EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Recurrido Certiorari
v. 2002 TSPR 3
Moraima Rodríguez Lugo 155 DPR ____ Peticionaria
Número del Caso: CC-2000-869
Fecha: 9/enero/2002
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional IV
Panel integrado por su Presidenta, la Juez López Vilanova, y los Jueces Córdova Arone y Escribano Medina
Abogada de la Parte Peticionaria: Lcda. Clarisa Solá Gómez
Oficina del Procurador General: Lcda. Yasmin Chaves Dávila
Materia: Art. 260 C.P.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
vs. CC-2000-869 Certiorari
Moraima Rodríguez Lugo
Peticionaria
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR FUSTER BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico, a 9 de enero de 2002.
Tenemos la ocasión para determinar si tomar una
fotografía a una persona sin su consentimiento constituye per
se el delito de alteración a la paz configurado en el Art. 260
del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4521; y para
precisar lo que resolvimos antes en Pueblo v. Figueroa Navarro,
104 D.P.R. 721 (1976).
I
El 4 de febrero de 1999, Dayanara Bracero Valentín
(Dayanara) y Reyes García Díaz (García Díaz), ambos estudiantes
de la Escuela David Antongiorgi de Sábana Grande, estaban
leyendo una CC-2000-869 3
revista en la oficina de la escuela. Estando allí sentados,
junto con unos profesores y la directora de la escuela, entró
la maestra de ciencias, Moraima Rodríguez Lugo (Rodríguez
Lugo), y les tomó varias fotografías, sin su consentimiento.
La directora de la escuela se molestó por lo acontecido y de
inmediato le pidió a la maestra que le entregara la cámara
con la que había tomado las fotos. Esta se negó a dársela. Así
las cosas, más tarde ese día las madres de ambos estudiantes
instaron una querella contra la maestra en la que alegaron que,
de forma ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, la
maestra había perturbado la paz y tranquilidad de los
estudiantes, al tomarles unas fotografías sin su
consentimiento, provocándoles temor.
El juicio se celebró el 30 de septiembre de 1999. Allí
la estudiante Dayanara Bracero, de 14 años de edad, declaró
que al ser fotografiada por la maestra se sintió nerviosa y
preocupada porque desconocía por qué la maestra le había tomado
las fotos y para qué las quería. Explicó que más tarde ese mismo
día ella no pudo tomar un examen de ciencias que tenía porque
seguía “nerviosa”. El otro estudiante Reyes García, también
de 14 años de edad, declaró que él no se había puesto nervioso,
pero que sí se había sentido “mal” porque desconocía para qué
la maestra quería esas fotografías.
Es menester señalar que, según surge de la transcripción
de la prueba que obra en autos, la estudiante Dayanara también
testificó que después de que le tomaron las fotos ella se había
quedado “tranquila” en la oficina. A instancias del fiscal, CC-2000-869 4
sin embargo, Dayanara entonces reiteró que se había sentido
“mal” y añadió que aún se sentía así porque “yo no soy figura
pública pa’ que ella me esté tirando retratos”. La joven, en
el contrainterrogatorio por la defensa, admitió que ella había
tenido “problemas” con esa maestra desde agosto del año
anterior, sin explicar en qué consistían tales “problemas”.
Sólo indicó que su madre había tenido un incidente
anteriormente con la maestra, porque ésta le había exigido una
carta escrita a la madre como requisito para que la maestra
permitiera a Dayanara ir al baño cuando ésta quisiera. Además,
Dayanara le explicó a la defensa que había declarado que
después del incidente de las fotografías se había quedado “en
el salón tranquila” porque sabía que cuando su madre llegara
allí a buscarla, ella habría de resolver “ese problema”.
Igualmente es menester señalar que en su declaración
inicial, Reyes García testificó que él sí fue a tomar el examen
de ciencias que Dayanara no tomó, porque él “estaba de lo más
bien”. Reyes García, al igual que Dayanara, señaló en el
contrainterrogatorio que su malestar por el incidente de las
fotografías surgía porque “nosotros no somos figuras
públicas”.
Reyes García también declaró que él sabía que la directora
escolar tenía prohibido que los estudiantes acudiesen a la
oficina de la escuela a menos que tuviesen alguna razón que
lo justificase, como la de estar enfermos. La defensa le
preguntó a Reyes García qué cómo él sabía de la prohibición
referida y éste contestó que la propia directora lo había hecho CC-2000-869 5
saber. La defensa entonces le preguntó a Reyes García si él
y Dayanara no estaban violando la prohibición referida, y éste
no le contestó. Antes, a preguntas del fiscal, Reyes García
había declarado que él estaba en la oficina leyendo una
revista, la cual él le había enseñado a Dayanara, quien entró
a la oficina inicialmente “para botar una lata que ella tenía”.
Finalmente, como parte del contrainterrogatorio, Reyes García
declaró que después del incidente de las fotos, la directora
de la escuela se había reunido con su madre.
El único otro testigo de cargo fue el agente de la policía
Edgardo Vega (Vega). En esencia, éste declaró que en el cuartel
de la policía se habían recibido dos querellas contra la
maestra, presentadas ambas por las madres de los dos
estudiantes; que él había entrevistado a la directora de la
escuela sobre el particular; que trató de entrevistar a la
maestra en tres ocasiones sin lograrlo; que él estimaba que
la maestra “se escondía”; que en vista de ello sometió el caso
al tribunal sin ulterior investigación; que posteriormente fue
a la escuela a citar a la maestra para el juicio; que la maestra
estaba en un salón conduciendo una clase y no quiso atender
al guardia escolar enviado por la directora de la escuela para
que se ocupara de la citación; que entonces la propia directora
acudió al salón de la maestra con el guardia escolar y con él
(Vega) y ordenó a sacar a los estudiantes del salón; que la
maestra se fue también y no quiso atenderlos; que él fue luego
al tribunal y el juez expidió una orden de arresto. A preguntas
de la defensa en el contrainterrogatorio, el agente Vega CC-2000-869 6
admitió que no trató de citar a la maestra durante sus horas
de oficina porque la directora de la escuela no le informó sobre
tales horas de oficina.
Luego de escuchar la prueba de cargo, el Tribunal de
Instancia encontró a la acusada culpable de los dos cargos de
alteración a la paz imputados. Posteriormente, tras varios
trámites procesales, se le impuso pagar una multa de $25 por
cada delito.
Insatisfecha con la sentencia, Rodríguez Lugo recurrió
al Tribunal de Circuito de Apelaciones. En lo pertinente aquí,
la maestra alegó que el foro de instancia se había equivocado
al amparar su dictamen en lo resuelto en Pueblo v. Figueroa
Navarro, supra. Adujo la peticionaria que el Tribunal de
Instancia emitió el fallo condenatorio por entender que en
Pueblo v. Figueroa Navarro, supra, se había establecido
jurisprudencialmente que tomar fotografías de otras personas
sin su consentimiento constituía una alteración a la paz.
El foro apelativo confirmó el dictamen del foro de
instancia el 16 de agosto de 2000. En esencia, resolvió el
Tribunal de Circuito de Apelaciones que la actuación de
Rodríguez Lugo había sido suficiente como para provocar
irritación y para perturbar la tranquilidad de cualquier
persona razonable en circunstancias similares. Indicó que la
prueba de cargo había establecido que al momento del incidente,
los estudiantes se encontraban en paz, mirando una revista en
la oficina de la directora, y que fue precisamente la conducta
de la peticionaria la que alteró a los estudiantes. Señaló CC-2000-869 7
específicamente, que dicha actuación causó nerviosismo a
Dayanara, quién no pudo tomar un examen que tenía más tarde
ese día; y que cuando Rodríguez Lugo tomó las fotografías tenía
la intención inequívoca de provocar, desafiar y alterar a
Dayanara y a Reyes García.
Insatisfecha también con dicha determinación, Rodríguez
Lugo recurrió ante nos, haciendo los siguientes señalamientos
de error:
1. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al determinar que el planteamiento de insuficiencia de prueba en este caso se reduce a uno de credibilidad de testigos, por lo que, en ausencia de prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no debe revocar al Tribunal de Instancia.
2. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al determinar que en este caso la prueba estableció que cuando la apelante tomó las fotos tenía la intención inequívoca de provocar, desafiar y alterar a la estudiante Dayanara y por consiguiente a Reyes.
El 8 de diciembre de 2000, expedimos el recurso de
certiorari solicitado por la maestra, a fin de revisar la
sentencia dictada por el foro apelativo el 16 de agosto de 2000.
El 9 de febrero de 2001 accedimos a la petición de Rodríguez
Lugo de aceptar como su alegato la solicitud de certiorari
presentada ante nos. El Procurador General presentó su informe
el 9 de marzo de 2001.
Pasamos a resolver.
II
Como es sabido, el delito de alteración a la paz, según
tipificado en el Art. 260 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. CC-2000-869 8
4521, se configura cuando una persona voluntariamente
realizare cualquiera de los siguientes actos:
(a) Perturbare la paz o tranquilidad de algún individuo o vecindario, con fuertes e inusitados gritos, conducta tumultuosa u ofensiva o amenazas, vituperios, riñas, desafíos o provocaciones.
(b) Disparare en la calle o vía pública algún arma de fuego, o que sin ser un caso de legítima defensa, sacare o mostrare en presencia de dos o más personas algún arma mortífera, en actitud violenta, colérica o amenazadora o que de modo ilegal hiciere uso de dicha arma en alguna riña o pendencia.
(c) Hiciere uso de lenguaje grosero, profano o indecoroso en presencia o al alcance del oído de mujeres o niños, en forma estrepitosa o inconveniente.
Según surge claramente del texto del citado Art. 260,
supra, el delito de alteración a la paz tiene varias
modalidades. Una de ellas, configurada en el inciso (a) del
Art. 260 referido, consiste del uso de palabras de riña
(“fighting words”) tan ofensivas que por el mero hecho de ser
proferidas pueden causar que una persona de inteligencia común
o de sensibilidad ordinaria pueda reaccionar violentamente en
respuesta a que se las hayan proferido. Pueblo v. Caro
González, 110 D.P.R. 518, 525 (1980).
Otra modalidad, configurada en el inciso (b) del citado
Art. 260, consiste en sacar o mostrar una arma de fuego, sin
ser un caso de legítima defensa, en presencia de dos o más
personas con una actitud tan amenazadora que pueda producir
en la persona amenazada el temor de que ha de ser agredida o
de que va a sufrir daño. Pueblo v. Cardona, 63 D.P.R. 279, 280
(1944). CC-2000-869 9
Una tercera modalidad, configurada en el inciso (c) del
Art. 260 referido, consiste en utilizar lenguaje grosero,
profano o indecoroso en presencia o al alcance del oído de
mujeres o niños en forma estrepitosa o inconveniente. Pueblo
v. Ruiz, 29 D.P.R. 74 (1921).
Una cuarta modalidad es la que aquí nos concierne. Esta
se refiere no al uso del lenguaje proscrito aludido antes, sino
a otros tipos de comportamientos ofensivos. En lo pertinente
al caso de autos, se configura esta cuarta modalidad del delito
de alteración a la paz cuando están presentes dos elementos,
a saber: (1) que se haya desplegado alguna conducta ofensiva,
o de provocación; y (2) que en efecto se haya perturbado la
paz o la tranquilidad de algún individuo. Véase, Vizcarra
Castellón v. El Pueblo, 92 D.P.R. 156, 167 (1965); Pueblo v.
Medina, 58 D.P.R. 925, 926 (1941); y Pueblo v. Escobar, 36
D.P.R. 240, 241 (1927). La paz de algún individuo queda
perturbada cuando la sensación de seguridad y tranquilidad que
toda persona siente al amparo de la protección de la ley es
invadida. Pueblo v. Figueroa Navarro, supra. Incluso hemos
resuelto que cuando unos esposos se alarmaron porque un extraño
se dedicaba a atisbar por una de las ventanas de su residencia
en el momento que se disponían a dormir, en horas de la
madrugada, ello constituye una “perturbación de la paz” de esos
esposos. Ramos v. Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 417, 419
(1952). No es siempre necesario, pues, que la víctima del
delito haya en efecto reaccionado con violencia para que se
estime que se le perturbó la paz. Dependiendo de las CC-2000-869 10
circunstancias, se puede estimar que quedó alterada la paz de
una persona sólo cuando ésta justificadamente se ha sentido
“alarmada” por un comportamiento claramente intrusivo de la
intimidad del hogar. Pueblo v. Figueroa Navarro, supra, pág.
275; Ramos v. Tribunal de Distrito, supra.
La referida cuarta modalidad, que aquí nos concierne,
presenta un problema similar al que identificamos en Pueblo
v. Caro González, supra. A la luz de la redacción del estatuto
sobre alteración a la paz y su desarrollo jurisprudencial, allí
reconocimos la dificultad que existía entonces para determinar
en qué medida el uso de un lenguaje indecoroso era lo
suficientemente ofensivo o insultante como para constituir el
delito de alteración a la paz. En la actualidad, fuera del
contexto del uso de palabras ofensivas o vituperios, nuestra
jurisprudencia es aun muy escasa en cuanto a ilustrar o definir
qué tipo de acto o actividad es tan ofensivo o provocativo que
constituye una alteración a la paz. Es claro ya que cuando se
trata de palabras o vituperios, no basta que lo proferido tenga
carácter de molestia. Pueblo v. Caro González, supra, a la pág.
530. No es suficiente, por ejemplo, que en medio de una huelga
en que la Policía intentaba mantener el orden, una persona haya
manifestado “esos policías son unos abusadores y unos
charlatanes”, aunque las palabras se hayan proferido “en un
tono alto” por una persona que “estaba un poco excitada, algo
violenta”, si la persona se expresó en términos generales y
no dirigidos exclusivamente a un policía. Pueblo v. Kortright,
70 D.P.R. 399 (1949). Tampoco basta que en una acalorada CC-2000-869 11
discusión entre dos personas que habían sido amigos, uno le
dijera al otro “tú no eres más que un huele bicho”. Pueblo v.
Ruiz, 29 D.P.R. 74 (1921). No basta el lenguaje indecoroso o
grosero. Id. Para que puedan considerarse delictivas, las
palabras proferidas deben ser “hirientes e irritantes, capaces
de provocar una respuesta violenta”. Pueblo v. Caro González,
supra, a la pág. 530.
Por lo anterior, cuando no se trata de palabras, ¿cuán
injuriosos deben ser los actos ofensivos para que puedan
considerarse delictivos? Nos parece evidente que la respuesta
a este interrogante debe ser la misma que adoptamos en Pueblo
v. Caro González, supra, a la pág. 525, en relación al lenguaje
ofensivo: que el acto ofensivo debe ser tan hiriente e
irritante que pueda causar que una persona de sensibilidad
ordinaria reaccione violentamente en respuesta a éste; es
decir, que el acto sea tan ofensivo que pueda provocar a una
persona común a reaccionar con violencia. A la luz del
principio de legalidad que rige el derecho penal, es menester
conceptualizar los actos ofensivos del mismo modo que hemos
hecho con respecto al lenguaje ofensivo en vista de que ambas
modalidades del delito surgen concretamente de una misma
disposición estatutaria. En efecto, tanto el lenguaje ofensivo
referido como los actos ofensivos en cuestión están proscritos
por el mismo inciso (a) del referido Art. 260 del Código Penal.
Darle estos dos tipos de conducta - lenguaje y actos -
interpretaciones de diferente alcance no sólo significaría
ignorar o desatender su común fuente en la misma ley escrita, CC-2000-869 12
sino que además sería contrario a la larga tradición
jurisprudencial conforme a la cual los estatutos penales deben
ser interpretados restrictivamente, y en casos de dudas, a
favor del acusado. Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404
(1988); Pueblo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 439 (1973);
Mari Brás v. Alcaide, 100 D.P.R. 506 (1972); Pueblo v.
Mantilla, 71 D.P.R. 39 (1950); Pueblo v. Padilla, 20 D.P.R.
276 (1914); Pueblo v. Benítez, 16 D.P.R. 246 (1913).
Más aun, en los pocos casos en que expresamente hemos
interpretado antes, qué constituye conducta “ofensiva”, nos
hemos referido indistintamente a actos o palabras, aunque la
mar de las veces nuestra interpretación en éstos se dio en el
contexto de un lenguaje ofensivo. En los casos referidos hemos
indicado que la conducta ofensiva “consiste de actos,
palabras...” que “injurian o hieren los sentimientos.. o
provocan ira”. Véase, Ramos v. Tribunal de Distrito, 73 D.P.R.
417 (1952); Pueblo v. Rivera, 48 D.P.R. 570 (1935); y Pueblo
v. Ways, 29 D.P.R. 334 (1921). Nuestros propios precedentes,
pues, nos compelen también a interpretar del mismo modo el acto
ofensivo como la palabra ofensiva con respecto al elemento del
delito que aquí nos concierne.
Finalmente, debe señalarse que la exigencia de que la
conducta ofensiva, para que sea delictiva, debe ser tal que
pueda provocar a una persona común a reaccionar con violencia
está ampliamente reconocida en muchas otras jurisdicciones,
incluyendo el estado de California, de donde provino
inicialmente nuestra disposición sobre alteración a la paz. CC-2000-869 13
Véase, Ford v. City of Newport, 474 SE 2d 848 (Va.1996); State
v. Woodworth, 234 NW 2d 243 (ND 1975); Kansas City v. Graham,
502 SW 2d 411 (Mo 1973); In re Buchman, 463 P 2s 727 (Cal. 1970);
People v. Cohen, 1 Cal. App. 3d 94 (Cal. 1969); O’Leary v.
Commonwealth, 441 SW 2d 150 (Ky. 1969); State v. Langston, 11
SE 2d 1 (SC 1940); Head v. State, 96 SW 2d 981 (Tex. 1936);
People v. Anderson, 1 P 2d 64 (Cal. 1931); State v. Long, 108
SE 279 (W.Va. 1921); People v. Most, 64 NE 175 (NY 1902). Una
decisión del Tribunal Supremo de California indica con
meridiana claridad el significado de “conducta ofensiva” que
hemos estado examinando aquí:
Section 415 is not unconstitutionally vague and overbroad. It has a commonly understood meaning that not only affords adequate notice of the type of conduct that is proscribed, but also precludes its application to conduct protected by the First Amendment. The part of the section under which petitioner was convicted provides: “Every person who maliciously and willfully disturbs the peace or quiet of any * * * person * * * by tumultuous or offensive conduct * * * is guilty of a misdemeanor.” The terms “disturb the peace” and “breach of the peace,” which are substantially synonymous, have long been understood to mean disruption of public order by acts that are themselves violent or that tend to incite others to violence. Thus, one may be guilty of disturbing the peace within that part of section 415 if he engages in “tumultuous” conduct, i. e., violent conduct that willfully and maliciously endangers public safety or order. He may also be guilty of disturbing the peace through “offensive” conduct if by his actions he willfully and maliciously incites others to violence or engages in conduct likely to incite others to violence. In re Buchman, supra, a la pág. 730. (Enfasis suplido.)
En resumen, pues, la “conducta ofensiva” que el inciso (a) del
Art. 260 del Código Penal de Puerto Rico, supra, configura como
una de las modalidades del delito de alteración a la paz es
aquella que bien por palabras o por actos es tan hiriente e CC-2000-869 14
irritante que puede causar que una persona de sensibilidad
ordinaria reaccione con violencia a ella.
III
El Procurador General en su informe ante nos enfatiza
que la actuación de la maestra, al tomar las fotografías en
cuestión a los menores sin su consentimiento o el de sus padres,
constituyó la “conducta ofensiva” que alteró la paz de los
estudiantes Dayanara Bracero y Reyes García. Se apoya para su
alegación en nuestra breve opinión en Pueblo v. Figueroa
Navarro, supra. ¿Resuelve dicho caso lo que alega el Procurador
General? Veamos.
En el caso referido, un detective privado había sido
contratado por un demandado para investigar si el demandante
realizaba labores que requerían de algún esfuerzo físico. Por
ello, el detective llevó a cabo una vigilancia constante,
visible y agresiva del hogar y la familia de la persona
investigada. En varias ocasiones pasó lentamente frente a la
casa del investigado. Luego se estacionó cerca de dicha casa,
y mediante unos binoculares se dedicó a atisbar
insistentemente hacia la casa del perjudicado. Más tarde sacó
una cámara y retrató a una hija menor del investigado. Todo
esto se realizó abiertamente y causó que la esposa del
perjudicado, quien se había dado cuenta de lo que ocurría, se
intranquilizara mucho. Posteriormente, el propio investigado
encaró al detective y tuvieron un intercambio de palabras en
un ambiente hostil. El investigado estaba muy alarmado porque CC-2000-869 15
en su trabajo ya antes le habían disparado a su automóvil. Temía
el secuestro de sus hijas y de su esposa, y daños a su persona.
A la luz de estos hechos particulares, y luego de la
correspondiente denuncia, el detective fue encontrado
culpable del delito de alteración a la paz.
Al confirmar la convicción del detective, hicimos
hincapié en las circunstancias especiales de dicho caso. En
particular, le dimos una primordial importancia a la conducta
acometiva del detective y al hecho de que el detective había
lacerado la intimidad del hogar del investigado. Señalamos
allí lo siguiente.:
La conducta del peticionario rondando la casa, deteniendo el vehículo al frente de la misma, mirando insistentemente, haciendo uso de binoculares y utilizando una cámara con lente largo y retratando a la niña constituye la conducta ofensiva que proscribía el Art. 363 del anterior Código Penal. Para realizar la investigación encomendádale el peticionario no tenía que actuar en la forma ostensible y atrevida en que lo hizo.
El caso en el que el peticionario basa mayormente su recurso, People v. Weiler, 71 N.E. 462 (1904), es distinguible al de autos. Allí el detective nunca advino en contacto directo con el investigado y éste no se dio cuenta de que lo seguían. De hecho, se enteró por un tercero. A ese efecto expreso el Tribunal:
“...Realmente tan inofensivo fue el acusado que el querellante no se dio cuenta de que era seguido hasta que fue informado por otros, y, excepto por esta información, probablemente hubiese ignorado el hecho de que estaba siendo seguido por un detective.” People v. Weiler, supra, pág. 402.
Es evidente que éstas no son las circunstancias que rodean el caso de autos. El detective aquí envuelto tuvo un contacto directo con el investigado y su familia. CC-2000-869 16
Debemos tener en mente también el lugar de los hechos: los alrededores del hogar del perjudicado. Como hemos visto uno de los derechos claves en nuestra Constitución es el derecho a la protección de la privacidad y la intimidad en el seno del hogar.
El hogar deja de ser refugio de paz y tranquilidad cuando sus moradores se ven envueltos en una investigación que palpablemente atenta contra su privacidad y hiere sus sentimientos angustiando al investigado y su familia. Las actuaciones de Figueroa constituyeron la conducta ofensiva que proscribía el Art. 368 del Código Penal. Pueblo v. Figueroa Navarro, supra, a las págs. 726-725.
De lo anterior es evidente que en el referido caso no
pautamos de modo alguno que sólo porque una persona le tome
fotografías a un menor de edad sin su consentimiento o el de
sus padres, se configura un acto delictivo de alteración a la
paz. En Pueblo v. Figueroa Navarro, supra, lo decisivo no fue
que el detective hubiese retratado a la niña sino el cúmulo
de circunstancias ofensivas y atemorizantes, sobre todo la
invasión a la privacidad del hogar. No tiene razón el
Procurador General en su planteamiento, que convertiría el
mero retratar involuntario de un menor, independientemente de
las circunstancias, en una nueva modalidad del delito de
alteración a la paz. Ello no surge de ningún modo claro y
suficiente del texto del Art. 260 del Código Penal de Puerto
Rico, supra, por lo que la contención del Procurador General
no sólo rebasa por mucho lo que resolvimos en Pueblo v. Figueroa
Navarro, supra, sino que es contraria también al principio de
legalidad.
Para concluir esta parte del examen de la cuestión ante
nos, debemos señalar, además, que la discusión en nuestra CC-2000-869 17
jurisprudencia sobre la violación al fundamental derecho a la
intimidad que puede surgir por razón de la toma de fotografías
involuntarias de una persona ha sido ocasionada por el hecho
de la publicación no autorizada de tales fotografías. No ha
sido el mero hecho de tomar las fotos lo que ha dado lugar a
acciones civiles – no a denuncias penales – sino la publicación
de éstas. Véase, Bonilla Medina v. P.N.P., 140 D.P.R. 294
(1996); y Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982).
Véase, además, Pérez Vda. De Muñiz v. Criado, res. el 19 de
junio de 2000; 151 D.P.R. ____, 2000 TSPR 92, 2000 JTS 105.
No hay nada, pues, en nuestra jurisprudencia que avale la
contención del Procurador General.
IV
A la luz de la normativa pertinente ya reseñada, pasemos
ahora a resolver concretamente la controversia planteada en
el caso de autos. A la luz de las circunstancias del caso, ¿fue
la acción de la maestra, de tomarle fotografías a los dos
estudiantes que estaban en la oficina de la escuela sin su
consentimiento, tan ofensiva que constituyó el delito de
alteración a la paz?
Con arreglo a la normativa reseñada antes, para que la
acción en cuestión pueda considerarse criminal, deben estar
presentes los dos elementos del delito en cuestión. El primero
de estos elementos, que podría denominarse el elemento
objetivo, es que la acción realizada sea ofensiva; es decir,
que sea tan hiriente e irritante que pueda causar que una
persona de sensibilidad ordinaria pueda reaccionar con CC-2000-869 18
violencia al ser sometido a ella. El mero acto de tomar una
fotografía a una persona sin su consentimiento, sobre todo sin
que dicha fotografía se haya revelado y divulgado, de por sí
y aisladamente no puede constituir un acto criminal debido a
que el Código Penal no lo establece así. Por razón del principio
de legalidad, pues, tal acto sólo podría ser delictivo si al
tomar en cuenta todas las circunstancias en que dicho acto
ocurrió, resulta claro que se trató de una conducta ofensiva.
En otras palabras, para que el acto en cuestión pueda
considerarse penalmente ofensivo, es necesario examinar el
contexto circunstancial en que ocurrió para así poder apreciar
si cualquier persona de sensibilidad ordinaria hubiese sido
capaz de reaccionar con violencia, de encontrarse que fue
retratado sin su consentimiento en tal contexto
circunstancial. Tal no es la situación en el caso de autos.
Nótese, en primer lugar, que el expediente del caso de
autos está huérfano de prueba en cuanto a la motivación que
tuvo la maestra para tomar las fotografías en cuestión. El
motivo de la maestra era pertinente aquí para esclarecer si
ella tenía algún encono particular contra Dayanara Bracero y
Reyes García, de modo tal que quisiera provocarlos
fotografiándolos. Debe recordarse que las fotografías se
tomaron en una oficina escolar en la cual se encontraban varios
otros maestros y la propia directora de la escuela. Fue un acto
público, que la maestra llevó a cabo silenciosamente. Esta no
emitió grito alguno; no profirió vituperio o amenaza alguna;
no se comportó de modo tumultuoso. No cabe duda de que su acción CC-2000-869 19
fue impropia, pero ello de por sí no la convierte en delictiva.
En vista de lo anterior, para poder evaluar si la actuación
de la maestra constituyó objetivamente una conducta ofensiva,
hubiese sido pertinente conocer si la maestra, por alguna
animosidad contra estos dos estudiantes en particular, tuvo
la intención de hostigarlos mediante la toma de las
fotografías. No se sabe si esa fue su intención.1 No hay prueba
alguna de ello.
Tampoco hay nada suficiente en el expediente sobre la
relación anterior de la maestra con los dos estudiantes
fotografiados. No hay absolutamente nada sobre la relación
previa de la maestra con Reyes García. Con respecto a Dayanara,
sólo surge que ésta había tenido algún problema con la maestra
en relación al permiso de ir al baño en horas de clase. No hay
base alguna, pues, para inferir que los estudiantes tenían ya
tal temor o resentimiento hacia la maestra como para que la
toma de sus fotografías constituyeran una provocación.
En resumen, pues, no se establecieron en el caso de autos
circunstancias tales que permitan apreciar si una persona de
sensibilidad ordinaria – en este caso algún adolescente común
– pudo haber reaccionado en tales circunstancias de modo
violento al ser fotografiado sin su consentimiento. No se
estableció el elemento objetivo del delito en cuestión.
1 La peticionaria ha alegado ante nos que las fotografía iban dirigidas a probar que la directora de la escuela permitía a algunos estudiantes estar libremente en la oficina de la escuela cuando a los hijos de la maestra se lo había prohibido CC-2000-869 20
V
El segundo elemento de la modalidad de alteración a la
paz que aquí nos concierne es el que podría denominarse el
elemento subjetivo; es decir, que en efecto se haya perturbado
la paz de la alegada víctima del delito. En el caso de autos,
Reyes García testificó que se había sentido “mal” por haber
sido fotografiado sin su consentimiento. Dayanara, por su
parte, primero testificó que se había sentido “nerviosa”,
luego dijo que estaba “tranquila” y finalmente aclaró que se
sintió “mal”.
Las propias declaraciones referidas de los estudiantes
levantan serias dudas sobre si existió aquí el segundo elemento
requerido para que se haya configurado una alteración a la paz.
Según hemos resuelto antes, para que se haya alterado la paz
de alguna persona, es necesario que ésta haya sentido bastante
más que un mero malestar por la conducta en su contra. Pueblo
v. Caro González, supra, a la pág. 525. La persona debe haber
reaccionado con violencia, o al menos haber sufrido una grave
alarma e intranquilidad. En el caso de autos, sólo se
estableció claramente que los estudiantes se sintieron “mal”,
lo que no sería suficiente para concluir que su paz fue en
efecto alterada. Más aun, sus testimonios sobre el particular
fueron tan estereotipados – se sintieron mal porque no eran
figuras públicas – que luego de examinar cuidadosamente la
transcripción de la prueba que obra en autos, no podemos
concluir que se demostró la existencia de este segundo elemento
discriminatoriamente. No podemos tomar esta alegación en cuenta CC-2000-869 21
del delito más allá de toda duda razonable. Nos queda
insatisfacción que perturba nuestro sentido de justicia.
Pueblo v. De León Martínez, 132 D.P.R. 746 (1993); Pueblo v.
Rivero, 121 D.P.R. 454 (1988); Pueblo v. Caban Torres, 117
D.P.R. 645 (1986).
Por las razones expuestas, se dictará sentencia para
revocar los dictámenes del foro apelativo y del foro de
instancia en el caso de autos; y para ordenar la absolución
de Moraima Rodríguez Lugo de los cargos por alteración a la
paz en cuestión.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI JUEZ ASOCIADO
debido a que no se pasó prueba sobre ello en el foro de instancia. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente, se dicta sentencia para revocar los dictámenes del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Región IV Aguadilla-Mayagüez, y del Tribunal de Primera Instancia, Subsección de Distrito, Sala de San Germán, en el caso de autos; y se ordena la absolución de Moraima Rodríguez Lugo de los cargos por alteración a la paz en cuestión.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los Jueces Asociados señores Hernández Denton, Corrada del Río y Rivera Pérez concurren sin opinión escrita.
Carmen E. Rivera Cruz Secretaria del Tribunal Supremo Interina