González Hernández v. González Hernández

2011 TSPR 65

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: April 27, 2011
• Docket: CC-2009-1001
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Guillermo González Hernández

Recurrido Certiorari

v. 2011 TSPR 65

Enrique González Hernández 181 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC - 2009 - 1001

Fecha: 27 de abril de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan Panel I

Juez Ponente: Hon. Erik Ramírez Nazario

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Nuyen Marrero Bonilla

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Daniel Muñoz Fernó s

Materia: Petición de Incapacidad y Nombramiento de Tutor

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación ofic ial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Guillermo González Certiorari Hernández

Recurrido

v. CC-2009-1001

Enrique González Hernández

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2011.

El peticionario, Enrique González Hernández,

nos solicita la revisión de una Sentencia emitida

por el Tribunal de Apelaciones. Mediante dicho

dictamen el foro apelativo intermedio denegó

expedir el auto de certiorari solicitado para

revisar una Resolución del Tribunal de Primera

Instancia en la cual el foro primario declaró que

el peticionario era incapaz para administrar sus

bienes y le designó un tutor.

El presente recurso nos brinda, inter alia, la

oportunidad de determinar si una persona puede ser

declarada incapaz para administrar sus bienes si

ésta no tiene las destrezas o el conocimiento para CC-2009-1001 2

manejar asuntos económicos complejos. A priori, contestamos

en la negativa.

Veamos los hechos que dieron génesis a la controversia

de autos.

I

El 26 de febrero de 2008, el Sr. José Guillermo

González, en adelante, el recurrido, presentó una Demanda

de Declaración de Incapacidad y Nombramiento de Tutor ante

el Tribunal de Primera Instancia contra su hermano, el

peticionario, en la que indicó que este último tenía

afectada su salud mental y que no estaba capacitado para

administrar sus bienes y su persona.

En su solicitud, el recurrido señaló que existía una

comunidad hereditaria entre éste, el peticionario y el

padre de ambos, el Sr. William González Quiñones, sobre los

bienes de la difunta madre del recurrido y del peticionario

cuyo valor alegadamente ascendía a varios millones de

dólares. Sostuvo que los bienes que presuntamente le

correspondían al peticionario de la comunidad hereditaria

corrían un serio peligro de pérdidas ya que se encontraban

bajo el control del Sr. William González Quiñones el cual

alegadamente los utilizaba para su propio beneficio.

El recurrido adujo que, luego del señor González

Quiñones, era el familiar más cercano del peticionario y

que por razón de su preparación, profesión y solvencia

económica estaba capacitado para administrar los bienes de

su hermano. CC-2009-1001 3

A tenor con lo expuesto, solicitó que se declarara al

peticionario incapaz para administrar sus bienes y su

persona, y que se nombrara al recurrido como su tutor.

Luego de varios incidentes procesales, el peticionario

presentó una Moción de Desestimación y/o Exposición Más

Definida. Sostuvo que el recurrido no hizo referencia a

ningún hecho en su solicitud que demostrara que el

peticionario se encontraba afectado de su salud y que

estaba incapacitado para administrar sus bienes y su

persona. Adujo que la mera alegación de que una persona

está incapacitada no es suficiente para iniciar un

procedimiento de declaración de incapacidad y que el

recurrido tenía que alegar hechos que justificaran el

remedio que solicitaba.

Por otro lado, señaló que “[e]l hecho de que sea

heredero de una gran fortuna y que por su complejidad…

necesite y busque la ayuda de expertos para manejarla y/o

administrarla, no quiere decir que él está incapacitado

para cuidar de su persona y administrar sus bienes al punto

que necesite que se le nombre judicialmente un tutor”.1

Por tal razón, peticionó que se desestimara la

solicitud de incapacidad o que se ordenara al recurrido que

la enmendara de forma que adujera hechos que sostuvieran su

alegación de que el peticionario era incapaz.

Junto con su Moción, el peticionario incluyó un

Informe Psiquiátrico del Dr. Neftalí Olmo Terrón. Dicho

1 Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 73. CC-2009-1001 4

médico indicó que el peticionario sufrió una crisis

emocional mientras estudiaba en Estados Unidos para la cual

comenzó tratamiento psiquiátrico con el Dr. Rafael Padró

Yumet en el 1976 y luego con el doctor Olmo Terrón a partir

de diciembre de 2001.

El galeno señaló que el peticionario nunca había

tenido que ser hospitalizado por su condición psiquiátrica,

asistía a terapia semanalmente, tomaba diariamente los

medicamentos antipsicóticos que le fueron recetados para su

condición y participaba activamente en su psicoterapia.

Además, expresó que el peticionario no presentaba

trastornos perceptuales ni del pensamiento, no tenía

dificultad alguna en el manejo de sus fondos, y funcionaba

con un nivel de autonomía normal.

Por su parte, el Sr. William González Quiñones, quien

también fue emplazado, presentó su Contestación a la

solicitud de declaración de incapacidad. Indicó que el

peticionario no era incapaz; no obstante, señaló que, en el

caso de que el tribunal determinara que lo era, el Sr.

William González debía ser la persona nombrada como su

tutor según lo establecido en las disposiciones legales que

regulan la tutela.

Así las cosas, el 15 de abril de 2008 el Tribunal de

Primera Instancia designó al Dr. Víctor J. Lladó Díaz como

perito del Tribunal para que realizara una evaluación del

peticionario y presentara el Informe correspondiente. CC-2009-1001 5

Mientras tanto, el 23 de junio de 2008, el foro

primario emitió una Resolución en la que denegó tanto la

Moción de Desestimación y/o Exposición Más Definida incoada

por el peticionario así como el planteamiento del Sr.

William González Quiñones de que el recurrido no podía ser

nombrado tutor del peticionario.

Sobre este último aspecto, el Tribunal de Primera

Instancia expresó que el padre no era el único que podía

ejercer la mencionada tutela ya que podían concurrir al

llamado dos (2) o más personas y que el tribunal podía

escoger de entre ellas a base de los mejores intereses y

bienestar del tutelado. A su vez, el foro primario añadió

que el recurrido también podía solicitar la declaración de

incapacidad del peticionario bajo el fundamento de que los

hermanos de los presuntos incapaces están autorizados a

incoar este tipo de acción.

Posteriormente, el Dr. Lladó Díaz presentó su Informe

ante el Tribunal de Primera Instancia. Indicó que el

peticionario padecía de una enfermedad psiquiátrica severa,

probablemente esquizofrenia paranoica; pero que los

síntomas de dicho trastorno psicótico se encontraban

encapsulados.

Apuntó que el peticionario tenía la capacidad

suficiente para administrar su persona y para manejar

fondos para suplir sus necesidades personales cotidianas.

No obstante, entendió que tendría dificultad, y en

ocasiones podría no tener la capacidad analítica CC-2009-1001 6

suficiente, para manejar aspectos financieros y

corporativos de carácter más complejo como sería el

desempeñar las funciones de un tesorero o secretario de una

corporación.

Además, sostuvo que por su condición psiquiátrica, el

peticionario tenía

cierta vulnerabilidad psíquica global, que emocionalmente le debilita y le haría estar a riesgo de persuasiones o influencias por terceros, que pueden inducirle por ejemplo a tratar de complacer a estas personas y/o asumir actitudes antagónicas… sobre todo si se trata de terceros que son familiarmente ligados a él, como su padre y su hermano José Guillermo.2

El Dr. Lladó Díaz concluyó que, para que el

peticionario pueda desempeñar

funciones ejecutivas y/o corporativas de mayor impacto financiero y mas[sic] complicadas, como por ejemplo, recibir u otorgar préstamos, el hacer compraventas de cuotas de leche, equipo costoso o bienes raíces, se requeriría la asistencia ya de otra persona que fungiera como fiduciario, administrador o coordinador…3

Por su parte, el Dr. Neftalí Olmo Terrón presentó un

Informe Especial Suplementario. Por un lado, sostuvo que la

condición psicótica del peticionario no se encontraba a un

nivel que le impidiera desempeñarse de forma independiente.

Señaló que el peticionario tenía capacidad para discernir

entre el bien y el mal, y para saber el valor del dinero;

incluyendo cantidades cuantiosas. En particular, indicó que

el peticionario manejaba de memoria ciertos factores

económicos involucrados en la operación de la corporación

2 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 166-167. 3 Íd., pág. 167. CC-2009-1001 7

familiar para la que trabajaba, tales como, el efecto de

las fluctuaciones de leche por vaca en la producción total

de la vaquería, la eficiencia de la finca tomando en

consideración la capacidad relativa para producir alimento,

el costo de la maquinaria nueva, inter alia.

A su vez, el Dr. Olmo Terrón expresó que el

peticionario controlaba y regulaba sus impulsos, manejaba

sus gastos de forma juiciosa, sabía diferenciar los

estímulos internos sin confundirlos con la realidad

externa, y se expresaba adecuadamente y sin dificultad.

Por otra parte, el galeno señaló que el peticionario

estaba limitado en cuanto a que éste no tenía las destrezas

para negociar un préstamo millonario con un banco, negociar

la compra de cien (100) vacas productoras de leche en

Estados Unidos o para competir por un puesto de tesorero en

una corporación pública. Sin embargo, indicó que el

peticionario podía llevar a cabo sin problema alguno las

labores que realizaba en su trabajo y por las cuales se le

pagaba un sueldo fijo.

Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de

Primera Instancia celebró la vista en su fondo. En ella

testificó el peticionario, el recurrido y la Sra. Ramona

Rosario Méndez, la cual vive y realiza tareas domésticas en

el hogar del peticionario. A su vez, se recibió el

testimonio del Dr. Victor J. Lladó Díaz y del Dr. Neftalí

Olmo Terrón los cuales tuvieron oportunidad de discutir sus

respectivos Informes. CC-2009-1001 8

Evaluada la prueba presentada, el 6 de mayo de 2009 el

Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución en la

cual declaró al peticionario incapaz para administrar sus

bienes excepto en el manejo de los gastos personales que

costeaba con su salario semanal de doscientos cuarenta

dólares ($240.00). A su vez, el foro primario determinó que

el peticionario estaba incapacitado de prestar

consentimiento para contratar, transigir pleitos, servir

como oficial de alguna corporación, representarse en

acciones judiciales y llevar a cabo cualquier otro acto

para administrar sus bienes sin la asistencia de un tutor.

Por otro lado, el Tribunal declaró inhábiles para

ejercer la mencionada tutela tanto al Sr. William González

Quiñones como al recurrido por haber un pleito entre ellos

sobre la propiedad de los bienes del peticionario. Ante

esta situación, el foro primario designó al Lcdo. Carlos

Fraticelli Oliver como tutor del peticionario.

Inconforme con tal decisión, el peticionario acudió

ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó como errores: (i)

que el recurrido no podía incoar la Solicitud de

declaración de incapacidad ya que supuestamente éste era

inhábil para ser su tutor, y (ii) que no se presentó prueba

suficiente para que se determinara que era incapaz.

Luego de analizar las alegaciones del peticionario, el

foro apelativo intermedio concluyó que el recurrido tenía

legitimación activa para solicitar la declaración de CC-2009-1001 9

incapacidad de su hermano. Sobre el particular, el tribunal

a quo hizo la siguiente determinación:

Las personas impedidas para ejercer la tutela no necesariamente lo están para solicitar la declaración de incapacidad. En el caso ante nuestra consideración, quien solicitó la declaración de incapacidad es el único hermano del declarado incapaz quien tiene derecho a sucederle. Es decir, se cumple el requisito establecido en el artículo 181 del Código Civil, supra.4 Por lo tanto, el señor José Guillermo González tenía la legitimación para solicitar al TPI la declaración de incapacidad de su hermano, independientemente de que estuviera o no, impedido de ejercer la tutela.

Por otra parte, en cuanto a la suficiencia de la

prueba para determinar la incapacidad del peticionario el

tribunal a quo concluyó que la decisión del Tribunal de

Primera Instancia era correcta y que dicho foro no había

abusado de su discreción al emitir su dictamen. A tales

efectos, el foro apelativo intermedio señaló lo siguiente:

Entendemos que el TPI tuvo ante si todos los elementos requeridos para hacer un análisis adecuado del caso ante su consideración. Para ello, el TPI utilizó tanto informes periciales como el testimonio de médicos psiquiatras que evaluaron al señor Enrique González. El perito nombrado por el TPI fue un ente neutral que, para llegar a sus conclusiones y recomendaciones, utilizó información provista por el doctor Olmo Terrón, médico del señor Enrique González, y de las personas relacionadas con el señor Enrique González, que conocen la manera en que éste se desenvuelve en su diario vivir. El TPI utilizó además el informe psiquiátrico preparado por el Dr. Neftalí Olmo quien es el médico que ha tratado al señor Enrique González durante los últimos siete años. Tomando en consideración los testimonios recibidos, así como los informes periciales sometidos, decidió declarar incapaz al señor

4 El Art. 181 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 704, indica las personas que están autorizadas para presentar una solicitud de declaración de incapacidad. Véase, Sec. II-A de la Opinión, infra. CC-2009-1001 10

Enrique González para la administración de sus bienes y nombrarle un tutor. El TPI consideró la prueba requerida por el Código Civil, supra, para adjudicar este tipo de petición, por lo cual, no podemos entender que la misma haya sido insuficiente, como nos propone el peticionario.

A tenor con lo expresado, el Tribunal de Apelaciones

denegó expedir el auto de certiorari solicitado.

Inconforme, el peticionario presenta el recurso de

autos planteando como errores:

Err[ó] el [Tribunal de Apelaciones] al sostener la resolución dictada por el [Tribunal de Primera Instancia] permitiendo la solicitud de incapacidad de Don Enrique González Hernández en total ausencia de prueba, así como una persona completamente inhabilitada, según indica el Código Civil, para presentar la solicitud de incapacidad.

Err[ó] el [Tribunal de Apelaciones] al sostener la resolución dictada por el [Tribunal de Primera Instancia] declarando incapaz Don Enrique González Hernández, aun cuando no se presentara prueba suficiente en derecho para sustentar la alegada incapacidad.

Vista la petición de certiorari, concedimos al

recurrido un término para mostrar causa por la cual no

debíamos expedir el mismo. Contando con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

En su primer señalamiento de error, el peticionario

aduce que el recurrido no tenía legitimación activa para

incoar la solicitud de declaración de incapacidad debido a

diversos conflictos y pleitos que existían entre ambos.

Arguye que debido a ello, el recurrido estaba descalificado

para ser nombrado como su tutor y que esto a su vez lo CC-2009-1001 11

inhabilitaba para presentar la solicitud de declaración de

incapacidad en contra del peticionario.

A

Como norma general, en nuestro sistema de derecho

existe una presunción de sanidad o capacidad mental. Rivera

y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 157 (2000). Sin

embargo, dicha capacidad puede verse restringida debido a

varias condiciones, tales como, la minoría de edad, la

demencia, la prodigalidad, entre otras. Art. 25 del Código

Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 82. Véase, además, Rivera

y otros v. Bco. Popular, supra, pág. 157. Estas

circunstancias obligan a que se retrase o se suspenda, ya

sea por tiempo fijo o indefinido, la aptitud para realizar

actos jurídicos; teniendo que remediarse entre tanto el

defecto de capacidad mediante instituciones o medios

supletorios y complementarios. J. Castán Tobeñas, Derecho

Civil Español Común y Foral, 11ma ed. rev., Madrid, Ed.

Reus, 1974, T. III, pag. 447. Uno de los medios supletorios

para subsanar la falta de capacidad mental es la tutela.

Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, pág. 157 esc. 11.

La tutela es aquella institución jurídica que tiene

por objeto la protección y cuidado de la persona y/o los

bienes de aquellos que por razón de su incapacidad están

impedidos de gobernarse a sí mismos. Art. 167 del Código

Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 661.

Esta figura es una institución de defensa, amparo o

protección similar a la patria potestad. Fernández Sánchez CC-2009-1001 12

v. Fernández Rodríguez, 142 D.P.R. 275, 280 (1997). No

obstante, a pesar de que la tutela y la patria potestad

comparten características similares, ambas se diferencian

“principalmente en el diverso fondo que les da la vida,

pues en la patria potestad sólo hay una relación normal de

padre e hijo, en la tutela hay una relación anormal de

tutor a incapacitado, en la que faltan las bases de cariño

de la primera”. Íd. citando a F. Puig Peña, Compendio de

Derecho Civil Español, 3ra. ed. rev., Madrid, Ed. Pirámide,

1976, T. V, pág. 518.

Debido a la condición de extraño y la falta de vínculo

familiar que puede existir entre el tutor y el pupilo, las

normas que regulan la tutela son mucho más estrictas que

las que reglamentan la patria potestad ya que se exige que

se fije un control mayor y unos límites más rigurosos a la

autoridad tutelar. Íd.

Existen varias personas que pueden estar sometidas a

una tutela. El Código Civil de Puerto Rico incluye entre

ellas a los locos o dementes aunque tengan intervalos

lúcidos. Art. 168 (2) del Código Civil de Puerto Rico, 31

L.P.R.A. sec. 662 (2). Aunque dicho estatuto hace

referencia específicamente a la locura y a la demencia, se

ha interpretado que dentro de tal grupo están comprendidas

aquellas personas que puedan padecer de cualquier

enfermedad, anomalía o deficiencia mental. Véanse, L. Diez-

Picazo y otros, Sistema de Derecho Civil, 4ta. ed., Madrid,

Ed. Tecnos, 1982, Vol. I, pág. 293; J.M. Manresa y Navarro, CC-2009-1001 13

Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus,

1957, T. IV, pág. 153; J. Santos Briz, Derecho Civil:

Teoría y Práctica, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado,

1982, T. V, pág. 478. Sin embargo, es importante destacar

que aun cuando una persona padezca de alguna enfermedad o

debilidad mental, ello no implica que ella necesariamente

estará sujeta a tutela. Conforme al Art. 180 del Código

Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 703, no se les puede

nombrar tutor a menos que ello vaya precedido de una acción

de declaración de incapacidad en la cual el tribunal

concluya que el individuo no tiene capacidad para

administrar sus bienes.

La declaración de incapacidad puede ser solicitada por

el cónyuge o por los familiares del presunto incapaz que

tengan derecho a sucederle ab intestato. Art. 181 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 704. A su

vez, el Ministerio Público deberá pedirla: (i) cuando se

trate de dementes furiosos; (ii) cuando no exista cónyuge o

los parientes antes mencionados, o cuando éstos no hicieren

uso de la facultad que se les concede; o (iii) cuando el

cónyuge o los herederos del presunto incapaz sean menores

de edad, o no tengan la personalidad necesaria para

comparecer en juicio. Art. 182 del Código Civil de Puerto

Rico, 31 L.P.R.A. sec. 705.

A través de la acción de declaración de incapacidad,

el tribunal escuchará el dictamen de uno o varios

facultativos y recibirá todas aquellas pruebas que sean CC-2009-1001 14

necesarias para decidir sobre la capacidad de la persona en

la cual recae la solicitud. Art. 183 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 706. Si luego de evaluada tal

prueba el tribunal entiende que la persona está realmente

incapacitada para cuidar de sí misma y administrar sus

bienes, entonces procederá al nombramiento de un tutor.

Hernández v. Hernández, 43 D.P.R. 723, 724 (1932).

El Art. 186 del Código Civil de Puerto Rico, 31

L.P.R.A. sec. 709, dispone las personas a quienes les podrá

corresponder tal tutela, a saber, al cónyuge o a cualquiera

de los padres, hijos, abuelos o hermanos del declarado

incapaz. Empero, en el caso de que concurran al llamado dos

(2) o más de las personas indicadas, el tribunal

seleccionará el tutor de entre ellas tomando en

consideración los mejores intereses y bienestar del pupilo.

31 L.P.R.A. sec. 709.

Aunque las personas mencionadas en el párrafo anterior

pudieran ser nombradas como tutores de una persona que haya

sido declarada incapaz, existen diversas circunstancias que

impedirían que cualquiera de ellos pudiera ejercer la

tutela. Según el Art. 195 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 741, no podrán ser tutores:

(1) Los que están sujetos a tutela.

(2) Los que hubiesen sido convictos de cualquier delito grave o menos grave que implique depravación moral.

(3) Los sentenciados con una pena de privación de libertad, mientras no extingan la sentencia. CC-2009-1001 15

(4) Los que hubiesen sido removidos legalmente de otra tutela anterior por falta de cumplimiento de sus obligaciones o privados de la patria potestad.

(5) Las personas de mala conducta o que no tuvieren manera de vivir conocida.

(6) Los quebrados o concursados no habilitados.

(7) Los que al deferirse la tutela, tengan pleito pendiente con el menor o anteriormente lo hubiesen tenido sobre el estado civil de éste.

(8) Los que litiguen o hayan litigado con el menor sobre la propiedad de sus bienes, a menos que el padre o en su caso la madre, sabiéndolo, los hubiesen nombrado, sin embargo, tutor en su testamento.

(9) Los que adeuden al menor sumas de consideración, a menos que con conocimiento de la deuda, hayan sido nombrados en testamento por el padre o en su caso por la madre.

(10) El tutor testamentario que no cumpla con los requisitos indispensables para empezar el ejercicio de su cargo.

(11) Los que no residan en Puerto Rico.

(12) Los que hubieren sostenido maliciosa e injustificadamente alguna querella contra el menor o acusación criminal contra sus ascendientes o colaterales hasta el cuarto grado.

Hasta el momento hemos discutido lo que consiste la

acción de declaración de incapacidad y las personas que

pueden solicitarla. De igual forma también hemos señalado

quienes podrán ser nombrados tutores de aquel que sea

declarado incapaz para administrar sus bienes y cuáles

personas estarán impedidas de ejercer la mencionada tutela.

En el caso ante nuestra consideración, el peticionario

aduce que aquellas personas que no puedan ser nombrados

tutores de un incapaz a su vez están impedidas de incoar la CC-2009-1001 16

acción de declaración de incapacidad. Por lo tanto, surge

la interrogante en cuanto a si las causas que establece el

Art. 195 del Código Civil, supra, que impiden que una

persona sea nombrada tutor de otra a su vez son

circunstancias que prohíben que una persona pueda solicitar

la declaración de incapacidad. Para efectuar el análisis de

tal precepto debemos acudir a las reglas de interpretación

de las leyes.

B

En nuestro ordenamiento jurídico hemos establecido que

al momento de que los tribunales ejerzan su función de

interpretar una ley, deben tomar en consideración los

propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa al

aprobarla. Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, res. el

16 de septiembre de 2010, 179 D.P.R.___ (2010), 2010

T.S.P.R. 196, 2010 J.T.S. 205. Véanse, además, Claro TV y

Junta Regl. Tel. v. One Link, res. el 9 de junio de 2010,

179 D.P.R.___ (2010), 2010 T.S.P.R. 89; 2010 J.T.S. 98;

Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155,

163 (2000) citando a Dorante v. Wrangler of P.R., 145

D.P.R. 408, 417 (1998).

Para realizar este ejercicio de interpretación, en

primer lugar, se debe acudir al texto de la ley. Soc.

Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, supra; Claro TV y Junta

Regl. Tel. v. One Link, supra. Si el lenguaje de la ley es

claro y libre de toda ambigüedad, “la letra de ella no debe

ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. CC-2009-1001 17

Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec.

14. Así pues, si el lenguaje de la ley no crea dudas y es

claro en cuanto a su propósito, su propio texto es la mejor

expresión de la intención legislativa. Rullán Rivera v.

A.E.E., res. el 30 de junio de 2010, 179 D.P.R.___ (2010),

2010 T.S.P.R. 109; Claro TV y Junta Regl. Tel. v. One Link,

supra; López Nieves v. Méndez Torres, res. el 27 de abril

de 2010, 178 D.P.R.___ (2010), 2010 T.S.P.R. 64, 2010

J.T.S. 73; Garriga Villanueva v. Mun. de San Juan, res. el

17 de junio de 2009, 176 D.P.R.___ (2009), 2009 T.S.P.R.

103, 2009 J.T.S. 106; Ortiz v. Municipio San Juan, 167

D.P.R. 609, 617 (2006). En tal caso, no se debe buscar más

allá de la letra del estatuto para encontrar cuál fue la

voluntad del legislador, sino que se debe descubrir y dar

efecto a la intención expresada en su texto. Romero Barceló

v. E.L.A., 169 D.P.R. 460, 477 (2006).

En consecuencia, cuando el lenguaje de una ley es

claro y la intención legislativa es patente, este Tribunal

tiene la obligación de respetar la voluntad del legislador.

Pueblo v. González, 165 D.P.R. 675, 707 esc. 26 (2005). Los

tribunales no pueden, bajo el pretexto de buscar la

intención legislativa en un estatuto, añadirle limitaciones

o restricciones que no surjan de su texto. Véase, Román v.

Superintendente de Policía, 93 D.P.R. 685 (1966). El

lenguaje sencillo y absoluto de una ley no puede ser

interpretado como que dispone algo que el legislador no

intentó proveer, ya que ello conllevaría inmiscuirse en las CC-2009-1001 18

funciones de la Rama Legislativa. Juarbe v. Registrador,

156 D.P.R. 387, 393 (2002); Alemán Martínez v. E.L.A., 145

D.P.R. 452, 460 (1998); Lasalle v. Junta de Directores

A.C.C.A., 140 D.P.R. 694, 696 (1996); Caguas Bus Line v.

Sierra, Comisionado, 73 D.P.R. 743, 750 (1952). “El

intérprete debe abstenerse de sustituir el criterio

legislativo por sus propios conceptos de lo justo,

razonable y deseable”. Raimundi v. Productora, 162 D.P.R.

215, 228 esc. 17 (2004) citando a Alejandro Rivera v.

E.L.A., 140 D.P.R. 538, 545 (1996).

Por otro lado, en materia de hermenéutica estatutaria,

también se ha dispuesto que las leyes que se refieren a la

misma materia o tengan el mismo objeto deben ser

interpretadas en conjunto de suerte que lo que es claro en

una de sus disposiciones pueda ser tomado para explicar lo

que resulte dudoso en otra. Art. 18 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 18. Véanse, Morales v. Adm.

Sistemas de Retiro, 123 D.P.R. 589, 595-596 (1989); Riley

v. Rodríguez Pacheco, 124 D.P.R. 733, 738 (1989). De esta

forma, las leyes o disposiciones in pari materia o

complementarias pueden ayudar a esclarecer cuál ha sido la

verdadera intención legislativa. Zambrana Maldonado v.

E.L.A., 129 D.P.R. 740, 750 (1992).

Del mismo modo, también hemos sostenido que las leyes

no deben ser interpretadas tomando aisladamente algunas de

sus secciones, párrafos, u oraciones, sino que deben serlo

tomando en consideración todo su contexto. Soc. Asist. Leg. CC-2009-1001 19

v. Ciencias Forenses, supra; Semidey Ortiz y otros v.

Consorcio Sur Central (ASIFAL), res. el 22 de diciembre de

2009, 177 D.P.R. ___ (2009), 2009 T.S.P.R. 184, 2010 J.T.S.

3; Descartes v. Tribunal de Contribuciones, 71 D.P.R. 248,

253 (1950).

C

Con el marco teórico esbozado procedemos a resolver la

primera controversia aquí planteada.

Según hemos discutido, en nuestro Código Civil se

establecen unos requisitos y limitaciones con relación a

las personas que pueden presentar una solicitud de

declaración de incapacidad, y unos requerimientos y

restricciones con relación a aquellos que puedan ejercer la

correspondiente tutela.

Por un lado, los Arts. 181 y 182 del Código Civil de

Puerto Rico, supra, establecen las personas que estarán

autorizadas a solicitar la declaración de incapacidad, a

saber, el cónyuge o los familiares del presunto incapaz que

tengan derecho a sucederle ab intestato, o el Ministerio

Público en ciertos casos particulares. Por otro lado, el

Art. 186 del Código Civil de Puerto Rico, supra, indica

aquellas personas que podrán ser nombradas como tutores de

una persona que sea declarada incapaz y el Art. 195 del

citado cuerpo legal señala las personas que estarán

impedidas de ejercer tal tutela.

Al analizar cuidadosamente cada uno de estos

artículos, nos percatamos de que no existe alguna CC-2009-1001 20

disposición en sus textos que permita concluir que una

persona que no pueda ser designada como tutor de otra

tampoco podrá solicitar la declaración de incapacidad. En

otras palabras, no existe expresión alguna que nos permita

entender que las circunstancias que prohíben que alguien

sea nombrado tutor serán igualmente aplicables a aquellos

que deseen solicitar una declaración de incapacidad con

relación a la persona sobre la cual recae la solicitud.

Si el legislador hubiese tenido la intención de

extender las incapacidades para ser tutor a las personas

que vayan a solicitar una declaración de incapacidad, así

lo hubiese dispuesto en alguno de los artículos discutidos,

en algunas de las disposiciones referentes a tutela o en

cualquier otro estatuto que hubiese aprobado a tal efecto.

Los tribunales no pueden interpretar el Art. 195 del Código

Civil, supra, de manera que se entienda que una persona

está incapacitada para solicitar una declaración de

incapacidad si ocurre alguna de las circunstancias

descritas en tal precepto. El así hacerlo costituiría una

intromisión indebida en las funciones de la Rama

Legislativa.

Por lo tanto, haciendo un análisis integrado de las

disposiciones legales antes discutidas entendemos que una

persona que cumpla con los exigencias de los Arts. 181 y

182 del Código Civil, supra, puede solicitar la declaración

de incapacidad de otra independientemente de que luego

pueda o no ser nombrado tutor del presunto incapaz. CC-2009-1001 21

En el caso ante nuestra consideración, el recurrido es

hermano del peticionario. Conforme a los Arts. 903 a 907

del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 2671 a

2675, los hermanos de un causante tienen derecho a suceder

a éste último en caso de que haya muerto sin haber otorgado

algún testamento válido. Por lo tanto, en vista de que el

recurrido tiene derecho a suceder al peticionario en caso

de éste morir intestado, el recurrido podía solicitar la

declaración de incapacidad de su hermano,

independientemente de que estuviese o no impedido de

ejercer la tutela del peticionario.

III

En segundo lugar, el peticionario arguye que el

recurrido no presentó prueba ni adujo hechos particulares

que evidenciaran su incapacidad. Alega que el que tenga

una condición mental no es suficiente para que se proceda a

nombrarle un tutor, y que la falta de conocimiento o

destrezas que pueda tener sobre asuntos económicos

complejos no afecta la capacidad que posee para manejar sus

bienes.

Según hemos indicado, conforme al Art. 180 del Código

Civil de Puerto Rico, supra, no se le podrá nombrar un

tutor a aquellas personas que puedan padecer de alguna

enfermedad o trastorno mental a menos que tal persona

previamente haya sido declarada incapaz para administrar

sus bienes. No obstante, debemos aclarar que en nuestro CC-2009-1001 22

ordenamiento jurídico no existe una expresión clara acerca

de las circunstancias que debe evaluar el tribunal al

momento de determinar si una persona está o no incapacitada

para administrar sus bienes. Es por ello que, además de

analizar las normas que se han pautado en nuestra

jurisdicción que estén relacionadas con este tema, también

estudiaremos diversas fuentes secundarias que nos puedan

arrojar luz sobre este aspecto.

En nuestro ordenamiento jurídico, el caso que guarda

mayor relación con el tema es Rivera v. Sucn. Díaz

Luzunaris, 70 D.P.R. 181 (1949). En tal caso la

controversia versaba sobre la validez del consentimiento

prestado por una persona declarada incapaz judicialmente en

un contrato de transacción de derechos hereditarios.

Mediante tal acuerdo dicha persona le vendió a su hermano

la participación que le correspondía en la herencia del

padre de ambos por un precio mucho menor de lo que tenía

derecho a recibir.

Aunque en aquel caso este Tribunal entendió que el

consentimiento prestado era nulo, al evaluar la validez de

tal consentimiento expresamos que la mera prueba de

debilidad mental o locura no era suficiente para invalidar

un contrato o testamento. Indicamos que el factor

determinante al momento de examinar si el consentimiento

prestado en un contrato era válido no es si la persona era

un loco desde el punto de vista psiquiátrico. Señalamos que

el elemento a considerar es “si el contratante, enfermo CC-2009-1001 23

mental por razón de su enfermedad, goza de capacidad mental

suficiente para darse cuenta de la transacción específica

que realiza, considerándola en todos sus aspectos”. Rivera

v. Sucn. Díaz Luzunaris, supra, a la pág. 188.

Las expresiones de este caso son de medular

importancia al establecer los criterios para determinar si

una persona es incapaz para administrar sus bienes. A pesar

de que la controversia ante nuestra consideración es

distinta a la presentada en Rivera v. Sucn. Díaz Luzunaris,

supra, un enfoque similar a lo dispuesto en tal caso se ha

visto reflejado en los comentarios que han hecho algunos

tratadistas españoles sobre la declaración de incapacidad.

Al interpretar el Art. 213 del Código Civil Español de

1889, similar al Art. 180 del Código Civil de Puerto Rico,

supra, Quintus Muscius Scaevola entiende que “no basta la

manifestación natural de la incapacidad, es decir, la

existencia de locura, demencia, idiotismo, sordomudez,

etcétera; [sino que es necesaria] la demostración de

incapacidad para administrar sus bienes, porque mal se

puede declarar sin demostrar”. Q.M. Scaevola, Código Civil:

Comentado y Concordado Extensamente y Puesto Al Día, 5ta.

ed., Madrid, Ed. Reus, 1942, T. IV, pág. 492.

Por otro lado, Luis Diez-Picaso y Ponce de León

sostiene que existen enfermedades mentales que anulan el

conocimiento, la voluntad y la responsabilidad de una

persona; mientras que pueden haber otros padecimientos que

no tengan tales consecuencias. Diez-Picazo, op. cit., pág. CC-2009-1001 24

293. Por tal razón, opina que al momento de que un tribunal

dilucide una acción de declaración de incapacidad es

necesario que se demuestre que la incapacidad mental de la

persona es tal que la inhabilite para administrar sus

bienes y gobernarse a sí misma, o sea, que le impida o

dificulte extraordinariamente el que pueda regir sobre sus

asuntos e intereses. Diez-Picazo, op. cit., pág. 293.

Como podemos ver, estos autores entienden que no se

debe declarar incapaz a una persona por el mero hecho de

padecer una enfermedad o debilidad mental. Esta perspectiva

plasmada por los tratadistas discutidos también se ha visto

reflejada en varias decisiones emitidas por diversas

jurisdicciones de los Estados Unidos.

Al momento de declarar a una persona incapaz y

designarle un tutor, varios foros estatales también

utilizan el criterio de que la persona carezca de capacidad

para administrar sus bienes. Véase, a modo de ejemplo,

Matter of Kurt T., 64 A.D.3d 819, 881 N.Y.S.2d 688 (N.Y.

2009); E.P. v. T.K. (In re Conservatorship of T.K.), 775

N.W.2d 496 (N.D. 2009); Cottrell v. Connecticut Bank &

Trust Co., 175 Conn. 257, 398 A.2d 307 (Conn. 1978);

MacDonald v. La Salle National Bank, 11 Ill. 2d 122, 142

N.E.2d 58 (Ill. 1957); In re Knott's Guardianship, 71 S.D.

53, 21 N.W.2d 59 (S.D. 1945); State ex rel. Thompson v.

District Court, 118 Mont. 95, 163 P.2d 640 (Mont. 1945).

Originalmente, las determinaciones de incapacidad que se

llevaban a cabo en estos estados se realizaban tomando en CC-2009-1001 25

consideración el status o la condición del sujeto, por

ejemplo, si era loco, imbécil, de edad avanzada, entre

otras. N.B. Posner, The End of Parens Patriae in New York:

Guardianship Under the New Mental Hygiene Law Article 81,

79 Marq. L. Rev. 603, 607 (Winter, 1996). No obstante, este

criterio fue modificándose con el pasar de los años con el

propósito de promover la autonomía individual y proteger a

las personas de que se les prive de su libertad

innecesariamente. Íd. Por tal razón, las leyes en varios

estados se enmendaron de modo que las determinaciones de

incapacidad se enfocaran menos en meros diagnósticos o

etiquetas y utilizaran criterios objetivos que realmente

evaluaran las habilidades que posea una persona para regir

sobre sus bienes y sobre sí misma. S.B. Hurme, Current

Trends in Guardianship Reform, 7 MD. J. Contemp L. Issues

143, 157-158 (1995).

Es por ello que en tales foros, aunque la persona

sufra de alguna enfermedad o trastorno mental, si la

capacidad para manejar sus bienes no se ha visto afectada,

los tribunales han rechazado declarar a dicha persona

incapaz y proceder a designarle a un tutor. En cambio, el

elemento que analizan al momento de establecer si una

persona con algún trastorno o debilidad mental es incapaz o

no para administrar sus bienes es si su condición mental es

de tal grado que le impida a ésta poder entender y

desenvolverse en los asuntos cotidianos de la vida. Harvey

v. Meador, 459 So. 2d 288 (Miss. 1984); Jaime v. CC-2009-1001 26

Neurological Hosp. Ass´n of Kansas City, 488 S.W.2d

641 (Mo. 1973); State ex. rel. Thompson v. District Court,

supra. En otras palabras, han establecido que la

determinación de incapacidad debe hacerse cuando se

demuestre que la persona no puede velar por su seguridad o

no puede atender sus necesidades personales básicas, tales

como, su alimentación, albergue, vestimenta, cuidados

médicos, entre otros. In re Boyer, 636 P.2d 1085 (Utah

1981). Véase, además, Endicott v. Saul, 142 Wn. App. 899,

176 P.3d 560 (Wash App. 2008).

Un ejemplo de un caso en el que se determinó que una

persona era capaz para administrar sus bienes a pesar de

padecer de una condición mental es Matter of Maher, 207

A.D.2d 133, 621 N.Y.S.2d 617 (N.Y. App. Div. 1994). De

acuerdo a los hechos del caso, el 11 de diciembre de 1992

el Sr. Francis E. Maher sufrió de un derrame que provocó

que éste padeciera de hemiplejía en el lado derecho de su

cuerpo y de afasia. Debido a que el señor Maher se

encontraba parcialmente paralizado y tenía dificultad en

comunicarse verbalmente, en escribir y en contar números,

su hijo solicitó que se le nombrara un tutor.

Luego de varios incidentes procesales y de que se

celebrara una vista en la que declararon varios testigos

con relación a la alegada incapacidad del señor Maher, el

Tribunal Supremo de New York determinó que el solicitante

no había logrado demostrar que su padre era incapaz y que, CC-2009-1001 27

por ende, no era necesario el nombramiento de un tutor para

Inconforme, el hijo del señor Maher acudió ante la

División de Apelaciones del Tribunal Supremo de New York la

cual hizo un análisis cuidadoso de la prueba que constaba

en el expediente del caso.

Como parte de la evidencia presentada sobre la

capacidad del señor Maher se desprendía que éste había

incluido a su esposa como signataria en algunas de sus

cuentas de bancos luego de que sufriera el derrame. Además,

del expediente surgía que el señor Maher había otorgado un

poder autorizando al Lcdo. Irwin Simon para que lo

representara en el proceso que se incoó contra él para

designarle un tutor. Al analizar tales circunstancias, el

tribunal apelativo entendió que el presunto incapaz estaba

consciente de sus limitaciones y que podía diseñar un plan

para manejar sus asuntos financieros sin la ayuda de un

tutor.

Por otra parte, la División de Apelaciones del

Tribunal Supremo de New York entendió que el testimonio

presentado por los testigos revelaba que el Sr. Francis E.

Maher tenía la capacidad para entender la información que

se le transmitía y para manifestar sus deseos. En primer

lugar, la hermana del señor Maher expresó que su hermano le

entendía cuando le informaba a éste asuntos relacionados

con su oficina. Segundo, su hijo señaló que frecuentemente

conversaba con el señor Maher sobre asuntos financieros y CC-2009-1001 28

sobre el manejo del bufete de su padre. Tercero, el doctor

Lanyi, fisiatra a cargo de la rehabilitación del señor

Maher, expresó que este último estaba consciente de las

grandes sumas de dinero que gastaba, que entendía lo que se

le preguntaba, y que respondía a tales preguntas de una

forma adecuada y calmada utilizando gestos o palabras

apropiadas. Por último, el patólogo del habla que atendía

al señor Maher señaló que éste demostraba un progreso

estable en su habilidad para comprender y responder a las

pruebas que se le administraban.

Conforme a las declaraciones de los testigos y a la

demás evidencia presentada en el caso, la División de

Apelaciones del Tribunal Supremo de New York concluyó que

no había necesidad de que se le nombrara un tutor al Sr.

Francis E. Maher. Ante tal situación, procedió a confirmar

la determinación del tribunal a quo.

Como podemos observar, la condición mental del señor

Maher no fue suficiente para declararlo incapaz y

designarle un tutor ya que su capacidad para administrar

sus bienes no se vio afectada como consecuencia de ella.

Empero, además de no permitir que se le imponga un tutor a

una persona por el mero hecho de padecer una debilidad o

condición mental, también se han hecho otras expresiones

acerca del manejo de la propiedad que van dirigidas a

promover la autonomía personal y limitar las designaciones

de tutores a aquellos casos que sean necesarios. CC-2009-1001 29

Varios foros han establecido que una persona puede

tener la capacidad para administrar sus bienes a pesar de

que no los maneje de la forma más apropiada, no tenga los

conocimientos o destrezas para manejar asuntos económicos

complejos o utilice la ayuda de un tercero para disponer de

ellos. Véanse, In re Estate of Porter, 463 Pa. 411, 345

A.2d 171 (Penn. 1975); State ex. rel. Thompson v. District

Court, supra. En particular se ha establecido que una

persona no tiene que administrar sus bienes de la manera

más adecuada o tan bien como otras personas manejan sus

propiedades. State ex. rel. Thompson v. District Court,

supra. También, se ha determinado que no es necesario que

la persona tenga habilidad o experiencia para manejar sumas

de dinero cuantiosas. In re Estate of Porter, supra.

Además, se ha dispuesto que la susceptibilidad a estar

influenciado por terceros no implica que se le deba nombrar

un tutor a una persona. State ex. rel. Thompson v. District

Court, supra. Aunque ocurran estas situaciones, una persona

no es incapaz para administrar sus bienes si puede llevar a

cabo transacciones ordinarias con relación al manejo de su

propiedad, entiende las consecuencias de sus actos y puede

disponer de sus bienes conforme a su voluntad y no la de

terceros. Véanse, State ex. rel. Thompson v. District

Court, supra; Schick v. Sthur, 120 Iowa 396, 94 N.W. 915

(Iowa 1903).

Un caso en el que se ven reflejadas estas normas es In

re Heath, 102 Utah 1, 126 P.2d. 1058 (Utah 1942). Según los CC-2009-1001 30

hechos, varios herederos del Sr. Joseph A. Heath acudieron

ante el Tribunal de Distrito de Utah para solicitar que lo

declararan incompetente y le designaran un tutor para

administrar sus bienes y su persona. Alegaron que la salud

de señor Heath estaba tan deteriorada y su mente tan

afectada que éste era incapaz para administrar sus bienes y

su persona, y que estaba expuesto a que otras personas lo

engañaran y defraudaran.

Luego de que desfilara toda la prueba sometida en el

caso, el Tribunal de Distrito de Utah hizo las siguientes

determinaciones: (i) que la forma de vivir del señor Heath

había causado angustias mentales a sus hijos; (ii) que

durante varios años las relaciones de negocio del señor

Heath eran llevadas a cabo por su hermano, Henry O. Heath,

y su sobrino, Lawrence H. Heath; (iii) que el Sr. Joseph A.

Heath y el Sr. Henry O. Heath, eran copropietarios de una

parcela de terreno; (iv) que el 10 de junio de 1937, el Sr.

Joseph A. Heath otorgó una escritura en la cual transmitió

sus derechos sobre dicha propiedad a una corporación que se

desarrollaría y se conocería como Heath Development

Company; (v) que el Sr. Joseph A. Heath no estaba

familiarizado con las disposiciones establecidas en los

artículos de incorporación de la mencionada compañía y no

entendía la naturaleza de la transacción en la cual cedió

su interés sobre la mencionada propiedad; (v) que el Sr.

Joseph A. Heath era dueño de varias acciones de la Heath

Investment Company y de otra parcela de terreno; y (vi) que CC-2009-1001 31

el Sr. Joseph A. Heath era incapaz para administrar sus

bienes y su persona por sí solo y que, por tal razón,

estaba sujeto a que terceros lo engañaran y defraudaran.

Luego de varios incidentes procesales, el Sr. Joseph

A. Heath, el Sr. Lawrence H. Heath y el Sr. Henry O. Heath

presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal

Supremo de Utah. En dicho recurso los apelantes, inter

alia, alegaron que la prueba presentada no había logrado

demostrar que el Sr. Joseph A. Heath era incapaz para

Luego de evaluar el expediente del caso, el foro

supremo del estado de Utah emitió su decisión en la que

señaló lo siguiente:

If the mind functions rationally but the individual acts in a way commonly designated as eccentric--that is, his acts deviate from the usual principally because he is less susceptible to public opinion than are many of us--he is not incompetent. One may love gardening… and not be interested in anything else even to the extent of losing his property at the hands of unscrupulous friends or relatives. He may be foolish in the eyes of many of us, but he is not incompetent. Competency is not measured by one's ability to accumulate and hold the material things of life. Were it so, there would be many of our ministerial brethren--not to mention some of our learned judicial associates--behind mental bars. Material loss in and of itself is a very dangerous bit of evidence from which to reason backward to a conclusion of incompetency. Such loss may be attributable to any number of causes such as indifference, laziness, lack of education, poor business judgment, dislike of a particular class of work or business--there are many possibilities. Thus in passing upon the question of incompetency, we must determine if the evidence of loss is accompanied by evidence of physical or mental defect which interferes with the rational functioning of the mind. Undue influence arising from deep friendship for, or CC-2009-1001 32

extreme confidence in others, alone, is not evidence of incompetency of the victim. It may be the instrumentality used upon an incompetent victim but there must be other evidence of that incompetence. Strong mentalities are of times the victims of undue influence.

What about the present case? Counsel for respondents put the alleged incompetent through a very searching, persistent and severe cross- examination on matters pertaining to his business. Many question involved matters of corporate law. What was the result of this examination? Here is the picture painted of the alleged incompetent: He is ignorant, he lacks interest in business details, he has implicit confidence in his brother and other relatives in whose hands he has placed his affairs; he resents these incompetency proceedings and he much prefers shifting responsibilities to the shoulders of others than to worry with them himself. Such confusion as appears in his answers apparently arises either from defective hearing or ignorance of facts or law but those answers do not show a mind laboring under difficulty in functioning.

En consecuencia, el Tribunal Supremo de Utah revocó la

determinación del Tribunal de Distrito y ordenó que se

desestimara la acción en contra del Sr. Joseph A. Heath.

Las expresiones en el caso anterior, así como en las

demás decisiones e interpretaciones que se han discutido

sobre la determinación de incapacidad, van enfocadas a

promover el que las personas retengan la autoridad para

regir sobre sus asuntos hasta el mayor grado posible. Ello

resulta de gran envergadura debido a los efectos

psicológicos negativos que puede tener la declaración de

incapacidad.

Cuando se determina que una persona es incapaz, dicho

individuo usualmente es marginado. Por un lado, se le

restringe la oportunidad de poder interactuar con otras CC-2009-1001 33

personas en diversas actividades. L. Salzman, Rethinking

Guardianship (Again): Substituted Decision Making as a

Violation of the Integration of Title II of The Americans

With Disabilities Act, 81 U. Colo. L. Rev. 157, 168 (2010).

Por otro lado, los tutores generalmente no solicitan o no

toman en cuenta los deseos y preferencias del pupilo en

cuanto al manejo de sus asuntos. Íd., pág. 169. Ello tiene

como consecuencia que la persona incapaz sienta que pierde

control sobre su vida, tenga una baja autoestima, se

mantenga aislada y decida no participar en diversas

actividades cotidianas. Íd.

Para evitar exponer a una persona a todos estos

consecuencias nefastas sin que ello sea necesario,

entendemos que en las acciones de declaración de

incapacidad nuestros tribunales no deben descansar

meramente en la condición del alegado incapaz, sino que

deben enfocar su análisis en la facultad que tenga la

persona para tomar decisiones y en las habilidades que

posea para administrar sus bienes.

Es por tal razón que resolvemos que al evaluarse una

solicitud de declaración de incapacidad el criterio a

considerar es si la persona tiene la capacidad para

entender y desenvolverse en los asuntos cotidianos de la

vida y para ejercer su voluntad discrecionalmente respecto

a la forma en que maneja su propiedad. Es decir, la persona

debe tener la capacidad necesaria para manejar sus fondos

respecto a sus necesidades personales y para realizar todas CC-2009-1001 34

aquellas transacciones ordinarias en las que se incurren

normalmente en nuestra sociedad.

No obstante, con el propósito de promover que las

personas retengan la mayor autonomía posible para regir

sobre sus bienes, también resolvemos que los tribunales no

pueden exigir el que se posean ciertas destrezas o

conocimientos especializados sobre asuntos económicos

complejos que una persona promedio no tenga para determinar

que alguien es capaz para administrar sus bienes. Aun

cuando tales conocimientos pudieran ayudar a obtener un

mayor beneficio del manejo de la propiedad, existen ciertos

aspectos que muchas personas no entienden o desconocen con

relación a la administración de sus bienes y sobre los

cuales en ocasiones necesiten la ayuda de terceros. Ello se

debe a diversas razones tales como falta de educación,

desinterés en el asunto, ausencia de un buen criterio con

relación a asuntos de negocio, entre otras. Sin embargo,

ese desconocimiento no implica que de por sí estén

incapacitados para administrar sus bienes. De lo contrario,

serían muchos los que estarían sujetos a tutela y serían

pocos los que podrían servir como tutores.

Aunque una persona carezca de tales conocimientos o

reciba la ayuda de un tercero al manejar su propiedad, si

tiene la habilidad para manejar sus fondos y satisfacer sus

necesidades y puede disponer de su propiedad conforme a su

voluntad, no debe ser declarada incapaz para administrar

sus bienes. CC-2009-1001 35

Es una norma bien asentada en nuestro sistema de

justicia que la discreción judicial permea la evaluación de

la evidencia presentada en los casos y controversias.

Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188, 191 (1086). Los

jueces de instancia son quienes están en mejor posición de

aquilatar la prueba; por ello su apreciación merece gran

respeto y deferencia por parte de los tribunales

apelativos. Íd. Es por tal razón que los tribunales

revisores no deben intervenir con sus conclusiones de

hechos y su apreciación de la prueba en ausencia de error

manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión. Íd. Sólo se

podrá intervenir con estas conclusiones cuando la

apreciación de la prueba no represente el balance más

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la

prueba. Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 D.P.R.

702, 714 (1990).

No obstante, a pesar de que existe esta norma de

deferencia judicial, también hemos indicado que, cuando las

conclusiones de hecho del foro de instancia estén basadas

en prueba pericial o documental, el tribunal revisor se

encuentra en la misma posición que el foro recurrido.

Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 D.P.R. 560, 573 esc. 13

(1998). Por lo tanto, el tribunal apelativo estará

facultado para adoptar su propio criterio en la apreciación

y evaluación de la prueba pericial y hasta descartarla

aunque resulte técnicamente correcta. Mun. de Loíza v. CC-2009-1001 36

Sucns. Suárez, et al., 154 D.P.R. 333, 363 (2001); Prieto

v. Maryland Casualty Co., 98 D.P.R. 594, 623 (1970).

Dentro del marco jurídico antes enunciado, y tomando

en consideración que nos encontramos en la misma posición

que los tribunales inferiores para evaluar la prueba

pericial presentada en el caso de autos, procedemos a

resolver la segunda controversia ante nuestra

consideración.

Según consta del expediente, el Dr. Víctor J. Lladó

Díaz y el Dr. Neftalí Olmo Terrón tuvieron la oportunidad

de examinar al peticionario y someter sus Informes

detallando los hallazgos de sus evaluaciones sobre la forma

en que su condición mental afectaba su capacidad para

manejar su propiedad. Al analizar cuidadosamente los

Informes presentados por ambos doctores, encontramos que la

condición psicótica del peticionario no ha sido impedimento

alguno para que éste pueda administrar sus bienes. El

peticionario no presenta dificultad alguna en el manejo de

sus fondos ya que los emplea juiciosamente sin excederse de

sus gastos. Éste ha logrado administrar sus fondos de forma

independiente y ha podido satisfacer sus necesidades

básicas de alimentación, vivienda y cuidados médicos. Por

lo tanto, resulta evidente que el peticionario no está

incapacitado para administrar sus bienes.

El que el peticionario pueda confrontar problemas al

enfrentarse a asuntos gerenciales o financieros complejos CC-2009-1001 37

no implica que sea incapaz para administrar sus bienes. Aun

cuando sea parte de una comunidad hereditaria que posea

bienes cuyo manejo pudiese requerir conocimientos o

destrezas de carácter económico superiores a las que posee

el peticionario, no se le puede exigir que ostente una

preparación o experiencia sobre asuntos económicos que una

persona promedio no tiene para que se determine que es

hábil para manejar sus bienes. El peticionario ha

demostrado que puede manejar sus fondos para satisfacer sus

necesidades y desenvolverse en los asuntos cotidianos de la

vida sin problema alguno y sin la necesidad de tales

conocimientos.

Por otra parte, el que pueda recibir influencias de un

tercero al tomar decisiones sobre el manejo de sus bienes

tampoco implica que sea incapaz para administrarlos.

Inclusive, el peticionario podría solicitarle a otras

personas que le ayuden en dicho manejo si entiende que ello

es necesario debido a su complejidad.

En este caso, se ha demostrado que el peticionario

actúa de forma independiente, conoce del valor del dinero y

puede manejar sus ingresos mensuales juiciosamente. Por lo

tanto, entendemos que el peticionario tiene la capacidad

para disponer de sus bienes conforme a su voluntad y no la

de otras personas.

En vista de que el peticionario posee la habilidad

para administrar sus bienes de forma plena, no procede la CC-2009-1001 38

Demanda de Declaración de Incapacidad y Nombramiento de

Tutor incoada por el recurrido.

IV

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de

certiorari, se revoca el dictamen del Tribunal de

Apelaciones y se desestima la Demanda incoada en el caso de

autos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari, se revoca el dictamen del Tribunal de Apelaciones y se desestima la Demanda incoada en el caso de autos.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Fiol Matta y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurren con el resultado sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo