EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Maressa Abadía Muñoz 2017 TSPR 1 Salvador Ribas Dominicci Norman Velázquez Torres 197 DPR ____ Reinaldo Ramos Valentín
Número del Caso: TS-10,325 TS-7,552 TS-12,353 Ts-4,658
Fecha: 12 de diciembre de 2016
Programa de Educación Jurídica Continua
Hon. Geisa Marrero Martínez Directora Ejecutiva
Hon. José Ignacio Campos Pérez Director Ejecutivo
Abogados de las partes peticionarias
Por Derecho Propio
Materia: Conducta Profesional –
TS-10,325 La suspensión será efectiva el 14 de diciembre de 2016, fecha en que se le notificó por correo al abogado de su suspensión inmediata
TS-7,552 La suspensión será efectiva el 21 de diciembre de 2016, fecha en que se le notificó por correo al abogado de su suspensión inmediata.
TS-12,353 La suspensión será efectiva el 19 de diciembre de 2016, fecha en que se le notificó de su suspensión inmediata.
TS-4,658 La suspensión será efectiva el 15 de diciembre de 2016, fecha en que se le notificó de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Maressa Abadía Muñoz TS-10,325 Salvador Ribas Dominicci TS-7,552 Norman Velázquez Torres TS-12,353 Reinaldo Ramos Valentín TS-4,658
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2016.
Una vez más, nos vemos obligados a ordenar la
suspensión indefinida de varios miembros de la profesión
legal por incumplir con los requisitos del Programa de
Educación Jurídica Continua (PEJC) y por hacer caso omiso
a los requerimientos del PEJC y de este Tribunal.
I.
A. TS-10,325
La Lcda. Maressa Abadía Muñoz fue admitida al
ejercicio de la abogacía el 19 de enero de 1993. 1 El 21 de
junio de 2016, el Director del PEJC, Lcdo. José I. Campos
1 Según surge del expediente, la Lcda. Maressa Abadía Muñoz prestó juramento como notaria el 6 de mayo de 1993, pero renunció al notariado mediante carta de 1 de diciembre de 2004 por motivo de su traslado a los Estados Unidos. La renuncia fue autorizada a través de nuestra Resolución de 27 de enero de 2005, una vez tomamos conocimiento de que su obra notarial fue examinada, aprobada y entregada al Archivo General de Protocolos del Distrito Notarial de San Juan. TS-10,325; 7,552; 12,353; 4,658 2
Pérez, presentó un Informe sobre Incumplimiento con
Requisito de Educación Jurídica Continua ante este
Tribunal. Informó que la licenciada Abadía Muñoz incumplió
con los requisitos del PEJC durante el periodo que
comprende desde el 1 de octubre de 2007 hasta el 30 de
septiembre de 2009. Explicó que, el 18 de noviembre de
2009, le envió un Aviso de Incumplimiento otorgándole,
entre otras alternativas, un término adicional de sesenta
(60) días para tomar los cursos requeridos y pagar la
multa por cumplimiento tardío. La licenciada Abadía Muñoz
no tomó los cursos adeudados, ni pagó la cuota requerida.
En consecuencia, el 4 de enero de 2012, el PEJC citó
a la licenciada a una vista informal con el propósito de
atender su incumplimiento con los requisitos del Programa.
La licenciada Abadía Muñoz no compareció a la vista, por
lo que, el 23 de febrero de 2015, se le notificó la
determinación de la entonces Directora Ejecutiva,
Hon. Geisa M. Marrero Martínez, mediante la cual se le
concedió un término adicional de treinta (30) días para
cumplir con los créditos requeridos.
Ante la actitud pasiva de la licenciada, el PEJC
refirió el asunto a este Tribunal para que tomáramos
conocimiento de la situación y le concediéramos un término
final para subsanar la deficiencia.2
2 En su informe, el Lcdo. José I. Campos Pérez, Director Ejecutivo del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC), nos indica que la licenciada Abadía Muñoz tampoco ha cumplido con el periodo que comprende del 1 de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2013, para el cual se le notificó un Aviso de Incumplimiento el 22 de noviembre de 2013. Cabe mencionar que la licenciada Abadía Muñoz fue certificada TS-10,325; 7,552; 12,353; 4,658 3
El 21 de julio de 2016, este Tribunal emitió una
Resolución concediéndole un término de veinte (20) días a
la licenciada Abadía Muñoz para que compareciera y
mostrara causa por la cual no debía ser suspendida del
ejercicio de la abogacía por incumplir con los requisitos
del PEJC y por no comparecer ante éste cuando le fue
requerido. La Resolución se notificó a la única dirección
que surgía del Registro Único de Abogados (RUA) y la misma
fue devuelta por el correo. Al presente, la licenciada
Abadía Muñoz no ha comparecido.
B. TS-7,552
El Lcdo. Salvador Ribas Dominicci fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 30 de noviembre de 1982 y
prestó juramento como notario el 2 de febrero de 1983. 3 El
12 de diciembre de 2012, la entonces Directora del PEJC,
Lcda. Yanis Blanco Santiago, presentó un Informe sobre
Incumplimiento con Requisito de Educación Jurídica
Continua ante este Tribunal. Señaló que, el 25 de febrero
de 2009, le envió al licenciado Ribas Dominicci un Aviso
de Incumplimiento porque no cumplió con los requisitos del
Programa durante el periodo que comprende desde el 1 de
febrero de 2007 hasta el 31 de enero de 2009. Explicó que,
a pesar de que se le otorgó un término adicional de
como colegiada inactiva por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, por lo que fue exonerada de cumplir con los requisitos del PEJC desde el 17 de febrero de 2010 hasta el 1 de enero de 2011. 3 Según surge del expediente, el 31 de agosto de 1992, el Lcdo. Salvador Ribas Dominicci fue suspendido del ejercicio de la abogacía y de la notaría mediante Opinión Per Curiam. Véase In re Ribas Dominicci, 131 DPR 491 (1992). El 18 de septiembre de 1992, el licenciado Ribas Dominicci fue reinstalado al ejercicio de la abogacía, mas no así al ejercicio de la notaría. TS-10,325; 7,552; 12,353; 4,658 4
sesenta (60) días para tomar los cursos adeudados, el
licenciado Ribas Dominicci no tomó los cursos requeridos,
ni pagó la cuota por cumplimiento tardío.
Por consiguiente, el 22 de noviembre de 2010, el PEJC
citó al licenciado a una vista informal a celebrarse el 13
de diciembre de 2010. El licenciado Ribas Dominicci no
compareció a la vista, pero posteriormente se comunicó con
el PEJC e informó que no pudo asistir por razones de
salud. Sin embargo, no proveyó información que justificara
su incumplimiento con los requisitos del Programa.
El 1 de junio de 2012, el PEJC cursó una comunicación
al licenciado concediéndole un término adicional de
treinta (30) días para que informara sobre su cumplimiento
con los créditos requeridos. El 9 de agosto de 2012, el
PEJC recibió una comunicación del licenciado informando
que había estado recibiendo tratamiento médico y que
estaría convaleciendo durante los próximos meses, por lo
que sometería un plan de cumplimiento luego de culminar su
tratamiento.
En atención a lo expuesto por el licenciado, el 21 de
agosto de 2012, el PEJC le envió una comunicación
solicitándole que informara: (1) si actualmente ejercía la
profesión; (2) si tenía la intención de cambiar su estatus
a abogado inactivo; y (3) si su condición le impidió
cumplir con los requisitos del Programa. El licenciado
Ribas Dominicci no contestó la comunicación cursada. TS-10,325; 7,552; 12,353; 4,658 5
En consecuencia, el 24 de octubre de 2012, la Junta
de Educación Jurídica Continua emitió una Resolución
concediéndole al licenciado un término final de diez (10)
días para que presentase la información solicitada. El 30
de noviembre de 2012, el licenciado Ribas Dominicci
presentó un Escrito en Cumplimiento de Resolución en el
cual explicó la situación médica que estaba atravesando y
las gestiones que estaría realizando para subsanar su
incumplimiento con los requisitos del Programa; sin
embargo, no presentó evidencia que corroborara sus
planteamientos. En vista de la actitud pasiva del
licenciado, el asunto fue referido a este Tribunal para
que tomáramos conocimiento de la situación y le
concediéramos un término final para subsanar su
incumplimiento.4
El 26 de diciembre de 2012, este Tribunal emitió una
Resolución concediéndole un término de veinte (20) días al
licenciado para que compareciera y mostrara causa por la
cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía
por incumplir con los requisitos de educación jurídica
continua.
El 16 de enero de 2013, el licenciado presentó un
Escrito en Relación con Informe de Educación Jurídica
Continua de Fecha 12 de diciembre de 2012. En síntesis,
expresó que, el 5 de noviembre de 2012, se comunicó con el
PEJC y le indicó que estaba recibiendo atención médica y 4 Según surge del informe, el licenciado Ribas Dominicci tampoco ha cumplido con los requisitos del Programa para el periodo que comprende desde el 1 de febrero de 2009 hasta el 31 de enero de 2011. TS-10,325; 7,552; 12,353; 4,658 6
que podría explicar con mayor detalle los pormenores de su
situación en enero de 2013. Añadió que estuvo recibiendo
tratamiento médico fuera de la jurisdicción desde el 13 de
noviembre hasta el 9 de diciembre de 2012 y expresó que
próximamente se matricularía en varios seminarios que
ofrecerían en el área de Mayagüez.
El 4 de marzo de 2013, este Tribunal emitió una
Resolución concediéndole al licenciado un término de
sesenta (60) días para presentar una certificación de
cumplimiento emitida por el PEJC.
El 5 de marzo de 2013, el licenciado presentó una
Moción Informativa indicando que se matriculó en varios
seminarios que se ofrecerían en la “Convención de Abogados
del Oeste”, la cual se celebraría desde el 14 al 16 de
marzo de 2013. Sin embargo, el 31 de marzo de 2013, el
licenciado compareció mediante una Moción Informativa
Urgente y explicó que se vio obligado a incumplir con el
plan anunciado porque sufrió un accidente en su hogar que
ocasionó su hospitalización desde el 9 hasta el 15 de
marzo de 2013.
El 22 de noviembre de 2013, este Tribunal emitió una
Resolución concediéndole un término final de veinte (20)
días para que presentase una certificación de cumplimiento
emitida por el PEJC y apercibiéndole que su incumplimiento
conllevaría sanciones, incluyendo la suspensión del
ejercicio de la abogacía. TS-10,325; 7,552; 12,353; 4,658 7
El 13 de diciembre de 2013, el licenciado presentó
una Moción Informativa indicando que estaría recibiendo
tratamiento fuera de la jurisdicción hasta el 6 de enero
de 2014, por lo que atendería lo ordenado por este
Tribunal durante la segunda semana de enero. Sin embargo,
el 14 de enero de 2014, el licenciado solicitó una
prórroga adicional para cumplir con lo requerido toda vez
que aún se encontraba fuera de Puerto Rico.
El 28 de febrero de 2014, este Tribunal emitió una
Resolución concediéndole un término perentorio de diez
(10) días para cumplir con lo ordenado y apercibiéndole
que su incumplimiento podría acarrear sanciones severas,
incluyendo su separación del ejercicio de la abogacía. Así
las cosas, el 17 de marzo de 2014, el licenciado presentó
una Moción en Cumplimiento de Resolución en la cual
expresó que se matriculó en todos los seminarios que
ofrecerían en la “Octava Mini Convención de la Delegación
de Mayagüez”.
El 12 de diciembre de 2014, este Tribunal emitió una
Resolución concediéndole un término de treinta (30) días
para que presentase una certificación de cumplimiento
emitida por el PEJC. El 2 de febrero de 2015, el
licenciado presentó el informe solicitado, del cual se
desprende que cumplió con los créditos requeridos para los
periodos 2007-2009 y 2009-2011. Sin embargo, el informe
también demuestra que el periodo que comprende desde el 1
de febrero de 2011 hasta el 31 de enero de 2013 está al TS-10,325; 7,552; 12,353; 4,658 8
descubierto. Por consiguiente, el 12 de febrero de 2015,
este Tribunal emitió una Resolución concediéndole al
licenciado Ribas Dominicci un término de sesenta (60) días
para completar los créditos requeridos.
El 20 de abril de 2015, el licenciado presentó una
Moción Informativa en Relación a Resolución Notificada el
Día 19 de febrero de 2015 en la cual expresó que asistiría
personalmente al PEJC para solicitar un plan que le
permitiese estar en cumplimiento. El 28 de abril de 2015,
licenciado un término de sesenta (60) días para cumplir
con los requisitos del Programa.
El 22 de mayo de 2015, el PEJC compareció mediante
una Moción Informativa y nos indicó que el licenciado
acudió personalmente al Programa y solicitó orientación.
En atención a lo anterior, el 26 de febrero de 2016, este
Tribunal emitió una Resolución concediéndole al licenciado
un término adicional de ciento ochenta (180) días para
tomar los cursos adeudados.
El 29 de agosto de 2016, el licenciado presentó una
Moción mediante la cual nos informó que se trasladó al
estado de Georgia para recibir tratamiento y que estaría
fuera de la jurisdicción por un periodo indeterminado, por
lo que solicitó que le concediésemos una extensión médica.
El licenciado Ribas Dominicci aún no ha subsanado las
deficiencias señaladas. TS-10,325; 7,552; 12,353; 4,658 9
C. TS-12,353
El Lcdo. Norman Velázquez Torres fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 23 de enero de 1998 y prestó
juramento como notario el 9 de marzo de 1999. El 19 de
marzo de 2013, la entonces Directora del PEJC, Hon. Geisa
Marrero Martínez, presentó un Informe sobre Incumplimiento
con Requisito de Educación Jurídica Continua
(Incomparecencia a vista informal) ante este Tribunal.
Indicó que, el 23 de diciembre de 2010, el PEJC citó al
licenciado Velázquez Torres a una vista informal por
incumplir con los requisitos del Programa durante el
periodo que comprende desde el 1 de marzo de 2007 al 28 de
febrero de 2009. Explicó que refirió el asunto a este
Tribunal toda vez que el licenciado no compareció a la
vista señalada.5
El 2 de mayo de 2013, este Tribunal emitió una
Resolución concediéndole al licenciado Velázquez Torres un
término de veinte (20) días para que compareciera y
mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del
requerido.
El 12 de junio de 2013, el licenciado presentó una
Moción en Cumplimiento de Orden. Explicó que no compareció
a la vista informal porque no recibió la citación
5 En su informe, la entonces Directora Ejecutiva del PEJC, Hon. Geisa Marrero Martínez, nos indica que el Lcdo. Norman Velázquez Torres tampoco ha cumplido con los requisitos del Programa para los periodos 2009-2011 y 2011-2013. TS-10,325; 7,552; 12,353; 4,658 10
correspondiente ya que ésta se envió a una dirección
incorrecta. De otra parte, expresó que no pudo cumplir con
los requisitos del Programa por consideraciones económicas
toda vez que abrió una oficina privada, la cual no ha
tenido mucho éxito. Por consiguiente, solicitó un término
de cuarenta y cinco (45) días para subsanar las
deficiencias señaladas.
El 20 de junio de 2013, este Tribunal emitió una
Resolución acogiendo la solicitud del licenciado y
concediéndole un término adicional de cuarenta y cinco
(45) días para tomar los cursos adeudados.
El 27 de septiembre de 2013, el licenciado Velázquez
Torres presentó una Moción en Cumplimiento de Orden. En
síntesis, expresó que cumplió con los requisitos del
Programa para el periodo 2007-2009 e informó que estaba en
proceso de matricularse en cursos adicionales para poder
cumplir a cabalidad con su obligación.
El 7 de octubre de 2013, este Tribunal emitió una
veinte (20) días para presentar una certificación de
cumplimiento emitida por el Programa.
El 7 de noviembre de 2013, el licenciado compareció
mediante una Moción en Cumplimiento de Orden y presentó la
certificación solicitada, de la cual se desprende que
cumplió con los requisitos del Programa para el periodo
que comprende desde el 1 de marzo de 2007 hasta el 28 de
febrero de 2009. Además, expresó que el PEJC le concedió TS-10,325; 7,552; 12,353; 4,658 11
un término adicional para subsanar los periodos 2009-2011
y 2011-2013, los cuales aún reflejaban deficiencias, e
indicó que estaba en el proceso de tomar los cursos que le
faltaban para estar en cumplimiento.
Así las cosas, el 6 de febrero de 2015, este Tribunal
emitió una Resolución concediéndole al licenciado un
término de quince (15) días para que acreditase, mediante
la presentación de una certificación actualizada, su
cumplimiento con los requisitos del Programa para el
periodo que comprende desde el 1 de marzo de 2011 hasta el
28 de febrero de 2013. En la Resolución, se le apercibió
que su incumplimiento con lo ordenado podría acarrear
sanciones severas, incluyendo la suspensión del ejercicio
de la abogacía.
El 16 de marzo de 2015, el licenciado presentó una
Moción en Cumplimiento de Orden y expresó que la
Resolución hacía referencia a un informe sobre
incumplimiento que no se le había notificado, por lo que
requirió que se le notificara copia del mismo. Además,
solicitó un término adicional de treinta (30) días para
atender la orden de este Tribunal por complicaciones en su
calendario.
El 13 de abril de 2015, este Tribunal emitió una
Resolución concediéndole el término solicitado. Sin
embargo, el 1 de junio de 2015, el licenciado Velázquez
Torres solicitó un término adicional de treinta (30) días
para cumplir con lo ordenado. Expresó que una serie de TS-10,325; 7,552; 12,353; 4,658 12
compromisos profesionales, entre estos, la celebración de
un juicio en su fondo, la presentación de un recurso de
certiorari y la presentación de dos recursos de apelación,
le impidieron cumplir con nuestra orden dentro del término
provisto.
El 9 de junio de 2015, este Tribunal emitió una
Resolución concediéndole un término adicional de treinta
(30) días para cumplir con nuestra orden.
El 27 de junio de 2015, el licenciado presentó una
Moción en Cumplimiento de Orden. Indicó que el PEJC nunca
lo citó a una vista informal por su incumplimiento con los
requisitos del Programa para el periodo 2009-2011. Explicó
que dicha situación le causó confusión toda vez que
entendía que las órdenes de este Tribunal se referían al
periodo 2007-2009, para el cual ya había cumplido con los
requisitos del Programa. Por consiguiente, solicitó que se
le concediera un término final de sesenta (60) días para
subsanar las deficiencias señaladas.
El 14 de octubre de 2015, este Tribunal emitió una
treinta (30) días para cumplir con los créditos
requeridos.
El 9 de noviembre de 2015, el licenciado presentó una
Moción en Cumplimiento de Orden en la cual expresó que
completó los requisitos del Programa para el periodo 2009-
2011. Sin embargo, indicó que le faltaban 8.8 créditos
para cumplir con los requisitos del periodo 2011-2013, los TS-10,325; 7,552; 12,353; 4,658 13
cuales no pudo tomar durante el mes de octubre por
conflictos en su calendario. No obstante, señaló que, en
aras de completar los créditos adeudados, se matriculó en
varios cursos que se ofrecerían durante los meses de
noviembre y diciembre y anejó evidencia de su matrícula en
los mismos. Por último, solicitó un término adicional para
cumplir con los requisitos del Programa para el periodo
2013-2015.
El 14 de enero de 2016, este Tribunal emitió una
El 5 de febrero de 2016, el licenciado Velázquez
Torres presentó una Moción Informativa Relacionada a
Notificación y Solicitando Tiempo Adicional para Tomar
Cursos Pendientes. En su escrito, expresó que varios de
los cursos en los que se había matriculado fueron
cancelados y que las fechas en que éstos se celebrarían
confligían con compromisos profesionales previamente
establecidos. Además, señaló que su intención era cumplir
con su obligación, pero que su situación económica no se
lo permitía. Por consiguiente, solicitó un término
adicional de ciento veinte (120) días para cumplir con los
requisitos del Programa.
El 28 de abril de 2016, este Tribunal emitió una
noventa (90) días para tomar todos los cursos adeudados y TS-10,325; 7,552; 12,353; 4,658 14
para acreditar su cumplimiento con lo ordenado mediante la
presentación de una certificación de cumplimiento emitida
por el Programa. Al presente, el licenciado Velázquez
Torres no ha cumplido con nuestra orden.
D. TS-4,658
El Lcdo. Reinaldo Ramos Valentín fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 17 de diciembre de 1974 y
prestó juramento como notario el 10 de enero de 1975. 6 El 7
de mayo de 2015, la entonces Directora del PEJC, Hon.
Geisa Marrero Martínez, presentó un Informe sobre
Continua ante este Tribunal. Señaló que, el 13 de julio de
2009 y el 8 de septiembre de 2011, le envió avisos de
incumplimiento al licenciado Ramos Valentín por incumplir
con los requisitos del Programa durante los periodos que
comprenden desde el 1 de junio de 2007 al 31 de mayo de
2009 y desde el 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2011.
Explicó que, a pesar de que se le otorgó un término
adicional de sesenta (60) días para tomar los cursos
adeudados, el licenciado Ramos Valentín no tomó los cursos
requeridos, ni pagó la cuota por cumplimiento tardío para
los periodos antes señalados.
En consecuencia, el 17 de mayo de 2011, el PEJC citó
al licenciado a una vista informal con el propósito de
atender su incumplimiento con los requisitos del Programa
6 Según surge del expediente, el Lcdo. Reinaldo Ramos Valentín fue suspendido del ejercicio de la abogacía y de la notaría el 28 de junio de 1996 mediante Opinión Per Curiam. El 3 de diciembre de 2004, el licenciado Ramos Valentín fue reinstalado al ejercicio de la abogacía y, el 29 de abril de 2005, al ejercicio de la notaría. TS-10,325; 7,552; 12,353; 4,658 15
durante el periodo 2007-2009. El licenciado Ramos Valentín
no compareció a la vista, por lo que, el 28 de enero de
2014, se le notificó la determinación de la entonces
Directora Ejecutiva, mediante la cual se le concedió un
término adicional de treinta (30) días para subsanar las
deficiencias señaladas y se le apercibió que podría ser
citado a una vista informal por su incumplimiento con el
periodo 2009-2011. Así las cosas, el 31 de enero de 2014,
el PEJC citó al licenciado a una vista informal para
durante el periodo 2009-2011. El licenciado Ramos Valentín
tampoco compareció a esta vista.7
Ante la actitud pasiva del licenciado, el PEJC
final para subsanar la deficiencia.
El 21 de julio de 2015, este Tribunal emitió una
veinte (20) días para que compareciera y mostrara causa
por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la
abogacía por incumplir con los requisitos del PEJC y por
no comparecer ante éste cuando le fue requerido.
El 20 de agosto de 2015, el licenciado Ramos Valentín
presentó una Contestación en Cumplimiento de Orden.
Expresó que incumplió con los requisitos del Programa por
consideraciones económicas, pero que su situación ha
7 Según se desprende del Informe, el licenciado Ramos Valentín tampoco ha cumplido con los requisitos del Programa para el periodo 2011-2013. TS-10,325; 7,552; 12,353; 4,658 16
comenzado a mejorar ya que se integró como socio en una
organización conocida como Immigration Center, la cual
presta servicios en el área de Mayagüez. Por consiguiente,
solicitó que se devolviera su caso al PEJC para que dicha
oficina redactase un plan de cumplimiento.
El 13 de octubre de 2015, este Tribunal emitió una
noventa (90) días para completar los créditos requeridos y
para presentar una certificación de cumplimiento emitida
por el Programa. Además, le ordenó pagar las cuotas por
cumplimiento tardío para los periodos correspondientes en
un término de treinta (30) días.
El 11 de diciembre de 2015, el licenciado Ramos
Valentín compareció mediante una Contestación en
Cumplimiento de Orden. En su escrito, informó que, el 3 de
octubre de 2015, fue hospitalizado en el Centro Médico de
Mayagüez a causa de una infección bacteriológica que
invadió todo su pie causándole una necrosis. Explicó que
dicha infección ocasionó que le amputaran el pie derecho y
que, posteriormente, fue trasladado en dos ocasiones a
Sala de Operaciones en donde le realizaron dos
amputaciones adicionales para evitar que las bacterias
llegasen a su corazón. Añadió que fue dado de alta el 3 de
noviembre de 2015 para continuar recibiendo tratamiento
desde su hogar. En ese contexto, explicó que no tendrá
ingresos hasta que culmine todo su tratamiento, lo cual
ocurrirá cuando se le diseñe una prótesis y lo entrenen a TS-10,325; 7,552; 12,353; 4,658 17
caminar con ella. Por consiguiente, nos solicitó que
dejásemos sin efecto nuestra orden por estar
imposibilitado de cumplirla.
El 5 de mayo de 2016, este Tribunal emitió una
Resolución concediéndole al licenciado un término final e
improrrogable de noventa (90) días para completar los
cursos adeudados, presentar una certificación del PEJC que
acredite su cumplimiento con los requisitos del Programa y
pagar las cuotas por cumplimiento tardío de los periodos
correspondientes. Además, se le apercibió al licenciado
que, de no poder cumplir con lo ordenado, debería
solicitar ante la Secretaría de este Tribunal un cambio de
estatus a abogado inactivo. Finalmente, se le advirtió que
su incumplimiento con esta Resolución acarrearía su
suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la
abogacía y la notaría. El licenciado Ramos Valentín aún no
ha cumplido con lo ordenado.
II.
El Canon 2 del Código de Ética Profesional le impone
a los abogados admitidos al ejercicio de la profesión la
obligación de “realizar esfuerzos para lograr y mantener
un alto grado de excelencia y competencia en su profesión
a través del estudio y la participación en programas
educativos de mejoramiento profesional […]”. 4 LPRA Ap. IX.
Por ello, en virtud de nuestro poder inherente para
reglamentar la práctica de la abogacía, adoptamos el
Reglamento de Educación Jurídica Continua y, TS-10,325; 7,552; 12,353; 4,658 18
posteriormente, el Reglamento del Programa de Educación
Jurídica Continua. Véase In re Regl. Educ. Jur. Cont., 146
DPR 494 (1998); In re Aprobación Prog. Educ. Jur., 164 DPR
555 (2005). Véase, además, In re Enmiendas al Reglamento
de Educación Jurídica Continua y al Reglamento del
Programa de Educación Jurídica Continua, 193 DPR 233
(2015).
El incumplimiento por parte de un abogado con los
requisitos del Programa es un acto contrario al deber de
excelencia y competencia que requiere el Canon 2 del
Código de Ética Profesional, supra. In re López Santos, et
al., 2016 TSPR 37, pág. 11, 194 DPR ___ (2016); In re
Nieves Vázquez, et al., 2016 TSPR 22, pág. 13, 194 DPR ___
(2016). Por consiguiente, en reiteradas ocasiones hemos
suspendido a abogados y abogadas del ejercicio de la
profesión por incumplir con los requisitos del PEJC y por
no atender sus requerimientos. Véase In re López Santos,
et al., supra; In re Nieves Vázquez, et al., supra.
Por otro lado, los miembros de la profesión legal
tienen la obligación de responder oportunamente a los
requerimientos de este Tribunal. Véase In re García Ortiz,
187 DPR 507, 524 (2013); In re Grau Collazo, 185 DPR 938,
943–944 (2012). En numerosas ocasiones hemos señalado que
desatender nuestras órdenes constituye una violación al
Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX,
que conlleva la suspensión del ejercicio de la abogacía.
In re López Santos, et al., supra, págs. 11-12; In re TS-10,325; 7,552; 12,353; 4,658 19
Nieves Vázquez, et al., supra, págs. 13-14; In re Guzmán
Rodríguez, 187 DPR 826, 829 (2013).
Finalmente, consideramos necesario reiterar el deber
que tienen todos los miembros de la profesión legal de
mantener actualizada su información personal en RUA, según
lo exige la Regla 9(j) de nuestro Reglamento. 4 LPRA Ap.
XXI-B. Dicha información incluye la dirección a la cual
este Tribunal debe enviar las notificaciones
correspondientes, por lo que el incumplimiento con dicho
deber constituye un obstáculo para el ejercicio de nuestra
jurisdicción disciplinaria y es fundamento suficiente para
ordenar la suspensión inmediata del ejercicio de la
profesión. In re López Santos, et al., supra, págs. 11-12;
In re Nieves Vázquez, et al., supra, págs. 13-14; In re
López González, et al., 2015 TSPR 107, 193 DPR ___ (2015).
III.
En vista de los hechos aquí reseñados, se ordena la
suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la
abogacía de la licenciada Abadía Muñoz, del licenciado
Ribas Dominicci, del licenciado Velázquez Torres y del
licenciado Ramos Valentín. Asimismo, suspendemos inmediata
e indefinidamente de la práctica de la notaría al
licenciado Velázquez Torres y al licenciado Ramos
Valentín. Por consiguiente, se le impone a cada uno de
ellos el deber de notificar a sus respectivos clientes
sobre su inhabilidad para continuar representándolos y de
devolverles cualesquiera honorarios recibidos por TS-10,325; 7,552; 12,353; 4,658 20
servicios profesionales no realizados. De igual forma,
deberán informar inmediatamente de su suspensión a
cualquier foro judicial o administrativo ante el cual
tengan algún asunto pendiente. Además, deberán acreditar y
certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo
anterior dentro de un término de treinta (30) días
contados a partir de la notificación de esta Opinión Per
Curiam y Sentencia.
El Alguacil de este Tribunal procederá de inmediato a
incautar la obra notarial del licenciado Velázquez Torres
y del licenciado Ramos Valentín y la entregará a la
Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente
investigación e informe.
Notifíquese personalmente al licenciado Ribas
Dominicci, al licenciado Velázquez Torres y al licenciado
Ramos Valentín. En cuanto a la licenciada Abadía Muñoz,
notifíquese por correo certificado con acuse de recibo.
Se dictará sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Maressa Abadía Muñoz TS-10,325 Salvador Ribas Dominicci TS-7,552 Norman Velázquez Torres TS-12,353 Reinaldo Ramos Valentín TS-4,658
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se ordena la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía de la Lcda. Maressa Abadía Muñoz y de los Lcdos. Salvador Ribas Dominicci, Norman Velázquez Torres y Reinaldo Ramos Valentín. Asimismo, suspendemos inmediata e indefinidamente de la práctica de la notaría al licenciado Velázquez Torres y al licenciado Ramos Valentín.
Les imponemos el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos y de devolverles cualesquiera honorarios recibidos por servicios profesionales no realizados. De igual forma, deberán informar inmediatamente de su suspensión a cualquier foro judicial o administrativo ante el cual tengan algún asunto pendiente. Además, deberán acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia. TS-10,325; 7,552; 12,353; 4,658 2
El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial de los Lcdos. Norman Velázquez Torres y Reinaldo Ramos Valentín y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo