EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Recurrido
v. 2020 TSPR 110
Juan G. Cotto García 205 DPR _____
Peticionario
Número del Caso: CC-2019-731
Fecha: 18 de septiembre de 2020
Tribunal de Apelaciones:
Panel XI
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. José A. Morales Arroyo
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Isaías Sánchez Báez Procurador General
Lcdo. Pedro A. Vazquez Montijo Subprocurador General
Lcda. Laura W. Robles Vega Procuradora General Auxiliar
Materia: Derecho Procesal Penal - La falta de prueba documental que evidencie un historial de insanidad mental, previo al hecho imputado, no provoca que se descarte la posibilidad de levantar la defensa de insanidad mental, al amparo de la Regla 74 de Procedimiento Criminal.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v. CC-2019-731 Certiorari
Juan G. Cotto García
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de septiembre de 2020.
Este caso nos presenta la oportunidad de
resolver si el hecho de que un acusado no cuente con
prueba documental que evidencie un historial de
insanidad mental, previo al hecho que se le imputa,
provoca que se descarte la posibilidad de levantar la
defensa de insanidad mental, al amparo de la Regla 74
de Procedimiento Criminal, infra.
Por los fundamentos que expondremos más
adelante, respondemos dicha interrogante en la
negativa. CC-2019-731 2
I
Por hechos ocurridos el 5 de julio de 2018 y el 3 de
agosto del mismo año, el Ministerio Público presentó dos
acusaciones en contra del Sr. Juan G. Cotto García
(peticionario). Una acusación fue por el delito de actos
lascivos y la otra por el mismo delito, en su modalidad
de que la víctima es menor de 16 años.
Por su parte, el peticionario presentó una Moción
anunciando defensa de insanidad mental. Mediante esta
moción, expuso que tiene historial de enfermedad mental y
que sufre de impulsos que le impiden controlar su
conducta conforme a la ley. Para sustentar lo anterior,
indicó que contrató los servicios del Dr. Fernando Medina
Martínez (Psicólogo forense) para que fungiera como
perito en el caso de epígrafe. Así, incluyó un Informe de
la Evaluación Psicológica realizada por el doctor Medina
Martínez y su Curriculum vitae.1
En resumen, en su Informe el doctor Medina Martínez
concluyó que el peticionario:
Tiene una inteligencia no verbal, a un nivel bajo el Promedio, con relación a adultos de su edad cronológica de cultura norteamericana. Esta puntuación bruta de 25 es equivalente a una edad mental de niños de 9 años. Es decir, su capacidad intelectual no verbal está por
1 Como parte de la Evaluación Psicológica, el doctor Medina Martínez le realizó al peticionario la Prueba de inteligencia No Verbal-4 (TONI-4), el Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota-2 Forma Reestructurada (M.M.P.L-2, RF), el cuestionario para determinar algún tipo de déficit de atención (ADD, inatento; ADHD-hiperactivo o combinado) y unas entrevistas clínicas estructuradas.
Entre las observaciones clínicas, el Dr. Fernando Medina Martínez explica que la apreciación de los actos del peticionario “es similar a la que haría un niño”. Véase, Evaluación Psicológica, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 22. CC-2019-731 3
debajo al 83% de las personas de su edad cronológica de cultura norteamericana.2 Por lo tanto, es importante tener en cuenta que su capacidad intelectual no verbal es limitada y esto hace que interprete el mundo que le rodea y sus acciones diferente a como lo haría una persona con inteligencia no verbal promedio o sobre el promedio.3
Además, el doctor Medina Martínez indicó que el
peticionario padece del Trastorno del déficit de atención
del tipo predominante combinado, inatento e hiperactivo
(ADHD) y del Trastorno Froteurístico, caracterizado como
“una excitación sexual intensa y recurrente de los
tocamientos o fricción con una persona sin su
consentimiento, que se manifiesta por fantasías, deseos o
conducta irrefrenable”.4
Así, el doctor Medina Martínez explicó que al
combinar los mencionados hallazgos “podemos entender que
el [peticionario] ha incurrido en 3 ocasiones en un acto
inapropiado, con severas consecuencias, producto de un
impulso incontrolable y mediado por una capacidad
intelectual no verbal bajo el promedio”.5
Por otro lado, el doctor Medina Martínez indicó que
el peticionario recibe servicios psicológicos con el Dr.
José Santiago Rivera, pero no recibe farmacoterapia. A
2 El peticionario tiene 37 años.
3 Evaluación Psicológica, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 25.
4 Íd., págs. 25-26.
5 Evaluación Psicológica, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 26. CC-2019-731 4
tenor con todo lo anterior, el doctor Medina Martínez
recomendó lo siguiente:
(1) Que se tenga en cuenta los resultados de la presente evaluación, antes de tomar ninguna determinación final en este caso.
(2) Que se considere como primera opción, que el [peticionario] sea sometido a un tratamiento psicológico de modificación de conducta y consejería psicológica, junto a tratamiento psiquiátrico farmacológico ambulatorio, encaminado a lidiar con su condición de ADHD y “Trastorno Froteurístico” mientras continúa trabajando.6
Durante una vista de estado de los procedimientos, el
Ministerio Público le requirió al peticionario que le
proveyera un listado de los hospitales y/o doctores que
le han atendido. Por su parte, el peticionario argumentó
que del Informe rendido por el doctor Medina Martínez
surgía que éste recibe tratamiento psicológico con el
doctor Santiago Rivera y que próximamente podían suplir
al Ministerio Público lo que solicita. Ante ello, el foro
de instancia le ordenó al peticionario que le proveyera
al Ministerio Público la información requerida y, además,
señaló otra vista de estado de los procedimientos.7
Así las cosas, el peticionario presentó una Moción
sometiendo información de tratamientos médicos.8 En
específico, incluyó en la moción una Certificación de
Tratamiento (certificación) provista por la
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la
6 Íd.
7 Minuta, Apéndice del Alegato del Procurador General, págs. 5-6.
8 Moción sometiendo información de tratamientos médicos, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 44-48. CC-2019-731 5
Adicción (ASSMCA), la cual acreditó que el peticionario
fue admitido en ASSMCA el 7 de enero de 1994 (cuando
tenía 11 años) y que recibió servicios allí. Sin embargo,
surge de la certificación una advertencia en la cual se
indica que la información antes mencionada se transcribe
del tarjetero de pacientes inactivos y que es la única
información disponible del peticionario. Además de la
certificación, el peticionario añadió a la moción un
récord médico que contiene la Entrevista inicial y de
Cernimiento realizada por el doctor Rivera Santiago
(Psicólogo), con fecha del 29 de agosto de 2018.9 Mediante
ésta, el doctor Rivera Santiago indicó que el diagnóstico
provisional del peticionario es el siguiente: Eje I:
302.81 Fetishistic Disorder, F 5.0 y Eje II: F 60.9.
En la vista sobre el estado de los procedimientos el
Ministerio Público alegó que los documentos provistos por
el peticionario no cumplían con los requisitos que
establece la regla para establecer la defensa de
insanidad mental. En específico, el Ministerio Público
expresó lo siguiente:
La información que la defensa acompañó en su Moción es simplemente un cuestionario de una entrevista hecha por el Dr. José A. Rivera que data del 29 de agosto de 2018. Los hechos de este caso fueron sometidos el 15 de agosto de 2018 y varios días después es que el acusado acude a una cita con un especialista. El otro documento que se acompaña, que es el que se hizo mención de ASSMCA, es cuando el acusado tenía 11 años y lo que surge de ese documento es que él recibió algún tipo de servicio cuando tenía esa
9 Entrevista Inicial y de Cernimiento, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 46-48. CC-2019-731 6
edad. Las reglas establecen que al momento de los hechos el imputado tenía que estar bajo tratamiento con un Psicólogo o Psiquiatra y no después de los hechos.10 (Énfasis nuestro).
Así, el tribunal de instancia le indicó en corte
abierta al peticionario que “si no provee la información
porque no existe, no procede su solicitud”.11 Por
consiguiente, el foro de instancia le concedió al
peticionario 10 días para que consiguiera la información
que solicitó en ASSMCA y que, consecuentemente, se la
proveyera al Ministerio Público. Además, le indicó al
Ministerio Público que “de entenderlo pertinente, deberá
informar el nombre y dirección de los peritos que
utilizará”.12 En respuesta, el peticionario le informó al
foro primario que le iba a presentar un proyecto de orden
dirigida a ASSMCA. Así las cosas, el foro de instancia
señaló una vista sobre el estado de los procedimientos
para el 24 de junio de 2019 e indicó que sería la vista
final sobre este asunto.
Posteriormente, el tribunal de instancia proveyó de
conformidad a la solicitud del peticionario y emitió la
Orden a nombre de ASSMCA. Mediante ésta, el foro de
instancia le ordenó a ASSMCA proveer copia del expediente
y/o récord médico y las evaluaciones psiquiátricas y/o
psicológicas del peticionario. Además, el tribunal de
instancia le advirtió a ASSMCA que -de no poder localizar
10 Minuta, Apéndice del Alegato del Procurador General, pág. 8.
11 Íd.
12 Íd. CC-2019-731 7
dicho expediente- proveyera la siguiente información:
(1) diagnóstico por el cual recibió tratamiento;
(2) medicación recetada; (3) duración de su tratamiento y
(4) nombre de los médicos que brindaron el tratamiento.13
En cumplimiento con la Orden, el peticionario
presentó una Moción sometiendo información de
tratamientos médicos e incluyó una Certificación de
Tratamiento emitida por ASSMCA. Mediante ésta, ASSMCA
reiteró que -en efecto- el peticionario había sido
admitido al Centro de Salud Mental de la Comunidad de
Bayamón cuando tenía 11 años y que había recibido
tratamiento clínico allí, pero que el expediente no
estaba disponible.14
De conformidad con lo anterior, en la vista sobre el
estado de los procedimientos el peticionario informó al
tribunal que trató de conseguir copia del récord médico a
través de la Orden dirigida a ASSMCA, pero que la gestión
resultó infructuosa.
Por su parte, el Ministerio Público le solicitó al
foro de instancia que no le permitiera al peticionario
presentar la defensa de insanidad mental, tras alegar que
éste no había cumplido con las exigencias de las Reglas
de Procedimiento Criminal.
En respuesta, el peticionario argumentó que la Regla
240 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, solo
13 Orden, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 53.
14 Certificación de Tratamiento, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 55. CC-2019-731 8
exigía que se presente un informe y no un récord médico.15
Argumentó que ASSMCA (el Estado) es el custodio de dicho
expediente y que el mismo no estaba disponible. En
consecuencia, indicó que no puede proveer una información
que el Estado ni él tienen. Añadió que la Certificación
de Tratamiento emitida por ASSMCA confirma que recibió
tratamiento médico. Ante ello, el Ministerio Público
expresó que el procedimiento no estaba bajo la Regla 240
de Procedimiento Criminal, sobre procesabilidad, sino
bajo la Regla 74 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap.
II, sobre insanidad mental y que ésta última requiere
indagar sobre los médicos y el tratamiento que recibió
“toda vez que es el acusado el que tiene que poner en
posición al Ministerio Público y en su día al tribunal de
que este defecto o esta condición mental le impedía
entender sus actos al momento de los hechos”.16 Así, el
Ministerio Público argumentó que no se habían cumplido
con las exigencias de las reglas.
Evaluados los argumentos de ambas partes, el tribunal
de instancia expresó que el peticionario no cumplió con
proveer la información requerida por la Regla 74.
En particular, el tribunal de instancia señaló que “la
Regla 74 de Procedimiento Criminal es clara en cuanto a
15 La Regla 240 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap.II, proscribe sobre el concepto de procesabilidad. A diferencia de la inimputabilidad por insanidad mental que evalúa la capacidad mental al momento de los hechos, la procesabilidad atiende el estado mental de la persona al momento de encarar el proceso judicial. Pueblo v. Santiago Torres, 154 DPR 291, 300 (2001).
16 Minuta Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 14. CC-2019-731 9
que si en ambos casos, si el acusado o el Ministerio
Público no suplen la información requerida; no tendrán
derecho a ofrecer tal evidencia”. 17 En consecuencia, el
foro de instancia declaró “no ha lugar” a la Moción
anunciando defensa de insanidad mental.
Inconforme, el peticionario acudió ante el Tribunal
de Apelaciones mediante un recurso de certiorari y señaló
que el tribunal de instancia erró al negarse a permitir
la defensa de insanidad mental en las circunstancias
particulares del caso de epígrafe. El peticionario arguyó
que es a él a quien más le interesaba obtener el récord
médico de ASSMCA, pero que el Estado -a quien le
corresponde custodiar el récord médico- no lo tiene y
que, en consecuencia, no puede proveer algo que existió,
pero no está disponible. En particular, argumentó que
cumplió con lo esbozado en la Regla 74 y que suministró
al Ministerio Público la prueba con que cuenta para
establecer su defensa. Explicó que la prueba para
sostener su defensa obra en el Informe pericial emitido
por el doctor Medina Martínez y que, además, del propio
Informe surge que el peticionario recibió servicios
psicológicos y psiquiátricos en ASSMCA por previamente
habérsele diagnosticado ADHD.
No obstante, el Tribunal de Apelaciones denegó la
expedición del recurso, tras razonar lo siguiente:
Examinada la documentación provista por [peticionario] no cabe hablar de que el TPI haya
17 Íd., pág. 16. CC-2019-731 10
abusado de su discreción o errado de forma alguna que se haga indispensable nuestra intervención. Incluso, si se diera por cierto que no es culpa del [peticionario] que la información no esté disponible, el hecho cierto es que no la está. Al Tribunal no puede requerírsele que, por fe, acepte una defensa desprovista de base evidenciaria que requiere la Regla 74 de Procedimiento Criminal, supra. […].18 (Énfasis nuestro).
Así, el foro apelativo intermedio concluyó que “[l]a
documentación presentada por el peticionario no cumple a
carta cabal con los requisitos impuestos[…].19
Inconforme con esta determinación, el peticionario
presentó una Moción urgente de reconsideración e insistió
en que en el récord del tribunal de instancia obran los
documentos necesarios para que éste tenga la oportunidad
de que se evalué su defensa de insanidad mental. Aludió a
que el Ministerio Público cuenta con el Informe del
doctor Medina Martínez en el cual se concluye que el
peticionario tiene historial de enfermedad mental y que
sufre de impulsos que le impiden controlar su conducta y
comportarse conforme a la ley. Así, arguyó que siendo el
Informe del doctor Medina Martínez el documento
presentado para sostener la defensa y estando el mismo en
poder del Ministerio Público, éste puede rebatirlo con
prueba pericial de entenderlo necesario. Reiteró que esa
es la base evidenciaria que requiere la Regla 74. No
obstante a lo anterior, el foro apelativo intermedio
18Resolución del Tribunal de Apelaciones, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 60.
19 Íd., pág. 61. CC-2019-731 11
declaró “no ha lugar” a la Moción urgente de
reconsideración.
En desacuerdo, el peticionario presentó una Petición
de certiorari ante este Tribunal y señala que “[e]rró el
Tribunal de Primera Instancia al negarse a permitir la
defensa de insanidad mental en las circunstancias del caso
de epígrafe”.20 En particular, el peticionario añadió lo
siguiente:
Sostener la posición del TPI y el TA nos llevaría al absurdo de concluir que un acusado quien nunca haya recibido tratamiento médico […] no puede presentar esa defensa por la ausencia de récords médicos anteriores. En este caso es peor porque aquí existieron unos récords médicos, pero estos no están disponibles por causas no atribuibles al acusado.21
Luego de expedir el auto de certiorari solicitado el
25 de octubre de 2019 y comparecido las partes a expresar
su posición, pasemos, pues, a exponer el marco jurídico
para disponer de la controversia presentada en el caso de
epígrafe.
II
A. La defensa de insanidad mental
El Art. 21 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5034,
relativo a las formas de culpabilidad y el requisito
general del elemento subjetivo, dispone lo siguiente:
(a) Una persona solamente puede ser sancionada penalmente si actuó a propósito, con conocimiento, temerariamente o negligentemente con relación a un resultado o circunstancia prohibida por ley.
20 Petición de certiorari, pág. 3.
21 Petición de certiorari, pág. 7. CC-2019-731 12
(b) El elemento subjetivo del delito se manifiesta por las circunstancias relacionadas con el hecho, la capacidad mental, las manifestaciones y conducta de la persona. (Énfasis nuestro).
Al respecto, la Profesora Dora Nevares Muñiz nos
comenta que el Art. 21 (a) del Código Penal, supra, sobre
el principio de culpabilidad y corolario del principio de
legalidad, “reitera lo expresado en el Art.8 (Principio
de responsabilidad penal), primer párrafo, de que
“[n]adie podrá ser sancionado por un hecho previsto en
una ley penal si no lo ha realizado según las formas de
culpabilidad previstas en este Código.”22
Por su parte, el Art. 21 (b) del Código Penal, supra,
“constituye una disposición probatoria para orientar al
juzgador en la determinación del elemento subjetivo”.
Entiéndase que “son pertinentes: las circunstancias
relacionadas con el hecho, la capacidad mental, las
manifestaciones y conducta de la persona”.23 De no ser
suficiente la capacidad mental del actor para que se
configure la forma de culpabilidad o elemento mental
requerido por el delito “se consideraría como un caso de
inimputabilidad […]”.24
A tenor con lo anterior, el Art.38 del Código Penal,
33 LPRA sec. 5061, establece la incapacidad mental como
22D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 7ma ed., San Juan, Ed. Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 192.
23 Nevares Muñiz, op. cit., pág. 192.
24 Íd., pág. 194. CC-2019-731 13
causa de inimputabilidad. En específico, el Art. 38 del
Código Penal, supra, estatuye lo siguiente:
Nadie será sancionado por un hecho que constituya delito si al momento de su comisión no es imputable. Se consideran causas de inimputabilidad las siguientes:
(a) Minoridad. (b) Incapacidad Mental. (c) Trastorno Mental Transitorio. (Énfasis nuestro).
En cuanto a la incapacidad mental como causa de
inimputabilidad, el Art. 40 del Código Penal, 33 LPRA sec.
5063, preceptúa que:
No es imputable quien al momento del hecho, a causa de enfermedad o defecto mental, carece de capacidad suficiente para comprender la criminalidad del acto o para conducirse de acuerdo con el mandato de ley.
Los términos enfermedad o defecto mental no incluyen una anormalidad manifiesta sólo por reiterada conducta criminal o antisocial.25
Para efectos de la prueba de incapacidad mental, el imputado deberá evidenciar la alegada incapacidad. (Énfasis nuestro).
Nótese que el Art. 40 del Código Penal, supra, está
enmarcado bajo la fórmula siquiátrica-sicológica-jurídica.
Esta fórmula “se refiere a la insuficiencia en las
facultades mentales o perturbación en las mismas, que le
impide a la persona comprender la criminalidad del acto o
dirigir voluntariamente sus acciones”.26 Esto es, contiene
dos aspectos: el cognoscitivo y el volitivo. El aspecto
25Esta sección se incorporó como parte del Art. 40 del Código Penal, supra, con el propósito de excluir a los sicópatas de la defensa de inimputabilidad. Ello, toda vez que aunque poseen una anormalidad en su personalidad afectiva y volitiva, no se consideran inimputables. Nevares Muñiz, op. cit., pág. 292.
26 Nevares Muñiz, op. cit., pág. 284. CC-2019-731 14
cognoscitivo tiene que ver con la incapacidad de la
persona para reconocer el carácter ilícito de su acción u
omisión y comprender la criminalidad de su acto. Por su
parte, el aspecto volitivo se refiere a la incapacidad de
la persona para conducirse conforme al mandato de la
ley.27
Al respecto, el Profesor Luis E. Chiesa Aponte nos
comenta lo siguiente:
Cuando se expresa que el acusado es “inimputable” por incapacidad mental, lo que quiere decirse es que no tiene sentido (ni resultaría justo) imputarle el acto antijurídico como un hecho suyo, pues al momento de cometer el delito, el sujeto no tenía capacidad para controlar sus acciones o para entender la criminalidad de su proceder.28 (Énfasis nuestro).
En fin, es importante señalar que desde Pueblo v.
Marcano Pérez, 116 DPR 917, 926-927 (1986), el criterio de
inimputabilidad no exige una carencia total de capacidad
mental, sino que basta con que dicha carencia sea de
índole suficiente o sustancial.
B. El Procedimiento Criminal ante la defensa de insanidad mental
Es sabido que “a los fines de levantar y luego
establecer la defensa de incapacidad mental, cónsono con
la Regla 74 el acusado tiene que presentar un aviso ante
el tribunal y notificarlo al Ministerio Público”.29 Esto,
debido a que la Regla 74 “responde al imperativo de poner
27 Íd.
28L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 2da ed., San Juan, Publicaciones JTS, 2013, pág. 256.
29 Pueblo v. Santiago Torres, 154 DPR 291, 300 (2001). CC-2019-731 15
al Ministerio Público en condiciones de confrontarse con
una defensa de coartada o locura”.30
En específico, la Regla 74 sobre alegación de no
culpable; notificación defensa de incapacidad mental o
coartada, dispone lo siguiente:
Cuando el acusado hiciere alegación de no culpable e intentare establecer la defensa de trastorno mental transitorio o de incapacidad mental en el momento de la alegada comisión del delito imputándole, o cuando su defensa fuera la de coartada, deberá presentar en el Tribunal de Primera Instancia un aviso al efecto, con notificación al fiscal, dentro de los veinte (20) días siguientes al acto de la lectura de la acusación en los casos en que deba celebrarse dicho acto. Cuando se hubiere entregado personalmente al acusado una copia de la acusación, el término para la presentación de estas mociones será de no más de veinte (20) días desde que el acusado hubiese respondido. Cuando no hubiese contestado, el término será de no más de veinte (20) días después de que se registre la alegación de no culpable. En casos por delitos menos graves a los cuales no aplique el derecho a juicio por jurado el aviso con notificación al fiscal se presentará por lo menos veinte (20) días antes del juicio.
El acusado que desee establecer la defensa de incapacidad mental o de trastorno mental transitorio deberá suministrar al Ministerio Público, al momento de plantearla, la siguiente información: (a) Los testigos con los que se propone establecer la defensa de incapacidad mental o trastorno mental transitorio. (b) La dirección de dichos testigos. (c) Los documentos a ser utilizados para sostener la defensa, supliendo copia de los mismos, y de no poseerlos, informar en poder de quién se encuentran tales documentos, autorizando a que los mismos sean fotocopiados. (d) Hospital u hospitales en que estuvo recibiendo tratamiento y las fechas en que lo recibió.
30 Pueblo v. Pérez Velázquez, 147 DPR 777, 783 (1999); Pueblo v. Tribunal Superior, 101 DPR 133, 136 (1973). CC-2019-731 16
(e) Médicos o facultativos que hubiesen tratado o atendido al imputado en relación a su incapacidad mental o condición de trastorno mental transitorio. [. . . . . . .] El Ministerio Público tendrá la obligación recíproca de informar al acusado el nombre y dirección de los testigos o los documentos que se propone utilizar para refutar la defensa de coartada, trastorno mental transitorio o incapacidad mental.
En ambos casos, si el acusado o el Ministerio Público no cumplen con dicho aviso o no suplen la información requerida, no tendrán derecho a ofrecer tal evidencia. El tribunal podrá, sin embargo, permitir que se ofrezca dicha evidencia cuando se demostrare la existencia de causa justificada para haber omitido la presentación del aviso o información. En tales casos el tribunal podrá decretar la posposición del juicio o proveer cualquier otro remedio apropiado. (Énfasis nuestro).
Vemos que, en cuanto a la incapacidad mental, la
Regla 74 atiende varios asuntos, a saber: la notificación,
el descubrimiento de prueba, la obligación recíproca del
Ministerio Público y las consecuencias de incumplir con lo
allí estatuido.
En cuanto a la notificación de la defensa de
insanidad mental, la Regla 74 requiere que el acusado
emita un aviso al tribunal y al Ministerio Público para
informarles que desea presentar la defensa en el juicio.
Esto es, se requiere “una notificación anticipada de las
defensas de locura y coartada, consagrando así
estatutariamente al ministerio fiscal un medio de
descubrimiento de prueba anterior a la celebración del
juicio.”31 Por consiguiente, ”es razonable que la defensa
31 Pueblo v. Tribunal Superior,92 DPR 116, 118-119 (1965). CC-2019-731 17
adelante que se propone invocar la defensa de insanidad
mental, de forma que el fiscal sepa que no podrá meramente
descansar en la presunción de cordura.”32
En particular, con respecto a cuándo se debe
presentar la notificación, adviértase que los términos
establecidos en la Regla 74 pueden variarse cuando medie
justa causa.33 Nótese que, “[e]l verdadero alcance de la
excepción es permitir al acusado la notificación tardía de
la defensa”.34 Además, en Hernández Ortega v. Tribunal
Superior, 102 DPR 765 (1974), establecimos que la defensa
de insanidad mental también puede presentarse en el acto
de la vista preliminar.35
En torno al descubrimiento de prueba, la Regla 74
especifica los documentos que debe incluir la
notificación. Sépase que en sus orígenes la regla nada
disponía sobre ello. Sin embargo, en Pueblo v. Tribunal
Superior, 92 DPR 116 (1965), tuvimos la oportunidad de
delimitar el alcance del descubrimiento autorizado por la
Regla 74.36
En el precitado caso, el acusado presentó un escrito
titulado Alegación y notificación bajo la Regla 74
mediante el cual hizo alegación de no culpable por razón
32E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia,Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 302.
33 Nevares Muñiz, op. cit., pág. 295; Chiesa Aponte, op. cit., pág. 302.
34 Chiesa Aponte, op. cit., pág. 303.
35 Así fue reiterado en Pueblo v. Lebrón Lebrón, 116 DPR 855 (1986).
36 En ese entonces, la R. 74 de Procedimiento Criminal, supra, no especificaba la información requerida al momento de presentar la defensa de insanidad mental. CC-2019-731 18
de insanidad mental y solicitó juicio por jurado. Por su
parte, el Ministerio Público presentó una Moción y alegó
que el acusado no solo venía obligado a emitir un aviso
informando que pretendía presentar la defensa de insanidad
mental, sino que también debía producir la prueba con la
que se proponía sustentar su defensa. Ello, pues el
acusado debía poner en posición al Ministerio Público para
conocer con qué prueba pretendía establecer la defensa de
insanidad mental. Así, el Ministerio Público le solicitó
al acusado la siguiente información: los testigos peritos
con los que se proponía establecer su defensa, sus
direcciones, su historial clínico, y los hospitales y las
fechas en que estuvo bajo tratamiento y recluido. Sin
embargo, el foro de instancia proveyó “no ha lugar” a la
solicitud del Ministerio Público.
Trabada la controversia, el Ministerio Público acudió
ante este Foro. En resumen, el acusado sostuvo que proveer
la información solicitada violentaría su derecho a la no
autoincriminación, el privilegio de las comunicaciones
entre médico y paciente, y el Art. 11 del Código de
Enjuiciamiento Criminal, 34 LPRA sec. 11, que prohíbe al
fiscal interrogar los testigos del acusado excepto en el
juicio. Por su parte, el Ministerio Público reiteró sus
argumentos.
Evaluada la controversia, allí expusimos -en resumen-
lo siguiente:
[L]a información requerida, por referirse a una defensa afirmativa del encausado, es de naturaleza esencialmente exculpatoria. Además, CC-2019-731 19
se trata de la evidencia que éste intenta utilizar en el acto del juicio. En cuanto a las defensas específicas a que se refiere la Regla 74 es de notarse que cualquier información que se suministre no tiende a establecer el caso de El Pueblo; de ahí que no pueda utilizarse como índices de prueba por el ministerio público.37(Énfasis nuestro).
Por consiguiente, en aquella ocasión devolvimos el
caso al foro de instancia para que se ordenara al acusado
a suministrar al Ministerio Público la siguiente
información: “(a) el nombre y dirección de los testigos,
incluyendo los peritos que se dispone a utilizar para
establecer la defensa de locura, excluyendo su propio
testimonio y, (b) la prueba documental que se dispone a
utilizar para sustanciar tal defensa”.38
De esta forma, “[r]econocimos así la necesidad de
atenuar las dificultades inherentes del sistema
adversativo suprimiendo la posibilidad de sorpresa y
ocultación que lesionan el proceso de hacer justicia”.39
Esto, debido a que antes la defensa de insanidad mental se
presentaba en el juicio, lo que provocaba que el
Ministerio Público no tuviera tiempo para investigar ni
prepararse para refutarla.40 Por consiguiente, el
propósito de la Regla 74 es poner al Ministerio Público en
condiciones de confrontarse con la defensa de locura.41
37 Pueblo v. Tribunal Superior, supra, pág. 123.
38 Íd., págs. 128-129.
39 Pueblo v. Tribunal Superior, 101 DPR 133, 135-136 (1973).
40 Íd., pág. 137. Véase, además, Pueblo v. Pérez Velázquez, 147 DPR 777, 782-783 (1999).
41 Pueblo v. Tribunal Superior, supra, pág. 136. Con posterioridad a esta normativa, la R. 74 sufrió una enmienda para añadir la CC-2019-731 20
Del mismo modo, el Código Penal de California -del
cual proviene nuestra Regla 74- requiere la notificación
de la defensa de locura al Ministerio Público antes de
comenzar el juicio. Esto, pues, parte de la premisa de que
el Ministerio Público “tiene la necesidad de prepararse
ante la prueba pericial, inherentemente compleja, que
puede presentar el acusado con sus peritos”.42
Otro aspecto importante del descubrimiento de prueba
es que la evidencia con la que se pretenda establecer la
insanidad mental no tiene que surgir estrictamente de la
que presente el acusado, sino que puede surgir de la
propia prueba de cargo del Ministerio Público.43 También,
tanto la defensa como el Ministerio Público pueden hacer
uso de testigos legos para ayudar al juzgador a determinar
la condición mental del acusado.44 En cuanto a la
admisibilidad de este tipo de testimonios, “este Tribunal
información requerida al momento de presentar la defensa de insanidad mental. Ello, con el propósito de atemperar la R. 74 con la jurisprudencia interpretativa. No obstante, el propósito de la R. 74 se mantuvo, esto es: poner al Ministerio Público en condiciones de confrontar la prueba. Véase la Ley Núm. 30 de 29 de mayo de 1984.
42Pueblo v. Pérez Velázquez, supra, pág. 786. En la disposición del Código Penal de California, 50A Cal. Penal Code sec. 1016, el acusado tiene que notificar la defensa antes de comenzar el juicio, pero a diferencia de la Regla 74, “no dispone sobre información que tiene que notificar al Ministerio Fiscal”. Al amparo de la precitada disposición, se juzga al acusado y si se encuentra culpable, entonces el mismo jurado o uno nuevo evalúa si éste se encontraba incapacitado mentalmente al momento de los hechos. Respecto a la evidencia, el tribunal selecciona 3 peritos y ordena que éstos investiguen sobre el estado mental. Íd., pág. 784.
43Pueblo v. Santiago Torres, 154 DPR 291, 300 (2001) citando a Pueblo v. Ríos Maldonado,132 DPR 146, 168 (1992).
44 Pueblo v. Marcano Pérez, 116 DPR 917, 929 (1986). CC-2019-731 21
ha sido muy liberal al permitir un variado tipo de
declaraciones”.45
A tenor con lo anterior, en el caso de Pueblo v.
Colón Morales, 100 DPR 40 (1971), se planteó la defensa de
insanidad mental. Sin embargo, luego de celebrados los
procedimientos, estos resultaron en una convicción. En
revisión, el apelante planteó como error que el Ministerio
Público no cumplió su obligación de probar la sanidad
mental del acusado fuera de toda duda razonable. El
apelante nunca había estado recluido -antes de los hechos-
en una institución para personas con problemas de salud
mental.46 La prueba que desfiló tanto por parte del
apelante como la de refutación presentada por el
Ministerio Público descansó en testimonios de legos. En
particular, testigos que presenciaron el asesinato,
compañeros de trabajo y vecinos. Luego de evaluar la
prueba, este Foro determinó que el apelante había rebatido
la presunción de sanidad mental y que el Ministerio
Público no había probado su cordura más allá de duda
razonable. Por consiguiente, en aquella ocasión, revocamos
el dictamen condenatorio.
De otra parte y como mencionáramos, en Hernández
Ortega v. Tribunal Superior, supra, extendimos la
presentación de la defensa de insanidad mental al acto de
la vista preliminar. Nótese que ello tiene como propósito
45E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña, San Juan, Pubs. JTS, 1985, Evidencia, Vol. I, págs. 235-237.
46 Pueblo v. Colón Morales, 100 DPR 40, 44 (1971). CC-2019-731 22
darle la oportunidad al imputado, en una etapa temprana
del proceso, de establecer que no debe ser sometido a
juicio porque era inimputable al momento de los hechos. No
obstante, cuando “la prueba de la incapacidad no sea tan
clara, o […] haya testimonios periciales contradictorios,
el juez no tiene que ni debe adjudicar los méritos de la
defensa para que el asunto se dilucide más ampliamente en
una vista en su fondo”.47 Resaltamos que el descubrimiento
de prueba tiene limitaciones, pues de lo contrario se
afectaría el derecho que tiene el acusado a no
incriminarse.48
Por otro lado, la Regla 74 atiende el deber recíproco
que tiene el Ministerio Público, específicamente, a la
hora de proveerle al acusado la prueba de refutación. Esto
es, el nombre y dirección de los testigos o los documentos
que se propone utilizar. Así, el deber recíproco de
notificar preserva el balance que garantiza las exigencias
del debido procedimiento de ley y del juicio justo.49
47 Pueblo v. Lebrón Lebrón, 121 DPR 154, 156 (1988). Resaltamos que cuando resolvimos el precitado caso, la Regla 74 de Procedimiento Criminal, supra, especificaba los documentos que debían suministrarse para plantear la defensa de insanidad mental.
48Pueblo v. Pérez Velázquez, 147 DPR 777, 783 (1999). Al respecto y de modo persuasivo, el Comité nos recomienda añadir a la regla 74 un párrafo que opera como una salvaguarda del derecho contra la autoincriminación del acusado. En particular, el párrafo lee como sigue: La información obtenida por el Ministerio Público como resultado del descubrimiento de prueba que permite esta Regla no se admitirá como prueba de cargo y solo lo será para propósitos de refutación o impugnación.
Véase, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe de Reglas de Procedimiento Criminal, noviembre 2018, pág. 188.
49 Pueblo v. Acosta Acosta, 107 DPR 68, 70 (1978). CC-2019-731 23
Por último, la Regla 74 dispone sobre las
consecuencias de incumplir con el aviso o la presentación
de la información requerida. En lo pertinente, si el
acusado no cumple con el aviso o no ofrece la información
requerida, ello tendrá el efecto de que no podrán ofrecer
tal evidencia. Ahora bien, nótese que la regla es laxa en
el sentido de que le provee discreción al tribunal para
que cuando haya mediado justa causa por la cual no se
cumplió con el aviso o la información, éste permita la
presentación de la prueba.50 La flexibilidad de la Regla
74 es cónsona con el principio de que el objetivo
principal de los procesos judiciales es la búsqueda y
esclarecimiento de la verdad.51
Encarnación Santos, 150 DPR 489 (2000), avalamos que ante
la mera presentación de una Moción sobre incapacidad
mental del imputado indicando que el abogado tenía serias
dudas sobre la capacidad mental de su cliente al momento
de los hechos y al momento de ser procesado, el foro de
instancia ordenara que se le asignara un perito privado
con cargo al Estado -por razón de indigencia- para que el
acusado pudiese presentar su defensa de inimputabilidad
por incapacidad mental.52
50 Nevares Muñiz, op. cit., pág. 295.
51 Pueblo v. Rodríguez González, 202 DPR 258, 260 (2019).
52 En Ake v. Oklahoma, 470 US 68 (1985), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que -al amparo del debido proceso de ley- un acusado indigente tiene derecho a que se le asigne gratis un perito para que pueda presentar evidencia sobre la defensa de incapacidad mental. CC-2019-731 24
Por otro lado, nótese que la absolución por razón de
incapacidad mental no significa que la persona será puesta
en libertad inmediatamente.53 Es decir, “en los casos en
que la persona es sometida a juicio y resulta no culpable
por razón de incapacidad mental se procederá a determinar
si se impone una medida de seguridad”.54 Estas medidas,
toman en consideración si la persona constituye un riesgo
para la sociedad y si ésta puede beneficiarse de un
tratamiento médico.55 Así, las medidas de seguridad tienen
un propósito dual, esto es: beneficiar al sujeto y
proteger a la sociedad.56 Para ello, el tribunal retiene
jurisdicción sobre la persona y podrá ordenar que se
interne en una institución adecuada para su tratamiento.57
En fin, destacamos que una de las dificultades que
siempre ha confrontado el Derecho Penal es la formulación
de la defensa de inimputabilidad.58 No obstante, “a través
de la historia las cortes han adoptado diversos criterios
para determinar la locura […]”.59 Asimismo, “la evolución
de la psiquiatría moderna también ha afectado
profundamente las determinaciones sobre la inimputabilidad
53 Pueblo v. Colón Morales, supra, pág. 45.
54Nevares Muñiz, op. cit., págs. 298-29. Véase, además, A. Cruz Vélez y B. Seijo Ortiz, Manual de la litigación criminal, Hato Rey, Publicaciones Puertorriqueñas, Inc., 2006, pág. 218.
55 R. 241 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.
56 Cruz Vélez y Seijo Ortiz, op.cit., pág. 213.
57 Véase Art. 81 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5121.
58 Pueblo v. Marcano Pérez, supra, págs. 925-926.
59 Íd. CC-2019-731 25
de los incapacitados mentales y las medidas de seguridad
post sentencia cuando prevalece esta defensa”.60
III
Como mencionáramos, el peticionario señala que el
foro de instancia erró al declarar “no ha lugar” a la
Moción anunciando defensa de insanidad mental. Luego de
un examen minucioso de la Regla 74 y la jurisprudencia
interpretativa, es forzoso concluir que al peticionario
le asiste la razón. Veamos.
Surge del expediente que el peticionario cumplió con
las exigencias de la Regla 74. En cuanto a la
notificación se refiere, nótese que el peticionario avisó
mediante la presentación de la Moción anunciando defensa
de insanidad mental, tanto al tribunal como al Ministerio
Público, su intención de levantar la defensa.61
Con respecto a la prueba, el peticionario facilitó al
tribunal y al Ministerio Público la información requerida
por la Regla 74. Esto es: inciso (a) Los testigos con los
60 Íd. Nótese que la tendencia en los Códigos Penales se dirige a “ampliar el eximente de responsabilidad penal por inimputabilidad a anomalías síquicas distintas a la enfermedad mental y a la retardación mental”. Entre ellas, el trastorno mental transitorio. Véase Nevares Muñiz, op. cit., pág. 294.
61 Al respecto, el Procurador General alega que la Moción anunciando defensa de insanidad mental fue presentada de forma tardía. No obstante, dicha alegación carece de méritos. Del expediente se desprende que, luego de que el peticionario fue acusado, su abogado renunció y posteriormente hubo un cambio de representación legal. Resaltamos que la propia R. 74 otorga discreción al juez para atender la moción pasados los 20 días luego de la acusación, siempre que exista justa causa para ello. Además, esta alegación nunca fue planteada en el foro de instancia ni en el apelativo. En cuanto a que el término puede variarse cuando medie justa causa véase: Nevares Muñiz, op. cit., pág. 295. Asimismo, el Comité nos sugiere que evaluemos la posibilidad de incluir la expresión “salvo justa causa” cuando se trata del término para presentar la defensa.
Véase Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe de Reglas de Procedimiento Criminal, noviembre 2018, pág. 187. CC-2019-731 26
que se propone establecer la defensa de incapacidad
mental. En la Moción anunciando defensa de insanidad
mental, el peticionario indicó que pretendía utilizar al
doctor Medina Martínez como testigo pericial para
establecer su defensa; inciso (b) La dirección de dichos
testigos. El peticionario incluyó el Curriculum vitae del
galeno, el cual además contiene sus datos personales,
tales como su dirección, teléfonos, entre otros; inciso
(c) Los documentos a ser utilizados para sostener la
defensa, supliendo copia de los mismos, y de no
poseerlos, informar en poder de quién se encuentran tales
documentos, autorizando a que los mismos sean
fotocopiados. Conforme a lo anterior, el peticionario
incluyó el Informe de la Evaluación Psicológica realizada
por el doctor Medina Martínez.
Posteriormente y ante la solicitud del Ministerio
Público requiriendo evidencia sobre el tratamiento médico
recibido, el peticionario realizó esfuerzos y presentó
una Moción sometiendo información de tratamientos
médicos, en la que incluyó la Certificación de
Tratamiento originada por ASSMCA, mediante la cual
acreditó que fue admitido a dicha institución el 7 de
enero de 1994 (cuando era un menor de 11 años) y que allí
recibió servicios. Además, el peticionario incluyó un
cernimiento realizada por el doctor Rivera Santiago en el
que se alude a su condición mental. Asimismo, el
peticionario diligenció nuevamente el documento CC-2019-731 27
solicitado y obtuvo otra Certificación de Tratamiento
emitida por ASSMCA, en la que se informó que el
peticionario había sido admitido al Centro de Salud
Mental de la Comunidad de Bayamón cuando tenía 11 años y
que había recibido tratamiento clínico allí, pero que el
expediente no estaba disponible; inciso (d) Hospital u
hospitales en que estuvo recibiendo tratamiento y las
fechas en que lo recibió. Para acreditar lo anterior, el
peticionario incluyó las certificaciones de tratamiento
originadas por ASSMCA, las cuales -como mencionáramos-
especifican dónde recibió el tratamiento y en qué fecha.
Finalmente, en cuanto al inciso (e) Médicos o
facultativos que hubiesen tratado o atendido al imputado
en relación a su incapacidad mental o condición de
trastorno mental transitorio, el peticionario acreditó
que ha sido atendido por el doctor Medina Martínez y el
doctor Santiago Rivera.
Conforme a lo antes esbozado, queda claro que la
prueba presentada por el peticionario satisface las
exigencias de la Regla 74. El peticionario puso en
posición al Ministerio Público al proveerle la
información esencial con la que pretende tratar de probar
su defensa de inimputabilidad por insanidad mental.
Entiéndase, que el peticionario cumplió con el principio
fundamental de la Regla 74. Es decir, salvaguardó el
derecho que le asiste al Ministerio Público de prepararse
y confrontar la prueba que el peticionario pretende CC-2019-731 28
utilizar y que -en efecto- está disponible. No existe el
elemento sorpresa que pretende evitar dicha regla.
El que se desconozca el nombre del médico que atendió
al peticionario en ASSMCA no le impide levantar la
defensa, pues -como mencionáramos- esta defensa también
puede probarse mediante prueba pericial producida
posterior a los hechos, el testimonio de testigos legos,
personas que presenciaron los hechos, entre otros. Por
consiguiente, “no necesariamente es indispensable la
existencia de un récord siquiátrico previo a los hechos,
para que la defensa prospere, aunque ello fortalecería
aún más el caso”.62
Resolver lo contrario tendría el efecto de restringir
el derecho a levantar la defensa de insanidad mental
solamente a personas que han tenido el beneficio de
recibir los cuidados de hospitalización y tratamiento
médico para velar por su salud mental, previo al acto que
el Estado le imputa. Evidentemente, tal resultado
carecería de toda lógica y apego a la realidad.
Finalmente, advertimos que lo resuelto en esta
Opinión nada tiene que ver con el valor probatorio de la
prueba que -mediante el mecanismo de la Regla 74- el
acusado pretenda presentar en su favor. En otras palabras,
una cosa es el grado de distención que permite la regla en
pro de que el acusado cuente con esta defensa -
62 J. B. Casillas Rodríguez, La incapacidad mental y sus zonas intermedias: Manual práctico sobre las defensas para establecer la incapacidad mental del imputado, San Juan, 2006, pág. 2. CC-2019-731 29
salvaguardando los derechos del Estado como ya hemos
mencionado- y otra distinta es cuál ha de ser el valor
probatorio de la prueba presentada y admitida. La Regla 74
busca evitar que el elemento sorpresa perjudique al
Estado, asunto que no guarda relación con la admisibilidad
y el valor probatorio de la prueba.
Por todo lo antes expuesto, resolvemos que la falta
de prueba documental que evidencie un historial de
insanidad mental, previo al hecho imputado, no provoca que
se descarte la posibilidad de levantar la defensa de
insanidad mental, al amparo de la Regla 74 de
Procedimiento Criminal, supra.
IV
Por todo lo anterior, revocamos las sentencias
emitidas por los foros a quo y devolvemos el caso al
Tribunal de Primera Instancia para que actúe de
conformidad con lo aquí resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede la cual se hace formar parte íntegra de la presente, revocamos las sentencias emitidas por los foros a quo y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que actúe de conformidad con lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre con el resultado sin opinión escrita.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo