EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re 2011 TSPR 196
183 DPR ____ Jorge Gordon Menéndez
Número del Caso: CP-2008-9
Fecha: 6 de diciembre de 2011
Oficina del Procurador General:
Lcda. Minnie H. Rodríguez López Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcda. Sylvia Juarbe
Materia: Conducta Profesional- La suspensión será efectiva el 15 de diciembre de 2011 fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Jorge Gordon Menéndez CP-2008-09
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 6 de diciembre de 2011.
Una vez más nos vemos obligados a acentuar
las obligaciones que todos los miembros de la
profesión jurídica le deben a aquellas personas
que representan legalmente. “Hacer honor a la
confianza… constituye, así, la piedra angular de
los deberes que el abogado debe cumplir en su
relación con un cliente. Pero, ¿confianza en qué?
Surgen entonces los deberes implícitos en aquél:
absoluta lealtad, honradez, diligencia y
competencia profesional”. S. Steidel Figueroa,
Ética y Responsabilidad Disciplinaria del Abogado,
Publicaciones J.T.S., (2010), pág. 175. CP-2008-9 2
I
El Lcdo. Jorge Gordon Menéndez fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 18 de marzo de 1994. En sus
diecisiete años de práctica en esta profesión, ha sido
objeto de dos suspensiones del ejercicio de la abogacía.
Véanse, In re Gordon Menéndez I, 150 D.P.R. 119 (2000)
(Violación del Canon 18 de los de Ética Profesional, 4
L.P.R.A. Ap. IX)(representó de forma negligente a sus
clientes en un asunto que le fue encomendado); In re
Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210 (2007) (Violación del
Canon 38 de los de Ética Profesional, supra) (mientras
estaba suspendido de la práctica de la profesión actuó de
manera tal que daba la impresión de estar ejerciendo la
profesión).
Los hechos que dan origen a esta nueva queja surgen
luego de que el Sr. Abraham P. Anhang, presentara ante
este Tribunal una querella contra el licenciado Gordon
Menéndez por violación al Canon 21 de los de Ética
Profesional, supra. En síntesis, la queja se basó en la
representación simultánea, en claro conflicto de
intereses, que el querellado realizó de varias partes en
controversia en el sonado caso del inversionista
canadiense, Adam Joel Anhang Uster. Este fue brutalmente
asesinado en la madrugada del 23 de septiembre de 2003, en
el Viejo San Juan. En dicho incidente también resultó
herida la viuda del señor Anhang, la Sra. Áurea Vázquez
Rijos. CP-2008-9 3
Según relató el señor Anhang en su querella, la
señora Vázquez Rijos, quien estaba representada en ese
entonces por el licenciado Gordon Menéndez, rehusó ser
entrevistada en varias ocasiones por las autoridades con
relación al asesinato de su esposo. Específicamente, el
licenciado Gordon Menéndez recibió en más de una ocasión
las citaciones que se le cursaron a la señora Vázquez
Rijos para que testificara sobre lo ocurrido y también
presentó mociones para excusar su comparecencia a las
citaciones efectuadas.
Mientras esto ocurría, el licenciado Gordon Menéndez
también asumió la representación legal del joven Jonathan
Román Rivera, acusado del asesinato del señor Anhang
Uster. El Lcdo. Gordon Menéndez representó al señor Román
Rivera durante su lectura de acusación y la Vista
Preliminar. El señor Jonathan Román Rivera fue
posteriormente liberado tras estar varios meses
encarcelado injustamente. Luego de recibir una confesión,
un gran jurado federal emitió acusaciones contra el señor
Alex Pabón Colón y la señora Vázquez Rijos por conspirar
para el asesinato del señor Anhang Uster. La señora
Vázquez Rijos se encuentra en Italia y hasta el momento no
ha podido ser extraditada. Al señor Pabón Colón se le
encontró culpable en la esfera federal y actualmente
cumple una condena por ese asesinato.
Además, el querellante relató que Marcia Vázquez
Rijos, hermana de la viuda, compareció al Centro
Metropolitano de Investigaciones y Denuncias de San Juan CP-2008-9 4
para ser entrevistada y allí fue representada por la Lcda.
Angélica Aponte Duchesne, una abogada empleada del
licenciado Gordon Menéndez. Esta abogada atraviesa un
procedimiento disciplinario separado.
Por los mismos hechos, el Ministerio Público presentó
una moción de descalificación ante el Tribunal de Primera
Instancia en el caso Pueblo v. Jonathan Román Rivera,
VP2005-6533-6534 el 24 de enero de 2006. Tras la
celebración de una vista evidenciaria y la evaluación de
los planteamientos presentados, el 2 de mayo de 2006 la
Hon. Elizabeth Linares Santiago, Juez Superior del
Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, emitió
una Resolución en la que determinó que existía un claro
conflicto de intereses en contravención al Canon 21 del
Código de Ética Profesional y en consecuencia descalificó
al licenciado Gordon Menéndez y a la licenciada Aponte
Duchesne de la representación legal del señor Román
Rivera.
Mientras se dilucidaba la moción de descalificación
presentada por el Ministerio Público en el foro de primera
instancia, el Procurador General solicitó la paralización
de los procedimientos de la queja presentada ante este
Tribunal por el señor Anhang. Esto sería hasta que
adviniera final y firme la resolución emitida por ese
tribunal. Tras advenir final y firme la resolución del
Tribunal de Primera Instancia, ordenamos al Procurador
General que continuara con los procedimientos de la queja CP-2008-9 5
presentada ante este Tribunal y emitiera el informe
correspondiente.
En su informe, el Procurador General señaló que
“[l]os hechos no controvertidos y demostrados en el
proceso establecen que el licenciado Gordon Menéndez
representaba al mismo tiempo, y en relación a [sic] los
mismos hechos, al acusado, a la viuda del occiso, quién
presenció los hechos y fue herida en el acto, y a la
hermana de la viuda”. Informe del Procurador General, pág.
7. Añadió que
de los hechos incontrovertidos surge que desde el 24 de enero de 2006 fue planteado el posible conflicto de intereses en el que estaba incurriendo el licenciado Gordon en el caso de la muerte del señor Anhang (hijo). Aún sin necesidad de probar dicho conflicto lo cierto es que toda la situación creaba una apariencia de conducta impropia…. A la luz de los hechos expuestos, encontramos que el licenciado Gordon Menéndez pudo haber [sic] incurrió en violación de los Cánones 21 y 38 de Ética Profesional, por lo que respetuosamente recomendamos la continuación del procedimiento disciplinario que se presenta en este Informe.
Íd., pág. 8.
En su contestación el querellado explicó que la única
intervención de su oficina con la señora Vázquez Rijos fue
para coordinarle una nueva entrevista con las autoridades
ante el hecho de que ella se encontraba bajo tratamiento
por las heridas sufridas el día del incidente. Adujo que
como para la fecha de los incidentes la señora Vázquez
Rijos no era objeto de denuncia ni acusación, ni era
testigo de cargo o de defensa por el asesinato de su
esposo, no hubo violación alguna de su parte a los Cánones CP-2008-9 6
de Ética Profesional. En fin, concluyó el licenciado
Gordon Menéndez que la querella que presentó el señor
Anhang era especulativa e instada por una persona sin
legitimación activa, ya que no hubo reclamación por parte
de su “único” cliente en ese momento, el señor Román
Tras la evaluación del informe presentado, emitimos
una Resolución en la que ordenamos al Procurador General
que presentara querella. Así lo hizo el 30 de abril de
2008.
En la querella, el Procurador General relató los
hechos que dieron base a la presentación de la queja y a
la moción de descalificación ante el Tribunal de Primera
Instancia. A la luz de ello, formuló dos cargos contra el
licenciado Gordon Menéndez por violación al Canon 21 y al
Canon 38 de Ética Profesional, supra. El primero de esos
cargos por representar al mismo tiempo al acusado, a la
viuda del occiso y a la hermana de esta. El segundo es por
incurrir en apariencia de conducta impropia que atentó con
su deber de exaltación del honor y la dignidad de la
profesión legal.
El querellado contestó la querella. Insistió en que
no incurrió en ninguna violación de los Cánones 21 y 38 de
los de Ética Profesional, supra, y que
el alegado conflicto lo tenían el Ministerio Público y el quejoso, quienes desde un principio y de sus propias investigaciones surgía que el verdadero sospechoso de la muerte del señor Anhang Uster lo era Alex Pabón Colón y no hicieron prácticamente nada para perseguirlo y encausarlo. Por el contrario, permitieron que una CP-2008-9 7
persona inocente [señor Román Rivera] fuera encausada, procesada y convicta por delitos que no cometió.
Contestación a Querella, págs. 20-21.
Tras un análisis de la querella y de la contestación
nombramos a la Hon. Ygrí Rivera de Martínez, como
Comisionada Especial para que recibiera la prueba de las
partes y rindiera el informe correspondiente.
Posteriormente se celebraron varias vistas en las que se
acordó que las partes presentarían sus alegaciones y
enmiendas, así como las estipulaciones al respecto, sin la
presentación de prueba testifical. El 8 de junio de 2011
la Comisionada rindió su informe. Las estipulaciones de
las partes contenidas en ese informe fueron las
siguientes:
1. El 23 de septiembre de 2005 el Sr. Adam Joel Anhang
Uster fue objeto de una agresión que resultó en su
muerte.
2. La Sra. Áurea Vázquez Rijos acompañaba al Sr.
Anhang cuando ocurrieron los hechos que
desembocaron en su muerte.
3. La Sra. Vázquez Rijos resultó también herida
durante la ocurrencia de esos hechos.
4. El 5 de octubre de 2005 se le entregó una citación
a la señora Vázquez Rijos para que asistiera al día
siguiente a declarar sobre lo ocurrido el día de
los hechos. Esta no asistió.
5. El 7 de octubre de 2005 se citó nuevamente a la
Sra. Vázquez Rijos en su residencia para que CP-2008-9 8
compareciera a ser entrevistada el 11 de octubre de
2005. Mientras estaban los agentes del orden
público en el lugar, se personó el licenciado
Gordon Menéndez. Este recibió la citación y le
adelantó a los agentes que era poco probable que la
señora Vázquez Rijos compareciera a la citación
debido a su condición de salud.
6. El 11 de octubre de 2005 el licenciado Gordon
Menéndez acudió al Centro de Investigaciones de San
Juan para excusar la incomparecencia de la señora
Vázquez Rijos ya que todavía no se encontraba en
condiciones de comparecer, pues continuaba enferma.
7. El 11 de octubre de 2005 el licenciado Gordon
Menéndez recibió y firmó en calidad de testigo una
citación dirigida a la señora Vázquez Rijos para
que compareciera a ser entrevistada el 14 de
octubre de 2005.
8. El 14 de octubre de 2005 el licenciado Gordon
Menéndez envió vía facsímil una comunicación
escrita, acompañada de una certificación médica, en
la que excusó la incomparecencia de la señora
Vázquez Rijos a la citación, por encontrarse esta
aún enferma.
9. El 12 de octubre de 2005 el licenciado Gordon
Menéndez compareció al Cuartel General y se
identificó como abogado del señor Román Rivera.
Este último se encontraba detenido y era sospechoso
de la muerte del señor Anhang Uster. CP-2008-9 9
Posteriormente, al señor Román Rivera lo
denunciaron por ese asesinato.
10. Ese mismo día, el señor Román Rivera fue
arrestado en el negocio de la señora Vázquez Rijos
en presencia de la hermana de ésta, la Sra. Marcia
Vázquez Rijos.
11. El 3 de octubre de 2005 se celebró la vista de
causa probable para arresto en el caso contra el
señor Román Rivera. El licenciado Gordon Menéndez
compareció en representación del imputado.
12. El 2 de noviembre de 2005 el Sr. Abraham P.
Anhang radicó la queja que nos ocupa.
13. El 24 de enero de 2006 el Ministerio Público
presentó una moción de descalificación contra el
licenciado Gordon Menéndez en el caso El Pueblo de
Puerto Rico v. Jonathan Román Rivera, V.P. Núm. 05-
6533-6534, que estaba pendiente de vista
preliminar.
14. Según surge del expediente del citado caso, el
Ministerio Público nunca incluyó a la Sra. Áurea
Vázquez Rijos como testigo de cargo.
15. También surgía del expediente que el Ministerio
Público no radicó ninguna denuncia, con relación a
los hechos del 23 de septiembre de 2005, en que la
señora Vázquez Rijos apareciera como parte
perjudicada.
16. El proceso contra el señor Román Rivera continuó
con otra representación legal y resultó culpable y CP-2008-9 10
convicto por la muerte del señor Anhang Uster. No
obstante, el 8 de junio de 2007 fue excarcelado al
demostrarse que era inocente de los hechos que se
le imputaban y posteriormente se ordenó el archivo
y sobreseimiento de la causa criminal.
17. Las autoridades federales acusaron a Alex Pabón
en la jurisdicción federal por la muerte del señor
Anhang Uster. Eventualmente fue encontrado culpable
y convicto.
Luego de la evaluación de la prueba estipulada por
las partes, la Comisionada Especial entendió que la
querella fue probada toda vez que el licenciado Gordon
Menéndez incurrió en violación de los Cánones 21 y 38 de
los de Ética Profesional, supra. El 14 de septiembre de
2011 la representación legal del querellado presentó una
réplica al Informe de la Comisionada Especial. Cabe
señalar que su presentación se hizo pasado el término de
veinte días contados a partir de la notificación del
Informe que tienen las partes para ofrecer sus
comentarios, objeciones y recomendaciones según dispone la
Regla 14 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. En
síntesis, en la réplica se aduce que era incorrecto que se
tomaran como hechos probados los contenidos en la moción
de solicitud de descalificación y en la resolución que se
hizo al respecto, ello pues el quantum de prueba requerido
para probar un hecho a los fines de la descalificación es
diferente y menos exigente que el necesario para probar
una querella. Nuevamente, se reafirmó en que no incurrió CP-2008-9 11
en conflicto de interés alguno, ya que nunca formalizó una
relación abogado-cliente con la señora Vázquez Rijos.
Además, adujo que era incorrecto que la Comisionada
Especial se refiriera a unas alegadas gestiones en favor
de la Sra. Marcia Vázquez Rijos cuando esos hechos no
formaron parte de las estipulaciones de las partes y no
fueron probadas para propósitos de esta querella.
II
Como es sabido, el Canon 21 de los de Ética
Profesional, supra, trata sobre el tema de los intereses
encontrados en la relación abogado-cliente. In re Baez
Genoval, 175 D.P.R. 28, 35 (2008). Este canon, entre otras
cosas, impone a los miembros de la profesión legal
completa lealtad hacia sus clientes. In re Betancourt et
al., 175 D.P.R. 827, 839 (2009). En vista de ello, todo
abogado debe “divulgar al cliente todas las circunstancias
de sus relaciones con las partes y con terceras personas,
y cualquier interés en la controversia que pudiera influir
en el cliente al seleccionar su consejero”. Canon 21 de
Ética Profesional, supra.
Entre otras cosas, esta norma persigue evitar que un
abogado falte al deber de lealtad a su cliente y, por
ende, “pueda poner en peligro el principio de
confidencialidad que caracteriza la relación fiduciaria de
abogado y cliente, y de esa forma menoscab[e] la imagen de
la justicia y la confianza que tiene el ciudadano en el
sistema”. In re Baez Genoval, supra, pág. 35 citando a In
re Ortiz Martínez, 161 D.P.R. 572, 579 (2004). Esto ocurre CP-2008-9 12
cuando un abogado, en beneficio de un cliente, aboga por
aquello a lo que debe oponerse en cumplimiento de sus
obligaciones para con otro cliente. Canon 21 de Ética
Profesional, supra.
Como correctamente explica el Juez Sigfrido Steidel
Figueroa en su obra reciente Ética y Responsabilidad
Disciplinaria del Abogado:
Al formalizar una relación profesional con un cliente, un abogado se obliga a cumplir las prestaciones que la relación contractual genera. También se obliga a cumplir con los deberes que el código de ética le impone, alguno de los cuales pueden concebirse como prestaciones accesorias a la prestación principal pactada. Esos deberes no son exigibles sólo frente al cliente inmediato del abogado durante el tiempo que subsiste la relación contractual. Algunos son exigibles incluso luego de que el abogado cumple la gestión específica que el cliente le encomendó, pues no se proyectan exclusivamente en la dinámica interna entre el abogado y su representado. También tienen implicaciones frente a otros clientes, tanto simultáneos como futuros.
Steidel Figueroa, supra, pág. 173.
En el pasado, hemos delineado las tres instancias
principales que los miembros de la profesión legal deben
evitar pues representan conflictos de intereses. In re
Torres Viera, 170 D.P.R. 306, 311 (2007). La primera de
ellas es la representación simultánea de clientes. Esto
ocurre cuando “en beneficio de un cliente, el letrado
necesariamente tiene que defender aquello a lo cual debe
oponerse en cumplimiento de sus obligaciones hacia otro
cliente suyo”. In re Baez Genoval, supra, pág. 36; In re
Torres Viera, supra, pág. 311. CP-2008-9 13
El segundo de estos conflictos se configura cuando un
abogado asume la representación sucesiva adversa de
clientes. Es decir, cuando “un abogado acepta la
representación legal de una persona, cuyos intereses en el
caso actual podrían ser conflictivos con los de un cliente
pasado del abogado, y por lo tanto, éste se coloca en una
posición de desventaja frente a aquél”. Steidel Figueroa,
supra, pág. 133. En esos casos, “se coloca a un primer
cliente en una posición de desventaja frente a un segundo
cliente, y por tal razón, en una situación de
vulnerabilidad”. Íd., pág. 134. El ejemplo clásico de
estos conflictos ocurre cuando un “abogado que previamente
representó un cliente, posteriormente representa a un
cliente adverso a éste en un asunto estrechamente
vinculado al evento o situación que generó el pleito
original”. Íd.
Al enfrentarnos a una controversia sobre si un
abogado incurrió en la representación sucesiva de
intereses encontrados de clientes, es preciso analizar si
existe
una relación sustancial entre los asuntos que maneja el abogado con dos clientes actuales o entre los que manejó con un cliente pasado y los que maneja con un cliente actual. La relación sustancial requerida es más que una mera coincidencia de los sujetos involucrados o una mera coincidencia temática entre el asunto general de una representación actual y una pasada.
Íd., pág. 136. CP-2008-9 14
Véase, además, In re Baez Genoval, supra, pág. 37; In re
Monge García, 173 D.P.R. 379, 384 (2008).
En fin, “[e]l cliente no tiene que probar una
violación actual al principio de confidencialidad. Sólo se
requiere una relación previa de abogado y cliente, y que
tal representación resulte adversa y esté sustancialmente
relacionada con la anterior”. In re Carreras Rovira y
Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778,791-792 (1984).
Ahora bien,
la inexistencia de una relación abogado-cliente dual no exime a un abogado de una imputación de conducta impropia. Sería impropio, por ejemplo, que un abogado cree falsas expectativas a un potencial cliente cuando sabe de antemano que está impedido de representarlo o asesorarlo. Su deber ético consiste, en tales casos, en advertir a cualquier persona que busca su consejo legal que está impedido de asesorarlo o representarlo tan pronto adviene en conocimiento de que los intereses de algún cliente pasado o actual, son contrarios a los del potencial cliente.
Steidel Figueroa, págs. 136-137.
Sin embargo, para que se activen estas dos
prohibiciones es necesaria la existencia de una relación
abogado-cliente. In re Soto Cardona, 143 D.P.R. 50, 55–56
(1997). No será defensa para el letrado decir que no
utilizará las confidencias ofrecidas por su cliente o que
este consintió a la representación conflictiva para que no
se configure la violación ética. In re Baez Genoval,
supra, págs. 36-37. Ello es así porque existe una
presunción irrefutable de que un abogado que obtuvo
información confidencial de un primer cliente utilizará CP-2008-9 15
esa información en beneficio del nuevo cliente que tiene
intereses opuestos a los del cliente anterior. In re
Carreras Rovira y Suárez Zayas, supra, pág. 792.
El último escenario que preceptúa este canon como
configurativo de un conflicto de intereses ocurre cuando
un abogado asume la representación legal de un cliente a
sabiendas de que su juicio profesional puede verse
afectado por sus intereses personales. “Distinto a los
primeros dos escenarios… en este tercer escenario existe
sólo una relación abogado-cliente que entra en conflicto
con los intereses personales, familiares, económicos,
profesionales, o de otra índole, del propio abogado”.
Steidel Figueroa, supra, pág. 134. Por último, debemos
recalcar que cualquier duda de índole ético-profesional
que le surja al letrado, debe resolverla con rigurosidad
contra sí mismo. In re Carreras Rovira y Suárez Zayas,
supra, pág. 785; In re Valentín González, 115 D.P.R. 68,
73 (1984).
Finalmente, cabe señalar que
[p]ara determinar la situación de posible conflicto de intereses, en cualquiera de las situaciones antes indicadas, es indispensable tener en mente que la prohibición del Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, requiere no sólo la existencia real del conflicto, sino que se extiende igualmente a conflictos aparentemente existentes, pero que llevan consigo la semilla de un posible o potencial conflicto futuro.
In re Ortiz Martínez, supra, pág. 581. CP-2008-9 16
Canon 38
El Canon 38 de los de Ética Profesional, supra,
“preceptúa una máxima de suma importancia para el
ordenamiento deontológico de la profesión legal”. In re
Baéz Genoval, supra, pág. 35. Específicamente, este Canon
enfatiza los valores principales que deben imperar en el
ejercicio de la profesión legal: la dignidad y el honor.
Con relación a este canon, hemos dicho en el pasado
que “[l]a justicia debe ser inmaculada, tanto en su
realidad interior como en la percepción externa… Cuando la
conducta que se le imputa a un abogado demuestra que no se
conduce de forma digna y honorable, viola el Canon 38”. In
re Pons Fontana, Op. de 23 de junio de 2011, 2011
T.S.P.R. 108, 2011 J.T.S. 113, 182 D.P.R. __ (2011); In re
Pagán Pagán, 171 D.P.R. 975, 980 (2007); In re Roldán
González, 113 D.P.R. 238, 243 (1982). Es por esto que
todos los miembros de nuestra profesión deben estar en un
ejercicio constante de introspección en que analicen si su
conducta va acorde con la responsabilidad ética y moral
que permea el ejercicio de la abogacía. “Los abogados son
el espejo donde se refleja la imagen de la profesión. Por
tal razón, estos deben actuar con el más escrupuloso
sentido de responsabilidad que impone la función social
que ejercen”. In re Nieves Nieves, Op. de 7 de marzo de
2011, 2011 T.S.P.R. 33, 2011 J.T.S. 38, 181 D.P.R. __
(2011); In re Pagán Pagán, supra, pág. 980; In re Cuyar
Férnandez, 163 D.P.R. 113, 117 (2004). CP-2008-9 17
Por último, cabe señalar que en In re Torres Viera,
supra, pág. 312, señalamos que “cuando un abogado asume
una representación simultánea adversa que implica un real
o potencial conflicto de intereses entre dos de sus
representaciones legales, dicho abogado incurre en una
conducta violatoria de los Cánones 21 y 38 del Código de
Ética Profesional, supra”.
III
Luego de un minucioso y detenido análisis del
expediente ante nos, tenemos que concluir, sin lugar a
dudas, que el licenciado Gordon Menéndez incurrió en
violación a los Cánones 21 y 38 de Ética Profesional al
representar simultáneamente al señor Román Rivera y a la
señora Vázquez Rijos. Aunque el querellado aduce que nunca
asumió la representación legal de la señora Vázquez Rijos,
lo cierto es que al intervenir con las autoridades durante
el proceso en que trataban de entrevistarla, dio la
impresión de que sí lo hacía. Estamos convencidos de que,
aunque no había un acuerdo escrito entre ellos, la
conducta del querellado era en calidad de representante
legal de la señora Vázquez Rijos.
Recordemos que desde el 7 de octubre de 2005 el
licenciado Gordon Menéndez ya actuaba como representante
legal de la señora Vázquez Rijos, pues ese día se dirigió
al hogar de esta y recibió la citación que se le hizo.
Incluso, le informó a las autoridades que la condición de
salud de la señora Vázquez Rijos probablemente le CP-2008-9 18
imposibilitaría asistir a testificar. Posterior a esos
hechos, el querellado se personó al Centro de
Investigaciones de San Juan para excusar nuevamente a la
señora Vázquez Rijos ya que aún se encontraba enferma.
Nuevamente, el 11 de octubre de 2005 el licenciado Gordon
Menéndez recibió y firmó en calidad de testigo otra
citación dirigida a la señora Vázquez Rijos. Como la
señora Vázquez Rijos no pudo comparecer a esa última
citación, el licenciado Gordon Menéndez envió vía facsímil
una comunicación escrita, acompañada de una certificación
médica, excusándola.
Así las cosas, a pesar de que sabía que había hecho
todas esas gestiones a favor de la señora Vázquez Rijos,
el 12 de octubre de 2005 compareció al Cuartel General y
se identificó como abogado del señor Román Rivera. No sólo
estuvo con él durante ese proceso sino que lo representó
en la vista de causa probable para arresto.
Todo esto demuestra una violación clara al Canon 21
de Ética Profesional, supra, pues es sabido que los
intereses de las víctimas de unos actos delictivos
comúnmente se hallan encontrados con los intereses del
imputado de esos actos. Evidentemente en este caso, los
intereses de la señora Vázquez Rijos como víctima, eran
contrarios a los del señor Román Rivera, quien era el
acusado en aquel entonces.
Independientemente de que el licenciado Gordon
Menéndez creyera que el señor Román Rivera no estaba
involucrado en el asesinato del señor Anhang Uster, y que CP-2008-9 19
en un acto de “buena fe” entendiera que tenía que
intervenir para que no se encausara a un inocente, debió
tener en mente que antes de que se le contactara para
representar al señor Román Rivera, era ya intermediario
entre la señora Vázquez Rijos y las autoridades. Por ello,
al servir anteriormente de enlace entre la señora Vázquez
Rijos y las autoridades, y posteriormente asumir la
representación del señor Román Rivera, dio al menos la
impresión de estar representándolos a todos a la vez. A
igual conclusión llegó la Comisionada Especial, Hon. Ygrí
Rivera de Martínez al expresar que
[s]i bien es cierto que a base del conocimiento que tenía del caso y de todos los actores del mismo, el licenciado Gordon podía pensar que ante el confuso estado jurídico de la señora [Á]urea Vázquez y teniendo por inocente al acusado, la realidad era diferente a la que se proyectaba, no existiendo desde su punto de vista posiciones antagónicas, no es menos cierto que esa concepción del licenciado Gordon no se sostenía sin caer en el conflicto potencial del interés y en la apariencia del conflicto de intereses. La realidad era que Jonathan Román estaba acusado de asesinar al esposo de [Á]urea Vázquez Rijos, la viuda a quien el querellado estaba brindando si no una representación formalmente establecida entre ellos, al menos lo que parecía una representación legal para todos los fines en la etapa investigativa del caso.
Es decir, la creencia de la inocencia del señor Román
Rivera no era razón para que asumiera la representación de
todas las partes involucradas en el caso simultáneamente.
Así, el abogado debió prever que con la representación
antagónica que realizaba, ocasionaría un conflicto de
intereses y peor aún, trastocaría la confianza de todas
las partes involucradas en el litigio. Actuó en claro CP-2008-9 20
menosprecio de lo que ordena el Canon 38 de Ética
Por todo lo anterior, concluimos que el licenciado
Gordon Menéndez violentó los Cánones 21 y 38 de Ética
Profesional, supra, al representar simultáneamente a la
señora Vázquez Rijos y al señor Román Rivera. Su conducta
violó los principios básicos de lealtad y fiducia que
deben caracterizar la relación abogado-cliente.
IV
Nos resta ahora determinar la sanción que debemos
imponer al querellado. Como es sabido, para determinar la
sanción disciplinaria que debe imponerse a un abogado por
conducta impropia, es necesario considerar el historial
previo del abogado. Es decir, se analizará “si goza de
buena reputación; la aceptación de la falta y su sincero
arrepentimiento; si fue realizada con ánimo de lucro; y
cualquier otro factor pertinente a los hechos”. In re
Rivera Ramos, 178 D.P.R. 651, 676-677 (2010); In re
Rodríguez Lugo, 175 D.P.R. 1023, 1032 (2009); In re Díaz
Ortiz, 150 D.P.R. 418, 427 (2000).
En In re Ortiz Martínez, supra, pág. 587 dispusimos
que el licenciado Ortiz Martínez incurrió en violación de
los Cánones 21, 35 y 38 de Ética Profesional, supra, “al
no informarle al Presidente y a la Directora Ejecutiva de
la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de
Puerto Rico que, estando vigente el contrato con ese
cuerpo legislativo, otorgó otro contrato de servicios
profesionales con el Tribunal Examinador de Médicos, CP-2008-9 21
organismo sujeto a investigación por esa comisión
legislativa”. Por esos hechos, suspendimos al licenciado
Ortiz Martínez del ejercicio de la abogacía por el término
de dos meses.
Por otra parte, en In re Torres Viera, supra,
encontramos al querellado incurso en violación del Canon
21 del Código de Ética Profesional, supra, pues mientras
ejercía funciones como asesor legal del Municipio de
Juncos, presentó una demanda contra terceros en
representación de la parte demandada en un pleito civil,
para traer como tercero demandado al mismo municipio que
representaba. El licenciado Torres Viera aceptó que
incurrió en una conducta violatoria del Canon 38 del
Código de Ética Profesional, supra, y tras tomar en
consideración que esa era su primera falta en su carrera
profesional, ordenamos su suspensión del ejercicio de la
abogacía por el término de dos meses.
Recientemente resolvimos en In re Monge García,
supra, que la conducta de la querellada, al representar
simultáneamente a dos clientes adversos con intereses
encontrados, vulneró las disposiciones de los Cánones 21 y
38 de Ética Profesional, supra. No obstante lo anterior,
en ese caso decidimos únicamente censurar a la licenciada
Monge García ya que esta no tuvo el ánimo de violentar
ninguna norma ética y gozaba de una buena reputación en su
comunidad, era su primera falta y estaba sinceramente
arrepentida. La querellada no cobró honorarios por sus CP-2008-9 22
servicios a los clientes afectados, ni estos sufrieron
daños materiales a causa de su actuación. Íd., pág. 389.
Según relatáramos, esta es la tercera ocasión en que
nos vemos obligados a intervenir con la conducta ética del
licenciado Gordon Menéndez. Además, en todos sus escritos
el querellado se ha reafirmado en que no incurrió en
ninguna violación ética, y que el Ministerio Público tuvo
la culpa porque encausó a un inocente a sabiendas de que
no era el sospechoso principal del asesinato del señor
Anhang Uster.
Considerado todo lo anterior, ordenamos la suspensión
inmediata del Lcdo. Jorge Gordon Menéndez de la práctica
de la profesión por el término de seis meses.
El querellado tiene el deber de notificar a todos sus
clientes su inhabilidad para continuar con su
representación y deberá devolver a estos los expedientes
de los casos pendientes así como los honorarios recibidos
por trabajos no rendidos. Además, tiene el deber de
informar oportunamente de su suspensión a los foros
judiciales y administrativos. Estas gestiones deberán ser
certificadas a este Tribunal dentro del término de treinta
días a partir de la notificación de esta Opinión Per
Curiam y Sentencia.
Se dictará sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia se ordena la suspensión inmediata del Lcdo. Jorge Gordon Menéndez de la práctica de la profesión por el término de seis meses.
El querellado tiene el deber de notificar a todos sus clientes su inhabilidad para continuar con su representación y deberá devolver a estos los expedientes de los casos pendientes así como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos. Además, tiene el deber de informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Estas gestiones deberán ser certificadas a este Tribunal dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Lo acordó y ordena el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no interviene.
Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo