per curiam:
El Sr. Jesús García Oyóla apela la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional III. Mediante ésta se revocó una sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, en la cual se determinó que la Autoridad de Energía Eléctrica no tenía capacidad legal para presentar ante la Junta de Planificación una consulta sobre ubicación del Proyecto de Turbinas que sería cons-truido en el barrio Cambalache de Arecibo, ya que la dueña de los terrenos es la Autoridad de Tierras. Acogido el re-curso como una petición de certiorari, procede modificar la sentencia recurrida sin procedimientos ulteriores, a tenor [650]*650con la Regla 54 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI.
I
La Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante la A.E.E.) solicitó ante la Junta de Planificación (en adelante la Junta) una Consulta de Ubicación
Inconformes con esta determinación, los interventores presentaron un recurso de revisión administrativa ante .el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, en el que alegaron la comisión de cinco (5) errores por parte de la Junta.(2)
[651]*651A pesar de que fueron cinco (5) los errores alegados, el Tribunal de Primera Instancia revocó la decisión de la Junta a base de que se había cometido el cuarto error. En particular, concluyó que la Junta había violado sus propios reglamentos al permitir que la A.E.E. presentara la con-sulta de ubicación sin tener la capacidad jurídica para ello. El foro de instancia entendió que la A.T., como dueña de terreno, era parte indispensable en la vista referente a la consulta de ubicación. En ese sentido, el tribunal deter-minó que al no haberse traspasado el terreno en cuestión a favor de la A.E.E., previo a la solicitud de consulta de ubi-cación, ni tampoco estar autorizada para desarrollar dichos terrenos, la Junta violó su propia reglamentación al permitir que la A.E.E. presentara la solicitud de consulta sin tener la capacidad jurídica requerida para ello. En vista de esta determinación, el Tribunal de Primera Ins-tancia determinó que la discusión de los demás errores era innecesaria y expidió el auto de revisión.
De dicha decisión, la Junta y la A.E.E. acudieron en certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones e im-pugnaron la determinación del foro de instancia de que la A.E.E. carecía de capacidad jurídica para promover la consulta.
Este foro apelativo revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia y concluyó que la A.T. había autorizado a la A.E.E. a actuar como su agente en las gestiones rela-cionadas con el desarrollo del proyecto. En un escolio el Tribunal de Circuito de Apelaciones reconoció que el foro de instancia había dispuesto que “al resolver que la parti-cipación de la A.T. era indispensable en el proceso de con-sulta, era innecesario resolver los restantes cuatro errores alegados por García Oyóla y otros”. Resolución del Tribunal de Circuito de Apelaciones de 16 de febrero de 1996, [652]*652pag. 2 esc. 1. No obstante, concluyó que “[e]llo equivale a desestimarlos”.
Inconforme con dicha determinación, García Oyóla acude ante nos y solicita que revoquemos la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones por “NO DEVOLVER EL CASO AL TRIBUNAL DE INSTANCIA PARA ULTE-RIORES PROCEDIMIENTOS.” Petición de 12 de marzo de 1996, pág. 5. Además, señala que dicho foro apelativo erró al “determinar que la Administración de Terrenos (sic) au-torizó válidamente a la Autoridad de Energía Eléctrica a que gestionara la consulta de ubicación”.
Aunque los peticionarios presentaron un escrito de “apelación”, a tenor con lo dispuesto en la Ley de la Judi-catura de Puerto Rico de 1994 y la normativa descrita en Farmacias Moscoso, Inc. v. K-mart Corp., 138 D.P.R. 497 (1995), hemos acogido el recurso como una petición de certiorari. La Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 no estableció un procedimiento de revisión de las decisio-nes de aquellas agencias administrativas que no estaban cubiertas por los incisos (d) y (e) del Art. 3.002 de la citada ley, 4 L.P.R.A. sec. 22i(d) y (e). No obstante, la Orden Ad-ministrativa XII cubrió la laguna en este caso al disponer que “[l]as determinaciones de las demás agencias adminis-trativas continuarán siendo presentadas, revisadas y tra-mitadas en cada región judicial, conforme el trámite anterior a la vigencia de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994”.
Ahora bien, por entender que el primer error señalado por los peticionarios fue cometido por el Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones, procedemos a revocar la resolución recurrida sin procedimientos ulteriores.
hH
En síntesis, en su primer error los peticionarios alegan que una vez el Tribunal de Circuito de Apelaciones con-[653]*653cluyó que se cometieron los errores señalados, procedía de-volver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que éste considerara los restantes errores que no analizó originalmente. Entendemos que tiene razón.
En su sentencia el foro de instancia expuso todos los errores que fueron planteados ante sí en el recurso de revisión. Una vez hecha tal exposición expresó lo siguiente:
Analizadas las alegaciones y la prueba documental que obra en el expediente, este Tribunal entra a resolver primeramente el cuarto error por entender que de resultar cierto lo alegado por la parte recurrente es innecesario resolver los restantes. Sentencia de 30 de octubre de 1995, pág. 6.
Más adelante se discute en la sentencia el cuarto error y se determina que “era necesario que antes de celebrarse la Consulta de Ubicación se hubiera celebrado la consulta de traspaso de terreno y, por consiguiente, la titularidad de éste por la A.E.E.”. Sentencia de 30 de octubre de 1995, pág. 10. En consecuencia, concluye en la sentencia que “[p]or lo antes expuestos [sic] y siendo innecesario discutir los otros errores se declara Ha Lugar el Recurso de Revisión”. Id.
De este dictamen se desprende con claridad que el foro de instancia no consideró los otros errores señalados por los peticionarios y que su determinación estuvo fundamen-tada únicamente en que la A.E.E. no tenía capacidad para promover la consulta de ubicación. Por eso, en específico afirmó que “era innecesario resolver los restantes cuatro errores alegados”. En vista del lenguaje tan claro de la sen-tencia del tribunal de instancia, es sorprendente que el Tribunal de Circuito de Apelaciones concluyó que estas ex-presiones equivalían a una desestimación de los otros errores.(3) Ciertamente lo único que concluyó el foro de ins-tancia era que como la A.E.E. no tenía capacidad jurídica [654]
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per curiam:
El Sr. Jesús García Oyóla apela la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional III. Mediante ésta se revocó una sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, en la cual se determinó que la Autoridad de Energía Eléctrica no tenía capacidad legal para presentar ante la Junta de Planificación una consulta sobre ubicación del Proyecto de Turbinas que sería cons-truido en el barrio Cambalache de Arecibo, ya que la dueña de los terrenos es la Autoridad de Tierras. Acogido el re-curso como una petición de certiorari, procede modificar la sentencia recurrida sin procedimientos ulteriores, a tenor [650]*650con la Regla 54 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI.
I
La Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante la A.E.E.) solicitó ante la Junta de Planificación (en adelante la Junta) una Consulta de Ubicación
Inconformes con esta determinación, los interventores presentaron un recurso de revisión administrativa ante .el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, en el que alegaron la comisión de cinco (5) errores por parte de la Junta.(2)
[651]*651A pesar de que fueron cinco (5) los errores alegados, el Tribunal de Primera Instancia revocó la decisión de la Junta a base de que se había cometido el cuarto error. En particular, concluyó que la Junta había violado sus propios reglamentos al permitir que la A.E.E. presentara la con-sulta de ubicación sin tener la capacidad jurídica para ello. El foro de instancia entendió que la A.T., como dueña de terreno, era parte indispensable en la vista referente a la consulta de ubicación. En ese sentido, el tribunal deter-minó que al no haberse traspasado el terreno en cuestión a favor de la A.E.E., previo a la solicitud de consulta de ubi-cación, ni tampoco estar autorizada para desarrollar dichos terrenos, la Junta violó su propia reglamentación al permitir que la A.E.E. presentara la solicitud de consulta sin tener la capacidad jurídica requerida para ello. En vista de esta determinación, el Tribunal de Primera Ins-tancia determinó que la discusión de los demás errores era innecesaria y expidió el auto de revisión.
De dicha decisión, la Junta y la A.E.E. acudieron en certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones e im-pugnaron la determinación del foro de instancia de que la A.E.E. carecía de capacidad jurídica para promover la consulta.
Este foro apelativo revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia y concluyó que la A.T. había autorizado a la A.E.E. a actuar como su agente en las gestiones rela-cionadas con el desarrollo del proyecto. En un escolio el Tribunal de Circuito de Apelaciones reconoció que el foro de instancia había dispuesto que “al resolver que la parti-cipación de la A.T. era indispensable en el proceso de con-sulta, era innecesario resolver los restantes cuatro errores alegados por García Oyóla y otros”. Resolución del Tribunal de Circuito de Apelaciones de 16 de febrero de 1996, [652]*652pag. 2 esc. 1. No obstante, concluyó que “[e]llo equivale a desestimarlos”.
Inconforme con dicha determinación, García Oyóla acude ante nos y solicita que revoquemos la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones por “NO DEVOLVER EL CASO AL TRIBUNAL DE INSTANCIA PARA ULTE-RIORES PROCEDIMIENTOS.” Petición de 12 de marzo de 1996, pág. 5. Además, señala que dicho foro apelativo erró al “determinar que la Administración de Terrenos (sic) au-torizó válidamente a la Autoridad de Energía Eléctrica a que gestionara la consulta de ubicación”.
Aunque los peticionarios presentaron un escrito de “apelación”, a tenor con lo dispuesto en la Ley de la Judi-catura de Puerto Rico de 1994 y la normativa descrita en Farmacias Moscoso, Inc. v. K-mart Corp., 138 D.P.R. 497 (1995), hemos acogido el recurso como una petición de certiorari. La Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 no estableció un procedimiento de revisión de las decisio-nes de aquellas agencias administrativas que no estaban cubiertas por los incisos (d) y (e) del Art. 3.002 de la citada ley, 4 L.P.R.A. sec. 22i(d) y (e). No obstante, la Orden Ad-ministrativa XII cubrió la laguna en este caso al disponer que “[l]as determinaciones de las demás agencias adminis-trativas continuarán siendo presentadas, revisadas y tra-mitadas en cada región judicial, conforme el trámite anterior a la vigencia de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994”.
Ahora bien, por entender que el primer error señalado por los peticionarios fue cometido por el Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones, procedemos a revocar la resolución recurrida sin procedimientos ulteriores.
hH
En síntesis, en su primer error los peticionarios alegan que una vez el Tribunal de Circuito de Apelaciones con-[653]*653cluyó que se cometieron los errores señalados, procedía de-volver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que éste considerara los restantes errores que no analizó originalmente. Entendemos que tiene razón.
En su sentencia el foro de instancia expuso todos los errores que fueron planteados ante sí en el recurso de revisión. Una vez hecha tal exposición expresó lo siguiente:
Analizadas las alegaciones y la prueba documental que obra en el expediente, este Tribunal entra a resolver primeramente el cuarto error por entender que de resultar cierto lo alegado por la parte recurrente es innecesario resolver los restantes. Sentencia de 30 de octubre de 1995, pág. 6.
Más adelante se discute en la sentencia el cuarto error y se determina que “era necesario que antes de celebrarse la Consulta de Ubicación se hubiera celebrado la consulta de traspaso de terreno y, por consiguiente, la titularidad de éste por la A.E.E.”. Sentencia de 30 de octubre de 1995, pág. 10. En consecuencia, concluye en la sentencia que “[p]or lo antes expuestos [sic] y siendo innecesario discutir los otros errores se declara Ha Lugar el Recurso de Revisión”. Id.
De este dictamen se desprende con claridad que el foro de instancia no consideró los otros errores señalados por los peticionarios y que su determinación estuvo fundamen-tada únicamente en que la A.E.E. no tenía capacidad para promover la consulta de ubicación. Por eso, en específico afirmó que “era innecesario resolver los restantes cuatro errores alegados”. En vista del lenguaje tan claro de la sen-tencia del tribunal de instancia, es sorprendente que el Tribunal de Circuito de Apelaciones concluyó que estas ex-presiones equivalían a una desestimación de los otros errores.(3) Ciertamente lo único que concluyó el foro de ins-tancia era que como la A.E.E. no tenía capacidad jurídica [654]*654para solicitar la consulta, era innecesario discutir los de-más errores planteados. Ello, sin embargo, no descarta que al concluirse correctamente que la A.E.E. había sido auto-rizada por la A.T. para solicitar la consulta, había que de-volver el caso al foro de instancia para la consideración de los demás errores presentados por los peticionarios.
En estas circunstancias procede que, a tenor con la Re-gla 54 del Reglamento de este Tribunal, expidamos el auto de certiorari y modifiquemos la resolución recurrida para ordenar que se devuelva el caso de autos al Tribunal de Primera Instancia para la adjudicación de los otros errores señalados por los peticionarios. Por la importancia de la controversia el Tribunal de Primera Instancia deberá aten-der prontamente el recurso.
Se dictará la sentencia correspondiente.
Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Corrada Del Río disintieron por entender que la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones es correcta.
Consulta Núm. 93-06-0905-JGU-T.