EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re: 2007 TSPR 14 Julio E. Rivera Aponte 170 DPR ____
Número del Caso: AB-2004-64
Fecha: 19 de diciembre de 2006
AbogadoS de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Pedro E. Ortiz Álvarez Lcda. Pilar Muñoz Nazario
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcda. Carmen H. Carlos Directora
Lcda. Marla D. Ríos Díaz Directora Auxiliar
Materia: Conducta Profesional (La suspensión del abogado advino final y firme el día 25 de enero de 2007)
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
Julio E. Rivera Aponte AB-2004-64
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2006.
El Lcdo. Julio E. Rivera Aponte fue admitido al
ejercicio de la abogacía y la notaría en 1986. El 12
de marzo de 2004 el Contralor de Puerto Rico
presentó una queja ante este Tribunal alegando que
el licenciado Rivera Aponte había incurrido en
conducta violatoria de la Ley Notarial y los Cánones
35 y 38 del Código de Ética Profesional.
En dicha queja, el Contralor explicó que una
auditoría realizada al Municipio de Guayanilla
reveló que el licenciado Rivera Aponte dio fe, en
una declaración jurada de abril de 2001, de que los
declarantes la habían suscrito y firmado en su
presencia, sin que éste realmente estuviera presente
en la firma del documento. La declaración fue
suscrita por tres policías municipales y una
secretaria de la Policía Municipal. AB-2004-64 2
Ordenamos al notario, Lcdo. Rivera Aponte, expresarse
sobre la queja presentada por el Contralor. En su
comparecencia, el notario no niega los hechos alegados por
el Contralor y se limita a explicar que a pesar de no
recordar las circunstancias en que se suscribió la
declaración jurada, sí reconoce que el documento contiene
su firma y sello notarial. Añade que no ha podido
encontrar en su Registro de Testimonios la anotación
correspondiente.
Luego de recibir la contestación del notario,
referimos el caso a la Oficina de Inspección de Notaría,
en adelante ODIN. En su informe, ODIN explica que la
declaración jurada es nula porque ésta no fue anotada en
el Registro de Testimonios del notario, ni tampoco
informada en su índice notarial. ODIN concluye que el
procedimiento utilizado para otorgar la declaración jurada
no cumplió con los requisitos establecidos para ello en
nuestro ordenamiento.
Finalmente, el licenciado Rivera Aponte respondió al
informe de la ODIN, aceptando la falta que se le imputa.
Solicita, además, que al momento de determinar la sanción
disciplinaria correspondiente, este foro tome en
consideración las circunstancias atenuantes particulares
aplicables a su caso.
II
La fe pública notarial es la espina dorsal de todo el
esquema de autenticidad documental. In re Tejada Rivera,
155 D.P.R. 175, 180 (2001). Por eso, el artículo 2 de la
Ley Notarial de 1987, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987,
delega al notario la función de ser el principal custodio
de la fe pública notarial: AB-2004-64 3
El notario es el profesional del Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Es su función recibir e interpretar la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirle[s] autoridad a los mismos. La fe pública al notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento. 4 L.P.R.A. sec. 2002.
A base de esta función pública, existe una presunción
de que un documento notarial avalado por la dación de fe
de un notario cumple con todas las formalidades de ley y
es legal, verdadero y legítimo. Además, la dación de fe
brinda la confianza de que los hechos jurídicos y
circunstancias que acredita el notario fueron percibidos y
comprobados con sus sentidos o ejecutados por él. In re
Feliciano, 117 D.P.R. 269, 275 (1986). Véase además, In re
Vera Vélez, 148 D.P.R. 1, 7 (1999). Es precisamente esta
presunción de legalidad, veracidad y legitimidad lo que le
brinda certeza, garantía y eficacia al documento notarial.
Por esto, es imprescindible que el notario actúe con el
más alto grado de honradez y honestidad como custodio de
la fe pública notarial. In re Ramos, 104 D.P.R. 568, 570
(1976). Véase además, In re Vera Vélez, supra, 7, In re
Tejada Rivera, supra, 180.
Al ejercer esta función pública el notario debe
cumplir estrictamente tanto con la Ley Notarial como con
el Código de Ética Profesional, cuyo Canon 35 impone a
todo abogado un deber de sinceridad y honradez. 4
L.P.R.A. Ap. IX, C.35. In re Vera Vélez, supra, 7. Dicho
canon dispone lo siguiente:
La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus AB-2004-64 4
representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una idea contraria a la que el verdadero contexto establece u ocultar alguna que le es conocida.
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar afidávit u otros documentos, y al presentar causas. El destruir evidencia documental o facilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso es también altamente reprochable. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 35.
Conforme a esta disposición, cuando un notario da fe
de un hecho falso “[n]o sólo quebranta la fe pública
notarial, si no también socava la integridad de la
profesión al incumplir con el deber de honradez y
sinceridad que a todo abogado le impone el Canon 35 del
Código de Ética Profesional, supra.” In re Rivera Arvelo y
Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840, 863 (1993). Véase además,
In re Vera Vélez, supra, 7-8.
Un testimonio o declaración de autenticidad es un
documento notarial en el cual el notario da fe de la
veracidad de un hecho que le consta de personal
conocimiento. El testimonio puede referirse, entre otras
cosas, a la legitimación de firmas. In re Figueroa
Álvarez, 155 D.P.R. 875, 882 (2001). Véase además, Art. 56
de la Ley Notarial, supra. En especial, un testimonio de
legitimación de firma acredita el hecho de que en
determinada fecha, una firma fue puesta en presencia del
notario y por la persona que el notario acredita que es
quien dice ser. Este tipo de testimonio puede o no
comprender el juramento o afirmación del firmante. En este
testimonio, el notario hará constar su conocimiento AB-2004-64 5
personal del firmante o en su defecto la utilización de
los medios supletorios de identificación que provee el
artículo 17 de la Ley Notarial, supra. Regla 67 del
Reglamento Notarial, 4 L.P.R.A.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re: 2007 TSPR 14 Julio E. Rivera Aponte 170 DPR ____
Número del Caso: AB-2004-64
Fecha: 19 de diciembre de 2006
AbogadoS de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Pedro E. Ortiz Álvarez Lcda. Pilar Muñoz Nazario
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcda. Carmen H. Carlos Directora
Lcda. Marla D. Ríos Díaz Directora Auxiliar
Materia: Conducta Profesional (La suspensión del abogado advino final y firme el día 25 de enero de 2007)
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
Julio E. Rivera Aponte AB-2004-64
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2006.
El Lcdo. Julio E. Rivera Aponte fue admitido al
ejercicio de la abogacía y la notaría en 1986. El 12
de marzo de 2004 el Contralor de Puerto Rico
presentó una queja ante este Tribunal alegando que
el licenciado Rivera Aponte había incurrido en
conducta violatoria de la Ley Notarial y los Cánones
35 y 38 del Código de Ética Profesional.
En dicha queja, el Contralor explicó que una
auditoría realizada al Municipio de Guayanilla
reveló que el licenciado Rivera Aponte dio fe, en
una declaración jurada de abril de 2001, de que los
declarantes la habían suscrito y firmado en su
presencia, sin que éste realmente estuviera presente
en la firma del documento. La declaración fue
suscrita por tres policías municipales y una
secretaria de la Policía Municipal. AB-2004-64 2
Ordenamos al notario, Lcdo. Rivera Aponte, expresarse
sobre la queja presentada por el Contralor. En su
comparecencia, el notario no niega los hechos alegados por
el Contralor y se limita a explicar que a pesar de no
recordar las circunstancias en que se suscribió la
declaración jurada, sí reconoce que el documento contiene
su firma y sello notarial. Añade que no ha podido
encontrar en su Registro de Testimonios la anotación
correspondiente.
Luego de recibir la contestación del notario,
referimos el caso a la Oficina de Inspección de Notaría,
en adelante ODIN. En su informe, ODIN explica que la
declaración jurada es nula porque ésta no fue anotada en
el Registro de Testimonios del notario, ni tampoco
informada en su índice notarial. ODIN concluye que el
procedimiento utilizado para otorgar la declaración jurada
no cumplió con los requisitos establecidos para ello en
nuestro ordenamiento.
Finalmente, el licenciado Rivera Aponte respondió al
informe de la ODIN, aceptando la falta que se le imputa.
Solicita, además, que al momento de determinar la sanción
disciplinaria correspondiente, este foro tome en
consideración las circunstancias atenuantes particulares
aplicables a su caso.
II
La fe pública notarial es la espina dorsal de todo el
esquema de autenticidad documental. In re Tejada Rivera,
155 D.P.R. 175, 180 (2001). Por eso, el artículo 2 de la
Ley Notarial de 1987, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987,
delega al notario la función de ser el principal custodio
de la fe pública notarial: AB-2004-64 3
El notario es el profesional del Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Es su función recibir e interpretar la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirle[s] autoridad a los mismos. La fe pública al notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento. 4 L.P.R.A. sec. 2002.
A base de esta función pública, existe una presunción
de que un documento notarial avalado por la dación de fe
de un notario cumple con todas las formalidades de ley y
es legal, verdadero y legítimo. Además, la dación de fe
brinda la confianza de que los hechos jurídicos y
circunstancias que acredita el notario fueron percibidos y
comprobados con sus sentidos o ejecutados por él. In re
Feliciano, 117 D.P.R. 269, 275 (1986). Véase además, In re
Vera Vélez, 148 D.P.R. 1, 7 (1999). Es precisamente esta
presunción de legalidad, veracidad y legitimidad lo que le
brinda certeza, garantía y eficacia al documento notarial.
Por esto, es imprescindible que el notario actúe con el
más alto grado de honradez y honestidad como custodio de
la fe pública notarial. In re Ramos, 104 D.P.R. 568, 570
(1976). Véase además, In re Vera Vélez, supra, 7, In re
Tejada Rivera, supra, 180.
Al ejercer esta función pública el notario debe
cumplir estrictamente tanto con la Ley Notarial como con
el Código de Ética Profesional, cuyo Canon 35 impone a
todo abogado un deber de sinceridad y honradez. 4
L.P.R.A. Ap. IX, C.35. In re Vera Vélez, supra, 7. Dicho
canon dispone lo siguiente:
La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus AB-2004-64 4
representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una idea contraria a la que el verdadero contexto establece u ocultar alguna que le es conocida.
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar afidávit u otros documentos, y al presentar causas. El destruir evidencia documental o facilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso es también altamente reprochable. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 35.
Conforme a esta disposición, cuando un notario da fe
de un hecho falso “[n]o sólo quebranta la fe pública
notarial, si no también socava la integridad de la
profesión al incumplir con el deber de honradez y
sinceridad que a todo abogado le impone el Canon 35 del
Código de Ética Profesional, supra.” In re Rivera Arvelo y
Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840, 863 (1993). Véase además,
In re Vera Vélez, supra, 7-8.
Un testimonio o declaración de autenticidad es un
documento notarial en el cual el notario da fe de la
veracidad de un hecho que le consta de personal
conocimiento. El testimonio puede referirse, entre otras
cosas, a la legitimación de firmas. In re Figueroa
Álvarez, 155 D.P.R. 875, 882 (2001). Véase además, Art. 56
de la Ley Notarial, supra. En especial, un testimonio de
legitimación de firma acredita el hecho de que en
determinada fecha, una firma fue puesta en presencia del
notario y por la persona que el notario acredita que es
quien dice ser. Este tipo de testimonio puede o no
comprender el juramento o afirmación del firmante. En este
testimonio, el notario hará constar su conocimiento AB-2004-64 5
personal del firmante o en su defecto la utilización de
los medios supletorios de identificación que provee el
artículo 17 de la Ley Notarial, supra. Regla 67 del
Reglamento Notarial, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV R. 67.
En casos anteriores hemos explicado que la fe de
conocimiento persigue evitar la suplantación de las partes
al autorizar el documento notarial. El mecanismo para
lograr correspondencia real y legítima entre persona y
firma, es que la ley exija la comparecencia y conocimiento
por el notario. In re Cruz Cruz, 126 D.P.R. 448, 451
(1990). Véase además, In re Medina Lugo, 136 D.P.R. 120,
124 (1994).
Además de las exigencias de la Ley Notarial, cuando un
notario autoriza un testimonio de legitimación de firma
debe cumplir con el deber de sinceridad y honradez
impuesto por el Canon 35 del Código de Ética Profesional,
supra. El notario debe ajustarse a la sinceridad y
realidad de los hechos que acredite bajo su fe notarial.
Respecto a las declaraciones juradas, que son
testimonios de legitimación de firma, es norma reiterada
por este Tribunal que conforme a lo que exigen la Ley
Notarial y el Canon 35 del Código de Ética Profesional,
los notarios “[d]eben ser exigentes y abstenerse de dar fe
notarial de declaración jurada si la persona que va a
otorgar el documento o la declaración jurada no ha
comparecido personalmente.” In re Sánchez Ruiz, 105 D.P.R.
848, 849 (1977). Véase además, In re Surillo Ascar, 2004
T.S.P.R. 12, In re Medina Lugo, supra, 124, In re López de
Victoria Bras, 135 D.P.R. 688, 695-696 (1994), In re
Vargas Hernández, 135 D.P.R. 603, 608 (1994), In re Nieves AB-2004-64 6
Rivera, 124 D.P.R. 803, 808 (1989), In re González
González, 119 D.P.R. 496, 499 (1987).
En una declaración jurada la fe pública se concretiza
a través de la persona del notario con la presencia del
compareciente o firmante. In re González González, supra,
499. Por esto, si al momento de firmar la declaración
jurada el notario no está presente o si el documento es
autorizado en ausencia de la persona firmante, el notario
quebranta la fe pública notarial, afectando todo el
sistema. Id.
De igual forma, si el notario da fe de que la
declaración jurada fue suscrita y firmada por los
declarantes en su presencia y esto es un hecho falso, el
notario quebranta el deber de sinceridad y honradez que le
impone el Canon 35 del Código de Ética Profesional.
Además, es norma clara de este Tribunal que la
certificación de un hecho falso es una de las faltas más
graves que puede cometer un notario. In re Vargas
Hernández, supra, 607.
En este caso en particular, el licenciado Rivera
Aponte autorizó una declaración jurada en ausencia de los
declarantes y sin haber estado presente al momento en que
éstos firmaron el documento. Además, el notario dio fe de
que los declarantes habían suscrito y firmado la
declaración jurada en su presencia, cuando esto implicaba
acreditar un hecho falso en el documento notarial.
Esta actuación del licenciado Rivera Aponte es
evidentemente quebrantadora de la fe pública notarial y
violatoria del deber de sinceridad y honradez que le
impone el Canon 35 del Código de Ética Profesional. Hemos
repudiado dicha práctica reiteradamente. La misma ha AB-2004-64 7
generado seria preocupación respecto a la importancia que
le brindan los notarios a su función pública de ser los
principales custodios de la fe pública notarial. In re
Sánchez Ruiz, supra. Véase además, In re Surillo Ascar,
supra, In re Medina Lugo, supra, In re López de Victoria
Bras, supra, In re Vargas Hernández, supra, In re Nieves
Rivera, supra, In re González González, supra.
Procede, pues, disciplinar la conducta antiética del
licenciado Rivera Aponte. Lo hacemos, al igual que en
casos anteriores, tomando en consideración los siguientes
factores:
(i) la buena reputación del abogado en la comunidad; (ii) el historial previo de éste; (iii) si ésta constituye su primera falta y si ninguna parte ha resultado perjudicada; (iv) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (v) si se trata de una conducta aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (vii) resarcimiento al cliente; y (viii) cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien a tenor con los hechos. In re Quiñones Ayala, 2005 T.S.P.R. 99. Véase además, In re Meléndez la Fontaine, 2006 T.S.P.R. 22.
Debido a la buena reputación del licenciado Rivera
Aponte, el hecho de que ésta es su primera falta, que la
aceptó y mostró su arrepentimiento, que la conducta
sancionada fue una conducta aislada dentro de sus 20 años
de desempeño como notario y que no actuó movido por ánimo
de lucro, se ordena la suspensión del licenciado Rivera
Aponte del ejercicio de la notaría por el término de un
(1) mes.
Se dictará sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Julio E. Rivera Aponte AB 2004-64 Queja
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente, se suspende al licenciado Rivera Aponte del ejercicio de la notaría por el término de un (1) mes.
El Alguacil de este Tribunal deberá incautarse de la obra y sello notarial del licenciado Rivera Aponte y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo