In Re: Enmiendas Al Reglamento Del Programa Experimental Para El Uso De Cámaras Fotográficas Y Equipo Audiovisual De Difusión Por Los Medios De Comunicación De Los Procesos Judiciales

2015 TSPR 92

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: July 15, 2015
• Docket: ER-2015-6
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2015 TSPR 92 Enmiendas al Reglamento del Programa Experimental para el Uso 193 DPR ____ de Cámaras Fotográficas y Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales

Número del Caso: ER-2015-6

Fecha: 15 de julio de 2015

Materia: Resolución del Tribunal con Votos

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Enmiendas al Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras ER-2015-06 Fotográficas y Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de julio de 2015. En virtud de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 LPRA Sec. 24 et. seq., el 19 de abril de 2013 emitimos la Resolución ER-2013-1 para adoptar un nuevo Canon 15 sobre Solemnidad de los Procedimientos; Fotografías, Video, Grabación y Transmisión. Mediante esa Resolución también implantamos el Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Celebrados en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan (PECAM) y aprobamos el Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales.1

1 In re Reglamento del Programa Experimental para el Uso de las Cámaras Fotográficas y Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales y enmienda al Canon 15 de Ética Judicial, 188 DPR 424 (2013). La Regla Núm. 12 del Reglamento del PECAM autorizó a la “Directora Administrativa o al Director Administrativo de los Tribunales a emitir cualquier directriz que fuera necesaria para el mejor funcionamiento del programa experimental establecido… e implantar cualquier medida u orden administrativa con el fin de cumplir con las disposiciones contenidas en [el Reglamento]”. ER-2015-06 2

El PECAM entró en vigor el 1 de julio de 2013. Al año de vigencia del Programa Experimental, y con el propósito de cumplir con la encomienda dada por este Tribunal, el Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial evaluó su efectividad y emitió un Informe.

Con el beneficio de ese Informe, y al amparo de lo dispuesto en el Canon 15 de Ética Judicial, mantenemos el PECAM de forma indefinida en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan. Además, con el objetivo de brindar mayor acceso de la ciudadanía a su sistema de justicia y fomentar la transparencia de los procesos judiciales, extendemos el PECAM a la Sala 901 de Asuntos de lo Civil del Centro Judicial de San Juan y a la Sala 1104 de Asuntos de lo Criminal del mismo Tribunal. Cualquier otra extensión del Programa Experimental a salas adicionales, se hará mediante resolución de este Tribunal sin necesidad de enmendar el Reglamento para ese solo propósito.

De acuerdo con el Art. 2.008 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA sec. 24i, también le ordenamos a la Directora Administrativa de los Tribunales que presente un plan para institucionalizar la transmisión de procesos judiciales con propósitos educativos en o antes del 30 de septiembre de 2015.2

En vista de ello, se enmiendan las Reglas 3 y 4 del Reglamento del Programa Experimental. Lo eliminado está tachado y el texto nuevo se incluye en la modalidad de itálicas.

REGLA 3. APLICACIÓN

Este Reglamento autoriza, a manera de proyecto experimental, la cobertura electrónica de los procesos judiciales mediante la toma de fotografías y la grabación de audio e imágenes, y su reproducción y difusión por los medios de comunicación. Regirá únicamente en los procesos judiciales celebrados en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan, en aquellas otras salas

2 El Art. 2.008 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA sec. 24i, obliga al Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico a “desarrollar programas y materiales de educación pública, dirigidos a proveer conocimiento básico sobre el sistema de tribunales, facilitar el entendimiento de las controversias legales, ofrecer información sobre los procesos civiles y criminales, orientar a la ciudadanía sobre sus derechos y responsabilidades, así como sobre la disponibilidad de métodos alternos para la solución de conflictos”. ER-2015-06 3

identificadas por el Tribunal Supremo mediante Resolución y cuando el Tribunal Supremo lo autorice conforme a lo dispuesto en la Regla 15 de este Reglamento.

REGLA 4. DEFINICIONES

Los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación:

[…]

j. Proceso judicial- comprende, sin limitarse, a la celebración de vistas de estado de los procedimientos, vistas argumentativas, conferencias con antelación al juicio y vistas en su fondo de aquellos asuntos y recursos en materia civil asignados en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan.

i. En materia civil se extiende, sin limitarse, a la celebración de vistas de estado de los procedimientos, vistas argumentativas, conferencias con antelación al juicio y vistas en su fondo de aquellos asuntos y recursos asignados en las Salas a las cuales aplique este Reglamento conforme a la Regla 3.

ii. En materia criminal comprende únicamente la celebración de juicios por tribunal de derecho, lecturas de fallo y vistas de lectura de sentencia.

A los fines de atender algunas deficiencias del Programa Experimental, señaladas por el Secretariado en su Informe, también se enmiendan las Reglas 6, 8, 9 y 10 del Reglamento del Programa Experimental. Lo eliminado está tachado y el texto nuevo se incluye en la modalidad de itálicas.

Regla 6. Petición

(a) Todo medio de comunicación que interese tomar fotografías o grabar imágenes y audio con el propósito de difundir un proceso judicial deberá presentar una petición por escrito para utilizar cámaras fotográficas y/o equipo audiovisual de difusión dentro del salón del tribunal. Dicha petición será completada se completará en el formulario provisto para ello y presentada se presentará en la Secretaría del Centro Judicial de San Juan o se enviará por correo electrónico por lo menos diez (10) días antes de la fecha asignada en el calendario para el inicio del proceso, o tan pronto advenga en conocimiento del ER-2015-06 4

mismo. En casos extraordinarios, se podrá presentar la petición tan pronto el medio de comunicación advenga en conocimiento del señalamiento. El tribunal podrá aceptar peticiones luego de iniciado el proceso o que no cumplan con dicho término, si determina que existe causa justificada para ello.

(d) Los medios de comunicación deberán presentar una nueva petición cuando el proceso judicial continúe en una fecha posterior, exceptuándose los recesos normales, los fines de semanas y los días de fiesta legal.

Regla 8. Restricciones

(d) No se autorizará la cobertura electrónica de los procedimientos celebrados en cámara ni tomas de video o de fotografía cercanas al rostro (close-ups) de cualquiera de los participantes en un procedimiento judicial con cobertura electrónica.

(e) Solo se permitirá la transmisión en vivo o en directo de cualquier etapa de las vistas del proceso judicial o sus recesos, por radio, televisión e Internet o por algún medio de transmisión análogo, mediante la autorización expresa del tribunal, previa solicitud específica al respecto y siempre que no se afecten los procedimientos ni los derechos de las partes ni el acceso del público y de los funcionarios o funcionarias a la sede del tribunal.

f. No se permitirá realizar entrevistas para la difusión ni tomar fotografías en los pasillos adyacentes a la entrada del salón donde se lleva a cabo el procedimiento o donde se estén efectuando otros procesos judiciales. Solo se permitirá en las áreas designadas para ello, que deben ser áreas retiradas de las entradas a los salones del tribunal (por ejemplo, en áreas cercanas a los elevadores o al final de los pasillos); ello de conformidad con el Protocolo para Facilitar el Acceso de la Prensa a los Tribunales de Puerto Rico y el Acceso a la Información sobre los Procesos Judiciales, en vigencia desde el 29 de junio de 2006 la directriz u orden administrativa que regule el asunto. Regla 9: Conferencia de abogados(a), materiales

Para proteger el privilegio abogado(a)-cliente y el derecho de las partes a recibir representación ER-2015-06 5

legal en forma efectiva, no se permitirá la toma de fotografías ni grabar o difundir imágenes o audio durante los recesos decretados luego de iniciado el proceso judicial ni durante las conferencias que se efectúen en el salón o en cámara, entre la representación legal de las partes, entre abogados(as) y sus clientes, entre representantes legales de un mismo cliente o entre el abogado o la abogada y el juez o la jueza en el estrado. Tampoco estará permitido tomar video o fotos de los materiales o los documentos localizados en las mesas de dichos abogados o abogadas.

Regla 10: Conducta y Tecnología

(a) Equipo técnico y personal

(1) (i) […]

(ii) Dos (2) fotógrafos con una (1) cámara fotográfica fija (con trípode) cada uno, con no más de dos lentes por cada cámara. Más de dos fotógrafos, con el mismo equipo, pueden ser admitidos a discreción del juez o de la jueza que preside el proceso.

(2) En el caso de grabaciones de imágenes con audio solo se permitirá el uso de un sistema de audio, preferiblemente el sistema que al momento del proceso exista en el salón del tribunal. Si este resulta inadecuado, será responsabilidad de los medios de comunicación instalar los micrófonos y el alambrado necesario en los lugares que asigne el juez o la jueza o la funcionaria o el funcionario designado antes de dar comienzo al proceso judicial. Ninguna grabación se transmitirá en directo o en vivo.

Con el propósito de atender de forma ordenada y uniforme las solicitudes de cobertura electrónica en las salas a donde no se ha extendido el PECAM, se adopta una nueva Regla 15 para que lea como sigue:

Regla 15. Vigencia Cobertura de procesos judiciales en salas adicionales

Los medios de comunicación interesados en la cobertura electrónica de procesos judiciales celebrados en las salas a donde no se ha extendido el Programa Experimental, podrán solicitar autorización al Tribunal Supremo mediante una moción presentada al ER-2015-06 6

menos veinte (20) días antes de la fecha asignada en el calendario para el inicio del proceso. En casos extraordinarios, los medios de comunicación podrán presentar la petición tan pronto advengan en conocimiento del señalamiento. Al momento de presentar la solicitud, deberán certificar que han notificado copia de la solicitud a las partes del caso y al juez o la jueza que preside el proceso judicial. Las partes, a su vez, tendrán cinco (5) días, contados a partir de la notificación, para expresarse al respecto. El Tribunal Supremo, mediante Resolución, determinará si autoriza o rechaza la solicitud.

Regla 16. Vigencia

[...]

El Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial deberá evaluar la efectividad del Programa Experimental nuevamente al cumplirse un año a partir de la fecha de vigencia de estas enmiendas. Concretamente, examinará si las enmiendas al Reglamento subsanan las deficiencias en el proceso y analizará la efectividad del uso de cámaras fotográficas y equipo audiovisual de difusión por los medios de comunicación en los procesos judiciales llevados a cabo en las salas ordinarias a la cuales se extienden los mismos.

Las enmiendas al Reglamento y la extensión del PECAM a la Sala 901 de Asuntos de lo Civil del Centro Judicial de San Juan y a la Sala 1104 de Asuntos de lo Criminal del mismo Tribunal, entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2015. Se le ordena a la Directora Administrativa de los Tribunales que enmiende o emita cualquier directriz, medida u orden administrativa que sea necesaria para implantar el Reglamento según enmendado.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta señora Fiol Matta emite Voto particular. El Juez Asociado señor Martínez Torres emite Voto particular de conformidad. El Juez Asociado señor Rivera García emite Voto particular de conformidad en parte y disidente en parte al cual se le unen la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón hace constar la siguiente expresión:

”El Juez Asociado señor Feliberti Citrón está esencialmente conforme con la Resolución ER-2015-06 7

ER-2015-06, pero respetuosamente disiente de aquella parte de ésta en la cual se permite la cobertura mediática, según provista en la Regla 3, en los casos criminales durante la celebración de juicio, indistintamente de que éste se lleve a cabo por tribunal de derecho o ante jurado”.

El Juez Asociado señor Estrella Martínez emite Voto particular. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez emite Voto particular de conformidad al cual se le une el Juez Asociado señor Martínez Torres. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Enmiendas al Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y Equipo Audiovisual de Difusión por ER-2015-06 los medios de Comunicación en los Procesos Judiciales

Voto particular emitido por la Jueza Presidenta SEÑORA FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de julio de 2015.

Durante la época moderna, y más agudamente en

la contemporánea, las formas de comunicación y, por

ende, la manera en que las personas interactuamos se

han transformado dramáticamente. Desde las

reuniones, paseos y pláticas en las plazas de los

pueblos de la sociedad post-industrial hasta la

interacción cibernética mediante la red de Internet,

no cabe duda que la humanidad se ha reinventado.

Esto nos atañe en la Rama Judicial de múltiples

formas. Hoy limito mis expresiones al ámbito de la

publicidad post moderna del proceso judicial, a la

transmisión digital del juicio. ER-2015-06 2

Como todos sabemos, en Puerto Rico la mayoría de los

procesos judiciales son públicos.3 Solo unos pocos se

consideran confidenciales por la naturaleza de la

controversia o las partes involucradas. Hasta hace poco,

menos de dos años, el acceso a un procedimiento judicial

se limitaba a que las puertas de los tribunales y de las

salas estuviesen abiertas a cualquier persona que quisiera

entrar y sentarse a escuchar, aunque no estuviese

involucrado en la controversia directamente.4 Esa apertura

física y temporal de las cortes es acorde a lo que

conocemos como la comunidad real tradicional que está

limitada tanto por el espacio físico como por el temporal,

a diferencia de la comunidad virtual que se desarrolla en

el terreno cibernético.

Reconocemos que es imperativo que los ciudadanos y

residentes de un país tengan acceso a la información

manejada por el gobierno y a los procedimientos

relacionados, para promover la vida participativa en los

asuntos del Estado. En su Informe del 2002, la Relatoría

Especial para la Libertad de Expresión en el ámbito de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que “el

3 El carácter público de las vistas judiciales responde a un derecho del procesado a tener un juicio público, mientras que, según este Tribunal ha interpretado, el público y la prensa tienen un derecho de acceso a los procedimientos. Véase: Art. 2, Sec. 11, Const. Del E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, págs. 342-344; Pueblo v. Eliecer Díaz, 183 DPR 167 (2011). 4 Claro está, cualquier individuo que de esta forma entra a una sala del tribunal está obligado a guardar ciertas normas de conducta para que no se afecte la solemnidad y seriedad del proceso. ER-2015-06 3

derecho de acceso a la información se constituye como

herramienta legal para alcanzar la transparencia de los

actos del Estado como así también como medio de

fiscalización y participación efectiva de todos los

sectores de la sociedad sin discriminación”.5

Ahora bien, la impresionante revolución de las

telecomunicaciones y las formas virtuales de interacción

nos han exigido reflexionar en torno a sí la apertura

física de las salas de los tribunales es suficiente para

asegurar un acceso real a los procesos judiciales. Hemos

comenzado, entonces, a analizar y experimentar con la

transmisión de los juicios y otros procedimientos

judiciales a través de la televisión y el Internet, entre

otros medios de difusión.

Mediante la Resolución ER-2013-1 del 19 de abril de

2013, este Tribunal Supremo adoptó unánimemente un Canon

15 de Ética Judicial nuevo y aprobó el Programa

Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de

Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de

Comunicación en los Procesos Celebrados en las Salas de

5 Informe del Relator Especial para la Libertad de Expresión en las Américas, Los cinco primeros informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión, Instituto Americano de Derechos Humanos, 2003, Capítulo VI, Libertad de Expresión y Pobreza, pág. 243, refiriéndose a A. Chirino, Ley Modelo de Acceso a Información Administrativa para la Prevención de la Corrupción, Departamento de Cooperación y Difusión Jurídica, Taller Técnico Regional, Guatemala, Ciudad de Antigua, OEA, 2000, pág. 11, en http://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1997/libertad-de- expresion-en-las-americas-2003.pdf (última visita en 15 de junio de 2015). ER-2015-06 4

Recursos Extraordinarios (PECAM).6 En la misma Resolución

adoptamos el Reglamento que regiría el Programa. Este, a

su vez, autorizó a la Directora Administrativa de los

Tribunales a emitir cualquier directriz e implantar

cualquier medida u orden para que el PECAM funcionara

conforme a las disposiciones reglamentarias.7

Cumplido el año de la vigencia del PECAM y contando

con el beneficio de la evaluación que llevó a cabo el

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, hoy

extendemos el Programa Experimental a dos salas

ordinarias, una civil y otra criminal, en el Centro

Judicial de San Juan. De esa forma, serán cuatro las salas

del Tribunal de Primera Instancia que podrán permitir la

transmisión directa de sus procedimientos sin necesidad de

autorización previa del Tribunal Supremo. Además,

atendemos las deficiencias procesales identificadas en la

implantación del PECAM durante su primer año. Regulamos, a

su vez, la presentación de las peticiones de transmisión

de procedimientos en las demás salas de nuestros

tribunales, para facilitar el acceso de los medios a estas

a la vez que se protegen los derechos de las partes. Por

último, le ordenamos a la Directora Administrativa de la

Oficina de Administración de Tribunales que presente un

6 Véase: In re Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales y enmienda al Canon 15 de Ética Judicial, 188 DPR 424 (2013). 7 Íd., Regla Núm. 9. ER-2015-06 5

plan para institucionalizar la transmisión de procesos

judiciales con propósitos educativos.

Nuestra decisión de extender el Programa Experimental

a tan solo dos salas adicionales responde a la necesidad

de evaluar cómo funciona la transmisión de los procesos

judiciales ordinarios, con el fin de tener indicadores

para diseñar unas reglas particularizadas que permitan

balancear los intereses en juego y evitar así la violación

de derechos humanos u otros intereses importantes. La

extensión se hace igualmente de forma experimental, por lo

que, al transcurrir un año, el Secretariado evaluará

nuevamente el Programa conforme este queda constituido en

la Resolución que hoy emitimos.

En su Informe, que fue entregado en diciembre de

2014, el Secretariado determinó, de forma general, que

permitirle a la ciudadanía observar procesos judiciales

sin la intervención de terceros, a través de la televisión

u otros medios de comunicación, contribuyó a la

transparencia de nuestros procesos.8 También promovió la

educación de la gente sobre los procesos judiciales.

8 Según dispuso la Resolución ER-2013-1, se hizo un estudio con la participación de distintas personas y sectores entre los cuales se destacan los jueces y las juezas, los abogados y abogadas y los medios de comunicación, para determinar si el uso de las cámaras fotográficas y de equipo audiovisual de difusión por los medios de comunicación adelantó el acceso de la ciudadanía a los procesos judiciales, promovió la transparencia del sistema de justicia y aumentó la confianza del pueblo en la judicatura. Además, se examinó si la tecnología mencionada afectó el derecho a un juicio justo e imparcial, interrumpió los procesos judiciales o menoscabó la sana administración de la justicia. ER-2015-06 6

Conforme indicaron los abogados y abogadas que

participaron en el estudio, esto aumentó la confianza del

pueblo en su sistema de justicia sin entorpecer el

desarrollo solemne y ordenado de los procesos judiciales

ni menoscabar los derechos constitucionales y estatutarios

de las partes.

No obstante, el Informe también señaló preocupaciones

serias y válidas de los participantes, relacionadas,

primordialmente, a la seguridad y la intimidad de las

personas que participan en los procesos que se transmiten

y al derecho a la imagen. Con relación a la transmisión de

los procesos criminales, se destaca la posibilidad de que

los testigos en estos casos decidan no participar en una

vista o, más aun, se inhiban de ofrecer información sobre

delitos a las autoridades por miedo a tener que testificar

ante los medios de difusión.

En los procesos judiciales comúnmente están en juego

la libertad, la propiedad y hasta la reputación de

personas tanto públicas como privadas. En vista de la

realidad sensitiva de muchas de las situaciones que se

presentan ante nuestros tribunales, estamos obligados a

proteger a las personas, su integridad y dignidad. La

Resolución que hoy emitimos permitirá la producción de la

información necesaria para lograr el justo balance entre

el acceso a los procesos judiciales y la protección de los

derechos e intereses individuales. ER-2015-06 7

La realidad es que, si no llevamos a cabo un programa

experimental en las salas ordinarias, nunca tendremos la

información necesaria para implantar normas permanentes

que sean efectivas en todo el sistema de tribunales.

Además, al limitar el Programa a dos salones ordinarios,

el personal facilitador de la Oficina de Administración de

Tribunales y nuestro equipo técnico podrá ofrecerle a los

jueces y juezas que presidan las salas seleccionadas, así

como a las partes y testigos, una atención más directa y

oportuna.

La extensión del Programa Experimental nos permitirá

también intensificar durante este año nuestros esfuerzos

para educar sobre el tema de la transmisión de los

procesos judiciales, tanto a los jueces y funcionarios de

la Rama Judicial como a los periodistas y demás

ciudadanos. Al día de hoy ya hemos celebrado

conversatorios y talleres entre la prensa y la judicatura.

Sin embargo, la Academia Judicial Puertorriqueña está

trabajando en un currículo específico y estructurado que

permita una expansión coherente y organizada.

Tenemos interés en que los jueces y las juezas,

nuestros funcionarios y funcionarias y otros profesionales

relacionados al sistema de justicia adquieran

conocimientos de teorías comunicacionales para que puedan

comprender el objeto de la noticia, su estructura, su

relato y la necesidad inmediata de la prensa de informar

con lenguaje sencillo a un público ávido de saber qué pasa ER-2015-06 8

en un determinado proceso antes, durante y luego de que se

dicte sentencia.9 Más aun, es menester que nuestra

judicatura entienda esta apertura como una oportunidad

para explicarle a la gente lo que hacemos, de una forma

clara y directa. La comunicación directa a través de la

transmisión de los procesos ofrece al juez o la jueza un

espacio para lograr que el pueblo entienda lo que se

decide. De esta manera, al entender mejor los procesos

judiciales, la ciudadanía los respetará, aunque no esté de

acuerdo con alguna decisión particular, porque comprenderá

que al tomar esa decisión, el juez o la jueza actuó de

manera fundamentada.

Igualmente queremos relacionar y acercar al

comunicador social al ambiente y las costumbres

judiciales, para que aquellos periodistas que transmiten

información sobre los procedimientos judiciales a nuestra

ciudadanía tengan un conocimiento básico de nuestros

procesos. Esto es esencial, pues el papel fundamental de

la prensa, al ser el medio profesional que investiga,

recibe y difunde información sobre los actos públicos de

los tres poderes del Estado,10 le impone la responsabilidad

9 Para una discusión detallada sobre la importancia de que tanto la judicatura como los periodistas conozcan el rol del otro, véase, M. Larrondo, El derecho de acceso a la información pública judicial, Revista La Ley, Sup. Act. 11/3/08, Año LXXII Núm. 50 en http://perio.unlp.edu.ar/sites/default/files/larrondo.doc (última visita en 15 de junio de 2015). 10 Íd. ER-2015-06 9

de informar correctamente a la ciudadanía como también la

de emitir críticas fundamentadas.

En resumen, nuestro propósito al expandir el PECAM

como lo hacemos hoy es obtener los indicadores y la

información adicional necesaria para lograr ese punto de

equilibrio que permita la subsistencia armónica, tanto del

derecho a “saber lo que pasa” en una causa judicial a

través de las formas modernas de comunicación, como del

respeto al debido proceso y a la dignidad humana.11

Queremos crear un canal de comunicación ágil, flexible,

dinámico y de fácil comprensión entre la opinión pública y

el Poder Judicial, sin que ello interfiera o de alguna

manera influya en el desarrollo del proceso judicial

perjudicando a cualquiera de las partes o generando

presión al juzgador.12 Queremos evitar que la comunicación

periodística de los actos de los jueces de lugar a malos

entendidos o interpretaciones equivocadas.

Al fin y al cabo, todo este esfuerzo está dirigido a

que nuestros ciudadanos puedan tener acceso efectivo a una

información que es inherentemente compleja, pues a pesar

de nuestros esfuerzos por simplificarlos, los procesos

judiciales, así como el lenguaje utilizado por abogados y

jueces, no pocas veces son de difícil comprensión. En la

misma dirección de promover la educación de nuestra gente,

en la Resolución que hoy certificamos le solicitamos a la

11 Íd. 12 Íd. ER-2015-06 10

Directora Administrativa de la Oficina de Administración

de Tribunales que prepare un plan para institucionalizar

este Programa, no con fines únicamente comunicacionales

sino también con el objetivo de enseñar sobre los

procedimientos judiciales de una manera clara y asertiva.

Esperamos dentro de poco poder transmitir, no solamente

procesos de alto interés público, sino aquellos que

comprendan asuntos importantes de derecho que permitan

instruir al pueblo sobre lo que ocurre en nuestros

tribunales día a día.

Al expresar mi conformidad con la Resolución aprobada

en el día de hoy, reafirmo mi compromiso tanto con la

educación como con la transparencia en las operaciones

administrativas y en la función judicial, cumpliendo

siempre nuestra obligación de proteger los derechos e

intereses de quienes acuden a nuestras salas.

Liana Fiol Matta Jueza Presidenta EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

ER-2015-06 Enmiendas al Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales

Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.

Desde que juramenté como Juez Asociado en el

año 2009 expresé que debíamos movernos a permitir la

transmisión electrónica de los procedimientos

judiciales en aras de promover la transparencia en

el desempeño de nuestras funciones y lograr que los

ciudadanos se enteraran de cómo se atienden sus

causas en los tribunales de la Isla. ASPRO et al.,

Ex parte I, 189 DPR 769, 776 (2013) (Martínez

Torres, Voto particular de conformidad) (citando

Ceremonia de Juramentación, 175 DPR XCVII (2009)).

Hace ya más de dos años que dimos un gran primer

paso en esa dirección y enmendamos el Canon 15

de Ética Judicial para autorizar, de forma ER-2015-06 2

experimental, la entrada de cámaras fotográficas y equipo

audiovisual a algunos procedimientos judiciales. En ese

entonces expresamos que nuestro norte era promover la

transparencia y confianza del Pueblo en su sistema

judicial. In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188

DPR 424, 425 (2013). En el día de hoy, luego de un riguroso

proceso de análisis, y con el beneficio del informe

Evaluación sobre la efectividad audiovisual de difusión por

los medios de comunicación en los procesos judiciales, que

preparó el Secretariado de la Conferencia Judicial y

Notarial (Informe del Secretariado), tomamos otro paso más

hacia la consecución de lo que un día fue una mera

aspiración. Por eso voto conforme con la Resolución que hoy

emite este Tribunal.

En particular, ahora ampliamos el Programa Experimental

para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual

de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos

Judiciales (PECAM) a una sala de asuntos de lo civil y a

una sala de asuntos de lo criminal del Centro Judicial de

San Juan, y lo extendemos de forma indefinida a las Salas

de Recursos Extraordinarios del mismo Centro Judicial.

También enmendamos la Regla 15 del Reglamento del PECAM con

el propósito de establecer un mecanismo ordenado y uniforme

para la tramitación de las solicitudes de cobertura

electrónica en las salas judiciales donde no se ha

extendido el PECAM. Ese procedimiento que hoy adoptamos

salvaguarda y armoniza tanto los intereses de los medios de ER-2015-06 3

comunicación como los de las partes en los procesos

judiciales, y a la misma vez encausa los trabajos de la

Rama Judicial de forma eficiente. Ante una solicitud de un

medio de comunicación interesado en la cobertura

electrónica de un proceso judicial en una sala a la que no

se ha extendido el PECAM, las partes en el litigio tendrán

que ser notificadas y dispondrán de un término para

expresarse al respecto. De esa forma, contaremos con toda

la información necesaria al momento de decidir si

concedemos la solicitud y extendemos el PECAM a procesos

judiciales adicionales.

Estoy convencido de que estos cambios redundarán en que

fluya más información acerca de los procesos judiciales. No

obstante, todavía queda mucho camino por recorrer para que

podamos decir que verdaderamente hemos abierto “las puertas

de la Rama Judicial para mantener informado al Pueblo de

Puerto Rico sobre los procedimientos que se desarrollan en

nuestros tribunales”. ASPRO et al., Ex parte I, supra, pág.

776. Soy consciente de las preocupaciones legítimas que se

han planteado en relación a la apertura de las puertas de

nuestros tribunales a las cámaras, y en particular a lo

concerniente a la entrada de las cámaras a los

procedimientos criminales. Sin embargo, los hallazgos del

Informe del Secretariado demuestran que en los procesos

judiciales celebrados bajo el PECAM y en las demás

coberturas electrónicas que autorizamos en estos pasados

dos años, se mantuvo un balance entre los objetivos que se ER-2015-06 4

esperaban lograr y las garantías que se aspiraban

salvaguardar. Esos hallazgos están sustentados, en términos

generales, por las experiencias de las personas que

participaron en los procesos judiciales, incluyendo jueces,

abogados, funcionarios del tribunal y medios de

comunicación, según recogidas en el Informe del

Secretariado.

No encuentro razón para pensar que en las salas

adicionales a las que hoy extendemos el PECAM, incluyendo

la sala de asuntos de lo criminal, la experiencia vaya a

ser distinta. Como ya he expresado en varias ocasiones, “el

uso de cámaras en los procedimientos penales está más que

ensayado en otras jurisdicciones, por lo que no hay que

temerle”. Ex Parte: Asociación de Periodistas de Puerto

Rico, Res. de 22 de abril de 2015, Martínez Torres, Voto

particular de conformidad (citando ASPRO et al., Ex parte

I, supra, pág. 776.) Aun así, en materia criminal,

solamente extendemos el PECAM a juicios por tribunal de

derecho, lecturas de fallo y vistas de lectura de

sentencia. Reservamos para otro momento la ampliación del

programa a juicios por jurado.

Además de esas limitaciones, hoy enmendamos el

Reglamento del PECAM, conforme a gran parte de las

recomendaciones contenidas en el Informe del Secretariado,

para introducir salvaguardas adicionales que garanticen que

la cobertura electrónica de los procesos judiciales no

afecte la sana administración de la justicia. El Reglamento ER-2015-06 5

del PECAM también le brinda a los jueces las herramientas

necesarias para garantizar que la cobertura electrónica no

afecte los derechos constitucionales de los acusados en los

procedimientos criminales y de las partes y testigos en los

demás procesos judiciales. Así, por ejemplo, los jueces que

presiden los procedimientos cubiertos bajo el PECAM poseen

la autoridad para denegar, limitar o restringir la

cobertura electrónica de los procesos judiciales ante su

consideración.

En fin, confío en que este proceso de estudio continúe

progresando y muy pronto podamos expandir el PECAM a más

salas y procedimientos judiciales, tanto civiles como

criminales, alrededor de la Isla. Aunque mi deseo sería que

nos moviéramos más rápido en esa dirección, voto conforme

con estas enmiendas, como haré con cualquier otro paso

hacia la meta de accesibilidad general a los procedimientos

judiciales.

Rafael L. Martínez Torres Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Enmiendas al Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y ER-2015-06 Equipo Audiovisual de Difusión por los medios de comunicación en los Procesos Judiciales.

Voto particular de conformidad en parte y disidente en parte emitido por el Juez Asociado Señor Rivera García, al que se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintron.

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 2015.

Estoy conforme con mantener indefinidamente

el Programa Experimental para el Uso de Cámaras

Fotográficas y Equipo Audiovisual de Difusión por

los Medios de Comunicación en los Procesos

Judiciales (PECAM), en las Salas de Recursos

Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan

hasta que emitamos una orden en contrario.

Asimismo, no tengo inconveniente en que se

extienda el referido programa a los procesos

judiciales celebrados en la Sala 901 de Asuntos de

lo Civil del Centro Judicial de San Juan. Esto en

la medida que los Jueces y Juezas que presidan las ER-2015-06 2

correspondientes salas mantengan amplia discreción para

autorizar, denegar o limitar cualquier transmisión de los

procedimientos, incluyendo aquellas que este Tribunal

autorice directamente mediante Resolución.13 Entiendo que

ambos proyectos son medidas adecuadas que nos permitirán

continuar afinando aquellos detalles que propicien el más

efectivo y ordenado desarrollo de los procedimientos en

presencia de cámaras de televisión y otros medios de

difusión.

Por otra parte, soy del criterio que en la medida que

el programa continúe de manera experimental las

transmisiones autorizadas se deben limitar a las

expresamente incluidas en el Reglamento. Aun así,

inicialmente no tengo objeción en que mantengamos las

puertas abiertas para que en su momento evaluemos cualquier

otra petición. En este particular, avalo la reglamentación

adoptada que, entre otros asuntos, garantiza que las partes

deberán ser notificadas de cualquier petición de

transmisión que realicen los medios de comunicación y se

les brinda un término oportuno para que consignen sus

respectivas posiciones.14

Ahora bien, con lo que no estoy conforme y donde

difiero drásticamente de la mayoría de mis compañeros y

compañeras es en extender el PECAM a la Sala 1104 de

13 Véase Regla 15 del Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales, según enmendado por la Resolución que antecede. 14 Íd. ER-2015-06 3

Asuntos de lo Criminal del Centro Judicial de San Juan.

Genuinamente, no puedo avalar una medida que podría

conllevar un menoscabo directo al derecho constitucional de

todo acusado a tener un juicio justo e imparcial enmarcado

en las garantías propias del debido proceso de ley.15

Nuestra función principal como Jueces y Juezas durante un

juicio criminal es garantizar que todos los elementos y

componentes del proceso se canalicen en función a esos

derechos. Por lo tanto, todo otro interés debe ajustarse a

esa realidad.

Lo anterior no equivale a una restricción al marco de

acción de los periodistas en su vital labor de cubrir lo

que acontece en nuestros tribunales. La prensa cuenta con

todo el derecho a acceder a las salas civiles y penales e

informar sobre lo que allí acontece. Más importante aún,

nuestros ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a conocer

esa información. Es por ello que ese acceso ya está

garantizado, aun previo a la implementación del PECAM. La

prensa, salvo algunos procesos o instancias particulares de

naturaleza confidencial, tiene total acceso a los

procedimientos judiciales. Incluso, tiene áreas específicas

reservadas para observar y reportar lo que allí acontece.

Es así como se les ha garantizado su primordial derecho

constitucional de libertad de prensa. Ahora, ese derecho no

15 Ciertamente, no propongo la idea de que la mera presencia de una cámara de televisión constituya una violación al derecho de todo acusado en Puerto Rico de contar con un juicio justo e imparcial. En ese particular, tengo muy presente las expresiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Chandler v. Florida, 449 U.S. 560 (1981) y Nixon v. Warner Communications, Inc., 435 U.S. 589 (1978), por ejemplo. ER-2015-06 4

incluye, bajo ninguna circunstancia, la utilización de

cámaras de televisión mientras se ofrecen testimonios sobre

hechos criminales, por ejemplo.16 Eso es una concesión para

cual simple y sencillamente no voy ofrecer mi voto

afirmativo.

Al respecto, es importante tener presente que esto es

un asunto que transciende el debate de transparencia de la

Rama Judicial. Una oposición como la que, en efecto,

consigno en este voto particular va mucho más allá de eso y

se concentra en las implicaciones específicas y concretas

de la autorización que hoy emite este Tribunal. Es por

ello, que aunque soy consciente de que las cámaras no son

en sí necesarias o claves para la transparencia, no tengo

objeción en su uso en las salas civiles, pero sí en su

utilización en las salas criminales. Lo lamentable de este

asunto es que más allá de mi enérgica oposición a esta

medida, la realidad es que la extensión del programa

experimental tiene serias fallas en lo que será su

implementación, lo cual agravan aún más mis preocupaciones.

Es ahí, precisamente, donde quisiera concentrar unos breves

comentarios.

I

En primer lugar, es importante señalar que el PECAM es

un programa experimental pensado y diseñado para

procedimientos civiles y el cual una mayoría de este

16 Así lo reconoció, incluso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Nixon v. Warner Communications, Inc., 435 U.S. 589 (1978) (“The same could be said of the testimony of a live witness, yet there is no constitutional right to have such testimony recorded and broadcast.”). Véase, además, Estes v. State of Texas, 381 U.S. 532 (1965). ER-2015-06 5

Tribunal opta por extender a procedimientos penales sin

más. Ni siquiera se desarrolló un protocolo o

reglamentación específica aplicable a las salas criminales.

Todo lo contrario. Simplemente, se tomó el mismo reglamento

que se desarrolló para experimentar en las salas de

recursos extraordinarios y se hizo extensivo a las salas

penales. Esto sin mayores consideraciones cuan si fueran

procesos judiciales paralelos, con el único propósito de

acceder a los reclamos de los medios de comunicación de

obtener concesiones más allá de lo que les corresponde como

derecho.

Este proceder erróneo y acelerado es preocupante por

muchas razones.17 Primero, porque equipara los procesos

criminales a los procedimientos civiles, pasando por alto

las marcadas diferencias entre ambos y sus serias

implicaciones constitucionales y sociales. Segundo, porque

desatiende cada una de las preocupaciones legítimas

expresadas por todos los componentes de nuestro sistema de

justicia, particularmente por aquellos Jueces y Juezas que

laboran día a día en nuestras salas penales.18 Tercero,

17 Ciertamente, los reclamos de la prensa de Puerto Rico sobre su interés en cubrir los procesos judiciales no es un asunto novedoso y de reciente discusión. Por el contrario, es un asunto que ha estado planteado por mucho tiempo y ha sido objeto de múltiples informes y discusiones durante distintas Conferencias Judiciales. Véase, e.g., Secretariado de la Conferencia Judicial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Informe sobre la relación entre la prensa y los tribunales, Nov. 1981; Secretariado de la Conferencia Judicial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Uso de equipo de difusión por los medios de comunicación en los procesos judiciales, Informe y Reglamento, 1993. No obstante, no es hasta hace apenas dos años que, en efecto, se tomaron medidas de avance dirigidas a implementar un programa experimental que permitiera el uso de cámaras fotográficas y equipo audiovisual de difusión por los medios de comunicación en nuestros tribunales. 18 Véase, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe Evaluación sobre la efectividad del uso de cámaras fotográficas y de ER-2015-06 6

porque ignora por completo una de las recomendaciones

claves brindadas por el Secretariado de la Conferencia

Judicial y Notarial (Secretariado) en su Informe

“Evaluación sobre la efectividad audiovisual de difusión

por los medios de comunicación en los procesos judiciales”

(Informe), concerniente a la cobertura de los

procedimientos criminales y la necesidad de que los

testigos consientan a la grabación y transmisión de sus

testimonios.19

No hay duda que todos los miembros de este Tribunal

compartimos un profundo interés de que nuestros ciudadanos

conozcan de primera mano lo que sucede en los tribunales.

Indiscutiblemente, la Rama Judicial podría beneficiarse de

que estos tengan un mayor acceso para observar los procesos

judiciales sin la intervención de terceros. Esto en la

medida que ello podría redundar en aumentar la confianza

del Pueblo en su sistema de justicia. No obstante, la

realidad es que el PECAM tal y como está diseñado al

momento – o al menos como se ha implementado hasta el

presente – lo menos que viabiliza es el acceso directo de

equipo audiovisual de difusión por los medios de comunicación en los procesos judiciales, 2014, págs. 160-163. Así se añade un capítulo más a la marcada y preocupante desconexión que existe entre los miembros de este Tribunal y los Jueces y Juezas que laboran en nuestros foros de primera instancia. 19 Al respecto, el Secretariado nos recomendó en su Informe lo siguiente: “Que se solicite el consentimiento a las personas testigos y peritas para que se pueda fotografiar o grabar en video su testimonio en sala. En la alternativa, el Juez o la Jueza podría tomar medidas cautelares para permitir que se pueda grabar el testimonio con la imagen difundida o solo el audio”. Íd., págs. 235-236. ER-2015-06 7

nuestros ciudadanos a los procesos judiciales.20 De hecho,

lo único que promueve este programa – más allá de los

objetivos que pretendamos promulgar para su justificación –

es un mayor acceso de los medios de comunicación a nuestras

salas judiciales. Esto, claro está, bajo la cándida idea de

que estos transmitirán íntegramente los procedimientos y

20 Nótese que el único acceso que tiene la ciudadanía sobre los procesos judiciales que hemos autorizado hasta el momento han sido aquellos que la prensa ha optado por transmitir, conforme a sus intereses. Es decir, tal y como está diseñado el PECAM, nuestros ciudadanos únicamente pueden acceder a aquellos procesos judiciales que la prensa opta por transmitir. Por lo tanto, esa transparencia y educación del pueblo ha queda supeditada a los intereses muy particulares de la prensa del País. ¿Cómo en ese escenario podemos plantear que el PECAM promueve el que los ciudadanos tengan acceso directo a los procesos judiciales y, como consecuencia, estén más orientados sobre lo que sucede en nuestros tribunales? Incuestionablemente, hay un desfase entre los objetivos que pretendemos alcanzar y el medio adoptado para conseguirlo. Sobre este particular, el Informe preparado por el Secretariado nos brinda importantes puntos a considerar:

Respecto a la cobertura de los procedimientos judiciales, en específico, la prensa ha sido duramente criticada debido a la interpretación errónea de asuntos y procedimientos judiciales. Se les atribuye sacar de contexto la información para hacer noticia y en ocasiones se les inculpa de avivar las masas a favor o en contra de una parte en un caso o de enfocar el interés público hacia un suceso o persona. No hay manera de prohibir o evitar rotundamente que eso ocurra, independientemente de que el medio sea prensa escrita o por coberturas electrónicas. En vista de ello, si la Rama Judicial provee un mecanismo que permita que la ciudadanía pueda observar y escuchar de primera mano el proceso judicial, éste ni el comportamiento de sus actores estaría sujeto a la interpretación y transmisión de un intermediario. Desde el estrado, el juez o la jueza sería capaz de explicar de la mejor forma posible y en lenguaje coloquial o menos técnico la justificación o base de su determinación. Más aún, podría ser de utilidad para educar a nuestra ciudadanía sobre la realidad de los procesos judiciales, la cual es muy distinta a los programas televisivos que simulan litigios y otros procesos relacionados. En la medida que la ciudadanía tiene acceso directo y no a través de los medios de comunicación, los medios de comunicación están obligados a ser más responsables con lo que se divulga para así evitar que la audiencia los critique. Tal entendimiento del proceso judicial promueve el acceso a la justicia en la medida que los ciudadanos y las ciudadanas se familiaricen con los procesos judiciales y puedan sentirse confiados – sin miedo alguno – de reclamar sus derechos o defenderse de reclamaciones o acusaciones en su contra.

(Énfasis suplido). Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe Evaluación sobre la efectividad del uso de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual de difusión por los medios de comunicación en los procesos judiciales, 2014, pág. 238. ER-2015-06 8

así el ciudadano podrá conocer de “primera mano” lo que

sucede en nuestros tribunales.

Esto en un sentido práctico equivale a que la Rama

Judicial ha delegado indirectamente tan importantes

objetivos de transparencia, educación y confianza, a medios

de comunicación de estricto carácter comercial cuyo

legítimo interés de negocio es la venta de tiempo y

espacio, independientemente de cuanto ello beneficie o

afecte a nuestro sistema de justicia. Esto es una realidad

que si bien pude haber estado dispuesto a inicialmente

obviar para propósitos de un programa experimental en

cuanto a los procesos judiciales de índole civil,

ciertamente no estoy dispuesto a pasar por alto cuando se

trata de procesos judiciales de carácter criminal. Máxime

cuando al día de hoy no contamos ni tan siquiera con unos

delineamientos claros sobre la efectividad y conveniencia

de las transmisiones de los procesos civiles, razón por la

cual nos vemos en la necesidad de extender el programa

experimental por un tiempo adicional. ¿Cómo en ese panorama

vamos a movernos a experimentar en una sala criminal en una

etapa tan crítica como lo es un juicio en su fondo,

independientemente sea por tribunal de derecho?

Sobre ello, debemos tener claro que en un juicio en su

fondo, particularmente en el contexto criminal, el Juez o

la Jueza no tan solo tiene la responsabilidad de presidir

los procedimientos, sino de asegurar que los mismos se

desarrollen en un ambiente de orden y solemnidad que ER-2015-06 9

propicie la más efectiva búsqueda de la verdad. Todo ello

enmarcado en la garantía plena de aquellos derechos

constitucionales y estatutarios que cobijan a toda persona

acusada de delito en nuestro ordenamiento jurídico. En ese

contexto, la extensión del programa experimental que este

Tribunal proponga debe tener presente el efecto que ello

tendría no tan solo sobre el acusado directamente, sino

sobre todos los demás componentes típicos del proceso

penal.

Tomemos, por ejemplo, los testigos. Normalmente, las

personas muestran una gran resistencia a participar como

testigos en juicios criminales, principalmente porque temen

por su seguridad personal. ¿Cuántas noticias no hemos

escuchado sobre testigos asesinados, incluso en nuestras

instalaciones judiciales? Ciertamente, se trata de

situaciones que han ocurrido sin que las cámaras

televisivas estén presentes, pero dudo mucho que alguien

seriamente plantee que hace falta un mayor estudio o

experimentación para asegurar que ese temor se agudizará

enormemente si la persona conoce que deberá ofrecer su

testimonio sobre hechos criminales frente a las cámaras de

televisión con miles de personas como espectadores. Ello,

indudablemente, comprometerá la integridad de sus

testimonios, lo cual tendrá serias repercusiones en el

proceso justo al cual el acusado tiene derecho y afectará

cualquier avance de colaboración de parte de la ciudadanía ER-2015-06 10

en nuestra función principal de administración de la

justicia.21

Sobre este particular, el Informe del Secretariado

específicamente recopila la experiencia de los testigos que

participaron de los procedimientos judiciales cubiertos

electrónicamente. Según surge de este documento, hubo

testigos que expresamente plantearon que “la cobertura

electrónica fue intimidante” y que “de tener que testificar

en un caso sobre asuntos personales, la presencia de los

medios pudiera influenciar su testimonio”.22

Independientemente, de cuántos testigos se sintieron de esa

manera, el simple planteamiento debe ser objeto de profunda

consideración. La manera más sencilla de comprender este

punto es ubicarnos en la posición de un testigo de un hecho

criminal.

Pensemos, por ejemplo, en un convicto con un extenso

historial criminal, ¿hubiésemos estado dispuestos a

testificar en su contra con una cámara de televisión de

frente transmitiendo en vivo cada una de nuestras palabras

y exponiendo nuestra imagen? No hay duda alguna de que ese

hecho, por la razón que sea, nos haría reconsiderar nuestro

testimonio o, incluso, nuestra participación como testigo

del Ministerio Público. ¿Cuán aislados tenemos que estar de

la dinámica del día a día en nuestros tribunales de primera

instancia para no comprender algo tan básico? Los procesos

21 A modo ilustrativo, véase, íd., págs. 115-117. 22 (Énfasis suplido). Íd., pág. 116. ER-2015-06 11

judiciales penales no pueden estar sujetos a esa

incertidumbre. Por el contrario, nuestro deber es asegurar

que todos los componentes del procedimiento se sientan en

la libertad de compartir íntegramente su versión de los

hechos, en función de la búsqueda de la verdad y la

administración de la justicia. Esto es un principio que la

simple adopción de “mecanismos adicionales” no va a

resolver.

Como Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico

debemos ser conscientes de que la realidad de nuestros

tribunales de primera instancia es muy distinta a la que

experimentamos en nuestras cómodas instalaciones.

Teóricamente, todo es posible, pero la práctica puede

representar una realidad muy distinta. Por ello, es

primordial que escuchemos y tomemos en cuenta para efectos

de evaluación la opinión de aquellos jueces y juezas que

día a día presiden nuestras salas criminales en los foros

primarios. Es ahí, precisamente, donde radica una de las

fallas principales de la medida que hoy adopta este

Tribunal de extender un programa experimental en una sala

penal tan pronto como el próximo mes de septiembre. Del

Informe preparado por el Secretariado en relación al PECAM,

surge que los Jueces y Juezas de Asuntos de lo Criminal

expresaron una fundamentada y “marcada oposición” a la

extensión de este programa experimental a las salas

penales.23

23 Íd., pág. 236. ER-2015-06 12

De hecho, los Jueces y Juezas que participaron de los

grupos focales dirigidos por el Secretariado no

identificaron aspecto positivo o favorable alguno sobre el

uso de las cámaras fotográficas y de equipo audiovisual

durante los procedimientos judiciales de índole penal.24

Sobre este particular, el Informe refleja, en parte, lo

siguiente:

En términos generales, los jueces y juezas que atienden Salas de Asuntos de lo Criminal no señalaron razones para estar a favor de la cobertura electrónica de procedimientos judiciales. Sin embargo, identificaron varias razones para estar en contra de este tipo de cobertura.

Entre las razones identificadas para estar en contra se destaca la preocupación sobre su seguridad personal, la del personal del alguacilazgo, la de fiscales, la de personas testigos y la del Jurado. Todas las personas coincidieron en que aumentaría el peligro a su seguridad y comprometerían los procedimientos judiciales. Otra de las razones identificadas para estar en contra son las parodias y burlas que se propician. De forma igual, se entendió que aumenta el desconocimiento y la desinformación de la ciudadanía. Se mencionó también el uso indebido de la información por parte de los medios de comunicación.

De igual forma se destacó que las personas testigos se cohíben ante la exposición mediática, lo que compromete la confidencialidad de su testimonio y entorpece el esclarecimiento de los casos. Se mencionó como un aspecto negativo, la exposición de agentes encubiertos, la distracción que causa la cobertura electrónica en el desarrollo de los procesos judiciales y el efecto sobre la sana administración de la justicia. Del mismo modo, se recalcó que la cobertura electrónica afecta el orden y la solemnidad de los tribunales. Se mencionó que los medios de comunicación están interesados en cubrir aspectos dramáticos y

24 Íd., pág. 161. ER-2015-06 13

morbosos de los asuntos y que, al hacer esto, crean un espectáculo. Ante ese interés, coincidieron en que no se logra la transparencia de los procedimientos.25

En sintonía con estas expresiones, los jueces que

presidieron las vistas de lectura de sentencia que una

mayoría de este Tribunal autorizó, destacaron preocupación

ante una posible expansión del programa a procesos penales

“ante la posibilidad de que se intimiden, amedrenten o se

influencien las personas testigos por la exposición en los

medios”.26 Cónsono con ello, el Informe refleja que “[e]n

cuanto a las vistas preliminares, las vistas de supresión

de evidencia o confesión, los juicios por tribunal de

derecho y los juicios por jurado, [estos] no favorecieron

la cobertura electrónica debido a la presentación de prueba

testifical”.27 Más aún, los Jueces y Juezas del Tribunal de

Apelaciones que participaron en el grupo focal expresaron

“que la cobertura electrónica, dependiendo del asunto,

tendrá efectos perjudiciales”.28 A modo de ejemplo,

manifestaron preocupación “sobre el efecto adverso que

tendría en la presentación de prueba testifical en casos

criminales y sobre la posibilidad de someter a las personas

afectadas a una doble victimización, tanto por el proceso

judicial como por los medios de comunicación”.29

25 (Énfasis suplido). Íd. 26 (Énfasis suplido). Íd., pág. 48. 27 (Énfasis suplido). Íd. 28 Íd., pág. 163. 29 (Énfasis suplido). Íd., págs. 163-164. ER-2015-06 14

Ante tales resultados, y a base de mi experiencia como

Juez del Tribunal de Primera Instancia en una sala criminal

por más de diez años, no puedo avalar la extensión de un

programa de transmisión a una sala criminal aunque sea de

manera temporera y experimental. Ciertamente, por algún

lado hay que comenzar y tal parecería que un programa

experimental sería el inicio idóneo que nos permitiría

conocer las ventajas y desventajas del proceso. No

obstante, entiendo que, como mínimo, esta etapa de

experimentación no debe producirse en el vacío, sino que

debió ir precedida por la adopción de medidas adicionales

que atiendan directamente las preocupaciones expresadas por

los Jueces y las Juezas de las salas criminales y que

verdaderamente adelantaran nuestro objetivo de educar a la

ciudadanía sobre los procesos judiciales.

En ese sentido, y aunque no comparto la idea de

extender el PECAM a una sala criminal, soy del criterio que

como paso previo la Rama Judicial debió, al menos, elaborar

e implementar un programa mediante el cual se desarrollen

módulos educativos dirigidos a orientar a la población

general y a la prensa sobre los procesos judiciales en el

ámbito penal. Para ello bien se pudo entablar un acuerdo

colaborativo con alguna de las Escuelas de Comunicaciones

de Puerto Rico y contar con la contribución ad honorem de

Jueces y Juezas, fiscales del Departamento de Justicia y

abogados y abogadas de la práctica privada. Esto, cónsono ER-2015-06 15

con lo recomendado por el Secretariado de la Conferencia

Judicial y Notarial en su Informe.30

Como Jueces, no debemos olvidar que nuestra función

constitucional principal es administrar justicia. Ello, no

debe quedar supeditado a los intereses de ningún grupo en

particular y mucho menos a la opinión pública. Más aún,

cuando actualmente grupos como la prensa del País cuentan

con el acceso constitucionalmente necesario a nuestros

procedimientos penales. Por lo tanto, si una mayoría de

este Tribunal interesa conceder mayor acceso, este debió ir

precedido de todas las garantías necesarias dirigidas a

mantener la integridad de nuestros juicios criminales y, a

su vez, fomentar una verdadera educación de nuestros

ciudadanos.

Mientras no se desarrolle e implemente ese componente

educativo, las transmisiones no serán más que una pieza de

entretenimiento cuan programa de “reality show” que no

abonará a tan importante interés de fomentar la confianza

del Pueblo de Puerto Rico en nuestro sistema de justicia.

Por el contrario, la integridad de la Rama Judicial quedará

– como, en efecto, queda en este momento - a la merced del

escrutinio desinformado que al final del día podría

30 Íd., págs. 236-237. La Resolución que hoy certificamos sí incluye una instrucción dirigida a la Oficina para la Administración de los Tribunales para que “presente un plan para institucionalizar la transmisión de procesos judiciales con propósitos educativos en o antes del 30 de septiembre de 2015”. Véase, pág. 2 de la Resolución que antecede. Ahora bien, más allá del vago lenguaje que se emplea y la falta de especificidad sobre el contenido de ese programa educativo, la realidad es que este debió adoptarse como paso previo a la extensión del PECAM, no como un asunto a considerar posterior a su implementación. ER-2015-06 16

redundar en un mayor grado de desconfianza en nuestro

sistema de tribunales y sus componentes.

Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Enmiendas al Reglamento del Programa Experimental para el ER-2015-06 Uso de Cámaras Fotográficas y Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación

Voto particular emitido por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 15 de julio de 2015.

“Televisar los procesos cumple con una función educativa y sirve de desinfectante. Y no sólo eso,... el ciudadano puede fiscalizar, si hay un proceso televisado, el pueblo lo puede ver directamente y puede juzgar si el periodista reportó bien lo que vio, porque ahora no es que ‘me dijeron’, ahora es que yo también lo estoy viendo. La fiscalización no es sólo para la Rama Judicial, sino también es para el cuarto poder. Eso hace que la cobertura sea más objetiva”.31 Hon. José J. Ramírez Lluch

Sin duda, la Resolución que hoy emite este

Tribunal amplía el curso de acción de avanzada

31 Véase IPP, Luces, cámara... acción: Una nueva mirada a la prensa judicial, en http://www.suagm.edu/ipp/Seguridad/Entradas/2014/7/29 _Luces,_camara..._accion__Una_nueva_mirada_a_la_prens a_judicial.html (última visita en 13 de junio de 2015). ER-2015-06 2

que comenzó a forjarse hace más de dos años con la

aprobación del nuevo Canon 15 de Ética Judicial, 4 LPRA

Ap. IV-B, C. 15. Aunque ciertamente falta mucho camino por

recorrer, con las medidas que hoy se implementan nos

movemos un paso adelante en el esfuerzo por lograr que

nuestra ciudadanía tenga un mayor acceso a los procesos

que acontecen en los foros judiciales y de proteger los

derechos que amparan a la prensa. Ya en el pasado he

expresado que esas garantías no deben obstruirse ni

tomarse livianamente, pues son fundamentales para una

sociedad democrática como la nuestra.

Por entender que este Tribunal debe unirse a la

tendencia de salvaguardar las aludidas garantías al

fomentar un Poder Judicial más accesible y transparente, y

con el fin de que eventualmente las medidas tomadas

conviertan la política institucional de transmitir los

procedimientos judiciales en la norma y no la excepción,

imparto mi conformidad a la Resolución que nos ocupa.

Sabido es que en el 2013, este Tribunal emprendió un

curso de acción histórico y de avanzada al aprobar por

unanimidad un nuevo Canon 15 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap.

IV-B, C. 15. La aprobación de este canon se hizo

expresamente con el propósito de atemperarlo a los

adelantos tecnológicos modernos y, más importante aún,

asegurar el acceso de la ciudadanía a la información

pública y resguardar los derechos que cobijan a la prensa.

En esencia, la promulgación del nuevo Canon 15 está ER-2015-06 3

fundada en el objetivo primordial de “acercar cada vez más

nuestro sistema de justicia a los más altos valores y

niveles de transparencia, de fomentar la confianza del

pueblo en su Judicatura y de garantizar el acceso de la

ciudadanía a esta”. In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc.

Jud., 188 DPR 424, 425 (2013). (Énfasis suplido).

En armonía con ese objetivo, el Canon 15 permite la

toma de fotografías o video durante la celebración de

sesiones judiciales, y radiodifundir o televisar este tipo

de procedimientos. Íd., pág. 426. De igual forma, autoriza

el uso de dispositivos electrónicos para recopilar y

transmitir la información de lo que se ventila en los

procesos judiciales. Íd. Conscientes del cambio adoptado,

dejamos claro que las medidas tomadas garantizarían el

acceso del público a los procedimientos judiciales sin

infringir el derecho a un juicio justo e imparcial, sin

interrumpir el proceso judicial y sin menoscabar la sana

administración de la justicia. Íd.

Es conocido que como resultado de la enmienda al

mencionado canon, se promovió la implementación de un

exitoso programa experimental que avala el uso de cámaras

fotográficas y equipo audiovisual en las salas del Centro

Judicial de San Juan donde se dirimen los recursos

extraordinarios.32 Para asegurar y regular el acceso de la

32 Esta iniciativa es conocida como Programa experimental para el uso de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual de difusión por los medios de comunicación en los procesos judiciales celebrados en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de ER-2015-06 4

prensa a las aludidas salas, se promulgó el Reglamento del

programa experimental para el uso de cámaras fotográficas

y de equipo audiovisual de difusión por los medios de

comunicación en los procesos judiciales (Reglamento). Íd.,

págs. 428-442. En síntesis, éste incluye los pormenores

que deben observarse en aras de permitir o denegar la

cobertura mediática de los procesos judiciales.

No obstante, si bien el citado Reglamento dispone la

manera en que debe operar el programa experimental, desde

la aprobación del nuevo Canon 15 se han establecido

precedentes históricos al permitir la cobertura de vistas

orales celebradas ante este Tribunal, así como

transmisiones de varias instancias de procedimientos

judiciales de naturaleza penal.33 A pesar de que estos

procedimientos judiciales quedan fuera del alance del

PECAM, considero que al permitir su cobertura le hemos

otorgado fiel cumplimiento al reseñado propósito cardinal

que nos llevó a aprobar el nuevo Canon 15. Resulta

oportuno puntualizar que en las ocasiones en que

permitimos el acceso de la prensa a procedimientos

San Juan (PECAM). En adelante, cuando aluda al programa experimental, me referiré a éste como PECAM. 33 Para otorgarle acceso pleno a la prensa y maximizar el derecho de la ciudadanía a la información pública, nos hemos amparado en el propio Canon 15, el cual dispone, en lo pertinente, que:

Se podrá tomar fotografías o video en el salón del tribunal durante la celebración de sesiones judiciales o recesos y radiodifundir o televisar los procedimientos judiciales, solamente según lo autorice el Tribunal Supremo mediante una orden, regla o norma. Véase 4 LPRA Ap. IV-B, C. 15. (Énfasis suplido). ER-2015-06 5

judiciales fuera de lo cobijado en el PECAM, siempre hice

hincapié en que debíamos movernos a considerar la

necesidad de uniformar y ampliar las normas que se

iniciaron con la implantación del programa experimental.

II

Precisamente, al aprobar el Canon 15 establecimos que

transcurrido un año de la entrada en vigor del PECAM, se

debía realizar una evaluación exhaustiva para medir la

efectividad del uso de cámaras fotográficas y de equipo

audiovisual de difusión en los procesos judiciales. Esta

evaluación –delegada al Secretariado de la Conferencia

Judicial y Notarial (Secretariado)- tenía que garantizar

la participación de todos los sectores interesados,

entiéndase la Judicatura, los abogados y abogadas, el

Ministerio Público y los medios de comunicación. En

cumplimiento con esa encomienda, el Secretariado remitió a

la consideración de este Tribunal un informe intitulado

Evaluación sobre la efectividad del uso de cámaras

fotográficas y de equipo audiovisual de difusión por los

medios de comunicación en los procesos judiciales. En

esencia, la evaluación auscultó la experiencia de quienes

participaron en procedimientos judiciales bajo el PECAM y

en los procesos en los cuales este Tribunal autorizó su

cobertura de manera extraordinaria. Además, el informe

emitido por el Secretariado incluye un examen de la

opinión general de los sectores evaluados con respecto al

acceso de la prensa a los procesos judiciales. ER-2015-06 6

En síntesis, los hallazgos plasmados en el informe

permiten concluir que tanto en los procesos judiciales

celebrados bajo el PECAM como en las coberturas

electrónicas autorizadas por este Tribunal, se mantuvo un

balance adecuado entre los objetivos que se perfilaron

conseguir y las garantías que se deseaban proteger. Véase

Informe: Evaluación sobre la efectividad del uso de

cámaras fotográficas y de equipo audiovisual de difusión

por los medios de comunicación en los procesos judiciales,

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, pág.

231. De acuerdo con los resultados obtenidos, los sectores

evaluados coinciden en que la cobertura electrónica

promovió un mayor grado de acceso a la ciudadanía a los

procesos judiciales. Íd. Del mismo modo, la información

recopilada demuestra un marcado consenso entre los

sectores en cuanto a que se promovió un mayor nivel de

transparencia del sistema de justicia. Íd. Ello, pues, el

uso de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual de

difusión fomentó el intercambio directo de información con

la ciudadanía. Íd. Además, los resultados del informe

indican que el logro de los objetivos propuestos no tuvo

el efecto de vulnerar el derecho a un juicio justo e

imparcial, de interrumpir el proceso judicial ni de

afectar la sana administración de la justicia. Íd.

Por su parte, los hallazgos obtenidos ilustran que la

mayor resistencia a extender el PECAM proviene del sector

de la Judicatura. Íd., pág. 239. No obstante, es

pertinente destacar que los jueces y juezas que ER-2015-06 7

participaron de la experiencia de tener cámaras

fotográficas y equipo audiovisual en sus salas no

comparten tal opinión. Íd. Al contrario, los resultados

demuestran que estos jueces y juezas favorecen la

expansión del PECAM. Íd.

En consideración de los hallazgos recopilados y en

pronóstico de cómo debe ser el alcance futuro del PECAM,

el Secretariado presentó ante la consideración de este

Tribunal varias alternativas de cursos de acción, las

cuales recogen parte de mi visión en torno a este asunto.

Esencialmente, éstas se resumen de la forma siguiente: (1)

mantener el PECAM y enmendar varias disposiciones

reglamentarias; (2) extender el PECAM a las vistas orales

ante este Tribunal y el Tribunal de Apelaciones; (3)

ampliar el PECAM a una sala de asuntos de lo civil; (4)

extender el PECAM a una sala de asuntos de lo criminal;

(5) adoptar un programa institucional que permita la

transmisión de procesos judiciales; y (6) utilizar las

grabaciones de los procedimientos judiciales como material

educativo. Como puede apreciarse, las propuestas del

Secretariado no son excluyentes entre sí, sino que

promueven mayores procedimientos experimentales; crean una

norma general de transmisión de las vistas orales

apelativas y fomentan la adopción de programas educativos

en los que se transmitan y analicen los procesos

judiciales. Íd., págs. 232-238.

A. ER-2015-06 8

Con el beneficio del informe emitido por el

Secretariado, y en virtud de lo dispuesto en el Canon 15,

este Tribunal emite una Resolución mediante la cual se

acogen parcialmente las recomendaciones reseñadas. En lo

pertinente, se enmienda el Reglamento para extender el

PECAM de forma definitiva en las Salas de Recursos

Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan. Con el

firme objetivo de que la ciudadanía tenga un mayor acceso

a su sistema de justicia y de fomentar la transparencia de

los procesos judiciales, este Tribunal amplía el PECAM a

asuntos tanto de lo civil como de lo criminal.34 Asimismo,

se deja consignado que cualquier otra extensión del PECAM

a salas adicionales se hará mediante dictamen de este

Tribunal, sin necesidad de enmendar el Reglamento.35 Por

último, se instruye a la Directora Administrativa de la

Oficina de Administración de los Tribunales que presente

un plan para institucionalizar la transmisión de procesos

judiciales con propósitos educativos en o antes del 30 de

septiembre de 2015.

III

34 Los asuntos en materia civil en los que se permitirá el acceso, incluyen, y no se limitan, a vistas de estado de procedimientos, vistas argumentativas, conferencias con antelación al juicio y vistas en su fondo en determinados casos. Por su parte, en cuanto a los asuntos de naturaleza criminal, el acceso comprende la celebración de juicios por tribunal de derecho, lecturas de fallo y vistas de lectura de sentencia. 35 La recomendación de extender el PECAM a las vistas orales celebradas ante este Tribunal y el Tribunal de Apelaciones no fue implementada de inmediato por este Tribunal. ER-2015-06 9

Luego de examinar el informe presentado por el

Secretariado, conjuntamente con la Resolución que hoy

emite este Tribunal, expreso que, en esencia, no tengo

reparos con avalar el curso de acción propuesto, sin pasar

por alto que mis expectativas eran mayores.

Indudablemente, ello es cónsono con el firme criterio que

he consignado en mis diversos votos con relación al acceso

de la ciudadanía y de la prensa a lo que se dirime en

nuestros tribunales.36 Tal y como he indicado, este

Tribunal no debe detener los esfuerzos encaminados a

alcanzar la plenitud de acceso a los procesos judiciales

dentro de nuestro esquema constitucional.

Hoy, este Tribunal decide acoger algunas de las

recomendaciones emitidas por el Secretariado y, por

consiguiente, amplía lo establecido en el 2013 con la

aprobación del Canon 15. De esta forma, nos acercamos a la

tendencia incuestionable en sociedades democráticas de

salvaguardar y fortalecer tres aspectos fundamentales, a

36 Véanse Voto particular disidente del Juez Asociado señor Estrella Martínez emitido en Ex Parte: Asociación de Periodistas de Puerto Rico, 2015 TSPR 45, 192 DPR ___ (2015); Voto particular de conformidad del Juez Asociado señor Estrella Martínez emitido en Ex Parte: Asociación de Periodistas de Puerto Rico, 2015 TSPR 20, 192 DPR ___ (2015); Voto particular de conformidad del Juez Asociado señor Estrella Martínez emitido en ASPRO et al., Ex parte I, 2014 TSPR 102, 191 DPR ___ (2014); Voto particular de conformidad del Juez Asociado señor Estrella Martínez emitido en Solicitud ASPRO et al., Ex parte II, 190 DPR 184 (2014); Voto particular disidente del Juez Asociado señor Estrella Martínez emitido en ASPRO et al., Ex parte I, 190 DPR 82 (2014); Voto particular de conformidad del Juez Asociado señor Estrella Martínez emitido en ASPRO et al., Ex parte I, 189 DPR 769 (2013); Voto particular de conformidad del Juez Asociado señor Estrella Martínez emitido en In re: C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424 (2013). ER-2015-06 10

saber: (1) el acceso pleno de la prensa, con sus

herramientas de trabajo, a los procedimientos que se

ventilan en los tribunales, (2) el derecho de la

ciudadanía a la información pública; y (3) la apertura de

los foros judiciales al escrutinio público.

Con las medidas que se implementan, procedemos en

armonía con nuestra función indelegable de promover y

asegurar la transparencia del sistema judicial. Sabido es

que uno de los ejes cardinales del Poder Judicial en un

sistema democrático es la confianza pública en su

funcionamiento y desempeño. En ese sentido, facilitar la

información de cómo funciona y se desempeña el Poder

Judicial contribuye de manera directa a fomentar la

confianza de la ciudadanía en esta rama de gobierno.

Recordemos que según surge de la parte expositiva de la

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 2003,

“[e]s responsabilidad de todos propiciar un sistema de

justicia en el que se provea acceso inmediato y económico

para atender los reclamos de la ciudadanía, que sea

sensible a la realidad particular de los distintos

componentes de nuestra sociedad, y que informe a la

ciudadanía sobre sus derechos y responsabilidades, así

como de todos los aspectos del proceso judicial”. Véase

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 201-2003 (2003 (Parte

I) Leyes de Puerto Rico 972) (Énfasis suplido). Con ello

en mente, resulta imperativo recalcar que las medidas que

hoy se ponen en funcionamiento deben formar parte del ER-2015-06 11

objetivo de establecer la plenitud del acceso como una

norma general y no la excepción.

A.

La aprobación de las presentes medidas exige

enfatizar nuevamente que cualquier curso de acción

encaminado a brindar el acceso de la prensa a los

tribunales debe estar enmarcado dentro de los límites de

unas garantías. Es decir, se deben ponderar las

implicaciones constitucionales involucradas y, de esta

forma, asegurar un balance adecuado entre el derecho a

obtener un juicio justo e imparcial37 y el derecho a la

libertad de prensa.38 Pueblo v. Hernández Mercado, 126 DPR

427, 436 (1990) (“[C]orresponde a la Rama Judicial hacer

el delicado balance de interés entre la libertad de la

prensa y los derechos de los acusados”). En otras

palabras, así como tenemos el deber de proteger el derecho

a un juicio justo e imparcial y garantizar el debido

proceso de ley, también nos corresponde velar por el

mandato constitucional que resguarda la libertad de

prensa, con todo lo que ello implica.

Por otra parte, se ha planteado que la transmisión de

los procesos judiciales tendría un efecto intimidatorio en

algunos de los involucrados en las controversias que allí

se dirimen. Respecto a este asunto, cabe señalar que

37 Emda. VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1; Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 38 Emda. I, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1; Art. II, Sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. ER-2015-06 12

actualmente nuestro ordenamiento cuenta con mecanismos

efectivos para salvaguardar los intereses y los derechos

de aquellos que participan en estos procesos. Se trata de

medidas para que la transmisión directa no interfiera con

el desenvolvimiento de los procedimientos judiciales, ni

le reste la debida dignidad a éstos. Además, podemos

beneficiarnos de mecanismos adicionales que han sido

efectivos en otras jurisdicciones.

En ese sentido, podemos resaltar la prohibición de

transmisión y toma de fotografías de lo siguiente: (1)

víctimas de delitos sexuales, a menos que consientan; (2)

los casos de familia; (3) miembros del Jurado; (4) menores

de edad; (5) agentes encubiertos o informantes; y (6)

procesos de menores; entre otras.39 Véase Informe sobre el

uso de cámaras fotográficas y equipo audiovisual de

difusión para cubrir los procedimientos judiciales en

Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y

Notarial, Anejo E; véase, además, NCSC, Cameras in the

Court: A State-by-State Guide, en

39 Con el fin de proteger a los participantes en un proceso judicial, en algunas jurisdicciones se prohíbe lo siguiente: (1) las tomas cercanas al rostro (close-ups); (2) el acceso a los procedimientos celebrados en cámara; (3) la cobertura de las conversaciones entre abogado- cliente y las conferencias entre abogados; (4) los cambios en la toma de la cámara o en la posición de ésta sin autorización; y (5) la modificación o el uso adicional de luces a lo permitido; entre otras. Además, se restringe la cantidad de cámaras que pueden entrar a la sala donde se lleva a cabo el proceso judicial. Véase NCSC, Report on Fair Trial of High Profile Cases, en http://www.actl.com/AM/Template.cfm?Section=Advanced_Searc h§ion=1998&template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentFile ID=73 (última visita en 22 de junio de 2015). ER-2015-06 13

http://rtdna.org/article/cameras_in_the_court_a_state_by_s

tate_guide_updated (última visita en 19 de junio de 2015).

A tono con lo anterior, es menester hacer hincapié en

que la Regla 8 del aludido Reglamento dispone que en

nuestra jurisdicción está prohibida la cobertura de la

prensa en todo procedimiento de naturaleza confidencial,

según establecido por ley o al amparo de una orden

judicial. In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud.,

supra, pág. 434. Asimismo, la regla establece expresamente

que el juez que preside los procedimientos cuenta con

amplia discreción para prohibir, concluir o limitar la

cobertura de un procedimiento judicial, de porciones de

éste o del testimonio de alguno de los involucrados en el

proceso. Íd.40 A tales efectos, tomará su determinación

considerando el interés de la justicia en proteger los

derechos de las partes y de las personas testigos, y para

preservar el orden y la buena conducta que debe imperar en

el proceso judicial. Íd. Ciertamente, lo plasmado en la

Regla 8 lleva a concluir que en nuestra jurisdicción

contamos con garantías que disipan las preocupaciones y

cuestionamientos de aquellos que se oponen a que la prensa

tenga acceso a transmitir íntegramente los procesos

judiciales, bajo el argumento de que se intimidaran los

40 La cobertura del proceso judicial también puede ser prohibida, concluida, o limitada a instancia de parte. In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424, 434 (2013). ER-2015-06 14

testigos u otros involucrados en el proceso o se

menoscabarán sus derechos.41

IV

En fin, aunque falta mucho por recorrer, con la

determinación que hoy tomamos nos acercamos más a aquellos

pilares que deben caracterizar las sociedades

democráticas: libertad de prensa, acceso de la ciudadanía

a la información pública y transparencia del Poder

Judicial. Espero que el peldaño que hoy alcanzamos no sea

para relegar los esfuerzos consumados al inmovilismo; que

sea, más bien, para seguir adelantando el curso de acción

de avanzada que emprendimos hace más de dos años.

Por todo lo expuesto, voto de conformidad a las

acciones adicionales adoptadas en el día de hoy.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado

41 En cuanto a este asunto, debe recordarse que nuestro ordenamiento cuenta con salvaguardas adicionales para proteger las víctimas o testigos. Esto, ya que en determinadas circunstancias la víctima de delito contra la indemnidad sexual o la víctima o testigo menor de edad (incluida toda persona mayor de 18 años con incapacidad mental determinada judicialmente, establecida mediante prueba pericial o por estipulación de las partes), puede testificar fuera de la sala judicial mediante la utilización del sistema televisivo de circuito cerrado. Véase 34 LPRA Ap. II, R. 131.1; véase, además, Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como Ley para la Protección de Testigos y Víctimas, 25 LPRA sec. 973a-1. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Enmiendas al Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y Equipo Audiovisual de Difusión ER-2015-06 por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales

Voto Particular de Conformidad emitido por la Jueza Asociada ORONOZ RODRÍGUEZ, al cual se une el Juez Asociado señor Martínez Torres

Las nuevas generaciones crecen con una gran

inquietud por conocer más sobre lo que pasa en

todos los ámbitos sociales, incluyendo su

Gobierno. Quieren información rápida, accesible,

sin intermediarios y quieren formar parte de sus

procesos. La Rama Judicial y el sistema de

justicia no pueden estar ajenos a este reclamo de

transparencia y participación. No son reclamos

meramente válidos, sino necesarios para una

democracia robusta. Estos trascienden geografías y

en el caso del Puerto Rico de hoy, son

ineludibles. Es la promesa de esta generación que

nos obliga a enfrentar nuevos retos y promover ER-2015-06 2

nuevas y mayores garantías en los procesos judiciales.

Estos retos y llamamientos, si son escuchados y acogidos

por nuestra Rama Judicial, representan la oportunidad

idónea para que la ciudadanía conozca mejor sus derechos y

cómo hacerlos valer. Asimismo, nos permiten profundizar en

el imperativo que es el acceso a la justicia en nuestro

País y en el compromiso de la Rama Judicial con la

transparencia.

Muchos de los aspectos implicados en el acceso a la

justicia pueden ser atendidos y solucionados mediante la

apertura de los procedimientos judiciales a mayores

sectores de la sociedad a través de proyectos como el

y Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de

Comunicación en los Procesos Judiciales (PECAM). En primer

lugar, abrir los procesos a un público virtual –no

restringido al espacio de una sala- tiene un valor enorme

como recurso educativo. Se trata de una educación dirigida

principalmente a la ciudadanía quien, en muchas ocasiones,

desconoce los procedimientos legales mediante los cuales

se adjudican los casos y las controversias que les

afectan. Proyectos como el PECAM permiten que la

ciudadanía tenga acceso de primera mano al funcionamiento

de su sistema de justicia. Sin este tipo de acceso,

aquellas personas que nunca han acudido a los tribunales

están sujetas a las impresiones que le transmitan terceras ER-2015-06 3

personas –impresiones que no siempre se ciñen a la

realidad de los procesos y a lo acontecido en las salas-,

así como a las concepciones erróneas que suelen predominar

acerca del proceso judicial.

En segundo lugar, incorporar estos mecanismos

fortalece la confianza en nuestro sistema de justicia y en

sus actores. En tiempos en los que, con razón o sin ella,

muchos cuestionan la confiabilidad del sistema de

administración de la justicia, transmitir los

procedimientos permite que la ciudadanía entienda mejor

las decisiones que toman los jueces, pues los expone al

curso ordinario de la presentación de prueba y de

argumentación mediante el cual se forma la determinación

judicial. De la misma manera, la transmisión directa de

los procedimientos permite mantener un récord público y

accesible que exige un mayor grado de preparación y

rigurosidad por parte de los actores del proceso

incluyendo los representantes legales de las partes y, por

supuesto, los jueces. La fidelidad y el acceso al proceso

cobran también mayor preeminencia para los medios de

comunicación quienes deben propiciar la transparencia a

través del recuento objetivo de los sucesos ante los

tribunales.

Y en tercer lugar, al expandir la transmisión de los

procedimientos judiciales permitimos una mayor

fiscalización de la Rama Judicial. El acceso a la

información es fundacional y fundamental para una ER-2015-06 4

democracia pues sin ella no se pueden ejercer los derechos

y los deberes inherentes a la condición de ciudadana o

ciudadano. La Rama Judicial, en su importantísimo rol de

impartir justicia, debe ser la más apegada a estos valores

y servir como su garante.

Ya en 1974, en el American Bar Association Journal se

expresaba que “sin la cobertura televisiva, el medio de

comunicación noticiero principal del país, el sistema

judicial está lentamente cayendo en la oscuridad”. 60 ABAJ

294 (1974) (traducción nuestra). Hoy, al tomar en cuenta

el desarrollo tecnológico con el que contamos y la

transformación de nuestra sociedad en una mucho más

interconectada y con un acceso privilegiado a la

información, la advertencia lanzada por el ABA Journal es

más real y urgente que nunca. La disponibilidad y el

acceso a la tecnología que caracteriza nuestras vidas y

nuestro mundo fomenta el reclamo de la ciudadanía por una

mayor transparencia e información sobre los procesos

judiciales. Así pues, los miembros de la judicatura no

podemos contribuir a una percepción de que la Rama

Judicial trabaja fuera de tiempo, rezagada, hermética y

con prácticas que rehúsan evolucionar para adaptarse a los

nuevos cambios.

Mediante la aprobación el 19 de abril de 2013 del

Canon 15 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, y del PECAM,

este Tribunal dio un paso significativo en el esfuerzo por

modernizar la Rama Judicial, proveyendo para la ER-2015-06 5

transmisión en directo de los procedimientos ante las

Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de

San Juan, entre otros. La experiencia fue muy positiva,

como lo demuestra el Informe que al respecto preparó el

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial.42

Criterios tan importantes como la transparencia, la

confianza en el sistema de justicia y la mayor

familiarización de la ciudadanía con sus derechos y el

modo de hacerlos valer resultaron favorecidos como

consecuencia del proyecto experimental que permitió la

transmisión en directo de los procedimientos judiciales.43

Hoy, transcurrida la fase experimental en las Salas de

Recursos Extraordinarios y evaluados los informes sobre su

efectividad, este Tribunal aprueba la presente Resolución

para, entre otras consideraciones, extender el PECAM a la

Sala 901 de Asuntos de lo Civil del Centro Judicial de San

Juan y a la Sala 1104 de Asuntos de lo Criminal de ese

mismo Tribunal. Aunque estoy de acuerdo con estos pasos

afirmativos, considero que los mismos no satisfacen por

completo los reclamos de apertura, transparencia y

accesibilidad que exigen las ciudadanas y los ciudadanos

de nuestro País. Si bien hemos empezado a adelantar en el

largo camino de la apertura, me reitero en que reducir la

brecha tecnológica para promover la transparencia en la

42 Evaluación sobre la efectividad del uso de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual de difusión por los medios de comunicación en los procesos judiciales, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, 2014. 43 Íd., en la pág. 231. ER-2015-06 6

Rama Judicial no puede limitarse a cuatro salas en

particular.

La coyuntura exige hacer más y de una manera decidida

y tenaz integrar todas las herramientas disponibles para

expandir la transparencia en nuestra Rama. Y es que las

circunstancias históricas dictan que la meta sea la más

ambiciosa de todas: acceso directo y amplio para todas las

ciudadanas y ciudadanos a la administración de la

justicia, respaldado por una tecnología incesantemente

cambiante. Por ello estimo que este Tribunal no puede

detenerse aquí, ni puede caminar a paso lento. Sólo así

podremos hablar de un acceso a la justicia realmente

abarcador.

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Asociada