EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hilda Esther Bidot Almodóvar Demandante-Recurrida
v. Certiorari Victoriano Moisés Urbino Valle y San Juan Racing Association, Inc. 2002 TSPR 151 Demandados-Recurridos 158 DPR ____ v.
American International Insurance Company of Puerto Rico Demandada-Peticionaria
Número del Caso: CC-2000-431
Fecha: 13 de diciembre de 2002
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon. Dolores Rodríguez de Oronoz
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Héctor F. Oliveras Lcda. Isabel M. Guillén Bermúdez
Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. Virgilio Mainardi Peralta
Materia: Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hilda Esther Bidot Almodóvar
Demandante-Recurrida
v.
Victoriano Moisés Urbino Valle CC-2000-431 y San Juan Racing Association, Inc.
Demandados-Recurridos
American International Insurance Company of Puerto Rico
Demandada-Peticionaria
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora NAVEIRA DE RODÓN
San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de 2002
El presente caso surge como una secuela de la Opinión
emitida por este Tribunal en Urbino v. San Juan Racing Assoc.,
Inc., 141 D.P.R. 210 (1996).1
Hoy nos toca resolver si el pago de una sentencia por la
parte demandada en compensación por unos daños gananciales,
efectuado éste en su totalidad al ex cónyuge que entabló la
demanda cuando el matrimonio estaba vigente, extinguió la
obligación del demandado en cuanto al ex cónyuge que no
intervino como parte en dicho pleito. Al resolver, se tomará
1 En esa ocasión resolvimos que “un cónyuge tiene la capacidad legal necesaria para reclamar los daños gananciales sin tener que incluir o mencionar en la demanda la sociedad de gananciales y al otro cónyuge.” en consideración que en ningún momento se le notificó ni al
tribunal ni a la parte demandada que el vínculo matrimonial se
había disuelto.
A continuación exponemos los hechos pertinentes conforme
surgen de los documentos que obran en autos.
I
La señora Hilda Esther Bidot Almodóvar (en adelante Sra.
Bidot) y el señor Victoriano Moisés Urbino Valle (en adelante
Sr. Urbino) contrajeron matrimonio bajo el régimen de la
sociedad legal de gananciales el 27 de abril de 1963. Durante
la vigencia de su matrimonio, el Sr. Urbino presentó una acción
de daños y perjuicios contra San Juan Racing Association, Inc.
(en adelante San Juan Racing) y su aseguradora American
International Insurance Company of Puerto Rico (en adelante
American) por los daños sufridos por una yegua de carreras
propiedad de la sociedad legal de gananciales compuesta por él
y la Sra. Bidot.
Durante el trámite del caso, y previo a que el tribunal
de instancia dictara sentencia en el caso de daños y perjuicios,
el 2 de febrero de 1990, el Sr. Urbino y la Sra. Bidot se
divorciaron por consentimiento mutuo. 2 Como parte de los
procedimientos en el caso de divorcio, éstos sometieron al
tribunal una estipulación hecha ante notario público y firmada
por ambos, en la cual se relacionaban los bienes que cada uno
habría de conservar como resultado de la división de la sociedad
de gananciales habida entre ambos. Con respecto a los caballos
2 Caso Civil RF90-304, Tribunal Superior, Sala de Bayamón. de carrera y el establo “U Racing”, los esposos estipularon que
dichos bienes, valorados en $134,000.00, quedarían como
propiedad del Sr. Urbino. Nada se mencionó en la estipulación
acerca de la forma en que se adjudicaría a una o ambas partes
el monto de la sentencia de daños y perjuicios que pudiese recaer
en su día a favor de la sociedad legal de gananciales en el pleito
que se encontraba pendiente ante el tribunal de instancia.
Aproximadamente tres (3) años más tarde, el 25 de junio
de 1993, el tribunal de instancia dictó sentencia en cuanto a
la reclamación de daños y perjuicios. Condenó a las codemandadas
San Juan Racing y American a pagar a la parte demandante, Sr.
Urbino, la cantidad de $460,000.00 por el valor de la yegua,
$2,198.00 por gastos médicos y $500.00 por concepto de
honorarios de abogado, más las costas del pleito.
Inconformes, San Juan Racing y American acudieron ante nos
y solicitaron la revisión de esta sentencia. Argumentaron que
el descubrimiento de prueba había revelado que el Sr. Urbino
era casado y que siendo la Sra. Bidot parte indispensable en
el pleito, procedía la desestimación de la demanda. Expedimos
el recurso y resolvimos que el Sr. Urbino tenía la capacidad
legal necesaria para reclamar daños de naturaleza ganancial en
virtud de las disposiciones de los Arts. 91 y 93 del Código Civil
de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. § 284 y 286, sin que fuera necesario
incluir o mencionar en la demanda a la sociedad legal de
gananciales y al otro cónyuge como partes en el pleito, pues
la prueba había revelado el carácter ganancial de la reclamación
del Sr. Urbino. Urbino v. San Juan Racing Assoc., Inc., supra.
Nada informó la parte demandante al Tribunal o a las codemandadas San Juan Racing y American, sobre el divorcio, la
disolución de la sociedad de bienes gananciales y la creación
de una comunidad de bienes, en cuanto a aquellos bienes
gananciales no incluidos entre la estipulación sobre división
de gananciales. Devolvimos el caso para que continuasen los
trámites de forma consistente con lo que habíamos resuelto.
Posteriormente, American pagó al Sr. Urbino el importe de
la sentencia recaída en contra de San Juan Racing ascendente
a $598,000.00. Un año más tarde, la Sra. Bidot presentó una
demanda contra el Sr. Urbino, la San Juan Racing y American.
Reclamó al Sr. Urbino el pago de la mitad de lo cobrado en virtud
de la naturaleza ganancial de dicha reclamación y como
consecuencia de haber pactado, a través de una estipulación,
que se liquidarían por mitad los bienes de la sociedad de bienes
gananciales. Reclamó además, a American y a San Juan Racing,
el pago de la mitad de la sentencia que le correspondía y adujo
que el pago hecho al Sr. Urbino no extinguió su obligación para
con ella. En consecuencia, solicitó que se declarara a los
codemandados, Sr. Urbino, American y San Juan Racing,
solidariamente responsables por el pago de la suma de dinero
que se le adeudaba, ascendente a $299,000.00.
Días después de entablada la demanda, la Sra. Bidot radicó
una moción de sentencia sumaria parcial. En la misma, solicitó
que el tribunal dictara sentencia sumaria contra el Sr. Urbino3
ordenándole a éste el pago de la cantidad reclamada en la demanda
pues no había controversia en cuanto a que el Tribunal Supremo
3 No solicitó sentencia sumaria en cuanto a los demás codemandados pues éstos habían sido recientemente emplazados y aun no habían contestado la demanda. había decretado que la compensación en daños era de naturaleza
ganancial y que al momento de recaer la sentencia y como
consecuencia del divorcio entre ella y el Sr. Urbino, había
surgido en cuanto a esta cantidad, una comunidad de bienes de
la cual le correspondía el 50% de los haberes. Esto incluía
la mitad de lo pagado por American al Sr. Urbino. Con esta
solicitud, la Sra. Bidot acompañó copia de la estipulación
presentada por los entonces esposos al tribunal en el caso de
divorcio por consentimiento mutuo. También acompañó un
documento, aparentemente firmado por ambas partes en la misma
fecha en que fue suscrita y juramentada la estipulación. En
éste se indicó que “respecto a una reclamación pendiente por
accidente de la Dindu-U, cualquier suma de dinero que se obtenga
de la misma [será] [d]ividida de por mitad entre nosotros...”
El Sr. Urbino se opuso a la moción de sentencia sumaria.
Alegó que jamás había firmado acuerdo o estipulación privada
con la parte demandante en perjuicio de lo que legalmente se
había estipulado mediante la sentencia de divorcio. Adujo
además que por haber controversias sustanciales de hechos que
involucraban no sólo a los ex esposos, sino también a la San
Juan Racing y su compañía aseguradora, American, no procedía
resolver la demanda en cuanto a su persona mediante el mecanismo
procesal extraordinario de sentencia sumaria.
El tribunal de instancia dictó sentencia sumaria parcial
ordenando al Sr. Urbino pagar a la Sra. Bidot la mitad del pago
hecho a éste por American, $299,000.00. Entendió el tribunal
que al momento de ocurrir el pago de la sentencia lo que existía
entre el Sr. Urbino y la Sra. Bidot era una comunidad de bienes en la cual cada ex cónyuge tenía una cuota pro indivisa
correspondiente al 50% por razón del origen ganancial de la
reclamación en daños y perjuicios. Por tanto, concluyó que el
Sr. Urbino debía pagar a la Sra. Bidot la mitad de lo que éste
recibió de San Juan Racing y su compañía aseguradora. De esta
determinación, el Sr. Urbino acudió en revisión ante el Tribunal
de Circuito de Apelaciones (en adelante Tribunal de Circuito)
el que confirmó la sentencia apelada. Finalmente, el Sr. Urbino
acudió ante nos mediante recurso de certiorari, que fue
denegado.
Posteriormente, la Sra. Bidot radicó una segunda moción
de sentencia sumaria, esta vez contra San Juan Racing y
American. Alegó que habiendo surgido una comunidad de bienes
entre ella y el Sr. Urbino, el importe de la sentencia pertenecía
a ambos pro indiviso y que por haber hecho la San Juan Racing
el pago en su totalidad exclusivamente al Sr. Urbino, con pleno
conocimiento del carácter ganancial de la reclamación, dicho
pago no había extinguido la obligación de la San Juan Racing
para con ella.
Las codemandadas comparecieron oponiéndose. Adujeron que
desconocían que los esposos Bidot-Urbino se hubiesen
divorciado, y que ninguno de éstos les informó de ese hecho.
Señalaron que el pago se le hizo al Sr. Urbino en la creencia
de que éste continuaba en su carácter de coadministrador de la
sociedad de gananciales. Añadieron que fueron los propios ex
esposos los que, con su silencio, indujeron a error a la parte
demandada. En consecuencia, solicitaron que se dictara
sentencia sumaria a su favor desestimando la demanda presentada por la Sra. Bidot. Posteriormente, las codemandadas
presentaron una demanda contra coparte contra el Sr. Urbino.
Adujeron que éste había evadido todos los intentos realizados
por la Sra. Bidot para cobrar su acreencia, y que por esa razón
ésta había radicado la presente acción en cuanto a las
codemandadas. Señalaron que el Sr. Urbino debía responderle a
la parte demandante o en su defecto, devolver o satisfacer a
la San Juan Racing y a su compañía aseguradora la cantidad de
$299,000.00 de los cuales se había apropiado a sabiendas de que
dicha suma no le correspondía.
El 14 de septiembre de 1999, el tribunal de instancia dictó
sentencia contra las codemandadas San Juan Racing y American.
Concluyó que las codemandadas venían obligadas a realizar el
pago dividido según las cuotas de cada ex cónyuge, y que aun
desconociendo el hecho de la disolución del matrimonio, las
codemandadas venían entonces obligadas a realizar el pago a la
persona a favor de la cual hubiese quedado constituida la
obligación, fueren comuneros o integrantes de una sociedad
conyugal. En consecuencia, el foro de instancia concluyó que
el pago hecho al Sr. Urbino no liberó a las codemandadas de su
obligación para con la Sra. Bidot, por lo que ordenó a éstas
a pagar $299,000.00 a la señora Bidot por concepto de la mitad
del importe total de la sentencia de daños y perjuicios, más
las costas, el interés legal correspondiente y honorarios de
abogado. Igualmente, el tribunal de instancia declaró con lugar
la demanda contra coparte presentada por la San Juan Racing y
American, por lo que concluyó que el Sr. Urbino debía
reembolsarles igual suma del exceso de lo pagado por las codemandadas más el interés legal correspondiente desde el
momento en que se efectuó el pago en exceso.
Inconforme, American recurrió al Tribunal de Circuito.
Éste confirmó la determinación del tribunal de instancia.
Concluyó que al haber entregado y adjudicado el pago al Sr.
Urbino exclusivamente, aun cuando conocía que tal pago le
correspondía a la sociedad legal de gananciales, American
realizó un pago equivocado que no extinguió su obligación.
Denegada la reconsideración, American recurrió ante nos
mediante recurso de certiorari, señalando como único error el
siguiente:
Erró el Tribunal Apelativo al no reconocer que el pago hecho por la apelante [aquí peticionaria] extinguió la deuda.
Acordamos revisar y expedimos el recurso. Ambas partes
han comparecido y con el beneficio de sus argumentos
resolvemos.
II
En reiteradas ocasiones hemos expresado que la sociedad
de gananciales es una entidad separada y distinta de los
cónyuges que la componen, con personalidad jurídica propia.
Véanse: Vega Ortiz v. Bonilla Vázquez, res. el 12 de marzo de
2001, 153 D.P.R. _____, 2001 T.S.P.R. 35, 2001 J.T.S. 38; Reyes
Castillo v. Cantera Ramos, Inc., 139 D.P.R. 925 (1996); Int'l
Charter Mortgage Corp. v. Registrador, 110 D.P.R. 862 (1981);
Rovira Tomás v. Srio. de Hacienda, 88 D.P.R. 173 (1963);
Echevarría v. Despiau, 72 D.P.R. 472 (1951). En Puerto Rico, a partir de la reforma de 1976 del Código
Civil, ambos cónyuges son administradores de la sociedad de
bienes gananciales con capacidad para representarla. Ley Núm.
51 de 21 de mayo de 1976 (31 L.P.R.A. secs. 284, 286, 3661,
3671-3672 y 3717); Blas v. Hospital Guadalupe, 146 D.P.R. 267
(1998); Urbino v. San Juan Racing Assoc., Inc., supra; Reyes
Castillo v. Cantera Ramos, Inc., supra.
A esos fines, el Artículo 91 del Código Civil, 31 L.P.R.A.
sec. 284, en lo pertinente, dispone que, salvo estipulación en
contrario, “[a]mbos cónyuges serán los administradores de los
bienes de la sociedad conyugal”. Por su parte, el Artículo 93
del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 286, establece que
“cualquiera de los cónyuges podrá representar legalmente a la
sociedad conyugal.” Dispone, además, el citado Artículo 93 que
“[c]ualquier acto de administración unilateral de uno de los
cónyuges obligará a la sociedad legal de gananciales y se
presumirá válido a todos los efectos legales.”
Según nos comenta la Profesora Migdalia Fraticelli Torres,
en su artículo Un nuevo acercamiento a los regímenes económicos
en el matrimonio: La sociedad legal de gananciales en el Derecho
Puertorriqueño, 29 Rev. Jur. U.I.P.R. 413, 449 (1995), la
presunción establecida en el Artículo 93 del Código Civil “tiene
el efecto práctico de dar legitimación a ambos consortes para
actuar en nombre de la sociedad, lo que favorece la posición
social y jurídica de la mujer, pero, a un mismo tiempo favorece
y protege los intereses de los terceros que contratan con la
sociedad.” (Énfasis suplido.) En Urbino v. San Juan Racing Assoc., Inc., supra,
expresamos que con las enmiendas de 1976, “la Asamblea
Legislativa equiparó la facultad de ambos cónyuges para
administrar la sociedad legal de gananciales e incorporó el
principio de coadministración y representación legal. [Cita
omitida] Desde entonces, individualmente, tanto el esposo como
la esposa tienen capacidad de jure para representar a la
sociedad de gananciales en los tribunales.”
Ahora bien, una vez disuelto el matrimonio, concluye la
sociedad legal de gananciales. Art. 1315 del Código Civil, 31
L.P.R.A. sec. 3631. Es entonces cuando nace una comunidad de
bienes, de la cual los ex cónyuges son comuneros hasta que se
liquide la sociedad. Soto López v. Colón Meléndez, 143 D.P.R.
282 (1997). La comunidad de bienes que así surge no se rige
por las normas de la sociedad de gananciales sino por las normas
referentes a la copropiedad. Art. 326 del Código Civil, 31
L.P.R.A. sec. 1271; Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 D.P.R.
219 (1984).
Nuestro Código Civil dispone que al disolverse el
matrimonio, el marido y la mujer harán suyos por mitad las
ganancias o beneficios obtenidos por cualquiera de ellos
durante el mismo matrimonio. 31 L.P.R.A. sec. 3621. De la misma
manera, “lo generado durante el término de la comunidad en
liquidación es por partes iguales, ya que cada comunero
participa en los beneficios y cargas de la comunidad en
proporción a su cuota.” (Citas omitidas.) González v.
Quintana, 145 D.P.R. 463 (1998). III
En el caso de autos no está en controversia el hecho de
que para el 25 de junio de 1993, fecha en que el tribunal de
instancia dictó sentencia en el pleito original de daños y
perjuicios condenando a la San Juan Racing y a American a
satisfacer al Sr. Urbino, como administrador de la sociedad de
bienes gananciales, la suma de $598,000.00,4 ésta ya no existía.
Para esa fecha ya se había liquidado la mayor parte de la
sociedad de bienes gananciales y había surgido una comunidad
de bienes entre el Sr. Urbino y la Sra. Bidot, en cuanto a aquel
bien no incluido en la estipulación sometida para la liquidación
de la sociedad de bienes gananciales en el caso de divorcio por
consentimiento mutuo, la demanda en daños y perjuicios
presentada por el Sr. Urbino, como el entonces administrador
de la sociedad de bienes gananciales, contra San Juan Racing
y American. El matrimonio Urbino-Bidot quedó disuelto mediante
sentencia de divorcio por consentimiento mutuo dictada el 2 de
febrero de 1990.
Como mencionáramos anteriormente, en el primer pleito que
se suscitó sobre esta controversia, Urbino v. San Juan Racing
Assoc., Inc., supra, este Tribunal determinó que el Sr. Urbino
tenía la capacidad legal necesaria para reclamar daños
gananciales sin tener que incluir o mencionar en la demanda a
la sociedad de gananciales o a su cónyuge. En ese caso se dictó
sentencia “resolviendo y estimando la acción y compensación
4 Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo mediante Opinión emitida el 28 de junio de 1996. como perteneciente a la Sociedad Legal de Gananciales
Urbino-Bidot.”
Resulta importante señalar, que de nuestro expediente no
surge que la Sra. Bidot o el Sr. Urbino le hubiesen informado
al tribunal, o a las codemandadas, San Juan Racing y American,
el hecho de que durante el trámite del caso ellos se habían
divorciado. Tampoco surge que la Sra. Bidot con posterioridad
al divorcio hubiese solicitado intervenir en el pleito.
Así las cosas, la aquí peticionaria, American, pagó el
importe total de la sentencia recaída en contra de la San Juan
Racing a quien, a tenor con los documentos que obraban en el
expediente del tribunal, fungía como administrador de la
sociedad de bienes gananciales, el Sr. Urbino.
Ahora nos corresponde determinar si el pago efectuado por
la peticionaria al Sr. Urbino extinguió su obligación para con
la sociedad legal de gananciales Urbino-Bidot o si, por el
contrario, el pago estuvo mal hecho, pudiendo así la Sra. Bidot
reclamar y recobrar su parte directamente de American.
En el presente caso tanto el foro de instancia como el
Tribunal de Circuito determinaron que el pago hecho al Sr.
Urbino no liberó a la peticionaria de su obligación para con
la Sra. Bidot. Basaron su decisión en que aun desconociendo
ésta el hecho de la disolución del matrimonio Urbino-Bidot, lo
que procedía era el pago conjunto a los integrantes de la
sociedad legal de gananciales. No podemos estar de acuerdo.
Veamos. IV
Sostiene la peticionaria que, siguiendo el mandato del
Tribunal Supremo, procedió a satisfacer el monto de la sentencia
al Sr. Urbino, quien era el único demandante en dicho pleito,
bajo el entendido de que éste todavía estaba casado con la Sra.
Bidot y era el cónyuge que representaba a la sociedad de bienes
gananciales Urbino-Bidot en esta reclamación. Es decir, la
peticionaria actuó bajo la premisa de que la sociedad legal de
gananciales Urbino-Bidot aún existía. Del expediente no surge
documento alguno que hubiese alertado a las codemandadas San
Juan Racing y American de que la sociedad de bienes gananciales
ya no existía.
Para atender adecuadamente esta controversia del pago,
resulta pertinente analizar las disposiciones del Artículo 1118
del Código Civil, el cual dispone: “El pago hecho de buena fe
al que estuviere en posesión del crédito liberará al deudor.”
31 L.P.R.A. sec. 3168.
En Rodríguez v. Banco Popular, 66 D.P.R. 781 (1946),
tuvimos la oportunidad de interpretar el citado artículo. En
ese caso se trataba de una reclamación presentada por los
herederos legítimos de un causante contra un banco, al haber
efectuado éste un pago de fondos en depósito a la persona
revestida de las condiciones externas de acreedor verdadero por
haber sido declarada por un tribunal competente heredera del
dueño anterior del crédito. Allí, citando a Manresa,
expresamos:
Serán casos de aplicación del art. 1164 y consiguiente eficacia del pago: el hecho al acreedor primitivo por un deudor que no conozca la cesión del crédito ni la incapacidad sobrevenida a aquél... . En estos casos, ni puede perjudicar al deudor que aquéllos a quienes pague sean luego vencidos en juicio, ni a los que en éste triunfen quedará otro medio que reclamar al que cobró indebidamente. Ibid, págs. 784-785. (Bastardillas omitidas; comillas internas omitidas y énfasis suplido.)
En su consecuencia, resolvimos que el pago hecho en ese
caso liberó al deudor, ya que “[e]l banco no hizo otra cosa que
pagar de buena fe a la persona que había sido declarada heredera
por una corte, y no tenía facultad para desatender lo resuelto
ni le competía ir a la corte a alegar que la resolución dictada
estaba viciada de nulidad.” Ibid, pág. 786.
En la situación de autos están presentes circunstancias
similares a las del caso antes citado. En el presente caso
American pagó a la persona que según lo resuelto por este
Tribunal (Urbino v. San Juan Racing Assoc., Inc., supra) estaba
capacitada para representar la sociedad legal de gananciales
Urbino-Bidot en relación con esa reclamación. Más importante
aún, el pago se hizo bajo la creencia de que dicha sociedad de
gananciales aún existía. En vista de ello, entendemos que el
pago liberó a American de su obligación para con la sociedad
legal de gananciales, y por ende para con uno de sus integrantes,
la Sra. Bidot, ya que American no tenía facultad para
desobedecer el mandato de este Tribunal, ni tampoco venía
obligada a verificar si el Sr. Urbino todavía estaba capacitado
para representar la sociedad legal de gananciales Urbino-Bidot,
o si ésta última aún existía.
Anteriormente, hemos reconocido que existen casos en los
cuales la mejor práctica es incluir a ambos cónyuges como
partes, sirviéndoles emplazamientos individuales, evitando así una lesión de los derechos del cónyuge omitido como parte en
la demanda. Así pues, en Carrero Suárez v. Sánchez López, 103
D.P.R. 77 (1974), nos enfrentamos a un caso en el cual una
concubina de un hombre casado presentó una acción solicitando
la disolución y liquidación de la comunidad de bienes habida
entre ella y su concubino casado. Emplazado el concubino, como
único demandado, no hizo alegación alguna, y dos años y medio
(2 1/2) más tarde, se dictó sentencia en rebeldía por medio de
la cual se le adjudicó a la concubina demandante “la mitad del
valor en el mercado de las tres fincas urbanas objeto de la
reclamación.” (Comillas internas omitidas.) Al revocar dicho
dictamen, resolvimos que, la esposa del concubino debió haber
sido traída al pleito como parte indispensable, emplazándola
y notificándola de todos los procedimientos evitando de esa
manera que sus derechos resultaran perjudicados. Bajo estas
circunstancias no se podía confiar en que el esposo defendiese
adecuadamente los intereses de la sociedad de bienes
gananciales y de su esposa. De otra parte, en Alicea Álvarez
v. Valle Bello, Inc., 111 D.P.R. 847 (1982), expresamos “la
necesidad de incluir ambos cónyuges como partes y servirles
emplazamientos individuales en acciones que afectan el
patrimonio de la sociedad de gananciales obviando el riesgo de
nulidad, ante la posibilidad de que la defensa del interés
social por uno solo no se ejercite con la debida eficiencia,
o la existencia de incompatibilidad entre los cónyuges respecto
a la defensa de su interés dentro de una sociedad que ambos
gobiernan con igual autoridad.” La situación en el caso de autos es una muy particular y
distinta a los casos previamente discutidos. Del expediente
no surge alegación ni prueba alguna de que el Sr. Urbino no
defendiera adecuadamente en el pleito de daños y perjuicios los
intereses de la sociedad legal de gananciales Urbino-Bidot. Sin
embargo, no cabe duda de que la posición de la Sra. Bidot en
relación con sus intereses y los del Sr. Urbino cambió luego
del divorcio. Luego del divorcio existía una verdadera
posibilidad de que sus intereses no fueran adecuadamente
representados por el Sr. Urbino. Ante esta posibilidad la Sra.
Bidot debió haber solicitado la intervención en el pleito, e
informar que la sociedad legal de gananciales ya no existía.
La intervención de parte de la Sra. Bidot ciertamente hubiese
evitado que el pago de la sentencia se hubiese efectuado en su
totalidad al Sr. Urbino.
Por otro lado, somos del parecer que la Sra. Bidot no puede
pretender válidamente, en esta etapa de los procedimientos,
cobrar la parte que le corresponde de dicha sentencia,
directamente de American, cuando, teniendo conocimiento de la
pendencia de una acción en la que se reclamaban daños
gananciales, y teniendo además, amplia oportunidad para
solicitar la intervención en dicho pleito para defender sus
intereses, optó por cruzarse de brazos.5
Resulta importante destacar que desde la fecha en que se
dictó la sentencia de divorcio, el 2 de febrero de 1990, hasta
5 Del acuerdo privado suscrito entre el Sr. Urbino y la Sra. Bidot el 25 de enero de 1990, surge que al menos desde esta fecha, ésta última tenía conocimiento de que se encontraba pendiente ante los tribunales una reclamación sobre un bien ganancial y la fecha en que el Tribunal Supremo confirmó el dictamen de
instancia en el pleito de daños y perjuicios, transcurrieron
aproximadamente seis (6) años. Sin embargo, no fue hasta
aproximadamente un (1) año después de resuelta la controversia
y de que American verificara el pago de la sentencia, que la
Sra. Bidot interpuso la demanda en contra del Sr. Urbino, la
San Juan Racing y American, reclamando, por primera vez, su
derecho a la mitad de la compensación concedida por el tribunal.
En resumen, de lo anterior podemos colegir lo siguiente:
durante los seis (6) años que duró la tramitación del pleito
luego de disuelto el matrimonio Urbino-Bidot, la Sra. Bidot
teniendo conocimiento del mismo y conociendo que el Sr. Urbino
ya no podía representar adecuadamente sus intereses, no le
informó ni al tribunal ni a las codemandadas San Juan Racing
y American, que la sociedad legal de gananciales Urbino-Bidot
había dejado de existir. Tampoco solicitó intervenir en el
pleito de manera que sus intereses quedaran protegidos. El
desinterés y abandono total de la reclamación ganancial de parte
de la Sra. Bidot fue la que propició el que el pago se le hiciese
sólo al Sr. Urbino. El desconocimiento del tribunal y de las
codemandadas San Juan Racing y American de que el matrimonio
Urbino-Bidot se había disuelto, combinado con el hecho de que
este Tribunal había reconocido la capacidad de cualquiera de
los cónyuges para representar la sociedad legal de gananciales
en los tribunales, justificaron el que el pago total de la
sentencia se hiciera únicamente al Sr. Urbino.
que conocía, además, de su derecho a la mitad de la suma que fuera concedida por el tribunal en su día. Por todo lo anterior, concluimos que la peticionaria
American no pagó mal ni indebidamente.
En adición, resolvemos que en casos como el de autos, de
reclamaciones de la sociedad de bienes gananciales, en que ni
las partes demandadas ni el tribunal tienen conocimiento de que
el matrimonio se ha disuelto, el ex cónyuge que no es parte en
el pleito debe informarle al tribunal este cambio de
circunstancia y solicitar la intervención para de esta forma
proteger sus derechos. El único remedio disponible para el ex
cónyuge que decide no intervenir en el pleito y luego resulta
afectado, es la reclamación en contra del ex cónyuge que
compareció como parte demandante y cobró indebidamente la mitad
de la sentencia que le correspondía al otro ex cónyuge. Bajo
estas circunstancias, el ex cónyuge que resulte perjudicado no
puede reclamarle al tercero que, confiando en la capacidad que
tienen ambos cónyuges a la luz del derecho vigente para actuar
a nombre de la sociedad legal de gananciales, realizó el pago
en su totalidad al único cónyuge que compareció como
administrador de la sociedad de bienes gananciales y reclamó
como parte demandante lo que a ésta se le debía.
En su consecuencia, la Sra. Bidot está impedida de cobrar
directamente de American o San Juan Racing la porción a la que
a tenor con la sentencia parcial dictada por el foro de
instancia, tiene derecho del monto de la sentencia ya satisfecha
por dichas partes al Sr. Urbino.
Por los fundamentos antes expuestos, procede revocar tanto
la sentencia emitida por el Tribunal de Circuito como la dictada
por el foro de instancia, desestimar la reclamación instada contra San Juan Racing y American y devolver el caso para que
continúen los procedimientos de forma compatible con lo aquí
resuelto.
MIRIAM NAVEIRA DE RODÓN Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Victoriano Moisés Urbino Valle CC-2000-431 y San Juan Racing Association, Inc.
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, se dicta sentencia revocando tanto la sentencia emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones como la dictada por el Tribunal de Primera Instancia, y se desestima la reclamación instada contra San Juan Racing Association, Inc. y American International Insurance Company of Puerto Rico. Se devuelve el caso para que continúen los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rebollo López concurre con el resultado sin Opinión escrita. El Juez Asociado señor Rivera Pérez disiente sin Opinión escrita.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo