tienen la intención de

operar de forma continua. Es una excepción que se reservó para

empresas que, aunque conllevaran una gestión de negocios

compleja compuesta de distintas transacciones, tenían un fin

previsible con la llegada de algún evento previamente pactado,

que conllevaría la finalización de esa gestión. Un tranque

entre los dos accionistas únicos en partes iguales es CC-2009-497 32

suficiente justificación para su disolución, pues de todas

formas, la corporación tenía un fin previsible.

Sin embargo, para las corporaciones que tienen la

intención de conllevar operaciones continuas se buscaron otras

alternativas que procuraran por su supervivencia y la

permanencia de su valor en la economía. Por ello, es que

entiendo que la interpretación que hoy se le da al Art. 9.03,

supra, trastoca el esquema de disolución de corporaciones que

el legislador ordenó en la ley. Flexibiliza la disolución de

corporaciones de operaciones continuas por parte de los

tribunales, sin que se hagan mayores esfuerzos por subsanar

los tranques entre los dos accionistas en partes iguales.

En el Art. 9.05, supra, hay un procedimiento para la

disolución de las corporaciones regulares sin que intervenga

un administrador o director designado por el tribunal. Sin

embargo, aplica cuando media el consentimiento mayoritario de

la junta de directores y de la mayoría de los accionistas, es

decir, cuando la mayor parte de la estructura de poder de la

corporación ya no interesa que esta continúe con vida. No

aplica cuando los propietarios de la corporación están

divididos en partes iguales en torno a la decisión de si debe

disolverse o no. Permitir esto en el caso de dos accionistas

propietarios en partes iguales, mediante la aplicación del

Art. 9.03, supra, sería privilegiarlos sobre los demás casos

de tranques entre accionistas, quienes tendrían que recurrir a CC-2009-497 33

otros remedios de la ley por el mero hecho de que son más de

dos.

De todos modos, como la corporación pertenece a dos

accionistas en partes iguales, no podemos aplicar el Art.

9.05, supra, pues ante el tranque, nunca se alcanzaría la

mayoría necesaria para la disolución que solicitó el Sr.

Lloréns. Tampoco podemos aplicar los procedimientos de

disolución para corporaciones íntimas porque PGD está

registrada como una corporación regular.

Sin embargo, las partes no están huérfanas de remedio en

la ley. Recordemos que la Regla 42.4 de Procedimiento Civil,

32 L.P.R.A. Ap. V, establece que “toda sentencia concederá el

remedio a que tenga derecho la parte a cuyo favor se dicte,

aun cuando ésta no haya solicitado tal remedio en sus

alegaciones”.

Así, en este caso es aplicable el Art. 7.16, supra, que

permite al Tribunal de Primera Instancia confeccionar un

remedio similar al de la disolución de las corporaciones

íntimas de operaciones continuas. Es evidente que existe un

tranque entre los accionistas sobre cuál debe ser el futuro de

la corporación y actualmente uno de los dos accionistas no

cuenta con la representación adecuada en la junta de

directores. Incluso, el Sr. Lloréns alega que el Sr. Arribas

se ha negado durante años a convocar reuniones de accionistas

para elegir una nueva junta de directores. CC-2009-497 34

Según el Art. 7.16, supra, si un accionista lo solicita,

el Tribunal de Primera Instancia puede asignar un

administrador judicial para que, entre otras cosas, intente

resolver los tranques, convocar a una reunión de accionistas,

mediar para que uno compre al otro su parte, y, de entenderse

necesario, hasta puede liquidarse la corporación, previa

autorización del tribunal, si fuere necesario.

Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia no está

obligado a otorgar al administrador la capacidad para liquidar

la corporación, si decide nombrarlo. Las facultades del

administrador deben enumerase expresamente y deben

confeccionarse en atención al caso particular de la

corporación para la que se solicite. Después de todo, la

intervención de los tribunales en este proceso debe ser tan

mínima como sea posible y ejercerse en el grado en que

requiera alcanzar la meta de hacer justicia. Giuricich v.

IV

Por las razones expuestas, disiento respetuosamente.

Revocaría la sentencia del Tribunal de Apelaciones y

devolvería el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

acoja la petición de disolución al amparo del Art. 9.03 de la

Ley General de Corporaciones de 1995, supra, como una

solicitud para la asignación de un administrador judicial al

amparo del Art. 7.16 de ese mismo estatuto, supra. CC-2009-497 35

Conforme a ello, ordenaría que el tribunal haga una

evaluación de los hechos y determine si el caso amerita la

designación de un administrador judicial. De así entenderlo,

el tribunal debería enumerar las responsabilidades que tendría

el administrador, de acuerdo a las particularidades de este

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado