pee curiam:
El 8 de septiembre de 1994, el Sr. José L. Román Hernández presentó queja contra el Ledo. Ismael Cuevas Velázquez. En la misma alega que el abogado-notario no cumplió con su deber de diligenciar de manera responsable y adecuada las gestiones referentes a la pre-sentación e inscripción de una escritura sobre partición de herencia, adjudicación de bienes, segregación y notificación de compraventa.
Un día después, el 9 de septiembre, se envió al licen-ciado Cuevas Velázquez notificación de la queja y se le con-cedió un plazo de diez (10) días para comparecer y reaccio-nar a la misma. Transcurrido el término concedido, el licenciado Cuevas Velázquez solicitó un término adicional de siete (7) días para comparecer.
El 3 de enero de 1995, al expirar la prórroga concedida por este Tribunal, el licenciado Cuevas Velázquez final-mente compareció e informó que presentaría un informe, a más tardar el 10 del mismo mes, en relación con el estado de su gestión para inscribir la escritura en controversia. El 10 de enero presentó contestación a la queja y solicitó un término de seis (6) meses para corregir los defectos notifi-cados por el Registrador de la Propiedad (en adelante Registrador). Este Tribunal, mediante Resolución de 3 de febrero de 1994, le concedió cuatro (4) meses para realizar los trámites necesarios para inscribir la escritura.
Transcurrido dicho término sin que compareciera el li-cenciado Cuevas Velázquez, este Tribunal le concedió un nuevo plazo de quince (15) días para que informara las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la resolución antes mencionada. Nuevamente, el licenciado Cuevas Ve-lázquez desatendió la orden de este Tribunal.
A la luz de lo anterior, el 25 de agosto de ese año, le concedimos quince (15) días para que mostrara causa por [596]*596la cual no debía ser suspendido temporeramente del ejer-cicio de la abogacía.
El 25 de septiembre, expirado ya el término concedido, el licenciado Cuevas Velázquez solicitó prórroga, hasta el 2 de octubre de 1994, para responder a los requerimientos de este Tribunal. El licenciado Cuevas Velázquez compareció luego de vencido el término propuesto por él mismo, e in-formó que la escritura se sometió nuevamente al Registro de la Propiedad para su debida inscripción.
A los fines de evaluar las gestiones realizadas por el licenciado Cuevas Velázquez, el 3 de noviembre del mismo año, le concedimos al señor Román Hernández un término de veinte (20) días para que expusiera su posición respecto a lo informado por dicho abogado. En respuesta, el señor Román Hernández presentó una moción en la cual incluyó la notificación del Registro de la Propiedad donde se deta-llaron diez (10) faltas que impidieron la inscripción de la escritura en controversia.
A la luz de dicho documento, se le concedió al licenciado Cuevas Velázquez hasta el 20 de febrero de 1996 para sub-sanar los defectos señalados por el Registrador y para ex-plicar las razones por las cuales persistió en las faltas se-ñaladas, lo cual impidió la inscripción de la mencionada escritura, violando así su propio compromiso con este Tribunal.
El 20 de febrero del mencionado año, el licenciado Cue-vas Velázquez presentó una moción en la cual enumeró las gestiones que había realizado y las provisiones que toma-ría para lograr la inscripción de la escritura en controversia. Además, se comprometió a rendir un informe semanal sobre las gestiones realizadas. El licenciado Cue-vas Velázquez nunca presentó dichos informes.
Este Tribunal, mediante orden, le concedió hasta el 30 de marzo de 1996 para resolver los problemas que origina-ron la queja en su contra y para someter un informe deta-llado de las gestiones realizadas con la evidencia corres-[597]*597pondiente de que las deficiencias señaladas por el Registro de la Propiedad se subsanaron y que el documento fue aceptado. El licenciado Cuevas Velázquez no compareció.
Dado su incumplimiento, el 17 de mayo de 1996 se le concedió al licenciado Cuevas Velázquez quince (15) días para cumplir con la Orden de 30 de marzo. Expirado dicho término, el licenciado Cuevas Velázquez solicitó término adicional, hasta el 9 de septiembre de ese año, para cum-plir con la orden del Tribunal.
El 6 de septiembre de 1996 le concedimos un término final de quince (15) días, advirtiéndole que no toleraríamos dilación alguna y que su incumplimiento conllevaría su suspensión automática de la abogacía. Casi tres (3) meses de expirado dicho término, el licenciado Cuevas Velázquez presentó moción en la que alegó que no había podido comu-nicarse con el señor Román Hernández para resolver el asunto en cuestión debido a que éste se negó recibir docu-mentos y llamadas del licenciado Cuevas Velázquez.
A la luz de la antedicha moción, emitimos orden me-diante la cual referimos la queja al señor Procurador General para que realizara las investigaciones necesarias y sometiera el informe correspondiente. El 20 de marzo de 1997, el Procurador General presentó una querella contra el licenciado Cuevas Velázquez en la cual le imputó haber violado los Cánones 12 y 18 del Código de Ética Profesio-nal, 4 L.P.R.A. Ap. IV.
Expirado el término concedido para contestar la quere-lla sin que el licenciado Cuevas Velázquez compareciera, designamos al Ledo. Enrique Rivera Santana, Comisio-nado Especial, para que celebrara una vista evidenciaría y rindiera el informe correspondiente.
Así lo ha hecho el señor Comisionado. En su informe, éste ha formulado las Determinaciones de Hecho siguien-tes:
1- El querellado, Ledo. Ismael Cuevas Velázquez, de 65 años de edad, fue admitido a ejercer la profesión de abogado y nota-[598]*598rio en el año 1967; le fue asignado el número de colegiado 4309 por el Colegio de Abogados de Puerto Rico.
2- En el año 1979 el Ledo. Cuevas Velázquez fue contratado para que, entre otras cosas, preparara y se otorgara ante él un documento que tenía el propósito de adjudicar a determinadas personas un determinado número de solares que por la misma escritura se segregarían de la siguiente finca:
“Rústica: Parcela radicada en el Barrio Camarones del tér-mino municipal de Guaynabo, con una cabida de tres (3) cuer-das y en lindes por el Norte y Este con la finca principal de la que se segregó propiedad de Manuel Rivera Rosa y Eligia Vega Vega; por el Sur con Tomás Negrón y por el Oeste con un ca-mino vecinal y con una quebrada que la separa de los terrenos de Tomás Negrón.”
Por los trabajos que realizaría el Ledo. Cuevas Velázquez para su cliente, la Sucesión del finado Mateo Hernández, se pactaron y le fueron pagados honorarios ascendentes a Mil Dos-cientos Dólares ($1,200.00).
2- [sic] La finca antes descrita pertenecía entonces a la Suce-sión de Mateo Hernández y a la viuda de éste, doña Asunción Reyes. La labor que llevaría a cabo el Ledo. Cuevas Velázquez contemplaba dividir la herencia, adjudicando los predios de te-rreno a segregarse a miembros de la sucesión. Lo acordado con el abogado-notario conllevaba también segregar dos predios para uso público para adjudicarse al Estado Libre Asociado y al Municipio de Guaynabo respectivamente. También contem-plaba segregar otro predio que los miembros de la sucesión ven-derían a un tercero.
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pee curiam:
El 8 de septiembre de 1994, el Sr. José L. Román Hernández presentó queja contra el Ledo. Ismael Cuevas Velázquez. En la misma alega que el abogado-notario no cumplió con su deber de diligenciar de manera responsable y adecuada las gestiones referentes a la pre-sentación e inscripción de una escritura sobre partición de herencia, adjudicación de bienes, segregación y notificación de compraventa.
Un día después, el 9 de septiembre, se envió al licen-ciado Cuevas Velázquez notificación de la queja y se le con-cedió un plazo de diez (10) días para comparecer y reaccio-nar a la misma. Transcurrido el término concedido, el licenciado Cuevas Velázquez solicitó un término adicional de siete (7) días para comparecer.
El 3 de enero de 1995, al expirar la prórroga concedida por este Tribunal, el licenciado Cuevas Velázquez final-mente compareció e informó que presentaría un informe, a más tardar el 10 del mismo mes, en relación con el estado de su gestión para inscribir la escritura en controversia. El 10 de enero presentó contestación a la queja y solicitó un término de seis (6) meses para corregir los defectos notifi-cados por el Registrador de la Propiedad (en adelante Registrador). Este Tribunal, mediante Resolución de 3 de febrero de 1994, le concedió cuatro (4) meses para realizar los trámites necesarios para inscribir la escritura.
Transcurrido dicho término sin que compareciera el li-cenciado Cuevas Velázquez, este Tribunal le concedió un nuevo plazo de quince (15) días para que informara las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la resolución antes mencionada. Nuevamente, el licenciado Cuevas Ve-lázquez desatendió la orden de este Tribunal.
A la luz de lo anterior, el 25 de agosto de ese año, le concedimos quince (15) días para que mostrara causa por [596]*596la cual no debía ser suspendido temporeramente del ejer-cicio de la abogacía.
El 25 de septiembre, expirado ya el término concedido, el licenciado Cuevas Velázquez solicitó prórroga, hasta el 2 de octubre de 1994, para responder a los requerimientos de este Tribunal. El licenciado Cuevas Velázquez compareció luego de vencido el término propuesto por él mismo, e in-formó que la escritura se sometió nuevamente al Registro de la Propiedad para su debida inscripción.
A los fines de evaluar las gestiones realizadas por el licenciado Cuevas Velázquez, el 3 de noviembre del mismo año, le concedimos al señor Román Hernández un término de veinte (20) días para que expusiera su posición respecto a lo informado por dicho abogado. En respuesta, el señor Román Hernández presentó una moción en la cual incluyó la notificación del Registro de la Propiedad donde se deta-llaron diez (10) faltas que impidieron la inscripción de la escritura en controversia.
A la luz de dicho documento, se le concedió al licenciado Cuevas Velázquez hasta el 20 de febrero de 1996 para sub-sanar los defectos señalados por el Registrador y para ex-plicar las razones por las cuales persistió en las faltas se-ñaladas, lo cual impidió la inscripción de la mencionada escritura, violando así su propio compromiso con este Tribunal.
El 20 de febrero del mencionado año, el licenciado Cue-vas Velázquez presentó una moción en la cual enumeró las gestiones que había realizado y las provisiones que toma-ría para lograr la inscripción de la escritura en controversia. Además, se comprometió a rendir un informe semanal sobre las gestiones realizadas. El licenciado Cue-vas Velázquez nunca presentó dichos informes.
Este Tribunal, mediante orden, le concedió hasta el 30 de marzo de 1996 para resolver los problemas que origina-ron la queja en su contra y para someter un informe deta-llado de las gestiones realizadas con la evidencia corres-[597]*597pondiente de que las deficiencias señaladas por el Registro de la Propiedad se subsanaron y que el documento fue aceptado. El licenciado Cuevas Velázquez no compareció.
Dado su incumplimiento, el 17 de mayo de 1996 se le concedió al licenciado Cuevas Velázquez quince (15) días para cumplir con la Orden de 30 de marzo. Expirado dicho término, el licenciado Cuevas Velázquez solicitó término adicional, hasta el 9 de septiembre de ese año, para cum-plir con la orden del Tribunal.
El 6 de septiembre de 1996 le concedimos un término final de quince (15) días, advirtiéndole que no toleraríamos dilación alguna y que su incumplimiento conllevaría su suspensión automática de la abogacía. Casi tres (3) meses de expirado dicho término, el licenciado Cuevas Velázquez presentó moción en la que alegó que no había podido comu-nicarse con el señor Román Hernández para resolver el asunto en cuestión debido a que éste se negó recibir docu-mentos y llamadas del licenciado Cuevas Velázquez.
A la luz de la antedicha moción, emitimos orden me-diante la cual referimos la queja al señor Procurador General para que realizara las investigaciones necesarias y sometiera el informe correspondiente. El 20 de marzo de 1997, el Procurador General presentó una querella contra el licenciado Cuevas Velázquez en la cual le imputó haber violado los Cánones 12 y 18 del Código de Ética Profesio-nal, 4 L.P.R.A. Ap. IV.
Expirado el término concedido para contestar la quere-lla sin que el licenciado Cuevas Velázquez compareciera, designamos al Ledo. Enrique Rivera Santana, Comisio-nado Especial, para que celebrara una vista evidenciaría y rindiera el informe correspondiente.
Así lo ha hecho el señor Comisionado. En su informe, éste ha formulado las Determinaciones de Hecho siguien-tes:
1- El querellado, Ledo. Ismael Cuevas Velázquez, de 65 años de edad, fue admitido a ejercer la profesión de abogado y nota-[598]*598rio en el año 1967; le fue asignado el número de colegiado 4309 por el Colegio de Abogados de Puerto Rico.
2- En el año 1979 el Ledo. Cuevas Velázquez fue contratado para que, entre otras cosas, preparara y se otorgara ante él un documento que tenía el propósito de adjudicar a determinadas personas un determinado número de solares que por la misma escritura se segregarían de la siguiente finca:
“Rústica: Parcela radicada en el Barrio Camarones del tér-mino municipal de Guaynabo, con una cabida de tres (3) cuer-das y en lindes por el Norte y Este con la finca principal de la que se segregó propiedad de Manuel Rivera Rosa y Eligia Vega Vega; por el Sur con Tomás Negrón y por el Oeste con un ca-mino vecinal y con una quebrada que la separa de los terrenos de Tomás Negrón.”
Por los trabajos que realizaría el Ledo. Cuevas Velázquez para su cliente, la Sucesión del finado Mateo Hernández, se pactaron y le fueron pagados honorarios ascendentes a Mil Dos-cientos Dólares ($1,200.00).
2- [sic] La finca antes descrita pertenecía entonces a la Suce-sión de Mateo Hernández y a la viuda de éste, doña Asunción Reyes. La labor que llevaría a cabo el Ledo. Cuevas Velázquez contemplaba dividir la herencia, adjudicando los predios de te-rreno a segregarse a miembros de la sucesión. Lo acordado con el abogado-notario conllevaba también segregar dos predios para uso público para adjudicarse al Estado Libre Asociado y al Municipio de Guaynabo respectivamente. También contem-plaba segregar otro predio que los miembros de la sucesión ven-derían a un tercero. Dicha segregación había sido previamente autorizada como una lotificación simple por la Administración de Reglamentos y Permisos en abril del 1979, en el caso nú-mero 78-16-D4301-SPL.
3- [sic] El documento mediante el cual se contemplaba dividir la herencia, segregando los predios y adjudicándolos a los here-deros, como se ha dicho, y por el cual se ratificaba la venta a un tercero, se otorgó ante el Notario ahora querellado, Ledo. Cue-vas Velázquez, el 31 de mayo de 1979. Constituyó la escritura número 27 otorgada ante dicho Notario en el año 1979. En el documento comparecieron los herederos y la viuda, Asunción Reyes, así como un tercero a favor del cual se adjudicaba (me-diante ratificación de compraventa) una de las parcelas segregadas. No comparecieron el Estado Libre Asociado ni el Municipio de Guaynabo, a favor de los cuales se adjudicaban sendos predios para uso público. En el documento no se adju-dicó ningún predio a la viuda en pago de su participación ga-nancial, ni se hizo mención de que esa participación le sería [599]*599pagada con otros bienes. Tampoco se especificó nada sobre exis-tencia de otros bienes.
El documento fue presentado a la correspondiente Sección (de Guaynabo) del Registro de la Propiedad. Mediante anota-ción hecha en el propio documento, con fecha de 29 de mayo de 1980, se denegó la inscripción del mismo por no comparecer en la escritura el Estado Libre Asociado ni el Municipio de Guay-nabo, por no describirse ni valorarse una servidumbre que se pretendía establecer en dicho documento y por dejar de cumplir con una condición establecida por ARPE al autorizar la segregación.
4- [sic] Surge de la documentación (sometida por el Procura-dor General sin objeción del querellado) que el documento fue presentado nuevamente al Registro de la Propiedad el 8 de diciembre de 1981, al Asiento 250 del Libro 128, acompañado de dos Actas Aclaratorias y un Acta Notarial. El 5 de marzo de 1982 el Registrador de la Propiedad le remitió una notificación (fechada 25 de abril de 1982) al propio Ledo. Cuevas Velázquez, informándole de deficiencias en los documentos, especificán-dose la falta de comprobantes para cubrir la totalidad de los derechos, así como deficiencias en ambas Actas Aclaratorias (herederos que no comparecían en una y heredero que no fir-maba en otra) y en el Acta Notarial (se fijaba valor a una cuota usufructuaria, lo que debía ser por Acta Aclaratoria en la que comparecieran todos los herederos).
5- [sic] En una fecha no precisada durante el año 1984, los clientes le solicitaron al Ledo. Cuevas Velázquez que renun-ciara como su abogado-notario y así se convino. Los documen-tos, que estaban aún sin inscribirse, le fueron entregados a los clientes (hasta entonces) del Ledo. Cuevas Velázquez.
Los herederos, a través de la Leda. Marilú Hernández, que era sobrina de uno de ellos, pasaron entonces a usar los servi-cios de la Leda. Rosario González Rosa. La documentación fue entregada a dicha letrada.
6- [sic] En el año 1989, transcurridos cinco años sin que los documentos que se llevaron a la atención de la Leda. González Rosa fueran inscritos, el Sr. José L. Román Hernández, hijo de uno de los miembros de la aludida sucesión, visitó la oficina del Ledo. Cuevas Velázquez y lo contrató para que terminara los trabajos que había comenzado una década antes. Se acordaron honorarios por la suma de 2,500.00. Con fecha de 15 de marzo de 1989 se entregó al Ledo. Cuevas Velázquez un cheque por la suma de $1,000.00; posteriormente en el 1991 se le entregó otro cheque por $100.00 y en 1992 otro por $30.00.
Aunque el nuevo acuerdo por servicios profesionales se con-vino en el año 1989, no fue hasta el 1991 que se le devolvió al [600]*600Ledo. Cuevas Velázquez el expediente que estaba en posesión de la Leda. González Rosa.
7. [sic] El Ledo. Cuevas Velázquez continuó entonces con las gestiones encaminadas a lograr que se pudiera inscribir la es-critura número 27 otorgada ante él en el año 1979. Hubo una nueva presentación del documento el 25 de enero de 1993, al Asiento 270, Folio 135 del Libro 232 de Guaynabo. Se acom-pañó con una documentación relacionada con una declaratoria de herederos enmendada.
El 28 de febrero de 1994 el Registrador remitió una comuni-cación al Ledo. Cuevas Velázquez en la que le mencionó un defecto en la escritura número 27 del año 1979, relativo a que al adjudicarse los distintos predios de la finca perteneciente a la sucesión y a la viuda, no se le adjudicaba participación al-guna a dicha viuda, que resultaba ser condueña de la propiedad. También se notificó como defecto que la declaratoria de herederos enmendada debía presentarse “por un asiento aparte con los correspondientes complementarios”.
Para la fecha de esta nueva presentación (enero de 1993), las viuda, doña Asunción Reyes, había fallecido. Esta situación, m[á]s la desaparición del plano originalmente aprobado por ARPE y el extravío del que obraba en ARPE (Ver Exhibit 1 del querellado); diferencias en cabida con un nuevo plano que se levantó; pugnas entre herederos por colindancias que habían dado origen a una querella en el Tribunal de Distrito de Guay-nabo, dificultaba la labor del Ledo. Cuevas Velázquez.
8- [sic] El 8 de septiembre de 1994 se presentó la queja contra el ahora querellado ente [sic] el Tribunal Supremo. Durante el trámite relacionado con la queja y posteriormente con la quere-lla, el Ledo. Cuevas Velázquez continuó haciendo gestiones en-caminadas a lograr la inscripción de la escritura número 27 a la [que] ya hemos aludido. El 4 de octubre informó él a este Tribunal que había “sometido” al Registro de la Propiedad la es-critura de segregación y partición de herencia, tres Actas Acla-ratorias y un Acta Notarial con lo que, según el querellado, se resolvería “las faltas ... detalladas por el Registrador de la Propiedad”. Informó que los documentos se habían presentado al Folio 167, Asiento 334, libro 272 de Guaynabo.
9- [sic] El querellante realizó gestiones ante el Registrador de las Propiedad para que se adelantara la calificación de los do-cumentos para él (el querellante) poder atender un requeri-miento que le había hecho el Tribunal Supremo (ver Relación del Caso). Como resultado de esa gestión el Registrador le re-mitió copia de una notificación, en la que no aparece fecha, [601]*601dirigida al Sr. Gualberto López
Al no subsanarse los defectos en la fecha señalada, el Regis-trador de la Propiedad hizo anotación al margen del asiento de presentación indicando que el mismo había “caducado en virtud del Artículo 52 de la Ley 198 del 8 de agosto de 1979”. Del expediente (sometido como prueba ante el Comisionado Especial) surge que los documentos fúeron retirados del Registro de la Propiedad el 1 de marzo de 1996.
[602]*60210- [sic] En la misma fecha en que caducó el asiento de pre-sentación, 20 de febrero de 1996, el querellante presentó ante este Tribunal un escrito haciendo constar las gestiones que ha-bía llevado a cabo e informando las que se proponía efectuar a partir de esa fecha. Se obligó a presentar informes semanales de progreso al Tribunal. No presentó tales informes y por lo tanto no informó el hecho de que hubiera caducado la presen-tación en el Registro de la Propiedad, ni que hubiera retirado los documentos.
11- [sic] El hecho de que se presentara la queja ante el Tribunal Supremo, por las razones que se expusieron en la misma, dio lugar a que se rompieran las relaciones entre el Ledo. Cue-vas Velázquez y el querellante, persona en quien se había dele-gado todo lo relativo a las gestiones para lograr que se inscri-biera la escritura número 27 a la que tantas veces hemos aludido.
El Ledo. Cuevas Velázquez hizo gestiones para reunirse con el Sr. Román Hernández sin éxito alguno. Inclusive fue a visi-tarle, aunque en fecha (19 de febrero de 1996) en que ya estaba por vencerse el término concedido por el Registrador para co-rregir los defectos. El Sr. Román Hernández se negó a recibir al letrado. Envió este último cartas al Sr. Román Hernández, quien rehusó recibirlas. Hizo gestiones através de la Oficina del Procurador General para que el Sr. Román Hernández le su-pliera determinada información que, según el querellado, nece-sitaba para corregir los defectos señalados por el Registrador de la Propiedad. Como resultado de estas gestiones el quere-llante le remitió al abogado la información solicitada por este último. Dicha información no bastó para corregir los defectos, por lo que el querellado paralizó todas las gestiones. Tiene aún el expediente en su poder.
12- [sic] En julio de 1994 el querellante había visitado las oficinas del Ledo. Cuevas Velázquez y este último entregó a aquél una fotocopia de un boleto de presentación de un docu-mento en el Registro de la Propiedad, supuestamente relacio-nado con documentos de la sucesión Hernández Reyes. (Exhibit I del Procurador General). De la fotocopia se desprende que la información en el boleto fue alterada; donde leía 235 se sobrees-cribió en el 3 para que apareciera 8 y que leyera 285. Igual-mente el dato correspondiente al folio, que leía 562, aparece alterado el 6 para leer 8. Mediante certificación expedida por el Registrador de la Propiedad (Exhibit II del Procurador General) se desprende que ese boleto no tiene relación con los docu-mentos de la sucesión Hernández Reyes, sino con otro docu-mento otorgado ante el Notario Cuevas Velázquez (las escritura [603]*603número 30 del 14 de diciembre de 1989). (Escolios omitidos.) Informe del Comisionado Especial, págs. 6-12.
Ante la falta de objeción al referido informe por el abo-gado querellado o el señor Procurador General, el Tribunal acepta el mismo y adopta en su totalidad las determinacio-nes de hecho transcritas anteriormente. Ante tales hechos, el ejercicio de nuestra función disciplinaria resulta inevitable.
HH
Conocido es que todo abogado en el desempeño de su gestión notarial está obligado a cumplir con lo dispuesto en la ley, en los cánones del Código de Etica Profesional y con lo convenido con sus clientes. La inobservancia de esos deberes lo expone no sólo a una acción en daños por los perjuicios causados, sino a la jurisdicción disciplinaria por parte de este foro judicial. In re Cruz Tollinche, 114 D.P.R. 205, 207 (1983); In re Albizu Merced, 136 D.P.R. 126 (1994).
Conforme a lo dispuesto en el Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, todo abogado tiene el deber de desplegar las diligencias que sean necesarias, con prontitud, y asegurarse de que no se causen indebidas dilaciones, en los asuntos que le son encomendados. Además, en conformidad con las exigencias del Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, el notario deberá, con relación a los documentos que se otorgan ante él, ser diligente y desplegar en cada caso su más profundo saber y habilidad.
Los hechos determinados por el Comisionado Especial apuntan hacia una conducta engañosa por parte del abogado querellado hacia sus clientes y hacia este mismo Tribunal. Al omitir intencionalmente dar información correcta y veraz a sus clientes respecto al estado de los asuntos que le fueron encomendados por éstos, el querellado no [604]*604sólo violó el Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, sino que faltó al deber que le impone el Canon 35 del citado cuerpo de observar una conducta sin-cera y honrada hacia sus clientes. También incurrió en vio-lación a dicho canon al ocultar a este Foro en sus compa-recencias durante el trámite de este asunto, información relevante en cuanto a las gestiones que en repetidas oca-siones le ordenamos realizar y al ofrecer razones falsas para justificar la dilación o incumplimiento de tales gestiones. In re Torres Torregrosa, 149 D.P.R. 85 (1999).
Por otra parte, reiteradamente hemos expresado que los abogados tienen la obligación ineludible de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal. In re Negrón Negrón, 146 D.P.R. 928 (1998); In re Guemárez Santiago I, 146 D.P.R. 27 (1998). Después de todo, es su deber responder con diligencia. In re Negrón Negrón, supra; In re Pérez Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991).
De igual forma, hemos sido enérgicos al señalar que no toleraremos la incomprensible y obstinada negativa de un miembro de nuestro Foro de cumplir con las órdenes de este Tribunal. In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717 (1992). La indiferencia de un abogado en responder a las órdenes de este Tribunal en la esfera disciplinaria acarrea severas sanciones. In re Sepulveda Negroni, 141 D.P.R. Ap. (1996); In re Melecio Morales, 144 D.P.R. 824 (1998).
No cabe duda de que los hechos anteriormente expues-tos reflejan claramente una crasa falta de diligencia y com-petencia por parte del licenciado Cuevas Velázquez. Es in-comprensible que éste lleve veintiún (21) años intentando corregir los defectos que impiden la calificación de la escri-tura en controversia sin que al día de hoy su gestión pro-fesional haya tenido éxito alguno. Como bien señala el Pro-curador General, " [d] el expediente no surge evidencia alguna de que el [licenciado Cuevas Velázquez] haya efec-tuado un intento razonable por corregir los defectos notifi-[605]*605cados”, más bien con el transcurso del tiempo ha compli-cado los mismos debido a su dejadez y falta de interés. Querella, pág. 3.
La conducta desplegada por el licenciado Cuevas Veláz-quez en el ejercicio de la profesión de abogado y notario merece la más severa sanción disciplinaria. En adición, la desatención y el craso incumplimiento del licenciado Cue-vas Velázquez con las órdenes de este Tribunal revela un alto grado de indiferencia por parte de éste respecto al cumplimiento de las obligaciones mínimas que le exige la profesión togada a cada uno de sus miembros. Dicha acti-tud displicente causó dilaciones injustificadas e innecesa-rias, interfiriendo así indebidamente con nuestra función disciplinaria. Por todo ello, se suspenderá al Ledo. Ismael Cuevas Velázquez del ejercicio de la abogacía por tiempo indefinido. Dicha suspensión tendrá efecto inmediato.
Se dictará sentencia de conformidad.
Hay que asumir que el Sr. Gualberto López fue el que presentó los documen-tos al Registro de las Propiedad y por eso la notificación se le dirige a él. Aunque la notificación no tiene fecha, hay que inferir que fue emitida a mediados de diciembre de 1995, pues le concede al notario un término de sesenta (60) días para corregir defectos y señala que ese término vence el 20 de febrero de 1996.